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En Colombia, el poder para detener al fracking está en su gente
En la lucha contra el fracking en Colombia, una pequeña ciudad está dando una gran batalla. Desde comienzos de 2016, los habitantes de San Martín, municipio ubicado a unos 480 kilómetros al norte de Bogotá, en el departamento de Cesar, se han movilizado y han protestado y resistido pacíficamente los planes del gobierno de realizar operaciones de fracking en su territorio. Organizando marchas de protesta y bloqueando el acceso de empleados de una empresa petrolera a los sitios de exploración, ciudadanos preocupados están alzando sus voces contra una industria ambientalmente dañina. Pero San Martín es sólo uno de los muchos municipios afectados por la fiebre del fracking que está desplazando a la industria del gas y el petróleo en Colombia. Ese país tiene grandes reservas de combustibles fósiles no convencionales, atrapados en depósitos estrechos de rocas de esquisto. El fracking o fractura hidráulica rompe esas rocas —usando una mezcla de agua, arena y químicos— y libera esos depósitos, los cuales, dicen analistas, pueden generar 6.800 millones de barriles de petróleo y 55 billones de pies cúbicos de gas natural, según la Administración de Información Energética (AIE) de Estados Unidos. Eso basta para satisfacer por décadas la demanda energética de Colombia. Si bien aún no se han iniciado operaciones de fracking en el país, existen a la fecha 12 bloques de exploración de fracking, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y una concesión han sido ya otorgada a una corporación multinacional. Se prevé que ésa y las futuras concesiones afecten a municipios en todo el territorio nacional. Colombia ha seguido el ejemplo de otros países de América Latina que han adoptado el fracking como solución rápida y sucia a su adicción a los combustibles fósiles, la cual alimenta a poblaciones necesitadas de energía. Actualmente, Argentina, Chile y México son las potencias del fracking en la región. “No podemos darnos el lujo de no hacer fracking”, dijo en 2015 Juan Carlos Echeverry, entonces presidente de Ecopetrol, la empresa estatal petrolera de Colombia. Pero los pobladores de San Martín —como muchas otras personas preocupadas por el futuro de sus comunidades, del país y del planeta— opinan diferente. En apoyo a las y los ciudadanos de San Martín, la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (CORDATEC) ha estado organizando una resistencia en el mismo lugar para restringir la exploración de fracking en Cesar. Otra organización, la Alianza Colombia Libre de Fracking, también está luchando: recientemente firmó una carta abierta pidiéndole al presidente Juan Manuel Santos aprobar una moratoria al fracking. Aunque estos esfuerzos son parte integral de la lucha contra el fracking, también es importante librar la batalla en el ámbito local. Siempre que sea posible, ciudades y municipios pueden adoptar soluciones creativas como leyes estrictas de zonificación o referéndums para conseguir prohibir el fracking a nivel local. Esa estrategia ha tenido un éxito significativo en Brasil, donde más de 70 municipios han prohibido el fracking, frenando la expansión de la industria de los combustibles fósiles y, al mismo tiempo, protegiendo su ambiente. En Estados Unidos, estados como Nueva York, Maryland y parte de California han prohibido también con éxito las operaciones de fracking. De la mano de organizaciones en toda la región, AIDA trabaja con empeño para detener la expansión del fracking en América Latina. A través de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking y de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, nos enfocamos en soluciones locales que tengan potenciales implicaciones regionales. “La Alianza trabaja para promover el debate público, la concientización y la educación entre organizaciones de la sociedad civil en América Latina”, dice Claudia Velarde, abogada de AIDA. “También apoyamos los esfuerzos de resistencia local contra la expansión del fracking en el continente”. La Alianza está solicitando una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual sus integrantes demostrarán los impactos del fracking en los derechos humanos de las comunidades afectadas. Si nuestros gobiernos están decididos a seguir perforando en busca de combustibles fósiles, es tiempo de que las comunidades se pongan de pie y demanden un futuro con energía limpia y renovable. Al enfocarnos en el poder de las bases, como la gente de San Martín, nosotros también podemos demandar un futuro mejor y hacer retroceder a la industria de los combustibles fósiles. Más Información
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Proyecto Alto Maipo: Peligroso, innecesario y encima inviable
