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De la mano de los territorios: 6 logros para el ambiente sano en 2024
Los conocimientos, experiencias y vivencias que vienen de los territorios, de pueblos y comunidades, son una vía importante para afrontar las crisis mundiales de clima, contaminación y pérdida de biodiversidad.En 2024, gracias a la construcción de puentes entre comunidades afectadas por degradación ambiental y espacios de decisión de alto nivel, en AIDA contribuimos al establecimiento de precedentes clave para la protección del ambiente sano en América Latina y el Caribe.Son logros que demuestran que las victorias para el ambiente y los derechos humanos en el continente pasan por incluir la voz de quienes cuidan de la naturaleza y viven en equilibrio con ella.1. Fallo de la Corte Interamericana sienta precedente histórico para lograr justicia ante la contaminación industrialEl pasado 22 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso de residentes de la ciudad peruana de La Oroya, afectados por niveles extremos de contaminación provenientes de un complejo metalúrgico. Responsabilizó al Estado por violar sus derechos y le ordenó adoptar de medidas de reparación integral. La sentencia es la respuesta a más de 20 años de búsqueda de justicia y reparación, además de ser, hoy en día, el precedente más importante a nivel regional y mundial para la fiscalización de las actividades empresariales por parte de los Estados en materia de derechos humanos y ambiente. AIDA apoyó el caso desde 1997 y representó a las víctimas ante la corte. El resultado refleja nuestra historia de esfuerzos por garantizar el derecho a un ambiente sano en América Latina.Conoce Más2. Voces del continente llegan a tribunal internacional para fortalecer la acción climáticaEn un hecho histórico y emblemático, comunidades, organizaciones y alianzas de la sociedad civil del continente llevaron sus voces al proceso de elaboración del pronunciamiento en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos aclarará por primera vez las obligaciones de los Estados del continente para proteger a las personas ante la crisis climática. AIDA apoyó la inclusión de estas voces mediante la presentación de 15 escritos legales (amicus curiae) al tribunal internacional y los testiomios de representantes de comunidades en audiencias públicas. Presentamos además un escrito propio para evidenciar la existencia del derecho al “clima estable y seguro” como parte del derecho universal a un ambiente sano, así como las obligaciones de los gobiernos para garantizarlo.Conoce Más3. El Fondo Verde del Clima cancela financiamiento a proyecto tras evidenciarse violaciones a derechos humanosEn un hecho sin precedentes, el Fordo Verde del Clima —principal entidad multilateral de financiamiento climático a nivel mundial— cenceló el desembolso de 64 millones de dólares para un proyecto forestal tras evidenciarse vulneraciones a derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes en Nicaragua. La decisión resultó de una queja, apoyada por AIDA y por organizaciones aliadas, que las comunidades presentaron al Mecanismo Independiente de Reparación del Fondo Verde, instancia que inició una investigación y concluyó que el proyecto incumplía las políticas y procesos de la entidad en materia de salvaguardas socioambientales. La propuesta con la que se pidió el financiamiento ignoró el contexto de violencia y desprotección de derechos humanos que aún hoy sufren las comunidades indígenas en Nicaragua. Conoce Más4. Alto tribunal de Colombia reafirma el derecho a la consulta previa, libre e informadaComo respuesta a dos acciones legales respaldadas por AIDA, la Corte Constitucional de Colombia, tras constatar la afectación directa al territorio de la comunidad afrodescendiente Afrowilches, determinó la violación de su derecho a la consulta previa, libre e informada en el trámite de autorización ambiental de dos proyectos piloto para extraer hidrocarburos no convencionales mediante fracking. Se trata de un hito regional en el que el alto tribunal reconoció que los procesos y regulaciones referentes a la transición energética deben ser justos y garantizar los derechos de las comunidades que puedan verse afectadas.Conoce Más5. CIDH escucha de los impactos a derechos humanos de la minería para la transición energéticaEn audiencia pública, junto con comunidades y organizaciones aliadas, AIDA llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evidencia de las violaciones a derechos humanos asociadas a la extracción de litio, cobre y otros minerales empleados para la transición energética. Estas afectaciones ya están ocurriendo en territorios altamente biodiversos y vulnerables a las presiones de la minería, como el Gran Atacama —región ubicada en la Puna transfronteriza de Argentina, Bolivia y Chile— y la Amazonía. En la audiencia, solicitamos que la CIDH exhorte a los gobiernos del continente a la adopción de acciones concretas para proteger los derechos humanos en los procesos de transición energética.Conoce Más6. Sociedad civil allana el camino para la ratificación del Tratado de Alta MarEl equipo de AIDA se unió a representantes de gobiernos de América Latina y personas expertas en una serie de reuniones informativas para esclarecer dudas acerca del Tratado de Alta Mar —orientado a proteger la vida en la zona del océano situada más allá de las aguas nacionales— y resaltar la importancia de su ratificación, además transferir conocimientos y experiencias entre países. Se abordaron temas como el mecanismo de reparto equitativo de beneficios, el fortalecimiento de capacidades y el papel de la sociedad civil en la implementación del tratado, con énfasis en las realidades de cada nación. Con este antecedente, en octubre, Panamá ratificó el acuerdo. Para que entre en vigor, el tratado debe ser ratificado por 60 países.Conoce MásEn nuestro Informe Anual 2024 encontrarás más información de estos logros y nuestro balance del año.
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COP29: La meta climática desilusiona e invita a buscar esperanza en otro lado
La vigésimo novena Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29), celebrada en Bakú, Azerbaiyán, fue llamada “la COP del financiamiento” ya que la decisión más esperada era el establecimiento de la Nueva Meta Colectiva y Cuantificable (NCQG, por sus siglas en inglés) de financiamiento climático global, el monto al que se comprometerían los países desarrollados para financiar la acción climática en los países en desarrollo. El tema acaparó toda la atención, dejando en sombras todo lo demás. Además, la reciente reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, acompañada por su amenaza de abandonar el Acuerdo de París y revertir la acción climática del país, marcó el tono de las negociaciones.Las negociaciones, previstas del 11 al 22 de noviembre, fueron intensas y finalizaron recién en la madrugada del domingo 24, casi dos días después del cierre planeado, con la aprobación de un texto que generó gran desilusión. Aun así, la invitación es a no dejarnos enceguecer por la decepción. Por mucho que lo queramos, demandemos y esperemos, las negociaciones climáticas internacionales no entregan lo que tan desesperadamente necesitamos. Busquemos la esperanza en lo que sí sucede y funciona, como los proyectos locales, liderados por comunidades, y el trabajo de la sociedad civil, que no se rinde.A continuación, un balance de la COP29 basado en lo acordado respecto del financiamiento climático y otros temas relevantes. Nueva meta de financiamiento climáticoEl mandato era claro: la nueva meta debía superar la anterior, de 100 mil millones de dólares anuales, y responder a las necesidades y prioridades de los países en desarrollo. Sin embargo, mientras estos pedían 1.3 trillons (millón de millones) anuales, la oferta fue de apenas 300 mil millones (menos de un tercio y apenas el 12% del presupuesto militar mundial en 2023) para 2035. “Is this a joke?” (¿es una broma?) exclamó al respecto el jefe de la delegación boliviana en una rueda de prensa.Los países en desarrollo también demandaban que el financiamiento fuera adecuado, es decir, basado principalmente en fondos públicos, bajo la forma de donaciones e instrumentos altamente concesionales que no agravaran las pesadas deudas que ya soportan. Además, pedían una inclusión explícita de las pérdidas y daños como uno de los objetivos del financiamiento (junto con la mitigación y adaptación), así como una meta específica para la adaptación.Pero nada de eso se consiguió. La meta quedó abierta al financiamiento privado, diluyendo aún más la responsabilidad de los países desarrollados. Tampoco se estableció una meta específica para adaptación ni se incluyó mención alguna a las pérdidas y los daños. Por si quedaba alguna duda, toda referencia a los derechos humanos fue eliminada del texto final.Cómo único alivio, se hizo un llamado a movilizar 1.3 trillons de dólares anuales en financiamiento climático de una amplia base de fuentes, a través del denominado Roadmap Bakú-Belem (Hoja de Ruta Bakú-Belém), con miras a alcanzar este objetivo para 2035. Sin embargo, se trata de un “llamado” y no de un compromiso vinculante, cuyos resultados concretos dependen de la voluntad política en los próximos años. Balance Global y temas de géneroNo se logró ningún avance significativo en cuanto a los resultados del Balance Global del estado de implementación del Acuerdo de París, presentados el año pasado, particularmente en cuanto a la transición de los combustibles fósiles. El tema fue postergado para la COP30, que tendrá lugar el próximo año en la ciudad brasileña de Belém do Pará.Aunque los temas de género tampoco prosperaron lo suficiente, deben reconocerse ciertos avances, como la extensión por 10 años del Programa de Trabajo de Lima, que sienta las bases para el desarrollo de un Plan de Acción de Género y ofrece la oportunidad de seguir profundizando la integración de la equidad de género en la acción climática, particularmente mientras los países elaboran las actualizaciones de sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés).Además, el texto del NCQG reconoce a las mujeres como beneficiarias de los fondos, pero no se asegura el abordaje de las circunstancias específicas y las discriminaciones interseccionales que enfrentan muchas mujeres. Mercados de carbonoLo que sí vio la luz fueron los mercados de carbono, con la aprobación de las reglas para un mercado global. Los mercados de carbono son sistemas comerciales en los que se venden y compran créditos de carbono. Cada crédito representa una tonelada de CO₂, o su equivalente en otros gases de efecto invernadero, eliminada de la atmósfera. Los créditos los generan proyectos que reducen emisiones (conservación de bosques, energía renovable o eficiencia energética, entre otros). Los compradores son empresas contaminantes que buscan compensar emisiones para permanecer en norma. El tema llevaba más de una década en conversaciones por la dificultad de garantizar la credibilidad del sistema para reducir emisiones. Aunque representa el último pendiente del Acuerdo de París, firmado hace más de 10 años, la sociedad civil no celebra. Estos mercados permiten a las empresas seguir contaminando, siempre que paguen por reducciones de carbono en otro lugar del mundo. Reducción de emisiones de metanoUn hecho prometedor fue la firma, por más de 30 países, de la Declaración sobre la reducción del metano de residuos orgánicos. Los signatarios, que representan casi la mitad de las emisiones mundiales de ese tipo, se comprometieron a establecer objetivos sectoriales específicos para la reducción de metano en sus futuras NDC, enfatizando la relevancia de la gestión de residuos orgánicos en la lucha contra el cambio climático. En conclusiónAl final, los resultados no son sorprendentes. Las COP sobre cambio climático suelen dar poco que celebrar, pero no debemos olvidar que son un espacio único donde todos los países se sientan a buscar consensos para avanzar en un objetivo común. La existencia misma de esta instancia refleja una intención de reconocer las responsabilidades históricas, en favor de la justicia y de un mundo donde podamos coexistir en armonía. Es una plataforma desde la cual empujar, por más que traiga más frustración que resultados. Por otro lado, resulta tremendamente esperanzador y motivante ver a la sociedad civil en acción. Cientos de representantes de diferentes organizaciones y movimientos dan lo mejor de sí para lograr resultados que reflejen el cumplimiento de los compromisos internacionales de los países desarrollados hacia sus pares en desarrollo, el clima y el equilibrio natural de nuestro planeta. Finalmente, los eventos paralelos que se dan en las COP son fuente de inspiración. Por los costados y sin mucho revuelo, se mueven personas de comunidades y pueblos indígenas que están implementando soluciones climáticas en sus territorios, con resultados exitosos concretos. Esas personas, como semillas que germinan silenciosamente, representan una poderosa fuente de esperanza.
