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Un ambiente sano: ¿en qué consiste este derecho universal?
La triple crisis que el mundo enfrenta actualmente evidencia más que nunca la importancia de garantizar el derecho de todas las personas a vivir en un ambiente limpio, sano y sostenible.El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación son hoy de las mayores amenazas para la humanidad, afectando gravemente el ejercicio y disfrute de los derechos humanos. Basta mencionar algunos ejemplos:La contaminación del aire es una de las principales amenazas ambientales para la salud, siendo la causa de siete millones de muertes prematuras cada año.En los últimos 10 años, los fenómenos climáticos extremos han causado 220 millones de desplazamientos, es decir, unos 60 mil por día. Estos y otros impactos afectan desproporcionadamente a personas, grupos y pueblos que ya están en situación de vulnerabilidad.Es el caso de las mujeres, para quienes la degradación ambiental significa el reforzamiento de inequidades y situaciones de discriminación preexistentes en asuntos como el acceso y la tenencia de tierras y recursos naturales. De su lado, los niños y las niñas sufren afectaciones más intensas debido a su fisiología y sistemas inmunológicos menos desarrollados. Y para los pueblos indígenas y tradicionales, la defensa de sus territorios y medios de vida frente a los daños ambientales representa amenazas graves, incluso a su vida.Pero ¿en qué consiste el derecho a un ambiente sano? Componentes del derecho a un ambiente sanoEl derecho a un ambiente sano es incluido cada vez más en Constituciones, leyes y sistemas de justicia regionales. Aunque las definiciones varían, la esencia es la misma. Y el entendimiento general es que para hacerlo realidad se requieren elementos básicos de dos tipos:Elementos sustantivosAire limpio.Clima seguro y estable.Acceso a agua potable y saneamiento adecuado.Alimentos sanos y producidos de forma sostenible.Entornos no tóxicos donde vivir, trabajar, estudiar y jugar.Biodiversidad y ecosistemas saludables.Elementos de procedimientoAcceso a información.Participación pública en la toma de decisiones.Acceso a justicia y a remediación efectiva. La realización de este derecho requiere además cooperación internacional, solidaridad y equidad en las acciones ambientales (incluida la movilización de recursos), así como el reconocimiento de la jurisdicción extraterritorial en los daños a derechos humanos causados por la degradación ambiental. Dimensiones y cualidadesEl derecho a un ambiente sano tiene una dimensión colectiva y una individual. En virtud de la primera, constituye un interés universal que se debe tanto a las generaciones presentes como futuras.La dimensión individual implica que vulnerar este derecho puede tener repercusiones directas e indirectas sobre las personas debido a su relación indivisible e interdependiente con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros.Como concluyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que la degradación del ambiente puede causar daños irreparables en las personas, el ambiente sano “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”.Es además un derecho autónomo que protege los componentes del medioambiente (bosques, ríos, mares y otros) como intereses jurídicos en sí mismos, incluso en ausencia de certeza o evidencia acerca del riesgo para las personas.El carácter autónomo de este derecho y su interconexión con otros derechos conlleva una serie de obligaciones para los Estados, que incluyen:Prevenir los daños ambientales significativos; lo que implica regular, supervisar y fiscalizar actividades que puedan generar riesgo o causar afectaciones al ambiente.Realizar estudios de impacto ambiental, establecer planes de contingencia y mitigar los daños ocurridos.Actuar conforme al principio de precaución frente a posibles daños graves o irreversibles al medioambiente, que afecten los derechos a la vida y a la integridad personal, aún en ausencia de certeza científica.Cooperar con otros Estados de buena fe para la protección contra daños ambientales significativos.Garantizar el acceso a la información sobre posibles afectaciones al ambiente.Garantizar el derecho a la participación pública en escenarios que puedan afectar el ambiente y garantizar el acceso a la justicia. Ante la necesidad urgente de contar con nuevas y mejores formas de proteger el ambiente, el reconocimiento del ambiente sano como derecho humano universal por parte de la ONU, el 28 julio de 2022, marcó un avance histórico en el largo y complejo proceso para garantizar este derecho en la práctica, el cual ha sido parte de la historia de AIDA desde sus inicios.Hemos trabajado siempre por evidenciar el vínculo entre el ambiente sano y otros derechos humanos. Y estamos comprometidos con el cumplimiento de nuestra misión: fortalecer la capacidad de las personas en América Latina para garantizar su derecho individual y colectivo a un ambiente sano.
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La sentencia que ordena mejorar la gestión climática en Colombia
Texto publicado originalmente en La Silla Vacía El pasado 6 de julio, en lo que representa una victoria climática, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dio el primer paso para que tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como el Ministerio de Minas y Energía adopten —en un plazo de seis meses— las medidas necesarias para incluir los impactos del sector carbón, y de otros sectores, en la gestión de la crisis climática en Colombia. “[…] debido a la prioridad de las acciones climáticas en la agenda pública, nacional e internacional, su falta de implementación cinco años después de expedida la Ley 1931 de 1918 constituye una violación del plazo razonable […]”, se lee en el fallo del tribunal, dictado como respuesta en primera instancia a una acción de cumplimiento. Así, la sentencia constituye además un precedente importante para la justicia climática en América Latina pues es la primera vez en la región que un tribunal dispone que las autoridades encargadas de gestionar la crisis climática, así como de autorizar y hacer seguimiento a los proyectos mineros, tienen un plazo determinado para adoptar acciones climáticas específicas, establecidas en la ley y cuyo cumplimiento tiene años de retraso. A nivel nacional, el fallo es un precedente relevante porque apunta a que la política pública sea ajustada y complementada. Además, en el marco de su implementación, puede aportar a la garantía de derechos de las comunidades directamente afectadas por la minería de carbón, quienes por décadas han denunciado impactos climáticos (y otros) derivados de esta actividad. Es el caso de comunidades indígenas Wayuu y afrodescendientes en La Guajira, afectadas por el desvío del arroyo Bruno para la expansión de la mina El Cerrejón. Es en esa zona donde se registran los índices más elevados de vulnerabilidad climática del país. De ejecutarse las medidas establecidas en la sentencia, las entidades estatales deberán perfeccionar los instrumentos de seguimiento y control para evitar que los impactos climáticos asociados a grandes proyectos mineros afecten desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables. ¿Qué ordenó específicamente el tribunal? En virtud de la sentencia, los ministerios en cuestión deben: Exigir la identificación de impactos climáticos en los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos mineros; Generar y recopilar los insumos de información necesarios para la actualización de los inventarios de gases de efecto invernadero (GEI); Formular, implementar y hacer seguimiento a los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales y a su articulación con los demás instrumentos de planificación del territorio y del desarrollo; Regular y establecer procedimientos de control y seguimiento para la verificación, certificación y registro de las emisiones, para la reducción de emisiones y para la remoción de GEI; Incorporar en los instrumentos sectoriales de planificación existentes y futuros, acciones orientadas a alcanzar las metas nacionales en materia de mitigación; y Exigir el reporte obligatorio de emisiones de GEI a las personas jurídicas, públicas, privadas o mixtas en el marco del Reporte Obligatorio de Emisiones (ROE). ¿Cómo se construyó la acción judicial que dio lugar al fallo? Colombia es el principal exportador de carbón térmico de América Latina y es el país con mayores reservas de este mineral en la región. El uso del carbón es una de las principales causas de la profundización de la crisis climática a nivel global pues el 44% de las emisiones generadas por los combustibles fósiles es atribuible a este mineral. Al tiempo, la minería de carbón en Colombia ha afectado los derechos de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas. Con