El 2 de agosto pasado, los defensores de los ríos de Chile recibimos una noticia que nos llenó el corazón de esperanza: el megaproyecto hidroeléctrico Alto Maipo se declaró en default técnico y pronto podría ser también inviable financieramente. El proyecto, presentado al Gobierno chileno el 2008 por la transnacional norteamericana AES-Gener y en proceso de construcción desde 2014, se ha enfrentado desde sus inicios con una fuerte oposición ciudadana, pues pone en riesgo la cuenca del Maipo, la fuente de agua más importante para la región metropolitana. Desde el año pasado, a sus innumerables incoherencias se sumaron problemas técnicos y financieros. El proyecto consiste en captar y trasvasijar las principales nacientes y afluentes que alimentan el río Maipo para introducir el agua en un túnel de casi 70 kilómetros de largo, y de 6 a 8 metros de diámetro. Con eso dejaría casi secos a los tres ríos tributarios del Maipo. Sería una verdadera megarepresa subterránea, que acumularía más de 2 millones de metros cúbicos de agua. Su construcción ha traído ya terribles impactos socioambientales. Si entra en operación, los daños se extenderían a toda la Región Metropolitana, desde Los Andes hasta el mar. Riesgos para el ambiente y la población La cuenca del río Maipo está ubicada a solo 50 kilómetros de Santiago, la capital chilena. Se trata de la principal cuenca de la región: sus aguas abastecen de agua potable a 7 millones de habitantes, y suministran riego para 120.000 hectáreas. Además, la cuenca es sitio recreacional para la población urbana de Santiago. Anualmente la visitan 2 millones de turistas nacionales y extranjeros, siendo esa actividad económica la más importante para el desarrollo de la zona. Ante los 10 años consecutivos de sequía que se vive actualmente y el profundo proceso de desertificación de la zona central de Chile, el Cajón del Maipo, sus montañas, ríos y glaciares, son el pulmón verde y el regulador del clima de Santiago. Todo eso está en inminente peligro por el proyecto de AES-Gener, que impactaría irreversiblemente todo el sistema hídrico de la cuenca, afectando glaciares milenarios y las nacientes cordilleranas, afectando también el funcionamiento natural del ciclo hidrológico. Problemas económicos El financiamiento original del proyecto fue otorgado a un plazo de 20 años por bancos multilaterales y comerciales, nacionales y extranjeros. Entre ellos están la Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, CorpBanca, el Banco de Crédito e Inversiones (BCI), el Banco Itaú de Chile, el Banco del Estado de Chile, el KfW Ipex-Bank GmbH de Alemania y el DNB Bank ASA de Noruega. Debido a las incongruencias del proyecto con las políticas de los bancos inversores, el Movimiento No Alto Maipo presentó en enero de 2017 quejas formales ante los mecanismos independientes de revisión del BID y de la CFI. Actualmente se gestiona hacer lo mismo con los mecanismos de rendición de cuentas de la OPIC y los bancos europeos. El pasado 31 de julio, AES-Gener informó que el proyecto Alto Maipo había caído en un default técnico debido a graves problemas de seguridad de sus trabajadores, que derivaron en la renuncia de una de las principales contratistas del proyecto. La deuda financiera por los desembolsos realizados a la fecha asciende a 613 millones de dólares. Inicialmente, el costo del proyecto era de 700 millones dólares y hoy podría ser de más de 3.000 millones (420% más). Problemas técnicos El proyecto no cuenta con estudios hidrogeológicos y de cambio climático, carencia que le ha pasado la cuenta con el retiro de uno de sus inversores iniciales. Antofagasta Minerals (Grupo Luksic, familia y consorcio empresarial chileno con la mayor fortuna en el país) abandonó el proyecto en enero por el sobreprecio y la demora en su construcción. La Constructora Nuevo Maipo (CNM), por su parte, no siguió adelante con su contrato por la falta de estudios que le impidieron continuar con la perforación de los túneles. Según esa empresa, existían serios riesgos para la vida de los trabajadores porque no existen las condiciones suficientes de seguridad para la construcción (a la fecha han fallecido dos trabajadores de las contratistas). Es un hecho que las grandes hidroeléctricas siempre cuestan más de lo presupuestado y Alto Maipo es un ejemplo más de lo que ocurre en todo el planeta. La inviabilidad de este proyecto podría haberse prevenido con la aplicación del principio precautorio. Desde el Movimiento No Alto Maipo hemos sido ciudadanos responsables, argumentando hace 10 años con fundamentos técnicos, científicos, sociales, ambientales y políticos la inconveniencia de continuar con el proyecto. Podemos vivir sin energía, pero no sin agua. El agua no puede sustituirse y es además un derecho humano fundamental para la sobrevivencia de las generaciones presentes y futuras. Es nuestra responsabilidad evitar que corra riesgo. Por ello, no bajaremos los brazos hasta que el proyecto sea cancelado por completo.
