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¿Qué es la transición energética justa?
Es posible plantear soluciones reales a los problemas actuales. Las diversas crisis por las que atraviesa la humanidad —climática, energética, alimentaria, ambiental, sanitaria—, así como las enormes desigualdades que las originan y que al mismo tiempo son profundizadas por ellas, pueden superarse si logramos repensar los sistemas en los que vivimos y plantear transiciones con un horizonte claro. En 2021, el sector energético contribuyó con el 73,2% del total de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. El sistema energético actual, basado en fuentes fósiles, es desigual e inequitativo. Está concentrado en grandes empresas privadas o estatales, es especialmente conflictivo en cuanto al acceso a los recursos y poco abierto a la participación social en la toma de decisiones. Por ello, avanzar en la transición energética es urgente. No hay una mirada única de la transición energética, es un concepto en disputa. ¿Para qué? ¿Para quienes? ¿Cómo? Son las preguntas que definen las diferentes concepciones y brindan los elementos para el análisis. Las miradas conservadoras centran la transición en un proceso de sustitución tecnológica para un cambio de matriz energética con fuentes renovables y la búsqueda de la eficiencia energética. Por otra parte, las propuestas más completas advierten que un cambio de matriz energética es necesario, pero no es suficiente. Y plantean la transición como un proceso de transformación integral, territorialmente situado y plural, que supone la creación de nuevas condiciones sociopolíticas que reestructuren la organización, propiedad y distribución de los sistemas de producción y consumo vigentes para lograr la construcción del derecho a la energía. Si planteamos la transición como un cambio de sistema, es imprescindible construir otro tipo de relaciones entre seres humanos, naturaleza y relaciones de producción. Pautas para pensar la transición energética en Latinoamérica Con base en los argumentos de Pablo Bertinat, especialista en el tema, transitar ese camino en la región requiere: Construir el derecho a la energía como derecho colectivo, en congruencia con los derechos de la naturaleza. Se debe tomar en cuenta los daños generados por el desarrollo energético a territorios y comunidades; erradicar las Zonas de Sacrificio, reconociendo su vulnerabilidad; y garantizar el respeto a derechos humanos durante la transición. Resolver problemas de pobreza energética con energía limpia, accesible, confiable y asequible. Los proyectos de energía deben beneficiar al territorio en el cual se instalan en cuanto a generación, abastecimiento y trabajo para lograr la redistribución de la riqueza producto de la transición energética. Avanzar en un proceso de disminución de energía ante un escenario de restricción en el cual los recursos no permiten cubrir la demanda energética. Esto implica una transición integral. Se debe pensar en un nuevo modelo productivo construido con base en la disponibilidad de energía, así como replantear sistemas de transporte, de agricultura, de infraestructura, etc. Profundizar el cambio de matriz energética desde procesos de resignificación de tecnologías por aquellas que sean adecuadas, es decir, que permitan la inclusión social, que sean construidas desde las comunidades, que estén orientadas a resolver los problemas de estas y que tomen en cuenta los procesos de aceptación de nuevos emprendimientos energéticos. Impulsar procesos de democratización de la energía mediante la participación de diversos actores, especialmente sectores excluidos, en la toma de decisiones respecto a la transición y elaboración e implementación de políticas, garantizando los derechos de acceso a información oportuna y completa, participación de calidad y acceso a la justicia ambiental, que logren asegurar la autonomía energética a nivel local. En conclusión, hablar de transición energética justa implica recuperar la energía como una herramienta para satisfacer necesidades humanas en un contexto de recursos finitos e inequidades. No debemos empezar de cero. Comunidades locales, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales y gobiernos han dado ya pasos importantes hacia una transición energética justa, democrática y popular en la región. Con ese impulso, la transición no solo es deseable, sino posible.
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5 razones para ponerle fin a la extracción y uso de carbón
El uso de carbón para generar energía comenzó hace 2.000 años. Sin embargo, actualmente, su rol como combustible ha llegado a su fin: los impactos negativos de su explotación y uso son mucho mayores que los beneficios. Además, la solución a la crisis climática pasa en gran parte por terminar con la dependencia del carbón. Aunque actualmente estamos viendo un crecimiento en los proyectos de carbón, para reducir significativamente las emisiones causantes del calentamiento del planeta es necesario que, en un contexto pos-COVID-19, los países se comprometan a una recuperación económica alejada del carbón como fuente energética. Frente a gobiernos y empresas que siguen promoviendo la industria del carbón en el contexto económico y político actual —ignorando sus costos reales—, existen al menos cinco razones por las cuales continuar extrayéndolo y quemándolo es una mala decisión desde las perspectivas económica, política, ambiental, climática y de derechos humanos. 