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December 21 2021 Minería, Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

5 logros del movimiento ambiental en 2021

En todo el mundo se observan movimientos impulsados desde la sociedad civil que son cada vez más fuertes y cuyas voces se escuchan en los espacios de toma de decisiones. Así, cada una de estas acciones que nacen en lo local se unen hacia una meta común que traspasa fronteras: la protección del ambiente y de las personas. Las exigencias llegan hasta las altas instancias donde las decisiones adoptadas no solo afectan al movimiento que las originó, sino que generan precedentes para el resto. Por eso, hacemos un recuento de cinco logros obtenidos este año en el mundo por el movimiento ambiental del que somos parte, los cuales están abriendo camino para la rendición de cuentas, la protección de los derechos humanos y la dotación de nuevas herramientas jurídicas y de otro tipo para fortalecer la lucha conjunta. 1. El Acuerdo de Escazú entra en vigor Celebramos el Día de la Tierra (22 de abril) con la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, el primer tratado sobre derechos ambientales de América Latina y el Caribe y el único en el mundo que consagra la protección de las personas defensoras ambientales. Escazú es el primer acuerdo regional que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, necesario para facilitar el trabajo y proteger la vida de las personas defensoras. Además, reconoce la necesidad de medidas de protección para comunidades en situación vulnerable. Con la ratificación de Argentina y México, se consiguieron las adhesiones necesarias para este gran avance. El acuerdo es también resultado de muchos años de trabajo desde la sociedad civil, sector que impulsó el desarrollo del Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que es clave para garantizar el derecho humano a un ambiente sano y sostenible. Ahora que ya entró en vigor, necesitamos que los países integren las responsabilidades que Escazú establece en sus sistemas internos para que las personas defensoras y las comunidades puedan usar el acuerdo a su favor y, entonces, sea realmente efectivo. 2. Corte ordena a Shell reducir sus emisiones a casi la mitad En un fallo histórico y de gran importancia en la lucha ciudadana por la justicia climática, el Tribunal del Distrito de La Haya ordenó que la empresa angloholandesa Shell reduzca sus emisiones en 45% para 2030. En el veredicto se dispone, por primera vez, que una empresa y sus subsidiarias deben alinear sus políticas con las metas globales de reducción de emisiones, como las estipuladas en el Acuerdo de París. Esta decisión es un precedente mundial al que se llegó gracias a la demanda presentada por varias organizaciones de la sociedad civil y por más de 17 mil ciudadanas y ciudadanos holandeses. El objetivo central de la demanda no era obtener una compensación financiera por los daños, sino obligar a la petrolera a reducir sus emisiones. Este caso abrió la discusión acerca de la responsabilidad de las empresas en el cambio climático y, además, fue pionero en utilizar los principios rectores de la ONU acerca de las empresas y los derechos humanos. Niels Hazekam, Asesor Principal de Políticas en Both Ends, una de las organizaciones que participó en la demanda, nos contó los detalles del litigio contra Shell en este webinar. Esta victoria representa un gran paso hacia el uso de los sistemas judiciales como herramientas para avanzar en la justicia climática, con grandes posibilidades de ser replicado en otras partes del mundo, incluyendo América Latina. 3. Tribunal internacional reafirma protección ambiental en Costa Rica Es legítimo que un país se declare libre de minería a cielo abierto como objetivo para proteger el ambiente. Así lo declaró el tribunal arbitral del CIADI, del Banco Mundial. El caso tiene su origen en el arbitraje que la minera Infinito Gold interpuso en contra de Costa Rica. La minera exigía el pago de 400 millones de dólares como indemnización por las ganancias no percibidas cuando el país anuló su concesión de explotación de minerales. AIDA advirtió al gobierno costarricense de las amenazas que el proyecto propuesto por Infinito Gold, Crucitas, tendría en el ambiente y los derechos humanos. En 2008, el gobierno emitió un decreto declarando el proyecto de interés. Y, en 2011, la Corte Suprema confirmó la decisión de declarar al proyecto Crucitas ilegal. La minera, inconforme con esa decisión, pidió el arbitraje internacional y la indemnización. Este año, el CIADI concluyó que Costa Rica no tendrá que pagar dicho monto y aclaró que el país no negó a la empresa el acceso a la justicia local. La decisión es un avance importante ante la creciente intención de las empresas por demandar a los países que deciden proteger sus ecosistemas. 4. La ONU reconoce el derecho humano a un ambiente sano El 8 de octubre, en un día histórico y crucial para el futuro del planeta, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoció que todas las personas tenemos el derecho humano a un ambiente seguro, sano, limpio y sostenible. Costa Rica, Eslovenia, Maldivas, Marruecos y Suiza lideraron los esfuerzos al interior del Consejo en la última etapa de una larga lucha, junto con miles de organizaciones, movimientos, empresas y personas defensoras que se unieron a #HealthyEnvironmentForAll. Compartiendo cartas e invitando a la sociedad civil de todo el mundo, lograron mostrar el interés legítimo por reconocer este derecho. Cabe decir que este hito en la historia del derecho ambiental internacional es resultado de casi 50 años de trabajo de miles de personas que, desde la Declaración de Estocolmo en 1972, han sentado las bases para este día. También el 8 de octubre, el Consejo estableció la creación de una nueva Relatoría Especial para promover los derechos humanos en el contexto de cambio climático. Fue la respuesta a una demanda de la sociedad civil en la que AIDA fue punto de encuentro y coordinación a nivel de América Latina para movilizar esta decisión. 5. Caso de contaminación llega a la Corte Interamericana Después de más de 15 años, el caso de violaciones a derechos humanos por contaminación ambiental en La Oroya, Perú, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la primera vez que un caso de contaminación del aire causada por actividades empresariales en un contexto urbano llega a la Corte. La Comisión Interamericana presentó el caso ante la Corte tras establecer la responsabilidad internacional del Estado y como respuesta a la petición de un grupo de personas expuestas crónicamente a metales pesados provenientes del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú, representadas por AIDA y sus aliados. Las personas afectadas recurrieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque a pesar de que el Tribunal Constitucional peruano dispuso en 2006 medidas urgentes para la protección de sus derechos, el Estado no las acató. La presentación del caso ante la Corte representa también una gran oportunidad para restablecer los derechos de las personas afectadas. ¡Conoce más y lee sobre las principales victorias de AIDA en nuestro Informe Anual 2021!

