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Esperanza para la Ciénaga Grande, semilla de la magia de Macondo
“La Ciénaga Grande es uno de los mitos de mi infancia”, Gabriel García Márquez en Vivir para Contarla, 2002. Hoy supe que el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia dio un paso sin precedentes para salvar uno de los ecosistemas fundamentales para la identidad del país: la Ciénaga Grande de Santa Marta. Como colombiana y como abogada ambientalista, sentí gran alegría y también un orgullo inmenso por el trabajo de mis colegas en AIDA que —junto con nuestros aliados de la Universidad del Norte, la Universidad de Florida y otras personas comprometidas con la defensa ambiental— buscan la preservación de la Ciénaga. El gobierno inscribió oficialmente al sitio en el Registro Montreux, una lista mundial de humedales que están en riesgo de desaparecer, y que permitirá a ese país contar con apoyo técnico y financiero especial para salvar al sitio. Cuando escuché la buena noticia, pensé inmediatamente en las mariposas amarillas de Macondo. También en el coronel Aureliano Buendía, parado frente al pelotón de fusilamiento y recordando cuando su abuelo lo llevó a conocer el hielo. Me vino a la mente aquel mundo mágico creado magistralmente por Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, un imaginario que nació en la Ciénaga Grande de Santa Marta. A comienzos del siglo XX, después de la Guerra de los Mil Días, el coronel Nicolás Ricardo Márquez, abuelo del Nobel colombiano, pasó por la Ciénaga para establecerse luego en Aracataca. Y el autor, acompañado de su abuelo, atravesó varias veces la Ciénaga cuando iba a visitar a sus padres en Barranquilla. En 1950, la recorrió nuevamente junto con su madre cuando iban a vender la casa de sus abuelos. Allí encontró la chispa para contar la historia de una de las obras clásicas de la literatura universal. No exagero entonces al afirmar que sin la Ciénaga no tendríamos mariposas amarillas ni a Macondo en la memoria. En ese lugar surgió la semilla del, así llamado por la crítica literaria, realismo mágico. Por ello incluso una cachaca como yo —como nos llaman quienes habitan el Caribe a las personas del interior del país—, que vive hace años fuera de su tierra, se identifica tan profundamente con la Ciénaga. Un tesoro internacional Por ello y por muchas otras razones, en AIDA decidimos actuar en defensa de la Ciénaga, considerado Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar. En el sitio está la laguna costera más grande del país, que conecta las aguas dulces del río Magdalena con las del mar Caribe. Es hogar de diversas especies de mangle, bosque seco tropical y bosque ripario, así como de varias especies de animales, entre ellas a la zorra manglera, el mono aullador, el manatí, la garza roja, el pato cucharo y aves migratorias. La Ciénaga alberga además una de las mayores pesquerías artesanales, de la que dependen cientos de familias ubicadas a lo largo y ancho del entorno. Como humedal costero, es esencial para la regulación climática, la absorción de contaminantes de la atmósfera y el control de inundaciones. Pero la Ciénaga está gravemente amenazada. La expansión de la agricultura y de la ganadería, así como proyectos de infraestructura a gran escala, han causado deforestación y desvío de aguas. Y los pobladores de la zona, así como los peces y otros animales, están sufriendo las consecuencias. Por eso me uní a los esfuerzos por conservar la Ciénaga y por eso cada persona en Colombia, en la región y en el mundo, debería hacer lo mismo. La esperanza de un mañana más sano La inscripción de la Ciénaga en el Registro Montreux me llena de esperanza. Aunque es triste y hasta vergonzoso reconocer que un humedal tan esencial para el país esté en tan mal estado, es un paso importante que el gobierno reconozca valientemente la situación y está dispuesto a pedir ayuda para manejarla adecuadamente. Mis colegas y yo, y los activistas que se han unido a la causa, estamos inspirados para seguir haciendo todo lo posible para que la Ciénaga recobre su vitalidad. Y esperamos que el gobierno y otros actores de la sociedad colombiana hagan lo mismo. Al final, ¿qué sería de Colombia, de América Latina y del mundo sin las mariposas amarillas, sin la magia de la naturaleza que nos envuelve y da vida?
