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Leydy Pech, la guardiana de las abejas
“Son parte de mi ser”, dice Leydy Araceli Pech Martin de sus abejas. Las alimenta con dulce de calabaza y se identifica con ellas. Verlas cómo se organizan y trabajan en la colmena para producir miel, reafirma su confianza en la acción colectiva. En su pueblo natal, Ich Eq —nombre que en maya significa “Ojo de Estrella”—, municipio de Hopelchén, en el estado mexicano de Campeche, las familias viven de esa forma: unidas y apoyándose entre sí. De todos los objetivos que Leydy comparte con su comunidad, quizás el más vital sea la defensa de su territorio y sus modos de vida tradicionales, amenazados por la creciente deforestación y por la contaminación tóxica proveniente de la agricultura industrial. La expansión del cultivo de soya en Hopelchén está terminando con grandes extensiones de selva tropical y esparciendo de manera indiscriminada pesticidas nocivos para la salud humana y para el ambiente, en especial para aquellos ecosistemas de los que dependen las abejas, así como las y los apicultores de la zona. Derribando obstáculos De mirada dulce y voz suave, Leydy es una mujer muy ágil. Puede hacer muchas cosas al día. Distribuye su tiempo entre cuidar a sus abejas, realizar labores domésticas, atender a su mamá y a su tío, y estar pendiente de su hijo, Diego Alberto, de 17 años. También atiende el pequeño negocio de Koolel-Kab (“mujeres que trabajan con abejas”), una organización que ella y otras mujeres de Hopelchén fundaron en 1995. Con ellas comparte la crianza y preservación de la abeja melipona beecheii, una especie silvestre sin aguijón que ha sido domesticada por los pueblos mayas de México desde hace cientos de años. De esta abeja se obtienen varios productos —miel, jabones y cremas— que se venden en la tienda de la organización. Pero dedicarse a la apicultura, actividad que su abuelo le enseñó y que en la zona es realizada mayormente por hombres, no le ha sido fácil. Al comienzo, Leydy y sus compañeras fueron subestimadas. “Nos decían que no íbamos a lograr nada, poco a poco fuimos demostrando nuestras capacidades; los señores vieron resultados y reconocieron públicamente que la organización era un ejemplo de lucha”, cuenta. Las mujeres de Koolel-Kab trabajan también por el reconocimiento y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas de la zona. Leydy recuerda que esa lucha comenzó cuando se dio cuenta que otras personas estaban decidiendo sobre el territorio y los recursos naturales de su pueblo, sobre las oportunidades de trabajo y de una mejor calidad de vida para los más jóvenes. Menonitas y empresarios agroindustriales están cultivando soya genéticamente modificada en Hopelchén, deforestando selva y poniendo en riesgo la salud de las personas. El gobierno mexicano autorizó el cultivo sin consultar a las comunidades afectadas. Y, aunque la justicia reconoció esta vulneración de derechos humanos, la siembra ilegal de ese tipo de soya no ha cesado y la siembra de soya tradicional se ha expandido. Un problema relacionado es la fumigación aérea de los cultivos con una mezcla de químicos que no se queda en los campos, sino que llega a casas, fuentes de agua y flores. “No me puedo quedar de brazos cruzados cuando sé lo que está pasando, se ha vuelto una responsabilidad, no hacer nada sería como traicionar mi propia identidad”, dice Leydy con la firmeza que la caracteriza. La búsqueda de justicia es lo que la mueve. Pero también en esa lucha ha tenido que derribar barreras. “Vivimos en un mundo donde solo los hombres pueden hablar, tomar decisiones. Yo he roto con eso y me han cuestionado”. La organización de mujeres mayas forma parte del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, que ha presentado acciones legales nacionales e internacionales para frenar los daños de la agroindustria. AIDA, junto con organizaciones aliadas, apoya esos esfuerzos y ha llevado el caso, en representación de las comunidades, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La fuerza de la unión La fortaleza del Colectivo está en su unidad. De eso Leydy está convencida. Quienes lo conforman trabajan por las necesidades de sus propias comunidades, pero también están en proceso de verse como uno solo, algo que no solo aplica a los pueblos de Campeche sino a los de los estados cercanos de Yucatán y Quintana Roo. “Los mayas somos muchos, cada cosa que hemos logrado no es para una sola persona, es para todos”. Leydy contagia su liderazgo y su capacidad de trabajar en equipo. Su hijo, Diego Alberto, es parte de ese esfuerzo conjunto. “Él se siente contento, sabe mucho de abejas y tiene sus propias iniciativas”. Como Diego Alberto, otros miembros jóvenes de la familia de Leydy se dedican ahora a la apicultura. “Eso me dice que estoy haciendo bien las cosas”, dice orgullosa.