December 15 2021 Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce, Transparencia y Rendición de Cuentas, Cambio Climático

Tres historias de justicia ambiental y climática

Frente a los desafíos cada vez más grandes a los que nos enfrentamos debido a la degradación del ambiente y la crisis climática, la fuerza de la lucha conjunta demuestra que es posible garantizar un ambiente sano y un futuro sostenible para todas las personas. Este año, AIDA consiguió avances importantes en ese camino, de la mano de comunidades y de aliados en la región. Las historias a continuación hablan de logros que nos acercan a la justicia ambiental y climática que necesitamos con urgencia y por la que trabajamos cada día. Son historias de éxito y de esperanza que nos inspiran a seguir avanzando con más fuerza. 1. Mujeres mayas empujan al BID a la rendición de cuentas En Guatemala, bajo nuestro asesoramiento y con el apoyo de aliados locales e internacionales, la lucha de mujeres mayas por defender su agua y su territorio hizo historia. Lograron que la oficina de rendición de cuentas del Grupo del BID reconozca los daños ocasionados por dos represas financiadas por el BID Invest y abra la posibilidad de que el banco retire su inversión de manera responsable. Conoce Más 2. Un fallo afianza la preservación de las áreas naturales protegidas La intención de grandes desarrolladores inmobiliarios de desmantelar el área de protección de flora y fauna Yum Balam, en el Caribe mexicano, se topó con la pared. La Suprema Corte de México sentó un precedente legal clave al determinar que el programa de manejo, fundamental para el aprovechamiento sostenible del sitio, es legal. AIDA contribuyó a defender a Yum Balam en los tribunales, así como a construir el programa de manejo. Conoce Más 3. La ayuda internacional llega a dos lagos altoandinos Junto con comunidades y organizaciones locales, AIDA impulsó la solicitud de apoyo técnico internacional para la recuperación de los lagos Poopó y Uru Uru en el altiplano boliviano, la cual fue finalmente formalizada por el gobierno. Ese apoyo, previsto para el próximo año, es vital para el rescate de estos ecosistemas, verdaderos sistemas de vida para la biodiversidad y para las comunidades indígenas y campesinas de la zona. Conoce Más ¡Encuentra estas historias y mucho más sobre el camino recorrido este año en nuestro Informe Anual 2021!

December 10 2021 Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce, Transparencia y Rendición de Cuentas

El día que la lucha indígena dio frutos en Guatemala

El 22 de septiembre de 2021 será una fecha icónica para los hombres y mujeres de la microrregión de Yich K’isis (Ixquisis), Guatemala, cuyas vidas cambiaron abruptamente por la construcción de las hidroeléctricas San Mateo y San Andrés, financiadas por el BID Invest. Ese día, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Grupo del BID dio la razón a la mayoría de sus reclamos, contenidos en la queja que presentaron tres años atrás. El informe final de la oficina de rendición de cuentas reconoce que el banco falló en verificar la información de la empresa responsable de los proyectos sobre la población afectada, ignorando la presencia de pueblos indígenas en la zona. Señala también que las mujeres y los impactos diferenciados que experimentarían no fueron considerados en ninguna de las fases de implementación de los proyectos, pasando por alto el rol que los ríos del lugar tienen en su cotidianidad y en sus formas de habitar el territorio. En el tema ambiental, esencial para las formas de vida de los pueblos indígenas, el MICI establece también incumplimientos, reconociendo que el “BID Invest no se aseguró de que los proyectos identificaran y delimitaran apropiadamente los hábitats críticos y las zonas reconocidas internacionalmente ni de que se establecieran los riesgos e impactos”. En cuanto al acceso a información de las comunidades, el banco “incumplió sus propias políticas operativas ya que en el desarrollo de los proyectos no se hicieron consultas significativas con las comunidades”, se lee en el documento. Los hombres y mujeres indígenas de Ixquisis recibieron el informe como un reconocimiento a lo que por años han venido denunciando. Junto con sus conclusiones, el MICI realiza también una serie de recomendaciones dirigidas a enmendar los errores cometidos por el banco en los proyectos San Mateo y San Andrés, así como a evitar que los repita en otros casos. En su última recomendación, el mecanismo de rendición de cuentas establece, por primera vez en la historia del BID, la posibilidad de que el banco se retire responsablemente de proyectos que financia. Para las comunidades de Ixquisis, esta recomendación representa la esperanza más certera de impulsar la restauración de sus vidas, transformadas bruscamente por la llegada de los proyectos. En efecto, desde que comenzó el trámite de queja ante el MICI, las comunidades han reclamado el cese del financiamiento a los proyectos. Siempre han visto como insostenible que proyectos que desconocen su existencia y generan tantos daños, algunos irreparables, sean financiados por una institución internacional cuyo mandato principal es promover el desarrollo. En los escenarios en los que pudieron expresar su sentir ante funcionarios del banco y del MICI, su petición fue certera: el banco no puede seguir financiando proyectos que han impactado sus vidas de formas tan severas e injustas y su salida debe ser responsable. Ello quiere decir que debe basarse en un plan construido con la participación efectiva de las comunidades y debe contemplar todos los daños causados en relación con las dinámicas y el tejido social, el aumento de la conflictividad, el desconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas y de sus derechos, las afectaciones al patrimonio cultural ancestral, los impactos diferenciados en las mujeres y la falta de prevención y consecuente degradación ambiental. El banco debe proponer ahora un plan de acción para dar cumplimiento al informe del MICI, una misión sin duda trascendental. Tiene la oportunidad histórica de enmendar sus errores y legitimar su actuar, honrar su mandato institucional de promover el desarrollo, respetar y reconocer a los pueblos indígenas y contribuir a que la microrregión de Ixquisis sea nuevamente el lugar donde hombres y mujeres indígenas desarrollen sus proyectos de vida en armonía con su comunidad y con la naturaleza.