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Cambio climático: El combustible perfecto para huracanes
Una sucesión de huracanes inusuales golpeó con una fuerza brutal al continente en sólo un par de semanas. Harvey e Irma dejaron ciudades sumergidas bajo el agua, daños graves en hogares e infraestructura e incluso la pérdida de vidas; mientras que Lidia, Katia y José llegaron con lluvias intensas que provocaron inundaciones y otros daños. ¿Cómo es que estos fenómenos tomaron tanta fuerza? El cambio climático es una gran parte del problema. Los huracanes Harvey e Irma son ejemplos de lo que una tormenta alimentada con suficiente combustible puede hacer: territorios inundados, deslaves, inmuebles dañados, muertes y miles de afectados. En este caso, es el cambio climático el que da energía a los huracanes y les agrega potencia. Lo hace al aumentar la temperatura del aire y producir a su vez mayor humedad, de la cual se alimentan las tormentas, haciéndose por tanto más intensas y realmente violentas. Además, el calentamiento global ha acelerado el deshielo en las regiones más gélidas del mundo. Y el derretimiento de glaciares ha hecho que el nivel se eleve. En los últimos 20 años, el nivel del mar ha aumentado anualmente 3,2 milímetros. Esto, sumado al aumento de la temperatura en los océanos, que deriva en mayor humedad, significa más potencia disponible para los huracanes, que también obtienen energía de los océanos. Sin embargo, los huracanes no son fenómenos aislados. América Latina se enfrenta año tras año a una serie de catástrofes naturales que el cambio climático agrava, de la más variada naturaleza. Al ser una región vulnerable, los daños causados son también más intensos. La vulnerabilidad de una región Eventos relacionados con el clima extremo, la crisis del agua, los desastres naturales y la capacidad para sobrellevar los efectos del cambio climático, son los riesgos con mayor impacto a nivel mundial este año, según el Informe de Riesgos Globales 2017 del Foro Económico Mundial. Estos riesgos ya se viven en América Latina, donde la vulnerabilidad ambiental es un hecho. Revisemos algunos ejemplos recientes ocurridos en diferentes países: Este mes en México, el huracán Katia causó inundaciones, deslaves, infraestructura dañada y pérdidas humanas. Ese país es uno de los más vulnerables del mundo ante los efectos del cambio climático debido a su ubicación entre los océanos —que lo dejan expuesto a tormentas, inundaciones y huracanes— y sus altos niveles de pobreza. El noroeste de Perú, lluvias intensas que ocurrieron luego de un periodo de sequía extrema, causaron el desborde de ríos, el colapso del sistema de alcantarillado, derrumbes y deslizamientos. Lo anterior dejó como saldo más de 90 muertos, 110.000 damnificados y unas 150.000 personas sin hogar. En Colombia, el 1 de abril, una gran avalancha producida por lluvias intensas arrasó con el pueblo de Mocoa, en el departamento de Putumayo. En Chile, los cambios extremos del clima provocaron intensas sequías que causaron en el verano incendios forestales que destruyeron más de 500 mil hectáreas y arrasaron el centro y sur del país. El fenómeno natural El Niño, potenciado por el cambio climático, afectó gravemente al Corredor Seco Centroamericano el año pasado. La falta de lluvias, que comenzó a mediados de 2014 y tuvo una duración inusual, provocó la pérdida de cultivos de cereales básicos y la muerte de ganado en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y ¿cómo apagamos el fuego? La ola de sucesos climáticos extremos a lo largo de la región y del mundo debería ser visto como un llamado a la acción. Gobiernos y ciudadanos deben actuar juntos para buscar soluciones y reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Los gobiernos deberían orientar sus esfuerzos a: Reducir la emisión de los contaminantes climáticos de vida corta, gases que permanecen poco tiempo en la atmósfera y cuya disminución permite tener resultados en menos tiempo. Planificar y gestionar adecuadamente el territorio, identificando los lugares más vulnerables y construyendo infraestructura estratégica y flexible, que soporte y aminore el impacto de los fenómenos naturales. Preservar entornos naturales que cumplen funciones climáticas vitales, como los bosques y manglares que capturan dióxido de carbono de la atmósfera, o los arrecifes de coral, que sirven de barrera natural contra tormentas y huracanes. Usar los recursos económicos destinados a combatir el cambio climático con base en las necesidades de las propias comunidades, que a menudo no son debidamente consultadas, desaprovechando su conocimiento local para tomar mejores decisiones. Todos podemos contribuir a la lucha. Acciones cotidianas como un consumo responsable de agua y energía, usar menos el automóvil, reciclar y cambiar nuestros hábitos de consumo dañinos para el ambiente, hacen una gran diferencia. AIDA trabaja junto con gobiernos, organizaciones y comunidades para promover en América Latina un desarrollo compatible con los retos impuestos por el cambio climático. ¡Conoce más de a qué nos enfrentamos con el cambio climático y cómo hacerlo mejor en un seminario en línea este 29 de septiembre!
