Blog
Colombia: Convocar a audiencias virtuales viola el derecho a la participación de las comunidades
En el contexto de la pandemia y desde el inicio del aislamiento obligatorio impuesto en el país, empresarios han solicitado al gobierno de Colombia la “simplificación de trámites ambientales”. El 3 de abril, 25 empresarios enviaron una carta al presidente Iván Duque pidiendo simplificar trámites como la consulta previa, la licencia ambiental y de regalías. Relacionadas con esa solicitud, están varias acciones que vulneran los derechos fundamentales de comunidades étnicas. Una de los primeras medidas fue el intento de simplificar la consulta previa, proponiendo hacerla virtual. Ante ello, las comunidades indígenas y la Procuraduría solicitaron al Ministerio del Interior respetar los derechos humanos y que se retrocediera en la medida, solicitud que fue aceptada. Sin embargo, la búsqueda por cambiar la forma de realizar consultas continúa. A solicitud del Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental (ANLA) están impulsando varias audiencias ambientales virtuales, proponiendo incluso realizarlas en radio y en plataformas digitales como Facebook y YouTube. Se trata de audiencias que atienden asuntos neurálgicos en materia ambiental para el país. El problema es que en esas plataformas la comunicación es unilateral, anulando la posibilidad de discutir temas técnicos y presentando un obstáculo para quienes tienen un acceso limitado a internet, denunció la organización DeJusticia. Con la expedición de la Resolución 642 del 13 de abril de 2020, la ANLA abrió la vía para que la participación fuese virtual. Días después, programó una audiencia virtual para discutir un tema muy importante para la región: el regreso de las aspersiones con glifosato. En dicha audiencia, planeada para el 27 de mayo, se buscaba abordar la modificación del plan de manejo ambiental del glifosato. Gracias a una acción judicial, la audiencia fue suspendida el 18 de mayo por una jueza del departamento de Nariño. Como es evidente, existe una intención constante de llevar a cabo propuestas similares durante la pandemia, que han sido detenidas por la alerta tempana de la ciudadanía, acciones judiciales y pronunciamientos de las autoridades de control. El 20 de mayo, el Tribunal Administrativo de Santander ordenó al Ministerio de Ambiente planificar mesas de trabajo virtuales. Y se ha convocado a realizar el trámite virtual de la audiencia pública sobre el páramo de Santurbán, donde un megaproyecto minero amenaza con dañar este ecosistema estratégico para la provisión de agua y para la mitigación de la crisis climática. Hacer audiencias virtuales implica un perjuicio para las comunidades campesinas, indígenas, urbanas y para la sociedad colombiana en general, que además de estar pasando por uno de los peores momentos, no tienen acceso a internet ni necesidades básicas satisfechas que garanticen su participación virtual. En Colombia, así como en la región, los derechos de acceso a la información, a la justicia y a la participación son de los más vulnerados. Debemos activar todas las alertas para que la pandemia no se convierta en una excusa para seguirlos vulnerando. Es necesario que se suspendan de inmediato los trámites hasta que no existan garantías para el debido ejercicio del derecho a la participación y para el ejercicio de la veeduría nacional e internacional.
Leer más
Razones y acciones para brindar protección especial a pueblos indígenas y afrodescendientes ante la pandemia COVID-19
Los pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe han sido actores esenciales en la protección de la naturaleza, de ecosistemas clave y, en suma, de la vida de todos los seres que habitamos el planeta. Al mismo tiempo, han sufrido históricamente discriminación, exclusión y la violación de sus derechos, viendo amenazada su supervivencia. Según el informe Hacia un futuro Inclusivo, sostenible y justo, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo, América Latina es la región con mayor proporción de grupos indígenas y tribales en pobreza extrema. En el contexto actual de crisis sanitaria global por la pandemia COVID-19, la vulnerabilidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la región se ha incrementado de manera preocupante por al menos tres razones: 1. La pandemia agrava la falta de acceso de comunidades étnicas a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales Tanto Naciones Unidas como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han llamado la atención sobre al indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. Sin embargo, las comunidades étnicas han enfrentado históricamente la ausencia de garantías para el goce de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Muchos de estos pueblos no tienen acceso efectivo a servicios de salud, saneamiento y seguridad social. Y debido a la deforestación y el avance de la frontera agrícola en sus territorios, enfrentan cada vez más desafíos para asegurar su soberanía alimentaria, enfrentar nuevas enfermedades y ajustar sus sistemas de medicina tradicional. Además, varios de ellos tienen graves problemas para acceder a bienes indispensables como el agua y la alimentación. Las barreras para el acceso a estos servicios en condiciones de calidad se han hecho más grandes con la crisis sanitaria actual, haciendo más vulnerables a estas poblaciones y poniendo en riesgo su supervivencia misma como pueblos. Es una realidad abrumadora para la región. En un pronunciamiento reciente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación al respecto afirmando que, a nivel local, los “procesos pandémicos producen impactos desproporcionados sobre poblaciones con mayores dificultades de acceso a estructuras sanitarias y tecnologías de atención a la salud dentro de los países, como pueblos indígenas…” A nivel regional, la COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica), se declaró en emergencia ante la crisis sanitaria. En Guatemala, la Comisión Internacional de Juristas denunció que los pueblos indígenas “enfrentan el riesgo de sufrir los efectos destructivos de la pandemia COVID-19, debido a la discriminación histórica y sistemática en su contra” y que en la crisis actual “no tienen acceso a información clara y sencilla para saber cómo protegerse de la pandemia y cómo ser protegidos durante la emergencia por el Sistema de Salud”. Líderes indígenas en Perú denunciaron escasez de alimentos y deficiencias en la atención de salud, solicitando el abastecimiento de artículos de primera necesidad en las comunidades y la definición de protocolos para llevar insumos. En Colombia, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció que más de 191.000 familias indígenas están en riesgo de contagio y que para cerca de 513.000 familias la crisis humanitaria debido a la pandemia es inminente. Además, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas aseguró que esa población está en alto riesgo y que “los territorios mayoritariamente afrodescendientes no cuentan con una red de equipamientos y personal que le permita atender debidamente las posibles personas afectadas” La situación en Brasil es la misma. De 471 tierras indígenas, 13 tienen índices de vulnerabilidad crítica respecto de la pandemia. En los estados de la Amazonia Legal, 239 tierras indígenas tienen índices de vulnerabilidad intensos o altos. En general, el índice varía entre moderado, alto, intenso y crítico. Además, menos del 10% de los municipios brasileños con tierras indígenas tienen camas disponibles en la Unidad de Cuidados Intensivos y el sistema de salud indígena sólo atiende enfermedades comunes. Sin la orientación de los departamentos de salud, muchos grupos indígenas están tomando medidas preventivas por su cuenta para evitar que la pandemia llegue a sus territorios. Esas medidas incluyen el aislamiento voluntario, campañas de higiene, la suspensión de grandes movilizaciones, eventos y viajes; e incluso el cierre del tráfico entre pueblos para evitar el avance de la enfermedad. 