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El ABC de los minerales de transición y de su rol en la producción de energía
Por Mayela Sánchez, David Cañas y Javier Oviedo* Necesitamos dejar los combustibles fósiles para afrontar la crisis climática, de eso no hay duda. Pero ¿qué implica transitar a otras fuentes de energía? Para producir una batería o un panel solar también se utilizan materias primas que provienen de la naturaleza. Algunos de esos recursos son minerales a los que, por sus características y en el contexto de transición energética, se les ha nombrado descriptivamente minerales de transición. ¿Cuáles son esos minerales? ¿Dónde están? ¿Cómo se usan? A continuación respondemos las principales dudas sobre estos recursos minerales porque es crucial conocer qué bienes de la naturaleza abastecerán las nuevas fuentes de energía, así como garantizar que su extracción respete los derechos humanos y los límites planetarios para que la transición energética sea justa. ¿Qué son los minerales de transición y por qué se les llama así? Son un conjunto de minerales con alta capacidad para almacenar y conducir energía. Por esas cualidades, son utilizados en el desarrollo de tecnologías de energía renovable, como paneles solares, baterías para la movilidad eléctrica o turbinas eólicas. Se les llama así porque se les considera esenciales para el desarrollo tecnológico de fuentes de energía renovable, como las ya mencionadas. Y en el contexto de la transición energética, las fuentes de energía que usan estos minerales son las más socorridas para reemplazar a las fuentes de energía fósil. A los minerales de transición también se les suele llamar minerales "críticos" por considerarse estratégicos para la transición energética. El término "críticos" se refiere a elementos que son vitales para la economía y la seguridad nacional, pero cuya cadena de suministro es vulnerable a interrupciones. Esto significa que los minerales de transición pueden ser minerales estratégicos, pero no críticos en términos de seguridad y economía. Sin embargo, en torno a la urgencia de la acción climática, algunos Estados y organismos internacionales han catalogado a los minerales de transición como minerales "críticos" con el fin de promover y facilitar el acceso a estas materias primas. ¿Cuáles son los principales minerales de transición? Los minerales de transición más relevantes son el cobalto, cobre, grafito, litio, níquel y las tierras "raras". Pero son al menos 19 minerales los que están siendo usados en las diferentes tecnologías de energía renovable: bauxita, cadmio, cobalto, cobre, cromo, estaño, galio, germanio, grafito, indio, litio, manganeso, molibdeno, níquel, selenio, silicio, telurio, titanio, zinc, y las tierras "raras". ¿Qué son las tierras “raras” y por qué se les llama así? Las tierras "raras" son los 16 elementos químicos del grupo de los lantanoides o lantánidos, más el Itrio (Y), cuyo comportamiento químico es virtualmente igual al de los lantanoides. Son el Escandio, Itrio, Lantano, Cerio, Praseodimio, Neodimio, Samario, Europio, Gadolinio, Terbio, Disprosio, Holmio, Erbio, Tulio, Iterbio y el Lutecio. Se les llama así porque cuando fueron descubiertos, en los siglos XVIII y XIX, eran menos conocidos en comparación con otros elementos considerados similares, como la cal. Pero el nombre ya es obsoleto en la actualidad. El término "raro" tampoco hace referencia a su abundancia, pues aunque no suelen concentrarse en depósitos que puedan ser explotables (por lo que sus minas son pocas), incluso los elementos menos abundantes de este grupo son mucho más comunes que el oro. ¿Para qué se utilizan los minerales de transición? ¿Qué tecnologías dependen de los minerales de transición? Los usos de los minerales de transición en el desarrollo tecnológico de fuentes de energía renovable son diversos: Tecnologías solares: bauxita, cadmio, estaño, germanio, galio, indio, selenio, silicio, telurio, zinc. Instalaciones eléctricas: cobre. Energía eólica: bauxita, cobre, cromo, manganeso, molibdeno, tierras "raras", zinc. Almacenamiento de energía: bauxita, cobalto, cobre, grafito, litio, manganeso, molibdeno, níquel, tierras "raras", titanio. Baterías: cobalto, grafito, litio, manganeso, níquel, tierras "raras". Además, se emplean en una variedad de tecnologías modernas, por ejemplo en la fabricación de pantallas, teléfonos celulares, discos duros de computadoras y luces LED, entre otros. ¿Dónde se encuentran los minerales de transición? La geografía de los minerales de transición es amplia, abarcando de China a Canadá, desde Estados Unidos hasta Australia. Pero su extracción se ha concentrado en países del sur global. Varios países de América Latina están entre los principales productores de distintos minerales de transición. Dichos materiales se encuentran en territorios complejos y ricos en diversidad biológica y cultural, como la Amazonía y los humedales andinos. Argentina: litio Brasil: aluminio, bauxita, litio, manganeso, tierras raras, titanio Bolivia: litio Chile: cobre, litio, molibdeno Colombia: níquel México: cobre, estaño, molibdeno, zinc Perú: estaño, molibdeno, zinc ¿Cómo apoyan los minerales de transición a la transición energética y la descarbonización? Los minerales de transición se consideran eslabones indispensables de la transición energética que busca la descarbonización, es decir dejar atrás las fuentes de energía fósil. Pero el interés mundial por estos materiales también abre preguntas sobre los beneficios y desafíos de la minería de minerales de transición. El tema ha tomado tal relevancia que en septiembre pasado el Panel de Naciones Unidas sobre Minerales Críticos para la Transición Energética emitió una serie de recomendaciones y principios para asegurar una gestión equitativa, justa y sostenible de estos minerales. Además, a raíz de la intensificación y expansión de su extracción en países de la región, el tema fue llevado por primera vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 15 de noviembre. En audiencia pública, representantes de comunidades y organizaciones de Argentina, Bolivia, Chile y Colombia, y regionales, presentaron información y testimonios sobre los impactos ambientales y sociales de la minería de minerales de transición. Frente al actual proceso de transición energética es necesario saber de dónde provendrán los recursos que posibilitarán las tecnologías para lograrla. La extracción y uso de minerales de transición debe evitar que sus costos ambientales y sociales recaigan de forma desproporcionada en las comunidades y ecosistemas locales. *Mayela Sánchez es consultora del equipo de comunicaciones de AIDA,; David Cañas y Javier Oviedo son asesores científicos. Fuentes consultadas: -Olivera, B., Tornel, C., Azamar, A., Minerales críticos para la transición energética. Conflictos y alternativas hacia una transformación socioecológica, Fundación Heinrich Böll Ciudad de México/Engenera/UAM-Unidad Xochimilco. -Science History Institute Museum & Library, "History and Future of Rare Earth Elements". -ONG FIMA, Narrativas sobre la extracción de minerales críticos para la transición energética: Críticas desde la justicia ambiental y territorial. -Haxel, Hedrick & Orris, "Rare Earth-Elements. Critical Resources for High Technology", 2005. -USGS 2014, "The Rare-Earth elements. Vital to modern technology and lifestyle", 2014. -Informe final para la audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Minerales para la transición energética y su impacto en los derechos humanos en las Américas, 2024.