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Las represas que no pudieron contener al huracán Harvey
Las represas Addicks y Barker fueron construidas cerca de Houston, Texas, precisamente para salvar a esa ciudad estadounidense de posibles inundaciones. Pero la enorme capacidad de almacenamiento de los embalses no fue suficiente para contener los más de 15 mil millones de galones de agua que el huracán Harvey llevó a Texas en menos de una semana. Ante una realidad climática con fenómenos naturales cada vez más intensos, ¿son las represas la mejor opción? El Huracán Harvey apareció en las costas de Houston la noche del 25 de agosto. Sus lluvias intensas convirtieron la ciudad en un inmenso lago. El huracán causó muertes y la evacuación forzada de más de 30,000 personas. Al ser una ciudad prácticamente plana y ubicada casi al nivel del mar, Houston es particularmente susceptible a las inundaciones. Para protegerla, se construyeron en los años 40, dos represas en sus inmediaciones: Addicks y Barker. En conjunto, las represas pueden contener más de 132 mil millones de galones de agua. La enorme capacidad de estos embalses significa que si llegaran a romperse, toda la ciudad quedaría sumergida. Con la lluvia de Harvey, ha caído tal cantidad de agua que las represas recibieron más de lo que pueden albergar. Para evitar desbordes descontrolados, que podrían haber resultado catastróficos, las autoridades se vieron obligadas a liberar gradualmente agua de los embalses. Sin embargo, las medidas de precaución no bastaron para evitar el desborde de una de las represas. Addicks comenzó a desbordarse el lunes 28 de agosto y se preveía que la represa Barker correría la misma suerte, lo que finalmente no pasó. Lo ocurrido con Addicks llenó de más agua una ciudad prácticamente anegada por completo. El colapso no debería haber sido una sorpresa para nadie. Desde el 2009 se sabía del peligro que representaban las dos grandes infraestructuras. Antes, las represas estaban ubicadas en un territorio rural sin nada alrededor, en los condados de Harris y Fort Bend. Ahora han sido llevadas a sus límites, en gran medida debido a las personas y edificios que coexisten actualmente aguas arriba y aguas debajo de los embalses. De hecho, antes de la llegada del huracán, ambas represas estaban en un proceso de renovación por un costo de 75 millones de dólares. Pero los esfuerzos e inversiones no fueron suficientes para que pudieran adaptarse adecuadamente a los sucesos extremos que trae el cambio climático. Lo más grave es que Houston se ha vuelto menos resiliente a los embates climáticos. Sumado al natural envejecimiento de las represas que habrían de defenderla, y a la intensificación de los fenómenos climáticos, 50% de sus humedales fueron reemplazados por concreto. Desde 2001, se construyeron en la ciudad alrededor de 360 mil edificios sin adoptar medidas de mitigación que eviten que las nuevas construcciones cubran esos entornos naturales. Con esto, atribuido a una planificación urban inadecuada y a regulaciones débiles, se destruyó la defensa natural que tenía la ciudad contra tormentas e inundaciones. Las represas ante la realidad climática El momento que vivimos nos hace preguntarnos si los costos que implica construir y mantener grandes represas, valen la pena en tiempos de fenómenos climáticos cada vez más devastadores. Las represas son excesivamente costosas de implementar y encima de reparar. Desde 2010, unas 70 represas han fallado en Estados Unidos. La vulnerabilidad que presentan ante las lluvias hace que cuestionemos su compatibilidad con un mundo sacudido por los graves e inciertos efectos del cambio climático. Además, los embalses de las represas también pueden contribuir a exacerbar el cambio climático. Entre otras cosas, al inundar materia orgánica, emiten una gran cantidad de metano, un gas de efecto invernadero hasta 20 veces más potente que el CO2. De esta manera, contribuyen a que fenómenos como Harvey sean cada vez más intensos. Es hora de cuestionar y detener este peligroso círculo vicioso.
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América Latina avanza contra el cambio climático
Ante un Estados Unidos no comprometido con la lucha para combatir el cambio climático, América Latina avanza en esa tarea clave. Países de la región buscan proteger la naturaleza mediante leyes y proyectos sostenibles. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer para que proyectos extractivos y de infraestructura sean implementados sin dañar el ambiente. Más de la mitad de la biodiversidad del planeta está en América Latina y el Caribe, región que alberga además al 40% de las especies de plantas y animales del mundo. Y, por si fuera poco, en el continente está la mayor cantidad de recursos genéticos de especies cultivadas y consumidas, una reserva clave para la seguridad alimentaria mundial. La pérdida de esa biodiversidad implica quedarnos también sin una gran aliada en la lucha contra el cambio climático, ya que las abundantes áreas verdes capturan el exceso dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera y permiten la regulación climática. Pero esos recursos están en peligro latente debido a los patrones de desarrollo insostenible, incluyendo las industrias destructivas, la tala indiscriminada de árboles, la agroindustria y la construcción de infraestructura inadecuadamente planificada y no sostenible como las grandes represas. Estados Unidos, uno de los principales emisores de los contaminantes responsables del cambio climático, ha negado el problema y les da la espalda a los esfuerzos mundiales para dar con soluciones efectivas. Ahora es el turno del resto del mundo. Algunos gobiernos de América Latina están dando el ejemplo con la adopción de leyes, políticas y proyectos orientados a cuidar entornos naturales fundamentales para contrarrestar los cambios extremos en el clima. Pese a ello, todavía necesitamos mejores decisiones y regulaciones más estrictas en la región. Límites, políticas y proyectos Como una taza de té caliente en un día gris, en Latinoamérica se han aprobado leyes y políticas para proteger ecosistemas claves, se ha dado voz a la gente en cuanto al cuidado de su territorio, y se han implementado proyectos sostenibles, el complemento perfecto para la larga lucha contra el cambio climático. 