Blog

November 03 2022 Participación Ciudadana, Cambio Climático, Derechos Humanos

Rumbo a Egipto: ¿Qué esperamos de la COP27?

Por Javier Dávalos, Liliana Ávila y Verónica Méndez* El contexto en el que se desarrollará la vigésimo séptima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), que tendrá lugar del 6 al 18 de noviembre en Sharm El-Sheikh, Egipto, no es el más alentador. No será fácil abordar en esta conferencia mundial los anuncios de retorno al uso intensivo de combustibles fósiles en varios países —motivados en gran medida por la crisis económica derivada de la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania— y las crecientes noticias de fenómenos extremos cada vez más intensos y frecuentes a causa del cambio climático. Al mismo tiempo, el movimiento por el clima es cada vez más fuerte, así como la necesidad de cambios sistémicos y soluciones visibles. Por tanto, pese al contexto, la COP27 es una nueva oportunidad para que los Estados respondan con acciones a su ciudadanía. En la COP26 de Glasgow, se decidió que los países deben adoptar e implementar medidas más ambiciosas para enfrentar el cambio climático y cumplir con el objetivo del Acuerdo de París: limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de los 2°C, preferiblemente a 1,5°C, en comparación con los niveles preindustriales. AIDA participará en la COP27 como organización observadora acreditada junto con aliados de diversas redes para abogar una vez más por avances contundentes en la acción climática. ¿Qué es lo que más nos anima a participar? Te compartimos a continuación los principales avances que esperamos de la COP27. 1. Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) más ambiciosas Las NDC son instrumentos por medio de los cuales los Estados comunican sus metas nacionales de mitigación y adaptación ante la crisis climática. En su primer informe, el Relator Especial de la ONU sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático, Ian Fry, estableció que “la respuesta mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ha sido totalmente insuficiente”. En el Pacto de Glasgow para el Clima, los Estados reafirmaron su compromiso de limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5°C y de aumentar la ambición en sus NDC, las cuales además tienen que ser medibles y reales. Es imperioso por tanto que todos los Estados actualicen sus NDC (solo 24 lo han hecho), que garanticen la inclusión de medidas y acciones concretas y ambiciosas, en cumplimiento de los principios de progresividad y de responsabilidades comunes pero diferenciadas establecidos en el Acuerdo de París, y que aseguren su implementación bajo un enfoque de justicia climática. 2. Financiamiento para pérdidas y daños: ¡Ahora! Las medidas de mitigación y adaptación están llegando tarde para afrontar las pérdidas y daños, así como la consecuente crisis de derechos humanos, que el cambio climático está generando. Los Estados deben abordar esta situación de forma comprometida. El Relator Especial Ian Fry señala que es necesario crear un mecanismo de financiación para ayudar a las personas a recuperarse de los impactos del cambio climático que van más allá de su capacidad de adaptación. En la COP26 no hubo consenso acerca de la creación de un mecanismo de ese tipo. La demanda para la COP27 es incluir el tema en la agenda de discusión y avanzar en la adopción de un mecanismo de financiamiento que contemple criterios estrictos de políticas operativas, enfoque de derechos humanos y mecanismos de rendición de cuentas. Es vital además tener resultados medibles del funcionamiento de la Red de Santiago sobre Pérdidas y Daños creada en la COP25. Las reflexiones en torno a las pérdidas y daños han llegado para quedarse y serán un asunto que cobre cada vez mayor relevancia. Un fuerte movimiento climático, impulsado sobre todo por los países del sur, llega a Egipto con ese propósito. 3. Promoción de una transición energética justa El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en su sexto informe sobre mitigación, indicó que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero requiere transiciones importantes y urgentes, incluida una reducción sustancial del uso general de combustibles fósiles. Este será quizás uno de los asuntos más debatidos en la conferencia pues, luego de la invasión rusa a Ucrania, países que habían avanzado en la descarbonización del sector energético han aumentado la producción de combustibles fósiles ante los altos precios de los energéticos. A ello se suma una mayor presión para que América Latina siga exportando combustibles fósiles. Sin embargo, la transición energética no solo es una necesidad urgente, sino también la mejor oportunidad que tenemos de promover justicia y equidad para las personas y especies que habitamos el planeta. Debemos movernos hacia la descarbonización de nuestras matrices energéticas y economías. Pero debemos hacerlo promoviendo la justicia, con un proceso de transformación integral, democrático y plural. Se espera que en la COP27 los Estados sean evaluados respecto del avance de sus compromisos de eliminación gradual de la generación de energía a partir del carbón y de los subsidios a los combustibles fósiles, así como de reducción global de las emisiones derivadas del metano. 4. Una conferencia libre de captura corporativa y que escuche a todas las voces El camino hacia la justicia climática y muchos de los temas que se abordan en las COP necesitan diversidad de voces, muchas de las cuales enfrentan grandes barreras para ser escuchadas. A ello se suma una presencia desproporcional de industrias y corporaciones con agendas orientadas directamente a defender intereses empresariales por encima del bien común y del planeta. Esto ha creado un fuerte obstáculo para lograr avances más ambiciosos en las conferencias. El Relator Ian Fry señaló acertadamente que los lugares donde se celebran las COP “son cada vez más caros y a los pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil les resulta difícil asistir”. La sociedad civil ha manifestado su firme oposición a que los actores que más contaminan sean jueces y parte en el asunto. La demanda específica apunta a revisar los lineamientos de patrocinadores para que las COP prescindan de los aportes de grandes contaminadores y para que, a partir de la COP27, exista una verdadera inclusión equitativa de todos los actores, especialmente de quienes están en la primera línea de la crisis climática y sufren directamente sus consecuencias. La lucha por el clima llegó para quedarse. Es un movimiento cada vez más grande y vibrante que no se detendrá hasta que existan compromisos reales de los países. Según el IPCC, la COP27 mantiene abierta la “ventana de oportunidad para asegurar un futuro habitable y sostenible”. Es el espacio donde más actores convergen para defender sus intereses en ese propósito. Los Estados y demás participantes deben ver a las COP como espacios para avanzar hacia la justicia climática y para evitar la llegada de un punto de no retorno, poniendo al centro a las personas y al planeta. *Javier Dávalos es coordinador del Programa de Clima de AIDA, Liliana Ávila es coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la organización, y Verónica Méndez es abogada del Programa de Clima.