2. Las comunidades étnicas requieren medidas diferenciadas, pero la respuesta de los Estados aún es insuficiente En distintos países de la región, comunidades indígenas están denunciando que las medidas adoptadas por autoridades frente a la pandemia han sido precarias y culturalmente inadecuadas porque no consideran los usos y costumbres de esos pueblos. La CIDH y la Relatoría para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales han reiterado que los Estados deben adoptar respuestas culturalmente adecuadas, oportunas y efectivas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas ante la pandemia. La CIDH recordó a los Estados su obligación de otorgar “protección especial” a la población indígena, así como “la importancia de proporcionarle información sobre la pandemia de forma sencilla y, en lo posible, en su idioma tradicional”. También se refirió a las comunidades afrodescendientes y tribales, instando a “visibilizar” su situación y “especialmente a incluir una perspectiva étnico-racial con un enfoque interseccional en todas las medidas de respuesta implementadas tanto en el ámbito nacional, como en las respuestas regionales que se puedan articular”. En México, el Colectivo de Comunidades Mayas de Hopelchén hizo una denuncia pública al gobierno mexicano por la falta de implementación de una estrategia oficial para informar a los pueblos indígenas mayas sobre los riesgos que enfrentan ante la crisis sanitaria. En Ecuador, la OMS advirtió la falta de protocolos para pueblos y nacionalidades indígenas frente a la pandemia. Señaló que es fundamental que los programas sociales de alimentación lleguen a estas comunidades y al sector rural, y que las campañas de prevención lleguen en sus idiomas propios. La situación se agrava por la poca conectividad de muchos de estos pueblos, que carecen de vías terrestres, aéreas y/o fluviales. Esto obstaculiza su movilidad y su acceso a servicios sociales, a internet y a información sobre la pandemia, las medidas estatales adoptadas y acerca de las acciones de autocuidado a implementar. 3. Los derechos territoriales de comunidades indígenas y afrodescendientes siguen siendo vulnerados En medio de la emergencia sanitaria y del confinamiento decretado en varios países de la región, gobiernos y otros actores han adoptado medidas o promovido iniciativas que desconocen el derecho a la consulta previa, ocasionan la flexibilización de requisitos ambientales para proyectos de desarrollo de alto impacto y favorecen la falta de garantía efectiva para la participación ciudadana en asuntos ambientales. En Colombia, el gobierno nacional promovió la realización de consultas previas de manera virtual. La Comisión Nacional de Territorios Indígenas y varias organizaciones de derechos humanos rechazaron la iniciativa que finalmente fue derogada. Sin embargo, la preocupación persiste por la solicitud de empresarios al gobierno para la flexibilización de permisos ambientales en el país, un instrumento vital para proteger el ambiente y los territorios indígenas. En Brasil, las amenazas de la pandemia a las comunidades indígenas se agravan con la invasión de territorios indígenas y con el aumento de la violencia y amenazas a sus dirigentes. En Roraima, Mato Grosso y Bahía, los pueblos indígenas bloquearon carreteras y construyeron barreras para impedir que invasores entren en sus tierras. Estos riesgos también vienen del Estado. La Fundación Nacional del Indio (FUNAI) publicó un acto administrativo para la emisión de una declaración de reconocimiento de límites en relación con las propiedades privadas en tierras indígenas. Con ello pretende permitir la emisión de títulos de propiedad para una parte de los invasores de tierras indígenas, legitimando sus acciones. En México, organizaciones y comunidades denunciaron que el gobierno federal mantendrá en curso las actividades del denominado “tren maya” pese a que su construcción no es esencial en el contexto de la pandemia, poniendo en riesgo a la población encargada de su construcción e impidiendo el acceso a información y justicia de comunidades dada la suspensión de plazos en instituciones estatales y la imposibilidad de recurrir a mecanismos judiciales idóneos. En Bolivia, la Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas manifestó que los pueblos indígenas son vulnerables no sólo al coronavirus, sino también a lo que vendrá después: “un hueco grande en la economía global” y, por tanto, “una excusa para que se arremeta más contra la naturaleza, los territorios indígenas y las áreas naturales protegidas donde ellos están”. En este tema, la CIDH reiteró a los Estados “la importancia de reconocer los derechos territoriales de propiedad colectiva a las comunidades afrodescendientes y garantizarles el derecho efectivo de consulta y consentimiento previo, libre e informado, respetando su libre autodeterminación”. Asimismo, instó a los Estados a “abstenerse de promover iniciativas legislativas o proyectos que afecten territorios étnicos durante el tiempo en que dure esta pandemia, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante dichos procesos de consulta”. Hacia una atención de la emergencia sanitaria que respete los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes Los pueblos indígenas y afrodescendientes representan una de las riquezas más importantes del continente. Su residencia milenaria y su cosmovisión —que respeta la naturaleza y las vidas que habitan en ella— han sido y son un legado invaluable y serán un elemento indispensable para promover reflexiones sobre la crisis sanitaria y la crisis ecológica que enfrentamos globalmente. Los aportes de las comunidades étnicas y sus saberes ancestrales, que han trascendido el tiempo y contribuido a la supervivencia del planeta, son esenciales en la implementación de medidas de prevención y atención de la pandemia. Así lo enfatizó la Presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas: “Los pueblos indígenas pueden contribuir a buscar soluciones. Sus buenas prácticas de curación y conocimiento tradicional, como el cercamiento de sus comunidades para prevenir la propagación de enfermedades y el aislamiento voluntario, se observan con atención en todo el mundo hoy en día”. Proteger a estos pueblos para que la pandemia no amenaza su vida e integridad es un deber moral e histórico y una obligación internacional de todos los Estados. Por los mismo es imprescindible que los Estados: Promuevan planes de atención y protocolos de emergencia especiales para comunidades étnicas y otras poblaciones en condición de vulnerabilidad, con un enfoque de derechos humanos y desde una mirada diferencial. Apoyen las iniciativas que, desde el autogobierno y la autonomía, algunos pueblos afrodescendientes y comunidades indígenas han tomado para enfrentar la crisis de la pandemia, entre ellas estrategias de aislamiento voluntario, el uso de medicina tradicional y la realización de campañas internas de información y comunicación. Se abstengan de promover medidas que desconozcan los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes. AIDA urgió a los Estados a suspender la aprobación de licencias ambientales y de otro tipo de permisos oficiales para proyectos sensibles y que no tengan relación con la respuesta a la crisis sanitaria, hasta tanto se puedan garantizar adecuadamente los derechos humanos. Suspendan las consultas previas hasta que exista condiciones para garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
Leer más
Corte Interamericana ratifica los derechos de pueblos indígenas en Argentina