1. Prohibiciones a la minería. Algunos países de la región han promulgado leyes que protegen las fuentes de agua, los bosques y la biodiversidad global de los daños de la minería a gran escala: a) El Salvador: La Asamblea de ese país aprobó en marzo de este año una ley que prohíbe la minería metálica subterránea y a cielo abierto. La medida respondió a fuertes presiones de organizaciones ambientales y de defensa de los derechos humanos, así como de la iglesia católica. b) Colombia: En mayo pasado, el 98% de los votantes de Cajamarca le dijeron no a la minería en su territorio en una consulta popular, la cual fue una iniciativa ciudadana. 2. Protección de humedales. Los ríos, lagos, manglares y otros humedales son entornos fundamentales. Los manglares, por ejemplo, capturan más dióxido de carbono que los bosques tropicales. En la región, dos países han apostado por la creación de políticas nacionales orientadas específicamente a su conservación: México y Costa Rica. 3. Áreas protegidas. La creación de zonas naturales protegidas permite un manejo adecuado y responsable de los recursos naturales por parte de gobiernos y sociedad. En ese sentido, algunos países han caminado en la dirección correcta: a) Panamá: En 2015, ese país dio un gran paso al promulgar una ley nacional que protege el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía, un ecosistema clave para la preservación de la biodiversidad y el suministro de agua. b) Chile: Ese mismo año, el gobierno chileno creó una de las áreas marinas protegidas más grandes del planeta, ubicada a 911 kilómetros al oeste de la costa del país. La decisión fue muy acertada considerando que el océano es un gran aliado para combatir el cambio climático, pues absorbe el 90% del exceso de calor provocado por el calentamiento global. c) Belice: El país prohibió el año pasado la exploración petrolera en su sistema coralino, el segundo sistema de corales más grande del mundo. Los arrecifes, como parte del bello océano, contribuyen capturando el dióxido de carbono de la atmósfera y favorecen a la generación de diferentes organismos marinos. 4. Proyectos verdes. Trabajando juntos, gobiernos, comunidades y organizaciones no gubernamentales de la región han implementado proyectos innovadores que consienten al planeta. Varios de ellos destacan como finalistas en la carrera por obtener uno de los Premios Latinoamérica Verde de este año: a) “Ser Pronaca Es Cuidar El Agua” (Ecuador): Proyecto de huella hídrica que busca reducir el consumo de agua, optimizando su uso y potenciado los sistemas de tratamiento. b) “Restauración y recuperación de bosques de Manglar” (Panamá): Reforestación de zonas de manglar en Panamá, afectadas por la industria bananera. c) “Una escuela sustentable” (Uruguay): Centros educativos sustentables. El primero fue construido en 2016 con manos voluntarias, y apoyo del sector privado, público y académico. Se utilizaron materiales reciclados en su edificación y el centro funciona con energía renovable. El camino establecido por todos estos avances es el que debemos seguir. Pero queda mucho trabajo por hacer y poco tiempo para hacerlo. En AIDA continuaremos promoviendo proyectos, programas, políticas y sistemas financieros que respondan a las necesidades y prioridades de América Latina ante el cambio climático.
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En Colombia, el poder para detener al fracking está en su gente
En la lucha contra el fracking en Colombia, una pequeña ciudad está dando una gran batalla. Desde comienzos de 2016, los habitantes de San Martín, municipio ubicado a unos 480 kilómetros al norte de Bogotá, en el departamento de Cesar, se han movilizado y han protestado y resistido pacíficamente los planes del gobierno de realizar operaciones de fracking en su territorio. Organizando marchas de protesta y bloqueando el acceso de empleados de una empresa petrolera a los sitios de exploración, ciudadanos preocupados están alzando sus voces contra una industria ambientalmente dañina. Pero San Martín es sólo uno de los muchos municipios afectados por la fiebre del fracking que está desplazando a la industria del gas y el petróleo en Colombia. Ese país tiene grandes reservas de combustibles fósiles no convencionales, atrapados en depósitos estrechos de rocas de esquisto. El fracking o fractura hidráulica rompe esas rocas —usando una mezcla de agua, arena y químicos— y libera esos depósitos, los cuales, dicen analistas, pueden generar 6.800 millones de barriles de petróleo y 55 billones de pies cúbicos de gas natural, según la Administración de Información Energética (AIE) de Estados Unidos. Eso basta para satisfacer por décadas la demanda energética de Colombia. Si bien aún no se han iniciado operaciones de fracking en el país, existen a la fecha 12 bloques de exploración de fracking, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y una concesión han sido ya otorgada a una corporación multinacional. Se prevé que ésa y las futuras concesiones afecten a municipios en todo el territorio nacional. Colombia ha seguido el ejemplo de otros países de América Latina que han adoptado el fracking como solución rápida y sucia a su adicción a los combustibles fósiles, la cual alimenta a poblaciones necesitadas de energía. Actualmente, Argentina, Chile y México son las potencias del fracking en la región. “No podemos darnos el lujo de no hacer fracking”, dijo en 2015 Juan Carlos Echeverry, entonces presidente de Ecopetrol, la empresa estatal petrolera de Colombia. Pero los pobladores de San Martín —como muchas otras personas preocupadas por el futuro de sus comunidades, del país y del planeta— opinan diferente. En apoyo a las y los ciudadanos de San Martín, la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (CORDATEC) ha estado organizando una resistencia en el mismo lugar para restringir la exploración de fracking en Cesar. Otra organización, la Alianza Colombia Libre de Fracking, también está luchando: recientemente firmó una carta abierta pidiéndole al presidente Juan Manuel Santos aprobar una moratoria al fracking. Aunque estos esfuerzos son parte integral de la lucha contra el fracking, también es importante librar la batalla en el ámbito local. Siempre que sea posible, ciudades y municipios pueden adoptar soluciones creativas como leyes estrictas de zonificación o referéndums para conseguir prohibir el fracking a nivel local. Esa estrategia ha tenido un éxito significativo en Brasil, donde más de 70 municipios han prohibido el fracking, frenando la expansión de la industria de los combustibles fósiles y, al mismo tiempo, protegiendo