Por Juan Fernando Carrascal, Gisselle García y Bryslie Cifuentes*

Los recursos pesqueros de América Latina y el Caribe están hoy en un escenario de sobreexplotación y de explotación a niveles máximos sostenibles de numerosas especies de interés comercial y de consumo comunitario.

La situación es agravada por la falta de información adecuada para gestionar estos recursos, además de por la alta vulnerabilidad de las pesquerías artesanales a la crisis climática y a la competencia por el espacio con la pesca industrial y los desarrollos costa afuera (offshore).

La emergencia climática tiene efectos drásticos y a largo plazo en las pesquerías de la región, afectando la distribución de las especies, los medios de vida de las comunidades pesqueras y la eficacia de las estrategias de manejo.

Frente a este panorama, es fundamental gestionar y reducir la presión pesquera, protegiendo y restaurando los ecosistemas marino-costeros. El uso del derecho en general, particularmente el derecho pesquero internacional y nacional, permite el ordenamiento de la actividad pesquera. Brindando las condiciones para el aprovechamiento, manejo y conservación de las pesquerías e incluso para la restauración de especies y ecosistemas.  

Situación de las pesquerías en América Latina y el Caribe

A nivel global, cerca del 36 % de los stocks pesqueros está por encima de los niveles biológicamente sostenibles, algo que se refleja en las estimaciones regionales, donde la tendencia general de las pesquerías se enmarca en los niveles máximos de explotación o sobreexplotación.

Los medios de vida de las comunidades costeras y pesqueras artesanales dependen de los recursos locales, lo que incrementa sus niveles de vulnerabilidad frente a la disminución de las capturas y la degradación de los hábitats.

Algunos datos, detallados a continuación, evidencian el agotamiento de los recursos pesqueros del continente y/o la falta de información al respecto:

• En el Pacífico Sudeste, la anchoveta peruana, altamente sensible a eventos climáticos como El Niño, se encuentra explotada en su máximo sostenible o sobreexplotada.
• Meros y pargos están en su máximo nivel sostenible o sobreexplotados en varias partes de Centroamérica.
• En México, 735 especies de 83 pesquerías no están evaluadas; el Pacífico Central mexicano, el Golfo de Tehuantepec y el Banco de Campeche son regiones altamente deterioradas donde la mayoría de las pesquerías están sin posibilidad de expansión, totalmente explotadas o agotadas.
• En Brasil, los registros de la pesca artesanal son escasos e insuficientes. Pero registros más completos muestran que entre el 50 y 60 % del recurso pesquero nacional está sobreexplotado o colapsado con regiones como el sureste y el sur con el 29 y 32 % del recurso totalmente colapsado, respectivamente.
• En República Dominicana, los estudios de pesquerías han sido descriptivos o ausentes. Sin embargo, especies como el caracol rosado y la langosta espinosa están sobreexplotadas en todo el país; existe además un alarmante crecimiento del 90 % en las capturas por debajo de la talla legal autorizada.
• En Uruguay, recursos como el mejillón azul se encuentran totalmente explotados o en riesgo inminente de sobreexplotación.

Además de la sobreexplotación, la situación crítica de las pesquerías de la región responde a la degradación y contaminación de hábitats marinos y costeros, a los impactos climáticos, así como a deficiencias en la gobernanza y a la falta de información detallada para una gestión sostenible.

Impactos de la crisis climática en los recursos pesqueros

El incremento de la variabilidad del clima, las anomalías de la temperatura superficial del océano, el aumento del nivel del mar y la acidificación del océano —entre otros impactos de la crisis climática— afectan las pesquerías a gran escala y en el largo plazo.

Eventos cada vez más intensos y duraderos como El Niño en el Pacífico o las tormentas tropicales y huracanes en el Caribe, afectan considerablemente las pesquerías artesanales, aumentando así su vulnerabilidad, reduciendo los días de pesca y los ingresos económicos, generando desempleo y la reubicación de las aldeas pesqueras.  

Un claro ejemplo de estas afectaciones es el de la anchoveta peruana, uno de los recursos pesqueros más importantes a nivel mundial. Eventos intensos de El Niño, como el registrado en 1983-1984, tienen un fuerte efecto en sistemas como la corriente de Humboldt, crucial para el surgimiento de las aguas frías y nutritivas que la anchoveta necesita. Esto afecta no solo la distribución espacial del recurso, sino además las dinámicas ecológicas y biológicas de la especie.

