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Seminario virtual "El Fondo Verde, rumbo a dar financiamiento por USD 2.5 mil millones"
Del 28 al 30 de junio, la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC) celebrará su reunión número 13 en Songdo, Corea del Sur, su sede. Esta reunión es importante porque en ella la Junta debe aprobar nuevas propuestas de programas y proyectos rumbo a la meta establecida para 2016 de otorgar financiamiento por un valor de 2.5 millones de dólares. En la reunión, la Junta también debe tomar otras decisiones, entre ellas las referentes a mejorar la relación entre el Fondo y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), una estrategia para la acreditación de entidades, y la revisión del Programa de Ayuda a la Preparación. Debe además aprobar lineamientos para la apropiación doméstica de programas y proyectos financiados por el Fondo. En este seminario virtual, representantes de gobierno, del Secretariado del FVC y de la sociedad civil abordaron esos y otros temas. Grabación Presentaciones Breve resumen Consúltalo AQUÍ.
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Reivindicando mis ideas verdes
A Didaskó lo metieron preso por tener “ideas ideológicas”. Su pequeña hija fue a visitarlo a la cárcel y le llevó un obsequio: un dibujo de pájaros. El dibujo no pasó la censura del carcelero y fue destruido. Al domingo siguiente, la niña volvió a visitar a su padre. Esta vez le llevó un dibujo de árboles, que no estaban prohibidos. Didaskó agradeció el hermoso dibujo, sin embargo, le llamaron la atención varios círculos de colores entre las hojas de los árboles. Entonces le preguntó a su hija: “¿Son naranjas? ¿Qué frutas son?” La niña lo hace callar: “Ssshhhh”. Y en secreto le explica: “Bobo. ¿No ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas” (Extracto de Los pájaros prohibidos de Eduardo Galeano). En Bolivia, desde fines de 2011, es riesgoso expresar “ideas ideológicas” verdes: ideas que reclamen la conservación de los ríos y bosques, que exijan el derecho a la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas y que cuestionen las políticas extractivas del gobierno. Tiempos de censura En 2011, el país vivió uno de sus mayores conflictos socioambientales. El gobierno del presidente Evo Morales inició la construcción de una carretera que atravesaría el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure (TIPNIS). Una gran cantidad de comunidades indígenas, organizaciones urbanas, ONG y ciudadanos en general, se opusieron. Desde entonces el Presidente, el Vicepresidente y otras autoridades nacionales censuran y amenazan a las organizaciones y personas que objeten la insostenible explotación de recursos naturales en Bolivia. En mayo de 2015, el gobierno aprobó una norma que autoriza la exploración y eventual explotación de hidrocarburos en las 22 áreas protegidas del país. Y, en junio de ese año, el presidente Morales amenazaba: “…quiero decirles: ONG, fundación que perjudique la exploración de los recursos naturales se va a ir de Bolivia…”. Las principales autoridades han expresado además en varias oportunidades que los bolivianos no vamos a ser “guardabosques del norte”. Yo quiero reivindicar la vocación del guardabosque, así como la autonomía de pensamiento y libre albedrío de quienes creemos en la conservación y aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales. Mis “ideas ideológicas” verdes me vienen de tres vetas: mis raíces y algunos puñados de inspiración e indignación. Mis raíces se remontan a un pueblo andino que trepa por una montaña y se ubica en Independencia, Ayopaya, en el departamento de Cochabamba. Allí mi sombra se encuentra con la de mi abuelo, quien hunde sus manos en la tierra negra de la ribera del río ante un bosque mágico de árboles barbudos. Mi inspiración brota del silencio y de la reverencia que siento por la vida de árboles, montañas y pájaros inmemoriales. Mi indignación es una voz que no quiere callar ante la violencia y destrucción de lo más débil. Mucha gente del Sur y el Norte compartimos ideas y vetas similares. También las compartieron líderes muy importantes de la historia latinoamericana, como Simón Bolívar, Andrés de Santa Cruz y Germán Busch. Los dos primeros fueron pioneros en la creación de leyes para la protección de nuestra fauna y bosques silvestres, mientras que Busch hizo del Sajama el primer Parque Nacional de Bolivia en 1939. Seguramente nadie en Bolivia o en la región podría poner en