December 08 2021 Océanos, Cambio Climático, Derechos Humanos

Los avances que la COP26 deja para el océano

Hubo mucha expectativa sobre si la vigésimo sexta versión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) seguiría la línea adoptada en la COP25 de diciembre de 2019, cuando el liderazgo de Costa Rica, Fiyi, Francia y las Islas del Pacífico, entre otros países, aseguró que el océano se convirtiera en un componente clave de la acción climática dentro de las negociaciones internacionales. Aunque el océano es cada vez más reconocido por su papel en la mitigación y adaptación al cambio climático, las actividades humanas continúan amenazando su salud. Se estima que su regeneración será posible solo con una drástica reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar la temperatura media del planeta a 1.5°C. En la COP26, realizada el mes pasado en Glasgow (Reino Unido), la presencia del océano en las negociaciones fue menor a la esperada. Aun así, se lograron grandes avances gracias al empuje de algunos países, organizaciones y movimientos sociales, como el de jóvenes y el de indígenas. A continuación, se detallan los logros más relevantes que resultaron de la COP26 en materia de océano y cambio climático: Gracias a la movilización de sectores que luchan por el tema océanico y a la presión de diferentes actores sociales, se logró que el preámbulo del Pacto de Glasgow mencione “la importancia de garantizar la integridad de todos los ecosistemas, incluidos los bosques, el océano y la criosfera […]”. Asimismo, el artículo 21 del documento final reconoce el papel de los ecosistemas marinos como sumideros de carbono y enfatiza la importancia de la protección, conservación y restauración de los ecosistemas terrestres y marinos en la reducción de gases de efecto invernadero. Es un gran paso que reafirma la estrecha relación entre el océano y el clima. La COP26 hizo un llamado a que los órganos constituyentes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático consideren vías para integrar y fortalecer un enfoque sobre el océano en sus planes de trabajo. También abrió paso a la organización formal de un diálogo anual sobre océano y clima, presidido por el presidente del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico, a partir de 2022. El antecedente de este avance es el diálogo celebrado en 2020. Los presidentes de Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá acordaron el fortalecimiento del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, uno de los más grandes y diversos del mundo y que será una zona libre de pesca. La Corporación Andina de Fomento anunció un aporte de un millón de dólares como cooperación técnica al proyecto. También en la línea del financiamiento, el Reino Unido anunció una contribución de 6 millones de euros para PROBLUE, fondo administrado por el Banco Mundial que apoya proyectos relacionados con la protección del océano y la economía azul. De otro lado, se anunciaron 145 millones de dólares destinados al Fondo Mundial para los Arrecifes de Coral, mientras que se pusieron 20 millones de dólares a disposición del apoyo a soluciones basadas en la naturaleza y a comunidades costeras vulnerables. Se lanzó la declaración “Océano por el clima” —respaldada por más de 100 organizaciones de sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, academia y otros sectores—, que exhorta a los países a intensificar las medidas para limitar el aumento de la temperatura media del planeta a no más de 1.5ºC, así como a colocar al océano en el centro de sus políticas, entre ellas las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional. Asimismo, 20 países firmaron la tercera declaración “Because the Ocean”, que llama a los países a integrar el océano, el clima y la biodiversidad a sus planes para cumplir con el Acuerdo de París. En cuanto a conservación, los estados del Océano Índico Occidental lanzaron la iniciativa de la Gran Muralla Azul, cuyo objetivo es conservar y restaurar la biodiversidad marina y costera. Por otra parte, Fiyi anunció un plan para emitir un bono azul en 2022, el cual ofrecerá oportunidades atractivas de inversión para proyectos respetuosos con el océano. Se prevé recaudar hasta 50 millones de dólares para financiar la creación de nuevas áreas marinas protegidas, pesquerías sostenibles y soluciones basadas en la naturaleza para proteger a comunidades vulnerables ante el cambio climático y sus efectos. Belice se comprometió de su lado a desarrollar un proyecto pionero para financiar el mantenimiento y creación de áreas marinas protegidas. Más países se sumaron a la iniciativa “30x30”, que pretende conservar el 30 por ciento de la superficie terrestre y marina para 2030. Los países del G7 mostraron su apoyo a esta propuesta en su reunión previa a la COP26. Además de las propuestas específicas relacionadas con el océano, cabe destacar que muchas otras iniciativas presentadas en el marco de la COP26 tienen un impacto indirecto, entre ellas las que buscan la reducción de un 45% de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo para 2030 y la neutralidad de emisiones para 2050, de suma importancia para combatir la acidificación del océano y el blanqueamiento de los corales. Aunque muchas personas consideran que la acción climática en torno al océano debe ser mucho más contundente en las negociaciones internacionales, existe consenso en que se está avanzando en la dirección correcta: el océano no estará más ausente de las negociaciones climáticas.

November 24 2021 Cambio Climático, Derechos Humanos

Reflexiones tras la COP26: Pese al lento avance, la esperanza es preferible al derrotismo

Seamos realistas. Nunca ha habido demasiadas expectativas alrededor de las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (más conocidas como COP), y la vigésimo sexta versión (COP26) no era la excepción. Impacta la gran cantidad de greenwashing expuesta a viva luz: espaciosos pabellones decorados con todo tipo de plantas exuberantes promocionando a países que no aportan. Llaman a la ambición urgente, pero siguen subsidiando combustibles fósiles o buscando explotarlos en lugares prístinos. Pese a todo, es importante permanecer positivos y construir sobre lo que sí funciona porque el fatalismo es un veneno mucho más peligroso que el negacionismo. Además, aunque disten mucho de ser suficientes, es posible apreciar algunos avances de la COP26 en Glasgow, Escocia. El solo hecho de que tantos países con intereses y poder de negociación tan abismalmente dispares se pongan de acuerdo es un logro. En las negociaciones, cada país puede vetar lo acordado por los demás pues todo se adopta por consenso. Por otro lado, está la sociedad civil y los movimientos indígenas, populares y de jóvenes, que constantemente sortean obstáculos para estar presentes y alzar sus voces. Finalmente, no conviene pensar en las decisiones y en los resultados de la COP como si fueran la última palabra. Las negociaciones se reabren cada año y con eso las posibilidades de avanzar desde donde dejamos las cosas. Es un camino largo y empinado. Estamos atrasados, pero cada paso cuenta. Resultados positivos (con algunos aspectos negativos) de la COP26 Por primera vez, el texto final de las negociaciones (“el Pacto de Glasgow”) menciona a los combustibles fósiles y al carbón. Este hecho, impensado incluso en la COP anterior, demuestra que lo que la gente pide está permeando en las decisiones. El mensaje de fondo es claro: los combustibles fósiles y el carbón tienen sus días contados. El texto originalmente hablaba de “eliminar el uso del carbón”, pero algunos países lograron a último minuto cambiar el verbo por “reducir”. En la misma línea, se propuso la necesidad de “retirar los subsidios a los combustibles fósiles”, pero el texto terminó apuntando únicamente a los “subsidios ineficientes”, lo que sea que eso signifique. La meta de no superar los 1.5 °C de temperatura media del planeta sigue viva. El Pacto de Glasgow reafirma dicho objetivo, reconoce su urgencia y el trabajo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) como base para las acciones. Más importante aún, el texto solicita a las partes fortalecer las metas contenidas en sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs por sus siglas en inglés) para fines de 2022, en lugar de a mediados de la década, como estaba estipulado. Los espacios para el negacionismo y para desestimar las conclusiones de la ciencia ya están cerrados. Los países se pusieron de acuerdo sobre el artículo 6, con lo que se cierra el libro de reglas que permitirá implementar el Acuerdo de París. El debatido artículo se refiere, entre otras cosas, a los mecanismos de mercado de carbón, que permitirían a los países transar bonos para cumplir metas climáticas. En dichos mercados radica parte importante del futuro de la economía mundial, por lo que la falta de acuerdo era preferible a un mal acuerdo. En el lado positivo, el texto final de la sección reconoció la importancia de respetar los derechos humanos, a poblaciones locales, jóvenes y mujeres, así como la integridad ambiental. Lo malo es que no se reconocieron algunas normas internacionales básicas de derechos humanos, como el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado. Quedaron también muchos vacíos sobre los que habrá trabajar para evitar que estos mecanismos generen más daños que beneficios. El artículo 6 es un asunto delicado sobre el que hay que seguir trabajando. Finalmente, lo decidido en torno al complejo ítem de pérdidas y daños difícilmente puede considerarse un logro. Pero no está demás reconocer que el asunto, que no había sido considerado oficialmente en las pasadas COP, llegó a las discusiones para quedarse. El Pacto de Glasgow llamó a iniciar un diálogo sobre la problemática, pero no hubo acuerdos sobre la creación de un fondo para pagar por las pérdidas y daños, que era lo que demandaban los países más afectados (y menos responsables) por la crisis. Como sea, gracias a las demandas de los movimientos sociales del sur global y a la presión de varios países, los debates sobre el tema seguirán alimentando las discusiones y tarde o temprano tendrá que generarse un mecanismo financiero que lo atienda con la urgencia que corresponde. Herramientas adicionales Durante la COP26, surgieron algunos pactos que, sin ser parte de las negociaciones, ofrecen alternativas para avanzar. Considerando que los compromisos de reducción de emisiones contenidos en las NDC son insuficientes, estas herramientas pueden ser cruciales. Vale la pena mencionar el pacto para terminar con la deforestación, donde más de 100 líderes mundiales prometieron poner fin y revertir la deforestación para 2030. Los países signatarios abarcan alrededor del 85% de los bosques del mundo. El pacto incluye fondos y refuerza el papel de los pueblos indígenas en la protección de los bosques. En el lado negativo, el objetivo a nueve años es decepcionante y desalentador, además de que debemos reconocer que este tipo de acuerdos no han tenido éxito en el pasado. Otro compromiso congregó a más de 100 países bajo la intención de reducir las emisiones de metano en un 30% para 2030 desde los niveles de 2020. El compromiso incluye a países que representan casi la mitad de las emisiones mundiales de metano. El metano, uno de los contaminantes climáticos de vida corta, es el principal gas de efecto invernadero después del dióxido de carbono, pero con una potencial de calentamiento mayor. El hecho de que tenga una corta duración en la atmósfera significa que la reducción de sus emisiones puede tener un impacto rápido en la desaceleración del cambio climático. Finalmente, cabe mencionar que China y los EEUU lanzaron su propio acuerdo, comprometiéndose a cooperar en la acción climática. Aunque la declaración no ofrece mucho en términos de acción concreta, el hecho de que los dos principales emisores de gases de efecto invernadero se unan en reconocer el desafío planetario que tenemos por delante, es un paso importante en la dirección correcta. Todavía queda un largo camino por recorrer. Estamos frente a inmensos peligros, sufrimiento e injusticia. Las industrias de los fósiles siguen incidiendo fuertemente en las negociaciones y no cesan en su búsqueda de lucro asociado con acciones contaminantes. No está demás patalear, explotar de ira y llorar de miedo. Pero estas emociones no deben llevarnos al fatalismo que nos paraliza. Es importante apreciar el hecho de que estamos llegando a acuerdos, dentro y fuera de las COP, y que las conferencias generan cada vez más respuestas en todo el mundo. Todo lo avanzado es un paso más y no el final de esta historia.