esa preocupación en mente, las organizaciones que lideraron la estrategia legal de la acción de cumplimiento —la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR)— se dieron a la tarea de evaluar la política pública de cambio climático de Colombia, su ejecución por parte de las entidades encargadas y el rol del carbón en ella. El trabajo de construcción de la estrategia jurídica tomó más de un año. Inició con la documentación y revisión de normas y políticas sectoriales y de cambio climático para identificar los mecanismos, medidas y acciones que el Estado había diseñado y estaba ejecutando. Posteriormente, en un trabajo de investigación apoyado en solicitudes de información, indagamos ante las autoridades competentes —el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)— los avances y medidas concretas que se encontraban en ejecución. Del proceso anterior pudimos concluir que, si bien hay algunos avances en el cumplimiento de la política climática en el país, hay deficiencias estructurales en relación con la caracterización y manejo de impactos climáticos del sector carbón en el marco de la política pública general y en la obligación estatal de supervisión y fiscalización a los proyectos específicos del sector carbón. Los hallazgos de incumplimiento nos llevaron a solicitar a las autoridades, por medio de un escrito de constitución en renuencia (en el que se pide a las autoridades el cumplimiento de normas que están siendo incumplidas, dándoles un tiempo para que cumplan o prueben que han cumplido) la adopción de medidas para el cumplimiento de las normas identificadas. Ante la falta de respuesta efectiva a este requerimiento, quedamos habilitados para interponer, el 4 de mayo pasado, la acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En la acción se identificaron los artículos específicos que estaban siendo incumplidas de cuatros instrumentos normativos de la política climática colombiana: la Ley 1931 de 2018 (Ley de Cambio Climático), La Ley 2169 de 2021 (Ley de Carbono Neutralidad), la Resolución 408017 de 2021 del Ministerio de Minas y las Contribuciones Nacionales Determinadas 2020 de Colombia (con los compromisos asumidos por el país para la reducción de GEI y para la adaptación al cambio climático). Así, como respuesta a la estrategia descrita, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia de primera instancia, acogió una parte de los argumentos presentados en la acción de cumplimiento y ordenó a los ministerios la adopción de acciones concretas para mejorar la gestión de la crisis climática en el país en un plazo de seis meses. ¿Por qué interponer una acción jurídica enfocada en el sector carbón? Dado el importante rol del carbón en la crisis climática, es evidente que la política y las metas climáticas de cualquier Estado —y más aun de uno en el cual el sector carbón es predominante— deben incluir la identificación, prevención y gestión de los impactos climáticos derivados de la extracción, transporte y quema del mismo. En el caso colombiano, pese a que el país exporta en promedio 75 millones de toneladas de carbón al año y genera el 9% de la energía a partir de este mineral, no existe en la normatividad nacional mecanismos o medidas para identificar, prevenir y gestionar los impactos climáticos de este sector. El carbón es el gran ausente de la política climática en el país. En tal escenario, y partiendo de las denuncias y la información generada por diversas organizaciones y comunidades a lo largo de los años, una coalición conformada por organizaciones de la sociedad civil, universidades y academia —AIDA, CAJAR, Censat Agua Viva, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), POLEN Transiciones Justas, la Universidad de Magdalena y la investigadora Paola Yanguas— decidió construir una estrategia jurídica que permitiera exigir al Estado colombiano la inclusión del sector carbón en las metas y políticas de cambio climático en el país a fin de alcanzar mejores escenarios de justicia climática en Colombia y generar al mismo tiempo un precedente replicable en la región. ¿Qué sigue? El cumplimiento de las órdenes de la sentencia por parte de los ministerios requerirá un esfuerzo de creación de instrumentos y mecanismos de política pública de seguimiento y control, así como el fortalecimiento de sus capacidades internas. Sin embargo, dado que las órdenes del tribunal se refieren al cumplimiento de normas concretas que están vigentes, la ejecución de las mismas no demandará nuevos gastos presupuestales ni de procesos legislativos adicionales, por lo que su implementación dependerá en gran medida de la voluntad política del Estado. Debido a que el tribunal administrativo acogió solo parte de los argumentos descritos en la acción, presentamos una impugnación con el fin de que el Consejo de Estado se refiera a los argumentos que no fueron acogidos. Los ministerios también impugnaron la sentencia. Al ser una decisión tomada en la primera instancia del proceso, el Consejo de Estado está a cargo de emitir un fallo final, lo cual se espera que ocurra en agosto. El Alto Tribunal Administrativo tiene la oportunidad de aumentar la ambición climática de Colombia, al exigir a las entidades competentes la adopción de medidas urgentes, en un plazo determinado, para el cumplimiento de sus obligaciones climáticas vigentes.
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Cuando la transición energética no es justa: El caso de Quintero y Puchuncaví en Chile
Por Cristina Lux y Florencia Ortúzar * La transición energética en Chile ocurrirá inevitablemente. Es más, ya está ocurriendo. El país no tiene grandes yacimientos de combustibles fósiles, pero sí abundantes recursos energéticos renovables. Por ello, la dependencia del carbón debería pasar naturalmente a la del sol, el viento y otras fuentes renovables. Hoy y tras décadas de lucha de comunidades locales, el cierre de las 28 centrales termoeléctricas a carbón que existieron está en marcha en el marco del Plan de Descarbonización impulsado por el gobierno en 2019. Ocho han cerrado, otras seis tienen una fecha futura de cierre, seis más están en proceso de establecer una y ocho no cuentan aún con un plan de cierre. Si el gobierno y los actores privados cumplen con lo prometido, el conjunto de termoeléctricas debería cerrar antes de 2040, liberando a Chile de la energía proveniente de la quema de carbón. Pero la historia de dependencia del carbón dejará, sin duda, una marca profunda. Por muchos años, Chile obtuvo más del 50% de su energía de sus centrales termoeléctricas, todas ubicadas en tan solo cinco localidades, conocidas como “zonas de sacrificio”, cuya población ha sufrido a costa de la generación de electricidad para el resto del país. La historia de una de esas localidades, la bahía de Quintero y Puchuncaví —quizás la más emblemática—, evidencia por qué la transición no solo tiene que suceder, sino que además debe ser justa. Un hermoso balneario golpeado por la contaminación Con poco más de 40 mil habitantes, la bahía de Quintero y Puchuncaví está ubicada a dos horas por carretera de la capital del país. Las familias allí han vivido históricamente de la agricultura, la pesca artesanal y el turismo, modos de vida que se fueron apagando ante el avance implacable de la actividad industrial intensiva. Actualmente, el lugar alberga más de 30 empresas diferentes: un complejo termoeléctrico a carbón, termoeléctricas a gas, una refinería de cobre y una de derivados de petróleo, un puerto regasificador, una cementera, puertos que reciben carbón y otros combustibles, así como centros de acopio de carbón y cenizales, entre otras. Foto: Claudia Pool / @claudiapool_foto / www.claudiapool.com La información de las emisiones contaminantes de este popurrí de empresas es deficiente y la falta de normativa al respecto es abismal. De hecho, solo unos cuantos contaminantes están normados. El resto no se mide, pese a que varios son peligrosos para la salud humana. Así, paradójicamente, las estaciones de monitoreo marcan índices de normalidad mientras la gente se intoxica en las calles y en los colegios. En la bahía suelen ocurrir envenenamientos masivos de personas adultas y jóvenes que muchas veces terminan en el hospital. En esos casos, cierran los colegios, pero no las empresas, y se monitorea el viento para activar protocolos en caso de poca ventilación, ubicando el problema en la falta de viento y no en los responsables de la contaminación. También son comunes los varamientos de carbón en las playas, que tiñen las arenas. Solo en 2022 se registraron más de 100 episodios. Es alarmante cómo la situación afecta a niños y niñas, pues la infancia es una etapa especialmente vulnerable a la contaminación por sus efectos en el desarrollo del ser humano. También es desproporcionado el impacto en las mujeres, quienes por cargar con la mayor