su ambiente. En Estados Unidos, estados como Nueva York, Maryland y parte de California han prohibido también con éxito las operaciones de fracking. De la mano de organizaciones en toda la región, AIDA trabaja con empeño para detener la expansión del fracking en América Latina. A través de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking y de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, nos enfocamos en soluciones locales que tengan potenciales implicaciones regionales. “La Alianza trabaja para promover el debate público, la concientización y la educación entre organizaciones de la sociedad civil en América Latina”, dice Claudia Velarde, abogada de AIDA. “También apoyamos los esfuerzos de resistencia local contra la expansión del fracking en el continente”. La Alianza está solicitando una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual sus integrantes demostrarán los impactos del fracking en los derechos humanos de las comunidades afectadas. Si nuestros gobiernos están decididos a seguir perforando en busca de combustibles fósiles, es tiempo de que las comunidades se pongan de pie y demanden un futuro con energía limpia y renovable. Al enfocarnos en el poder de las bases, como la gente de San Martín, nosotros también podemos demandar un futuro mejor y hacer retroceder a la industria de los combustibles fósiles. Más Información
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Proyecto Alto Maipo: Peligroso, innecesario y encima inviable
El 2 de agosto pasado, los defensores de los ríos de Chile recibimos una noticia que nos llenó el corazón de esperanza: el megaproyecto hidroeléctrico Alto Maipo se declaró en default técnico y pronto podría ser también inviable financieramente. El proyecto, presentado al Gobierno chileno el 2008 por la transnacional norteamericana AES-Gener y en proceso de construcción desde 2014, se ha enfrentado desde sus inicios con una fuerte oposición ciudadana, pues pone en riesgo la cuenca del Maipo, la fuente de agua más importante para la región metropolitana. Desde el año pasado, a sus innumerables incoherencias se sumaron problemas técnicos y financieros. El proyecto consiste en captar y trasvasijar las principales nacientes y afluentes que alimentan el río Maipo para introducir el agua en un túnel de casi 70 kilómetros de largo, y de 6 a 8 metros de diámetro. Con eso dejaría casi secos a los tres ríos tributarios del Maipo. Sería una verdadera megarepresa subterránea, que acumularía más de 2 millones de metros cúbicos de agua. Su construcción ha traído ya terribles impactos socioambientales. Si entra en operación, los daños se extenderían a toda la Región Metropolitana, desde Los Andes hasta el mar. Riesgos para el ambiente y la población La cuenca del río Maipo está ubicada a solo 50 kilómetros de Santiago, la capital chilena. Se trata de la principal cuenca de la región: sus aguas abastecen de agua potable a 7 millones de habitantes, y suministran riego para 120.000 hectáreas. Además, la cuenca es sitio recreacional para la población urbana de Santiago. Anualmente la visitan 2 millones de turistas nacionales y extranjeros, siendo esa actividad económica la más importante para el desarrollo de la zona. Ante los 10 años consecutivos de sequía que se vive actualmente y el profundo proceso de desertificación de la zona central de Chile, el Cajón del Maipo, sus montañas, ríos y glaciares, son el pulmón verde y el regulador del clima de Santiago. Todo eso está en inminente peligro por el proyecto de AES-Gener, que impactaría irreversiblemente todo el sistema hídrico de la cuenca, afectando glaciares milenarios y las nacientes cordilleranas, afectando también el funcionamiento natural del ciclo hidrológico. Problemas económicos El financiamiento original del proyecto fue otorgado a un plazo de 20 años por bancos multilaterales y comerciales, nacionales y extranjeros. Entre ellos están la Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, CorpBanca, el Banco de Crédito e Inversiones (BCI), el Banco Itaú de Chile, el Banco del Estado de Chile, el KfW Ipex-Bank GmbH de Alemania y el DNB Bank ASA de Noruega. Debido a las incongruencias del proyecto con las políticas de los bancos inversores, el Movimiento No Alto Maipo presentó en enero de 2017 quejas formales ante los mecanismos independientes de revisión del BID y de la CFI. Actualmente se gestiona hacer lo mismo con los mecanismos de rendición de cuentas de la OPIC y los bancos europeos. El pasado 31 de julio, AES-Gener informó que el proyecto Alto Maipo había caído en un default técnico debido a graves problemas de seguridad de sus trabajadores, que derivaron en la renuncia de una de las principales contratistas del proyecto. La deuda financiera por los desembolsos realizados a la fecha asciende a 613 millones de dólares. Inicialmente, el costo del proyecto era de 700 millones dólares y hoy podría ser de más de 3.000 millones (420% más). Problemas técnicos El proyecto no cuenta con estudios hidrogeológicos y de cambio climático, carencia que le ha pasado la cuenta con el retiro de uno de sus inversores iniciales. Antofagasta Minerals (Grupo Luksic, familia y consorcio empresarial chileno con la mayor fortuna en el país) abandonó el proyecto en enero por el sobreprecio y la demora en su construcción. La Constructora Nuevo Maipo (CNM), por su parte, no siguió adelante con su contrato por la falta de estudios que le impidieron continuar con la perforación de los túneles. Según esa empresa, existían serios riesgos para la vida de los trabajadores porque no existen las condiciones suficientes de seguridad para la construcción (a la fecha han fallecido dos trabajadores de las contratistas). Es un hecho que las grandes hidroeléctricas siempre cuestan más de lo presupuestado y Alto Maipo es un ejemplo más de lo que ocurre en todo el planeta. La inviabilidad de este proyecto podría haberse prevenido con la aplicación del principio precautorio. Desde el Movimiento No Alto Maipo hemos sido ciudadanos responsables, argumentando hace 10 años con fundamentos técnicos, científicos, sociales, ambientales y políticos la inconveniencia de continuar con el proyecto. Podemos vivir sin energía, pero no sin agua. El agua no puede sustituirse y es además un derecho humano fundamental para la sobrevivencia de las generaciones presentes y futuras. Es nuestra responsabilidad evitar que corra riesgo. Por ello, no bajaremos los brazos hasta que el proyecto sea cancelado por completo.