November 03 2021 Océanos, Cambio Climático, Derechos Humanos

Los cinco avances que la COP26 debe impulsar

Desde el pasado 31 de octubre y durante dos semanas, líderes de más de 190 países, organizaciones internacionales, miembros de la sociedad civil y activistas coincidirán en Glasgow, Escocia, a propósito de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26). Al encuentro global llegará también el movimiento juvenil con sus propuestas de cambio, entusiasmo y esperanza, un aporte que con los años se ha hecho cada vez más contundente. La COP26 fue aplazada un año por la pandemia global y se realiza en medio de las crisis sociales y económicas derivadas de la contingencia sanitaria, que intensificó las brechas entre países ricos y pobres. Las grandes diferencias en el acceso a programas de vacunación han sumado dificultades a la participación de organizaciones de la sociedad civil, tarea clave para empujar las negociaciones en Glasgow. Lo cierto es que estas dos semanas son cruciales para el futuro del planeta. Según la más reciente evaluación científica de Naciones Unidas, las consecuencias del cambio climático “son irreversibles”, se están viviendo en todas partes del mundo y tienen una relación “inequívoca” con la actividad humana. La gravedad de la situación es tal que estamos cerca de cruzar puntos de inflexión que podría llevarnos a un “punto de no retorno”. No es más un problema del futuro ni solamente de las personas y países más vulnerables. Frente a ese panorama, es clave que la COP26 logre avances en al menos cinco áreas: 1. La ambición que permita mantener el calentamiento global por debajo de 1.5ºC Urge una verdadera reducción de emisiones basada en planes serios para abandonar la explotación y uso de combustibles fósiles y promover energías renovables. Los subsidios a los combustibles fósiles siguen presentes en muchas partes del mundo. Ya no hay tiempo ni espacio para las falsas soluciones, aquellas que permiten seguir contaminando (como las promesas del carbón limpio, por ejemplo). Las transformaciones necesarias son difíciles, pero también posibles, deseables y urgentes. Un mundo sin quema de combustibles fósiles es más verde y justo. Es importante que esta titánica tarea se haga respetando los derechos de las personas y comunidades en los territorios, incluyendo las diferentes voces, aprovechando y honrando el conocimiento local, con un enfoque de justicia climática y equidad de género. De otro lado, está demostrada la utilidad de incluir metas claras y medibles de mitigación de los contaminantes climáticos de vida corta, que permanecen menos tiempo en la atmósfera que los gases de efecto invernadero, pero cuyas emisiones causan entre el 30 y 45 por ciento del calentamiento del planeta, además de contaminar el aire. La inclusión en las negociaciones de un abordaje integral que contemple la reducción de estos contaminantes es una oportunidad para mitigar la crisis climática y proteger la salud humana en el corto plazo. 2. el libro de reglas del Acuerdo de París El artículo 6 del Acuerdo de París propone a los países la utilización de mecanismos de cooperación voluntaria para aumentar la ambición climática, entre ellos los mercados de emisiones de CO2, cuyas normas, modalidades y procedimientos no han sido definidos. Estos mecanismos de mercado permitirían a los países vender un “excedente” de emisiones a países que no hayan alcanzado sus objetivos de mitigación o que busquen un cupo mayor, dando origen a un nuevo mercado internacional de intercambio de créditos de carbono generados en los sectores público y privado de cualquier lugar del mundo. En la COP se debe establecer el órgano que regulará este mercado. Es la única parte del libro de reglas del Acuerdo de París que toavía no se ha resuelto. Luego de la falta de consensos en la COP25 de Madrid, se espera una definición al respecto en Glasgow. Las negociaciones deben asegurar que el mercado garantice que los bonos provengan de proyectos con salvaguardas socioambientales que garanticen el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos, en especial de grupos en situación más vulnerable, como los pueblos indígenas; así como la integridad de ecosistemas y la reducción neta de emisiones. Asimismo, los mercados de carbono deben garantizar un aumento adicional del esfuerzo global de mitigación y no lo contrario, es decir, ayudar a reducir de emisiones que no hubieran sido posible disminuir sin estos mecanismos. 3. las finanzas climáticas La meta de la COP26 es atender el compromiso de los países desarrollados de movilizar 100 mil millones de dólares por año hasta 2025 para que los países menos desarrollados mitiguen y se adapten a los embates del cambio climático. También deben sentarse las bases para las negociaciones que llevarán a una meta post 2025. Pero esto es solo el inicio. Necesitamos una verdadera transformación de las finanzas internacionales, dejando atrás las inversiones que no aportan al cuidado y regeneración del planeta. Además, los y las negociadoras deben asegurar que los fondos climáticos lleguen a quienes más los necesitan: los países, sectores y poblaciones más vulnerables al cambio climático, que muchas veces tienen dificultades para acceder a financiamiento por la burocracia que implica. De otro lado, el financiamiento debe respetar estándares de derechos humanos, especialmente de comunidades étnicas y mujeres. Para ello se necesita un sistema efectivo de salvaguardas y rendición de cuentas. 4. las medidas para enfrentar las pérdidas y daños El artículo 8 del Acuerdo de París reconoce la importancia de evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y daños. Este debe ser el tercer pilar de la acción climática, junto con la mitigación y la adaptación. Su inclusión en la agenda climática internacional como parte de una respuesta justa y sistemática ha sido esencialmente promovida por países vulnerables y movimientos sociales de todo el mundo. Comunidades y naciones pobres o en situación de vulnerabilidad ya están sufriendo los efectos más negativos de la crisis climática, siendo los menos responsables de ella. Las acciones de mitigación y adaptación no aplican ante escenarios de pérdidas y daños, que requieren respuestas efectivas basadas en la asignación de responsabilidades y la justicia climática. Pese a la evidencia de los daños y su contexto de injusticia, las negaciones climáticas poco han avanzado para fortalecer este pilar y promover un marco que permita dar respuestas concretas. Es urgente que la COP26 avance en este propósito. En la COP25 se creó la Red de Santiago sobre Pérdidas y Daños con la idea de reunir a diversos actores y catalizar la asistencia técnica para “evitar, minimizar y hacer frente a las pérdidas y los daños a nivel local, nacional y regional”. Es urgente que en la COP26 se configure esta red, otorgándole mandatos claros para que promueva discusiones, recomendaciones y adopte acciones que respondan a demandas históricas sobre el tema. 5. la protección del océano como prioridad El océano es el principal regulador climático del planeta. Uno de los servicios más importantes que brinda es la absorción de emisiones, con la que ha retenido aproximadamente el 90% del calor atmosférico causado por el cambio climático. Pero esto no es inocuo. La gran cantidad de CO2 capturada está alterando el pH del océano, lo que conlleva un proceso de acidificación que genera un desequilibrio en los ecosistemas marinos y afecta seriamente a comunidades pesqueras y habitantes de zonas costeras en todo el mundo. Pese a su importancia y a lo frágil que se ha vuelto debido a la crisis climática, el océano no ha sido parte de las negociaciones internacionales sobre cambio climático. La COP25 dio los primeros lineamientos al respecto. Lo clave es que lo que se negocie esté orientado a proteger y conservar el océano, no a intensificar su uso como sumidero de carbono o como lugar para compensar las necesarias mitigaciones en tierra. Es indispensable que en Glasgow se den pasos decisivos para invertir en soluciones basadas en la naturaleza, asegurar la conservación del 30% del océano global a través de una red robusta de áreas marinas protegidas para 2030, detener la expansión de la exploración y producción de petróleo y gas natural en alta mar; y promover la participación de las comunidades de pescadores y comunidades costeras en la planeación, desarrollo e implementación de políticas relacionadas. Los países no deben utilizar medidas de mitigación en el océano como compensaciones de carbono para permitir más emisiones terrestres. Cabe resaltar que todos estos avances deben tener a los derechos humanos como motor y pilar fundamental. Existe una relación inseparable entre el cambio climático y los derechos humanos. Así lo reconoce el Acuerdo de París, estableciendo que —al adoptar medidas para enfrentar el cambio climático— las Partes deben respetar, promover y tener en cuenta sus obligaciones relativas a los derechos humanos; especialmente aquellas relacionadas con la protección de los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños y niñas, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables; así como el derecho al desarrollo, la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional. La justicia climática debe iluminar todas las decisiones que busquen frenar la crisis climática, en las COP y en cualquier otro escenario.