parte de las labores de cuidado son las primeras en verse obligadas a dejar sus trabajos para cuidar de sus familiares enfermos. Las cosas no se han hecho bien en este lindo espacio costero. Hoy se continúan aprobando proyectos y la ampliación de operaciones industriales. Pero la comunidad se está levantando, exigiendo una tregua para esta zona. Es hora de caminar hacia la restauración ecológica en Quintero y Puchuncaví. Señales de esperanza Algunos sucesos recientes están dando luces de esperanza de que las cosas podrían mejorar en la bahía y de que esta zona, que por años ha sido devastada en favor del resto del país, podría mostrar de nuevo sus hermosas playas y sus maravillosos recursos pesqueros y agrícolas a Chile y al mundo. Aunque la situación aún no da para celebrar, algunas cosas parecen estar moviéndose en la dirección correcta. Un paso importante fue la demanda por daño ambiental presentada en 2016 por las comunidades locales contra el gobierno y todas las empresas del cordón industrial. El proceso ha sido largo, pero una sentencia definitiva está por llegar. Mientras tanto, en 2019, la Corte Suprema resolvió varios recursos de protección por episodios de intoxicaciones masivas, dándole la razón a las comunidades y emitiendo una sentencia histórica, quizás la más importante en materia ambiental en Chile. La sentencia ordena al Estado cumplir con 15 medidas para identificar las fuentes de contaminación y reparar la situación ambiental de la zona. Tristemente, ésta aún no ha sido implementada correctamente. Siguiendo con los avances, la Corte Suprema emitió hace poco tres sentencias que hacen referencia al incumplimiento de la sentencia de 2019 y que otorgan herramientas para hacerla cumplir. También, dos de las cuatro termoeléctricas de la empresa de capitales estadounidenses AES Andes han cerrado operaciones en la bahía. Aún restan dos. Finalmente, en mayo y tras 58 años de operación, los hornos y la caldera de la Fundición Ventanas se apagaron definitivamente. Así, el ícono de la contaminación de la zona —una chimenea de 158 metros que expelía contaminantes— dejó de funcionar. La búsqueda de justicia está lejos de terminar A pesar de los buenos indicios, no existe todavía un futuro seguro para las personas de Quintero y Puchuncaví. Por eso debemos seguir exigiendo justicia y una transición que proteja a las personas más vulnerables. Foto: Claudia Pool / @claudiapool_foto / www.claudiapool.com Aunque dos de las cuatro termoeléctricas de AES Andes que operaban en la bahía cerraron, las empresas propietarias se acogieron al "estado de reserva estratégica", por el cual reciben un pago por mantenerse disponibles para operar nuevamente si es requerido. Por otro lado, si bien la fundición de cobre de la estatal Corporación Nacional del Cobre cerró, la refinería sigue operando en la zona. Hubo un plan de relocalización para las y los trabajadores, pero no así un plan de reparación para las comunidades que por casi seis décadas respiraron los residuos tóxicos de esa industria. Además, se siguen aprobando proyectos sin la participación de las comunidades. Es el caso de la planta desalinizadora Aconcagua, que pretende desalar agua para transportarla por tuberías subterráneas a más de 100 km para abastecer a la minera Angloamerican. Por último, pero no menos grave, la descarbonización en Chile parece traer un alza en el uso de gas, combustible falsamente llamado “de transición”. Se prevé que la actividad gasífera en la zona —que alberga uno de los dos puertos regasificadores de GNL (gas natural licuado) del país— podría intensificarse y con ello sus impactos ambientales. Chile tiene la oportunidad de ser ejemplo de transición justa Este país, ubicado al final del continente, tiene la oportunidad de hacer las cosas bien. Hay indicios, solo falta voluntad política para cambiar el rumbo de las cosas. La localidad de Quintero y Puchuncaví merece la oportunidad de volver a brillar y de alcanzar su máximo potencial como pueblo y balneario costero, colorido y con una identidad arraigada en la agricultura, el turismo y la pesca artesanal. En este caso, una transición verdaderamente justa debe incluir el cierre de las empresas contaminantes que están enfermando a las personas. Pero ello debe involucrar a las y los afectados, poniendo al frente el respeto de sus derechos humanos, tan mermados en las últimas seis décadas. Se debe reconocer la injusticia que ha pesado sobre el territorio y sus habitantes, estableciendo mecanismos de reparación, asegurando la no repetición y haciendo partícipes a las personas de la recuperación ambiental en la zona. Solo así las comunidades recobrarán su capacidad de agencia; ese poder de decidir y de ser parte de las decisiones que les afectan, que hace tantos años les fue arrebatado. *Cristina Lux es abogada del Programa de Clima de AIDA y Florencia Ortúzar es abogada sénior de la organización.
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El rol del Congreso en la descarbonización gradual de la matriz eléctrica de México
Texto publicado originalmente en Animal Político. La generación de electricidad a partir de la quema de carbón es una de las fuentes principales de contaminación en México, así como una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), aquellas detrás de la crisis climática global. Existe, por tanto, una evidente relación causal entre la quema de carbón, el incumplimiento de los compromisos climáticos del país y la violación de derechos humanos relacionada con la mala calidad del aire. Esta situación está lejos de cambiar sin transformaciones estructurales, una de ellas en el marco jurídico, que actualmente permite la generación de energía a partir del uso del carbón de forma continua y por tiempo indefinido. Así, el Congreso de la Unión debe emitir una nueva legislación o modificar el marco jurídico existente para asegurar la eliminación gradual del uso del carbón en la generación de energía eléctrica. Esta obligación responde al cumplimiento progresivo de un mandato establecido en la Constitución mexicana en 2013, que ordena al Congreso a emitir legislación para disminuir las emisiones de GEI en el sector energético, generar la menor huella de carbono y establecer obligaciones de reducción de emisiones para quienes participan en la industria eléctrica. A la fecha, no existe tal legislación. En ese sentido, la omisión del Congreso se traduce en el incumplimiento de los compromisos internacionales en materia de cambio climático, incluyendo aquellos que derivan del Acuerdo de París. Según datos de 2019, México es el décimo cuarto mayor emisor de GEI en el mundo. Asimismo, en 2020, las carboeléctricas produjeron únicamente el 10% de la electricidad en el país, pero emitieron el 22% del total de GEI del sector energético, según cálculos de Iniciativa Climática de México. La omisión del Congreso también vulnera su obligación constitucional de proteger, promover, respetar y garantizar el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la salud. En su proceso de combustión, las carboeléctricas emiten una gran cantidad de elementos tóxicos: dióxido de carbono, material particulado, dióxido de azufre; óxidos de nitrógeno y metales pesados como mercurio, vanadio, níquel y plomo. La producción de carbón y la generación eléctrica a partir del mineral se concentran en el estado de Coahuila. Allí, en el municipio de Nava están dos de las tres carboeléctricas del país. La otra está en Petacalco, Guerrero y se alimenta de carbón importado. La contaminación del aire por la quema de carbón es la causa de unas 430 muertes al año en Coahuila por enfermedades respiratorias, de acuerdo con el Centre for Research on Energy and Clean Air. Y según registros de la Secretaría de Salud, de todas las muertes ocurridas en Petacalco entre 2012 y 2020, casi un tercio están relacionadas con padecimientos ligados a la contaminación ambiental. Un cambio de rumbo es urgente. Bajo el actual gobierno, la política energética ha sido omisa en promover proyectos de energías renovables que respeten el ambiente y los derechos humanos —como la energía distribuida— y continúa priorizando el uso de combustibles fósiles. De hecho, en 2022, México produjo 63% más de energía a base de carbón, en comparación con 2021. Por lo expuesto hasta aquí, el Congreso de la Unión tiene únicamente un curso de acción para cumplir en su totalidad con el mandato constitucional: emitir una legislación que asegure la eliminación gradual y no regresiva del uso del carbón en la generación de energía eléctrica. Al hacerlo, contribuirá además a que el país honre su cuota de responsabilidad en los esfuerzos mundiales para frenar la explotación y quema de carbón en favor de sistemas energéticos basados en fuentes renovables no convencionales, sostenibles en el tiempo, respetuosos del ambiente y de las personas.
