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Respetar la naturaleza: ella manda
(Columna publicada originalmente en El País) Combatir el cambio climático requiere planificar políticas públicas y de desarrollo. En las últimas semanas graves deslizamientos han ocurrido en Perú y en Mocoa y Manizales (Colombia). Estos hechos, juntos, han dejado más de 500 personas fallecidas, docenas desaparecidas y más de 100.000 afectadas. Esas tragedias, y otras similares en toda América Latina y el Caribe, tienen algunas cosas en común. Ocurrieron en ciudades y regiones con tasas muy altas de deforestación y cambio de uso del suelo, y en las que se evidenció una deficiente planificación y regulación. Fueron, además, desastres anunciados. Una vez más es claro que cuidar los bosques y las orillas de los ríos, y evitar la deforestación y la erosión, es vital. Son tiempos de cambio climático por lo cual intensas lluvias, sequías, incendios y huracanes serán cada vez más frecuentes e intensos. En Mocoa (Colombia) la noche de la tragedia cayó el volumen de agua equivalente al de 10 días en condiciones normales. Es esencial tomar en serio la protección ambiental y la explotación planificada y sensata de los recursos naturales. Sin embargo, sigue habiendo en las Américas una tendencia extractivista sin adecuado control. La naturaleza se toma en cuenta, sobre todo ante las tragedias, cuando ésta reitera quién manda. La naturaleza, bien cuidada, puede ayudar a salvar vidas. En Mocoa, un bosque ayudó a salvaguardar un área del desastre. Pese a ello, la protección ambiental es vista equivocadamente por algunos como un lujo o incluso como exigencia de personas extremistas. Mientras tanto, año tras año, cientos de personas en América Latina y el Caribe –sobre todo niñas, niños y otras en situación de vulnerabilidad– mueren por sucesos vinculados con sequías o inundaciones, particularmente en los rincones más empobrecidos. En contraste, en los últimos años los Gobiernos del continente han venido debilitando políticas y normas ambientales para promover actividades extractivas más intensas, en nombre del desarrollo. Ya es hora de incorporar con seriedad el medio ambiente en las políticas públicas y en el desarrollo. Pero la tendencia es otra. Incluso personas, movimientos, alcaldes y demás autoridades que buscan proteger el ambiente y el agua de actividades como la minería, son criticados e incluso criminalizados y atacados. Es el caso de Cajamarca (Colombia). Allí, recientemente el 98% de la población decidió, en consulta popular, rechazar un proyecto minero a cielo abierto y proteger sus recursos naturales. La decisión ha desatado una polémica nacional. Se cuestiona si el resultado es obligatorio, aunque la legislación colombiana establece claramente que “la decisión del pueblo es obligatoria”. Sin ahondar en las particularidades jurídicas, lo esencial es el mensaje de fondo: priorizar la protección del agua y el ambiente. A través del voto popular, Cajamarca recordó a sus gobernantes esta prioridad. Varias poblaciones de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Perú y El Salvador, entre otros, han votado de la misma manera. Implementar algunas actividades extractivas es necesario para la sociedad actual, pero ello no implica que deban implementarse todas, a cualquier costo y en cualquier lugar. Debe haber un buen balance, además de explorarse opciones de desarrollo más allá de las extractivas. Dos países en América Latina han demostrado que es posible. Costa Rica prohibió en 2011 por ley la minería metálica a cielo abierto. A finales de marzo, el Congreso de El Salvador hizo lo mismo. El cambio es viable, existen alternativas cuando se evalúan integralmente los costos y beneficios y se entiende que proteger el medio ambiente es ganancia. El Salvador, después de Haití, es el país con mayores índices de deforestación y de degradación ambiental, lo cual ocasiona, entre otros, escasez de agua. Por ello la prohibición de minería metálica. Esto no fue un favor a los ambientalistas. La medida fue analizada por años y tras estudios económicos y sociales, se concluyó que lo mejor para el país es cuidar y restaurar el agua y los bosques restantes. La decisión priorizó la restauración ambiental y sus beneficios sociales y económicos, por encima de los riesgos que los proyectos mineros implican. La degradación ambiental y su impacto en las personas no es un problema ajeno a los Gobiernos y a la sociedad. Por eso los Estados han firmado tratados y otros instrumentos internacionales reconociendo la obligación de proteger el medio ambiente. El Acuerdo de París sobre cambio climático, suscrito por 34 de 35 Estados del continente americano, es de los más recientes. Hoy estos acuerdos deben cumplirse realmente. No todos los proyectos extractivos son viables. Para determinar ello debe haber buena planificación, políticas y marcos legales fuertes e implementables. Herramientas como los Estudios de Impacto Ambiental deben realizarse de manera cuidadosa, objetiva e independiente. Las decisiones deben considerar impactos locales y nacionales de corto y largo plazo. En el mundo ya vivimos la realidad del cambio climático, actuar de otro modo sería ignorante e irresponsable. Y, en caso de que se nos olvide, la naturaleza, seguro nos lo recordará.