October 29 2021 Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

El llamado de la ciencia a la acción por el clima y el aire

Por Fabio López Alfaro y Luisa Gaona Quiroga, pasantes de AIDA La primera entrega del Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) —que se concluirá en 2022— dedica por primera vez un capítulo completo a los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), cuya reducción puede mitigar la crisis climática y mejorar la calidad del aire. El énfasis del IPCC en estos contaminantes reafirma la relación intrínseca entre clima y aire, así como la necesidad urgente de implementar medidas efectivas y conjuntas para su protección. Los CCVC son compuestos que absorben o reflejan la energía solar, es decir que tienen la capacidad de calentar o enfriar la Tierra en escalas de tiempo cortas (de días a años), en contraste con los gases de efecto invernadero (GEI), como el dióxido de carbono, cuyo impacto climático puede durar décadas, siglos o incluso más. Los CCVC más conocidos son el carbono negro (pequeñas partículas producidas por la quema de diésel, biocombustibles y biomasa), el metano (que tiene un alto efecto en el calentamiento de la Tierra y es precursor de otros contaminantes), el ozono troposférico y los hidrofluorocarbonos (HFC). Debido a que no permanecen en la atmósfera por largo tiempo, sus efectos en el clima son regionales y sus cambios están ligados a alteraciones en sus fuentes de emisión. Aunque algunos CCVC pueden calentar el planeta y otros enfriarlo, lo cierto es que estos contaminantes causan entre el 30 y 45 por ciento del calentamiento del planeta, además de dañar la calidad del aire y afectar el rendimiento de los cultivos. Por ello su gestión integral es decisiva para la mitigación de la crisis climática y la mejora de nuestra calidad de vida. La situación de América Latina En este ciclo de evaluación del IPCC, la disponibilidad de información permitió enfatizar el análisis regional del cambio climático, ilustrando la relevancia de los CCVC, cuyos impactos en el clima y el aire son primordialmente locales. No obstante, los hallazgos para América Latina son menores en comparación con los de Europa, Asia o Norteamérica, evidenciando un rezago en el conocimiento de la región. Cerrar esta brecha de conocimiento sobre CCVC es fundamental porque la región ocupa el tercer lugar en cuanto a la generación de calentamiento a corto plazo (10 años), superada por Asia Oriental y Norteamérica. Pese a la menor información, el IPCC logró identificar los sectores y contaminantes clave de gestionar en América Latina. En el informe se resalta que las políticas de mitigación deberían enfocarse en el material particulado y en el ozono generados en la industria, la producción energética y la quema abierta de biomasa, sectores que regionalmente son responsables de las mayores emisiones. Los impactos negativos para la salud son mayores a medida que disminuye el diámetro del material particulado. Por lo tanto, las partículas finas —el material particulado 2.5— causan los impactos más perjudiciales para el sistema respiratorio y cardiovascular de las personas. Según la OMS, el carbono negro y el carbón orgánico son una parte sustancial del material particulado en la contaminación del aire, así como una causa muy importante de morbilidad y mortalidad prematura a nivel global. Por otra parte, el metano y el carbono negro son los contaminantes de preocupación principalmente en la agricultura, los combustibles fósiles, la gestión de desechos y los motores a diésel, sectores que se proyecta aportarán en 2100 al 90 por ciento de las emisiones de carbono negro de los países no miembros de la OCDE. Llamado a la acción La evidencia científica presentada por el IPCC es también un llamado a la acción, a la lucha conjunta por el clima y el aire. El informe prueba que es vital tener políticas públicas transversales que busquen simultáneamente la mitigación de la crisis climática y de las emisiones de los CCVC. La ausencia de ese tipo de políticas, sumada a un débil control de la contaminación atmosférica, implica un calentamiento a corto plazo para América Latina, principalmente porque se estima un aumento en las emisiones de metano, ozono e hidrofluorocarburos —compuestos caracterizados por altas tasas de calentamiento—, así como contribuciones menores de los aerosoles, lo que disminuiría el efecto de enfriamiento. Sin embargo, con un control adecuado y en escenarios que combinen esfuerzos para reducir los GEI y los CCVC se prevé altos beneficios para el clima y una estabilización después de 2040. Aunque los resultados climáticos de estas medidas serán visibles en 20 o 30 años, aportarán a mejorar la calidad del aire y a proteger la salud humana en el corto plazo. Las políticas públicas que incorporen la reducción de la contaminación atmosférica pueden disminuir las tasas de mortalidad por mala calidad del aire y aportar al cumplimiento de varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente aquellas metas relacionadas con la exposición a partículas (metas 3.9 y 11.6), con la salud humana y las ciudades sostenibles (ODS 3 y 11). También pueden contribuir al acceso a energía limpia y asequible, al consumo y producción responsables, a la acción por el clima y a la protección de la biodiversidad (ODS 7, 12, 13, 14 y 15). Finalmente, la disminución de las emisiones de CCVC ayudará a reducir las pérdidas de cultivos, aportando a lograr hambre cero (ODS 2). Ahora que conocemos los sectores y contaminantes cuya gestión será clave en los próximos años, es momento de exigir de autoridades y empresas la implementación de acciones concretas para reducir las emisiones de los CCVC y obtener cobeneficios en la lucha por el clima y por un aire limpio.