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Financiamiento climático: Preguntas y respuestas
La crisis climática no conoce fronteras y sus impactos afectan a personas, ecosistemas y especies de todo el mundo. Afrontar esta crisis mundial exige transformaciones profundas e innovadoras en todas las facetas de la vida humana: la producción de energía, alimentos y otros bienes; el diseño y construcción de infraestructura; el uso y gestión de hábitats terrestres, marinos y de agua dulce; el transporte de personas y productos; entre otras. Estos cambios sistémicos demandan recursos financieros e inversiones sólidas. Por ello, oímos una y otra vez que afrontar la crisis climática es costoso e implica financiamiento. Respondiendo algunas preguntas básicas, abordaremos a continuación los aspectos principales del denominado financiamiento climático. ¿Qué entendemos por financiamiento climático? La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) lo describe como el tipo de financiación local, nacional o transnacional empleado para apoyar e implementar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático con recursos financieros de fuentes públicas, privadas y alternativas. Estos recursos se definen como “nuevos y adicionales” y no pueden incluir aquellos comprometidos antes, por ejemplo, para la asistencia oficial al desarrollo. Para comprender mejor esta definición, podemos señalar que el financiamiento climático es aquel captado y utilizado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y mejorar los sumideros que las absorben, o que busca disminuir la vulnerabilidad, así como mantener e incrementar la resiliencia de los sistemas humanos y ecológicos ante los efectos negativos de la crisis climática. ¿Por qué el financiamiento climático es importante? Retomando el mensaje del Secretario Ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, en el Foro de Inversión Sostenible, “no podemos alcanzar nuestros objetivos climáticos sin financiamiento. Ya estemos hablando de la transición a las energías renovables, de mejorar la eficiencia energética o de proteger a las comunidades vulnerables de los efectos del cambio climático, todos estos esfuerzos requieren una inversión significativa”. El financiamiento climático tiene un efecto en todos los aspectos, desde las políticas nacionales hasta los cambios que ocurren a nivel local y que suponen diferencias concretas en la vida de las personas. “La financiación de la lucha contra el cambio climático trata, en última instancia, de lo que nosotros, como sociedades, valoramos: el mundo en el que queremos vivir y las vidas y dificultades que podemos salvar canalizando nuestro dinero para aumentar la resiliencia frente a los estragos del cambio climático”, dijo Stiell en su discurso. Financiamiento ¿de quién y para quién? Los impactos de la crisis climática son inversamente proporcionales a la responsabilidad en el problema. Los países históricamente responsables de los mayores niveles de emisiones de GEI suelen ser los menos afectados. Por ello, la CMNUCC aboga para que los países desarrollados, aquellos con más recursos económicos, ayuden financieramente a los países menos desarrollados y más vulnerables. De esto trata el principio de “responsabilidad común pero diferenciada y capacidades respectivas”, establecido en la Convención. De otro lado, el Acuerdo de París —tratado internacional legalmente vinculante y vigente desde noviembre de 2016— reafirma esta obligación de los países desarrollados, además de promover, por primera vez, las contribuciones voluntarias de otros Estados. Dispone además que los países desarrollados deben seguir liderando la movilización de la financiación para el clima a partir de una amplia variedad de fuentes, instrumentos y canales, teniendo en cuenta el importante rol de los fondos públicos, así como las necesidades y prioridades de los países en desarrollo. Es clave señalar que esta movilización de financiamiento debería representar una progresión con respecto a esfuerzos anteriores. ¿Qué mecanismos de financiamiento climático existen? Bajo la CMNUCC, existen tres mecanismos principales para que el financiamiento climático llegue a los países, creados con propósitos distintos y con alcances diferenciados: Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés): Otorga recursos financieros a países en desarrollo o con economías en transición para cumplir con los objetivos de los convenios y acuerdos ambientales internacionales. Maneja a su vez el Fondo Especial para el Cambio Climático y el Fondo para los Países Menos Desarrollados. Fondo de Adaptación: Creado como instrumento financiero para la adaptación y resiliencia en aquellos países que son parte del Protocolo de Kioto. Fondo Verde del Clima (GCF por sus siglas en inglés): Creado con el objetivo de financiar programas y proyectos de mitigación y adaptación orientados al desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima. Es la principal entidad multilateral de financiamiento climático a nivel mundial. ¿Cuánto financiamiento necesitamos? En el marco de las negociaciones climáticas de la ONU, en 2009, los países desarrollados se comprometieron a transferir a los países en desarrollo 100 mil millones de dólares anuales hasta 2020 (meta ampliada a 2025 en el Acuerdo de París). Pero este monto no se ha logrado. Por ejemplo, en 2016 solo se alcanzaron 58.5 miles de millones de dólares y aunque el monto aumentó significativamente para 2019, únicamente se alcanzaron 79,6 miles de millones de dólares. En ese sentido, para cumplir el objetivo de emisiones netas cero para 2050, la organización Climate Policy Initiative estima que se necesita un financiamiento global de 4.35 trillones (millones de billones) de dólares para 2030, cuando en 2020 sólo fue de 632 mil millones de dólares. ¿Cuáles son hoy los principales retos del financiamiento climático? El reto principal, como vimos, es la necesidad de un incremento sustancial de los flujos de financiamiento. Otro desafío clave es medir y rastrear este tipo de financiamiento, que no está sujeto a una definición universal común. En esa misma línea, dado que el compromiso de los países desarrollados ante la ONU no contempla directrices oficiales sobre qué actividades cuentan como financiamiento climático, es difícil garantizar que el dinero no se contabilice dos veces o que se destine a esfuerzos que realmente ayuden a reducir el calentamiento global y sus impactos. También está la necesidad de equilibrar la asignación de fondos de manera más equitativa entre las actividades de mitigación y de adaptación, así como las relacionadas con las pérdidas y daños que ya sufren comunidades en todo el mundo. En 2020, 90% del financiamiento mundial fue destinado a mitigación, solo 7% a proyectos de adaptación y 3% para actividades duales. Por otro lado, es importante que el financiamiento canalizado no resulte en afectaciones humanas o al ambiente, como suele suceder cuando existen grandes inversiones en las que no se implementan procesos adecuados de consulta y participación. Un proyecto de energía, por renovable y limpio que sea, puede acentuar desigualdades y vulnerabilidades si está mal planificado o si es diseñado sin la participación de las comunidades locales. Finalmente, se debe considerar que, aunque se destine mucho dinero para enfrentar la crisis climática, al mismo tiempo continúan y se incrementan en el mundo los negocios que promueven la dependencia de los combustibles fósiles y que nos mantienen en un sistema económico depredador e injusto que perpetúa el extractivismo como modo de desarrollo. Esto, por supuesto, contrarresta los avances que podamos lograr en favor del ambiente y de las comunidades. Lo cierto es que no basta una cantidad específica anual de financiamiento climático, lo que realmente necesitamos a estas alturas es que todo el dinero movilizado aporte a la regeneración del planeta y a resolver la crisis ambiental y climática mundial, no a exacerbarla. En AIDA hacemos seguimiento al financiamiento climático que llega a la región porque entendemos la importancia que tiene para incrementar las posibilidades que tenemos como humanidad de construir un futuro donde podamos vivir bien y en armonía con el ambiente. Entendemos también que los problemas que muchas veces causa el financiamiento mal diseñado se deben a una falta de conexión entre los espacios de toma de decisiones y los territorios que sufren los embates de la crisis climática y donde se proponen proyectos para superarlos. En ese sentido, AIDA intenta construir un puente entre esos dos mundos, motivando a las organizaciones de la región a estar activas, hacer seguimiento a los proyectos y a participar en las decisiones. Solo así podremos lograr que los escasos fondos climáticos no solo existan, sino que también alcancen su mayor potencial hacia el cambio de paradigma que necesitamos. Únete al grupo “Observatorio del Fondo Verde del Clima para América Latina y el Caribe”, un esfuerzo conjunto para hacer un mejor seguimiento al mayor fondo climático del mundo.