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Berta vive: Manteniendo la lucha, pese a los riesgos
El 30 de junio, Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres —la activista ambiental hondureña asesinada—, sobrevivió a un atentado contra su vida. Viajaba a casa con dos colegas cuando unos hombres, machetes en mano, detuvieron su vehículo. Cuando los sujetos levantaron sus armas, el chofer de Zúñiga aceleró y esquivó a los atacantes, pero no antes que uno de ellos lanzara una roca que golpeó el parabrisas. Los atacantes persiguieron a los activistas, intentando llevar su auto por el borde de un acantilado. Por fortuna, Zúñiga y sus compañeros lograron escapar. Seis días después, el FMO y el FinnFund, dos bancos de desarrollo europeos, anunciaron el retiro oficial de su inversión de la represa Agua Zarca, contra la cual Zúñiga está peleando porque inundaría un sitio sagrado para comunidades indígenas Lenca. “El momento de nuestro anuncio de salida no está relacionado con el ataque a la Sra. Berta Zúñiga Cáceres”, dijo Christiaan Buijnsters, vocero del FMO. “Es una coincidencia”. En un comunicado de prensa, el FMO y el FinnFund informaron que su retiro “buscaba reducir las tensiones internacionales y locales en la zona”. Antes de ser asesinada en su casa el 2016, Berta Cáceres llevó adelante una campaña enérgica contra la represa, ganando por su trabajo el prestigioso Premio Ambiental Goldman. Zúñiga, de 26 años, asumió el rol de liderazgo de su madre en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en junio de 2017. Activistas ambientales en Honduras aún están luchando contra la represa, pero el Banco Centroamericano de Integración Económica todavía no retira su apoyo financiero del proyecto. “Yo nací en un pueblo con gran dignidad y fortaleza”, dijo Zúñiga en una entrevista con Democracy Now, un medio independiente de Estados Unidos. “Mi madre, Berta Cáceres, nos inculcó desde muy jóvenes que la lucha está arraigada en la dignidad y que debemos continuar defendiendo los derechos de nuestra gente”. Sistemas de corrupción e impunidad El ataque a Zúñiga es el más reciente en la región más peligrosa del mundo para las y los defensores ambientales. En Honduras, entre el 95 y el 98 por ciento de los crímenes quedan impunes. La complicidad entre gobiernos y corporaciones encubre con frecuencia a los asesinos y a quienes los contratan para silenciar a activistas ambientales y de derechos humanos. Desafortunadamente, las familias de activistas como Cáceres rara vez obtienen justicia. Pero aún hay esperanza. A raíz de una protesta mundial por la muerte de Cáceres y de pedidos de investigación, nueve personas fueron arrestadas en relación con su asesinato. Algunas tienen conexión con Desarrollos Energéticos S. A., la empresa que construye la represa Agua Zarca. Documentos judiciales sugieren además que el asesinato fue planificado por especialistas en inteligencia militar ligados a las Fuerzas Especiales de Honduras, entrenadas en Estados Unidos. Pese a estos arrestos, los principales autores intelectuales del asesinato aún no han sido sindicados. COPINH ha denunciado en las audiencias del caso que la acusación, a cargo de la Fiscalía, está llena de defectos e irregularidades. Mientras, asesinatos y ataques como aquel a Zúñiga, continúan. “Sabemos que en Honduras es muy fácil pagar a personas para cometer asesinatos”, dijo Zúñiga a TeleSur en 2016. “Pero sabemos que quienes están detrás de esto son otras personas poderosas con dinero y todo un aparato que les permite cometer estos crímenes”. Pero Zúñiga y el COPINH permanecen fieles a su lucha. “Vamos a seguir adelante con nuestra lucha”, dijo Zúñiga a Democracy Now. “Parte de ella es romper este ciclo de impunidad”. Su motivación viene del consejo de su madre: “¡Despertemos¡ ¡Despertemos Humanidad¡ Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal… Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la Tierra y los espíritus”. Si tomamos esas palabras con el corazón, la lucha por un mundo más verde y más justo —junto con el espíritu de Berta Cáceres— continuará.