1. El carbón es económicamente inviable por los altos costos de sus impactos Al momento, la cadena del carbón no contempla los costos externos derivados de los daños e impactos climáticos, ambientales y sociales que provoca, los cuales podrían duplicar o incluso triplicar el precio de la electricidad generada. Por ejemplo, la exportación de una tonelada de carbón de Colombia a Europa, Estados Unidos o Asia conlleva costos externos estimados de entre 144,64 y 210,95 dólares por tonelada, tres veces el precio de mercado del carbón (de 47,8 dólares la tonelada en agosto de 2019) (1). De ese modo, la explotación y uso del carbón resultan económicamente inviables porque el precio de mercado no alcanza para cubrir la reparación de los daños causados. Lo más grave es que ya que las empresas de la industria no los asumen, estos costos quedan en manos de Estados, comunidades y ecosistemas. 2. Los proyectos de carbón generan desempleo Los argumentos según los cuales la explotación de carbón genera desarrollo allá donde se realiza son un mito. La contaminación generada por la minería de carbón impacta la salud de las personas expuestas a ella, afectando su efectividad laboral y poniéndolas en desventaja para acceder a otras opciones de trabajo. Esto resulta en altos índices de desempleo en poblaciones aledañas a minas de carbón con tasas de hasta el 40%. Además, la industria de las energías renovables no convencionales emplea al momento a muchas más personas que la del carbón. Según la International Renewable Energy Agency, esa industria generó 11 millones de empleos a nivel mundial en 2018, mientras que los 10 países con más fuentes laborales dependientes del carbón solo generan 225.000 empleos aproximadamente. Asimismo, según estimaciones de la ONU, transitar a energías renovables podría generar hasta 35 millones de puestos de trabajo adicionales entre 2020 y 2050. 3. Invertir en carbón es cada vez más riesgoso Tanto bancos como aseguradoras están dejando de invertir en el sector carbonífero por sus elevados costos, altos riesgos y baja rentabilidad. Hoy, 26 de los 35 mayores bancos del mundo tienen políticas que restringen el financiamiento de proyectos relacionados con la minería de carbón o con la generación eléctrica a partir del carbón. Incluso, un grupo de países de la OCDE, anunció recientemente que pondrá fin a las ayudas financieras a centrales eléctricas de carbón. Del mismo modo, al menos 18 de las grandes compañías aseguradoras a nivel mundial han decidido restringir actividades vinculadas con la industria carbonífera. Esto muestra que, gracias a la presión ciudadana, estamos frente a un proceso de desfinanciación de esa industria, cuyo mercado ya no es asegurable. 4. El uso de carbón agrava la crisis climática mundial La extracción y quema del carbón agrava la crisis climática, al igual que todas las violaciones a derechos humanos derivadas de ella: inundaciones que desplazan personas, incendios que destruyen pueblos y ecosistemas enteros, sequías que acaban con los cultivos, entre otras. De acuerdo con el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el carbón está detrás del 44% de las emisiones de CO2 provenientes de combustibles fósiles. Pero solo nueve países son responsables del 85% de las emisiones globales provenientes de la combustión de este mineral. La minería de carbón emite también metano, un gas con 67 veces más poder que el CO2 para calentar el planeta en un periodo de 20 años y cuyas emisiones son responsables de alrededor del 25% del calentamiento global. Construir nuevas centrales eléctricas de carbón implica un cambio climático catastrófico. Por ello la ONU planteó como medida urgente acelerar la descarbonización de todos los aspectos de la economía. Para mantenernos en el camino de los 1.5°C, al 2050, el 90% del carbón debe permanecer bajo tierra. 5. La minería y el uso de carbón vulneran derechos humanos esenciales, como la salud Todo el ciclo del carbón —desde su extracción, transporte y exportación, hasta su quema o combustión— causa daños irreversibles en las personas. Uno de los principales impactos de la minería de carbón es la degradación de la calidad del aire, que a su vez viola el derecho a la salud, a la vida y a un ambiente sano, generando altas tasas de morbilidad y mortalidad. Los daños de la extracción de carbón incluyen la neumoconiosis (pulmón negro), conocida como “la enfermedad del minero”, que reduce considerablemente las expectativas de vida de quienes trabajan en minas y de las comunidades aledañas, donde la población infantil es la principal afectada. Asimismo, las emisiones contaminantes de las centrales de carbón son las principales responsables de formar partículas microscópicas (PM10 y PM2,5) capaces de penetrar en el sistema respiratorio y sanguíneo, aumentando las tasas de enfermedades graves como el cáncer de pulmón e incluso de muertes prematuras. Estas cinco razones son al mismo tiempo argumentos para la descarbonización de la matriz energética de América Latina. La región puede y debe dirigir sus esfuerzos hacia un sistema energético basado en energías renovables no convencionales, amable con el ambiente, respetuoso de las personas y sostenible en el tiempo. Para más información, consulta nuestro informe Carbón, un combustible condenado al entierro. El final de una era y la promesa de una transición justa. (1) Precios actualizados a 2019 tomados de Cardoso A. Behind the life cycle of coal: Socio-environmental liabilities of coalmining in Cesar, Colombia. Ecological Economics 120 (2015) 71- 82, y Cardoso A., Santamaria R,. Peñalver L. (2019). Thetrue cost of coal in Colombia.