En el departamento Rivadavia de la provincia argentina de Salta, fronteriza con Bolivia y Paraguay, existen tierras habitadas por indígenas desde hace al menos 60 años. Se trata de pueblos que viven de la caza, la recolección y la pesca. La batalla de varios de esos pueblos ancestrales para que el derecho de propiedad sobre sus tierras sea reconocido por el gobierno lleva también mucho tiempo, remontándose a 1984, año que marcó el inicio del retorno a la democracia en el país tras la dictadura. La falta de reconocimiento de ese derecho ha obligado a los indígenas a cambiar por años sus formas de vida, afectadas por la interferencia de actividades ajenas a sus usos y costumbres. El asentamiento en su territorio de familias criollas, así como el pastoreo, la tala ilegal y la construcción inconsulta de alambrados y de un puente internacional han modificado su modo tradicional de alimentación y su acceso al agua, dañando además su identidad cultural. Ante la falta de protección del Estado argentino, las comunidades pertenecientes a los pueblos indígenas Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete) —agrupadas en la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra)— llevaron su lucha ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1998, representadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales. La Comisión emitió su informe de fondo del caso en 2012, estableciendo la violación de derechos de las comunidades indígenas y ordenando al Estado la adopción de medidas de reparación. Y, tras el incumplimiento de la disposición por parte del Estado, el caso fue derivado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sentencia —hecha pública el pasado 2 de abril— declaró al Estado argentino responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua de las comunidades indígenas. El fallo marca un hito importante para la lucha de los pueblos originarios por sus derechos. Es la primera vez que la Corte, en un caso contencioso, analiza esos derechos en forma autónoma a partir del artículo 26 de la Convención Americana, ordenando medidas específicas para su restitución, incluyendo acciones para el acceso al agua y a la alimentación, la recuperación de recursos forestales y para la recuperación de la cultura indígena. Acciones de reparación Entre otras implicaciones, la decisión de la Corte podría dar paso a soluciones a la emergencia sanitaria que aqueja a las comunidades indígenas de la Asociación Lhaka Honhat. La vulneración de sus derechos a la alimentación y al agua ha causado muertes por desnutrición y deshidratación. En ese sentido, la Corte exigió al Estado presentar en seis meses un estudio que identifique situaciones críticas de falta de acceso a agua potable o alimentación, que formule un plan de acción para enfrentarlas y que comience su implementación. Dispuso también la creación de un fondo de desarrollo comunitario y su implementación en un plazo no mayor a cuatro años. En cuanto al territorio, el Estado deberá Territorio, en un plazo máximo de seis años: Delimitar, demarcar y otorgar un título único colectivo sin subdivisiones ni fragmentaciones para las comunidades indígenas. Trasladar a la población criolla fuera del territorio indígena a través de mecanismos específicos que promuevan, sobre todo, el traslado voluntario. Quitar de las tierras indígenas los alambrados y el ganado perteneciente a pobladores criollos. Abstenerse de realizar actos, obras o emprendimientos en el territorio indígena. Adicionalmente, la Corte la Corte pidió la adopción de medidas legislativas y/o de otro tipo para dar seguridad jurídica al derecho a la propiedad comunitaria indígena en Argentina. Apoyando la lucha indígena En marzo de 2019, AIDA y los otros miembros del grupo de litigio de la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales —Asociación Civil por Igualdad y Justicia, Amnistía Internacional, la Comisión Colombiana de Juristas, Dejusticia, FIAN International, International Women’s Rights Action Watch - Asia Pacific y Minority Rights Group International— presentamos ante la Corte un escrito legal (Amicus) para respaldar las demandas de las comunidades indígenas de la Asociación Lhaka Honhat. Los argumentos contenidos en el escrito resaltaron la importancia de reconocer los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como verdaderos derechos exigibles — al igual que otros derechos como la vida o la integridad personal— debido a su naturaleza independiente e indivisible. En ese sentido, AIDA recordó el avance importante que la Corte promovió con la Opinión Consultiva 023, que reconoce el derecho a un ambiente sano como fundamental para la vida humana. En el escrito, las organizaciones solicitamos hacer respetar los derechos a un ambiente sano, a la identidad cultural, a la alimentación y al agua de los pueblos indígenas bajo el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La decisión de la Corte establece un precedente regional importante para la protección del ambiente en el continente pues contribuye a la consolidación de estándares para proteger la tierra de comunidades indígenas, el derecho a un ambiente sano, el derecho al agua y el derecho a la cultura.
Leer más
Lo que aprendí de mi pasantía en AIDA
El año pasado, realicé una pasantía de tres meses con AIDA en La Paz, capital de Baja California Sur, México. Fue parte del proceso académico para convertirme en abogado en Alemania, mi país natal. La pasantía me permitió unir mi formación profesional con mi pasión por la naturaleza, así como ganar experiencia en el campo del derecho ambiental a partir del trabajo de una ONG internacional. Apliqué a la pasantía para el Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA sin especificar un lugar de preferencia en México. Fue una buena noticia saber que la haría en La Paz, una ciudad pequeña rodeada de naturaleza. Viniendo de Alemania, uno de los países más densamente poblados del mundo, fue increíble vivir en un lugar con tanto espacio. También estaba fascinado con la diversidad de ecosistemas de la zona: desiertos, manglares, bosques de pino en la cordillera y arrecifes rocosos y coralinos en el Golfo de California. En mi primer fin de semana, pude dimensionar la abundancia de vida silvestre que La Paz alberga cuando Camilo Thompson, abogado de AIDA y mi supervisor, y Mario Del Ángel, su vecino y un guía de kayak, me llevaron a conocer los humedales de El Mogote, ecosistema de importancia internacional. Mientras recorríamos los canales de agua tomando fotos de garzas entre los mangles, aprendí de la importancia de los humedales costeros como hábitat de especies y sumideros naturales de carbono. Luego quedé impresionado al ver, con la primera luz del día, a un grupo de delfines en la bahía. La mañana quedó completa al desayunar mis primeros chilaquiles, un típico platillo mexicano. Desde el inicio de mi pasantía, participé en las reuniones virtuales del equipo del Programa Marino, distribuido en varios países. Me enteré de los diferentes temas de trabajo. Desde la oficina en La Paz, nuestra contribución se enfocaba en México. De ese modo, aprendí mucho sobre la regulación nacional relacionada con arrecifes, peces herbívoros y Áreas Naturales Protegidas. Apoyé una investigación sobre el estado de protección de esos peces, esenciales para mantener sanos a los arrecifes coralinos de América Latina y el mundo. La combinación de contacto directo con la naturaleza con tareas de oficina para proyectos locales y regionales me dio una perspectiva de trabajo diferente y aumentó mi motivación de aprender. Supe que AIDA ha trabajado por años junto con otras organizaciones, actores locales y científicos para proteger pesquerías y especies amenazadas como ballenas y tortugas marinas. Una de las mejores experiencias de la pasantía fue precisamente conocer de cerca la riqueza natural y las especies que AIDA busca preservar. Aun siendo buzo por muchos años, no dejó de maravillarme ver lobos marinos, tiburones toro, tiburones martillo, orcas, rayas, tortugas marinas e incontables especies de peces arrecifales en su hábitat natural. En La Paz terminé mi curso de buzo de rescate y acompañé a un equipo de biólogos marinos a realizar un censo visual de la vida marina en la Isla Espíritu Santo. En cuatro ocasiones, visité el Parque Nacional Cabo Pulmo, reserva del arrecife de coral más grande del Golfo de California. Fui a bucear e hice esnórquel. También participé de reuniones de la coalición Cabo Pulmo Vivo, dedicada a proteger el parque y su zona de influencia. Fue gratificante saber que hacía mi pequeño aporte a la conservación del sitio. Además, la pasantía le dio a mi formación profesional un enfoque multidisciplinario. La Paz es uno de los centros científicos de biología marina de México y allí pude intercambiar ideas con biólogos marinos en travesías para bucear y en bares de la ciudad. Fue una experiencia enriquecedora que me dio una mejor comprensión del ambiente. En La Paz también pude dar rienda suelta a la observación de aves, uno de mis pasatiempos. El estado de Baja California Sur es hogar de unas 432 especies de aves. Pude ver una gran variedad de especies migratorias, incluso cinco de las seis endémicas. Terminé la pasantía muy agradecido por las experiencias adquiridas. De regreso en Berlín, planeo volver pronto a La Paz para ver aves, tiburones ballenas y muchas otras especies que habitan la zona y que son pruebas vivientes del trabajo exitoso y valioso que organizaciones como AIDA realizan.