Asimismo, eventos cálidos de El Niño causaron mortalidades masivas de almeja del surf, especie que se encuentra principalmente en Perú y el norte de Chile. Además, el desplazamiento de la corriente de Brasil hacia el sur debido al calentamiento del océano y al incremento en la intensidad de los vientos ha desplazado especies de interés comercial como la gamba roja argentina.

Por otro lado, el aumento de las anomalías de la temperatura superficial del océano ha ocasionado eventos de blanqueamiento masivo de corales a nivel mundial, dañando y matando cientos de kilómetros cuadrados de hábitat esencial para las especies de peces arrecifales y para el acceso al recurso pesquero de comunidades aledañas a estos ecosistemas.  
Aunque los impactos negativos de la crisis climática son claros, la sobrepesca sigue siendo la amenaza principal para la mayoría de las pesquerías. Y los problemas de gobernanza y gestión pesquera han exacerbado los impactos climáticos, agravando la vulnerabilidad de las comunidades pesqueras artesanales en la región.

Estrategias para recuperar las pesquerías del continente

La recuperación de los recursos pesqueros pasa por la gestión y reducción de la presión pesquera, incluyendo la protección y restauración de los ecosistemas marinos y costeros. Entre las estrategias encaminadas a lograr estos objetivos, muchas de ellas basadas en el uso del derecho, están las siguientes:

• Crear áreas marinas protegidas y zonas de no captura, restaurar hábitats, proteger fases críticas del ciclo de vida de las especies (como el desove), así como reclutar e identificar áreas de crianza como manglares y praderas de pastos marinos. Un ejemplo en alta mar de zona de no captura que por años se ha implementado bajo el régimen del derecho internacional es “El Corralito”, establecida por la Comisión Interamericana del Atún Tropical para reducir la presión pesquera de túnidos tropicales y las especies acompañantes.
• Como complemento al punto anterior, realizar evaluaciones de impacto ambiental integrales que consideren aspectos biológicos, sociales y económicos, fortalecerá el monitoreo de capturas, especialmente en el sector de la pesca artesanal.
• Hacer cumplir las obligaciones de los Estados para proteger el océano, lo que incluye la conservación de los recursos marinos y pesqueros. Los países miembros de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar deben asegurar los recursos marinos a través de medidas adecuadas de conservación que tomen en cuenta los datos científicos más fidedignos disponibles. Asimismo, los Estados ribereños y las organizaciones internacionales competentes (subregionales, regionales o mundiales), deben cooperar para la conservación y administración de estos recursos.  
• Frenar los incentivos a la sobreexplotación. Otro instrumento que surge a nivel internacional y que implica grandes beneficios para los Estados y su ordenamiento jurídico interno es el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio, vigente desde el pasado 15 de setiembre. Su objetivo es eliminar y prohibir las subvenciones pesqueras nocivas que contribuyen al agotamiento de los recursos marinos. Los países que lo aceptaron formalmente deben garantizar su implementación y no permitir subsidios para actividades de pesca que sean ilegales, no declaradas y no reglamentadas, así como impedir subsidios para pesca en alta mar cuando no haya regulación o gobernanza adecuada.  
• A nivel nacional, promover la gestión adaptativa, la participación de comunidades pesqueras en las decisiones y el uso de enfoques basados en derechos. Esto debe ir acompañado de instituciones sólidas que garanticen equidad, transparencia y sostenibilidad a largo plazo. También es necesario impulsar medios de vida alternativos; favorecer embarcaciones pequeñas y polivalentes; además de masificar el uso de subsidios no perjudiciales a la pesca, la reducción de la presión pesquera, la mejora de los ecosistemas, la optimización de la recopilación de datos y la implementación de marcos de gobernanza y gestión más robustos.

Habiendo reconocido el deterioro de las poblaciones de interés pesquero en América Latina y el Caribe, así como la importancia de estos recursos para nuestra seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras, es momento de evaluar la eficacia de las medidas que se han adoptado e implementar las nuevas herramientas que provee el derecho internacional.

Conoce más del tema en nuestra más reciente publicación

* Juan Fernando Carrascal es científico becario de AIDA, Gisselle García es abogada del Programa de Clima y Bryslie Cifuentes es abogada de Océano.