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Seminario virtual "El aire limpio y la salud en Perú peligran, conoce el porqué"
El Gobierno de Perú propuso nuevos Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para el aire, aumentando los niveles permitidos de contaminación por dióxido de azufre y material particulado, sustancias que causan enfermedades graves en las personas, sobre todo en niños, niñas y adultos mayores. AIDA preparó, y luego presentó junto con APRODEH, argumentos que demuestran que la propuesta gubernamental ignora la evidencia científica sobre los daños que ambos contaminantes provocan, y las obligaciones internacionales que tienen las autoridades de brindar a su población las condiciones necesarias para una vida digna. En este seminario virtual, expertas y expertos en el tema explicaron en detalle las razones por las que ningún país debe permitir una mayor contaminación del aire. Presentaciones 1. Presentación introductoria: 2. Presentación de Anna Cederstav, Codirectora de AIDA: Grabación
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4 razones para respetar el NO de Cajamarca
(Texto publicado originalmente en Animal Político) “¿Está usted de acuerdo SÍ o NO que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?”. El 26 de marzo pasado, la pregunta fue sometida a consulta popular en esa ciudad colombiana. En un resultado que sienta un precedente para el resto del mundo, el 98 % de los votantes (6,165) rechazó la minería en su territorio, específicamente La Colosa, un megaproyecto de mina a cielo abierto que podría implicar, entre otros daños, la potencial contaminación de fuentes de agua. Ese resultado implica que las autoridades de Cajamarca deben ahora emitir los reglamentos necesarios para asegurar que la decisión del pueblo de prohibir la minería en su territorio se cumpla. Sin embargo, en caso de existir dudas sobre el cumplimiento del mandato popular, presento a continuación cuatro razones de peso, basadas en el derecho internacional, por las que es obligatorio acatar la decisión de Cajamarca. El derecho internacional está conformado por las normas internacionales que regulan las leyes de Estados como el colombiano. Según el mismo: 1. La consulta popular garantiza la participación democrática, que es un derecho humano En el marco de Naciones Unidas, el artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (1966), establece que “la oportunidad de tomar parte en la conducción de los asuntos públicos, directamente o por conducto de representantes libremente elegidos”, es un derecho humano. Así también lo dispone, en su artículo 23, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José (1969). Por lo anterior, los Estados están obligados a implementar medidas para garantizar que todas las personas participen individual o colectivamente en las decisiones que les afectan directamente. En Colombia, la consulta popular está contemplada en la Constitución como un mecanismo que hace posible dicha participación. Entonces, respetar los resultados de una consulta es indispensable para garantizar el pleno ejercicio democrático y los derechos humanos. 2. La consulta popular permite la participación de comunidades para garantizar su derecho a un ambiente sano Según el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda…”. Este principio no sólo ha sido reconocido a nivel internacional como necesario para lograr un desarrollo sostenible, sino que es parte de la legislación ambiental de Colombia. La consulta popular en Cajamarca puso en marcha la aplicación del Principio 10. Las actividades mineras, especialmente aquellas de gran escala como el proyecto minero La Colosa, pueden afectar gravemente el ambiente y las formas de vida de las comunidades. Por ello su participación en las decisiones sobre actividades de ese tipo es esencial para garantizar su derecho a un ambiente sano. Otras instancias internacionales han reconocido la importancia de tomar en cuenta a las comunidades en decisiones relativas a su desarrollo. Por ejemplo, el artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana (2001), adoptada en el marco de la OEA, señala: “[l]a participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia”. 