Leer más
El Derecho Internacional Ambiental, historia e hitos
El Derecho Internacional Ambiental (DIA) es una disciplina que involucra al mundo entero en la protección de un bien común: nuestro ambiente. En AIDA lo aplicamos a diario para ayudar a personas y comunidades a defender el ambiente y los derechos humanos fundamentales que de él dependen. Pero ¿dónde surgió y cómo ha evolucionado esta disciplina global? Sus reglas no han sido dictadas por una institución nacional ni por una autoridad internacional. Se trata más bien de un compendio de declaraciones, tratados y normas —vinculantes y voluntarias— que se han desarrollado a la par del conocimiento científico y la toma de conciencia del estado actual de nuestro mundo natural. La historia del DIA se puede dividir en tres etapas, separadas por dos de las conferencias internacionales más relevantes celebradas hasta ahora: la Conferencia de Estocolmo (1972) y la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992). Y en 2016, con la firma del Acuerdo de París, inició una nueva etapa para enfrentar el desafío natural más importante de la humanidad: la actual emergencia climática. Los inicios: Antes de Estocolmo Antes de los años 60, había poca conciencia ambiental y solo algunas iniciativas aisladas de regulación ambiental internacional. Una de ellas fue la frustrada Convención de Londres de 1900, con la cual se buscaba proteger la vida silvestre africana. Nunca entró en vigor porque no fue firmada por el número mínimo de partes. Fue reemplazada 33 años después por el Convenio de Londres de 1933, aplicado en gran parte de África colonizada con la creación de parques naturales y la protección de especies. Durante esos años, otras iniciativas se llevaron a cabo de forma aislada. Pero las cosas realmente empezaron a moverse en los años 60, cuando la opinión pública se hizo consciente de los peligros que amenazaban al planeta. Algunos de los eventos que marcaron esta época fueron la publicación en 1962 del libro Primavera Silenciosa (Silent Spring) de Rachel Carson, el cual documenta los efectos negativos de los plaguicidas sobre las aves y el ambiente; y la divulgación de la imagen conocida como Amanecer de la Tierra (Earthrise), tomada por el astronauta William Anders en 1968 durante la misión Apolo 8. Esa fotografía es considerada de influencia icónica para el despertar del movimiento ambiental pues evidencia la unidad absoluta de la Tierra vista desde la luna. La Declaración de Estocolmo Producto de la primera Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente Humano, la Declaración de Estocolmo (1972), fue el primer documento internacional en reconocer el derecho a un ambiente sano mediante 26 principios, muchos de los cuales han jugado un papel importante en el desarrollo posterior del DIA. El Principio 21, por ejemplo, confirmó una de las piedras angulares del DIA: la responsabilidad de los Estados de garantizar que las actividades bajo su jurisdicción no causen daños al ambiente de otros Estados. La Declaración estableció además el Principio de Cooperación, crucial en el desarrollo ulterior del DIA al reconocer que los países debían unir esfuerzos para hacer frente a los desafíos globales de nuestro entorno común. También en Estocolmo, la Asamblea General de la ONU creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), órgano central a cargo de los asuntos ambientales en la actualidad. Entre Estocolmo y Río Después de Estocolmo, comenzaron a verse cambios en los gobiernos nacionales: se formaron los primeros partidos políticos verdes, se crearon algunos Ministerios de Medio Ambiente y comenzó a desarrollarse una importante cantidad de legislación ambiental local. En 1983, la ONU creó la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida como la Comisión Brundtland. Su labor, centratada en la difícil relación entre ambiente y desarrollo, resultó en el informe Nuestro Futuro Común (1987). En ese documento se acuñó el concepto de desarrollo sostenible —definido como “la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”—, base de la evolución del DIA. En esta época, comenzaron a manifestarse algunos de los problemas ambientales globales que hasta hoy nos aquejan como el agotamiento de la capa de ozono, los riesgos para la diversidad biológica y la amenaza del cambio climático. La cooperación internacional era absolutamente necesaria y los países desarrollados tendrían que ayudar a los países más pobres para que la humanidad fuera capaz de afrontar tales desafíos. En 1987, se firmó el Protocolo de Montreal para combatir el agotamiento de la capa de ozono. Este acuerdo internacional ha sido un ejemplo de cooperación internacional exitosa, y se cree que gracias a él la capa de ozono podría recuperarse para el 2050. La Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro En 1992, durante esta Conferencia, dos convenciones fueron presentadas para firma de los países: el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). También se estableció la Declaración de Río, que reafirmó la Declaración de Estocolmo y el programa de acción Agenda 21, el cual aún guía a gobiernos y actores no estatales en las actividades de protección del ambiente. En Río, ante la evidencia cada vez más contundente de que las actividades humanas en busca del crecimiento económico eran las responsables de las principales amenazas ambientales, el concepto central continuó siendo el desarrollo sostenible. Dos principios de la Declaración de Río merecen especial consideración: el Principio de Precaución, la forma más avanzada de prevención e importante en la conformación del DIA moderno; y el Principio 10, que reconoce el derecho a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales. El Principio 10 dio lugar en 1998 al Convenio de Aarhus, vinculante para Europa y Asia Central; y es el antecesor del Acuerdo de Escazú, que busca el reconocimiento de esos derechos para Latinoamérica. Ese reconocimiento es considerado también un hito importante en la construcción del DIA pues explica y muestra el surgimiento de la sociedad civil como actor cada vez más importante y activo en la protección ambiental global. Luego de Río y hacia el futuro Después de Río, todos los tratados económicos importantes comenzaron a incluir la protección ambiental. Un caso ejemplar es el Acuerdo de Marrakech, por el cual se creó la Organización Mundial del Comercio en 1994 y que fue el primer tratado económico en reconocer las metas de desarrollo sostenible y protección del ambiente. La Convención sobre el Cambio Climático merece mención especial ya que, desde 1995, sus firmantes se han reunido cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP). En ese marco, en 1997, se presentó el Protocolo de Kioto que, a pesar de no haber sido exitoso en mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, fue el primer acuerdo internacional en establecer obligaciones jurídicamente vinculantes para los países desarrollados. En el 2000, 189 países adoptaron en Nueva York la Declaración del Milenio, que fortaleció la importancia del desarrollo sostenible al reconocer la necesidad de un crecimiento económico sostenible con un enfoque en los pobres y en el respeto a los derechos humanos. Dos años más tarde, en 2002, representantes de 190 países acudieron a la Cumbre Mundial de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible, en Johannesburgo, para dar seguimiento a los compromisos de la Cumbre de Río. En esa ocasión, adoptaron la Declaración sobre el Desarrollo Sostenible, centrada en el desarrollo y la erradicación de la pobreza con un enfoque jurídico-económico sobre las “asociaciones público-privadas”. Y en 2012, la ONU organizó la tercera Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible, conocida como Río + 20, la cual convocó a 192 Estados miembros, empresas del sector privado, ONG y otras organizaciones. El resultado fue un documento no vinculante llamado El Futuro que Queremos. En el documento, los Estados renuevan su compromiso con el desarrollo sostenible y la promoción de un futuro sostenible. Tiempos modernos El Protocolo de Kioto para enfrentar el cambio climático dio paso al Acuerdo de París (2016), donde los países firmantes se comprometieron a hacer todo