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Cetáceos y salmonicultura: ¿Cómo impacta la industria a nuestros gentiles gigantes marinos?
Chile es por naturaleza un país de cetáceos. De las 94 especies de cetáceos existentes en el mundo, 43 tienen su hábitat en las aguas del país. Y 26 de ellas, un 28% del total mundial, habitan la Patagonia. Pero Chile es también, desde hace poco, un país de salmones, ocupando el segundo lugar en producción mundial, solo superado por Noruega. La superposición de la industria salmonera con el hábitat de estos emblemáticos mamíferos marinos representa una amenaza significativa para los cetáceos en Chile de la cual no se conoce suficiente. Los recientes sucesos de muertes de ballenas en zonas protegidas de los mares australes chilenos nos obligan a preguntarnos por qué están muriendo y cómo les afecta esta creciente industria con la que comparten hábitat. La sociedad civil está reaccionando. A comienzos de noviembre de 2024, Greenpeace —junto con la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómadas del Mar y con el respaldo de AIDA— presentó dos querellas criminales contra quienes resulten responsables de la muerte de ballenas jorobadas al interior de áreas protegidas. Estas acciones legales, que ya fueron declaradas admisibles, representan un hito inédito en la historia penal del país pues en ellas se utilizan por primera vez las modificaciones introducidas por la Ley 21.595 de Delitos Económicos y Medioambientales al Código Penal para iniciar una querella por posibles infracciones ocurridas al interior de áreas protegidas. En este contexto, AIDA, junto con Greenpeace y ONG FIMA —aliadas históricas en la resistencia a la expansión de la salmonicultura en las aguas de la Patagonia chilena—, encargaron un informe científico —denominado "Cetáceos y salmonicultura: Desafíos para la protección de la biodiversidad marina en la Patagonia chilena" y disponible por ahora como resumen ejecutivo— para poner sobre la mesa la información disponible sobre los impactos de la salmonicultura en los cetáceos de la Patagonia chilena. Los resultados son alarmantes: se identificaron riesgos graves, además de una falta de datos que dificulta entender la magnitud y consecuencias de las amenazas. Uno de los impactos más evidentes es la captura incidental de pequeños y grandes cetáceos en los centros de cultivo. Existen casos documentados de enmallamiento y muertes, aunque la falta de registros oficiales dificulta dimensionar la gravedad del problema. El intenso tráfico marítimo en la Patagonia, vinculado en gran parte a la industria salmonera, representa otra amenaza significativa. Aunque en Chile no existen cifras oficiales al respecto, hay evidencia de muertes y lesiones graves resultantes de colisiones entre embarcaciones y cetáceos. Además, el ruido submarino generado por los motores de las embarcaciones afecta la salud y bienestar de los cetáceos, que dependen del sonido para comunicarse y orientarse. A estos se suman otros problemas de la industria, cuyos efectos sobre ballenas y delfines no han sido suficientemente estudiados, pero que debemos considerar mientras se generan los estudios pertinentes. Uno de ellos es la fuga de salmónidos, que compiten con las especies nativas por los recursos alimenticios y posiblemente les transmiten enfermedades que podría afectar sobre todo a los cetáceos más pequeños, por la reducción en la disponibilidad de presas que les sirven de alimento. La contaminación por microplásticos, originada en un 40% por los centros de cultivo de salmones, representa otra preocupación ambiental poco investigada respecto de su impacto en los cetáceos. Y el uso excesivo de antibióticos en la salmonicultura chilena, una de las tasas más altas del mundo, podría estar teniendo efectos indirectos negativos en los ecosistemas que son hábitat de estos mamíferos marinos. Finalmente, uno de los impactos ambientales más significativos de la industria salmonera en los hábitats de la Patagonia chilena es la generación de hipoxia y anoxia, debido al exceso de materia orgánica de los centros de cultivo, proveniente de las fecas de los salmones y de la comida no consumida que cae al lecho marino. La degradación de esta materia consume el oxígeno del agua, generando zonas en el mar donde la vida se dificulta o imposibilita. Esperamos que este informe llene el vacío de información que, ante las recientes muertes de ballenas, se ha vuelto incómodo y hasta insostenible. Con esta evidencia podremos impulsar una respuesta del gobierno hacia la rápida implementación de medidas de protección efectivas para los cetáceos, aún en un escenario de conocimiento limitado. Chile es país de cetáceos, y como sus guardianes, debemos asegurar que nuestras aguas sean un espacio seguro para su desarrollo y bienestar. Lee y descarga el resumen ejecutivo del informe
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Elementos clave para la protección de los páramos y el agua en América Latina
Texto publicado originalmente en Animal Político. En América Latina, la protección del agua es crucial debido a su escasez, el componente cultural que entraña y su papel fundamental en el desarrollo de los territorios. Los páramos —ubicados en países como Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela— son ecosistemas de alta montaña esenciales para la regulación hídrica pues capturan agua de la lluvia y niebla, suministrándola a tierras bajas. Este proceso asegura la provisión de agua a varias comunidades y garantiza, por ejemplo, el 70% del agua en Colombia. Estos ecosistemas —que cubren más de 30.000 km2 del continente— son hogar de más de 3.370 especies de plantas y 250 de animales. Pueden captar diez veces más dióxido de carbono por metro cuadrado que un bosque tropical. La minería a cielo abierto y la explotación subterránea de minerales son una gran amenaza para los páramos porque conlleva impactos negativos significativos como la contaminación del agua, la degradación del suelo, la alteración de los sistemas de drenaje (que puede secar y reducir los cuerpos de agua y sus flujos superficiales) y emisión de gases de efecto invernadero, entre otros. Estos impactos se agravan en los ecosistemas de alta montaña pues son frágiles y con capacidad limitada de regeneración. A esto se suman los conflictos socioambientales en muchas zonas andinas, donde la minería amenaza los medios de vida de comunidades que dependen de la integridad ambiental de estas áreas para su desarrollo individual y colectivo. En Colombia, la protección de los páramos frente a proyectos mineros ha resultado en los últimos años en tres demandas millonarias contra el Estado interpuestas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por empresas canadienses interesadas en desarrollar minería a gran escala en el páramo de Santurbán. Pese a los problemas estructurales del sistema de arbitraje de inversiones —que incluyen desechar argumentos de protección ambiental en favor de los intereses de inversionistas—, una lectura con enfoque de derechos de los laudos arbitrales que resolvieron las tres demandas arroja luces sobre el camino que los Estados deben seguir para proteger los páramos y otros ecosistemas de alta montaña estratégicos para el agua en la región. Tres demandas de arbitraje internacional relacionadas con minería en páramos En los casos a los que hacemos referencia, las políticas ambientales de Colombia para salvaguardar los páramos resultaron en la cancelación de las concesiones mineras que las empresas canadienses Eco Oro Minerals, Red Eagle y Galway Gold Inc. (hoy Montauk Metals Inc.) tenían en el páramo de Santurbán. Esto llevó a las tres compañías a iniciar, por separado, procedimientos de arbitraje ante el CIADI alegando un menoscabo a sus inversiones, al amparo del Tratado de Libre Comercio (TLC) Colombia-Canadá, e invocando diversas cláusulas como la presunta expropiación de sus derechos y una afectación al nivel mínimo de trato. A continuación, resumimos los laudos arbitrales emitidos en los tres casos: Eco Oro vs. Colombia. En su decisión, emitida el 9 de septiembre de 2021, el tribunal de arbitraje criticó a Colombia por su falta de claridad en la delimitación del páramo. Aunque reconoció que los páramos son ecosistemas sensibles y juegan un rol fundamental en la acción climática y la provisión de agua, ponderó los intereses de la empresa por encima de la protección ambiental. Declaró que, debido a mensajes inconsistentes acerca de la viabilidad del proyecto minero y durante la delimitación del páramo de Santurbán, el gobierno colombiano violó el TLC al no garantizar un nivel mínimo de trato al inversor. Red Eagle vs. Colombia. El 18 de febrero de 2024, el CIADI notificó a Colombia su decisión en la demanda de Red Eagle, en la que desestimó las pretensiones de la minera, subrayando su obligación de actuar con debida diligencia al momento de realizar actividades en páramos. El tribunal consideró que las medidas adoptadas por el gobierno fueron razonables y proporcionadas, además de basadas en estudios científicos que demostraron que la protección del páramo de Santurbán es un objetivo legítimo que justifica la terminación de la concesión. Galway Gold vs. Colombia. La decisión del CIADI en este caso fue notificada al gobierno colombiano el 7 de junio de 2024. En ella se desestimaron las pretensiones de Galway Gold Inc. El tribunal identificó que Colombia actuó de manera inconsistente al determinar las zonas de páramos protegidas, no obstante, reconoció que los obstáculos para la conservación de estos ecosistemas son multifacéticos e implican la coordinación entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que no es simple. En las decisiones de los casos de Red Eagle y Galway Gold Inc., los tribunales resaltaron la debida diligencia requerida de los inversionistas al realizar actividades en páramos, consideraron razonables las medidas de protección ambiental del gobierno y reconocieron los conflictos que involucran la protección del ambiente en Colombia. Por consiguiente, concluyeron que los tribunales deben ser sensibles a los problemas que surgen durante la preservación de los páramos. En el caso de Eco Oro, pese a las salvedades mencionadas, la mayoría del tribunal reconoció la fragilidad del ecosistema y los altos riesgos de impactos por la actividad minera, su rol en la lucha contra la crisis climática y la necesidad de protegerlos, ya que su restauración es incierta y puede llevar mucho tiempo. Esto pone de relieve las dificultades prácticas en la protección de los páramos y los ecosistemas montanos. También alerta de la necesidad de marcos normativos y políticas ambientales coherentes y bien definidos que salvaguarden la integridad de estos ecosistemas. Como señaló el tribunal en su decisión del caso de Red Eagle, las decisiones aparentemente contradictorias reflejan las complejidades del “mundo real” en la protección ambiental. Esto resalta la importancia de que Estados e inversionistas actúen con responsabilidad y transparencia para garantizar la conservación de los ecosistemas de alta montaña y los derechos de las comunidades locales. El camino para proteger los ecosistemas de alta montaña y el agua Desde un enfoque de justicia ambiental y de derechos humanos, los tres laudos dejan elementos clave para construir una hoja de ruta hacia la protección de los páramos y otros ecosistemas de alta montaña, los servicios ecosistémicos que brindan y los derechos de las comunidades locales que viven en o dependen de ellos. 