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Berta vive: Manteniendo la lucha, pese a los riesgos
El 30 de junio, Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres —la activista ambiental hondureña asesinada—, sobrevivió a un atentado contra su vida. Viajaba a casa con dos colegas cuando unos hombres, machetes en mano, detuvieron su vehículo. Cuando los sujetos levantaron sus armas, el chofer de Zúñiga aceleró y esquivó a los atacantes, pero no antes que uno de ellos lanzara una roca que golpeó el parabrisas. Los atacantes persiguieron a los activistas, intentando llevar su auto por el borde de un acantilado. Por fortuna, Zúñiga y sus compañeros lograron escapar. Seis días después, el FMO y el FinnFund, dos bancos de desarrollo europeos, anunciaron el retiro oficial de su inversión de la represa Agua Zarca, contra la cual Zúñiga está peleando porque inundaría un sitio sagrado para comunidades indígenas Lenca. “El momento de nuestro anuncio de salida no está relacionado con el ataque a la Sra. Berta Zúñiga Cáceres”, dijo Christiaan Buijnsters, vocero del FMO. “Es una coincidencia”. En un comunicado de prensa, el FMO y el FinnFund informaron que su retiro “buscaba reducir las tensiones internacionales y locales en la zona”. Antes de ser asesinada en su casa el 2016, Berta Cáceres llevó adelante una campaña enérgica contra la represa, ganando por su trabajo el prestigioso Premio Ambiental Goldman. Zúñiga, de 26 años, asumió el rol de liderazgo de su madre en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en junio de 2017. Activistas ambientales en Honduras aún están luchando contra la represa, pero el Banco Centroamericano de Integración Económica todavía no retira su apoyo financiero del proyecto. “Yo nací en un pueblo con gran dignidad y fortaleza”, dijo Zúñiga en una entrevista con Democracy Now, un medio independiente de Estados Unidos. “Mi madre, Berta Cáceres, nos inculcó desde muy jóvenes que la lucha está arraigada en la dignidad y que debemos continuar defendiendo los derechos de nuestra gente”. Sistemas de corrupción e impunidad El ataque a Zúñiga es el más reciente en la región más peligrosa del mundo para las y los defensores ambientales. En Honduras, entre el 95 y el 98 por ciento de los crímenes quedan impunes. La complicidad entre gobiernos y corporaciones encubre con frecuencia a los asesinos y a quienes los contratan para silenciar a activistas ambientales y de derechos humanos. Desafortunadamente, las familias de activistas como Cáceres rara vez obtienen justicia. Pero aún hay esperanza. A raíz de una protesta mundial por la muerte de Cáceres y de pedidos de investigación, nueve personas fueron arrestadas en relación con su asesinato. Algunas tienen conexión con Desarrollos Energéticos S. A., la empresa que construye la represa Agua Zarca. Documentos judiciales sugieren además que el asesinato fue planificado por especialistas en inteligencia militar ligados a las Fuerzas Especiales de Honduras, entrenadas en Estados Unidos. Pese a estos arrestos, los principales autores intelectuales del asesinato aún no han sido sindicados. COPINH ha denunciado en las audiencias del caso que la acusación, a cargo de la Fiscalía, está llena de defectos e irregularidades. Mientras, asesinatos y ataques como aquel a Zúñiga, continúan. “Sabemos que en Honduras es muy fácil pagar a personas para cometer asesinatos”, dijo Zúñiga a TeleSur en 2016. “Pero sabemos que quienes están detrás de esto son otras personas poderosas con dinero y todo un aparato que les permite cometer estos crímenes”. Pero Zúñiga y el COPINH permanecen fieles a su lucha. “Vamos a seguir adelante con nuestra lucha”, dijo Zúñiga a Democracy Now. “Parte de ella es romper este ciclo de impunidad”. Su motivación viene del consejo de su madre: “¡Despertemos¡ ¡Despertemos Humanidad¡ Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal… Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la Tierra y los espíritus”. Si tomamos esas palabras con el corazón, la lucha por un mundo más verde y más justo —junto con el espíritu de Berta Cáceres— continuará.