3. La consulta popular hace realidad la prevención ambiental Herramientas de derecho ambiental internacional como la Declaración de Estocolmo (1972) y la Declaración de Río, reconocen la importancia de prevenir daños ambientales antes que ocurran, lo que implica adoptar medidas previas. Los habitantes de Cajamarca, conociendo los impactos graves que la minería puede tener en su territorio, especialmente megaproyectos como La Colosa, impulsaron la consulta popular. El resultado de esa votación evidencia que la comunidad quiere evitar los daños ambientales de los proyectos mineros y que dio un mandato a las autoridades para adoptar medidas en ese sentido. 4. Existen límites al derecho al desarrollo de los Estados De acuerdo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los Estados tienen el derecho al desarrollo, lo que implica que pueden explotar sus recursos naturales incluso a través de concesiones. Sin embargo, el Estado debe respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas que puedan verse afectadas por proyectos orientados a conseguir ese desarrollo[1]. En ese sentido, el incumplimiento de normas ambientales y sobre derechos humanos, puede derivar en daños a las personas y a entornos naturales y violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2]. La decisión expresada legítimamente por la población de Cajamarca protege los recursos naturales de los efectos nocivos de la minería. Por tanto, su cumplimiento es necesario para garantizar derechos civiles, políticos y el derecho a un ambiente sano en Colombia, así como para servir de ejemplo a otros países de la región. Así lo confirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “El progreso social y la prosperidad económica solo se pueden mantener si nuestros pueblos viven en un entorno saludable y nuestros ecosistemas y recursos naturales se utilizan cuidadosamente y de manera responsable”[1]. El derecho internacional respalda firmemente la consulta popular y sus resultados. El Estado colombiano, en todos los niveles, debe honrar sus obligaciones y acatar la decisión. El mundo sigue con atención la experiencia de Cajamarca, un ejemplo global de participación ambiental a nivel local. [1] CIDH. Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador. Capítulo VIII. OEA/SerieL/V/II.96, doc. 10 rev. 1, 24 de abril de 1997. [2] CIDH. Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador. Capítulo VIII. OEA/SerieL/V/II.96, doc. 10 rev. 1, 24 de abril de 1997. [2] CIDH. Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador. Capítulo VIII. OEA/SerieL/V/II.96, doc. 10 rev. 1, 24 de abril de 1997.
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Los océanos necesitan mucho más de nosotros
Por décadas, los océanos nos han protegido de los impactos del cambio climático, absorbiendo el 90% del exceso de calor provocado por el calentamiento global. Son fuente de alimento y de recursos genéticos con los que se producen medicamentos como aquellos que combaten el cáncer. Y, por si eso fuera poco, millones de familias dependen del turismo y otras actividades económicas relacionadas con el mar para subsistir. Pese a su importancia, gran parte de los océanos está desprotegida. Se trata de alta mar, las aguas internacionales que ocupan el 64% de la superficie total del océano, y que no están gobernadas por ningún país. Las medidas de gestión que sí existen por parte de ciertos organismos, dan lugar a un mosaico de protecciones sin ningún mecanismo de coordinación. El mes pasado, participé en la tercera reunión del Comité Preparatorio de Naciones Unidas, un proceso que busca crear un nuevo tratado, bajo la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, para proteger la vida en alta mar. La negociación busca, entre otras cosas, la creación y el manejo adecuado de Áreas Marinas Protegidas en alta mar, regiones que permitirían conservar y rescatar la rica biodiversidad albergada en los océanos. He estado involucrada desde la primera reunión del Comité. AIDA es miembro del High Seas Alliance, una coalición de organizaciones que participa activamente del proceso. También somos la única organización de Latinoamérica con representación en las reuniones. En la tercera