November 03 2022 Minería, Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

El día que la Corte Interamericana escuchó a víctimas de contaminación de La Oroya

No hay plazo que no se cumpla. Así, luego de 20 años, la búsqueda de justicia de habitantes de la ciudad andina de La Oroya, Perú, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 12 y 13 de octubre, los jueces y las juezas del alto tribunal internacional escucharon en audiencia pública la presentación de su demanda contra el gobierno de Perú por la grave violación de derechos humanos derivada de la contaminación tóxica proveniente de una metalúrgica que ha operado en La Oroya por casi 90 años. La ciudad ha sido catalogada como uno de los lugares más contaminados del planeta. “La contaminación del Complejo Metalúrgico de La Oroya ha permeado todos los componentes del ambiente de sus habitantes: el agua que beben, el suelo que pisan, el aire que respiran, los patios de los colegios y las montañas que enmarcan su entorno vital”, afirmó Liliana Ávila, abogada de AIDA, al exponer los alegatos finales del caso. TESTIMONIOS VALIENTES En la audiencia —celebrada en Montevideo, Uruguay— dieron su testimonio tres de las 80 valientes personas que presentaron la demanda, aquellas dispuestas a defender su derecho a vivir en un ambiente sano pese al contexto de hostigamiento que han enfrentado. “El tiempo de desarrollo de la metalúrgica ha sido desastroso. La neblina de los gases tóxicos que emanaban del complejo se transformaba en caspa y se quedaba impregnada en los rostros de los niños”, dijo Rosa Amaro, una madre de 74 años que presidió el Movimiento por la Salud en La Oroya y que vivió en esa localidad hasta 2017. “Hemos tratado de sobrevivir, pero el Estado fue como un padre que no nos dio la cara”. Vestida con ropa abrigada y un gorro de lana, Rosa llevaba en la cara, en el cuerpo y en la voz las huellas imborrables del paso de los años, de una salud deteriorada y del miedo que la obligó a dejar su ciudad natal. “Nos llaman enemigos de La Oroya”. Entre lágrimas, Rosa expresó a la corte su deseo de volver a casa y de ver su nombre limpio de todo estigma. “Nuestra lucha no es para uno, es para toda una población”. El caso representa a muchas más personas de La Oroya que, por miedo a represalias, no figuran en la demanda. Tras declarar, Rosa se sintió liberada de un gran peso y con la fuerza suficiente para seguir. La población de La Oroya ha respirado múltiples sustancias tóxicas que, según evidencia científica, generan riesgos graves para la salud humana. La contaminación con plomo y otros metales pesados ha irrumpido en su sistema respiratorio, recorrido su torrente sanguíneo y se ha depositado de forma imperceptible en varios de sus órganos vitales. “No he tenido infancia porque la pasaba encerrada en cuatro paredes, no porque no me dejaran salir, sino por los malestares, porque nos picaba la garganta. Cuando íbamos al colegio mi mamá nos protegía con un sombrero”, declaró ante la corte Maricruz Aliaga, de 28 años. La contaminación redujo su nivel de retención y es la causa de que, aún hoy, su cuerpo se paralice varias veces al año. “En Huancayo podía respirar”. Sus vacaciones en esa ciudad vecina cuando era niña le hicieron ver que lo normal no era reemplazar varias veces las plantas que llevaba a la escuela porque morían luego de 15 días. Maricruz vive ahora en otra ciudad vecina y las afectaciones a la salud de toda su familia fueron su principal motivación para estudiar enfermería. Los elementos tóxicos de la metalúrgica de La Oroya siguen en los cuerpos de sus habitantes. Su presencia ha generado afectaciones a su salud, muchas de ellas irreversibles, y puede generar nuevas enfermedades a futuro. “Lo único que queremos, porque nosotros ya no vamos a gozar de buena salud —eso ya está hecho, mi salud ya está destruida—, es que las futuras generaciones gocen de buena salud,” agregó Yolanda Zurita en su testimonio ante la corte. “Eso va a ser nuestra recompensa, esto va a ser nuestra satisfacción, eso es lo que buscamos”. El camino a la justicia Llegar a este momento no ha sido fácil. En representación de las víctimas, AIDA, con el apoyo de la Asociación Pro Derechos Humanos, presentó en 2006 la denuncia internacional contra el gobierno peruano y en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso— la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció la responsabilidad del gobierno en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana. La preparación de la audiencia comenzó en ese momento y se intensificó en las semanas previas. Las largas horas de trabajo valieron la pena y se plasmaron en la solidez con la que demostramos que el gobierno es responsable de violar los derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal, a la niñez y a un ambiente sano de habitantes de La Oroya. En la audiencia evidenciamos cuatro argumentos principales: La existencia de un grave cuadro de contaminación ambiental, El riesgo y el nexo causal con los daños derivados de esa contaminación, El conocimiento que el Estado tenía de esa situación y La ausencia de medidas urgentes y eficaces para responder a la misma. Además, convocamos a personas expertas cuyo peritaje respaldó ampliamente nuestros alegatos. Dos de ellas expusieron sus hallazgos en la audiencia. “El deber de cuidado no surge con el daño clínico, sino con el riesgo de daño”, enfatizó Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU sobre las consecuencias para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y desechos peligrosos. De su lado, Marisol Yañez de la Cruz, perito psicosocial, demostró —con base en 61 entrevistas en profundidad, cuatro grupos focales y pruebas psicométricas— la existencia en La Oroya de un “sufrimiento ambiental” agravado por impunidad y estigmatización. Tras la audiencia, queda la presentación escrita de los alegatos y una potencial visita de las y los magistrados de la corte a La Oroya. Se prevé que la sentencia, inapelable, sea dictada en el lapso de seis meses. La importancia del caso supera el contexto peruano y representa una oportunidad histórica para establecer un precedente clave para toda América Latina. “Este es el primer caso que conocerá este tribunal donde podría desarrollar con profundidad violaciones al derecho al medio ambiente sano como el resultado de la acción estatal frente empresas públicas y privadas,” explicó en la audiencia Jorge Meza Flores, secretario ejecutivo adjunto del Sistema de Peticiones y Casos de la CIDH. Tener en cuenta lo que está en juego es sin duda fundamental cuando el debate nacional en torno a La Oroya ha priorizado, aún en estos días, la posible reactivación de la metalúrgica por encima de la protección de los derechos fundamentales de una población entera.