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El primer día que se habló de fracking ante la CIDH
Era de por sí ya un momento excepcional. La Alianza Latinoamericana Frente al Fracking había organizado un encuentro regional, estábamos en Colombia personas de 7 países de Latinoamérica reunidas cara a cara. Entonces, nos llegó una gran noticia: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había aceptado nuestra petición para una audiencia. Estallamos en una alegría colectiva. Representantes de organizaciones, abogados, activistas, científicos y habitantes de comunidades afectadas realizábamos el encuentro Territorios Libres de Fracking, ofreciendo talleres, conferencias de prensa y conversatorios sobre la fractura hidráulica —método de extracción no convencional de hidrocarburos— y sus impactos en la vida, la salud y el ambiente. Ahora, no sólo tendríamos un público diferente, sino que sería la primera vez que se hablaría de fracking ante la CIDH. La alegría se convirtió en la encomienda inmediata de preparar en sólo veinte días una exposición que en veinte minutos resumiera de la mejor manera todos y cada unos de los efectos que ha tenido el fracking en el continente americano. Trabajamos día y noche para que todo estuviera listo ese 3 de octubre en Boulder, Colorado. Fue tan poco el tiempo que a Gabriel Cherqui, vocero de las comunidades mapuches afectadas en Neuquén, Argentina, por el megaproyecto Vaca Muerta, le fue imposible conseguir el visado y hacer el trámite necesario para viajar a Estados Unidos. Convertir años en minutos Quizás lo más difícil fue resumir miles de documentos e historias en tan poco tiempo. Nos había tomado años sistematizar la información especializada sobre el tema y conseguir la aceptación de la audiencia informativa, solicitada con más de 120 firmas de respaldo. Otro desafío fue tejer de forma sólida la relación entre el fracking y la violación de derechos humanos, un tema que ya habíamos identificado que a la Comisión le interesaría abordar, dada la inmensidad y complejidad del problema. Desarrollamos una estrategia: Roberto Ochandio, extrabajador, petrolero y geógrafo, expuso los pormenores técnicos necesarios para entender el fracking; Liliana Ávila, abogada de AIDA, enlistó cómo el uso de la técnica ha vulnerado el derecho al ambiente sano, la vida, la salud, la consulta y a la información de las comunidades afectadas; Alejandra Jiménez, de la Alianza Mexicana contra el Fracking, dio a conocer los casos en México, donde el acceso al agua ha sido comprometido; Santiago Cané, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, abordó la contaminación, daños directos, falta de consulta y persecución de las comunidades de Neuquén; y Doris Estela Gutiérrez, presidenta de Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (CORDATEC), habló sobre la promoción de las consultas públicas en Colombia, así como de la criminalización y amenazas a la vida de los defensores del territorio. Destacamos que apostar por los hidrocarburos, y por esta técnica, significa también alejarnos del combate al cambio climático pues el fracking emite metano y otros gases de efecto invernadero que aceleran el calentamiento global. Fue todo un reto. No queríamos dejar la voz de nadie a un lado. Escuchar y aprender: una esperanza La mirada de los comisionados y cómo apuntaban datos y testimonios en los veinte minutos que duró nuestra intervención nos dejaba claro que estábamos abriendo una ventana a la esperanza. El carácter multifacético del fracking —con aspectos como el desarrollo, la contaminación, el cambio climático y los derechos humanos— llamaba su interés. No sólo presenciábamos la primera vez que se hablaba de fracking ante la Comisión, sino una audiencia donde cinco expositores resumían la preocupación de más de 120 solicitantes, con una sola causa en común. Lo que vino después fue un diálogo en el que los comisionados nos preguntaron por media hora más detalles sobre la técnica, dudas sobre el desarrollo en los países, la calidad del agua, los daños a la salud pública y una preocupación ante lo mucho que nos aleja esta técnica de las metas climáticas. Solicitamos a la Comisión que inste a los Estados a que adopten medidas para evitar violaciones a los derechos humanos relacionadas con el fracking; a que generen información pública, veraz e imparcial, basada en evidencia científica; y a que protejan los derechos humanos allí donde el uso de la técnica avanza a ciegas. Le pedimos dar seguimiento al tema, particularmente a los impactos negativos del fracking en los derechos económicos, sociales y culturales; en la vida de mujeres, niños, niñas y adolescentes; y en la vida y territorios de pueblos indígenas. Le requerimos dar seguimiento a las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos y buscar medidas de protección para quienes están en riesgo. Quedaron muchas preguntas, muchas otras preocupaciones que como Alianza hemos detectado en América Latina, pero ciertamente este momento nos fortaleció. En lo que respecta al derecho internacional, esta audiencia sienta precedentes regionales y hace uso de los argumentos de la Opinión Consultiva 23 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sobre derechos humanos y ambiente. Es claro que este momento fue un pequeño paso, pero también fue claro que hay oídos dispuestos a escuchar. Por nuestra parte, seguiremos haciendo uso de las herramientas legales del derecho internacional para proteger a las comunidades que puedan verse afectadas por el fracking.
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¿Qué nos motiva a preservar nuestras fuentes de agua?
Las y los profesionales que integran el Programa de Agua Dulce de AIDA defienden uno de nuestros recursos más preciados: el agua. La naturaleza nos la brinda de diversas formas, pero son también diferentes los riesgos que esas fuentes de agua enfrentan, entre ellos los daños irreversibles de actividades como la minería y el fracking. En AIDA lo sabemos y no estamos dispuestos a bajar la guardia. ¡Conoce qué nos mueve a cuidar nuestra fuente de vida! “SIN AGUA, NO HAY FUTURO” Carlos Lozano Acosta, Abogado Sénior “El agua es una fuerza viva en la naturaleza y en las sociedades. Es un rasgo distintivo de nuestra experiencia en el planeta. Las culturas, economías y ecosistemas dependen del agua y por eso, sin ella, no hay futuro”. Siendo niño, Carlos solía caminar junto a su familia en los alrededores de un páramo, un humedal de alta montaña que captura el agua de la neblina y la baja al suelo en forma de caudales. Cerca de allí su papá tenía una finca. Desde entonces tenía claro que los páramos son cruciales para la provisión de agua en su natal Colombia. “CRECÍ CON LA IDEA DE QUE EL AGUA ES UN DERECHO Y NO UN PRIVILEGIO” Claudia Velarde, Asesora Legal “Lo que me motiva a cuidar las fuentes de agua es la vida misma. La reproducción de los sistemas de vida no es posible sin agua limpia, entendiéndola como recurso indispensable, como bien común y como derecho. Yo crecí con la idea de que el agua es un derecho y no un privilegio”. Claudia nació en Cochabamba, Bolivia, una ciudad cuyo nombre proviene del quechua y significa “llanura de lagos”. Pese a ello, su población sufre hace décadas sequías y escasez de agua. Cochabamba es conocida también por la Guerra del Agua del año 2000, cuando sus habitantes salieron a las calles a defender ese recurso de la privatización. Claudia creció en ese contexto y, como las demás cochabambinas, tiene una conexión muy fuerte con el agua y con lo que ésta vale. “MI MAYOR MOTIVACIÓN ES SER CONSCIENTE DE QUE LA SALUD DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES DEPENDE DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LOS FLUJOS DE AGUA” Andrés Ángel, Asesor Científico “Mi mayor motivación es ser consciente de que la salud de los ecosistemas terrestres de nuestros países depende en gran parte del funcionamiento correcto de los flujos de agua superficial y subterránea. Saber que los daños que ocasionamos con nuestras actividades económicas tienen el potencial de trastornarlos irreversiblemente es darse cuenta de la necesidad de proteger las fuentes y la calidad de agua en el continente”. A Andrés no le fue fácil estudiar Geología, una carrera orientada al extractivismo, pero su principal motivación para hacerlo fue constatar los conflictos y daños socioecológicos del avance de la minería y la exploración petrolera en su país, Colombia. Al comprender que esos impactos eran perpetuos, decidió orientar su profesión a cuestionar el modelo de desarrollo y aportar alternativas. “PROTEGER EL AGUA ES DEFENDER EL NACIMIENTO Y EL SIGNIFICADO DE LA VIDA” Juana Hofman, Coordinadora Legal de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia “Lo que me motiva es la vida. Proteger los ecosistemas de agua dulce y a la gente que depende de ellos es defender el nacimiento y el significado de la vida. Me motiva también el profundo respeto que siento por los ecosistemas, porque me siento parte de ellos, y necesitan protección. Me motivan los frailejones, plantas milenarias que son fábricas de agua, y me motivas las montañas, paisajes que me cobijan desde mi nacimiento y que con su fuerza y belleza nos permiten vivir”. Juana nació en un pueblo pequeño ubicado a la mitad de una región montañosa, en Colombia. Cuando era niña, su padre le enseñó la grandeza de los robles, árboles que para ella significan fortaleza y sabiduría. Su vida ha estado profundamente ligada, desde la infancia y hasta ahora, a las montañas, los ríos y los páramos colombianos.
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El informe climático del IPCC: la ciencia habló y debemos actuar ahora
Lo ha dicho la comunidad científica internacional: lo único que nos puede salvar de una catástrofe climática es un cambio radical e inmediato. Los próximos once años son los más importantes en la historia del planeta al respecto. La respuesta que se le dé a este llamado determinará el futuro de muchas personas. En su más reciente análisis, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC por sus siglas en inglés), establece los impactos que podrían ocurrir si la temperatura promedio del planeta supera los 2°C, y los compara con los que ocurrirían si logramos frenar el calentamiento o al menos evitar que sea mayor a 1.5°C. El Acuerdo de París, acuerdo internacional para frenar el cambio climático vigente desde 2016, establece como objetivo mantener el aumento de la temperatura muy por debajo de 2ºC con respecto a los niveles preindustriales, y continuar los esfuerzos por limitarlo a 1.5ºC. Los impactos del calentamiento global Las conclusiones de los expertos son tajantes: esos 0.5° C extra serían letales para millones de personas y sus formas de vida. Con un calentamiento de 2°C o más, se espera: más y peores olas de calor, sequías e inundaciones; que el mar suba 10 centímetros más de lo que subiría si el calentamiento llega sólo a 1.5ºC, lo que implica inundaciones costeras y filtración de agua de mar a zonas agrícolas y fuentes de agua dulce, una cuestión de vida o muerte para unos 10 millones de personas; con respecto a la biodiversidad, que el riesgo de perder la mitad de su hábitat se duplique para plantas y vertebrados, y que se triplique para insectos, considerando a las más de 100 mil especies estudiadas; la desaparición de más del 99% de los arrecifes de coral, pero podremos salvar entre 10 y 30% de lo que queda si estabilizamos el termómetro del planeta para que no supere los 1.5°C; que aumente el alcance de los mosquitos que transmiten enfermedades como la malaria y el dengue; y estragos en los cultivos y ganadería, afectando severamente la seguridad alimentaria mundial. Y ¿cómo estamos? No muy bien. El planeta se ha calentado ya en 1°C desde antes de la era industrial y en 2017 las emisiones contaminantes responsables de ese calentamiento subieron nuevamente. Los compromisos actuales hechos por los países para cumplir con lo establecido en el Acuerdo de París no son suficientes. De quedarnos en ellos, llegaríamos a los 3°C en 2030, con consecuencias que es mejor ni imaginar por ahora. Cambiemos nuestro destino climático ¿Qué hay de las soluciones? Lograr que la temperatura del planeta no pase de los 1.5°C es posible, pero requiere cambios sin precedentes. Para lograrlo, las emisiones deberían bajar en 45% entre 2010 y 2030, y deberían llegar a cero emisiones netas para 2050. Esto quiere decir que no se emita más de lo que los bosques y sumideros naturales de carbono puedan capturar. Ello requiere: que las industrias más contaminantes, particularmente las productoras de combustibles fósiles, hagan cambios radicales; que la energía renovable sea la norma para el 2050 (entre 70 y 85% del total); que las plantas generadoras de energía a carbón desaparezcan; que el transporte funcione con electricidad limpia; y que se expandan, mantengan y cuiden los bosques y otros sumideros naturales de carbono, encargados de retirar las emisiones de la atmósfera. El informe de los expertos reconoce una gran oportunidad: la mitigación de los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), nombre genérico que se le da al carbono negro u hollín, al metano, a los hidrofluorocarbonos (HFC) y al ozono troposférico. Al ser climáticamente más intensos que el dióxido de carbono (CO2), los CCVC son causantes de la mitad del calentamiento del planeta. Además, por su corta duración en la atmósfera, tienen un rol clave en la reducción del calentamiento en el corto plazo. Reducir sus emisiones implica resultados positivos más pronto en cuanto al calentamiento del planeta e importantes beneficios para el bienestar humano, como la disminución de la contaminación y sus daños a la salud y un mejor rendimiento de los cultivos. Pero pocos países han incluido la reducción de estos contaminantes en sus compromisos nacionales frente al cambio climático. En AIDA trabajamos para que los países avancen en el control de estas emisiones. Siendo la región con el mayor potencial para energías renovables, Latinoamérica tiene la oportunidad de ser un ejemplo para el resto del planeta. El riesgo que la región enfrenta es grande y bien vale la pena el esfuerzo para evitarlo. El cambio climático amenaza con sacudir todo nuestro equilibrio, lo que incluye el derretimiento de glaciares andinos, menos lluvia y más inundaciones, escasez de agua dulce, extinción de especies, más incendios y propagación de especies invasoras, pérdida de corales y biodiversidad marina, inseguridad alimentaria, e impactos a la salud de las personas y a sus medios de subsistencia. El panorama es claro: demorar y mantener el calentamiento mundial por debajo de los 1.5°C no es tarea fácil, pero la ciencia ha dicho que es posible. Tenemos lo necesario para lograrlo: conocimiento científico y capacidad tecnológica y financiera. La responsabilidad principal es de los gobiernos, de los tomadores de decisión y del sector privado, que deben dar el impulso para lograr, entre todos, un cambio sin precedentes. No olvidemos nunca que el cambio es posible y además deseable. Un mundo bajo en emisiones es también un mundo más limpio y más justo para nosotros y para quienes llegarán. ¿A quién no le gustaría eso?