duda los altos ideales de interés colectivo de esos mandatarios. Hacer política: ¿Monopolio del gobierno y los partidos políticos? El Presidente y Vicepresidente de Bolivia han señalado que las ONG del país deben cuidarse de hacer política. Lo anterior suena a una sentencia de muerte a las bases y valores de pluralismo y participación social en los que se funda el Estado Plurinacional de Bolivia. Hoy como antes es imprescindible reivindicar el derecho a hacer política que tenemos las y los bolivianos, entendiendo política como el compromiso, la visión y la acción en favor del interés colectivo. Esa política es el fundamento de nuestra democracia participativa. La Constitución Política del Estado establece el deber de todas y todos de hacer política. Lo hace por ejemplo cuando nos obliga a cumplir y hacer cumplir las leyes, o cuando nos manda a proteger los recursos naturales y preservar los derechos de las futuras generaciones. La posibilidad de hacer política ciudadana en el país, de modo complementario a la que realizan los funcionarios de gobierno y los partidos políticos, requiere que el Estado respete y garantice de forma irrestricta la libertad de pensamiento y asociación. No existe razón de Estado que justifique la limitación o vulneración de tales libertades y derechos. En AIDA promovemos el ejercicio del derecho al ambiente sano. Creemos firmemente que una sociedad civil fuerte es imprescindible para lograr la implementación efectiva del mismo.
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La crisis del aire y el camino para hacerle frente
(Texto publicado originalmente en Animal Político) El ozono está provocando continuas alertas ambientales en la Ciudad de México, pero ¿sabías que ya existe un marco legislativo y regulatorio para combatir no sólo el ozono sino otros contaminantes climáticos de vida corta (CCVC)? La Ciudad de México estuvo recientemente a punto de entrar en emergencia por la mala calidad del aire. Faltó muy poco para que se ordenara el cierre de las gasolineras, se prohibiera la circulación de la mitad de los vehículos, se suspendieran clases y el trabajo de oficinas de gobierno, se cerraran varios comercios gastronómicos y se redujeran a 60% ciertas actividades industriales, entre otras medidas extremas. El protagonista de una crisis que no se vivía en 14 años es el ozono tropósferico, considerado uno de los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), grupo en el que también entran el carbono negro, al metano y los hidrofluorocarbonos (HFC). Los CCVC son agentes atmosféricos que contribuyen al cambio climático y degradan la calidad del aire. Se les llama así porque tienen una vida útil relativamente corta en la atmósfera, de entre algunos días hasta décadas. Por ello la reducción de sus emisiones supone una oportunidad inmediata para lograr resultados a corto plazo en la mitigación de los efectos del cambio climático y en la mejora de la calidad del aire en México y el mundo, lo que incide en la salud de las personas. Cerca del colapso En la Ciudad de México se utiliza un parámetro llamado IMECA (Índice Metropolitano de la Calidad del Aire) para medir el equilibrio químico del aire con números enteros y fáciles de entender. El 5 de mayo, el ozono (O3) llegó a 192 puntos IMECA, lo que equivale a 0.1929 ppm (partículas por millón). Cuando este contaminante llega a 0.2 ppm (alrededor de los 200 IMECA) puede provocar lesiones en los tejidos de las personas. ¡Sólo faltaron ocho puntos para que eso ocurriera! La urbe lleva varios meses en un ir y venir de la Fase 1 del Plan de Contingencia Ambiental, cuya medida más famosa e impopular es el programa “Doble Hoy No Circula”, el cual dispone que los autos dejen de circular dos veces por semana en lugar de una, como es lo habitual. Sin embargo, de haberse declarado la Fase 2, la más extrema, se hubiera dividido a los autos en placas con números pares o nones y ordenado que una mitad no circulara. Pero circular o no, es lo menos importante, cuando nuestra salud está en juego. Sobre el ozono troposférico El ozono es un gas que existe en dos capas diferentes de la atmósfera. El que se encuentra en la estratósfera (la parte más alta) absorbe la radiación ultravioleta y nos protege de los rayos peligrosos del sol. El que está en la tropósfera (atmósfera inferior, desde el suelo hasta unos 10 o 15 kilómetros) es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento climático, además de perjudicar la salud humana y afectar el