September 29 2022 Cambio Climático

Presentes: aquí y ahora por la justicia climática

La esperanza necesita un espacio cuando hablamos de crisis climática. Es cierto que estamos ante el mayor desafío que hemos vivido como humanidad, pero, también es cierto que hay personas, comunidades y organizaciones haciendo algo, ahora mismo, para que tengamos un futuro mejor. No podemos negar que ya estamos viviendo los impactos de la crisis climática y es necesario hablar de ellos con honestidad y urgencia, sin paralizarnos. La información es una herramienta para entender a nuestro planeta y generar conversaciones que nos conduzcan a tomar las decisiones adecuadas para que hoy (el presente) comencemos a construir un futuro justo. Por eso, nace Presentes, un esfuerzo colectivo y colaborativo para cambiar las narrativas alrededor de la lucha ambiental. Esta alianza latinoamericana busca acercar a un público amplio la conversación en relación con la justicia climática y, al mismo tiempo, fortalecer las alianzas entre quienes trabajan en esta causa. El reto yace en mostrar que cuando hablamos de transición energética –un paso fundamental hacia un mejor futuro—lo tenemos que hacer desde el respeto a los derechos humanos y los de la naturaleza, cuidando todas las formas de vida. Y, ¿qué mejor forma de mostrarlo que contando las historias de quienes trabajan en ello todos los días? Presentes es coordinada por AIDA, y reúne a organizaciones de la sociedad civil, comunidades, personas defensoras del ambiente y ciudadanía de América Latina. Hacia un mejor mañana ¿Qué podemos hacer para enfrentar la crisis climática? ¿Cómo nos impactará? ¿Qué necesitamos hacer para un futuro justo? ¿Y cómo se ve ese futuro? Estas son algunas de las preguntas que exploraremos juntos a través de las plataformas Presentes. Nuestro meta es extender esta conversación a las personas de América Latina, en todas las etapas de su propio proceso climático. Como punto incial, las organizaciones fundadora firmaron un manifiesto reconociendo que para alcanzar una sociedad con justicia climática, es esencial reconocer nuestro rol en esta nueva realidad ambiental y abrirle paso a un cambio justo que no deje a nadie atrás, que se alimente de nuevas formas de energía y que responda al llamado de aquellas personas que, con dignidad y decisión, siguen luchando por la defensa de la vida en la Tierra. View this post on Instagram A post shared by Presentes (@presentesorg) Estos son los pilares de Presentes y el punto desde donde, con nuestros propios enfoques, podemos visualizar un mejor futuro para todos los seres que habitan la Tierra. ¡Une tu voz a Presentes! Cada participante, organización o individuo, puede enriquecer el ecosistema que se está creando alrededor de Presentes. Empezando por donde estás ahora, puedes: Sumar a tu organización a la alianza, con lo que podrás trabajar junto a las diferentes organizaciones que hacen parte de la red de Presentes, visibilizar y posicionar el trabajo de tu organización, así como recibir un boletín digital quincenal con información valiosa para fortalecer los esfuerzos de comunicación de tu organización. Unirte a la conversación en nuestros grupos de WhatsApp para recibir contenidos gratuitos acerca de la crisis climática y de cómo ayudar a mitigarla. Seguir las redes de Presentes en Instagram y Facebook y compartir el contenido. Porque este es el único momento que existe, es el momento de estar Presentes.

September 07 2022 Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

Nace una alianza por el aire limpio en América Latina

Aun sin conocer las medidas adoptadas en contextos diferentes al nuestro, las personas respondemos de manera conjunta y nos organizamos de formas similares ante las injusticias ambientales, entre ellas la mala calidad del aire y sus daños a la salud humana. Ese fue uno de los grandes aprendizajes del Encuentro Latinoamericano por el Aire Limpio, que tuvo lugar en Bogotá del 10 al 12 de agosto. Allí se reunieron jóvenes, investigadores/as, funcionarios/as de gobierno, así como representantes de la sociedad civil y de la cooperación internacional de seis países —Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú— bajo tres objetivos principales: fortalecer el nexo entre calidad del aire y justicia climática, intercambiar aprendizajes y construir redes internacionales de colaboración. "La mala calidad del aire y los problemas de salud derivados de ella son una problemática común en América Latina que no conoce de fronteras ni límites territoriales", afirma Anaid Velasco, Gerente de Investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), quien participó en el encuentro. Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire afecta a cerca del 90% de las personas que habitan áreas urbanas en todo el mundo. Pese a la magnitud del problema, las acciones y políticas públicas para mejorar el aire que respiramos no están del todo homologadas. Además, los índices de calidad del aire en la región son muy distintos y no permiten que las personas estén adecuadamente informadas de la peligrosidad del estado de la contaminación atmosférica en diferentes entornos. Ello representa un problema y, al mismo tiempo, una oportunidad para crear y perfeccionar herramientas de forma colaborativa. Conscientes de esa oportunidad, quienes asistieron al encuentro decidieron fundar la Coalición Latinoamericana por el Aire Limpio —ALAIRE—, cuyo trabajo responderá a tres metas: Posicionar una narrativa que haga de la calidad del aire una prioridad estratégica de la agenda de salud pública y de gestión de la crisis climática en América Latina. Incidir en las políticas públicas y en las autoridades para contribuir a una mejor gestión de las fuentes que profundizan la mala calidad de aire en la región. Promover condiciones para que la sociedad civil y el sector empresarial se vinculen al cumplimiento de la normatividad, de las políticas y a la mejora de la calidad del aire en el continente. "La creación de esta coalición es un paso fundamental para mejorar el aire que respiramos, con impacto regional", dice Anaid. "El CEMDA se siente muy orgulloso de formar parte de ella pues el aire limpio es una condición fundamental para garantizar el derecho humano al medio ambiente sano". El Encuentro Latinoamericano por el Aire Limpio —organizado por AIDA, El Derecho a No Obedecer (proyecto de la Corporación Otraparte), Trébola Organización Ecológica, Coalición Respirar, El Poder del Consumidor y la Fundación Heinrich Böll— tuvo actividades abiertas a las que asistieron 200 personas, además de reuniones cerradas para el logro de acuerdos entre organizaciones. El encuentro sirvió para reafirmar que la lucha por un aire limpio es también la lucha por reducir los gases de efecto invernadero para afrontar la crisis climática, así como una necesidad para garantizar el derecho a la salud de las personas en la región. Además, el evento ratificó la importancia de la ciencia ciudadana, traducida en el trabajo de muchas personas para evidenciar los verdaderos niveles de exposición a la mala calidad de aire en diferentes urbes de la región, mandando un mensaje de urgencia al respecto. La coalición recientemente formada empoderará los esfuerzos ciudadanos, académicos, de organizaciones y de otros actores, al tiempo que contribuirá al logro de acuerdos regionales para el desarrollo e implementación de políticas públicas que mejoren la calidad del aire y protejan la salud humana.