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Grandes hidroeléctricas: por qué no optar por ellas
Por Florencia Ortúzar y Monti Aguirre* (Texto publicado originalmente en Animal Político) La energía hidroeléctrica fue uno de los principales motores de desarrollo para muchos países de Latinoamérica, y aún representa parte importante de la matriz energética de la región. Pero ¿es realmente la mejor opción, considerando la experiencia y el contexto actual? A propósito de un texto publicado en “Energía para el futuro”, blog del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hemos reflexionado sobre lo que significa seguir apostando por grandes hidroeléctricas en la región. A continuación, las tres razones por las que creemos que no son la mejor opción: 1. Existen mejores alternativas a la hidroelectricidad que deben considerarse desde la planeación Antes de elegir una alternativa energética, debe existir una planificación estratégica que analice necesidades de energía y la mejor forma de atenderlas. En este análisis se deben considerar todas las opciones posibles, para asegurar que la escogida sea la más beneficiosa. Es preocupante que esto no suceda. Por ejemplo, para la construcción de la represa Hidroituango, pensada para ser la más grande de Colombia y asociada con graves daños socioambientales, el gobierno decidió no hacer una evaluación previa de alternativas. Aunque la ley no lo exigía en su momento, era recomendable y es un estándar internacional mínimo que al menos las grandes instituciones financieras deberían aplicar al invertir en proyectos de este tipo. Hoy, otras fuentes energéticas, como la eólica y la solar, han demostrado ser económicamente competitivas, más rápidas de echar a andar y menos vulnerables ante un clima cambiante que las grandes hidroeléctricas. Las innovaciones en redes inteligentes, almacenamiento y baterías resuelven el problema de la intermitencia, haciendo innecesarias nuevas hidroeléctricas. Además, están la geotermia, la energía de las mareas y las olas y otras alternativas cuyo potencial ni hemos vislumbrado. La promoción de grandes hidroeléctricas retrasa la implementación de soluciones hacia la transición energética que la región y el planeta necesitan. De hecho, según estudios del mismo BID, América Latina tiene la mayor cantidad y variedad de fuentes de energía renovable en el mundo; y sus recursos renovables podrían proporcionar casi siete veces la capacidad eléctrica instalada a nivel mundial, excluyendo a las hidroeléctricas. Por ello, aunque la región tenga aún un alto potencial de energía hidroeléctrica sin aprovechar, es preciso hacer una evaluación integral de la situación, incluyendo de costos y beneficios frente a las demás opciones energéticas posibles. Solo entonces puede decidirse si conviene seguir explotando el potencial hidroeléctrico restante, o si es mejor optar por otros tipos de energía, evitando los impactos ambientales, sociales y hasta financieros que la hidroelectricidad implica. 2. Las grandes hidroeléctricas causan daños socioambientales y no son rentables Se ha demostrado recurrentemente que los daños socioambientales causados por hidroeléctricas son ampliamente mayores que lo inicialmente considerado. Además de desplazamientos forzados y criminalización de quienes se oponen a ellas, las represas inundan tierras, reducen el flujo de los ríos y cambian la naturaleza de los estuarios, destruyendo ecosistemas y causando incluso la extinción de especies. Todo esto impacta la vida de las comunidades aledañas, saboteando también sus posibilidades de adaptarse al cambio climático. En términos económicos, un estudio de la Universidad de Oxford, que analizó cientos de represas construidas alrededor del mundo, concluyó que "incluso sin contabilizar los impactos negativos en la sociedad y el ambiente, los costos reales de las grandes represas son demasiado altos para generar un rendimiento positivo". El estudio evidencia que los presupuestos para construir grandes represas y los tiempos que tardan en estar operativas son sistemáticamente subestimados. Un ejemplo lo dio la represa Belo Monte, que costando el doble de lo presupuestado, resultó ser la obra pública más cara que se ha implementado en la Amazonía; o el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo en Chile, cuyo presupuesto se ha doblado más de cuatro veces desde que su construcción fue autorizada en 2009. En algunos países se ha optado por el desmantelamiento de grandes represas, reconociendo que sus costos han sobrepasado los beneficios; y algunas empresas privadas han descartado proyectos hidroeléctricos, por no ser viables ni rentables. Estados Unidos adoptó, como política de Estado, rechazar cualquier préstamo, donación, estrategia o política para apoyar la construcción de grandes hidroeléctricas. 3. Agravan el cambio climático y se tornan riesgosas con los cambios del clima El cambio climático es uno de los aspectos que urge considerar al hablar de la pertinencia de la hidroelectricidad. Los embalses de las grandes represas generan cantidades significativas de gases contaminantes, especialmente metano, un gas de efecto invernadero 30 veces más potente que el CO2. Asimismo, su construcción daña sumideros naturales de carbono, incluidos bosques y ríos. Por esto, antes de optar por una hidroeléctrica, se deben hacer análisis sobre emisiones de CO2 y metano, lo que no necesariamente ocurre actualmente. Otro aspecto a considerar es la vulnerabilidad de estos proyectos ante las variaciones del clima. Las precipitaciones extremas aumentan la sedimentación en las represas, reduciendo su vida útil; y las sequías, cada vez más frecuentes, las tornan ineficientes. Mientras más represas pierden