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Una acción climática para descarbonizar la energía y la economía
Texto publicado originalmente en La Silla Vacía Frente al incumplimiento de sus compromisos climáticos respecto al sector carbón, Colombia tiene hoy la oportunidad de ser un ejemplo para la región en materia de transición energética justa. Para ello, debe establecer políticas de corto, mediano y largo plazo encaminadas a la identificación, prevención y gestión de impactos climáticos generados por la cadena de este sector; así como a la salida responsable y al cierre progresivo de la minería de carbón con un enfoque de derechos humanos. La extracción, el transporte, la quema y la exportación de carbón para generar energía son una causa importante de la crisis climática y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Siendo el quinto exportador mundial de carbón, el país no es ajeno a esta situación. Tras ser exportado, el carbón colombiano es empleado como fuente fósil de energía en otros rincones del mundo, pero esas emisiones no son tenidas en cuenta en ninguno de los inventarios o informes nacionales en materia de cambio climático. Esto evidencia la responsabilidad del Estado en el agravamiento de la crisis climática pues los impactos de la quema de carbón en cualquier parte del mundo son globales. Un primer paso es reconocer los impactos generados por toda la cadena del carbón, que en este caso han sido subestimados. Los compromisos climáticos del país en materia de mitigación y de adaptación no incluyen los impactos de la cadena del sector carbón. De manera paralela, en los últimos cinco años, Colombia propuso un modelo de expansión de la cadena de explotación del mineral sin considerar las consecuencias en el clima, las personas y los ecosistemas. Aunque actualmente se está discutiendo el rol del carbón, este modelo dejó instaurada una política de ampliación de este sector económico que podría agravar los problemas generados. Si bien el carbón es el mineral que más aporta a la economía nacional, los niveles de pobreza de los departamentos donde se realiza el 90% de la extracción mediante minería a gran escala —La Guajira y Cesar— superan el promedio nacional. Están entre los departamentos con mayor tasa de pobreza y muertes infantiles por desnutrición, siendo comunidades afrocampesinas e indígenas, principalmente del pueblo Wayúu, las más afectadas. Gran parte de la extracción ocurre en El Cerrejón, la mayor mina de carbón a cielo abierto de América Latina. Su operación y crecimiento desde hace casi 40 años han traído la destrucción de ríos, arroyos y ecosistemas endémicos como el bosque seco tropical; contaminación del aire con graves consecuencias para la salud; así como violaciones continuas a los derechos de poblaciones y pueblos en La Guajira. El panorama descrito exige mejorar los controles de los procesos de la cadena del carbón, así como planificar e implementar una estrategia razonable y progresiva que incorpore estándares internacionales para dejar el carbón bajo tierra y cumplir los compromisos climáticos del país. El momento no puede ser más oportuno. Existe un debate nacional acerca de la transición energética, de cómo hacerla justa y de cuál será el rol del carbón y de los combustibles fósiles. La respuesta de la ciencia es clara. En su más reciente informe, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) reiteró que el 80% de las reservas de carbón deben quedarse bajo tierra y que en 2050 el uso de carbón para la generación eléctrica debe reducirse en su totalidad para evitar una elevación catastrófica de la temperatura promedio del planeta. Ante la necesidad de favorecer las condiciones para generar una descarbonización progresiva de la economía y del sistema energético nacional, una coalición de organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento y universidades presentó el 4 de mayo una acción de cumplimiento dirigida a que el Estado —concretamente el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales— incorpore los impactos generados por toda la cadena productiva del carbón en la política pública y medidas concretas orientadas a la mitigación y adaptación a la crisis climática. Las entidades en cuestión deben adoptar las medidas necesarias para reducir las vulnerabilidades sociales y climáticas dentro de sus estrategias de mitigación y adaptación. La acción judicial evidencia la relación del sector carbón con la crisis climática, el rol y la responsabilidad de Colombia como gran exportador de carbón; que la política climática nacional no incluye los impactos generados por dicho sector, sino únicamente los que el cambio climático podría generar en la operatividad normal de la cadena del carbón; y que los instrumentos de control y gestión ambiental del sector carbón no incorporan consideraciones climáticas. El papel del país en la extracción y uso de carbón, así como en sus afectaciones sociales y ambientales a nivel nacional y mundial, está claro. También lo es la responsabilidad del Estado colombiano en los esfuerzos mundiales para frenar la explotación y quema de carbón en favor de sistemas energéticos y sociales más sostenibles, respetuosos del ambiente y de las personas. Promover el debate en torno a este tema es más que urgente.