1. Cumplimiento de obligaciones internacionales para proteger ecosistemas estratégicos para el ciclo del agua Las decisiones ratifican las obligaciones internacionales de los Estados para proteger fuentes hídricas importantes como páramos, bosques, humedales, glaciares andinos y otros ecosistemas de alta montaña. Resaltan el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar) y el Acuerdo de París, tratados que reconocen la importancia de estos ecosistemas para la biodiversidad, la regulación hídrica y la mitigación de la crisis climática. Estos compromisos se complementan con otros instrumentos internacionales que reafirman la relevancia de la protección del derecho al agua y la necesidad de una gestión sostenible de los recursos hídricos. Entre ellos están las declaraciones sobre el Medio Humano y sobre el Agua y Desarrollo Sostenible; la Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y la Agenda Regional de Acción por el Agua 2023. 2. Deber de las empresas de respetar las decisiones estatales referentes a la protección de los páramos y otros ecosistemas de alta montaña Los tres fallos, leídos en conjunto, indican por qué las empresas deberían desistir de iniciar procedimientos ante instancias internacionales cuando los Estados actúan en cumplimiento de su obligación de proteger el ambiente. También resaltan la importancia de la debida diligencia en el actuar de las empresas, que incluye la obligación de identificar, prevenir y mitigar los impactos negativos ambientales y sociales de sus actividades, así como de abstenerse de actuar si estos impactos son desproporcionados o inciertos. El caso más reciente de una empresa que insiste en desconocer el derecho legítimo de los Estados a proteger el ambiente es el de First Quantum Minerals. La empresa canadiense anunció una demanda de arbitraje contra Panamá luego de que su contrato de concesión minera en la región montañosa de la provincia de Colón fuera declarado inconstitucional por la Corte Suprema de ese país. 3. Necesidad de cooperación regional para la protección de los ecosistemas de alta montaña La protección de los páramos y otros ecosistemas de montaña no puede ser efectiva si se limita a un país. En América Latina, la minería a gran escala en los Andes sigue avanzando sin una adecuada evaluación de su impacto en el ambiente y en los derechos de las comunidades. Así ocurre con los páramos de Quimsacocha y Fierro Urku en Ecuador, así como con páramos y bosques de niebla en Perú, amenazados con proyectos de minería metálica. Dado que el arbitraje internacional no está diseñado para proteger el ambiente ni los derechos de las comunidades, la cooperación sur-sur puede ofrecer una alternativa viable. No es suficiente con que los Estados cumplan sus obligaciones internacionales y que las empresas respeten las decisiones estatales para proteger ecosistemas estratégicos. Es crucial que los países de la región trabajen juntos para coordinar esfuerzos y establecer medidas de protección regionales. Un diálogo entre Panamá, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador podría facilitar la implementación de políticas sostenibles y eficientes. Esto garantizaría el respeto de los derechos de las comunidades, el equilibrio ecológico de los ecosistemas de alta montaña, y la provisión de agua a largo plazo. Además, permitiría desarrollar alternativas sostenibles para enfrentar un sistema que ha ignorado continuamente la voz de las comunidades y la protección del ambiente. 4. Importancia de mayor investigación científica sobre los ecosistemas de alta montaña los páramos y de reconocer su valor ecológico Es esencial que los Estados inviertan en investigación científica para comprender mejor la importancia ecológica de los ecosistemas de alta montaña. La definición clara de sus servicios ecosistémicos permitirá establecer políticas de protección efectivas y focalizadas. En los tres laudos se destaca el acervo probatorio científico pues los datos demuestran que la protección de los páramos es crucial para la sostenibilidad ambiental y la seguridad hídrica en América Latina. Solo comprendiendo los componentes y las interrelaciones de estos ecosistemas se puede evidenciar eficazmente los desafíos para su protección. Esta información es fundamental para incidir, ante instancias regionales e internacionales, y que los Estados cumplan con sus obligaciones de conservación y las empresas interioricen que los páramos y otros ecosistemas abastecedores de agua son "zonas prohibidas" para la minería. A través de la cooperación regional, el fortalecimiento de los marcos legales internacionales y la inversión en investigación científica, los países latinoamericanos pueden asegurar un futuro sostenible para sus páramos, otros ecosistemas de alta montaña y para las comunidades locales.
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Hablemos de las NDC, los compromisos de los países para enfrentar la crisis climática
Las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) son los planes que cada país elabora para hacer frente a la crisis climática en el marco del Acuerdo de París. En ellas los países se comprometen a cumplir con metas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y avanzar en la adaptación a la crisis climática, incluyendo —idealmente—, las formas en que financiarán dichas acciones. El Acuerdo de París, donde se originan las NDC, es un tratado internacional jurídicamente vinculante para combatir el cambio climático que entró en vigor el 2016, luego de ser firmado por 195 países. Así, las NDC constituyen la vía para lograr los objetivos del acuerdo, que son: Garantizar que el aumento de la temperatura media mundial se mantenga muy por debajo de los 2 °C, preferiblemente a 1,5 °C, en comparación con los niveles preindustriales. Aumentar la capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático. Adecuar el financiamiento a las necesidades de los países para alcanzar estos objetivos. Cada país es libre de decidir y comprometer en sus NDC cuánto y cómo mitigarán sus emisiones y de qué forma buscará la adaptación, basándose en sus capacidades y circunstancias. En este sentido, las NDC refuerzan los objetivos mundiales pactados para enfrentar la crisis climática y contienen los compromisos específicos de los países para alcanzarlos. Además, constituyen planes a corto y mediano plazo —con respaldo político— en áreas cruciales no solo para estabilizar el clima, sino también para impulsar el desarrollo sostenible y afrontar otras crisis globales como la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Los países que han suscrito el Acuerdo de París deben presentar sus NDC a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y actualizarlas cada cinco años con metas cada vez más ambiciosas, en función de sus propias capacidades. Las conferencias de las partes (COP), órgano de toma de decisiones de la Convención, establecen las guías para que los países cumplan con estos compromisos. Las primeras NDC fueron presentadas en 2015, cuando se adoptó el Acuerdo de París, y su primera actualización ocurrió en 2020. El próximo año, los países deben actualizarlas nuevamente con metas a 2030 y 2035. Dada su relevancia para la acción climática mundial y la cercanía de la segunda actualización, ahondaremos en aspectos relevantes de las NDC. El contenido de las NDC En sus NDC, los países presentan un análisis proyectado de los riesgos e impactos climáticos, además de compromisos específicos de reducción de GEI y de adaptación a los impactos. Esto se traduce en metas cuantitativas o cualitativas, plazos y acciones en sectores prioritarios como agricultura, agua, biodiversidad, bosques, energía, gestión de riesgos, industria, infraestructura, pesca, salud, transporte, turismo y zonas costeras, entre otros. La mayoría de los países incluyen presupuestos aproximados para alcanzar sus objetivos y muchos países en desarrollo hacen referencia al apoyo que requieren —financiero, de transferencia de tecnología y/o de construcción de capacidades— para implementar alguna o todas sus medidas. En una NDC, las metas que se pueden alcanzar sin ayuda externa se llaman "no condicionadas" y las que dependen de ese apoyo se denominan metas "condicionadas". Algunos ejemplos de los compromisos de las NDC pueden ser: Reducir al 2030 el 22% de sus emisiones de GEI con recursos propios (meta de mitigación no condicionada). Incrementar la reducción de GEI hasta un 36%, pero sujeto a un acuerdo global que incluya cooperación técnica y transferencia de tecnología, así como al acceso a recursos financieros de bajo costo (meta de mitigación condicionada). Incrementar al 2030 la capacidad adaptativa de la población ante el cambio climático y disminuir la alta vulnerabilidad en 160 municipios (meta de adaptación no condicionada). El avance de las NDC Según el World Resource Institute, los compromisos actuales de reducción de emisiones de las NDC presentadas por los países están lejos de la ambición necesaria para lograr los objetivos del Acuerdo de París pues, aún si se cumplieran a cabalidad, nos llevarían a un aumento de temperatura de entre 2,5 y 2,9 °C. Más optimistas, los datos de la iniciativa Climate Promise del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que apoya al 85 % de los países en la elaboración de sus NDC, dan cuenta que los países más vulnerables están logrando avances tangibles de ambición. Por ejemplo, los países africanos muestran un compromiso más firme que el de la media mundial en sus metas relativas a resiliencia climática, en el aumento de sus esfuerzos de transparencia y en la inclusión de la transición justa; mientras que las NDC de los países de América Latina y el Caribe registraron niveles elevados de inclusividad y responsabilidad entre las partes interesadas, en comparación con la media mundial. Aunque la mayoría de los países de América Latina tienen en sus NDC planes de reducción de emisiones de GEI, de adaptación y de fomento a la energía renovable, continúan dependiendo de la explotación de petróleo, gas y carbón, por lo que sus compromisos climáticos actuales son insuficientes. Derechos humanos y enfoque de género en las NDC Si bien la crisis global es una amenaza para toda la humanidad, sus impactos afectan de manera desproporcionada a los sectores de la población en situación de vulnerabilidad, que tienen menos capacidad para afrontarlos. Es el caso de pueblos indígenas y afrodescendientes, así como de poblaciones campesinas y rurales. Además, según el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, "las mujeres están especialmente expuestas a los riesgos relacionados con el cambio climático, debido a la discriminación de género, las desigualdades y los roles de género que las inhiben". Uno de los principales impactos negativos de la crisis climática en las mujeres es que exacerba la carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, profundizando así desigualdades estructurales existentes. Por lo dicho antes, es imprescindible que los Estados incorporen el marco de derechos humanos y la perspectiva de género en la formulación de sus políticas climáticas, una necesidad reconocida por diversos instrumentos y tratados internacionales. Esto implica que los Estados —en la elaboración, implementación y seguimiento de las NDC— sean coherentes con sus obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos sin discriminación alguna y con un enfoque de género e interseccional, potenciando así la capacidad de acción efectiva de las personas y comunidades frente a la crisis climática, en especial aquellas que