eficiencia, Latinoamérica, altamente dependiente de la hidroelectricidad, es más vulnerable energéticamente. Más grave aún es que las represas son peligrosas ante eventos climáticos extremos. Así lo demostró, por ejemplo, la crisis en Laos, donde una represa “cedió” ante el mal clima, haciendo desaparecer poblados completos. En Virginia, Estados Unidos, se han ordenado evacuaciones masivas por el riesgo de que una represa colapse por las lluvias; y en Kerala, India, las lluvias torrenciales, sumado al mal manejo de varias represas, han causado inundaciones sin precedentes. En ciertos países, ya es un problema serio reconocido que, con el tiempo, más y más plantas hidroeléctricas sean reportadas peligrosas, lo que requiere grandes inversiones para resguardar a las poblaciones aguas abajo. Como representantes de la sociedad civil, trabajando por una región más justa y sostenible, instamos a que instituciones financieras como el BID apoyen el cambio que necesitamos. Esperamos entonces que dejen de invertir en grandes proyectos hidroeléctricos, que han demostrado una y otra vez ser dañinos para el ambiente y para comunidades locales, ser costosos para los países y poco flexibles en tiempos de cambio climático. Ya es tiempo de una mejor planeación energética y de invertir en proyectos de energía renovable no convencional, basados en estudios de impacto social y ambiental completos, independientes y de la más alta calidad, y cuya planificación e implementación respete los derechos humanos. * Florencia Ortúzar es abogada del Programa de Cambio Climático de AIDA y Monti Aguirre es coordinadora del Programa para Latinoamérica de International Rivers.
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Todos merecemos respirar aire limpio
Nací y crecí en Bogotá, la capital de Colombia. Desde niña, me acostumbré al caos formado por miles de carros y buses que lanzaban humo negro y cuyas bocinas no dejaban de sonar. Ver fábricas con grandes chimeneas y sentir malos olores era algo normal. Pensaba que todas las ciudades debían ser así, que la naturaleza y el aire limpio estaban lejos de donde vivía. También me acostumbré a tener malestares: dolor de cabeza, irritación en la piel, los ojos y la garganta, así como tos y rinitis. No me preguntaba de dónde venían esas molestias, llamadas entonces “alergias al ambiente”, que mis hermanas y yo sentíamos todo el tiempo. La contaminación me impedía realizar muchas actividades al aire libre. Caminar o moverme en bicicleta, por ejemplo, no eran buena opción porque mis pulmones eran presa de todo el hollín que buses y carros expulsaban. Había días en los que tenía que salir a la calle con tapabocas y en los que no era recomendable realizar actividades físicas afuera por el alto grado de contaminación en el aire. Un enemigo silencioso Al crecer, me di cuenta que las alergias al ambiente no eran normales y que, al contrario, son la consecuencia de respirar constantemente carbono negro, ozono, dióxido de azufre y otros elementos contaminantes que fábricas, buses y autos emiten diariamente a la atmósfera. Supe que el aire contaminando provoca múltiples daños a la calidad de vida y a la salud de las personas, siendo los más vulnerables los niños y niñas, y las personas de la tercera edad. Según la Organización Mundial de la Salud, millones de personas mueren cada año debido a enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica. En América Latina, la contaminación del aire es el principal riesgo ambiental para la salud, y causa más de 150 mil muertes prematuras por año. Ciudades como Monterrey (México), Ciudad de México, Cochabamba (Bolivia), Santiago de Chile, Lima (Perú), Medellín (Colombia), San Salvador (El Salvador) y Bogotá, tienen los niveles más altos de contaminación en la región. En un escenario donde las ciudades crecen sin control, así como la población y el número de automóviles y fábricas, me preocupa el futuro de mi familia. No quiero que el aire que nos rodea termine afectando nuestra salud. Mi esposo, que no es de Bogotá, se mudó para estar conmigo. Un año después, comenzó a sufrir de asma. Y mi hija, cuando tenía dos meses de vida, tuvo una enfermedad respiratoria que la mantuvo en cuidados intensivos por varios días. La causa de ambas enfermedades: la mala calidad del aire en la ciudad. Frenando la contaminación Las ciudades son los ecosistemas donde la mayoría de las personas vive. Aunque no son bosques prístinos llenos de árboles y agua, deberían brindar a las personas las condiciones mínimas para una vida digna y con buena salud. Por eso AIDA trabaja para mejorar la calidad del aire en países de América Latina, abogando por la protección de niños, niñas y otras poblaciones especialmente vulnerables a la contaminación atmosférica. Estamos generando conciencia entre los responsables de políticas públicas sobre la importancia de controlar la emisión de contaminantes climáticos de vida corta, llamados así porque permanecen en la atmósfera un tiempo relativamente corto, desde unos pocos días hasta unas cuantas décadas, a diferencia del dióxido de carbono, que puede permanecer siglos. Entre ellos están el hollín (carbono negro) y el gas metano. Estos contaminantes contribuyen de gran manera al cambio climático, degradan la calidad del aire y tienen impactos graves en la seguridad alimentaria y en la salud humana. Su mitigación efectiva podría generar un avance significativo en la lucha a corto plazo para combatir el cambio climático y generar un aire más limpio. Buscaremos además apoyar, desde nuestra experiencia en derecho internacional, a que exista una mejor regulación de estos contaminantes en América Latina. Respirar aire limpio es la necesidad más básica para sobrevivir y no debería ser un lujo.