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Belo Monte: La esperanza persiste pese a la promesa fallida de desarrollo
La hidroeléctrica Belo Monte fue prometida por sus promotores como una posibilidad de desarrollo para Brasil y en particular para Altamira, la ciudad más cercana a la represa. Hace poco visité esa urbe y me queda claro que seis años después del inicio de su construcción y aproximadamente un año luego de que comenzara a operar, Belo Monte no contribuye al desarrollo sostenible. Una evidencia de ello es que, en junio pasado, Altamira fue clasificada como la ciudad más peligrosa de Brasil en un estudio elaborado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada de ese país. Según el estudio, el crecimiento rápido y desordenado ocurrido en Altamira en los últimos seis años ha tenido serias implicaciones en la cantidad de crímenes cometidos en la ciudad. El 2000, de acuerdo con datos del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística, Altamira tenía poco más de 77 mil habitantes. Sin embargo, debido a la construcción de la hidroeléctrica, la cifra se disparó a 110 mil el año pasado. El resultado: Altamira registró la mayor tasa de homicidios del país en 2015 con 105,2 casos por cada 100 mil personas. Los números se enmarcan en un contexto muy preocupante, recogido este mes por Global Witness, cuyo informe reciente ubica a Brasil como el país con el mayor número absoluto de muertes, debido especialmente al trabajo de quienes dan sus vidas por defender la Amazonía, pues 16 de las 49 muertes ocurridas en 2016 están relacionadas con la protección del ecosistema amazónico. Condiciones insalubres Además de la violencia generalizada, la otra gran preocupación en Altamira es el saneamiento básico, el cual tiene que ver con fuentes y sistemas de abastecimiento de agua, así como con el manejo sanitario de residuos. Imagínate que durante los últimos seis años, cuando la dinámica urbana y social de la ciudad fue alterada totalmente debido a la represa, no se construyó un sistema de saneamiento básico adecuado. Así ocurrió pese a que era una condición para la construcción y operación de la represa. Pero lo único construido fue la gigantesca infraestructura hidroeléctrica. En abril de este año, un tribunal de Brasil ordenó la suspensión judicial de las operaciones Belo Monte hasta que exista una implementación adecuada del saneamiento básico en los barrios de reasentamiento urbano colectivo de Altamira. Pero la empresa a cargo de la represa se ha negado a cumplir con la sentencia, argumentando que tiene el permiso para operar. Eso demuestra la incapacidad del gobierno de evitar los abusos de la empresa. En Altamira los alcantarillados están tapados. Hay agua sucia, bichos y basura en las casas de los reubicados por la represa de #BeloMonte pic.twitter.com/5kkyNkfAM1 — Rodrigo Costa Sales (@rodrigojcsales) 13 de junio de 2017 Inversión cuestionable El escenario en torno a Belo Monte se agrava porque la empresa estatal china Grid Brazil Holding ganó la subasta para hacerse cargo del segundo sistema de transmisión de la energía a ser generada por la hidroeléctrica. La empresa ofreció 988 millones de reales (aproximadamente 300 millones de dólares), lo que me hace cuestionar las afirmaciones previas del Gobierno brasileño sobre el hecho de que la energía hidroeléctrica es barata, además de limpia. La inversión china preocupa porque la empresa ya ha sido multada varias veces por el incumplimiento de los plazos relacionados con el primer sistema de transmisión de energía. Peor aún, China no es reconocida internacionalmente por proteger los derechos humanos y el ambiente, razón por la cual la situación en Altamira puede complicarse aún más. La esperanza continúa Pese al panorama desalentador, la población urbana, así como las comunidades indígenas y ribereñas, todavía tienen esperanza de que Altamira sea una ciudad tranquila y linda otra vez. Escuché en muchos el deseo de volver a vivir los tiempos en los que se sentaban en sillas para conversar en la calle y se bañaban en las aguas del río Xingú; los tiempos de pescas colectivas y fiestas en el parque. Ello me muestra que no hay que tener miedo ni perder la esperanza. Hay muchas personas que creen en mi trabajo como defensor de la Amazonía. Por ellos seguiré trabajando para que instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual AIDA presentó el caso, considere que Brasil violó derechos humanos en razón de la construcción y operación de la represa Belo Monte. Continuaré buscando que las personas afectadas obtengan justicia y reparación.
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Los asesinatos aumentan: ¿Cómo podemos defender a las y los defensores?
De los 87 defensores de derechos humanos asesinados en América Latina en 2016, 60 estaban defendiendo derechos ligados a la degradación ambiental. De ello da cuenta un informe reciente de Global Witness. En 2016, al menos 200 defensores ambientales fueron asesinados en todo el mundo, volviéndolo el año más peligroso para los ambientalistas hasta ahora. De esas muertes, el 60 por ciento ocurrió en América Latina. Lo más grave es que estas estadísticas probablemente no representan del todo el problema porque muchos asesinatos de defensores y activistas alrededor del mundo, no son reportados. Los defensores ambientales son también frecuentemente objeto de acoso, intimidación, amenazas de muerte, arrestos, agresión sexual, secuestro y demandas judiciales que buscan silenciarlos. El asesinato de activistas por pronunciarse contra proyectos de desarrollo ambientalmente dañinos o por defender derechos a la tierra, se incrementaron respecto de los 185 registrados un año antes y se expandieron a más países, señala el informe. En 2016, Global Witness documentó asesinatos en 24 países, cuando el año anterior lo hizo en 16 naciones. “La batalla por proteger el planeta se está intensificando rápidamente y el costo puede ser contado en vidas humanas”, dijo Ben Leather, director de campañas de Global Witness. “Más personas, y en más países, no tienen más opción que adoptar una postura contra el robo de sus tierras o la destrucción de su ambiente. Son, con demasiada frecuencia, silenciados brutalmente por élites