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La pesca latinoamericana está en riesgo
Por Magie Rodríguez, AIDA, y Ernesto Fernández Monge, The Pew Charitable Trusts Texto publicado originalmente en Delfino. La pesca es fundamental para la economía latinoamericana y, para muchas de las personas que allí viven, una forma de vida. No obstante, esta industria centenaria también está en riesgo. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la región produce 21,5 millones de toneladas métricas de pescado cada año, la cuarta parte de la producción anual mundial. Y, en Latinoamérica, alrededor de 2,3 millones de personas participan en la pesca. Sin embargo, la industria está perdiendo frente a las agresivas flotas extranjeras, provenientes en su mayoría de Europa y Asia, que pescan dentro de las zonas económicas exclusivas (ZEE) de Latinoamérica y en las áreas que están fuera de ellas. A diferencia de los buques nacionales, estas flotas suelen beneficiarse de una financiación sustancial de sus gobiernos de origen, la cual les permite pescar fuera de las aguas de sus propios países. Estas subvenciones a la pesca —destinadas a incrementar la capacidad— son dañinas y pagan el combustible y otros gastos, reducen artificialmente el costo de la pesca y permiten a las flotas pescar en áreas donde, de otro modo, no resultaría rentable hacerlo. Después de más de dos décadas de conversaciones, los 164 gobiernos miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) están más cerca que nunca de acordar un nuevo tratado vinculante a nivel mundial que podría frenar las subvenciones dañinas que permiten a las flotas pescar tanto en aguas de otros países como en altamar. La pesca en altamar, en la periferia de las aguas de otra nación, puede perjudicar a las pesquerías de un país en parte porque permite a los buques extranjeros capturar especies migratorias, como atunes o marlines, antes de que ingresen a la ZEE. Mientras las y los ministros de comercio se preparan para reunirse en Ginebra en una conferencia ministerial de la OMC —del 12 al 15 de junio—, los líderes y lideresas de Latinoamérica deberían presionar por un acuerdo de subvenciones a la pesca que ayude a quienes se dedican a la pesca en sus países a competir mejor con las flotas extranjeras. Para ello, es preciso insistir en que el acuerdo elimine todas las subvenciones de aumento de la capacidad que apuntalan la llamada pesca en aguas distantes y permiten más pesca de la que el mercado sostendría en otras circunstancias. Cada año, los gobiernos de todo el mundo distribuyen 22.000 millones de dólares en subvenciones dañinas a la pesca y, de esa suma, casi dos tercios provienen de solo seis países y de la Unión Europea. El objetivo de aproximadamente un tercio de ese monto, 7.200 millones de dólares, es ayudar a países a pescar en las ZEE de otras naciones y en altamar, en el límite de esas aguas territoriales, según una nueva herramienta basada en investigaciones desarrollada por científicos de la Universidad de California, Santa Bárbara, con fondos de The Pew Charitable Trusts. El aumento de la pesca en aguas distantes se ve impulsado por una triste realidad: tras haber agotado las poblaciones de peces en sus propias aguas, las grandes naciones pesqueras buscan otros lugares para llenar sus redes. Las islas Galápagos de Ecuador llegaron a los titulares el año pasado cuando investigaciones revelaron que en solo un mes, 300 embarcaciones chinas pasaron 73.000 horas pescando en las afueras de la ZEE que rodea las Galápagos. Además, la herramienta muestra por ejemplo que 180 barcos de solo cuatro países (China, Corea del Sur, Taipei Chino y España) pasaron un total de 84.000 horas de pesca en la ZEE de Argentina en 2018. Eso es el equivalente a 9,6 años en el agua. Y ese cometido fue posible gracias a cerca de 92 millones de dólares en subvenciones dañinas. Resulta alentador que líderes y lideresas de la región hayan apoyado durante mucho tiempo la reducción de las subvenciones en aguas distantes: Argentina, Chile y Uruguay copatrocinaron una propuesta de la OMC en 2019 para prohibir tales subvenciones y, en julio de 2021, el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay declaró que tal prohibición tendría “el enorme potencial de tener un impacto significativo en el estado de los océanos y en el sustento de las comunidades pesqueras”. Sin embargo, las grandes naciones pesqueras buscan atenuar el texto del posible acuerdo de la OMC para poder seguir pescando en aguas de otros países. Es por eso que las y los ministros de comercio de Latinoamérica deben seguir presionando para que se eliminen las subvenciones en aguas distantes, ayudando así a garantizar que los peces de sus aguas lleguen principalmente a sus buques, a restituir la ventaja competitiva a las y los pescadores de la región, así como a sostener una industria vital —y una forma de vida— en todo el continente.