August 30 2022 Fracking, Derechos Indígenas

Los mapuches: en defensa de su territorio ancestral en Argentina

Al sur de la provincia Mendoza, Argentina, varias comunidades pertenecientes al pueblo mapuche —uno de los 39 pueblos indígenas autorreconocidos a lo largo del país— se han reunido en la Organización Identidad Territorial Malalweche para defender sus derechos, sus modos de vida y su integridad territorial de actividades y proyectos extractivos, energéticos y turísticos. Una de las amenazas que estas comunidades enfrentan actualmente es el avance en Mendoza de la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica del fracking. En 2018, el gobierno de Mendoza emitió el Decreto 248, que reglamenta las actividades de fracking en la provincia. Antes de emitir la norma, pasó por alto el derecho de las comunidades mapuches de la zona a ser consultadas para obtener su consentimiento previo, libre e informado. Luego, condicionó la consulta a que las comunidades tengan el reconocimiento legal de los derechos sobre su territorio. Desde entonces, la Organización Identidad Territorial Malalweche libra una batalla ante los tribunales para que el decreto sea declarado inconstitucional. El litigio, iniciado por la Asociación Oikos Red Ambiental, es respaldado por organizaciones ambientales nacionales e internacionales, entre ellas la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos-Xumek, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), AIDA y Earthjustice. Las comunidades mapuches son incansables en su lucha. La razón es simple: su fuerza proviene de aquello que protegen. Viene de su íntima conexión con el territorio y con todo lo que alberga. Una visión amplia del territorio Al igual que sucede con otros pueblos indígenas del continente americano, los territorios del pueblo mapuche son ricos en recursos naturales, lo que origina que grandes intereses pongan sus ojos en él, desconociendo o queriendo desconocer a quienes legítimamente lo habitan. Para las comunidades indígenas, el territorio no se limita al espacio geográfico, sino que es concebido como el espacio más amplio del que emergen y en el convergen las actividades humanas, como los caminos de pastoreo. Los ríos, las montañas y los animales son elementos esenciales del territorio ancestral del pueblo mapuche. Son piezas distintivas de su cultura. "Estos elementos configuran también la trashumancia —tipo de pastoreo que consiste en el desplazamiento estacional por rutas migratorias— de los pueblos que se mueven, que van de un lado a otro", explica Gabriel Jofré, autoridad tradicional y vocero de Malalweche. "Hoy el territorio está limitado por la propiedad privada, que hace que uno se establezca en un lugar; nuestros padres decían que uno va donde el territorio te lleva". La intromisión y usurpación territorial por parte de élites dominantes y opresivas —a inicios del siglo XX— originó el éxodo de miembros del pueblo mapuche, la dispersión de otros y el silencio de muchos más por miedo a la represión. En defensa de la vida comunitaria Ante los impactos ambientales, sociales y económicos de la intromisión de actividades empresariales en el territorio ancestral de los mapuches, la organización Malalweche impulsa el acceso a la propiedad comunitaria indígena. Si bien el Estado argentino reconoce en su Constitución la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y ha ratificado convenciones internacionales que le obligan a respetar y garantizar sus derechos, el reconocimiento legal de los derechos de comunidades mapuche a territorios indígenas enfrenta obstáculos administrativos y demoras por procesos burocráticos. "Por eso, para evitar obstáculos judiciales, hemos desarrollado la estrategia de generar cooperativas productivas", cuenta Gabriel. Así nació la fábrica de productos alimenticios Kume Matru, un emprendimiento cooperativo que fue inaugurado el 23 de junio, fecha en la que se celebra el Winoj Tripantu o inicio del año mapuche. Kume Matru es un claro ejemplo de la versatilidad de estas comunidades para transitar por el camino de compartir y de reunir las necesidades propias y las de otros; para entregar no solo alimentos, sino también toda la cadena de manos que los hicieron posibles. "Las personas que recuperan estos procesos son un reflejo de las fuerzas ancestrales que están en el territorio, de los pullü, el espíritu de nuestros abuelos", dice Gabriel. "Son nuestros hijos quienes empiezan a recuperar lo que en algún momento fue cortado, son procesos que deben ser protegidos para que sucedan". En línea con esa necesidad, en marzo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que, en un contexto de crisis climática y deterioro ambiental, "los Estados tienen el deber de titular, delimitar y demarcar el territorio ancestral colectivo, atendiendo a las características particulares del grupo humano en concreto y evitando otorgar concesiones para proyectos que puedan afectar los territorios en procesos de titulación, delimitación y demarcación sin un proceso de consulta y consentimiento". Las normas son claras, las internas y las internacionales. Los Estados debe garantizar los derechos de los pueblos indígenas, evitando actos gubernamentales y/o sentencias judiciales que puedan afectarles, y velando para que el desarrollo económico sea sostenible y respetuoso de la integridad ambiental. Recuperemos el legado de los pueblos originarios, que nos enseñan a convivir en armonía con la naturaleza, como partes del todo, interconectados con sus fuerzas, de las cuales también deben surgir las nuestras como un renovado impulso para defender nuestra casa común.