crecimiento de los cultivos agrícolas. El ozono troposférico es un contaminante secundario, lo que implica que no se emite directamente por fuente alguna. Es, más bien, el resultado de una reacción química entre el sol y otros gases conocidos como “gases precursores” que pueden ocurrir naturalmente o ser producidos por el hombre. Los precursores más importantes del ozono son el monóxido de carbono (CO), los óxidos de nitrógenos (NOx) y los compuestos orgánicos volátiles (COV). Estos últimos abarcan una amplia gama de sustancias, entre ellas el metano, y se generan principalmente en las gasolineras, la industria química y los hogares. Una vez que se forma, el ozono permanece en la atmósfera de algunos días hasta unas pocas semanas, lo que es muy poco comparado con otros gases, como el CO2 por ejemplo, que permanece en la atmósfera siglos e incluso milenios después de emitido. Esto es precisamente lo que hace que la mitigación del ozono sea una interesante oportunidad: si reducimos sus emisiones podremos ver los beneficios climáticos y de salud en el corto y mediano plazo. Los impactos del ozono en la salud humana se asocian con enfermedades como la bronquitis, el enfisema, el asma y cicatrices permanentes en el tejido pulmonar. De acuerdo con un informe de la Coalición del Clima y Aire Limpio, organismo internacional cuya misión es reducir los CCVC, el ozono troposférico es responsable cada año de alrededor de 150 mil muertes prematuras en el mundo. Además, afecta la seguridad alimentaria mundial, al disminuir la capacidad de los cultivos para absorber CO2, lo que reduce su rendimiento. En la Ciudad de México, el ozono ha aumentado a causa de la combinación de las altas temperaturas registradas últimamente, que rebasan los 30°C, la radiación solar y otras reacciones químicas. El tema es tan complejo que reducir la actividad vehicular puede incrementar el ozono. Así lo ha advertido el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Controlando los CCVC El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático estima que, en conjunto, los CCVC son responsables de más del 30% del calentamiento climático global, aunque estudios más recientes calculan que ese porcentaje está entre el 40 y 45%. De ello da cuenta el informe Controlando los contaminantes climáticos de vida corta: Una oportunidad para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático. El caso de Brasil, Chile y México, elaborado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) con el objetivo de incentivar la implementación de acciones para reducir los CCVC. En el documento se analiza la situación legislativa y regulatoria de los CCVC en los tres países mediante la revisión de políticas, leyes y programas sobre calidad del aire y cambio climático, relacionados con los CCVC. Según el informe, de los tres países estudiados, México es por ahora el único que ha incorporado a estos contaminantes en su política de cambio climático. Hace poco dio un paso más al incluir los CCVC en las contribuciones nacionales determinadas (INDC, por sus siglas en inglés) presentadas ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). “Sin embargo, el reconocimiento del concepto en diversos instrumentos de política pública no es suficiente para lograr su reducción efectiva. Para esto se necesitan mayores esfuerzos en el diseño de acciones concretas que puedan poner en práctica los diferentes instrumentos de política pública y fortalecer capacidades nacionales, generando sistemas de evaluación de políticas y programas que garanticen la aplicación efectiva de los instrumentos existentes. De igual forma, es necesario mejorar los sistemas de monitoreo de contaminantes y contar con recursos suficientes y confiables para aplicar las medidas diseñadas”, se lee en el informe. Lo que sucede en la Ciudad de México nos obliga no sólo a buscar soluciones urgentes y a pensar en las medidas que nos ayduarán a evitar contigencias ambientales similares. Los CCVC afectan la calidad del aire y aumentan el índice de muertes prematuras al causar enfermedades respiratorias y cardiacas. Además, reducen el rendimiento de los cultivos, causando importantes pérdidas económicas y poniendo en riesgo la alimentación mundial. Por ello, el desarrollo de estrategias que permitan identificar sus fuentes principales de emisión, así como acciones efectivas para reducirlos, debe ser prioridad de corto plazo no sólo para la capital mexicana, también para todos los gobiernos de América Latina.