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La resistencia indígena, contada con voz propia
Es vital que los pueblos indígenas y comunidades tradicionales tengan la oportunidad de usar y fortalecer su propia voz no solo para denunciar la violación sistemática de sus derechos, sino también para compartir conocimientos ancestrales que son clave para enfrentar la crisis ambiental y climática actual. Sin embargo, por diferentes razones, las organizaciones que acompañan las luchas indígenas —así como los medios y periodistas que las retratan— con frecuencia hablan en nombre de pueblos y comunidades. Esta labor de intermediación es importante para visibilizar e incrementar el impacto y alcance de la defensa de los territorios, pero, ¿qué mejor que conocer estas historias de voz de las propias comunidades? El proyecto Encuentro Intercultural de Comunicadores Indígenas —iniciativa de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), financiada por Swift Foundation, encargada a Tierra Poderosa y apoyada por organizaciones que trabajan con comunidades de la región— representa un avance en ese sentido pues amplifica el trabajo de integrantes de pueblos indígenas que han hecho de la comunicación una herramienta valiosa de reivindicación en sus territorios. El proyecto reúne a seis miembros de colectivos de comunicación de pueblos indígenas de diferentes países de Centro y Sudamérica en un espacio de intercambio de experiencias acerca de la defensa de formas ancestrales de vida. Estas vivencias son al mismo tiempo historias exitosas de autodeterminación. Es el caso de Juana Ramírez Villegas, mujer indígena del pueblo Mixe o Ayuuk en Oaxaca, México. El colectivo de comunicación del que forma parte ha conseguido llevar a nivel nacional la exigencia de respeto por su territorio frente a la construcción de un corredor interoceánico. Del mismo modo, Elvia Bo, mujer maya, ha mantenido informadas sobre sus derechos a comunidades indígenas del sur de Belice, muy alejadas entre sí. Esa labor ha sido clave para enfrentar los intentos reiterados de gobiernos y empresas por implementar megaproyectos extractivos en ese territorio indígena. El proyecto hace visible además a Laura Brito Boriyu, que integra un grupo de jóvenes en Colombia cuyas habilidades de comunicación y realización audiovisual han servido para denunciar las afectaciones que desde hace más de 40 años sufre el pueblo Wayúu, en La Guajira, a causa de una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. Desde Brasil, Mitã Xipaya —joven comunicador del pueblo Xipaya— participa del proyecto para contar cómo su colectivo denuncia los daños socioambientales de la represa Belo Monte, construida en plena Amazonía, y motiva a las y los jóvenes de Altamira, la ciudad más próxima a la hidroeléctrica, a cambiar su presente y futuro. También desde Brasil, Arewana Juruna y Kujaesage Kaiabi —comunicadores y cineastas indígenas que viven en el Territorio Indígena de Xingú en Mato Grosso, donde habitan 16 pueblos indígenas— evidencian la importancia de los colectivos indígenas de comunicación para generar conciencia sobre la protección de la Amazonía ante las políticas destructivas del gobierno actual. Con el proyecto, los equipos y esfuerzos de estos colectivos se han hecho más robustos. El sitio web del proyecto contiene animaciones con las historias de estos seis comunicadores y comunicadores indígenas, además de información adicional sobre sus territorios. El punto en común son los procesos históricos de resistencia de los pueblos indígenas de la región al modelo de desarrollo actual, que prioriza megaproyectos y políticas destructivas. Conocerlas y escucharlas, de voz de sus protagonistas, es fundamental si como sociedad queremos caminar hacia un mejor vivir, en armonía y equilibrio con la naturaleza. Preservar el único planeta que conocemos de la crisis climática, la mayor amenaza que enfrentamos como humanidad, pasa necesariamente por recoger el conocimiento ancestral de los pueblos en el diseño e implementación de soluciones. La lista de organizaciones que colaboraron con el proyecto incluye al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), al Movimiento Xingú Vivo para Siempre, al Sarstoon-Temash Institute for Indigenous Management (SATIIM), a la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) y a la Unión de Jóvenes Indígenas del Xingú Medio (UJIMX).
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La oportunidad de un alto tribunal en Perú para combatir los derrames de petróleo en la Amazonía
En 2014, debido a una fuga en el Oleoducto Norperuano, 2.500 barriles de petróleo fueron vertidos a la Quebrada de Cuninico, provincia de Loreto, en el corazón de la Amazonía. Las consecuencias del derrame persisten hasta hoy, afectando la vida e integridad de las comunidades nativas de San Francisco, Nueva Esperanza, Cuninico y Santa Rosa, cuyos habitantes sufren para encontrar agua limpia y desarrollar sus cultivos. Tras el derrame que cambió drásticamente sus vidas, los pueblos indígenas afectados claman a las autoridades que el desastre no vuelva a ocurrir. Acompañados por el Instituto de Defensa Legal, presentaron en junio de 2018 una demanda de amparo para pedir el mantenimiento del Oleoducto Norperuano y evitar más derrames. Ahora mismo, la demanda está siendo conocida por el Tribunal Constitucional de Perú, que tiene en sus manos una oportunidad magnífica: ordenar a la empresa estatal Petroperú realizar el mantenimiento del oleoducto, una tarea fundamental para frenar los derrames de petróleo en la Amazonía peruana y con ellos la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas que allí habitan. Desde AIDA, en el marco del programa Todos los ojos en la Amazonía, nos sumamos a su lucha con la presentación ante el tribunal de un escrito legal (Amicus Curiae) que recoge argumentos del derecho internacional de los derechos humanos sobre la obligación del Estado peruano de garantizar la adopción de las medidas necesarias —administrativas, jurídicas, políticas y culturales— para proteger los derechos a una vida digna y a un medio ambiente sano. Un problema sistemático con la infraestructura petrolera Lo ocurrido en Cuninico, tristemente, no es un hecho anecdótico, sino más bien sistemático. Los derrames de petróleo en la región amazónica