August 30 2022 Derechos Humanos

Aprendizajes para la protección del derecho a un ambiente sano

Un ambiente sano implica —entre otras cosas— respirar aire limpio, acceder a fuentes de agua potable, disponer de alimentos de calidad y tener un lugar digno donde vivir. Hasta hace poco, el derecho humano a un ambiente sano era reconocido solo en el ámbito nacional, en la mayoría de los países del continente. El pasado 28 de julio —en una resolución histórica—, la ONU reconoció al ambiente sano como derecho humano universal. La decisión es un paso significativo en el largo y complejo proceso para garantizar este derecho en la práctica, el cual ha formado parte de la historia de AIDA desde sus inicios. "Desde hace casi 25 años, hemos invocado el derecho a un ambiente para defender a personas en América Latina de los impactos al ambiente que atentan contra su vida y su dignidad", dice Gladys Martínez de Lemos, directora ejecutiva. AIDA ha trabajado siempre por evidenciar el vínculo entre el ambiente sano y derechos humanos fundamentales como la integridad, la vida y la salud. "En el derecho internacional, asumir esa relación, que para la organización ha sido siempre innegable, ha tomado tiempo", explica Liliana Ávila, abogada sénior. "Nuestra aproximación al derecho internacional ha sido desde la gente y, a partir de esa cercanía, nos hemos enfocado en las personas afectadas en sus derechos por la degradación ambiental". ¿Qué hemos aprendido? Como parte esencial de nuestros esfuerzos y con el paso de los años, hemos aprendido que: El derecho a un ambiente sano es incluido cada vez más en Constituciones, leyes y sistemas de justicia regionales. Ello ha empoderado a personas y comunidades para exigir su defensa, así como motivado a jueces y a juezas para integrarlo en sus decisiones. El litigio estratégico —una combinación de herramientas jurídicas, de comunicaciones, movilización social e incidencia política— es especialmente importante para promover la protección de derechos humanos fundamentales. La crisis climática ha exacerbado los impactos de la degradación ambiental en el disfrute de los derechos humanos y los casos se han triplicado. Ello ha traído consigo la necesidad de apostar más por estrategias globales y menos por aquellas de caso por caso. Pese a los avances importantes, aún hay grandes deudas de cumplimiento para que el derecho al ambiente sano se materialice en la práctica. El reto principal es la falta de implementación de los fallos judiciales. Al mismo tiempo, el vínculo entre ambiente sano y derechos humanos ha servido al logro de objetivos muy variados, entre ellos los siguientes: Evidenciar que el derecho a un ambiente sano y otros derechos esenciales para la vida son indivisibles. Exigir que los Estados cumplan sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en especial la aplicación de los principios de prevención y de precaución. Promover la garantía de los derechos de acceso en asuntos ambientales como el derecho a la información y a la participación. Casos emblemáticos Si bien la defensa de un ambiente sano está en todo lo que hacemos, existen casos emblemáticos en los que AIDA contribuyó a establecer precedentes claves para garantizar este derecho. Restablecimiento de derechos para habitantes de La Oroya, Perú Nuestra labor como organización ambiental internacional inició en 1998 con este caso. Desde entonces, hemos trabajado para evidenciar cómo la afectación del derecho a un ambiente sano —por la contaminación del aire con metales pesados provenientes de una fundición— ha vulnerado los derechos a la vida y la salud, entre otros, de residentes de la ciudad de La Oroya. Hemos mostrado cómo los impactos han sido diferenciados para mujeres, niños, niñas y personas adultas mayores. Y hemos exigido al Estado peruano tomar medidas urgentes para garantizar los derechos de la población afectada. En 2005, llevamos el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que en septiembre de 2021 lo presentó ante la Corte Interamericana tras establecer la responsabilidad internacional del Estado. Será de los primeros casos en abordar de forma central la relación indivisible entre el ambiente sano y otros derechos humanos. El ambiente sano como derecho fundamental para la existencia humana En noviembre de 2017, en respuesta a una consulta hecha por Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el ambiente sano es un derecho autónomo, “fundamental para la existencia de la humanidad”. Reconoció además el impacto del cambio climático en el goce efectivo de los derechos humanos, en especial de las poblaciones más vulnerables como los pueblos indígenas, los niños, las niñas y las personas viviendo en pobreza extrema. En el marco de la consulta, AIDA presentó sus observaciones y participó en la audiencia ante la Corte. Evidenciamos que la implementación de grandes proyectos de infraestructura podría afectar el ambiente a tal punto que pondría en riesgo la vida e integridad personal, entre otros derechos humanos. Nuestro aporte dejó claro el vínculo entre derechos humanos y ambiente. El acceso a justicia para personas afectadas por daños ambientales Cuando residentes de Veracruz defendieron en los tribunales al Arrecife Veracruzano de los daños de una ampliación portuaria, AIDA presentó evidencia técnica y jurídica para el reconocimiento de los derechos al ambiente sano y al acceso a la justicia, los cuales obligan al gobierno a permitir que toda persona, cuyos derechos fundamentales sean amenazados por la degradación ambiental, tenga la posibilidad de lograr justicia sin importar que su conexión con el ecosistema amenazado sea indirecta o remota. Aportamos así al fallo emitido por la Suprema Corte de México en febrero de 2022, en el cual determinó que las autoridades violaron el derecho al ambiente sano de las personas de Veracruz al autorizar el proyecto portuario. “El reconocimiento del ambiente sano como derecho humano universal en la ONU es sin duda un impulso para la construcción de nuevos precedentes clave para su protección”, afirma Daniela García, abogada de AIDA. Es también un impulso para que los Estados fortalezcan sus políticas y legislaciones enfocadas en la protección del ambiente, así como para que consagren este derecho en sus marcos jurídicos. Y es una herramienta para que personas y organizaciones que defienden el ambiente y los derechos humanos fortalezcan su labor. En AIDA lo tenemos claro y reafirmamos a diario el compromiso con nuestra misión de fortalecer la capacidad de las personas para garantizar el derecho individual y colectivo a un ambiente sano.