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Añorando tiempos mejores para Nicaragua
Dejar tu país atrás es un gran acto de valentía, especialmente cuando no se tiene mucho. Esa fue la historia de mis abuelos, quienes huyeron del conflicto armado de Nicaragua en los 70 y llegaron a Costa Rica con poco, pero con tres hijos en brazos y mucha esperanza. Costa Rica los trató bien y sus nietos pudimos tener una vida llena de privilegios y oportunidades. Pero mi abuela siempre añoró su país y soñaba con volver. Y yo, aunque me siento tica —costarricense—, aprendí a sentir amor por Nicaragua, especialmente luego de conocer ese precioso país. Desde abril pasado, Nicaragua vive un conflicto armado que ha generado una crisis humanitaria a gran escala. Las solicitudes de refugio en Costa Rica se han disparado y la cantidad de personas tratando de huir del conflicto cada día es mayor. Desde que se iniciaron los enfrentamientos y hasta el mes pasado, las víctimas mortales superaban las 300. Lo peor es que el fin de la crisis no parece estar cerca. Ante la gravedad de la situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió en mayo instalar una con el objetivo de brindar atención especial a la situación de derechos humanos en Nicaragua. Ese mes, miembros de la Comisión visitaron las ciudades que han sido foco de conflicto: Managua, Masaya, León y Matagalpa. Evidenciaron entonces graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales, documentadas en un informe. Entre los derechos vulnerados están el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud y la atención médica, a la libertad de expresión y de prensa, y el derecho a la libre circulación, entre otros. El Estado nicaragüense está obligado internacionalmente a garantizar esos derechos. Gracias a las redes sociales, ha sido posible mantenerse al tanto de lo que acontece en Nicaragua prácticamente en tiempo real. Tú puedes obtener información constante en y mediante el hashtag o etiqueta #SOSNicaragua. También es recomendable consultar la información publicada periódicamente sobre el tema por la Comisión en Facebook y Twitter. Y si quieres hacer algo por las personas afectadas por el conflicto en Nicaragua, puedes sumarte a los esfuerzos de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos y de la organización civil SOS DERECHOS HUMANOS NICARAGUA desde Costa Rica, que trabajan en conjunto para apoyar a las y los nicaragüenses que no han tenido otra opción más que migrar a países vecinos. Mi abuela no llegó a ver una Nicaragua libre de violaciones a los derechos humanos. Siempre quiso volver a la tierra que la vio crecer, donde vivieron sus padres y donde aún está una de sus hermanas. Aunque visitaba su país cada vez que podía, nada le quitaba el anhelo de vivir nuevamente en su patria. Espero que todos quienes han tenido que dejar su querida Nicaragua durante este conflicto logren retornar para ver a su país libre y para disfrutar plenamente en él de sus derechos humanos. Ojalá que, de la mano de la democracia, la paz retorne a esa bella nación.
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Tenemos que hablar de las abejas
Cuando tenía tres años, arrojé piedras a un panal hasta que el enjambre enfurecido me atacó. Es uno de mis primeros recuerdos y, pese a lo doloroso que fue, no guardé ningún resentimiento hacia las abejas, avispas ni abejorros. Fue mi culpa, me explicó mi madre. Ellas sólo se defendieron. Me habló de su aguijón, de la abeja reina y de la miel que producen. Me dijo que se alimentan del polen y néctar de las flores, lo que alguien de tres años puede entender. Con el tiempo, aprendes que de la polinización depende la reproducción de muchas plantas, como el café, las manzanas y el algodón. Entonces, hace 25 años, las abejas no parecían estar en ningún peligro. Donde vivía, en un pequeño poblado de Veracruz, las hallaba por todos lados. Luego me mudé a la Ciudad de México, donde las abejas eran “denunciadas” ante Protección Civil, que llamaba a los bomberos para matarlas. Para evitar que atacaran, se les hacía la vida difícil en los parques: los árboles eran rociados con químicos y pesticidas, al igual que las flores, y los lugares donde encontraban agua para hidratarse fueron desapareciendo. La situación se extendió a los campos de cultivo de todo el planeta. Ahora es raro encontrarse abejas, abejorros y avispas merodeando. El problema con los pesticidas Las primeras alertas datan de 2006, cuando apicultores y agricultores en Estados Unidos reportaron la pérdida del 70% de sus colmenas en el invierno. El promedio de pérdidas era del 15%. Pero el declive de las poblaciones de abejas no sólo sucedía en Iowa ni durante esa época. Varios países europeos también reportaban pérdidas desde inicios de siglo. Según un informe de la Unión Europea publicado en 2014, la región pierde un tercio de su población de abejas cada año. De América Latina, tenemos pocos datos regionales. Los esfuerzos por monitorear las poblaciones apenas inician. Sabemos que apicultores en México han reportado la pérdida del 30 al 80% de sus colmenas. Chile reporta casi la mitad de pérdidas en invierno, porcentaje que antes era del 15 al 20%. El colectivo Abejas Vivas ha contabilizado la desaparición de más de diez mil colmenas en Colombia. Y hay regiones de Argentina que reportan casi el 90% de muertes repentinas de colmenas. ¿Por qué debe importarnos? El 75% de la producción alimentaria depende en algún grado de los polinizadores, vertebrados e invertebrados, y eso incluye a las abejas. La FAO ha pedido a los países adoptar políticas y sistemas alimentarios más favorables con los polinizadores. “No podemos seguir centrándonos en aumentar la producción y la productividad con base al uso generalizado de plaguicidas y productos químicos que amenazan los cultivos y a los polinizadores”, advirtió José Graziano da Silva, director general del organismo. La muerte masiva y espontánea de abejas –conocida como Síndrome del Colapso de Colmena— es resultado de varios factores: el clima que cada vez es más inestable y extremo, el aumento del uso de pesticidas y fungicidas, los parásitos (varroa destructor) y el deterioro de ecosistemas de los que las abejas se alimentan. Cada uno de esos factores provoca estrés en las abejas y actúa sobre ellas al mismo tiempo. Según un artículo publicado en la revista Science, “la exposición a los químicos y la falta de alimento puede perjudicar su sistema inmune, haciéndolas más susceptibles a los parásitos”. Adoptando medidas para proteger a las abejas En abril, la Unión Europea prohibió el uso de tres insecticidas neonicotinoides, muy comunes para cultivos de maíz, algodón y girasol. Una de las razones es que esos pesticidas representan un riesgo para las abejas, no sólo las melíferas (las productoras de miel), también