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Belo Monte: La esperanza persiste pese a la promesa fallida de desarrollo
La hidroeléctrica Belo Monte fue prometida por sus promotores como una posibilidad de desarrollo para Brasil y en particular para Altamira, la ciudad más cercana a la represa. Hace poco visité esa urbe y me queda claro que seis años después del inicio de su construcción y aproximadamente un año luego de que comenzara a operar, Belo Monte no contribuye al desarrollo sostenible. Una evidencia de ello es que, en junio pasado, Altamira fue clasificada como la ciudad más peligrosa de Brasil en un estudio elaborado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada de ese país. Según el estudio, el crecimiento rápido y desordenado ocurrido en Altamira en los últimos seis años ha tenido serias implicaciones en la cantidad de crímenes cometidos en la ciudad. El 2000, de acuerdo con datos del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística, Altamira tenía poco más de 77 mil habitantes. Sin embargo, debido a la construcción de la hidroeléctrica, la cifra se disparó a 110 mil el año pasado. El resultado: Altamira registró la mayor tasa de homicidios del país en 2015 con 105,2 casos por cada 100 mil personas. Los números se enmarcan en un contexto muy preocupante, recogido este mes por Global Witness, cuyo informe reciente ubica a Brasil como el país con el mayor número absoluto de muertes, debido especialmente al trabajo de quienes dan sus vidas por defender la Amazonía, pues 16 de las 49 muertes ocurridas en 2016 están relacionadas con la protección del ecosistema amazónico. Condiciones insalubres Además de la violencia generalizada, la otra gran preocupación en Altamira es el saneamiento básico, el cual tiene que ver con fuentes y sistemas de abastecimiento de agua, así como con el manejo sanitario de residuos. Imagínate que durante los últimos seis años, cuando la dinámica urbana y social de la ciudad fue alterada totalmente debido a la represa, no se construyó un sistema de saneamiento básico adecuado. Así ocurrió pese a que era una condición para la construcción y operación de la represa. Pero lo único construido fue la gigantesca infraestructura hidroeléctrica. En abril de este año, un tribunal de Brasil ordenó la suspensión judicial de las operaciones Belo Monte hasta que exista una implementación adecuada del saneamiento básico en los barrios de reasentamiento urbano colectivo de Altamira. Pero la empresa a cargo de la represa se ha negado a cumplir con la sentencia, argumentando que tiene el permiso para operar. Eso demuestra la incapacidad del gobierno de evitar los abusos de la empresa. En Altamira los alcantarillados están tapados. Hay agua sucia, bichos y basura en las casas de los reubicados por la represa de #BeloMonte pic.twitter.com/5kkyNkfAM1 — Rodrigo Costa Sales (@rodrigojcsales) 13 de junio de 2017 Inversión cuestionable El escenario en torno a Belo Monte se agrava porque la empresa estatal china Grid Brazil Holding ganó la subasta para hacerse cargo del segundo sistema de transmisión de la energía a ser generada por la hidroeléctrica. La empresa ofreció 988 millones de reales (aproximadamente 300 millones de dólares), lo que me hace cuestionar las afirmaciones previas del Gobierno brasileño sobre el hecho de que la energía hidroeléctrica es barata, además de limpia. La inversión china preocupa porque la empresa ya ha sido multada varias veces por el incumplimiento de los plazos relacionados con el primer sistema de transmisión de energía. Peor aún, China no es reconocida internacionalmente por proteger los derechos humanos y el ambiente, razón por la cual la situación en Altamira puede complicarse aún más. La esperanza continúa Pese al panorama desalentador, la población urbana, así como las comunidades indígenas y ribereñas, todavía tienen esperanza de que Altamira sea una ciudad tranquila y linda otra vez. Escuché en muchos el deseo de volver a vivir los tiempos en los que se sentaban en sillas para conversar en la calle y se bañaban en las aguas del río Xingú; los tiempos de pescas colectivas y fiestas en el parque. Ello me muestra que no hay que tener miedo ni perder la esperanza. Hay muchas personas que creen en mi trabajo como defensor de la Amazonía. Por ellos seguiré trabajando para que instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual AIDA presentó el caso, considere que Brasil violó derechos humanos en razón de la construcción y operación de la represa Belo Monte. Continuaré buscando que las personas afectadas obtengan justicia y reparación.
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Los asesinatos aumentan: ¿Cómo podemos defender a las y los defensores?