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Marcelina, la voz del río San Pedro Mezquital
A sus 57 años, Marcelina López tiene una vida sumamente activa. Confecciona su propia ropa, hace hermosa joyería, cría pollos, vende huevos, cocina, es partera y, entre muchas otras cosas, organiza a las mujeres de su comunidad. Conserva aún y sigue al pie de la letra sus tradiciones, las del pueblo indígena Wixárika. Pero quizás lo que más la distingue es su carácter y convicción, cualidades que ha plasmado en su apoyo a una gran causa: la defensa del río San Pedro Mezquital frente al proyecto hidroeléctrico Las Cruces en México. En AIDA nos conmueve profundamente la entrega de Marcelina y nos honra ser parte de la misma lucha. Al igual que ella, queremos que el río San Pedro, el único que aún fluye libre en la Sierra Madre Occidental mexicana, lo siga haciendo. Ha sido inspirador conocer más de esta mujer y de lo que hace. Hablando en nombre del San Pedro Marcelina vive en una casa de barro, construida en lo más alto de una loma, en una pequeña comunidad del estado de Nayarit. Para salir de ella, tiene que caminar hasta una hora y media. Realiza todas sus actividades a pie. Es sin duda una mujer especial. Todos en la región la conocen. Su aspecto es inconfundible. Tiene la mirada de la indígena sabia, su vestimenta colorida, al igual que los collares de chaquira que lleva a diario. Ella misma los elabora multicolor y son una muestra profunda de la importancia de su cultura. Usa siempre una especie de paño ceñido en la cabeza que le da una apariencia de seguridad y sabiduría ancestral. Puede parecer seria, pero Marcelina es en realidad muy amistosa y cariñosa. Marcelina no ha sido ajena a la violencia y al machismo en todas sus expresiones. Ha luchado por tener derecho a voz en las asambleas agrarias y ha sacado a sus hijos adelante como madre soltera en una época. Su pueblo, los Wixárikas o Wixáricas (se pronuncia “wirráricas”) —conocidos en español como Huicholes— son un grupo mayoritario en Nayarit. Habitan la zona oeste central del país, en la Sierra Madre Occidental, principalmente en los estados de Nayarit y Jalisco, y en parte de Durango y Zacatecas. En su lengua nativa, perteneciente a la familia de las lenguas uto-aztecas, wixárika quiere decir “la gente”). Los wixáricas no pasan desapercibidos por lo vistoso de su indumentaria. Para ellos, las ceremonias son fundamentales para la reproducción social del grupo. Son ceremonias en las que piden lluvias, agradecen su cosechas, bendicen su frutos y piden salud. Son, en suma, ceremonias en las que piden vida. Un caudal de vida en riesgo El río San Pedro Mezquital es para Marcelina y su gente el pilar de su vida social, espiritual y económica. En torno a sus aguas se realizan actividades de sustento como la agricultura y la pesca. A lo largo de ellas están al menos 14 sitios sagrados para los Wixárikas. Además, el río alimenta en su desembocadura a Marismas Nacionales, una de las zonas de manglar más importantes de México. Esa