las silvestres, otros insectos y, según el grado de exposición, para animales más grandes. Por supuesto que la prohibición, resultado de un dictamen de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, no ha sido del agrado de las empresas productoras de pesticidas, pero el objetivo de la Unión Europea es clave: garantizar la producción de alimentos. En Estados Unidos, pese a que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha llamado a proteger a los polinizadores, el gobierno actual revirtió la prohibición de neonicotinoides en refugios naturales, establecida por la administración anterior Mientras la ciencia trabaja aceleradamente para explicar por completo la muerte masiva de abejas, éstas siguen muriendo, lo que pone en peligro nuestra seguridad alimentaria. Muchos estudios están enfocados en las abejas melíferas, cuyas colmenas son más fáciles de contar. Pero hay alrededor de 20,000 especies de polinizadores, que incluyen abejas no domesticadas, avispas, abejorros y otros insectos y vertebrados como aves y murciélagos. Hay pocos estudios acerca del impacto de los pesticidas, cambios de suelo y variaciones climáticas en las poblaciones de polinizadores silvestres, pero se teme que también estén en riesgo. Algunas plantas dependen únicamente de ciertos polinizadores, como ciertos tipos de orquídeas, el cacao (chocolate), el café y el agave (tequilero). Por eso tenemos que hablar de las abejas y de los otros animales gracias a los cuales tenemos frutas, verduras y cereales. La ausencia o escasez de estas especies significa un daño a la economía de los pequeños productores y una baja producción de alimentos afectará sobre todo a las poblaciones más vulnerables. ¿Qué podemos hacer? Hace 25 años, mi madre plantaba flores y decía que eso atraía a las abejas y garantizaba que siempre hubiera flores. Pero además de sembrar plantas amigables con los polinizadores locales, debemos presionar para que la producción de alimentos sea respetuosa con el entorno natural del que depende. Al final, aunque lo que está matando a las abejas es “multifactorial”, la actividad humana es la única causa detrás.
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Abramos los ojos a los daños de la producción de salmón en Chile
Hace poco fui a cenar con unos amigos. Dos de ellos pidieron salmón. El plato era bastante costoso porque, pese a que Chile es el segundo productor de salmón a nivel mundial, es una especie introducida en el país y una de las más apetecidas para el consumo nacional. Me pregunté si mis amigos eran conscientes del daño que la producción industrial de salmón está causando en nuestros mares y respetuosamente les pedí su opinión. Su respuesta fue lapidaria: “Son exageraciones, no creo que sea para tanto…” Lamentablemente, esperaba esa respuesta. El daño ambiental de la salmonicultura en Chile es invisible. Es una realidad grave, pero oculta. Actualmente, tengo el privilegio de realizar una pasantía en AIDA y me gustaría compartir este espacio para generar conciencia sobre el tema. Una industria no sostenible El pasado 5 de julio, la fuga de cerca de 700 mil salmones de una granja de la empresa Marine Harvest en la Isla Huar, Región de Los Lagos, reavivó el debate público sobre los daños de la industria salmonera en Chile. El escape, causado por daños a la infraestructura de las jaulas de salmón tras una tormenta, podría representar una de las mayores catástrofes ambientales desde que el cultivo de salmón se inició en el país, en los años 80. Pero ¿cuál es el problema? No es uno, son varios. Y comenzaron a ser visibles el 2007, cuando se registró el primer caso de Anemia Infecciosa del Salmón, enfermedad que provoca la muerte de los peces. Aunque se adoptaron medidas sanitarias y de infraestructura, el problema de fondo no fue resuelto: la sobrecarga de peces en espacios marinos, que provoca falta de oxígeno y eventualmente zonas muertas. Esas malas prácticas llevan además al uso excesivo de antibióticos para tratar diversas enfermedades e infecciones en los peces y, eventualmente, a otros problemas como la generación de algas nocivas y luego de mareas rojas que arrasan con la vida marina. Tras la fuga masiva de salmones, existe un riesgo grave para la salud pública porque los peces que escaparon estaban recibiendo tratamiento con antibióticos, de manera que no son aptos para el consumo de personas ni de otros animales. Sin embargo, en los primeros días luego de la fuga y pese a las advertencias de las autoridades, pescadores de la zona capturaban salmones para venderlos a precios absurdamente bajos (entre 1 y 4 dólares el kilo). Un riesgo adicional es que los salmones fugados podrían asentarse en ecosistemas marinos de los que no son originarios. Al ser una especie carnívora, el salmón arrasa con todo a su paso, en especial con la fauna nativa. Es más, según Greenpeace, la fuga sería equivalente a una plaga de 140 millones de ratones que depredarán lo que encuentren en su camino. Aunque por norma la empresa debía recapturar al menos al 10% de los salmones, no lo ha logrado, pese a ofrecer recompensas de hasta 11 dólares por cada pez. La tarea es complicada porque los salmones son presa de lobos marinos y otros depredadores. Todo lo anterior desnuda un problema estructural: la falta de control y regulación del gobierno frente a una industria que no es sostenible. El caso de la empresa Marine Harvest es un ejemplo más de cómo la industria salmonera incumple normas ambientales. Según el Servicio Nacional de Pesca, unos 3.3 millones de salmones han escapado desde los distintos centros de cultivo en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes en los últimos ocho años. Medidas urgentes De seguir así, la producción industrial de salmón podría acabar con la biodiversidad de los mares chilenos. Otros países han asumido acciones más drásticas frente a hechos similares al ocurrido en la Isla Huar. En Estados Unidos, por ejemplo, el Estado de Washington decidió apuntar a la eliminación gradual de las granjas de salmón, tras el escape de 300 ejemplares de un centro de cultivo. En AIDA trabajamos para proteger a la Patagonia chilena, la región más prístina del país y en cuyas aguas la industria del salmón pretende seguir expandiéndose. Presentamos una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente, solicitando que investigue los daños que los criaderos de salmón están generando en la región de Magallanes, y que sancione a las empresas responsables. Encargamos, además, la elaboración de un informe científico que evidencia la delicada situación en esa zona. Ojalá mis compatriotas puedan sacarse pronto el velo de los ojos y entender que la búsqueda de una solución es una causa común. Al final de cuentas, aquel delicioso bocado de salmón puede resultar más costoso de lo que creen.