De los 87 defensores de derechos humanos asesinados en América Latina en 2016, 60 estaban defendiendo derechos ligados a la degradación ambiental. De ello da cuenta un informe reciente de Global Witness. En 2016, al menos 200 defensores ambientales fueron asesinados en todo el mundo, volviéndolo el año más peligroso para los ambientalistas hasta ahora. De esas muertes, el 60 por ciento ocurrió en América Latina. Lo más grave es que estas estadísticas probablemente no representan del todo el problema porque muchos asesinatos de defensores y activistas alrededor del mundo, no son reportados. Los defensores ambientales son también frecuentemente objeto de acoso, intimidación, amenazas de muerte, arrestos, agresión sexual, secuestro y demandas judiciales que buscan silenciarlos. El asesinato de activistas por pronunciarse contra proyectos de desarrollo ambientalmente dañinos o por defender derechos a la tierra, se incrementaron respecto de los 185 registrados un año antes y se expandieron a más países, señala el informe. En 2016, Global Witness documentó asesinatos en 24 países, cuando el año anterior lo hizo en 16 naciones. “La batalla por proteger el planeta se está intensificando rápidamente y el costo puede ser contado en vidas humanas”, dijo Ben Leather, director de campañas de Global Witness. “Más personas, y en más países, no tienen más opción que adoptar una postura contra el robo de sus tierras o la destrucción de su ambiente. Son, con demasiada frecuencia, silenciados brutalmente por élites políticas y empresariales, mientras que los inversionistas que los financian no hacen nada”. Las raíces del problema ¿Por qué tantos activistas viven bajo amenaza, solo por pronunciarse y generar conciencia acerca de proyectos ambientalmente destructivos? Los gobiernos argumentan que la minería, la explotación de gas y petróleo, la tala y las represas impulsarán la economía de sus países. Pero las corporaciones suelen contratar servicios externos, creando pocas o ninguna fuente laboral en el ámbito local. Y, en muchos casos, los proyectos de desarrollo contaminan el ambiente, desplazan a comunidades enteras y vulneran derechos humanos. Algunos proyectos, como las grandes represas hidroeléctricas, también dañan la biodiversidad y contribuyen al cambio climático. Además, los gobiernos dependen a menudo de corporaciones transnacionales o de inversión extranjera para financiar estos proyectos. Como resultado, las ganancias de la minería, del petróleo y el gas, o de las grandes represas benefician con frecuencia a empresas internacionales o al empresario más rico de algún país, pero no necesariamente benefician a las comunidades locales. Esta situación genera tasas extremas de desigualdad económica. Honduras, por ejemplo, es uno de los países con mayor desigualdad de América Latina y ha tenido el mayor índice per cápita de asesinatos de defensores ambientales en la última década. El 20 por ciento de las personas más ricas de Honduras se lleva el 60 por ciento de los ingresos del país, dejando a casi dos tercios de la población hondureña en la pobreza o extrema pobreza, según la Organización de Estados Americanos. Cuando los activistas —muchos de ellos indígenas— se pronuncian contra estas injusticias económicas y ambientales, son frecuentemente denunciados como enemigos del progreso. Juntos, gobiernos y corporaciones, tratan de silenciar a los defensores que se expresan abiertamente. Cuando la censura no basta, acuden a policías, militares y mercenarios para silenciar la oposición con una escalada de amenazas y violencia. Cómo defender a las y los defensores Cada año, el problema se agrava y nos recuerda nuestro deber de defender a las y los defensores ambientales y de derechos humanos, así como la necesidad de establecer políticas adecuadas para su protección. Hay varias formas en las que gobiernos y ciudadanía de todo el mundo pueden hacerlo: Derecho internacional. Los gobiernos del mundo son parte de tratados y convenciones internacionales que les obligan a respetar ciertos estándares de derechos humanos. Cuando esos lineamientos básicos no son respetados, le corresponde a la comunidad internacional intervenir y proteger a las y los activistas amenazados exigiendo a los gobiernos para que hagan cumplir la ley. AIDA trabaja de ese modo para hacer responsables a los gobiernos y promover la adopción inmediata de medidas que garanticen la vida e integridad de las y los activistas en riesgo. “Los estados deben garantizar un entorno favorable en el que las personas puedan realizar su trabajo para proteger la naturaleza en condiciones seguras”, dijo Astrid Puentes Riaño, abogada y codirectora de AIDA. “Además, los Estados deben investigar los casos de violencia. Los asesinatos de quienes valientemente defienden el ambiente no deben quedar impunes”. Legislación nacional. Cuando la presión internacional no funciona, las leyes nacionales pueden ayudar a que los Estados protejan a los activistas que se manifiestan. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha propuesto una norma por la que se suspendería la ayuda militar y policial que ese país brinda a Honduras hasta que el Gobierno hondureño investigue las violaciones de derechos humanos en su territorio. El proyecto de ley ayudaría a proteger a las y los activistas en esa nación y servir de ejemplo a otros países. Medidas de emergencia. Las medidas de visado de emergencia o las protecciones diplomáticas para prevenir daños, pueden ser útiles para reubicar a las y los activistas de un país a otro o para resguardarlos de alguna otra manera. Campañas mundiales de solidaridad. Las campañas solidarias a cargo de coaliciones de organizaciones de derechos humanos y apoyadas por los medios, tienen un gran potencial. Si estas acciones encendieran las alarmas de manera simultánea, consistente y confiable, gobiernos y corporaciones pensarían dos veces antes de intentar silenciar a la o el activista en cuestión. Lo anterior, desde luego, te compete. La indiferencia es también un gran factor de riesgo para quienes defienden los derechos humanos y el ambiente. Nada sustituye la movilización de una comunidad de apoyo: en las calles, en las redes sociales, en tu vida diaria. Ponerse de pie, alzar la voz y generar conciencia es el primer paso hacia la construcción de un futuro más justo La acción y la solidaridad son esenciales, y hacen una gran diferencia. Las anteriores son sólo algunas de las soluciones a este problema creciente, y su éxito depende de nosotros. Mostrar que no tenemos miedo de luchar por la justicia ambiental y por un futuro en el que se respeten los derechos humanos de todos, no sólo es una buena idea, es necesario para nuestra supervivencia.
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Seminario virtual "El megaproyecto Vaca Muerta: Impactos del fracking en Argentina"
La explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking ha buscado expandirse en distintos países de América Latina. En Argentina, Vaca Muerta es el yacimiento más grande de ese tipo de hidrocarburos fuera de Estados Unidos y, por tanto, uno de los más "atractivos" del mundo. Desde hace cinco años, Vaca Muerta se ha vuelto un megaproyecto que supera el sitio de extracción y cuya infraestructura física, jurídica y financiera es compleja y genera gran cantidad de accidentes y conflictos sociales. En este seminario virtual, organizado por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, expertas y expertos de diferentes organizaciones y países de la región, abordarán la implicaciones del megaproyecto de fracking Vaca Muerta en términos de impactos y conflictos sociales y económicos para los diferentes actores involucrados. Grabación Presentaciones
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La conservación de tiburones en Costa Rica está en riesgo
En Costa Rica, el futuro del tiburón martillo, especie amenazada, depende de una decisión del gobierno. Si el gobierno deja de exportar productos de ese animal por un año, la población de esa especie podría recuperarse. De lo contrario, su supervivencia estaría en grave peligro. Ésa es la recomendación del concejo científico en el país de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites). La Convención es un tratado internacional para impedir que el comercio amenace la supervivencia de animales y plantas silvestres. De las cerca de 100 especies de tiburones y rayas que Costa Rica alberga, un 15% está en peligro de extinción debido a la sobrepesca y a la destrucción o degradación de los entornos marinos. Y, según el consejo científico de la Convención, la población de tiburón martillo, enlistada como especie en peligro en 2014, ha sufrido reducciones de hasta un 90% de su tamaño histórico. Por ello, en abril de este año, el consejo científico recomendó prohibir la exportación de productos elaborados a base de tiburón martillo por al menos un año, hasta que se demuestre una mejoría en la salud de la población de la especie o una disminución en su pesca. El rol del sector pesquero Poco después de conocida la recomendación de los expertos científicos de la Convención, el Gobierno costarricense emitió un decreto ejecutivo que puso en manos del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el procedimiento técnico y administrativo, respectivamente, para autorizar la exportación de las especies de tiburones amenazadas o en peligro de extinción. Sin embargo, para Mario Espinoza Mendieta, investigador de la Universidad de Costa Rica, el problema radica en que tanto el Incopesca como el Ministerio de Agricultura y Ganadería han tendido a favorecer los intereses del sector productivo por encima de la conservación de especies amenazadas. La Junta Directiva del Incopesca, menciona Espinoza, está representada por diferentes sectores de pesca del país, cuyos intereses no siempre se alinean con la protección y explotación sostenible de los recursos marinos. “Eso hace que la balanza se vaya más hacia el sector productivo”, explica Espinoza, también miembro