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Los dilemas de una transición energética justa
La humanidad tiene una tarea urgente por delante: transformar los sistemas energéticos para generar energía sin seguir atiborrando la atmósfera de gases y contaminantes que la calientan. Es un hecho comprobado por la ciencia. De no hacerlo, nuestro planeta ya no será un albergue seguro para la humanidad ni para muchas otras especies. El problema es que la necesaria transición está muy lejos de ser simple. Además de lo difícil que resulta cortar la dependencia en los combustibles fósiles que nos han dominado por siglos, resulta que no cualquier transición sirve. No se trata solo de dejar de quemar dichos combustibles, sino que debemos considerar muchos otros factores, incluso más allá de lo energético, para salir de un modelo de desarrollo que por siglos ha estado separando a la humanidad entre ganadores y perdedores, vulnerando además los derechos humanos. ¿Qué es entonces la transición JUSTA? No existe actualmente un concepto único sobre lo que significa que la transición energética sea justa. En AIDA consideramos que, para ser justa, la transición debe ser equitativa e inclusiva y reconocer que los impactos del cambio climático y de la necesaria transición no se distribuyen de manera uniforme. Así, ciertos grupos —como quienes trabajan en los sectores energéticos tradicionales y/o las comunidades marginadas— pueden verse afectados desproporcionadamente. Para vislumbrar el problema, vale la pena entender que la humanidad sufre hoy varias crisis —todas interconectadas— que afectan la vida y bienestar de las personas, sobre todo de quienes se encuentran en condiciones más vulnerables. La emergencia climática, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, las pandemias globales y las crisis democráticas son algunas de ellas. Y en el centro de todo está la desigualdad social, esa brecha cada vez mayor entre ricos y pobres que genera disparidades en todos los aspectos, incluyendo el acceso a la salud, a la educación y a las oportunidades económicas. Estas crisis están interconectadas y se refuerzan mutuamente. Las respuestas a una pueden contribuir a resolver otras, pero también pueden agravarlas. Por ejemplo, cuando la transición a fuentes de energía limpia no solo ayuda a combatir el cambio climático, sino que también reduce la contaminación del aire y mejora la salud pública, estamos resolviendo dos problemáticas en una. Un ejemplo en el sentido contrario ocurre cuando una transición rápida y sin control a la movilidad eléctrica resulta en la extracción agresiva de minerales raros como el litio, que proviene de ecosistemas frágiles de los que dependen comunidades locales. Entonces, ¿por dónde empezamos? Para asegurar una transición justa debemos guiarnos por los principios de justicia, equidad e inclusión, así como garantizar que las poblaciones en condiciones más vulnerables no se vean afectadas desproporcionadamente. Ya lo decía Naomi Klein en su libro Esto lo Cambia Todo: para abordar la crisis climática debemos entender que el cambio climático no es solo un problema ambiental, sino también de derechos humanos. La transición energética justa requiere no solo terminar con la quema de combustibles fósiles, sino también abordar la desigualdad económica, incluir la perspectiva de género, fortalecer las redes de seguridad social, proteger los derechos de los/as trabajadores/as, respetar los derechos de los pueblos indígenas, empoderar a las comunidades para que participen en las decisiones que afectan sus vidas, así como reparar a quienes han sido afectados por el actual modelo económico y energético. ¿Y qué rol puede jugar el litigio? El litigio ya se está moviendo al ritmo de los dilemas de la transición energética. Así, hemos visto un aumento en los juicios que parecieran ir en contra de la transición energética, tales como demandas que impugnan proyectos de generación de energía renovable o regulaciones en favor de la transición, o que obstaculizan la transición de cualquier otra forma. Pero, ¿se puede decir que siempre son litigios “regresivos”? Un juicio para impugnar el permiso ambiental de un emprendimiento de generación eólica podría estar bloqueando la transición, pero no es necesariamente regresivo. Si se trata, por ejemplo, de un megaproyecto, a cargo de una empresa transnacional que exportará toda la energía generada sin beneficiar a las comunidades locales, y si además pretende emplazarse en tierras indígenas sin participación local, entonces se trata de un proyecto orientado a una “transición injusta” que no nos sirve porque refuerza el mismo modelo, aquel nos tiene tan mal encaminados. A este tipo de casos se refiere el informe Litigio por la Transición Justa en América Latina, publicado en enero de 2023 por el Centro Sabin para el Derecho del Cambio Climático de la Universidad de Columbia, traducido al español por AIDA. El informe cuestiona el propósito del litigio por la transición justa, preguntándose si fomenta o por el contrario obstruye una transición energética y resiliente al clima. Al respecto, sus autores/as concluyen que los litigios de este tipo no pueden calificarse del todo como regresivos o no regresivos en relación con la transición. Como tal, consideran que el litigio por la transición justa debe verse y entenderse como una nueva categoría de litigio climático, con fundamentos propios y diversos. El tema permite reflexionar en torno a la complejidad de la tan anhelada transición. Ante este tipo de dilemas, en AIDA optamos generalmente por analizar cada caso, sin casarnos con una postura dogmática. Pero una constante y, en ese sentido, un valioso punto de partida es que todo lo que se lleve adelante en favor de la transición energética —sean proyectos, políticas o acciones— debe tener un enfoque fuerte y decisivo en el ambiente, los derechos humanos y de género. Sin eso no hay justicia; y sin justicia no hay remedio ni solución. Entonces creemos que el litigio sí tiene un rol, no solo en que la transición se lleve a cabo, sino también en que sea justa. La imperiosa necesidad de cambiar nuestros sistemas energéticos es también una oportunidad de construir un nuevo sistema que, a diferencia del que hoy reina, nos una y sea para todas las personas y seres vivos del planeta. Seguiremos entonces usando la herramienta del litigio para impugnar intentos de transición que busquen enfrascarnos en más de lo mismo.
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El arrecife veracruzano y la oportunidad de cambiar la realidad
Texto publicado originalmente en Animal Político. El arrecife veracruzano o Sistema Arrecifal Veracruzano —el más grande del Golfo de México— es protagonista de la historia y cultura del país. Este sitio de anidación de peces y larvas sirve de barrera protectora contra tormentas y huracanes, constituye la fuente de subsistencia de cerca de 15,000 personas dedicadas a la pesca y atrae al turismo de buceo y snorkel, entre otros servicios ambientales. Ello motivó a dos personas residentes de Veracruz, representadas por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, a presentar una demanda judicial para proteger su derecho humano al medio ambiente sano en 2016, argumentando que la evaluación de impacto ambiental fragmentada de la ampliación del puerto de Veracruz impedía conocer las afectaciones a los arrecifes coralinos del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV). Fue hasta febrero de 2022 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por unanimidad, en su sentencia 54/2021, que los permisos ambientales para el proyecto son ilegales. El fallo obliga a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) evalúe de nuevo y exhaustivamente la totalidad de las obras que conlleva la ampliación portuaria, use la mejor información científica disponible e identifique los impactos de las obras en los ecosistemas de la zona. También ordena elaborar planes de restauración y requerir peritajes internacionales. En diciembre de 2022, en su oficio SRA/DGIRA/DG-06257-22, la SEMARNAT autorizó nuevamente la ampliación del puerto de Veracruz, haciendo caso omiso del criterio de la Suprema Corte; más grave aún, ignoró por completo las oportunidades de participación pública que dispone la propia legislación ambiental. En este sentido, parecería que la autoridad ambiental recopila las autorizaciones fragmentadas en una sola para “simular” un cumplimiento de la sentencia. En esta fase del proceso judicial, el Quinto Juzgado de Distrito del Séptimo Circuito –que está a cargo de determinar si la sentencia se cumplió o no– tiene la oportunidad de confirmar que la reciente autorización de impacto ambiental desacata los criterios establecidos por la Suprema Corte. El tribunal tiene en este momento la enorme responsabilidad de hacer que la sentencia 54/2021 transforme la realidad social y ambiental. De no ser así, permitiría que sea solamente una decisión judicial con estética argumentativa en papel. El fallo considera la posibilidad de requerir asistencia técnica internacional. En particular, el Secretariado de la Convención Ramsar —tratado intergubernamental para la protección de humedales de importancia internacional como el arrecife veracruzano— puede brindar apoyo especializado al gobierno mexicano para realizar esa evaluación de impacto ambiental, pero únicamente ante una solicitud específica de la propia autoridad ambiental. Esta petición gubernamental constituiría un buen gesto de la voluntad política para el cumplimiento de la sentencia en cita. En conclusión, el fallo histórico 54/2021 y su ejecución representan la gran oportunidad de México para generar un parteaguas en la evaluación de impacto ambiental y en la aplicación efectiva de la ley. En el marco del Día Mundial de los Océanos, la reflexión es que tanto las autoridades como la sociedad civil no nos conformemos con el consuelo de una sentencia protectora, sino que realmente actuemos en consecuencia para garantizar una protección real para los arrecifes coralinos de Veracruz.