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Nuestras razones para proteger los derechos humanos en América Latina
Quienes conforman el equipo legal de nuestro Programa de Derechos Humanos y Ambiente trabajan para proteger a personas y comunidades cuyos derechos han sido vulnerados o están en riesgo debido a la degradación de su entorno natural. Tienen claro que el nexo entre derechos humanos y ambiente es innegable. Para ellas y ellos, garantizar el derecho a un ambiente sano en América Latina importa y mucho. Conoce sus razones: “LO HAGO PORQUE LO LLEVO EN LA SANGRE” Astrid Puentes, Codirectora de AIDA “Trabajo en la protección del ambiente y los derechos humanos, dos aspectos esenciales y vinculados. Lo hago porque lo llevo en la sangre: mi papá fue campesino, mis abuelos y bisabuelos también. Parte de mi conexión con la naturaleza viene de familia, es una herencia. Mi esencia ha sido poder contribuir a que las cosas en el mundo estén mejores, sobre todo en Colombia, que tiene tantas riquezas naturales y desafortunadamente tantas diferencias sociales e injusticia. Dediqué mi carrera como abogada a contribuir a que mi país estuviera mejor y luego, al ser mamá, esa motivación creció y ahora siento una responsabilidad gigante por hacer lo mejor posible para que mis hijos tengan un mejor planeta”. Al comienzo de su carrera, Astrid ayudó a frenar una propuesta absurda de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos: la fumigación de un hongo transgénico en el Amazonas, que implicaba graves daños a un entorno único y del que dependen muchas personas. Fue el primer caso en el que se involucró directamente y con éxito. “DEFIENDO LOS DERECHOS HUMANOS PORQUE CREO EN LA DIGNIDAD Y EN LA IGUALDAD COMO PRINCIPIOS ESENCIALES” Liliana Ávila, Abogada Sénior “Defiendo los derechos humanos porque creo en la dignidad y en la igualdad como principios esenciales. Creo en el valor de las diferencias y en las luchas de quienes no han conocido sus derechos. Estas convicciones me hacen sentir indignación, rabia y vergüenza ante la vulneración de derechos humanos en Colombia, mi país, en América Latina y en el mundo. Los defiendo porque para mí los derechos humanos son la realización de las aspiraciones de hombres y mujeres de construir un mundo más justo”. En mayo pasado, Liliana quedó conmovida con el relato de una mujer indígena en Guatemala, cuya comunidad se está quedando sin el agua de sus ríos debido a la construcción de una represa. Con esa agua, la mujer riega las flores de su jardín, aquellas que le alegran la vida cuando está triste. Esa historia llena a Liliana de fuerza pues sabe que con su trabajo puede ayudar a que esas flores sigan brotando. “MI MAYOR MOTIVACIÓN NACE DE TOMAR CONCIENCIA DE LAS DESIGUALDADES E INJUSTICIAS” Daniel Iglesias, Becario “Mi mayor motivación para defender los derechos humanos y el ambiente nace de tomar conciencia de las desigualdades e injusticias que caracterizan al mundo contemporáneo, dominado por los efectos de la globalización capitalista. Es nuestra responsabilidad luchar por eliminar estas desigualdades. Y la defensa de los derechos humanos es una herramienta fundamental para lograrlo, basada en la solidaridad y en la indignación ante las injusticias”. Como abogado en materia de derechos humanos, Daniel ha visto de cerca situaciones injustas como la que sufren pueblos indígenas despojados de sus tierras, la de personas privadas de su libertad de expresión y la de aquellas afectadas por los daños ambientales causados por industrias extractivas. Esa experiencia la vuelca en su trabajo con AIDA desde México y lo alienta a seguir aprendiendo y aportando a lograr justicia social y ambiental en la región. “YO CRECÍ PENSANDO QUE TENÍA DERECHOS” Marcella Ribeiro, Asesora Legal “Yo crecí pensando que tenía derechos, que nunca me debía faltar agua ni comida y que la playa frente a mi casa, en Brasil, no podría ser contaminada porque tenía derecho a la salud. Pero cuando entendí que las personas que viven en favelas o aquellas afectadas por sequías no creían, como yo, que tenían derechos y no se organizaban para reclamarlos, decidí unirme a quienes luchan para que la voz de esas personas sea escuchada, para que su humanidad sea reconocida”. Marcela trabajó en proyectos de educación sobre derechos humanos en favelas de Brasil. Desde entonces tiene claro que la justicia social es posible siempre y cuando las personas gocen de sus derechos humanos de carácter social, cultural, ambiental y económico.
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