fuente de vida es hoy amenazada por el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, propuesto por de la Comisión Federal de Electricidad. El mega proyecto estaría ubicado a 65 kilómetros al norte de la ciudad de Tepic y tendría una capacidad de 240 MW, divididos en tres unidades generadoras con capacidad de 80 MW. Estaría provisto de una cortina de concreto de 188 metros de altura, medida desde su base. Con su excelente español y un acento que tiene huellas claras de otras lenguas, Marcelina se ha puesto de pie en numerosas ocasiones frente a micrófonos y cámaras para defender al río San Pedro y quienes depende de él. “La construcción de esta presa tendrá un impacto demasiado fuerte en nuestra cultura y espiritualidad, puesto que en este río se encuentran algunos de los centros ceremoniales o lugares sagrados para nosotros”, dice Marcelina. “Ahí vamos a dejar nuestras ofrendas para agradecer o pedir no solo por nuestra comunidad, sino por el mundo entero”. Cuando se le pregunta por qué decidió ser parte y voz del movimiento en defensa del San Pedro, ella responde: “Como mujer indígena, me duele, me lastima que nos quieran quitar nuestro río. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos consultaron (sobre el proyecto) como pueblos indígenas? ¿Cuál es el respeto que nos tienen? ¿Por qué nos tratan así?”. Sus cuestionamientos aún no han encontrado respuesta. La construcción del proyecto hidroeléctrico tendría impactos negativos en el territorio, los recursos naturales y en la forma de vida de pueblos indígenas de la zona. Inundaría 4 mil 506 hectáreas. El poblado de San Blasito, algunas tierras comunales y al menos 14 lugares sagrados y un centro ceremonial, quedarían bajo el agua. En AIDA trabajamos para preservar las fuentes de agua dulce y sustento como el río San Pedro Mezquital. Nos motiva saber que hay —y siempre habrá— voces como la de Marcelina, que hablan en nombre de los ríos, que los escuchan y cuidan. Esas voces nos recuerdan que nunca debemos dejar de pelear para que los derechos humanos, las culturas ancestrales, la tierra, el agua, el aire y la vida silvestre sean honrados y respetados. “Nosotros somos las raíces de México", concluye Marcelina. "No es tan fácil que puedan cambiar los lugares sagrados, son como un árbol que se encuentra enraizado; por los ríos corre la sangre de los dioses”.
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Brasil inauguró Belo Monte: ¡No hay nada que celebrar!
El Gobierno brasileño inauguró a lo grande la represa Belo Monte sobre el río Xingú, en plena selva amazónica. Desde AIDA y como organización que representa legalmente a las comunidades indígenas y ribereñas, así como a moradores de la ciudad de Altamira afectados por la hidroeléctrica, consideramos que no hay motivos para festejar. La represa ha sido construida pasando por alto normas nacionales e internacionales en materia ambiental y de derechos humanos. ¡CONOCE MÁS de esta injusticia en palabras de nuestra abogada sénior María José Veramendi Villa!