políticas y empresariales, mientras que los inversionistas que los financian no hacen nada”. Las raíces del problema ¿Por qué tantos activistas viven bajo amenaza, solo por pronunciarse y generar conciencia acerca de proyectos ambientalmente destructivos? Los gobiernos argumentan que la minería, la explotación de gas y petróleo, la tala y las represas impulsarán la economía de sus países. Pero las corporaciones suelen contratar servicios externos, creando pocas o ninguna fuente laboral en el ámbito local. Y, en muchos casos, los proyectos de desarrollo contaminan el ambiente, desplazan a comunidades enteras y vulneran derechos humanos. Algunos proyectos, como las grandes represas hidroeléctricas, también dañan la biodiversidad y contribuyen al cambio climático. Además, los gobiernos dependen a menudo de corporaciones transnacionales o de inversión extranjera para financiar estos proyectos. Como resultado, las ganancias de la minería, del petróleo y el gas, o de las grandes represas benefician con frecuencia a empresas internacionales o al empresario más rico de algún país, pero no necesariamente benefician a las comunidades locales. Esta situación genera tasas extremas de desigualdad económica. Honduras, por ejemplo, es uno de los países con mayor desigualdad de América Latina y ha tenido el mayor índice per cápita de asesinatos de defensores ambientales en la última década. El 20 por ciento de las personas más ricas de Honduras se lleva el 60 por ciento de los ingresos del país, dejando a casi dos tercios de la población hondureña en la pobreza o extrema pobreza, según la Organización de Estados Americanos. Cuando los activistas —muchos de ellos indígenas— se pronuncian contra estas injusticias económicas y ambientales, son frecuentemente denunciados como enemigos del progreso. Juntos, gobiernos y corporaciones, tratan de silenciar a los defensores que se expresan abiertamente. Cuando la censura no basta, acuden a policías, militares y mercenarios para silenciar la oposición con una escalada de amenazas y violencia. Cómo defender a las y los defensores Cada año, el problema se agrava y nos recuerda nuestro deber de defender a las y los defensores ambientales y de derechos humanos, así como la necesidad de establecer políticas adecuadas para su protección. Hay varias formas en las que gobiernos y ciudadanía de todo el mundo pueden hacerlo: Derecho internacional. Los gobiernos del mundo son parte de tratados y convenciones internacionales que les obligan a respetar ciertos estándares de derechos humanos. Cuando esos lineamientos básicos no son respetados, le corresponde a la comunidad internacional intervenir y proteger a las y los activistas amenazados exigiendo a los gobiernos para que hagan cumplir la ley. AIDA trabaja de ese modo para hacer responsables a los gobiernos y promover la adopción inmediata de medidas que garanticen la vida e integridad de las y los activistas en riesgo. “Los estados deben garantizar un entorno favorable en el que las personas puedan realizar su trabajo para proteger la naturaleza en condiciones seguras”, dijo Astrid Puentes Riaño, abogada y codirectora de AIDA. “Además, los Estados deben investigar los casos de violencia. Los asesinatos de quienes valientemente defienden el ambiente no deben quedar impunes”. Legislación nacional. Cuando la presión internacional no funciona, las leyes nacionales pueden ayudar a que los Estados protejan a los activistas que se manifiestan. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha propuesto una norma por la que se suspendería la ayuda militar y policial que ese país brinda a Honduras hasta que el Gobierno hondureño investigue las violaciones de derechos humanos en su territorio. El proyecto de ley ayudaría a proteger a las y los activistas en esa nación y servir de ejemplo a otros países. Medidas de emergencia. Las medidas de visado de emergencia o las protecciones diplomáticas para prevenir daños, pueden ser útiles para reubicar a las y los activistas de un país a otro o para resguardarlos de alguna otra manera. Campañas mundiales de solidaridad. Las campañas solidarias a cargo de coaliciones de organizaciones de derechos humanos y apoyadas por los medios, tienen un gran potencial. Si estas acciones encendieran las alarmas de manera simultánea, consistente y confiable, gobiernos y corporaciones pensarían dos veces antes de intentar silenciar a la o el activista en cuestión. Lo anterior, desde luego, te compete. La indiferencia es también un gran factor de riesgo para quienes defienden los derechos humanos y el ambiente. Nada sustituye la movilización de una comunidad de apoyo: en las calles, en las redes sociales, en tu vida diaria. Ponerse de pie, alzar la voz y generar conciencia es el primer paso hacia la construcción de un futuro más justo La acción y la solidaridad son esenciales, y hacen una gran diferencia. Las anteriores son sólo algunas de las soluciones a este problema creciente, y su éxito depende de nosotros. Mostrar que no tenemos miedo de luchar por la justicia ambiental y por un futuro en el que se respeten los derechos humanos de todos, no sólo es una buena idea, es necesario para nuestra supervivencia.
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Seminario virtual "El megaproyecto Vaca Muerta: Impactos del fracking en Argentina"
La explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking ha buscado expandirse en distintos países de América Latina. En Argentina, Vaca Muerta es el yacimiento más grande de ese tipo de hidrocarburos fuera de Estados Unidos y, por tanto, uno de los más "atractivos" del mundo. Desde hace cinco años, Vaca Muerta se ha vuelto un megaproyecto que supera el sitio de extracción y cuya infraestructura física, jurídica y financiera es compleja y genera gran cantidad de accidentes y conflictos sociales. En este seminario virtual, organizado por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, expertas y expertos de diferentes organizaciones y países de la región, abordarán la implicaciones del megaproyecto de fracking Vaca Muerta en términos de impactos y conflictos sociales y económicos para los diferentes actores involucrados. Grabación Presentaciones
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