de Perú están causando graves afectaciones socioambientales que ponen en riesgo a familias y comunidades enteras, comprometiendo su seguridad alimentaria, contaminando ecosistemas y afectando las cosmovisiones y formas de vida de los pueblos amazónicos. De acuerdo con La sombra del petróleo, informe de OXFAM publicado en 2020, de los 474 derrames ocurridos en lotes petroleros amazónicos y en el Oleoducto Norperuano entre 2000 y 2019 —que afectaron el territorio de 41 pueblos indígenas— el 65% se debió a corrosión de los ductos y a fallas operativas, mientras que el 28% fue causado por terceros. Ello prueba que la responsabilidad de la gran mayoría de los derrames recae sobre las empresas operadoras. Datos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería —ambas entidades públicas— confirman que, en su mayoría, los derrames petroleros no son atentados puntuales de terceros, sino que se derivan principalmente de la falta de supervisión y vigilancia del Estado y de la ausencia de debida diligencia de las empresas. Ello ha generado un escenario estructural de amenazas y violaciones a los derechos humanos y ambientales de estas poblaciones ancestrales. La dependencia de la extracción de los combustibles fósiles, la falta de mantenimiento de las instalaciones, la debilidad institucional y los vacíos respecto a la responsabilidad empresarial son otras de las causas de los continuos derrames petroleros en Perú. Litigio estratégico: un camino a seguir Los tribunales de la región han sido, en muchas ocasiones, actores muy valiosos para la protección del derecho a un ambiente sano y de los derechos humanos en general. En Colombia, han evitado el avance de algunos proyectos que se implementaron sin consulta previa, afectado los derechos de los pueblos indígenas. En México, han reconocido los derechos de comunidades indígenas a participar en la utilización y administración de los minerales que están en el subsuelo de su territorio. Y en Ecuador, la Corte Constitucional (el más alto tribunal del país) ordenó al Ministerio del Ambiente remediar los daños causados por las plantaciones de palma aceitera y tomar medidas para controlar y mitigar daños futuros y potenciales. Ahora, es turno del Tribunal Constitucional de Perú proteger la Amazonía de nuevos derrames de petróleo. Sin duda, la decisión puede ser un precedente regional histórico para la protección de un ecosistema indispensable. La Amazonía es un territorio majestuoso: en sus cerca de 7,4 km2 es el bosque tropical más grande del planeta y alberga por lo menos el 10% de la biodiversidad conocida, mucha de ella endémica. También es la casa de más de 470 pueblos indígenas, quilombolos y campesinos desde tiempos ancestrales; entre sus árboles y ríos se escuchan más de 86 lenguas y 650 dialectos diversos. Además, es un ecosistema vital en tiempos de crisis climática: funciona como un gran sumidero de carbono que almacena entre 90 y 140 mil millones de toneladas métricas de dióxido de carbono (CO2), uno de los gases de efecto invernadero más importantes que, de ser liberado, aceleraría aún más el cambio climático. Lo ocurrido en Perú resalta la importancia del litigio estratégico para preservar la Amazonía como ecosistema clave frente a la crisis climática, y para defender a los pueblos que la llaman hogar.
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O que se deve saber sobre o alerta trinacional para salvar o Pantanal dos incêndios
Os incêndios dos últimos anos danificaram seriamente o Pantanal: a maior área úmida de água doce do mundo, que se estende pela Bolívia, Brasil e Paraguai. Diante da urgência da situação, organizações da sociedade civil alertaram a Secretaria da Convenção de Ramsar, tratado intergovernamental para a proteção de áreas úmidas, sobre os danos ao Pantanal e solicitaram seu apoio na busca de soluções. No atual contexto de crise climática, a proteção de ecossistemas chave, como as zonas húmidas, e a contenção das grandes emissões de dióxido de carbono causadas pelos incêndios florestais são tarefas urgentes. Segue aqui o que você precisa saber sobre a crise enfrentada pelas áreas úmidas do Pantanal e os esforços recentes para restaurá-las por meio da cooperação transfronteiriça. UM EPICENTRO DE BIODIVERSIDADE EM RISCO Em seus quase 20 milhões de hectares, o Pantanal abriga pelo menos 3.500 espécies de plantas, cerca de 600 aves, 150 mamíferos, 175 répteis, 40 anfíbios e 300 peixes de água doce. Alguns deles também estão em perigo de extinção em outras regiões. O Pantanal ainda abriga a maior concentração de onças e jacarés. A FORÇA DESTRUTIVA DO FOGO Em 2019 e 2020, o Pantanal queimou a uma taxa sem precedentes. Em 2020, os incêndios devastaram 4,3 milhões de hectares da região, o maior número registrado desde 1998. Nesse mesmo ano, 100% do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense no Brasil foi queimado. O fogo tornou-se em um problema transfronteiriço. AUMENTANDO A CRISE CLIMÁTICA GLOBAL Além da perda de florestas, da morte de animais e do impacto direto na saúde e no estilo de vida das comunidades locais, as queimadas no Pantanal agravam a crise climática, um problema global. Um estudo publicado pela Academia Brasileira de Ciências estima que os incêndios de 2020 na região do Pantanal brasileiro lançaram cerca de 115 milhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera, o que representa mais de 20% das emissões geradas na Colômbia durante o mesmo ano. ALERTA INTERNACIONAL PARA MEDIDAS URGENTES No último dia 2 de fevereiro, no Dia Mundial das Zonas Úmidas, a AIDA —em conjunto com o Centro de Diversidade Biológica e Ecologia e Ação (ECOA)— solicitou ao Secretariado da Convenção de Ramsar o envio de uma missão consultiva às seis zonas úmidas do Pantanal localizadas na Bolívia, Brasil e Paraguai. As organizações também pediram que os locais - considerados de importância internacional pelo tratado - sejam inscritos no Registro de Montreux, a lista mundial de zonas úmidas em sério risco. E incentivaram os três governos a implementar medidas para preservar o bioma como um ecossistema transfronteiriço. APOIO ESPECIALIZADO A RESGATE “A missão consultiva consiste em uma visita de especialistas internacionais que podem dar recomendações especializadas ao Brasil, Bolívia e Paraguai para superar as condições que colocam em risco a conservação e o uso racional do bioma, bem como desenvolver medidas inovadoras de gestão e proteção”, explica Claudia Velarde, advogada da AIDA. A inscrição dos locais no Registro de Montreux permite obter auxílio econômico, além de apoio e assessoria técnica para a recuperação da região nos três países. Em julho de 2021, somente no estado de Mato Grosso, a área queimada do Pantanal foi cinco vezes maior que a de São Paulo. Com ações adequadas e oportunas será possível evitar que a degradação do ecossistema se repita nos meses de junho e julho deste ano, quando geralmente começam os incêndios florestais. O alerta enviado pela sociedade civil representa uma importante oportunidade para que os países que compartilham o Pantanal gerenciem sua riqueza ecológica de forma colaborativa e sustentável, unindo esforços para sua preservação. Versão em espanhol