October 19 2021 Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos

Las razones que alejan al arbitraje de inversión de la justicia ambiental

Texto publicado originalmente en Animal Político Desde los años noventa, los Estados de América Latina han asumido obligaciones legales en tratados bilaterales de inversión y en tratados de libre comercio que buscan proteger las inversiones de las empresas extranjeras. Para exigir el cumplimiento de tales obligaciones, las compañías han interpuesto numerosas y millonarias demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución internacional —y una de las cinco organizaciones del Grupo del Banco Mundial— que arbitra las controversias que surgen alrededor de inversiones. Aunque existen otras instancias, el arbitraje ante el CIADI se ha convertido en el favorito de los inversionistas extranjeros. La labor de todo tribunal o corte debe ser impartir justicia de forma coherente y uniforme. Sin embargo, la estructura y funcionamiento de los tribunales del CIADI devela graves inconsistencias que han sido objeto de críticas y que, en la práctica, han puesto en riesgo a ecosistemas de la región y a las personas que dependen de ellos. Aquí analizamos algunos rasgos del sistema de arbitraje de inversiones y recientes laudos de tribunales arbitrales que operan bajo el Convenio del CIADI para reflexionar sobre lo que aleja a este mecanismo de la impartición de justicia ambiental. 1. Las demandas impactan gravemente las finanzas de los Estados latinoamericanos Entre 1995 y 2020, se han presentado 303 demandas en contra de países de América Latina y el Caribe, siendo la segunda región más demandada del mundo. Los inversionistas han obtenido resultados favorables en un 62,6% de los casos y las demandas les han costado a los gobiernos alrededor de 32.141 millones de dólares. Según un informe reciente de la CEPAL, por ejemplo, un tribunal arbitral de inversión ordenó en 2017 que Ecuador pague 337 millones de dólares a la estadounidense Burlington. Y recientemente otro tribunal del CIADI le ordenó indemnizar a la petrolera anglo-francesa Perenco con 374,4 millones de dólares. Este alto costo deriva en la desestabilización fiscal de presupuestos nacionales y en la fuga de recursos previstos para proyectos sociales, situación compleja ante la reactivación económica de nuestros países. Además, estas decisiones pueden generar el “enfriamiento regulatorio”, fenómeno en el que los gobiernos se abstienen de implementar medidas sociales o ambientales por temor a una demanda en su contra. 2. La falsa creencia de la atracción de inversión extranjera Exceptuando a Bolivia y Venezuela, que abandonaron el Convenio del CIADI, la región andina está a favor del sistema debido a que existe la falsa creencia de que la firma de tratados que activan la jurisdicción de tribunales del CIADI se traduce en la atracción de inversión extranjera per se. Esta fue la lógica que siguió el actual gobierno de Ecuador que, tras 12 años de haber denunciado el tratado, volvió a ratificarlo hace tres meses bajo el argumento de reforzar y fortalecer sus relaciones comerciales. Pero se trata de una falacia pues hay países que demuestran todo lo contrario. Uno de ellos es Brasil, el país que recibe mayor inversión extranjera en la región y uno de los pocos que no admite el arbitraje de inversiones bajo el CIADI. 3. El respaldo al derecho legítimo de los Estados de proteger el ambiente no es una regla general La fuerte presión que este mecanismo ejerce sobre los Estados tiene el potencial de afectar el ambiente y, más específicamente, la protección del recurso hídrico. Varios casos han estado directamente vinculados con el derecho humano al agua y algunos de los más relevantes para la región, con inversiones en industrias susceptibles de dañar el ecosistema marino o degradar la calidad del agua, como la minería aurífera a cielo abierto. En el reciente caso de Infinito Gold contra Costa Rica, el tribunal eximió a ese Estado de indemnizar a la minera canadiense con 400 millones de dólares. Determinó que es legítimo y que no lesiona los derechos de la empresa que Costa Rica se declare libre de minería a cielo abierto y determine las moratorias que sean necesarias porque el Estado tiene soberanía para definir sus leyes ambientales. Algo similar ocurrió en el caso de Pacific Rim contra El Salvador. El tribunal determinó que una reglamentación de buena fe para proteger el agua y evitar su contaminación no vulnera las normas de protección de las inversiones, salvo que se hayan hecho promesas específicas en sentido contrario. Si bien en algunos países y en decisiones muy puntuales las resoluciones del CIADI han sido un verdadero espaldarazo a la capacidad regulatoria de los Estados, las reglas que han llevado a estos tribunales a promover la protección del ambiente como algo prioritario no son vinculantes para futuros arbitrajes. Por ejemplo, en el caso de Eco Oro Minerals contra Colombia, fallado parcialmente el pasado 9 de septiembre, el tribunal —aunque reconoció el derecho legítimo del Estado de proteger sus páramos (bosques y humedales de alta montaña que proveen agua a millones de personas y capturan carbono)— señaló que este debía indemnizar a la empresa canadiense por haberlo hecho. Estableció lo anterior pese a que aclaró que las medidas de protección ambiental fueron tomadas de buena fe; que aplicaban el principio de precaución y que hubo una falta de debida diligencia por parte de la empresa, la cual sabía de la presencia de páramos en su área de concesión desde el inicio. Eco Oro pretendía instalar una mina de oro en el páramo de Santurbán. Aunque es quizás la primera vez que un tribunal internacional de arbitraje reconoce la importancia de los páramos —así como sus amenazas, sus bajas posibilidades de recuperarse ante actividades mineras y la necesidad de protegerlos—, la decisión es sumamente contradictoria. El tribunal concluyó que Colombia causó un daño a la empresa porque no delimitó el páramo lo suficientemente rápido, desconociendo su obligación de dar un trato justo y equitativo a los extranjeros. De ese modo, laceró la confianza en el sistema y su legitimidad, realizando además una interpretación arbitraria para hacer prevalecer la inversión sobre el ambiente. 4. Urge una reforma estructural del sistema Como vimos, la amplitud de las cláusulas y la libertad de los árbitros en el CIADI es excesiva. La interpretación que realizan es altamente discrecional e impredecible al no existir la figura del precedente tradicionalmente entendido. Los tribunales tampoco han permitido la adecuada participación de las comunidades afectadas por la inversión extranjera en sus procedimientos. Si bien en algunos casos se ha admitido la presentación de escritos legales (Amicus), como en el citado caso de Costa Rica, la regla general es desconocer el principio de democracia ambiental y declinar la presentación de este tipo de recursos por parte de la sociedad civil, como ocurrió en el caso de Eco Oro. Esto ha hecho que las resoluciones continúen desconociendo los graves conflictos socioambientales que rodean las inversiones, así como el impacto negativo de las decisiones del CIADI en el ambiente y en las personas. Los laudos arbitrales sobre inversión extranjera directa interfieren cada vez más en el cumplimiento de las obligaciones ambientales y en la protección del agua en América Latina. La denuncia de estos tratados por los Estados es la solución más eficaz para evitar que los inversionistas sigan cuestionando las medidas que toman los países para satisfacer sus necesidades de orden ambiental y social. Sin embargo, en el corto plazo, es más urgente lograr una fuerte y sostenida integración regional que permita consolidar las capacidades necesarias para que América Latina entera exija una transformación sustantiva del sistema de arbitraje internacional sobre inversiones bajo un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de justicia ambiental. Urge además que los mismos gobiernos rindan cuentas a los órganos de control y a la ciudadanía sobre su política con relación a este delicado tema.