históricamente han sido marginadas. Asimismo, las NDC deben garantizar los derechos de las futuras generaciones y la integridad a largo plazo de los ecosistemas. Lo que viene La ronda de NDC del próximo año debe estar orientada a concretar el compromiso alcanzado en la vigésimo octava Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP28) de eliminar progresivamente los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, fijar metas específicas de reducción de emisiones de metano, triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética. Dado que esta nueva ronda abarcará metas hasta 2035 —marcando el punto medio entre 2020, cuando los países empezaron a implementar sus NDC y 2050, el año acordado para alcanzar el objetivo global de cero emisiones netas—, los compromisos que se presenten son cruciales para alinear las acciones a corto plazo con los objetivos a largo plazo. Ante impactos climáticos que ocurren aceleradamente y con consecuencias cada vez más graves, es urgente tener NDC con la ambición suficiente para aportar a la reducción drástica de emisiones, a una mayor adaptación, a la atención adecuada de las pérdidas y daños ya ocasionados, así como a un incremento significativo del financiamiento climático. Más información Para saber más del avance de los compromisos climáticos de cada país, puedes: Consultar la base de datos de la CMNUCC, que cuenta con la lista de países que han presentado sus NDC y la fecha en que lo hicieron. Consultar la información generada por Climate Action Tracker, que hace seguimiento a la acción climática de los gobiernos, comparándola con los objetivos del Acuerdo de París. Conocer NDC LAC, una herramienta digital que proporciona información del avance en la implementación y actualización de las NDC en América latina y el Caribe. Fuentes - Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, "Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC). El Acuerdo de París y las contribuciones determinadas a nivel nacional". - Naciones Unidas, "Todo sobre las CDN". -World Resources Institute, "Next Generation NDCs. Accelerating climate action under the Paris Agreement". - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, "¿Qué son las NDC y cómo impulsan la acción climática?". - Verónica Méndez Villa y Daniela García Aguirre, "Derechos humanos y perspectiva de género en las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC) en América Latina", Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). - Inter Press Service, "América Latina llega a la COP28 con ambiciones para sus metas insuficientes".
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Amazonía: Las complejidades y desafíos de su protección
Por Vania Albarracín y José David Castilla* La protección de la Amazonía es uno de los principales desafíos en la región. Hacerle frente implica coordinación y cooperación entre Estados, pueblos y organizaciones. En ese contexto, el Foro Social Panamazónico (FOSPA) nace de la necesidad de pensar a la Panamazonía —región conformada por los países que tienen jurisdicción o territorio en la cuenca del río Amazonas, y/o tienen cobertura de selva y/o pertenecen al Tratado de Cooperación Amazónica (TCA)— desde todas sus complejidades. El FOSPA es un espacio regional de articulación, reflexión e intercambio entre pueblos indígenas, movimientos sociales y sociedad civil de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Venezuela y Surinam. La unión de tantos actores alrededor de la Amazonía se debe a que se trata de un ecosistema megadiverso y estabilizador climático global que contiene más del 13% de todas las especies vegetales y animales conocidas y que descarga anualmente 6.600 km³ de agua dulce al océano Atlántico, equivalentes a entre el 16 y 20% de la escorrentía mundial. Por ello, es esencial considerar la interconexión e interdependencia entre la Amazonía y otros ecosistemas de la región. Los ecosistemas marino-costeros, los humedales andinos, las sierras y los bosques están conectados a lo largo del continente y deben ser reconocidos como parte de una estrategia integral de protección. El territorio amazónico enfrenta problemas graves de deforestación y degradación ecosistémica, lo que ha generado una alerta sobre la llegada del denominado punto de no retorno. Esto se refiere a la pérdida del equilibrio ecológico y las funciones climáticas de la Amazonía, lo que traería repercusiones globales negativas incalculables. El FOSPA realiza encuentros bianuales en distintas ciudades y subregiones de la Amazonía para dialogar acerca de la vulneración de derechos humanos, ambientales, territoriales y de la naturaleza que aquejan a la región, así como para plantear alternativas que surjan desde las comunidades locales y los pueblos indígenas que la habitan La onceava versión del FOSPA tuvo lugar del 12 al 15 de junio de 2024 en las ciudades de Rurrenabaque y San Buenaventura, en la región amazónica de Bolivia. Del encuentro surgió una declaración conjunta en defensa de la vida, los pueblos y la naturaleza. AIDA participó en el encuentro y compartimos a continuación nuestro balance del mismo respecto de los principales acuerdos, los vacíos para su implementación y lo que falta para garantizar la protección de la Amazonía. Los acuerdos 1. Las amenazas de la minería Las amenazas de la minería para la región amazónica se traducen en dos problemas centrales: la promoción e impactos de nuevos extractivismos (como la minería de cobre) y la contaminación de mercurio de la minería de oro. En el encuentro se evidenció la necesidad de prohibir el comercio mundial de mercurio y de crear estrategias multinacionales para combatir su uso en la minería de oro, en cumplimiento del Convenio de Minamata. Además, se abogó por un enfoque biocultural en la evaluación de los impactos de la minería, reconociendo la interrelación entre biodiversidad y culturas indígenas, el papel fundamental de las mujeres en la conservación y reproducción de la vida, así como la participación de la sociedad civil en espacios de decisión, garantizando su transparencia y su plena divulgación. 2. Una Amazonía libre de extractivismos Una de las principales preocupaciones de las comunidades, pueblos y organizaciones que participaron en el encuentro es la presencia de distintos tipos de extractivismo en la región amazónica. Identificaron que sus derechos son vulnerados y amenazados por proyectos de extracción y transporte de hidrocarburos, por la explotación de minerales de transición como el oro y el cobre, así como por la implementación de políticas públicas relacionadas con la transición energética. Una de las propuestas más relevantes al respecto fue generar una declaratoria multifactorial y plurinacional de la Amazonía como zona libre de combustibles fósiles y de minería, no solo como una consigna, sino como un horizonte político, social y ambiental para la protección de la vida en todas sus formas. Esta propuesta debe ser evaluada en el contexto de las distintas tensiones y realidades sociales de la región. 3. Garantías para una transición energética justa y popular La transición energética justa y popular fue otro de los puntos relevantes del encuentro. Las comunidades originarias y los pueblos indígenas plantearon la necesidad de descolonizar el concepto de transición energética y plantear un proceso que surja de ellas, que históricamente han sufrido los impactos del extractivismo. El llamado fue a implementar una transición energética donde se reparen estos impactos y se restauren los ecosistemas afectados Para lograr este objetivo son necesarios procesos de cierre y salida responsable de proyectos, además de procesos de transición que incorporen los más altos estándares de derechos humanos y la perspectiva de las comunidades afectadas. Los vacíos prácticos 1. Compromiso insuficiente de cooperación regional En la onceava versión del FOSPA se evidenció el escaso compromiso político de los gobiernos miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), reflejado en la falta de acuerdos firmes y de mecanismos de participación efectiva. Esto favorece las políticas extractivistas y debilita la protección de los derechos de los pueblos indígenas y los de la naturaleza. Es esencial que la OTCA revise y fortalezca sus estructuras para asegurar que los compromisos internacionales se implementen y que las comunidades panamazónicas tengan un rol activo y decisivo en la formulación de políticas. 2. Exclusión de los pueblos y comunidades originarias de las decisiones La exclusión de los pueblos indígenas y comunidades originarias amazónicas en los procesos de toma de decisiones es evidente. Esto conduce a políticas y acuerdos que no satisfacen sus necesidades y realidades. Un claro ejemplo de esto son las Conferencias de las Partes (COP) sobre cambio climático y biodiversidad, donde la representación indígena no es genuina o sustantiva, lo que resulta en que no se valore su conocimiento ancestral y su rol fundamental en la protección de la biodiversidad y del clima. 3. Ausencia de un mecanismo vinculante La implementación de acuerdos alcanzados en espacios como el FOSPA ha sido insuficiente y, en muchos casos, inexistente. Este fue uno de los principales reclamos de los pueblos indígenas y las comunidades originarias. Al no tener un carácter vinculante, y al no ser tan relevante para la perspectiva estatal, muchas de las solicitudes quedan enfrascadas en el terreno de lo declarativo. Aunque el FOSPA es esencial para la integración panamazónica y la construcción de alternativas desde los territorios, se requiere un esfuerzo conjunto para fortalecer su vínculo con las y los tomadores de decisiones, promover la participación activa de las comunidades y hacer del foro una plataforma de movilización y acción. El camino a recorrer El próximo encuentro del FOSPA será en dos años, pero la protección efectiva de la región panamazónica no puede esperar. En el corto plazo, es necesario realizar acciones concretas para mitigar los impactos en el ecosistema y adoptar medidas de cooperación regional para garantizar su protección integral y transfronteriza. Entre otras cosas, es necesario y urgente: Lograr un consenso regional y diseñar un plan para garantizar la declaratoria de la Amazonía como zona libre de combustibles fósiles y de toda forma de extractivismo. Coordinar una articulación andino-amazónica y costera para la defensa integral de los territorios, demandando acciones concretas contra la minería con un enfoque biocultural. Exigir marcos normativos de debida diligencia en materia ambiental y de derechos humanos en los Estados amazónicos y en los países de origen de las empresas para obligar a estas a cumplir con estándares internacionales en estas dos áreas. Instar a los Estados a que apliquen los principios de prevención y de precaución y que eleven su estándar en los proyectos que puedan tener impactos en la Amazonía. Diseñar un mecanismo de cierre y salida de los proyectos asociados a la extracción de combustibles fósiles en la región amazónica. Garantizar la participación activa, representativa y vinculante de las comunidades y pueblos panamazónicos en los foros internacionales donde se decide acerca de la naturaleza, por ejemplo en próxima Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad (COP16 en Colombia) y las próximas Conferencias de la ONU sobre el Cambio Climático (COP29 en Azerbaiyán y COP30 en Brasil). *Vania Albarracín Silva es abogada del Programa de Ecosistemas de AIDA y José David Castilla Parra es abogado del Programa de Derechos Humanos y Ambiente.