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Lo que debes saber de la alerta trinacional para salvar al Pantanal de los incendios
Los incendios de los últimos años han dañado y puesto en riesgo grave al Pantanal, el humedal de agua dulce más grande del mundo, que se extiende por Bolivia, Brasil y Paraguay. Ante la urgencia de la situación, organizaciones de la sociedad civil alertaron al Secretariado de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, acerca de los daños al Pantanal y solicitaron su apoyo en la búsqueda de soluciones. En un contexto de crisis climática como el actual, la protección de ecosistemas clave como los humedales y el freno a las grandes emisiones de dióxido de carbono provocadas por los incendios forestales es una tarea apremiante. A continuación, lo que debes saber de la crisis que los humedales del Pantanal enfrentan y de los esfuerzos recientes para lograr su recuperación mediante cooperación transfronteriza. Un epicentro de biodiversidad en riesgo En sus casi 20 millones de hectáreas, el Pantanal es hogar de al menos 3.500 especies de plantas, cerca de 600 de aves, 150 de mamíferos, 175 de reptiles, 40 de anfibios y 300 de peces de agua dulce. Algunas de ellas están en peligro de extinción en otras regiones. En el Pantanal está la mayor concentración de jaguares y caimanes. La fuerza destructora del fuego En 2019 y 2020, el Pantanal ardió a un ritmo sin precedentes. En 2020, los incendios devastaron 4 millones 300 mil hectáreas de la región del Pantanal, la mayor cifra registrada desde 1998. Ese mismo año, se quemó el 100 por ciento del Parque Nacional Pantanal Matogrossense, en Brasil. El fuego se ha convertido en un problema transfronterizo. Agravando la crisis climática mundial Además de la pérdida de bosques, la muerte de animales y la afectación directa a la salud y modos de vida de comunidades locales, los incendios en el Pantanal agravan la crisis climática, una problemática mundial. Un estudio publicado por la Academia Brasileña de Ciencias estima que los incendios de 2020 en la región del Pantanal de ese país liberaron a la atmósfera alrededor de 115 millones de toneladas de dióxido de carbono, más de 20% de las emisiones de dióxido de carbono generadas en Colombia durante ese mismo año. Alerta internacional por medidas urgentes El pasado 2 de febrero, en el Día Mundial de los Humedales, AIDA —junto al Centro para la Diversidad Biológica y a Ecologia e Ação (ECOA)— solicitó al Secretariado de la Convención Ramsar el envío de una misión de asesoramiento a seis humedales del Pantanal ubicados en Bolivia, Brasil y Paraguay. Las organizaciones pidieron además que los sitios, considerados de importancia internacional bajo el tratado, sean inscritos en el Registro de Montreux, la lista mundial de humedales en riesgo grave. Exhortaron a los tres gobiernos a implementar medidas para preservar el Pantanal como ecosistema transfronterizo. Apoyo especializado para el rescate “La misión de asesoramiento consiste en una visita de expertos internacionales que darían recomendaciones altamente especializadas a Brasil, Bolivia y Paraguay para superar las condiciones que generan riesgo para la conservación y el uso racional del Pantanal, así como para desarrollar medidas innovadoras de manejo y protección”, explica Claudia Velarde, abogada de AIDA. La inscripción de los sitios en el Registro de Montreux implica ayuda económica, así como apoyo y asesoramiento técnico para la recuperación del Pantanal en los tres países. En julio de 2021, solo en el estado brasileño de Mato Grosso, la superficie del Pantanal incendiada fue cinco veces mayor que la de São Paulo. Con acciones adecuadas y oportunas será posible evitar que la degradación del ecosistema se repita en los meses de junio y julio de este año, cuando los incendios forestales suelen comenzar. La alerta enviada por la sociedad civil representa una oportunidad importante para que los países que comparten el Pantanal gestionen su riqueza ecológica de forma colaborativa y sostenible, sumando esfuerzos para su preservación. VERSIÓN EN PORTUGUÉS
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Creando una red de apoyo para fortalecer el litigio climático
El litigio climático se ha convertido, poco a poco, en una herramienta crucial para complementar y acelerar los resultados del trabajo por la defensa del ambiente, el territorio y los derechos de pueblos y comunidades. Sin embargo, litigar en el Sur Global y en América Latina tiene desafíos particulares y es diferente a litigar en el Norte Global. Ante estos desafíos y el contexto de la defensa ambiental en la región, se creó la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe, lanzada el mes pasado. AIDA lideró el esfuerzo en estrecha colaboración e intercambio con organizaciones regionales y litigantes que están detrás de algunos de los principales casos en la región. El sitio web ofrece, de forma amigable e intuitiva, información en español sobre los casos judiciales de la región que utilizan argumentos climáticos. Debido a que la plataforma es un trabajo colaborativo y está en permanente construcción, ¡necesitamos tu apoyo para mantenerla actualizada! A fin de lograr ese propósito, se creará una red de relatores/as en la región que estarán a cargo de informar sobre nuevos casos y actualizaciones a los casos ya identificados, trabajando de manera virtual. Para ser parte de esta red, puedes postular