lo posible por evitar que la temperatura promedio del planeta supere los 2°C, respecto de los niveles preindustriales, y ojalá se mantenga debajo de los 1.5°C. La relación entre derechos humanos y cambio climático fue reconocida en su preámbulo. Al haber sido ratificado por casi todos los países del mundo, tiene un potencial inmenso como instrumento de derecho internacional. De hecho, recientemente en Inglaterra se dictó la primera sentencia que impidió una obra (la ampliación de un aeropuerto), bajo el argumento de que el país incumpliría el Acuerdo de París. Un hito contemporáneo de gran relevancia, sobre todo para Latinoamérica, es la Opinión Consultiva 23 (2017) sobre medioambiente y derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ella La Corte reconoció por primera vez el derecho a un ambiente sano como fundamental para la existencia humana, así como los impactos de la degradación ambiental y del cambio climático en los derechos humanos. Finalmente, vale la pena mencionar la construcción actual de un instrumento internacional jurídicamente vinculante para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional. En reconocimiento del papel crucial que juega el océano en la salud del planeta y sobre todo en la estabilidad del clima, salvaguardar las inmensas y misteriosas áreas en alta mar parece del todo necesario. Conclusión: ¿En qué quedamos? Tras revisar los hitos más importantes relacionados con los esfuerzos globales para enfrentar la grave crisis ambiental que vivimos, es inevitable quedar sumida en hondas preocupaciones. Las iniciativas globales no han logrado motivar el cambio de rumbo que necesitamos para que nuestro planeta empiece a recobrar la salud. Así como vamos, nadie asegura que las futuras generaciones puedan satisfacer sus necesidades como lo han hecho las pasadas y actuales. Pero, pese a las desilusiones, es importante seguir promoviendo iniciativas mundiales donde se discuten políticas comunes y donde el DIA adquiere forma y contenido. Aunque por ahora esos espacios no han sido capaces de frenar la crisis ambiental, han fortalecido el DIA como instrumento para defender nuestras causas, algo que aprovechamos al máximo en AIDA. Asimismo, las conferencias mundiales son instancias donde surgen posibilidades de protesta y de concientización masiva por parte de la sociedad civil global, cada vez más alerta y decidida a defender nuestro ambiente. Hoy, gran parte de la esperanza de cambio está en la fuerza de la sociedad civil, sobre todo en los jóvenes que han mostrado un despertar glorioso en defensa del planeta. Esta fuerza encuentra en el DIA un punto de apoyo para exigir lo que necesitamos: un cambio rotundo en el modelo de desarrollo que aún guía los asuntos del planeta y que tanto daño está causando.
Leer más
Tiburones en Colombia: Los riesgos de una regulación débil
Siendo parte de una de las clases de animales más diversos y antiguos, los tiburones habitan el planeta desde hace más de 400 millones de años. Son considerados los máximos depredadores del océano por estar en la cima de la cadena alimenticia. En esta posición, juegan un rol fundamental en el ecosistema marino: controlar las poblaciones de peces, mamíferos marinos y de algunos invertebrados. Pero su contribución ha sido opacada por una mala publicidad. Los tiburones han sido estigmatizados como animales temibles y monstruosos que están listos para atacar y despedazar a los humanos con sus filosos dientes. Este estigma se hizo viral tras el estreno en 1975 de icónica película Jaws (“Tiburón”) de Steven Spielberg. Científicos expertos aseguran que este tipo de cintas inspiró decenas de torneos donde se pescaba tiburones sin remordimiento. La pesca indiscriminada ha diezmado la mayoría de las especies de tiburón. Según un informe de la revista Marine Policy, más de 100 millones de tiburones mueren cada año. Y, de acuerdo con la Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza (UICN), el 17 de las 39 especies de tiburón pelágico están en riesgo de extinción. De las 400 especies que existen actualmente a nivel mundial, Colombia alberga a 76, distribuidas en 18 familias que habitan el mar Caribe (57) y el océano Pacífico (36). Estas cifras posicionan a Colombia como el tercer país con mayor diversidad en tiburones en Latinoamérica, después de México y Brasil. Pero muchas de estas especies están catalogadas como vulnerables o en peligro de extinción en la Lista Roja de Peces Marinos. Aunque la pesca industrial de tiburones está prohibida y la pesca artesanal —realizada por comunidades locales en ambas costas del país— es controlada por el gobierno, la regulación actual presenta deficiencias por lo que no contribuye adecuadamente a la preservación de estos animales en Colombia. Una herramienta inadecuada Desde 1990, la pesca artesanal de tiburones ha sido regulada cada año mediante resoluciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La norma establecida para este año, la Resolución 350 publicada el 25 de octubre de 2019, fue rechazada por grupos ambientalistas y civiles del país. Una de las principales razones del rechazo es que la resolución mantiene las altas cuotas de pesca (cantidad de toneladas permitidas), que datan del 2011 y que incluyen a especies en peligro o vulnerables. Establecer cuotas de pesca sin respaldo de evidencia científica sobre el estado actual de las poblaciones de tiburón incita a la sobrepesca y no contribuye a la conservación de estos animales. Los tiburones tienen períodos de gestación largos y pocas crías, lo que hace difícil que sus poblaciones se recuperen ante la sobreexplotación. Además, la Resolución 350 establece una cuota específica para las aletas de tiburón pese a que la Resolución 1743 de 2017 prohíbe la práctica del aleteo en Colombia. De este modo, la norma puede ser interpretada de manera errónea y ocasionar el aumento del mercado ilegal de aletas de tiburón. Además de ilegal, el aleteo es una práctica cruel que consiste en cortar las aletas del animal y luego descartarlo al océano aún con vida. Por tanto, para cumplir con la cuota de aletas sin recurrir al aleteo, sería necesario pescar aproximadamente 110 mil tiburones. Aunque en el país no se consumen, las aletas son altamente cotizadas en el mercado internacional, especialmente en países asiáticos. Según datos de la Fundación Mar Viva, solamente entre 2012 y 2016, más de 800 toneladas de aletas de tiburón fueron exportadas ilegalmente desde Colombia hacia Taiwán, China y Hong Kong. Expertos de la Fundación Malpelo enfatizan que, bajo el argumento de la pesca incidental, los pescadores pueden comercializar tiburones en el mercado asiático sin tener que infringir ninguna ley. Hacia una protección efectiva Colombia tiene muchas obligaciones internacionales para conservar su biodiversidad, de la que los tiburones son parte. Entre ellas están las adquiridas bajo el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Internacional sobre Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe. El país cuenta además con un Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo de Tiburones, que resalta la responsabilidad de llevar a cabo un manejo sostenible de sus recursos marinos, priorizando el manejo adecuado y la conservación de las diferentes especies. El gobierno debe actuar en consecuencia. Gracias a una acción popular reciente, la Resolución 350 será modificada para eliminar el término “aleta” y evitar así su aprovechamiento. Sin embargo, esa norma tiene otras lagunas y debilidades que deben ser subsanadas. Es fundamental que la elaboración de este tipo de normas tome en cuenta estudios y datos científicos que permitan transitar del modelo de pesca actual hacia uno sostenible. Y, ante la falta de información científica, es importante priorizar acciones basadas en el Principio de Precaución o Prevención para evitar daños irreversibles a ecosistemas y especies. La protección efectiva de los tiburones en Colombia requiere más que medidas legales. También es necesario educar a la población sobre la importancia de mantener protegidas las poblaciones de tiburones para la salud del ecosistema marino, así como educar a las comunidades locales sobre artes de pesca y medidas efectivas de ordenamiento pesquero.