August 18 2022 Cambio Climático, Derechos Humanos

Tribunal brasileiro reafirma o poder da litigância para fortalecer a ação climática

Em julho, o Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil - a mais alta Corte brasileira - decidiu que o Governo tem o dever constitucional de alocar os recursos econômicos necessários para apoiar o funcionamento do Fundo Verde do Clima, criado para apoiar o combate da crise climática e que estava paralisado nos últimos anos. Com esta decisão, o Supremo julgou o primeiro litígio climático de sua história e estabeleceu um importante precedente para o Brasil e o mundo. No julgado, a Corte brasileira equipara o Acordo de Paris - que busca fortalecer a resposta global à emergência climática - a um tratado de direitos humanos, concedendo-lhe um status mais elevado do que as leis ordinárias e outras normas inferiores, como os decretos do Poder Executivo. Isto pode estimular que tribunais e juízes de outros países latino-americanos façam o mesmo reconhecimento. "O Supremo Tribunal Federal criou um marco de proteção privilegiado para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, o qual garante um dos pilares fundamentais da ação climática: o financiamento", explica Marcella Ribeiro, advogada da AIDA. "Além disso, deixou claro que o Poder Executivo, ao restringir recursos que por lei são destinados à ação climática, está deixando de cumprir os acordos e convenções internacionais sobre direitos humanos dos quais o Brasil é parte". O Partido Socialista Brasileiro, o Partido Socialismo e Liberdade, o Partido dos Trabalhadores e o Partido da Rede de Sustentabilidade apresentaram em 2020, com o apoio do Observatório do Clima e do Instituto Alana, uma ação judicial sobre a omissão do governo brasileiro em outorgar recursos ao Fundo Climático. A LITIGÂNCIA COMO UMA FERRAMENTA ESTRATÉGICA O caso do Fundo Verde do Clima no Brasil demonstra que a litigância climática estratégica é uma forma eficaz e necessária para impulsionar que os governos e empresas do continente cumpram seus compromissos climáticos. Em seu relatório mais recente, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, da sigla em inglês) destacou que a litigância relacionada ao clima está em ascensão e, em alguns casos, tem influenciado os resultados e a pretensão da governança climática, entendida como a forma pela qual diferentes atores - Estado, sociedade civil, academia e setor privado - definem, implementam e monitoram ações destinadas a enfrentar as causas e consequências das mudanças climáticas. "No sul global, o Brasil é um dos países onde a litigância climática está se desenvolvendo mais fortemente", destaca Javier Dávalos, advogado sênior da AIDA. "O país é caracterizado por um crescente ecossistema de litigantes e organizações que estão levando a luta climática aos tribunais". O impulso do Brasil para a litigância climática na região é essencial, uma vez que o país abriga 65% da Amazônia, um ecossistema chave para a regulação climática global e que está em sério risco. O Brasil é o maior emissor de dióxido de carbono da América Latina, com o desmatamento representando a maior fonte dessas emissões. Neste sentido, foi de grande relevância o pronunciamento de um dos juízes responsáveis pelo caso do Fundo do Clima, que apontou explicitamente o grande aumento – mais de 22% – do desmatamento na Amazônia em 2021: o maior em 15 anos – em uma área total de 13.235 km². Portanto, é imprescindível exigir perante os tribunais que o Estado brasileiro cumpra suas obrigações de proteger a Amazônia e o clima global. A IMPORTÂNCIA DAS SOLUÇÕES DE FINANCIAMENTO A transição para uma economia de carbono zero de modo a evitar os piores impactos físicos da mudança climática requer investimentos de quase US$ 125 bilhões até 2050, de acordo com o estudo "Net Zero Financing Roadmaps" encomendado pelos Campeões de Alto Nível das Nações Unidas. Estes recursos devem vir de duas fontes complementares, financiamento privado e público. O financiamento governamental da ação climática representa uma política pública relevante e, portanto, deve estar de acordo com as leis de um país. Em sua decisão, o Supremo Tribunal Federal brasileiro reconheceu o Fundo Verde do Clima como o principal instrumento federal para financiar a ação climática e cumprir as metas nacionais de redução das emissões de gases de efeito estufa. Também assinalou que o Governo manteve o fundo paralisado por dois anos. A esse respeito, considerando que os recursos destinados a combater a crise climática buscam materializar os direitos humanos fundamentais, o Tribunal concluiu que o Governo não poderia restringi-los. "Garantir a alocação de recursos para as ações climáticas significa estabelecer um limite claro do qual não podemos retroceder", afirma Marcella Ribeiro. "Apesar da clara violação dos deveres do Estado brasileiro com relação ao direito a um meio ambiente saudável, refletida no desmantelamento das normas e instituições ambientais, a decisão do STF brasileiro freou a erosão da proteção legal do meio ambiente e do clima no país". VERSÃO EM ESPANHOL Conheça este e outros casos na Plataforma de Litigância Climática para América Latina e o Caribe.

August 18 2022 Cambio Climático, Derechos Humanos

Tribunal de Brasil reafirma el poder del litigio para fortalecer la acción climática

