Aun sin conocer las medidas adoptadas en contextos diferentes al nuestro, las personas respondemos de manera conjunta y nos organizamos de formas similares ante las injusticias ambientales, entre ellas la mala calidad del aire y sus daños a la salud humana.
Ese fue uno de los grandes aprendizajes del Encuentro Latinoamericano por el Aire Limpio, que tuvo lugar en Bogotá del 10 al 12 de agosto.
Allí se reunieron jóvenes, investigadores/as, funcionarios/as de gobierno, así como representantes de la sociedad civil y de la cooperación internacional de seis países —Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú— bajo tres objetivos principales: fortalecer el nexo entre calidad del aire y justicia climática, intercambiar aprendizajes y construir redes internacionales de colaboración.
"La mala calidad del aire y los problemas de salud derivados de ella son una problemática común en América Latina que no conoce de fronteras ni límites territoriales", afirma Anaid Velasco, Gerente de Investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), quien participó en el encuentro.
Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire afecta a cerca del 90% de las personas que habitan áreas urbanas en todo el mundo.
Pese a la magnitud del problema, las acciones y políticas públicas para mejorar el aire que respiramos no están del todo homologadas.
Además, los índices de calidad del aire en la región son muy distintos y no permiten que las personas estén adecuadamente informadas de la peligrosidad del estado de la contaminación atmosférica en diferentes entornos.
Ello representa un problema y, al mismo tiempo, una oportunidad para crear y perfeccionar herramientas de forma colaborativa.
Conscientes de esa oportunidad, quienes asistieron al encuentro decidieron fundar la Coalición Latinoamericana por el Aire Limpio —ALAIRE—, cuyo trabajo responderá a tres metas:
"La creación de esta coalición es un paso fundamental para mejorar el aire que respiramos, con impacto regional", dice Anaid. "El CEMDA se siente muy orgulloso de formar parte de ella pues el aire limpio es una condición fundamental para garantizar el derecho humano al medio ambiente sano".
El Encuentro Latinoamericano por el Aire Limpio —organizado por AIDA, El Derecho a No Obedecer (proyecto de la Corporación Otraparte), Trébola Organización Ecológica, Coalición Respirar, El Poder del Consumidor y la Fundación Heinrich Böll— tuvo actividades abiertas a las que asistieron 200 personas, además de reuniones cerradas para el logro de acuerdos entre organizaciones.
El encuentro sirvió para reafirmar que la lucha por un aire limpio es también la lucha por reducir los gases de efecto invernadero para afrontar la crisis climática, así como una necesidad para garantizar el derecho a la salud de las personas en la región.
Además, el evento ratificó la importancia de la ciencia ciudadana, traducida en el trabajo de muchas personas para evidenciar los verdaderos niveles de exposición a la mala calidad de aire en diferentes urbes de la región, mandando un mensaje de urgencia al respecto.
La coalición recientemente formada empoderará los esfuerzos ciudadanos, académicos, de organizaciones y de otros actores, al tiempo que contribuirá al logro de acuerdos regionales para el desarrollo e implementación de políticas públicas que mejoren la calidad del aire y protejan la salud humana.
Daniela García Aguirre es colombiana y abogada del Programa de Clima. Colabora con AIDA desde Bogotá. Es abogada e ingeniera ambiental por la Universidad de los Andes, Colombia. Daniela hizo una pasantía de investigación en la Universidad de Cornell, Ithaca, y tiene un LL.M. (Maestría en Derecho) en Derecho Ambiental y Políticas Públicas Ambientales de la Universidad de Stanford, California. Posee experiencia como investigadora en medición y monitoreo de la calidad del aire, así como en el desarrollo de políticas públicas ambientales bajo una perspectiva de justicia ambiental. Ha trabajado desde la academia para asesorar y acompañar a comunidades en el diseño de litigios estratégicos y propuestas de soluciones judiciales o de política para prevenir conflictos socioambientales y garantizar los derechos a la salud y a un ambiente sano.