Leer más
3 formas de mantener la esperanza ante la crisis climática
Quienes trabajamos en temas ambientales nos exponemos a un bombardeo interminable de noticias que repiten una y otra vez: “el tiempo se acabó y nuestros días están contados”. Y, a decir verdad, pocas veces parece exageración: ahí están los informes del IPCC, los incendios en Australia, la desilusión de la COP25, burlas al movimiento juvenil, asesinatos y amenazas a defensores ambientales En reuniones casuales, porque saben que me dedico a temas ambientales, me preguntan qué pueden hacer por nuestro planeta. Comenzamos por hablar de frenar la generación de basura. Aunque suena muy básico, implica tener conversaciones muy largas y acaloradas. ¿Por qué? Significa cuestionar nuestra forma de consumir, transportarnos, alimentarnos y vestir. Debemos mirar críticamente nuestro estilo de vida y preguntarnos qué significa para cada uno tener calidad de vida. La basura puede verse y es el residuo último de una cadena de emisiones, explotación de tierras, especies y personas. Todo está conectado y es imposible desprenderse de nuestro impacto como individuos en la degradación del planeta. Y en esa cadena de pensamientos, muchos caemos en episodios –más o menos severos—de “ecoansiedad”. Es un padecimiento real que cada vez se detecta más y que, de no tratarse, puede, como toda enfermedad mental, ser peligrosa para nuestra salud e integridad. En 2017, la Asociación Americana de Psicología (APA en inglés) describió la ecoansiedad como un “miedo crónico a la catástrofe ambiental… Observar los lentos y aparentemente irrevocables impactos del cambio climático y estar preocupado por el futuro de uno mismo, de los niños y de las futuras generaciones”. Lo peculiar de este sentimiento es que puede detenernos. Podemos creer que absolutamente nada es útil y —por tanto— dejar de vigilar y de exigir, ser más laxos con nuestros hábitos de consumo y, en suma, contribuir mucho más al problema. Hay muchas sugerencias de lo que podemos hacer, pero con lo que pude recolectar es posible dividir nuestras acciones en tres planos: individual, comunitario y político-ciudadano-consumidor. Primero lo primero: estar bien uno mismo Una regla general para ayudar a otros es ayudarse a uno mismo. La crisis climática afecta nuestra salud física (enfermedades respiratorias y cardiovasculares), nuestra seguridad alimentaria y de vivienda, nuestros derechos humanos y nuestra salud mental. De acuerdo a la APA, las respuestas emocionales son normales y las emociones negativas son necesarias para tomar decisiones y tener una vida plena. Pero el exceso de ellas y la falta de un plan futuro para resolver el problema puede interferir en nuestras habilidades de planeación, pensamiento racional y comportamiento. Esto sin contar que quienes sufren pérdidas por una catástrofe ambiental (huracanes, sequías e inundaciones) pueden desarrollar estrés postraumático. Para enfrentar estas emociones, la APA sugiere: Confiar en nuestra propia capacidad de resiliencia y saber que podemos superar los obstáculos. Ser optimistas y aprender de nuestras experiencias. Cultivar la autoregulación y ser conscientes de nuestras emociones para tener estrategias a largo plazo, saberlas detectar evita que los episodios se agraven. Encontrar un sentido personal. A unos sirve la fe y la religión; a otros, la pertenencia a una comunidad o meditar. El punto es tener espacios que den una sensación de paz. Las acciones individuales sí ayudan y muchos individuos unidos a la misma causa sí generan un cambio. Evitemos autoflagelarnos por todo lo que no hacemos, empecemos contando lo que sí hacemos. ¿Cuántas emisiones evitamos al andar en bici? ¿Cuántas bolsas plásticas no van a llegar al mar? ¿Cómo nuestro consumo local ayuda a la economía de nuestros vecinos y a nuestro entorno? Y siempre, siempre, tengamos una dosis de naturaleza que nos inspire. Segundo: nuestros círculos más inmediatos Recién se prohibieron las bolsas plásticas de un solo uso en la Ciudad de México. Más de una persona dijo que se estaba violando su derecho a comprar como le parezca, otros dijeron no tener idea de cómo hacer sus compras ahora. Llevo años usando bolsas de tela. Podría solo haber presumido eso, regocijarme por mi buena actitud ambientalista y alardear en redes sociales. Pero, ¿por qué no compartir recomendaciones? Algunas ideas que ya aplico en mi casa fueron bien recibidas por algunos vecinos y amigos. Incluso les parecieron prácticas. Generar lazos, quizás breves, son un paso para fortalecer nuestra unidad comunitaria. También me sirve mucho mantener el buen humor cuando se puede. Acercarnos a asociaciones vecinales, ser voluntarios en organizaciones con cuyas causas coincidimos; donar dinero, habilidades o equipo es dar ese paso más allá de nuestras acciones individuales. ¿Tienes un amigo que quiere disminuir su consumo de carne? ¡Ofrécele tus mejores recetas vegetarianas! ¿Sabes programar o diseñar? ¿Eres fuerte o tienes un automóvil de carga? Seguro hay grupos a los cuales tus habilidades les serían de gran ayuda. Por cierto, en AIDA siempre buscamos voluntarios. La APA revisa muy bien los impactos de la crisis climática en la salud mental de las comunidades. No son los mismos en una ciudad, una zona de alto riesgo por desastres o en comunidades indígenas. Las comunidades afectadas enfrentan la pérdida de cohesión social y de lugares de importancia espiritual o de recreación; así como el incremento de violencia de todo tipo, incluyendo la racial pues crecen las acusaciones a ciertos grupos. Además, la pérdida de identidad rompe la unión de estas comunidades, como está ocurriendo con las sociedades inuit de Groenlandia o, como hemos visto en AIDA, con los grupos indígenas y ribereños desplazados en el Amazonas. Tercero (y lo siento): tenemos que hablar de política y participación ciudadana Es probable que este tema no te guste, pero aquí también haces falta. No es lo mismo la contaminación por aguas negras de tu hogar que las descargas industriales sin tratar en un río. Podrías andar siempre en bicicleta, pero vivir en un país que es permisivo con industrias emitiendo gases volátiles cancerígenos y de efecto invernadero sin culpa alguna. Lo cierto es que nuestra muy buena voluntad individual –nada despreciable— no tiene tanto impacto como la voluntad (y obligación) de los gobiernos e industrias de hacer bien las cosas y procurar la salud de todas las personas y especies. Ciertamente, en América Latina la elección de nuestros representantes locales no funciona como en Estados Unidos. Pero eso no elimina nuestra responsabilidad de elegir y exigir representantes con una visión de un futuro limpio y resiliente, de mostrar que nos interesa. Una columna de Emma Marris en el New York Times lo explica muy bien: “La crisis climática no se resolverá con sacrificio personal. Se resolverá eligiendo a las personas correctas, aprobando las leyes correctas, elaborando las regulaciones correctas, firmando los tratados correctos y respetando aquellos ya firmados, particularmente con las naciones indígenas. Se resolverá haciendo que rindan cuentas las compañías y personas que han ganado miles de millones a costa de la atmósfera que compartimos”. El balance que en AIDA buscamos Estamos orgullosos de contar en nuestro equipo con personas apasionadas por el ambiente. Como individuos, compartimos nuestros avances e ideas en el plano personal para procurar un mejor planeta. A nivel comunitario, todos y todas aportamos a esta organización, y hay quienes organizan eventos y se unen a grupos ciudadanos y vecinales. Y a nivel de política pública y participación ciudadana, en AIDA trabajamos por la justicia ambiental, empoderamos comunidades con el conocimiento y herramientas que necesitan para exigir sus derechos y vigilarlos, llevamos casos emblemáticos ante la justicia y otras instancias relevantes para que empresas y gobiernos asuman sus obligaciones. Creemos que un futuro limpio y justo es posible.