reunión, los representantes de gobiernos de la región participaron de forma activa, expresando la necesidad de un acuerdo fuerte. Se espera que la siguiente reunión, prevista del 10 al 21 de julio, dé paso a una Conferencia Intergubernamental, instancia en la que se negociará el contenido del tratado. Protección a un costo muy alto Además de absorber la mayor parte del exceso de calor del planeta, los océanos absorben casi el 30% de todos los gases de efecto invernadero, los cuales son responsables del cambio climático. Esta protección natural les trae graves consecuencias. Al interactuar y absorber agentes contaminantes como el dióxido de carbono, los océanos sufren de acidificación —fenómeno que reduce los niveles de calcio, sustancia necesaria para las conchas de varias especies de fauna marina— y de pérdida de oxígeno, esencial para la vida bajo el mar. Esos impactos afectan, en consecuencia, la provisión de alimentos y la generación de fuentes de empleo en rubros como el pesquero y el turístico. A la luz del nuevo pacto climático, el Acuerdo de París, y de la negociación de este nuevo tratado para alta mar, los gobiernos deben hacer mucho más para proteger a los ecosistemas marinos de los impactos del cambio climático. Áreas Marinas Protegidas El Congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha llamado a los gobiernos a proteger el 30% de los océanos mediante la creación de Áreas Marinas Protegidas y otras medidas para asegurar la salud de los mismos. Hace dos años, Palau, uno de los países más pequeños del planeta, dio un gran paso hacia el cumplimiento de la meta global de preservar nuestros mares. La nación isleña del Pacífico Norte, reconociendo los beneficios de una reserva marina totalmente protegida, designó al 80% de su territorio marítimo (el tamaño de España) como reserva en la que no puede haber pesca de arrastre, minería u otra actividad extractiva dañina. De ese modo, Palau protegió a las cerca de 1.300 especies de peces y 700 tipos de coral que viven en las aguas de ese rincón del mundo. En América Latina, países como Chile, Ecuador y Costa Rica han seguido el ejemplo de Palau y han salvaguardado áreas en sus aguas nacionales. Pero esas acciones necesitan incluir también a alta mar. Ese impulso debe seguir creciendo para desarrollar el nuevo tratado de alta mar y asegurar que el mismo incluya un proceso para establecer Áreas Marinas Protegidas, incluyendo reservas. En más de 10 años de trabajo como abogada ambiental, he aprendido una valiosa lección: toda la vida que nos rodea proviene de los océanos. Es hora de cuidarlos como ellos cuidan de nosotros.
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Victoria en Colombia: Ciudadanos votan para prohibir la minería en su territorio
El 26 de marzo de 2017, 98% de los votantes de Cajamarca, Colombia, rechazaron de manera decidida la minería en su territorio. Según la legislación colombiana, los resultados de la consulta popular son vinculantes. Las autoridades municipales deben emitir ahora regulaciones para implementar la prohibición. AIDA fue parte del equipo legal que asesoró a la comunidad de Cajamarca y que desarrolló una estrategia, que incluyó la consulta popular, para detener el proyecto de una mina que amenaza con contaminar fuentes de agua. Se trata de La Colosa, proyecto a cargo de la empresa AngloGold Ashanti que estaba en fase de exploración. El nombre es apropiado porque estaría entre las 10 minas de oro a cielo abierto más grandes del mundo, y sería la segunda más grande de América Latina. En un país que está saliendo de un conflicto armado que duró 50 años, la consulta popular constituye una victoria no solo para el ambiente, sino también para la democracia. Prohibir la minería a través de la consulta popular, demuestra un compromiso para resolver los problemas ambientales de forma pacífica y participativa. Permite además que los ciudadanos ejerzan su derecho humano a ser parte de los asuntos públicos que les afecten directamente —elemento fundamental de la verdadera democracia— , y defiendan también su derecho a un ambiente sano.
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¿Por qué Colombia no debe reanudar la fumigación aérea con glifosato?