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Explotación de hidrocarburos offshore: Resistencia a una amenaza creciente en América Latina
La exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera o aguas afuera (offshore) está expandiéndose en América Latina y el Caribe como parte de una estrategia gubernamental y empresarial que implica la continuidad de la industria del petróleo y del gas, combustibles fósiles cuyo uso agrava la crisis climática mundial. El avance de la actividad offshore de hidrocarburos implica también riesgos de daños graves para el océano, el mayor regulador climático del planeta, así como para la vasta biodiversidad que alberga y para los modos de vida de comunidades costeras. A nivel mundial, las reservas de hidrocarburos costa afuera representan el 30% del total y se concentran en aguas superficiales de hasta 125 metros, según investigaciones académicas. Los principales productores son Estados Unidos, México, Noruega, Brasil y Arabia Saudita. Estos países representan el 43% del total mundial. La expansión actual de la actividad en la región se desarrolla hacia extremos con mayor complejidad ambiental, en aguas ultra profundas, con pozos que superan los 1.500mts de profundidad. La autorización de nuevos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera profundiza la dependencia del uso de combustibles fósiles y promueve su permanencia. Esta expansión representa un retroceso frente a las acciones urgentes que el mundo requiere actualmente para evitar un calentamiento global con consecuencias catastróficas. Constituye además un obstáculo para la transición hacia sistemas energéticos sostenibles, basados en fuentes renovables y respetuosos del ambiente y de las personas. Sin embargo, existen en la región casos que evidencian una resistencia colectiva —también en aumento— al avance ciego de los proyectos de hidrocarburos en el mar. Con ayuda del litigio estratégico y del ejercicio de la participación ciudadana, estos casos representan la oportunidad de sentar precedentes importantes a nivel nacional e internacional para la protección del ambiente, el clima y los derechos humanos frente a los daños de la explotación de hidrocarburos costa afuera. La defensa del Mar Argentino En mayo de 2019, la Secretaría de Energía adjudicó a varias empresas un total de 18 áreas (225.000 km2 de superficie) del Mar Argentino —sector del Océano Atlántico Sudoccidental— para la búsqueda de gas y petróleo. En diciembre de 2021, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible autorizó el proyecto de exploración sísmica en tres de las áreas adjudicadas, ubicadas frente a la costa de la provincia de Buenos Aires, a unos 300 km de las playas de Mar del Plata, las más turísticas del país. El proyecto —a cargo de la empresa estatal noruega Equinor, la argentina YPF y angloholandesa Shell— incluye la realización de un pozo exploratorio. La decisión gubernamental ha sido cuestionada y rechazada por la comunidad científica y por las asambleas de varias ciudades costeras. En enero de 2022 —ante las amenazas para la biodiversidad, el clima y las economías locales de la prospección y posible explotación de hidrocarburos en la costa argentina—, grupos científicos y organizaciones ambientales presentaron ante un Juzgado Federal de Mar del Plata una demanda colectiva contra el Estado argentino, el Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Energía en la que solicitan la nulidad de la resolución que autoriza el proyecto de exploración sísmica y el proceso mediante el cual se licitaron las 18 áreas del Mar Argentino. A ello se sumaron protestas en las calles y otras acciones que engrosaron una batalla judicial que no ha terminado. En febrero de 2022, el juzgado suspendió temporalmente la exploración sísmica a través de una medida cautelar. Pero, en diciembre de ese año, la Cámara de Apelaciones levantó la suspensión. Esa decisión fue apelada ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no se ha pronunciado al respecto. Moratoria en riesgo en Belice En octubre de 2017, el gobierno de Belice estableció mediante ley una moratoria permanente a la actividad petrolera en su zona marítima. Ello ocurrió luego de que, en 2012, en un referéndum informal organizado por grupos ambientales, el 96% de las personas participantes se declarara en contra de la actividad petrolera; y de la indignación global que en octubre de 2016 generó la decisión del gobierno de permitir pruebas sísmicas de exploración petrolera a tan solo un kilómetro de distancia de la Barrera de Coral de Belice, uno de los ecosistemas más diversos del mundo. Sin embargo, la explotación de hidrocarburos offshore todavía es un riesgo para el país caribeño. En 2022, el Primer Ministro manifestó la voluntad del gobierno de permitir la exploración sísmica sin levantar la moratoria. Frente a ello organizaciones dedicadas a la protección ambiental buscan reforzar la prohibición obligando a realizar un referéndum para decidir si se levanta o no la moratoria. Victoria judicial en Guyana De otro lado, en Guyana, desde principios de la década de 2000 han surgido informes sobre descubrimientos de grandes reservas de petróleo y gas en el mar, en la llamada cuenca Guyana Surinam. Guyana ha sido el país sudamericano con los descubrimientos más grandes de reservas petroleras en la última década y ha decidido expandir sus reservas gasíferas. La producción de gas offshore en Guyana también ha sido objeto de controversia debido a preocupaciones ambientales y de seguridad. Recientemente, una decisión judicial rechazó el intento de la multinacional ExxonMobil y del gobierno de disolver el compromiso escrito que obliga a la empresa a correr con todos los gastos de limpieza, restauración y compensación de daños por cualquier derrame de petróleo en sus operaciones en alta mar. El juez del caso determinó que ExxonMobil está violando el permiso otorgado al proyecto Liza 1 —el cual exige presentar garantías financieras en caso de derrames y accidentes— y que los reguladores ambientales de Guyana no están haciendo cumplir las condiciones de la autorización. Defensa de la biodiversidad y el clima Llevar a cabo proyectos de exploración y/o explotación de hidrocarburos en el mar puede implicar la vulneración de compromisos internacionales, entre ellos los asumidos por los Estados bajo la Convención de Diversidad Biológica, la Convención sobre Derecho del Mar de la ONU y la Convención sobre Especies Migratorias. La exploración sísmica en el mar genera sonidos de niveles muy superiores a los naturales. Muchos de ellos se solapan con los rangos de audición y vocalización de especies marinas (mamíferos, tortugas, peces, aves buceadoras y otras). Ello puede causar lesiones graves, efectos físicos y fisiológicos a largo plazo e incluso la muerte. Así lo explica Pablo García Borbroglu, experto y líder de la organización Global Penguin Society, quien afirma que la actividad puede derivar además en una reducción de la actividad pesquera. Los impactos de la actividad no se limitan al área explotada, sino que afectan a todo el mar y a todas las especies que lo habitan, agravando la situación de un elevado número de especies bajo amenaza o en peligro de extinción. La expansión de esta industria significa además el incumplimiento de los compromisos de países de la región de reducir sus emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, así como de adoptar medidas orientadas al manejo de ecosistemas clave como el marino, contenidos en la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. Los casos descritos, que han sumado múltiples y diversas voces, tienen el potencial de establecer precedentes que obliguen a que los Estados se hagan responsables de las posibles consecuencias ambientales y sociales de avalar industrias nocivas como la de hidrocarburos costa afuera. Constituyen oportunidades clave para que los tribunales y otros órganos de toma de decisiones generen precedentes ejemplares para el hemisferio en materia de protección del ambiente y los derechos humanos, especialmente frente a la crisis climática y de biodiversidad que atraviesa el mundo.