Leer más
¿Por qué las mujeres son tan importantes en la búsqueda de justicia ambiental?
Columna publicada originalmente en La Silla Rota Las mujeres han tenido un rol fundamental en la conservación y defensa del planeta. La luchas pasadas y presentes por justicia climática y ambiental y por los derechos de los animales han sido, en una proporción importante, luchas de mujeres. Pero la estrecha relación entre las mujeres y el ambiente no escapa a las desigualdades que caracterizan a las sociedades actuales. Los contextos de pobreza, exclusión e inequidad se entrecruzan con los impactos de la devastación ambiental y la crisis climática. Y, por lo general, las mujeres los sufren de manera diferencial y agravada. En desastres, por ejemplo, las mujeres pueden sufrir los mayores daños y las tasas de mortalidad son notablemente superiores en comparación con los hombres. Ellas, en razón a los roles que desempeñan en sus comunidades pueden desarrollar menos capacidades para responder a emergencias derivadas de catástrofes. Porque no aprendieron a nadar o a trepar árboles, porque están pendientes de sus hijos menores o de las personas mayores en la familia, o porque deben usar ropa que dificulta su movilidad para reaccionar rápidamente. Además, por razones históricas y culturales, enfrentan barreras más fuertes para acceder a la información y participación sobre situaciones que afectan su derecho a un ambiente sano. Y tienen mayores dificultades para acceder a la justicia o a los mecanismos de reparación de daños. Por su parte, las mujeres que desarrollan roles en el ámbito público, participando de asuntos políticos, enfrentan a menudo nuevas cargas de trabajo que, por lo general, un hombre en la misma situación no asumiría. Al mismo tiempo, enfrentan riesgos y obstáculos más intensos para desarrollar su liderazgo. Ante este panorama, el enfoque de género —entendido como el mecanismo dirigido a garantizar la valoración integral de los impactos que cualquier acción tiene para hombres, mujeres y para quienes no se identifican dentro de estas categorías— es fundamental para hacer visibles las asimetrías, superar las barreras de discriminación y remover los escenarios de exclusión que impiden a las mujeres disfrutar de sus derechos en condiciones de igualdad. El enfoque de género busca que tales diferencias sean incluidas en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de cualquier intervención a nivel, político, económico y social. La perspectiva de género es indispensable para potenciar el liderazgo de las mujeres, que se hace cada vez más vital en la búsqueda de justicia climática y ambiental. En efecto, el desarrollo de las teorías ecofeministas ofrece al mundo novedosas y transformadoras alternativas que reflexionan sobre las lógicas que están llevando a la destrucción de la naturaleza y los impactos que traen consigo para la vida hombres, mujeres y demás seres sentientes. Además de ser las más afectadas, las mujeres son también sujetos activos con un papel clave en las soluciones a la crisis climática y en la preservación de la naturaleza.
Leer más
Aprendiendo de Mendoza, Argentina: “El agua no se negocia”
A finales del año pasado, los ciudadanos de Mendoza, Argentina, fueron protagonistas de una de las manifestaciones sociales más relevantes de la provincia. El objetivo era contundente: la defensa del agua. Personas de todas las edades, miembros de ONG, asambleas ambientalistas y movimientos antimineros, científicos y académicos salieron a las calles exigiendo al gobierno local dar marcha atrás a la modificación de la Ley 7722, conocida como “la guardiana del agua” o “ley del pueblo”. Es una norma fundamental para la protección del agua en Mendoza porque prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias químicas tóxicas en las actividades mineras, las cuales contaminan gravemente ríos, lagos y otras fuentes naturales de agua. Promulgada el 21 de junio de 2007, esta ley es resultado de una larga lucha por parte de la sociedad civil. Un retroceso en la protección ambiental El gobierno pretendía modificar la Ley 7722 con otra norma, la Ley 9209, que permitía “el uso de sustancias químicas [entre ellas el cianuro], mezclas o disoluciones de ellas, que aseguren la sostenibilidad del proyecto [minero]”. La justificación para eliminar la prohibición del uso de cianuro y otros elementos tóxicos era “garantizar la sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales, con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico y asegurar el cumplimiento de la actividad minera”. El uso de cianuro en la minería legal es cada vez es menos frecuente debido a los riesgos que implica su fabricación, transporte y uso. Los compuestos de cianuro suelen ser altamente tóxicos en su forma gaseosa o disueltos en agua. Teniendo en cuenta que el límite de cianuro en agua potable para consumo humano seguro es cuatro gotas por litro, las concentraciones usadas en minería presentan riesgos bastante altos. Además, existe abundante evidencia de derrames y pérdidas de cianuro en instalaciones mineras durante su transporte y de múltiples casos de muerte masiva de fauna en instalaciones mineras, particularmente de aves migratorias. Por si fuera poco, la modificación legislativa buscaba flexibilizar los procedimientos de control y vigilancia ambientales pues establecía que ya no era obligatorio que la Declaración de Impacto Ambiental de un proyecto minero fuera ratificada por ley, bastando únicamente la firma de un funcionario de la Secretaría de Ambiente de la provincia para autorizar el proyecto. Ello atentaba contra la efectividad de la Ley 7722. Estos cambios promovidos por el gobierno de Mendoza vulneraban los principios de protección ambiental del país, entre ellos el de sustentabilidad, contenidos en la Constitución y otras normas de carácter nacional que las provincias están obligadas a cumplir y enriquecer. Por ejemplo, el artículo 41 de la Constitución establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. La respuesta ciudadana La movilización en contra de esta modificación, que pretendía dar vía libre al uso de sustancias de altísimo impacto ambiental, superó cualquier precedente y se convirtió en un ejemplo para toda la región al lograr revertir una iniciativa ya aprobada por los legisladores de Mendoza. La desaprobación social de la nueva ley se multiplicó. Bajo los lemas "el agua no se negocia” y “el agua vale más que el oro”, la sociedad organizada de Mendoza expresó su rechazo. Las manifestaciones populares, las más grandes de la historia de Mendoza, comenzaron el 22 de diciembre. Al día siguiente, 50 mil personas se reunieron al frente de la Casa de Gobierno Provincial tras un recorrido de más de 100 kilómetros