En 2015, el Gobierno de Colombia apostó por el ambiente y la salud humana cuando decidió suspender en el país la fumigación aérea de cultivos considerados ilícitos con glifosato y otros químicos. Sin embargo, existe un proceso judicial en curso ante la Corte Constitucional colombiana al cabo del cual podría haber un fallo que abra camino para una posible reanudación de ese tipo de fumigación. Dicha práctica tiene su origen en el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG), parte del llamado Plan Colombia, lanzado hace casi dos décadas con el apoyo de Estados Unidos. La Corte deberá decidir ahora si la fumigación respeta o no los derechos humanos. En AIDA creemos firmemente que la respuesta es no. A continuación les contaré porqué Colombia no debe retroceder en sus esfuerzos de evitar los impactos negativos de la fumigación aérea con glifosato en comunidades y ecosistemas. Según la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, el glifosato es una sustancia probablemente cancerígena para las personas. También se ha reconocido, a partir de información científica, que puede causar problemas dermatológicos, abortos, daño a nivel celular o enfermedades neurodegenerativas.[1] Además, de acuerdo con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA), la mezcla de glifosato y la forma en que se utiliza, amenaza la biodiversidad, especialmente a peces y anfibios. El Principio de Precaución “Principio 15. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.” Así está definido el principio de precaución en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992). Su objetivo es evitar riesgos inciertos, graves e irreversibles para las personas y el ambiente. El principio está incorporado en la legislación colombiana desde 1993 y, en el caso de la fumigación aérea con glifosato, es claramente aplicable. De hecho, con base en el mismo, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales decidió, en septiembre de 2015, suspender el Plan de Manejo Ambiental del programa de fumigaciones y detenerlas. Aunque no se cuenta con estudios sobre la dimensión de los impactos de la implementación del programa, existe evidencia científica sobre los impactos graves e irreversibles del glifosato en la salud humana y el ambiente. En consecuencia y en cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales, el Estado colombiano debe seguir aplicando el principio de precaución para proteger a la población y al patrimonio natural del país de los daños del glifosato y demás químicos nocivos. Ante la Corte Los argumentos mencionados arriba fueron presentados también ante la Corte Constitucional por AIDA y la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, como parte del proceso judicial relacionado con el programa de fumigaciones. Le dijimos a la Corte que aún es necesario que el Estado mantenga la suspensión de las fumigaciones para evitar la consumación de los daños de su implementación durante muchos años. Hasta no contar con estudios científicos objetivos, independientes e integrales que demuestren que el programa de fumigaciones es seguro, dicha actividad no puede ser reactivada. Los estudios deberán tener en cuenta las características específicas del programa y las condiciones ambientales y sociales de los lugares afectados. Asimismo, se deberá considerar los impactos ambientales acumulativos. El proceso judicial responde a una acción legal presentada por el municipio de Nóvita, región del Chocó, contra varias entidades del gobierno por vulnerar derechos fundamentales de comunidades indígenas y afrodescendientes a raíz de la fumigación aérea con glifosato para erradicar cultivos de coca y amapola en la zona. AIDA apoyó esos esfuerzos locales con argumentos de derecho internacional, abogando por la aplicación del principio de precaución para velar por la salud y el ambiente. Quedamos ahora a la espera de la decisión de la Corte sobre un tema de trascendental importancia para el país y el continente. ¡CONSULTA el documento que AIDA y la Red por la Justicia Ambiental en Colombia presentaron ante la Corte Constitucional! [1] http://www.ideaspaz.org/img/website/documents/informe-c-comision-asesora.pdf
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Seminario virtual "Políticas públicas, impactos y resistencias al fracking en América Latina"
La explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking ha buscado expandirse en distintos países del continente, aún con las evidencias ya existentes sobre sus graves impactos negativos para las poblaciones, el ambiente y el clima. Ante esta situación, la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking da a conocer Última frontera. Políticas públicas, impactos y resistencias al fracking en América Latina, informe que aborda la situación del fracking en seis países del continente, alerta sobre los impactos e informa sobre las resistencias locales. Desde la Alianza queremos contribuir a instalar la discusión sobre un urgente cambio en el modelo energético de nuestra región, hacia uno que sea sostenible y justo. En este seminario virtual, expertas y expertos de diferentes organizaciones y países de América Latina, presentaron el informe regional sobre el avance del fracking en América Latina, haciendo énfasis en los casos de Colombia y Chile. Grabación Presentaciones
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Mi experiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
"Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que más nos asusta.” - Marianne Williamson Sentada ante la Corte, una mujer en una larga fila de observadores, mi pulso se aceleró. Por primera vez en mi vida me quedé sin palabras, sobrecogida de asombro. Frente a mí, sentados en el estrado y vestidos con sus togas, estaban seis hombres y una mujer. Eran los siete jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hablar en público es algo que hago frecuentemente y con facilidad, pero esta vez estaba ¡realmente nerviosa! Mi corazón iba a explotar y tenía un nudo en la garganta. Estaba muy consciente del poder de lo que estaba a punto de decir. Sentí profundamente la fuerza de mis colegas de AIDA. Me senté erguida, respiré hondo y me incliné para acercarme al micrófono. Comencé a hablar. Mis palabras llevaban la influencia de los últimos 20 años. Estaba representando a AIDA en nuestra primera intervención ante el organismo internacional de derechos humanos más importante del continente americano. Habíamos sido invitados por la Corte para comentar la opinión consultiva hecha por el Gobierno colombiano acerca del vínculo entre la degradación ambiental y los derechos humanos, una cuestión que es la esencia de nuestra misión. La pregunta básica a tratar era la siguiente: Si un megaproyecto daña el ambiente marino del Gran Caribe y, como resultado, vulnera o amenaza derechos humanos, ¿de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, el Estado que implementa el proyecto debería ser responsable? Cuando comencé mi carrera en derecho ambiental hace 20 años, justo ésta fue una de mis metas. Soñaba con estar involucrada en este tipo de conversación ante la Corte, con influir en la jurisprudencia de la institución encargada de proteger los derechos humanos de las personas del continente. Ahora, siendo orgullosamente codirectora de AIDA, esos sueños se han hecho realidad. No solo para mí, también para las y los valientes y dedicados abogados con quienes trabajo. El documento que elaboramos representa incontables horas de investigación y análisis, las contribuciones de personas expertas en derechos humanos y en derecho ambiental, décadas de experiencia, y vidas profesionales de dedicación. Lo elaboramos para que la Corte reconozca la protección ambiental como una cuestión de derechos humanos, y que un ambiente sano es esencial para el disfrute de todos los derechos humanos. Esperamos que el documento muestre a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que incorporar estándares y derecho ambiental internacional, puede ayudarles a cumplir su misión. Recordar los meses de trabajo y las opiniones expertas contenidas en el documento, me dieron tranquilidad ese día. Los testimonios que escuché fueron música para mis oídos: más de 20 personas de Estados y de organizaciones de la sociedad civil, una tras otra, hablaron de la relación entre derechos humanos y ambiente; se refirieron al poder de usar el derecho ambiental internacional para proteger a personas y comunidades. Los argumentos que construimos juntos, hicieron que el vínculo entre ambiente y derechos humanos quedara claro como el agua. Tuvimos la oportunidad histórica de resaltar cómo, en algunas situaciones, la destrucción ambiental viola derechos humanos. Proteger nuestro ambiente, por tanto, es una obligación internacional de todos los Estados de las Américas. Cuando terminé de hablar, respiré profundo de nuevo, me alejé del micrófono y me recosté en la silla. Sonreí al ver mi teléfono iluminarse con mensajes de mis colegas de todos los rincones del continente. Finalicé reflexionando con felicidad sobre los últimos 20 años, y totalmente revitalizada para 20 más. Terminé la audiencia llena de gratitud y orgullo hacia mi equipo. Reiteré el poder que tenemos —como AIDA, como abogados y abogadas, como ciudadanos, como seres humanos— para lograr cambios. Sin duda, aunque parezcamos pequeños, no estamos solos. Juntos somos poderosos y, juntos, somos capaces de construir un mundo mejor. La decisión está ahora en manos de la Corte, cuya opinión tiene el poder de influir en el futuro del desarrollo en el continente americano.