llenando el formulario disponible aquí. Ser relator o relatora de la plataforma implica además entrar en contacto con personas interesadas en el litigio climático y que trabajan por la justicia climática en toda la región, así como aprender de esta herramienta novedosa orientada a promover más y mejores casos. Quien forme parte de la red, tendrá también la oportunidad de participar en espacios de encuentro en los que se resolverán dudas en torno al trabajo colaborativo, se afianzarán relaciones y se gestarán iniciativas conjuntas en favor de la justicia climática en el continente. ¿Te gustaría ser relator/a? ¡Postula! La plataforma es una herramienta que facilita a las personas que están usando o que quieren usar el litigio compartir estrategias, experiencias y argumentos sobre litigio climático; ayudando a crear y fortalecer alianzas; así como a facilitar el contacto entre quienes trabajan a favor del ambiente y el clima. Los casos incluidos, cerca de 50 al momento, se escogieron a partir de una perspectiva amplia del concepto de litigio climático. Son casos en los que se emplean argumentos relativos al cambio climático o que, si bien no se refieren directamente a este, contribuyen a lograr justicia climática. El litigio climático va en ascenso en la región, en línea con la urgencia de acciones efectivas y prontas para combatir los impactos del cambio climático. ¡Tú puedes aportar a este movimiento y apoyar la defensa del ambiente, el territorio y los derechos de pueblos y comunidades! Ver la grabación del lanzamiento de la plataforma
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Un avance para la participación de comunidades indígenas en decisiones que afectan sus territorios
Desde 2018, AIDA trabaja en alianza estratégica con Greenpeace Chile y ONG FIMA para excluir el cultivo industrial de salmón de las áreas protegidas de la Región de Magallanes, en plena Patagonia chilena, y para defender los derechos de las comunidades Kawésqar, habitantes ancestrales de los canales y fiordos de la zona. Estas comunidades lograron recientemente un triunfo legal importante que reconoce su derecho a participar en la evaluación ambiental de proyectos que afectan sus territorios y sus modos de vida. La empresa Nova Austral pretendía relocalizar nueve centros de cultivo de salmones (que ya están en operación) desde el Parque Nacional Alberto de Agostini hasta la Reserva Nacional Kawésqar. El Servicio de Evaluación Ambiental del gobierno chileno autorizó el traslado de cuatro de los nueve centros de cultivo sin implementar mecanismos de consulta a las comunidades Kawésqar y rechazando luego sus solicitudes de participación ciudadana. Lo hizo bajo el argumento de que no había efectos ambientales nocivos que las afecten. La autoridad ambiental ignoró las implicaciones de ese tipo que las granjas de salmón han tenido en la región de Los Lagos (extremo norte de la Patagonia) y que representan uno de los riesgos más graves de la expansión de la industria hacia el extremo sur de la Patagonia, una zona prístina. Esos efectos incluyen la contaminación biológica por la introducción de especies exóticas, el uso indiscriminado de antibióticos, las frecuentes fugas masivas de salmones, así como los alimentos y fecas que se depositan en el fondo marino generando pérdida total o parcial de oxígeno y mareas rojas. Asimismo, el órgano ambiental pasó por alto que la salmonicultura es incompatible con los objetivos de protección de la Reserva Nacional Kawésqar. Uno de ellos es “dar cumplimiento a las demandas fundamentales del pueblo Kawésqar”. De hecho, para la creación de la reserva, en 2018, se realizó un proceso de consulta indígena, en el cual se acordó excluir la acuicultura industrial de especies exóticas, considerando la fragilidad de los ecosistemas del área y el legado cultural indígena, estrechamente ligado al mar. Ante el atropello gubernamental, las comunidades Kawésqar —con apoyo de la coalición formada por AIDA, Greenpeace Chile y FIMA— llevaron el caso a la Corte Suprema de Justicia con la presentación de un recurso de protección de garantías constitucionales. El 31 de enero, la Corte hizo justicia y ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental iniciar procesos de participación ciudadana como paso previo a la autorización del traslado de los cuatro centros de cultivo de Nova Austral al interior de la Reserva Nacional Kawésqar. La sentencia adquiere trascendencia al tener en cuenta que el Estado chileno ha sido permanentemente cuestionado por los bajos estándares de cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, el instrumento internacional más importante para garantizar los derechos indígenas, entre ellos el derecho a la consulta previa. Una de las principales críticas es que la regulación de los mecanismos para incorporar la consulta indígena a la evaluación ambiental incentiva que esta no se realice. Esta crítica cobra más relevancia en los proyectos evaluados por Declaración de Impacto Ambiental, para los cuales se aplica un mecanismo consultivo de menor incidencia que la consulta y que además está sujeto a una gran discrecionalidad de parte de la autoridad para que se lleve a cabo. Además, justamente en esos casos, entre los que está la relocalización de granjas de salmón, la participación ciudadana no es obligatoria, como si lo es para proyectos evaluados por estudios de impacto ambiental. Esto disminuye más aún la posibilidad de las comunidades de hacerse escuchar en este tipo de procedimientos. Desde AIDA consideramos que el fallo de la Corte es un aporte a la profundización de la participación ciudadana como herramienta para mejorar la toma de decisiones ambientales. La decisión pone de relieve la voz de las comunidades indígenas en los asuntos que afectan su territorio ancestral. Además, amplía el ámbito geográfico de la participación ciudadana al reconocer que estas comunidades ejercen un interés legítimo en la conservación ambiental, rompiendo así con la idea de que la afectación directa depende solo de su proximidad al lugar de residencia de las personas. Finalmente, esperamos que este sea el primer paso para rechazar del todo la instalación de granjas de salmón en la Reserva Nacional Kawésqar, en cualquier área protegida y, en general, en los mares de la Patagonia chilena.