September 14 2021

¡Gracias totales!

Termino una era de 18 grandiosos años en AIDA, mi casa. Las palabras no son suficientes para describir lo agradecida, orgullosa y feliz que me siento al hacer el balance de los logros, avances y lecciones aprendidas. Atesoro la maravilla de conocer y compartir este camino con tantas personas en cada rincón de nuestras Américas y más allá; la bendición de recorrer ríos, montañas y territorios y de aprender con y de cada una de las personas y comunidades. Por todo esto, solo puede decir: ¡Gracias totales! Este ha sido el trabajo de mis sueños y el gran honor de mi vida: poder construir y liderar esta organización, con personas grandiosas, haciendo comunidad a partir de nuestro liderazgo femenino, contribuyendo a lo largo y ancho del continente a la protección de los territorios, nuestros derechos y el ambiente. Agradezco profundamente la compañía, apoyo, mentoría, inspiración, sororidad y hermandad de Anna Cederstav, con quien compartí el sueño y el liderazgo de AIDA durante este tiempo y quien continuará en la organización apoyando a la nueva dirección ejecutiva. Es imposible imaginar una mejor codirectora. Gracias infinitas también a la Junta Directiva por su confianza y por su apoyo constante. Es grandioso saber que la organización tiene su respaldo para asegurar su crecimiento y trascendencia en estos momentos de cambio. A cada una de las personas de mi equipo actual y de todos estos años, no alcanzan las palabras para expresar mi admiración y profundo agradecimiento por su invaluable compromiso, profesionalismo, amor y entrega. Los resultados alcanzados son gracias a ustedes. Es muy grato haber contribuido a importantes avances, incluyendo la visibilización y lucha por la justicia en La Oroya, Perú, y en la cuenca del río Xingú, en Brasil; ayudar a proteger los ríos San Pedro Mezquital y Papagayo en México, los páramos en Colombia, los corales y manglares en nuestras costas; conservar zonas de anidación de tortugas como Las Baulas en Costa Rica; ayudar a mejorar la Constitución en México; contribuir a incluir los derechos humanos en los acuerdos climáticos y a mejorar estándares para proteger ríos y manglares; ayudar a mejorar las salvaguardas de algunas instituciones financieras internacionales; y aportar al avance de la jurisprudencia en el Sistema Interamericano, incluyendo el reconocimiento que el cambio climático impacta los derechos humanos. Ha sido aún más gratificante haber logrado todo eso junto con personas grandiosas tanto en nuestro equipo como en diversas organizaciones, redes, comunidades y entidades nacionales e internacionales. Hoy especialmente, y ante la crisis climática y la realidad de nuestra región, es esencial seguir avanzando en el trabajo colectivo con y desde los territorios, motivando la diversidad de saberes e incluyendo en serio la perspectiva de las mujeres, de les jóvenes y de las comunidades para alcanzar las soluciones que por ahora nos son esquivas. Ha sido un gran aprendizaje, pues cada logro han sido el resultado de una coordinación cercana, del aporte diverso y complementario de múltiples visiones. Tengo la confianza que esta perspectiva continuará fortaleciéndose para seguir avanzando hacia la solución de los retos actuales. La magnitud de la crisis climática y de biodiversidad, la necesidad imperiosa de una recuperación transformadora y de una protección efectiva de las personas defensoras de los derechos humanos, el ambiente y el territorio son tres prioridades que requieren hoy más que nunca de nuestros mejores esfuerzos e impacto. Por ello es reconfortante saber que hemos ayudado a fortalecer y construir una gran comunidad regional y global con quienes compartimos el objetivo de avanzar en los resultados que las personas, las comunidades, la naturaleza y nuestras sociedades y países tanto necesitamos. Es una de mis mayores retribuciones después de tantos años de trabajo. Por todo ello y dado que lo único constante en la vida es el cambio, ha llegado el momento de dar vía libre a nuevos liderazgos. Esta decisión ha sido difícil pues ésta ha sido mi casa por tanto tiempo. La primera vez que escuché hablar de AIDA fue en julio de 1997, cuando la organización estaba aún en creación y yo, estudiando derecho y trabajando en Fundepúblico, en Colombia. Al saber de su intención de trabajar en derecho ambiental de interés público en y desde América Latina, supe de inmediato que era mi lugar. Comencé como pasante en mayo de 2003 y unos meses más tarde la Junta Directiva me contrató como abogada. No me cabía el corazón en el pecho ni las ideas paraban de rondar en mi mente. Hoy tengo la satisfacción de haber dado mi mejor esfuerzo para hacer un aporte positivo a mi región, poniendo el derecho y la ciencia al servicio de las personas, las comunidades y el ambiente. En el proceso, además, pude crecer como abogada, como líder, mientras construía mi familia y me convertía en esposa y en madre. Después de innumerables aventuras, aprendizajes, aciertos y desaciertos, es tiempo de emprender otros caminos y abrazar el cambio. Continuaré aportando al entendimiento de la crisis climática y especialmente a identificar cómo podemos avanzar hacia la justicia climática con y desde una perspectiva feminista y desde el sur, por supuesto. Continuaremos compartiendo este camino hacia la justicia climática y ambiental, que también es social. Reitero desde lo más profundo mi agradecimiento por tantos aprendizajes, oportunidades y logros. Estoy segura que AIDA está en las mejores manos y lista para dar el paso a una nueva y emocionante etapa.