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Costa Rica da un gran paso por sus humedales
Desde el pasado 6 de marzo, los ríos, lagos, manglares y otros humedales en Costa Rica, gozan de una mejor protección. En esa fecha, el gobierno de ese país emitió por primera vez una política pública orientada al manejo sostenible de esos ecosistemas. Se trata de la Política Nacional de Humedales 2017-2030, creada para preservar y revitalizar esos entornos, y la gran biodiversidad que albergan, sin afectar a las comunidades cercanas que dependen de ellos. Tras casi año y medio de trabajo conjunto, el Ministerio de Ambiente, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lograron concretar este histórico instrumento de política pública. Desde AIDA fuimos parte del proceso de elaboración de la política, aportando comentarios desde la perspectiva del derecho ambiental internacional. En el pasado, hicimos una contribución similar en México. “Buscamos asegurar que la Política Nacional de Humedales estuviera en línea con las obligaciones de Costa Rica con la Convención Ramsar, tratado intergubernamental que establece que todos los países necesitan una política de ese tipo, además de otras acciones para proteger a los humedales de su territorio”, explica Gladys Martínez, abogada sénior del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA. La Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica define a los humedales como ecosistemas que dependen de regímenes acuáticos tanto dulces como salobres, naturales o artificiales, y que pueden ser permanentes o temporales. Por lo tanto, los humedales no son solo cuerpos de agua como ríos y lagos, sino también esteros, manglares, llanuras de inundación, arrecifes de coral y aguas marinas, entre otros. “En Costa Rica tenemos miles de humedales que representan el 7% del territorio nacional y esta Política ayudará a mejorar la gobernanza y la protección de estos recursos, saldando una deuda histórica con un elemento vital para nuestros ecosistemas”, informó el Ministro de Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez en un comunicado difundido por su despacho el 6 de marzo, con motivo del lanzamiento de la política. Los cinco componentes principales de la política El plan de acción de la política pública se basa en cinco ejes centrales: Conservación de los humedales, sus bienes y servicios: Busca evitar futuras pérdidas de humedales y mitigar factores que pongan en riesgo su salud y funcionamiento. Se propone además ordenar el territorio en el que están mediante un Inventario Nacional de Humedales. Adaptación climática y uso racional: Busca identificar cuáles son los humedales más vulnerables ante el cambio climático y llevar a cabo acciones de mitigación. Rehabilitación ecológica: Una vez identificados los humedales vulnerables, se prevé llevar a cabo acciones de recuperación. Fortalecimiento institucional para una gestión adecuada: Se aboga por lograr una mejor coordinación y articulación entre las entidades a cargo de la administración y conservación de humedales. Participación inclusiva: Se pretende que la ciudadanía se involucre y participe en los procesos de conservación de humedales. Consulta ciudadana y ejemplo a seguir Cabe destacar el último punto, referido a la inclusión de las comunidades, porque en lugar de alejarlas de la toma de decisiones, el gobierno reconoce que es importante consultarles ya que muchas de ellas basan sus medios de subsistencia en la salud de los humedales y otros entornos. “Lo más importante es que además de cumplir con la Convención Ramsar, se está cumpliendo con otras convenciones internacionales que hablan sobre la consulta”, dice Gladys. La nueva política costarricense representa un avance significativo en la defensa del ambiente. Cada vez más países se alinean a Ramsar y demuestran a la región que las políticas ambientales son posibles y efectivas, superando así el obstáculo común de la burocracia. En AIDA estamos felices de decir “¡pura vida!” a los humedales. ¡Esperamos que más países se unan a su protección!
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Seminario virtual "Rumbo a la 16va reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima"
Entre el 4 y el 6 de abril, la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima tendrá en Songdo, República de Corea, su 16va reunión, la primera de este año. Entre los temas importantes de la agenda de trabajo están la revisión de propuestas de financiamiento; el acuerdo sobre los términos de referencia para el Mecanismo Independiente de Quejas; la evaluación del Programa de Ayuda a la Preparación o Readiness Support; y la participación del sector privado en el Fondo. En este seminario virtual, miembros de entidades acreditadas ante el Fondo y de su Secretariado, así como de la sociedad civil de América Latina, compartieron sus expectativas en torno a la reunión. Grabación Presentaciones
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