El mes pasado, el Supremo Tribunal Federal de Brasil —la corte más alta del país— determinó que el gobierno tiene el deber constitucional de asignar los recursos económicos necesarios para el funcionamiento del Fondo del Clima, creado para apoyar el combate de la crisis climática y que ha estado paralizado en los últimos años. Con esa decisión, el tribunal resolvió el primer litigio climático de su historia y sentó un precedente importante para Brasil y para el mundo. En su fallo, la corte equiparó el Acuerdo de París —que busca fortalecer la respuesta mundial a la emergencia climática— con un tratado de derechos humanos, otorgándole un estatus superior al de las leyes ordinarias y al de otras normas inferiores como los decretos del Poder Ejecutivo. Ello puede dar paso a que tribunales y jueces de otros países de América Latina hagan el mismo reconocimiento. “El Supremo Tribunal Federal creó un marco de protección privilegiado para la mitigación y la adaptación al cambio climático, uno que asegura uno de los pilares fundamentales de la acción climática: el financiamiento”, explica Marcella Ribeiro, abogada de AIDA. “Además, dejó claro que el Poder Ejecutivo —al restringir los recursos que por ley están destinados a la acción climática— va en contra de los acuerdos y convenciones internacionales en materia de derechos humanos de los que Brasil hace parte”. El litigio por la omisión del gobierno brasileño de otorgar recursos al Fondo del Clima fue interpuesto en 2020 por el Partido Socialista Brasileño, el Partido Socialismo y Libertad, el Partido de los Trabajadores y el Partido Rede Sustentabilidade, con apoyo del Observatorio del Clima y el Instituto Alana. El litigio como herramienta estratégica El caso del Fondo del Clima en Brasil demuestra que el litigio climático estratégico es una forma efectiva y necesaria para contribuir a que gobiernos y empresas del continente cumplan con sus compromisos climáticos. El mismo Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en su informe más reciente, destacó que los litigios relacionados con el clima están en aumento y, en algunos casos, han influido en los resultados y ambición de la gobernanza climática, entendida como la manera en la que los diferentes actores —Estado, sociedad civil, academia y sector privado— definen, implementan y supervisan acciones orientadas a hacerse cargo de las causas y consecuencias del cambio climático. “En el sur global, Brasil es uno de los países donde el litigio climático se desarrolla con más fuerza”, resalta Javier Dávalos, abogado sénior de AIDA. “El país se caracteriza por un creciente ecosistema de litigantes y organizaciones que están llevando la lucha climática a los tribunales”. El impulso de Brasil al litigio climático en la región es fundamental debido a que ese país alberga el 65% de la Amazonía, un ecosistema clave para la regulación del clima a nivel mundial y que está en riesgo grave. En América Latina, Brasil es el país que más emite dióxido de carbono y la deforestación es la mayor fuente de esas emisiones. En ese sentido, es fundamental que uno de los jueces que atendió el caso del Fondo del Clima señalara explícitamente el gran incremento de la deforestación de la Amazonía en 2021: más de 22% —la mayor en 15 años— y una superficie total de 13.235km². Es clave entonces exigir ante los tribunales que el Estado brasileño cumpla sus obligaciones de protección de la Amazonía y del clima mundial. La importancia de financiar las soluciones Transitar a una economía de carbono cero y evitar los peores impactos físicos del cambio climático requiere invertir unos 125 mil millones de dólares para 2050, según el estudio Net Zero Financing Roadmaps, encargado por los Campeones de Alto Nivel de las Naciones Unidas. Estos recursos deben provenir de dos fuentes complementarias, la privada y la pública. Respecto de la segunda, el financiamiento de la acción climática por parte de gobiernos representa una política pública relevante, por lo que debe ajustarse a las normas de un país. En su sentencia, el Supremo Tribunal Federal de Brasil reconoció que el Fondo del Clima es el principal instrumento federal destinado a financiar la acción climática y a cumplir los objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En ese sentido, observó que el gobierno mantuvo paralizado el fondo por dos años. Al considerar que los recursos destinados a la lucha contra la crisis climática buscan materializar derechos humanos fundamentales, el tribunal concluyó que el gobierno no puede restringirlos. “Garantizar la asignación de recursos para las acciones climáticas representa establecer un límite claro del cual no podemos retroceder”, afirma Marcella. “Pese a la clara violación de los deberes del Estado brasileño respecto al derecho al ambiente sano, reflejada en el desmantelamiento de las normas e instituciones ambientales, el fallo del Supremo Tribunal de Brasil puso un freno a la erosión de la protección jurídica del ambiente y del clima en el país”. VERSIÓN EN PORTUGUÉS Conoce de este y otros casos en la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe.

June 29 2022 Fracking, Derechos Indígenas, Minería, Cambio Climático, Derechos Humanos