del consejo científico de la Convención. En el pasado, el Incopesca fue incluso cuestionado por no imponer sanciones a barcos camaroneros a los que se encontró pescando dentro de áreas protegidas. El comercio de tiburón La exportación de productos de tiburón es legal en Costa Rica, mientras respete las regulaciones establecidas por la Convención. Pero el aleteo, práctica que consiste en cortar las aletas del tiburón y lanzar el cuerpo al mar, no está permitida y ha sido controlada de mejor manera en el país. En febrero pasado, un tribunal emitió la primera sanción penal por aleteo contra una empresaria taiwanesa que llevó a puerto aletas de tiburón desprendidas del cuerpo del animal y unidas con alambre. AIDA y Conservación Internacional ayudaron en la resolución del caso, asesorando con argumentos de derecho internacional el trabajo de la Fiscalía. Las aletas de tiburón son muy codiciada en países asiáticos, que las considera un manjar. Se estima que el valor del producto sea de 100 dólares el kilo o que incluso supere esa cifra. Una decisión responsable En la región, los gobiernos de Colombia y Ecuador han desarrollado campañas para proteger al tiburón martillo. En Costa Rica, el Incopesca es responsable ahora del futuro de esa especie. Ojalá su labor incluya el criterio científico. El estado actual de la población de ese animal es frágil y una mala decisión podría dañarle seriamente. También peligra la conservación de otras especies amenazadas de tiburón, como el tiburón gris, una de las principales en el sector pesquero de Costa Rica. El criterio de sostenibilidad debe primar por encima del económico si el país quiere preservar su riqueza natural para el futuro y ser ejemplo de conservación en el continente.
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Seminario virtual "Necesitamos un nuevo tratado para proteger la vida en alta mar"
En el seminario virtual, expertas y expertos en el tema explicaron en detalle la importancia de un nuevo tratado sobre alta mar, el proceso de su negociación en el marco de Naciones Unidas y los principales beneficios que implica. Los océanos nos protegen de los impactos del cambio climático, absorbiendo el 90% del exceso de calor causado por el cambio climático. Son fuente de alimento y de recursos genéticos con los que se producen medicamentos. Además, millones de familias dependen para subsistir del turismo y de otras actividades relacionadas con el mar. Pese a ello, el 64% de los océanos está desprotegida. Se trata de las aguas internacionales o alta mar. La necesidad de conservar esta parte de los océanos, y la vida que albergan, es urgente. Ante ello, los gobiernos del mundo tienen, con el nuevo tratado, la oportunidad histórica para contribuir al logro de esa meta. Grabación Presentaciones
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Seminario virtual "Nuevos estándares de calidad de aire en Perú y sus implicaciones"
El objetivo del evento fue presentar el análisis legal y técnico de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), a fin de dar a conocer las implicancias y efectos del nuevo marco normativo en la gestión y regulación ambiental sobre la calidad del aire y sobre las actividades productivas y extractivas. Como se recuerda, estos nuevos estándares elevaron el estándar de dióxido de azufre (SO2) pasó de una emisión de 20 ug/m3 diario a 250 ug/m3. La nueva norma se hizo oficial a través del decreto supremo 003-2017-MINAM. La SPDA, AIDA y otras organizaciones enviaron sus observaciones y aportes, entre ellas la de no flexibilizar los estándares en el caso del azufre. Sin embargo, la mayoría de estas recomendaciones no fueron tomadas en cuenta. Grabación Presentaciones
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Estado y empresas no protegen adecuadamente ddhh
(Columna publicada originalmente en Animal Político) La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce que las empresas están obligadas a respetar los derechos humanos. Tras visitar México, expertos del Grupo de Trabajo creado por la ONU para abordar ese tema insistieron en esa obligación y, entre otras cosas, evidenciaron que en el país el Estado y las empresas no actúan apropiadamente para cumplir ese deber. Tal reconocimiento está contenido en el informe que sobre su visita a México en 2016 elaboró el Grupo de Trabajo y que dio a conocer oficialmente el 8 de junio pasado en Ginebra. Aunque el informe podría haber sido más contundente, el mismo constituye una herramienta importante para que el país avance en el cumplimiento de sus obligaciones internacional en materia de derechos humanos. El Grupo de Trabajo tomó en cuenta el informe presentado por la sociedad civil, sector que documentó más de 60 casos de violaciones de derechos humanos por parte de empresas como insumos para la visita, realizada del 29 de agosto al 7 de septiembre del año pasado. Las recomendaciones de los expertos de Naciones Unidas, que el Estado y las empresas deben acatar, establecen los siguientes puntos