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Reafirmando la protección legítima del derecho a un ambiente sano
En diciembre de 2016, dos mujeres de Veracruz decidieron defender en los tribunales al Sistema Arrecifal Veracruzano frente a los impactos graves e irreversibles que la ampliación del puerto de Veracruz implica para el ecosistema de coral más grande del Golfo de México y para los beneficios que brinda a la biodiversidad y a la población local. Representadas por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, las residentes de la zona metropolitana de Veracruz presentaron una demanda de amparo contra el proyecto debido a que su permiso ambiental resultó de una evaluación de impactos fragmentada que no consideró la totalidad de los riesgos para los arrecifes. En AIDA apoyamos estos esfuerzos desde el comienzo y presentamos un primer escrito legal (Amicus Curiae) para respaldar la demanda con información detallada sobre la importancia de los servicios que los arrecifes prestan: captura de carbono, generación de oxígeno, provisión de alimentos, protección contra tormentas y huracanes, entre otros. En abril de 2017, el juzgado que atendió el caso rechazó el amparo —y con ello la solicitud de las demandantes de suspender las obras del proyecto— argumentando que no demostraron tener “una afectación real y relevante” en sus derechos; es más, que no tenían un “interés legítimo” en la causa. Hablar de interés legítimo —conocido también como legitimación activa— es referirnos a la capacidad de una persona para reclamar por un daño ante una corte, en cualquier ámbito. En un accidente de tránsito, por ejemplo, sólo tú tienes el interés legítimo para reclamar la reparación del daño que tu vehículo pudo sufrir, que debe ser individual y cuantificable. Sin embargo, en temas de daño ambiental, la situación es más compleja. La degradación de un ecosistema afecta a más de una persona e incluso trasciende generaciones. Las residentes de Veracruz apelaron el revés judicial a su demanda y el caso pasó a revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país. Ante las limitaciones del juzgado para reconocer en su fallo el derecho de todas las personas de acceder por igual a justicia en temas ambientales, AIDA —en alianza con Earthjustice— presentó ante la Suprema Corte un segundo escrito legal, solicitando la ampliación de los requerimientos para el interés legítimo. Aportamos evidencia técnica y jurídica para el reconocimiento de los derechos humanos al ambiente sano y al acceso a la justicia, consagrados en el derecho internacional. Estos derechos obligan al gobierno mexicano a permitir que toda persona, cuyos derechos fundamentales sean amenazados por la degradación ambiental, tenga la posibilidad de lograr justicia sin importar que su conexión con el ecosistema amenazado sea indirecta o remota. La Environmental Law Alliance Worldwide se unió a la lucha con un escrito que analiza decisiones judiciales de distintas jurisdicciones que reconocen el derecho de cualquier persona, organización de la sociedad civil o residentes de un lugar para presentar demandas contra proyectos y decisiones que pueden afectar negativamente el ambiente. El 9 de febrero pasado, más de cinco años después de interpuesta la demanda, las residentes de Veracruz y los arrecifes de la zona obtuvieron una importante victoria. En una decisión unánime —que como tal genera un precedente obligatorio para todos los tribunales del país— la Suprema Corte determinó que las autoridades violaron el derecho al ambiente sano de las personas de Veracruz al autorizar la ampliación portuaria. Se trata de un fallo histórico, valioso para México y para la región por varias razones: Ratifica que la proximidad a un proyecto no define quiénes son las personas afectadas ni quiénes pueden reclamar la protección de su derecho al ambiente sano ante las cortes. Reafirma que no necesariamente se debe probar un daño cuantificable e individualizable para acceder a la justicia ambiental; basta con demostrar que un proyecto o actividad, al degradar un ecosistema, daña o amenaza con causar daños (económicos, sociales, culturales, sanitarios, etc.) a una comunidad. Reconoce un interés legítimo ampliado, así como el carácter colectivo del derecho a un ambiente sano y de la participación pública en los procesos de evaluación ambiental. Sienta un precedente con capacidad para transformar la manera en la que se realiza la evaluación de impacto ambiental en el país, resaltando la incorporación de los principios de prevención y de precaución. Señala las obligaciones internacionales de México; entre ellas las adquiridas bajo el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). En AIDA, como organización y como personas, celebramos este gran paso en el fortalecimiento de la defensa del derecho al ambiente sano en la región. Estamos felices de haber contribuido a su logro y esperamos que la implementación de la sentencia ocurra siguiendo los más altos estándares.
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