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Comunidades llevan su voz acerca de la crisis climática ante la Corte Interamericana
Por Liliana Ávila y Marcella Ribeiro* La cita fue del 25 al 29 de mayo en Manaos, la ciudad amazónica más grande de Brasil, donde el caudaloso río Amazonas nace cuando las aguas oscuras del río Negro confluyen con las de tonalidades más claras del Solimões. Allí llegó una delegación de siete comunidades y de una red de personas trans y no binarias, proveniente de diferentes rincones del continente, para decirle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de dónde son, cuál es el territorio y el espacio vital que ocupan; cómo la crisis climática y la injusticia ambiental están afectando sus modos de vida; y lo que proponen para que el tribunal internacional contribuya a garantizar sus derechos ante la crisis global y ante las acciones para combatirla. Como sucedió en Bridgetown, Barbados —un mes antes—, Manaos fue la sede de las audiencias públicas de la Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos, un dictamen en el que la Corte aclarará las obligaciones que tienen los Estados del hemisferio para proteger a las personas, especialmente a quienes están en situación de vulnerabilidad, ante los impactos de la crisis climática. Las voces de los territorios Las audiencias orales son parte del proceso a través del cual el tribunal emite sus opiniones consultivas. En ellas, las y los jueces de la Corte escuchan a los Estados y a otros actores en intervenciones que no deben sobrepasar los 10 minutos. La historia de los pueblos y de sus luchas no caben en 10 minutos. Pese a ello, los testimonios de cada miembro de la delegación estuvieron llenos de sabiduría, de dignidad y de esperanza. Francis Cruz, representante de la Alianza Hondureña ante el Cambio Climático y residente del municipio de Marcovia, contó cómo el mar acabó con su casa y con su restaurante, todo lo que tenía. La erosión costera se llevó más de 12 metros de territorio en su comunidad, que dependía de la pesca y del turismo. De hecho, el municipio y otras localidades de la zona sur del país viven con la amenaza constante de fenómenos meteorológicos cuya intensidad y frecuencia se asocia con el clima cambiante y con la degradación ambiental que este provoca. La Corte supo también que la extracción de hidrocarburos mediante fracking en la provincia de Mendoza, Argentina, limita las capacidades de resiliencia de las comunidades mapuches frente a la crisis climática y profundiza la grave situación de escasez hídrica en la zona. Así lo explicó Gabriel Jofré, vocero de la Organización Identidad Territorial Malalweche, quien puso en valor los conocimientos tradicionales del pueblo mapuche como fuente de respuestas a su situación de vulnerabilidad climática. En su testimonio, Katta Alonso, vocera del movimiento territorial MUZOSARE (Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia), retrató cómo es vivir en Quintero y Puchuncaví, Chile, un lugar altamente contaminado que se transformó para siempre en un complejo industrial con termoeléctricas, petroleras y plantas químicas, donde los proyectos de transición energéticas están agravando el problema. "El cambio climático nos afecta como a todos, pero más aún porque ya estamos en una situación de vulnerabilidad ambiental. También nos afectan las políticas y medidas que el gobierno adopta en sus intentos de hacer frente a la crisis climática porque nos vuelven a sacrificar a nosotros. Vuelven a ofrecer nuestros territorios para poner las industrias dañinas que supuestamente resolverán el problema. No hay información, no hay participación, no hay posibilidad de defensa", dijo. A nombre de la organización Mujeres Unidas en Defensa del Agua: Lago Titicaca Perú-Bolivia, María Eugenia Millares, habló de la contaminación del lago y de cómo los cambios de temperatura impactan la siembra, los ciclos de producción de alimentos y su conservación. Enfatizó el rol de las mujeres: "Nuestra capacidad de adaptación es cada vez más baja en la medida en que perdemos nuestros medios de subsistencia en razón de la crisis climática y la omisión estatal. Pero sabemos que podemos cambiar esta situación. Nosotras, las mujeres, que somos las más impactadas porque usamos el agua para el hogar y otras actividades, debemos ser escuchadas y reconocidas en nuestro rol en rescatar el lago y su vida". También intervino en la audiencia Angelica Ortiz, en representación de las comunidades La Gran Parada y El Rocío —ubicadas en el departamento de La Guajira, Colombia— y de la Organización Fuerzas de Mujeres Wayuu. Evidenció la realidad del pueblo indígena Wayuu, cuyas posibilidades de adaptación a la emergencia climática se han reducido en medio de una situación de vulnerabilidad económica, crisis hídrica, décadas de explotación de carbón y, recientemente, de proyectos de energía eólica que se desarrollan en sus territorios sin haberles consultado. "No sabemos cuándo llueve, por eso tampoco sabemos cuándo sembrar". La Corte escuchó además el caso de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, ecosistema que ha perdido más del 90 % de sus glaciares por el calentamiento global. "Nuestra Madre está enferma, la crisis climática es la enfermedad que hemos causado a la madre y que hoy nos manda el mensaje", dijo Jaime Luis Arias, Cabildo Gobernador del Pueblo Kankuamo. Entre otras cosas, la crisis climática amenaza el sistema de conocimientos ancestrales de estos pueblos, sus prácticas tradicionales y su vida espiritual. Finalmente, Yoko Ruiz, coordinadora territorial de la Liga de Salud Trans, habló de los impactos diferenciados de la crisis climática en las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+. Exhortó a que el dictamen de la Corte para esclarecer las obligaciones estatales de protección de los derechos humanos ante la emergencia climática sea coherente con las realidades de discriminación y violencia estructural que enfrentan estas poblaciones. Aportes desde las vivencias y los saberes Las y los integrantes de la delegación viajaron a Manaos no solo para contar las problemáticas que les aquejan. Como agentes de cambio, también llevaron propuestas concretas de cómo afrontar la crisis climática con urgencia, a partir de sus saberes y experiencias, y respetando los derechos humanos. Sus propuestas son un grito de esperanza que confían sea escuchado por la Corte. Son un llamado a replantear las causas estructurales del desequilibrio natural y espiritual; así como a detener las afectaciones a la Madre Tierra, a sus elementos sagrados, órganos y sistemas vitales. Entre muchas otras cosas, propusieron: Establecer la declaratoria de protección integral de los territorios étnicos y campesinos, así como ecosistemas, con alto grado de vulnerabilidad a causa de la crisis climática. Fortalecer las capacidades de adaptación de las poblaciones a través del conocimiento ancestral, el monitoreo comunitario y otros mecanismos que aseguren a sus habitantes resiliencia climática. Reconocer la validez del conocimiento ancestral y ordenar a los Estados fortalecer las capacidades de la población para vigilar y cuidar los ecosistemas como una forma de promover la adaptación climática. Que los planes de prevención, preparación, respuesta, recuperación y adaptación ante desastres climáticos cuenten con perspectiva de género y garanticen servicios e insumos relacionados con la salud en general, y sobre todo sexual y reproductiva, de mujeres, niñas y personas LGBTQ+. El encuentro de los pueblos del continente americano en el proceso de elaboración de la opinión consultiva de la Corte Interamericana es más que un trámite y una presentación de 10 minutos. Es ante todo una apuesta por la esperanza, una reafirmación de que la lucha contra la crisis climática será con y para los pueblos o no será. En AIDA apoyamos a que diferentes comunidades de la región lleven su voz al proceso con su participación en las audiencias de Bridgetown y Manaos, además de con la presentación de escritos legales a la Corte resaltando las diversas las afectaciones socioambientales de la emergencia climática y propuestas valiosas para su abordaje. Esta experiencia refleja nuestra apuesta por la construcción de procesos éticos, colectivos y horizontales junto a comunidades de América Latina para potencializar el alcance de sus voces y promover la renovación del derecho internacional desde sus conocimientos. Para el equipo de AIDA es fundamental ser puente entre personas defensoras que luchan diariamente por la vida. Buscamos cambiar las lógicas tradicionalmente excluyentes de los espacios internacionales de decisión, promoviendo el intercambio de conocimientos diversos y trabajando para que las decisiones acerca de la naturaleza incorporen la voz de quienes realmente la resguardan y viven en armonía con ella. *Liliana Ávila es directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA; Marcella Ribeiro es abogada sénior del programa.