clave: Diligencia debida. El Grupo de Trabajo de la ONU encontró en México un “ejercicio inadecuado” de la diligencia debida por parte de las empresas y del gobierno, particularmente respecto de proyectos de desarrollo. Las primeras no reportan lo que hacen para detectar y prevenir las consecuencias negativas de sus acciones en las personas, y el segundo no ha establecido parámetros claros sobre la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos en y fuera de México. La diligencia debida implica que tanto el Estado y las empresas deben hacer todo lo posible para respetar los derechos humanos, incluso si las autoridades respectivas no ejercen un control adecuado. En los insumos presentados por la sociedad civil se constató la ausencia de una evaluación adecuada de impactos ambientales en la mayoría de los proyectos desarrollados por empresas. Empresas estatales. En el informe de la ONU se reconoce que las empresas a cargo del Estado deben dar un buen ejemplo. Entre esas empresas están Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En ese aspecto, el gobierno no cuenta con pautas y políticas claras orientadas a modificar la conducta de las empresas mediante mejores prácticas de contratación pública, concluyó el Grupo de Trabajo. En el informe se pide respetar el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, especialmente en el diseño y la ejecución de proyectos a gran escala. “Las consultas deben realizarse lo antes posible en el proceso de diseño de los proyectos y han de dejar abierta la posibilidad de que algunos proyectos no sean viables”, se lee en el documento. La sociedad civil evidenció varios casos en los que el derecho a la consulta no fue respetado y proyectos que, pese a ello, fueron autorizados. El Grupo de Trabajo encontró que “con demasiada frecuencia los ataques contra defensores de los derechos humanos quedan impunes, sin que se realicen investigaciones ni se apliquen sanciones efectivas”. En ese sentido, estableció que tanto los defensores como los periodistas deben estar mejor protegidos, y que los más altos funcionarios de gobierno, así como los directores generales de las empresas, deben dejar en claro que la intimidación y ataques contra los defensores “son inaceptables y no se tolerarán”. En el informe se presenta información de casos ocurridos entre 2010 y 2014, pero no se mencionan los casos acontecidos en 2016, año de la visita. La sociedad civil documentó amenazas y ataques en el 62,5% de los casos de abusos relacionados con empresas. Diálogo y supervisión. En el informe se destaca la falta de confianza y diálogo en el país entre comunidades y empresas, lo cual impide el respeto de los derechos humanos. En ese sentido, el Grupo de Trabajo recomendó acciones tendientes a cambiar esa situación. En el informe se describe además la capacidad limitada de las autoridades competentes para supervisar y controlar la contaminación ambiental derivada de las actividades empresariales. El aporte de la sociedad civil El Grupo de Trabajo de la ONU rescató en su informe los insumos presentados por la coalición de más de 100 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema. De las violaciones de derechos humanas por parte de empresas, documentadas por la sociedad civil, seis casos emblemáticos fueron incorporados en el informe como evidencia tangible de un problema que requiere atención urgente y adecuada. Se trata de los parques eólicos en Oaxaca, instalados antes de la consulta a pueblos indígenas; la consulta rodeada de intimidación, amenazas y otras faltas para que comunidades de Campeche y Yucatán acepten la introducción en su territorio de soya genéticamente modificada; la falta de consulta y la violencia ejercida contra el pueblo Yaqui para la instalación de un acueducto; el proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan, detrás del cual existen ataques contra defensores de derechos humanos; la grave contaminación en el río Sonora por parte de de una empresa minera, y la impresionante contaminación del río Santiago causada por más de 300 industrias de capital nacional y trasnacional. La visita oficial a México de expertos de la ONU sobre empresas y derechos humanos fue un suceso importante para el país, cuyos resultados deben ser implementados. La realidad nacional ha demostrado la grave situación de derechos humanos, en la cual las empresas tienen un rol central y deben implementar sin demora las medidas necesarias, sobre todo las relacionadas con grandes proyectos extractivos y de infraestructura. El Estado, de igual forma, está obligado a proteger efectivamente los derechos de la población, acatar y exigir el cumplimiento de normas y sentencias judiciales, evaluar adecuadamente los proyectos, y exigir procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado antes de emitir permisos. La anteriores son mejoras urgentes para el avance y desarrollo del país, así como para el fortalecimiento de su democracia.
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