Ojo con los obstáculos a la transición energética en América Latina

La crisis climática y las afectaciones a derechos humanos que trae consigo exigen que los Estados de América Latina —la región más amenazada por el calentamiento del planeta— diseñen e implementen leyes, políticas públicas, proyectos y otras medidas orientadas a proteger la vida e integridad de las personas y comunidades a través de la mitigación, la adaptación y la atención de las pérdidas y daños ya ocasionados. Dado que el sistema energético actual —basado en combustibles fósiles— es la causa principal de la crisis climática, así como de las desigualdades que están estrechamente vinculadas con ella, el marco general de las acciones climáticas en el continente debe ser el de una transición energética justa. La transición energética es una oportunidad para que el continente abandone viejos modelos de producción de energía caracterizados por generar grandes impactos sociales y ambientales, y para que avance hacia formas que sean ambiental y climáticamente sostenibles, al tiempo que respeten los derechos humanos de las comunidades y sectores involucrados. Sin embargo, varios países de la región están olvidando esta perspectiva. El caso de Colombia ejemplifica actualmente una tendencia riesgosa para todo el continente: el desarrollo de acciones que, aunque son promovidas como útiles a la transición energética, son en realidad obstáculos a esta porque agravan la dependencia de los combustibles fósiles y con ella la crisis climática y sus impactos. Entre esas medidas regresivas está la ampliación de minas de carbón en operación o la apertura de nuevas minas bajo el argumento de que la exportación del mineral financiará la transición, así como el favorecimiento de la explotación de gas —a través de beneficios tributarios y flexibilización de procesos de entrega de permisos ambientales— bajo la falsa premisa de que es una fuente de energía limpia. Encendiendo las alarmas Ante lo preocupante del panorama descrito, AIDA decidió generar y difundir alertas urgentes que hagan visibles proyectos específicos, políticas públicas y normas que obstaculizan una verdadera transición justa al profundizar la extracción y uso de combustibles que agravan la crisis climática e implican riesgos sociales y ambientales en los territorios. Son alertas colectivas, apoyadas por otras organizaciones internacionales que, como AIDA, buscan justicia climática y trabajan en la defensa ambiental y de los derechos humanos. Cada alerta será enviada a las autoridades nacionales a cargo de la medida cuestionada. Con el propósito de promover reflexiones sobre cómo se debe avanzar en la transición energética justa, su contenido incluye recomendaciones de política pública y normativa basadas en las obligaciones y compromisos internacionales del Estado en material climática, ambiental y de derechos humanos. En ese sentido, el mensaje es claro: De seguir adelante con la promoción, extracción y uso de gas y de carbón, el Estado estaría incumpliendo esas obligaciones. Una de las alertas llama la atención acerca del posible desvío definitivo del arroyo Bruno, en el departamento de La Guajira, para ampliar la producción y ventas de El Cerrejón, la mayor mina de carbón a cielo abierto de Latinoamérica y una de las diez más grandes a nivel mundial. El proyecto no solo implica un incremento de emisiones de gases de efecto invernadero —el carbón es responsable del 44% de las emisiones globales de CO2 derivada de los combustibles fósiles—, sino que es también una amenaza para los derechos al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud de las comunidades indígenas Wayuu que dependen del arroyo. Alcance regional Las medidas adoptadas por el Estado colombiano bien pueden reflejar la situación en otros países de la región o replicarse en ellos. En ese sentido, algunas alertas se refieren a la explotación de hidrocarburos a través de la técnica del fracking, que avanza a ciegas —desconociendo los riesgos de daños graves que implica para el ambiente sano y la salud humana— en Colombia y en otros países de América Latina. Otro riesgo regional del que advierten las alertas es el relacionado con el uso de hidrógeno, promovido como alternativa energética viable y limpia. En Colombia ya existe una ruta de política pública para avanzar con su implementación y dos proyectos piloto en camino. La producción de hidrógeno resulta de quemar carbón o gas a temperaturas elevadas. Estudios recientes advierten que ello requiere capturar y almacenar dióxido de carbono por lo que la alternativa depende de que sea posible almacenar carbono de forma indefinida y evitar fugas a la atmósfera. Además, la producción de hidrógeno consume mucha energía e implica la emisión de gases durante el proceso de calentamiento y presurización, así como el uso de gas natural como combustible. Como región, no podemos darnos el lujo de retrasar la transición energética y el logro de justicia climática, metas tan urgentes y necesarias, con opciones que solo nos atarán cada vez más a los combustibles fósiles y a un sistema energético que solo intensifica las desigualdades sociales y el deterioro ambiental.

May 30 2022 Derechos Indígenas, Participación Ciudadana, Cambio Climático, Derechos Humanos

¿Qué es la transición energética justa?

Es posible plantear soluciones reales a los problemas actuales. Las diversas crisis por las que atraviesa la humanidad —climática, energética, alimentaria, ambiental, sanitaria—, así como las enormes desigualdades que las originan y que al mismo tiempo son profundizadas por ellas, pueden superarse si logramos repensar los sistemas en los que vivimos y plantear transiciones con un horizonte claro. En 2021, el sector energético contribuyó con el 73,2% del total de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. El sistema energético actual, basado en fuentes fósiles, es desigual e inequitativo. Está concentrado en grandes empresas privadas o estatales, es especialmente conflictivo en cuanto al acceso a los recursos y poco abierto a la participación social en la toma de decisiones. Por ello, avanzar en la transición energética es urgente. No hay una mirada única de la transición energética, es un concepto en disputa. ¿Para qué? ¿Para quienes? ¿Cómo? Son las preguntas que definen las diferentes concepciones y brindan los elementos para el análisis. Las miradas conservadoras centran la transición en un proceso de sustitución tecnológica para un cambio de matriz energética con fuentes renovables y la búsqueda de la eficiencia energética. Por otra parte, las propuestas más completas advierten que un cambio de matriz energética es necesario, pero no es suficiente. Y plantean la transición como un proceso de transformación integral, territorialmente situado y plural, que supone la creación de nuevas condiciones sociopolíticas que reestructuren la organización, propiedad y distribución de los sistemas de producción y consumo vigentes para lograr la construcción del derecho a la energía. Si planteamos la transición como un cambio de sistema, es imprescindible construir otro tipo de relaciones entre seres humanos, naturaleza y relaciones de producción. Pautas para pensar la transición energética en Latinoamérica Con base en los argumentos de Pablo Bertinat, especialista en el tema, transitar ese camino en la región requiere: Construir el derecho a la energía como derecho colectivo, en congruencia con los derechos de la naturaleza. Se debe tomar en cuenta los daños generados por el desarrollo energético a territorios y comunidades; erradicar las Zonas de Sacrificio, reconociendo su vulnerabilidad; y garantizar el respeto a derechos humanos durante la transición. Resolver problemas de pobreza energética con energía limpia, accesible, confiable y asequible. Los proyectos de energía deben beneficiar al territorio en el cual se instalan en cuanto a generación, abastecimiento y trabajo para lograr la redistribución de la riqueza producto de la transición energética. Avanzar en un proceso de disminución de energía ante un escenario de restricción en el cual los recursos no permiten cubrir la demanda energética. Esto implica una transición integral. Se debe pensar en un nuevo modelo productivo construido con base en la disponibilidad de energía, así como replantear sistemas de transporte, de agricultura, de infraestructura, etc. Profundizar el cambio de matriz energética desde procesos de resignificación de tecnologías por aquellas que sean adecuadas, es decir, que permitan la inclusión social, que sean construidas desde las comunidades, que estén orientadas a resolver los problemas de estas y que tomen en cuenta los procesos de aceptación de nuevos emprendimientos energéticos. Impulsar procesos de democratización de la energía mediante la participación de diversos actores, especialmente sectores excluidos, en la toma de decisiones respecto a la transición y elaboración e implementación de políticas, garantizando los derechos de acceso a información oportuna y completa, participación de calidad y acceso a la justicia ambiental, que logren asegurar la autonomía energética a nivel local. En conclusión, hablar de transición energética justa implica recuperar la energía como una herramienta para satisfacer necesidades humanas en un contexto de recursos finitos e inequidades. No debemos empezar de cero. Comunidades locales, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales y gobiernos han dado ya pasos importantes hacia una transición energética justa, democrática y popular en la región. Con ese impulso, la transición no solo es deseable, sino posible.