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La Oroya vs. Perú: Precedente histórico sobre los derechos humanos y el ambiente
La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció un precedente importante para la fiscalización de la contaminación industrial por parte de los Estados. Por Rosa Peña y Jacob Kopas* En marzo pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos —tribunal regional de protección de los derechos humanos— emitió una sentencia histórica condenando al Estado peruano por no controlar efectiva y oportunamente la contaminación industrial tóxica. La sentencia sentó un precedente importante para la defensa del derecho a un ambiente sano y la supervisión estatal de las actividades empresariales en todo el continente. Esta victoria comenzó como una petición que la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice, junto con organizaciones aliadas, presentaron en 2006 en nombre de familias y personas defensoras ambientales de La Oroya, una pequeña ciudad en el corazón de los Andes peruanos. Por más de 100 años, una fundición industrial ha expuesto a La Oroya a niveles extremos de contaminación tóxica, provocando que casi todos los niños y niñas de la ciudad tengan niveles peligrosamente altos de plomo y otros metales pesados en la sangre. La sentencia vinculante de la Corte es una condena enérgica que las familias de La Oroya utilizan hoy para exigir medidas concretas al gobierno peruano. Además de indemnización monetaria, el tribunal ordenó al Estado detener cualquier nueva contaminación tóxica de la fundición, limpiar los metales tóxicos del suelo y el agua, así como brindar atención médica especializada a las víctimas y a residentes de La Oroya. En sí mismo, el fallo es también una forma de reparación para las víctimas al reconocer la legitimidad de su labor como personas defensoras del ambiente. La importancia de la sentencia va mucho más allá de los beneficios inmediatos para las y los habitantes de La Oroya y de Perú. Garantizar la calidad ambiental del agua y el aire es todavía un gran reto en todo el continente. Con el fallo, es la primera vez que la Corte Interamericana establece que la contaminación industrial puede vulnerar los derechos humanos, abriendo una vía a la justicia para las comunidades de las llamadas "zonas de sacrificio", saturadas con contaminación industrial. La histórica sentencia de la Corte Interamericana establece varios precedentes clave de gran relevancia para la jurisprudencia nacional e internacional. Medidas nuevas e innovadoras para las reparaciones colectivas. La Corte fue más allá de casos anteriores al ordenar reparaciones no sólo individuales, sino también colectivas que benefician a todas las personas que viven en La Oroya. Estas incluyen la remediación ambiental del ecosistema circundante (párr. 351), la atención médica integral y especializada para cualquier residente que presente síntomas (párr. 348) y el apoyo para reubicar a las y los habitantes que así lo deseen (párr. 355). Adicionalmente, el tribunal ordenó medidas diferenciadas para víctimas mujeres, niños, niñas y personas adultas mayores. El fallo ordenó también medidas ambientales y de salud pública que mejorarán la vida de toda la población afectada por la industria minera en Perú, incluyendo la adecuación de las normas de calidad del aire a los estándares internacionales (párr. 346), la garantía de que las empresas mineras se adhieran a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU (párr. 352), así como la creación de un sistema de información que proporcione proactivamente datos actualizados de la calidad del aire y del agua en las zonas mineras (párr. 354). Prueba de causalidad: La exposición a un riesgo significativo de salud basta para demostrar una violación de derechos humanos. Uno de los obstáculos principales para el acceso a justicia de comunidades expuestas a contaminación tóxica es demostrar la causalidad, es decir, probar que la contaminación causó un problema de salud concreto. Esto suele ser difícil porque muchas comunidades carecen de acceso a una atención médica adecuada y a pruebas diagnósticas, porque algunas enfermedades como el cáncer pueden estar latentes y pasar desapercibidas por años, y porque muchos y diferentes factores conducen a una mala salud. Para tomar en cuenta esta realidad, la Corte estableció que es suficiente demostrar que la exposición a la contaminación creó un riesgo significativo para la salud, sin tener que probar que la exposición causó una afección o enfermedad específica (párr. 204). El tribunal dio un paso más allá y también señaló que, bajo el principio de precaución, la falta de certeza científica respecto de estos riesgos no puede ser una excusa para no adoptar medidas de protección de la salud pública (párr. 207). Los derechos a un aire y a un agua limpios como elementos sustantivos del derecho a un ambiente sano. En el fallo, la Corte estableció que el derecho a un ambiente sano incluye los derechos a un aire y un agua libres de contaminación que pudiera constituir un riesgo significativo para la salud. Estos derechos conllevan obligaciones específicas para los Estados, que incluyen: Establecer normas de calidad ambiental que no constituyan un riesgo para la salud y que se basen en los mejores conocimientos científicos disponibles; Monitorear la calidad del aire y del agua, así como informar a la población de posibles riesgos a la salud; Realizar planes para controlar la calidad del aire y del agua; y Hacer cumplir efectivamente las normas de calidad ambiental y garantizar el manejo de los recursos hídricos de forma sostenible (párrs 120-121). Acceso a la participación pública en las decisiones ambientales. Con esta sentencia, es la primera vez que la Corte Interamericana condena a un Estado por no garantizar la participación pública efectiva en la toma de decisiones ambientales que afectan al público general (párr. 256). En casos previos, el tribunal había examinado el derecho a la participación pública solo en el contexto de la consulta a pueblos indígenas, que gozan de protección especial bajo el derecho internacional. Además, la Corte dispuso que la mera existencia de procedimientos formales de participación pública puede no ser suficiente para que los Estados cumplan satisfactoriamente sus obligaciones en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos. Las autoridades también deben asegurar que estos procedimientos brindan una oportunidad efectiva a las personas de ser escuchadas y de participar en la toma de decisiones (párr. 260). La sentencia también consolidó avances en otras cuestiones importantes para la justicia ambiental en la región: Las obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos. La Corte hizo hincapié en la obligación de los Estados de proteger los derechos humanos y en su deber de supervisar y controlar a las empresas (párrs. 109-110). También afirmó que las propias empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y de actuar con debida diligencia independientemente de su tamaño, sector, contexto operativo, propiedad o estructura (párr. 110). La contaminación ambiental viola el derecho a una vida digna. Debido a que la contaminación impactó muchas y diferentes áreas de la vida de las familias en La Oroya, también violó su derecho a una vida digna. Estos impactos incluyeron para las víctimas el no haber podido llevar a cabo un proyecto de vida en circunstancias normales, lo cual afectó su desarrollo personal, familiar, psicológico y profesional (párrs. 220-230). Los efectos de la contaminación ambiental recaen de forma desproporcionada sobre individuos, grupos y comunidades que ya sufren la carga de la pobreza, la discriminación y la marginación sistémica. La Corte reconoció que —dada su condición— las mujeres embarazadas, los niños y las niñas, los y las adolescentes y las personas adultas mayores están expuestos/as con frecuencia a un mayor riesgo de daños por la contaminación (párr. 134). Debido al principio de equidad intergeneracional, los Estados tienen la obligación particular de proteger la salud de los niños y las niñas de la contaminación ambiental y de brindar atención especializada a quienes contraen enfermedades como resultado de la exposición a ella (párr. 141). El derecho a un ambiente sano como norma ius cogens. La sentencia señaló que garantizar el interés de las generaciones presentes y futuras frente a daños ambientales graves, extensos, duraderos e irreversibles es fundamental para la supervivencia de la humanidad. Por tanto, la Corte instó a la comunidad internacional a reconocer progresivamente que tales daños ambientales violan una norma imperativa o que no admite derogación (ius cogens) del derecho internacional (párr. 129). El debilitamiento de las normas de calidad del aire viola el derecho internacional. La Corte concluyó que cuando Perú debilitó los estándares nacionales de calidad del aire para el dióxido de azufre, violó el deber de no regresividad, inherente al derecho a un ambiente sano (párrs. 182-186). El tribunal afirmó que cualquier retroceso de este tipo debe justificarse a la luz de los recursos máximos disponibles del Estado para garantizar los derechos humanos y ser consistente con el principio de precaución (párr. 186). Obligación de transparencia activa al garantizar el acceso a la información. En este caso, por primera vez, la Corte declaró responsable a un Estado de incumplir su obligación de "transparencia activa", la cual exige a los Estados no sólo responder a solicitudes de acceso a información ambiental, sino también suministrarla de oficio a la población en general (párr. 247). Esta información debe ser completa, comprensible y estar en un lenguaje accesible (párr. 255). La sentencia está encaminada a sentar un precedente jurídico importante para las numerosas comunidades expuestas a la contaminación industrial. Su impacto final dependerá de cómo la apliquen tribunales de Perú y de toda América Latina. Sólo en Perú, la Defensoría del Pueblo estimó que más de 10 millones de personas (el 31% de la población) están en riesgo de exposición a contaminación por metales pesados y otras sustancias químicas relacionadas con la industria minera. Con este nuevo fallo como poderosa herramienta jurídica, ojalá que otras comunidades no tengan que esperar 100 años para respirar por fin aire limpio. *Rosa Peña es abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA; Jacob Kopas es abogado sénior de Programa Internacional de Earthjustice. Conoce más de los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