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Biodiversidad y lenguas indígenas: Una sola riqueza que proteger
Cuando perdemos palabras, no sabemos nombrar lo que vemos. Y si lo que vemos desaparece, ¿qué hacemos con las palabras que usábamos? “Las palabras que no se usan, se olvidan”, escribe la joven ensayista Laura Sofía Rivero. “Decimos árboles porque no podemos precisar qué se alza ante nosotros entre toda esa extensa categoría”. ¿Por qué perdemos esas palabras? Hay razones políticas, históricas, económicas y educativas complejas que han derivado en lo que la lingüista Yásnaya Aguilar —del pueblo ayuujk en Oaxaca, México— ha calificado como una “muerte masiva” de las lenguas. Hoy las especies y estilos de vida que merecen palabras únicas están desapareciendo y quienes conocen esas palabras también se desvanecen. La pérdida de unas se relaciona con la pérdida de las otras. La velocidad en la que desaparecen las especies y las lenguas se ha acelerado desde inicios del siglo XX. Aunque hay toda una discusión científica para acordar una tasa de pérdida anual de biodiversidad, pues hay muchas variables que quedan fuera, sí hay el gran consenso de que estamos entrando a una sexta extinción masiva. Lo mismo podría decirse de las lenguas. La UNESCO estima que una lengua se extingue cada dos semanas, lo que implica que 3.000 lenguas, en su mayoría indígenas, podrían perderse antes de finalizar este siglo. Y aquí es donde la biodiversidad y la diversidad lingüística se encuentran. En las zonas más biodiversas del planeta se habla el 70% de las lenguas existentes: 4.800 de las 6.900 que se hablan en todo el mundo. En América Latina, el 80% de las áreas naturales abarcan o convergen con territorios habitados por pueblos indígenas. Un dato, tan sorprendente como alarmante, es que 3.202 lenguas —casi la mitad de todas las que existen— se ubican en solo 35 hotspots de biodiversidad, lugares que requieren nuestra atención y acción inmediata. Un hotspot (punto caliente o punto crítico) de biodiversidad es una región que alberga 1.500 especies como mínimo y que ha perdido al menos el 70% de su hábitat. La destrucción del hábitat desata una cadena de impactos que van desde los daños a los ciclos ecológicos hasta cambios drásticos en la vida de quienes habitan esas zonas. Y, para hacer algo, necesitamos comprender la interconexión de todos los elementos que conforman la riqueza biocultural. ¿Qué estamos perdiendo con las lenguas? Las palabras nacen porque hay frutos, plantas, partes de ellas y animales que necesitan ser nombradas. Hay riqueza de sonidos y reglas, donde la abundancia de vida es la norma y hay diferentes estilos de vida y de organización social. Yásnaya Aguilar** tiene un ejemplo para ello: en matlatzinca –hablada en el centro de México–existen cuatro “nosotros”, en mixe (ayuujk) son dos y en español, uno. La biodiversidad y riqueza de las palabras es fácil entender cuando hablamos de comida, como pasa con el maíz, el grano esencial y básico en la alimentación mesoamericana. Para empezar, es reveladora la historia de la palabra mahis, cuyo origen es taíno, una lengua ya extinta que se hablaba en lo que ahora es Haití y República Dominicana. Cada etapa del cultivo del maíz y las formas de procesarlo han merecido su propio nombre en las culturas del continente. Por ejemplo, en la variante xhon del zapoteco* –lengua hablada en las montañas de Oaxaca, al sur de México— a la planta se le refiere como xhu’a, al elote se le llama za (cuando está cortado y fresco) y, cuando ya es mazorca, yez. En náhuatl, la lengua originaria más hablada en México, hay una designación semejante. La comida es un indicador de la pérdida de la biodiversidad. Siendo que hay más de 30.000 especies de plantas que se pueden comer, solo cultivamos alrededor de 150 y casi todas las calorías que se consumen en el mundo provienen de 30 especies. Muchas lenguas tienen palabras únicas para alimentos (especies) únicos que ni siquiera hemos visto. Imaginemos qué delicias puede haber ocultas en las 420 lenguas distintas que hablan los 522 pueblos indígenas que habitan en América Latina. Estamos perdiendo un entendimiento de los sistemas que sustentan la vida en el planeta. El reconocimiento de los pueblos indígenas como guardianes de la biodiversidad y generadores de conocimiento empírico es muy reciente en la ciencia y la cultura occidental, que no quiere decir que antes no haya sido válido. En varias secciones del informe más reciente del IPCC se incluye la importancia de este conocimiento como elemento clave para la preservación y adaptación en medio de las crisis ambientales que enfrentamos. El conocimiento existe, pero por siglos se rechazó dialogar con él. Entender para proteger Hace ya unos años, investigadores proponen estudiar en conjunto tanto la diversidad biológica como lingüística y cultural debido a la estrecha relación que tienen. De ahí que la UNESCO introdujo el término “diversidad biocultural”. Pero, para protegerla, hay que entender su complejidad. Lo que beneficia a la biodiversidad en los territorios indígenas es absolutamente necesario para enfrentar las crisis ambientales. Datos de la FAO demuestran que: Los territorios de los pueblos indígenas en América Latina almacenan más carbono que todos los bosques de Indonesia o del Congo, los países con más bosques tropicales después de Brasil. En los territorios indígenas Tacana y Leco Apolo de Bolivia se hallan dos tercios de todas sus especies de vertebrados y 60% de sus especies vegetales. Cerca del 35% de los bosques de América Latina se encuentran en zonas habitadas por pueblos indígenas. Más del 80% de la superficie habitada por pueblos indígenas está cubierta de bosques. En general, los territorios indígenas reportan tasas considerablemente menores de deforestación. Lamentablemente, para Brasil, este dato no es igual. La cuenca amazónica lleva años amenazada por diferentes actividades extractivistas, que fueron respaldadas por el gobierno anterior. Particularmente, donde la minería ilegal se ha instalado, la deforestación aumentó 129% desde 2013. Esta situación no se detiene ahí, se refleja en la gravísima crisis humanitaria que recién se declaró para el pueblo Yanomami o la situación de inseguridad que se reveló con el asesinato en medio del Amazonas del activista por los derechos de los pueblos Bruno Pereira y el periodista Dom Phillips. Entonces, hablar de proteger la biodiversidad y la diversidad lingüística se convierte en hablar de la defensa del territorio y de personas defensoras del ambiente; del acceso a la justicia, a la capacitación y de la creación de políticas que realmente integren y contemplen la complejidad de sistemas de vida diversos. * Un agradecimiento especial por el ejemplo en zapoteco xhon a Ezequiel Miguel, del podcast Proyecto Jaguar que explora los elementos identitarios de las comunidades indígenas. ** Para comprender más acerca de la preservación de la lengua como una acción por la defensa del territorio, recomiendo leer Ää: manifiestos sobre la diversidad lingüística, de Yásnaya Aguilar, en Editorial Almadía.
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