September 10 2021 Cambio Climático, Derechos Humanos

El Sexto Informe del IPCC: la cruda realidad que debemos enfrentar con agencia y esperanza

“Los adultos siguen diciendo: 'Lo que le debemos a los jóvenes es esperanza'. Pero no quiero su esperanza. No quiero que tengan esperanza. Quiero que sientan pánico. Quiero que sientan el miedo que siento cada día. Y luego quiero que actúen”. -Greta Thumberg, dirigiéndose al Foro Económico Mundial en enero de 2019. El Sexto Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) llegó a confirmar lo que temíamos. Con evidencia científica más afinada que nunca, el informe alerta acerca de la situación crítica en la que estamos. El cambio climático se está intensificando, afectando todas las regiones del planeta. La responsabilidad de la humanidad en dicho desequilibrio es ahora referida como “inequívoca”. Ello implica que tampoco hay dudas de que está en nuestras manos hacernos cargo del problema. Los múltiples y agresivos eventos climáticos de los últimos meses en todo el mundo muestran que pasamos de las meras advertencias a verdaderas experiencias apocalípticas. El Panel no exagera. Inundaciones donde mueren cientos de personas en algunos de los países más ricos del planeta e incendios que arrasan miles de hectáreas en varios puntos del globo son solo algunos ejemplos. Pese a todo esto, ¡aún hay esperanza! Y la esperanza es nuestra principal aliada para cambiar el rumbo. El informe proyectó cinco escenarios según las medidas de mitigación que podría implementar la humanidad, de menos a más ambiciosas. Todos ellos, incluso el más ambicioso, resultan en superar los 1.5 °C de temperatura promedio del planeta para el 2040. A pesar de lo lapidario de esa previsión, el informe también demuestra que, de tomar medidas agresivas para reducir los gases de efecto invernadero (GEI), podríamos estabilizar el aumento en 1.4 °C para 2100. La batalla no ha terminado y menos puede considerarse perdida. Las consecuencias más importantes de este desequilibrio planetario son aún inciertas y se están jugando en la cancha. ¿Y ahora qué? Las reducciones drásticas de GEI solo serán posibles con cambios sistémicos a nivel de gobiernos y corporaciones. Necesitamos también ajustar nuestras narrativas para no caer en el derrotismo y en la desesperanza, porque no hay evidencia científica que avale la rendición. Tampoco debemos permitir que el movimiento ambiental se divida, estando alertas a las campañas de cizaña y desvío que practican nuestros opositores. La desesperanza, la sensación de derrota y la división de nuestras voces son precisamente las cartas ganadoras de quienes se resisten al cambio. Algunas acciones necesarias y urgentes incluyen: Apuntar a una transición energética rápida y justa, que respete los derechos humanos e incluya un enfoque de género; y a un nuevo tipo de desarrollo que no arrase con la naturaleza, sino que la aprecie y respete. Estos cambios no deben generar miedo. La tecnología para generar energía con mínimas emisiones e impactos ambientales existe, está probada y tiene mayor potencial de generar empleos que la industria de los combustibles fósiles. Un mundo impulsado por energía renovable y limpia es un mundo más justo y verde. Hacer que las industrias y empresas que mueven nuestra economía se hagan responsables de lo que sus actividades dejan. El subsidio de la naturaleza al desarrollo económico ya superó lo razonable. Un proyecto que impacta el ambiente, que arremete con el equilibrio de la naturaleza, ya no es viable. Tenemos de nuestro lado la institucionalidad y los principios de derecho nacional e internacional que velan por el ambiente y los derechos humanos. Debemos interpretarlos y usarlos como lo que son: fuentes de derecho vinculante y obligatorio. Velar por la protección de los sitios naturales que aún no han sido intervenidos, sobre todo los de alto valor ambiental. La naturaleza tiene la capacidad de regenerarse y sanar, pero hay que darle la oportunidad. En esto son claves los pueblos indígenas y tradicionales, guardianes de sus bosques y territorios. Abogar por el correcto uso de los fondos climáticos a nivel internacional, asegurando que el beneficio sea la justicia climática y no soluciones falsas que hacen más daño que la propia enfermedad. Las instituciones financieras nacionales e internacionales mueven enormes cantidades de dinero cada año para enfrentar el cambio climático. Los fondos destinados a mitigación y adaptación están disponibles y los proyectos a financiar deben cumplir con salvaguardas ambientales y sociales. El costo monetario de no actuar o de no actuar lo suficiente es mucho más alto que el que tiene adoptar de inmediato medidas efectivas y tajantes. Ser estratégicos y apoyarnos en la ciencia para aprovechar cada oportunidad de mitigación. Un ejemplo es la reducción de los contaminantes climáticos de vida corta, que fueron especialmente abordados en el reciente informe del IPCC. Estos contaminantes han carecido históricamente de la atención que merecen por la increíble oportunidad que su mitigación implica. Uno de ellos es el metano, cuya presencia en el ambiente se encuentra más alta que nunca. El metano —cuyas fuentes incluyen la minería de carbón, el fracking, los embalses de las grandes represas y la ganadería intensiva— tiene 67 veces más poder que el dióxido de carbono (CO2) para calentar el planeta en un periodo de 20 años, y sus emisiones provocan casi el 25% de ese calentamiento. Reducir estos contaminantes implica además mejorar la calidad del aire en muchas ciudades. Lograr resultados ambiciosos en las negociaciones internacionales y honrar los tratados que protegen el planeta, aprovechando la fuerza que tenemos cuando actuamos coordinados. Es cierto que llevamos 25 años de conferencias de la ONU sobre cambio climático sin lograr reducir emisiones, pero también es cierto que tenemos un acuerdo firmado por todos los Estados miembros que es vinculante y que ordena a cada país hacer su parte para evitar superar las barreras peligrosas del calentamiento. No desestimemos lo que se ha logrado, más bien, sigamos construyendo sobre ello. Debemos exigir estas acciones y no conformarnos con menos. Debemos estar alertas para votar a líderes y lideresas que tengan lo necesario para remar hacia ese lado. Cada pequeña victoria, cada tonelada de CO2 que se mantenga bajo tierra, cada espacio natural que se conserve nos aleja de los peores efectos de esta crisis. Es lo que nos toca. La naturaleza debe ir primero. Se lo debemos a quienes habitarán este hermoso planeta en el futuro cercano y lejano.