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Negociaciones climáticas: Reflexiones tras la reunión en Bonn previa a la COP29
Por Florencia Ortúzar y Javier Dávalos* Del 3 al 13 de junio de 2024, se llevó a cabo la sexagésima sesión de los Órganos Subsidiarios de la ONU sobre el Cambio Climático (SB60, por sus siglas en inglés) en Bonn, Alemania. Estas sesiones, realizadas dos veces al año, consisten en reuniones técnicas en las que las personas delegadas de los gobiernos avanzan en la agenda de las negociaciones climáticas internacionales. La sesión en Bonn fue parte de los preparativos para la vigésimo novena Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29), a realizarse en noviembre en Bakú (Azerbaiyán), y estuvo guiada por los acuerdos que surgieron en la COP28, celebrada el año pasado en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). AIDA participó en la SB60 para llevar la voz de América Latina a la negociación con una perspectiva de derechos humanos y de género. Compartimos a continuación reflexiones en torno a los cuatro temas principales abordados en la reunión: la transición justa, el balance global, la nueva meta de financiamiento y el fondo de pérdidas y daños. Programa de Trabajo para un Transición Justa El 2 y 3 de junio, se realizó el esperado primer diálogo sobre el Programa de Trabajo para una Transición Justa, creado en la COP27 para abordar los desafíos de la transición a economías y sociedades bajas en carbono. El objetivo es lograr un proceso equitativo e inclusivo que promueva la protección de los/as trabajadores/as, así como de las comunidades afectadas. Las organizaciones observadoras de la sociedad civil señalaron que los principios de una transición justa exigen evaluar los impactos de la acción climática en todos los derechos humanos —incluidos los laborales, sociales, económicos y ambientales— en territorios clave. Para ello, la toma de decisiones en el programa de trabajo debe incluir diálogo social y múltiples niveles de consulta con grupos y comunidades. AIDA abogó para que la dimensión de justicia considere los impactos diferenciados de la transición en diferentes zonas del planeta, particularmente en el sur global, donde la extracción de minerales de transición (litio, cobalto y cobre, entre otros) amenaza ecosistemas sensibles, a especies y a comunidades vulnerables. Se están repitiendo los problemas de la explotación de combustibles fósiles. Son relevantes entonces las salvaguardas, los enfoques participativos y la cooperación internacional. También es importante apoyar los enfoques de diversificación económica, que nos resguardan de una nueva dependencia de la venta de materias primas, promoviendo la búsqueda de nuevas fuentes de ingreso. Seguimiento al diálogo sobre el Balance Global El Balance Global es un mecanismo de evaluación colectiva para revisar, cada cinco años, el progreso mundial en términos de mitigación, adaptación y financiamiento climático. El ejercicio permite saber si los esfuerzos globales están siendo suficientes para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París de limitar la temperatura del planeta debajo de 2°C y ojalá de 1.5°C. Los resultados del balance deben influir directamente en los compromisos climáticos de los países, contenidos en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). El texto del primer balance, aprobado en 2023, dio paso al proceso de actualización de las NDC, que los países deben presentar en 2025 y que deben concretar el compromiso histórico alcanzado en la COP28 de eliminar progresivamente los combustibles fósiles, fijar metas específicas de reducción de emisiones de metano, triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética. En su versión actualizada, las NDC deben contener medidas claras de adaptación, basadas en la conservación de la biodiversidad y de ecosistemas clave como la Amazonía, los humedales y el océano. AIDA estará pendiente y hará seguimiento a que los países de la región establezcan compromisos climáticos progresivos que cumplan con lo acordado en el Balance Global. La nueva meta colectiva cuantificable de financiamiento climático En 2009, los países desarrollados acordaron movilizar 100 mil millones de dólares al año para 2020 con el fin de apoyar la acción climática en los países en desarrollo. Luego, en 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París, se acordó definir una nueva meta colectiva cuantificable de financiamiento climático (NCQG, por sus siglas en inglés). Dicha meta debería ser adoptada en noviembre, durante la COP29, y la sesión en Bonn debía preparar el terreno para ello. Además, la nueva meta será un indicador de la posibilidad que tendrán los países en desarrollo de cumplir con sus NDC actualizadas, así como una señal de justicia que podría reforzar la credibilidad en el sistema de las negociaciones climáticas. Sin embargo, llegar a un acuerdo no ha sido fácil debido a la cantidad de decisiones necesarias para delinear la nueva meta en su totalidad. El punto más álgido de consensuar es la cifra que los países desarrollados deberán comprometer. Hasta ahora sólo han acordado que debía superar los 100 mil millones de dólares. De su lado, los países de América Latina no han logrado proponer cifras estimadas según las necesidades de la región. También sigue en debate la lista de países que contribuirán a la meta. Según los países desarrollados, algunos países que han avanzado en su desarrollo podrían comenzar a aportar. Se discute también si la nueva meta servirá también para financiar el alivio a las pérdidas y daños, un tema no contemplado cuando se discutió la meta anterior y que hoy cuenta con un fondo especial. Otro reto para los países en desarrollo es que el financiamiento que resulte de la nueva meta no genere más deuda pública. A estos se suman otros detalles que aún requieren acuerdos. Ahora los copresidentes de la COP deben proponer un documento en el que concilien las visiones divergentes y que sirva para lograr acuerdos en la COP29. Los países tienen la oportunidad de aplicar lo aprendido de la meta inicial y asegurar una nueva meta más efectiva en cantidad y en sus formas de implementación. Financiar la acción climática no es limosna ni caridad, sino un deber y una responsabilidad de los países desarrollados. Además, también les beneficia: los impactos de la crisis climática son globales. Sin meta no hay flujos financieros y, sin financiamiento, no hay manera de afrontar la crisis. La puesta en marcha del fondo de pérdidas y daños El fondo de pérdidas y daños fue establecido en 2022 durante la COP27 y su entrada en funcionamiento fue acordada un año después en la COP28. Si bien la creación del fondo es de celebrar, apenas es un primer paso para que sea el canal de apoyo que tan desesperadamente necesitan los países que ya sufren los peores impactos de la crisis climática. Son muchos los desafíos por resolver. En la sesión de Bonn, se confirmó que el Banco Mundial asumirá interinamente la administración del fondo en los primeros cuatro años. Para la sociedad civil y los países en desarrollo en general, las pérdidas y daños deben ser reconocidos como el tercer pilar de la acción climática, junto a la mitigación y adaptación. Pero algunos países desarrollados parecen sugerir que, con la creación del fondo, ya no haría falta incluir el asunto como parte de la nueva meta colectiva cuantificable de financiamiento climático, lo que no tiene sentido. Además, el monto hasta ahora comprometido por los países desarrollados para alimentar el fondo no representa ni el 0.2 % de lo que se necesita anualmente. No existe aún una estrategia que proponga cuánto deberían aportar los países contribuyentes según su responsabilidad y capacidad. El fondo requiere una estructura descentralizada y contar con la participación de la sociedad civil, comunidades indígenas, juventudes, mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad desde sus inicios para asegurar que el dinero llegue a quienes lo necesitan. También debe operar de manera eficiente y suficiente, entregando alivio monetario y de calidad lo antes posible. De otro lado, los países en desarrollo, incluyendo los de América Latina y el Caribe, deben hacer un esfuerzo para monitorear y reportar las pérdidas y daños en sus territorios, lo que muchas veces implica desafíos económicos, técnicos y hasta metodológicos para los que se requiere apoyo, capacitación y acompañamiento. Los resultados de las negociaciones climáticas internacionales son lentos y el proceso causa muchas veces frustración. Decepciona la postura de muchos países desarrollados que eluden la responsabilidad que les compete, mientras disfrutan de un desarrollo construido a costa del equilibrio climático global. Sin embargo, ante tal panorama, bajar la guardia tampoco es opción. La sociedad civil organizada que trabaja alrededor de estas negociaciones es motivo de esperanza. Es una muestra de solidaridad y destreza que logra resultados y que no se rinde. Estando ahí, representando a nuestra región, aportamos a ese movimiento con la sabiduría y la fuerza que viene del sur global. *Florencia Ortúzar es abogada sénior de AIDA y Javier Dávalos es director del Programa de Clima.
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