iniciado en la población de San Carlos, en el Valle de Uco, y que pasó por los pueblos aledaños. Las personas movilizadas tenían la misma reivindicación: La Ley 7722 no se toca. Pese al evidente rechazo popular, el Gobernador de Mendoza promulgó la reforma. Miles de vecinos autoconvocados se concentraron en el kilómetro cero —entre las calles San Martín y Garibaldi— de la capital provincial para exigir la derogación de la norma. El 26 de diciembre, ante la constante y creciente presión social, el Gobernador anunció que no reglamentaría la nueva ley. Esa medida paliativa no convenció y las movilizaciones se intensificaron. El Gobernador decidió entonces dar marcha atrás a la modificación de la Ley 7722 y el viernes 27 anunció que iba a enviar un proyecto de ley para derogarla, lo que finalmente ocurrió el lunes 30. El caso de Mendoza deja una lección valiosa a todos los países América Latina: Cuando la ciudadanía conoce y toma conciencia de la importancia de la naturaleza y de la magnitud de los peligros que enfrenta, es muy difícil doblegarla. Los conflictos socioambientales no solo responden a quiénes detenten el control de los recursos naturales, sino también a las consideraciones de afectaciones en un entramado social bastamente complejo. Para los seres humanos y no humanos, la naturaleza es parte constitutiva de nuestra identidad, cultura y costumbres. Somos parte de ella y ella de nosotros. Es una red viva e interconectada. Por ello debemos ser sus principales defensores. La actualización pronta y necesaria del concepto de “desarrollo sustentable” es uno de los desafíos del Derecho Ambiental en el siglo XXI. No podemos concebir un desarrollo que atente contra la naturaleza e ignore los derechos humanos. Conoce más sobre el uso de cianuro en la minería.
Leer más
Fortaleciendo el llamado ciudadano a la acción climática
Cuando Cristina Briseño supo que la vigésimo quinta Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP25) se trasladaría de Santiago a Madrid, tuvo ganas de llorar. “Tenía mucha fe en la presión que un evento tan gigante como ese pondría sobre temas ambientales que requieren acciones urgentes en Chile”, me contó. A sus 46 años, Cristina —una ciudadana chilena que siempre tuvo la inquietud de apoyar causas ambientales— se enlistó como voluntaria para ayudar en la realización de la Cumbre Social por la Acción Climática, prevista como evento paralelo a la COP25 y que, pese al cambio de sede, se mantuvo firme. “Se perdió la oportunidad de discutir temas de vulnerabilidad ante el cambio climático en un país tan vulnerable como Chile”, dijo Ingrid Wehr, Directora de la Oficina Regional Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll, durante la Cumbre. Pero no todo estuvo perdido. La razón del cambio de sede de la COP25 fue el estallido social en Chile, un momento histórico donde los segmentos más vulnerables de la población se están haciendo escuchar. En ese contexto, la Cumbre Social por la Acción Climática demostró que la ciudadanía tiene mucho que decir en materia ambiental y mucho que aportar a la lucha contra la crisis climática. “Al final, uno debe seguir luchando con las herramientas que tiene”, me dijo Cristina. La Cumbre que persistió Organizada por la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) —plataforma que agrupa a más de 130 organizaciones de diversos sectores de Chile— la Cumbre tuvo lugar en el Centro Cultural Tío Lalo Parra del municipio de Cerrillos, ubicado en el sector surponiente de la ciudad de Santiago y donde se iba a celebrar la COP25 oficial. Caracterizado por una gran cantidad de terrenos baldíos y sin uso, Cerrillos tiene una apariencia desértica y terrenos erosionados. “Hacer la Cumbre allí implicó descentralizar una problemática que tiende a ser discutida en grandes ciudades o en los lugares más céntricos de las capitales”, piensa Cristina. En sus 10 días de duración, del 2 al 11 de diciembre, la Cumbre alojó un centenar de actividades para discutir temas relacionados con la crisis climática, enfatizando la necesidad de acciones más ambiciosas para enfrentarla. Hubo de todo: conversatorios, conferencias, talleres, exposiciones artísticas, obras de teatro y actividades interactivas. Se habló de muchos temas. Mientras en una sala se debatía sobre el activismo y los conflictos socioambientales o acerca del rol de los jóvenes como agentes de cambio, en otra se explicaba en detalle los impactos de la crisis climática en el océano y las pesquerías. Ciudadanos, investigadores, activistas y representantes de comunidades reflexionaron juntos. A partir de sus experiencias, evidenciaron que la crisis social en Chile es también una crisis ambiental que bien refleja la desigualdad que azota a toda la región. “La SCAC, que nació teniendo entre sus metas principales la celebración de la Cumbre paralela a la COP25, logró algo importantísimo para el movimiento ambiental del país”, opinó Florencia Ortúzar, abogada de AIDA, quien participó en un evento sobre descarbonización y transición justa de la Cumbre. “Logró la unión de los grupos ambientales, desde los más pequeños y jóvenes hasta los más grandes y consolidados. Ahora todos estamos conectados”. La voz de Latinoamérica Históricamente, las negociaciones climáticas internacionales no han respondido a las demandas de la sociedad civil de América Latina. Por ello son tan valiosos los esfuerzos para incluir el posicionamiento de la región y la voz de su ciudadanía en la discusión climática. Esa inclusión quedó plasmada en el Manifiesto Latinoamericano por el Clima, elaborado con la participación presencial y remota de cientos de personas y organizaciones a lo largo de la región, y lanzado simultáneamente en la Cumbre Social de Chile y en un evento similar organizado por la sociedad civil en Madrid. El documento es un llamado a vivir en un mundo mejor y a tomar las acciones necesarias para lograrlo bajo nueve ejes: agua, naturaleza, transición energética, nuevo modelo de desarrollo, mujeres; pueblos originarios, indígenas, étnicos y tribales, y afrodescendientes; derechos humanos y cambio climático; justicia climática; y gobernanza climática. Si algo caracterizó al 2019 fue el despertar de la conciencia global en torno a la gravedad de la crisis climática y la urgencia de enfrentarla juntos. También despertó la conciencia social y con ella las voces de los más desvalidos exigiendo justicia. Ambos despertares no son coincidencia, sino las caras de una misma moneda. El llamado de justicia social y justicia ambiental se está escuchando en todo el mundo, mostrándonos una ventana de oportunidad para cambiar las cosas. Por eso es fundamental que la acción climática tenga a los derechos humanos como elemento transversal.
Leer más