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Ensayo fotográfico: La vida a la sombra de Belo Monte
En lo profundo de la Amazonía, al norte de Brasil, la tercera represa más grande del mundo se alza sobre el que antes fuera un paisaje de selva exuberante. Bajo su sombra gigantesca viven comunidades indígenas y ribereñas que por mucho tiempo han llamado hogar a la región. Son personas que han vivido y crecido de la generosidad de la selva y del río Xingú. Para la mayoría, la naturaleza circundante es inseparable de su definición de hogar. Pero este hogar está cambiando rápidamente. A medida que la represa Belo Monte está próxima a operar, abriendo sus compuertas, el mundo se ve y siente muy diferente. Grandes extensiones de selva han sido inundadas. Islas han quedado sumergidas por completo. Los peces están muriendo y la vida silvestre huyó. Familias han sido separadas y comunidades enteras, forzadas a dejar sus tierras. La sombra que Belo Monte proyecta es grande y oscura. El estilo de vida de los habitantes de la cuenca del río Xingú ha cambiado drásticamente sin su consentimiento. Sus derechos humanos han sido violados una y otra vez. El cumplimiento de las condicionantes de la licencia por parte de Norte Energía, empresa a cargo de la represa, ha sido inadecuado. Las fotos a continuación muestran a personas y comunidades que viven realidades volátiles de lo que alguna vez fue un espacio pacífico de selva tropical. Son víctimas de la corrupción, la violencia y el abuso que encubren el proyecto de ingeniería más grande de la historia de Brasil. El río Xingú está muriendo. La vitalidad de la Isla Arapujá, visible desde Altamira, le ha sido completamente arrebatada, causando cambios radicales en las corrientes del río. Islas más pequeñas, donde pescadores vivían rodeados de árboles frutales, quedaron sumergidas por el aumento de los niveles del agua causado por el llenado de los embalses de la represa. Un día de enero, las compuertas de la represa se abrieron sin previo aviso y se dice que el río creció siete metros en una hora. Cantidades masivas de peces han ido muriendo. Las personas del lugar dicen que Norte Energía tiene incluso equipos de limpieza que los entierran para ocultar la magnitud de la devastación que sucede a diario. Aguas abajo de la represa, en la Vuelta Grande, el caudal del río se está reduciendo drásticamente; el agua se está volviendo lodo y quedando sin oxígeno. El Xingú muere y también quienes viven de él: el río ha sido por mucho tiempo su hogar, su fuente de alimento y sustento. La construcción de Belo Monte ha tenido impactos severos en la naturaleza, la principal fuente de alimento para las comunidades de la selva durante mucho tiempo. Las comunidades que tienen un modo de vida de subsistencia encuentran que el río y la selva de los que dependen ya no producen lo suficiente, o están demasiado contaminados, para alimentar a sus familias. Los indígenas han sido empujados a la ciudad más cercana, Altamira, para satisfacer sus necesidades básicas. Algunos van allí a comprar comida o al médico; otros han dejado de luchar y han dejado del todo sus aldeas. Muchos de los que llegan a Altamira para quedarse, lo hacen en la Casa del Indio, construida como refugio para el flujo reciente de indígenas. Allí viven en habitaciones atestadas, carecen de instalaciones sanitarias adecuadas y ponen en peligro su salud. Lejos de sus hogares y despojados de su dignidad, enfrentan la dura realidad de una ciudad sobrepoblada y violenta. Siendo la ciudad más próxima a Belo Monte, Altamira ha experimentado cambios drásticos debido a la construcción de la represa. Desde que el proyecto comenzó, su población ha crecido en cerca del 75%; 170,000 personas viven actualmente en una ciudad diseñada para muchas menos. La violencia se ha disparado y barrios enteros han sido destruidos, sus residentes han sido desplazados y casas habitadas por familias toda una vida, han sido demolidas. Incluso los barrios de Norte Energía, que se afirmaba no serían afectados por la represa, están sufriendo sus impactos. El rápido crecimiento ha causado estragos en el sistema de alcantarillado de la ciudad. Los operadores de Belo Monte no han dado ninguna solución al tratamiento de aguas residuales y la ciudad entera está sufriendo la falta de saneamiento básico. Como resultado, es común ver calles inundadas y llenas de lodo. La población demanda respuestas de la autoridad ambiental de Brasil y de Norte Energía, pero sus preguntas no encuentran eco. Los impactos de Belo Monte no solo están forzando que las personas dejen sus tierras, también están desgarrando familias. Con hogares destruidos y aldeas enteras reubicadas, las personas cuyo modo de vida les ha sido arrancado, luchan por adaptarse. Las comunidades están perdiendo contacto con sus tradiciones; hijos están perdiendo contacto son sus padres. Karoline creció en una comunidad rural rodeada de su familia y de una naturaleza abundante que recuerda con mucho cariño. Cuando ella y su familia tuvieron que dejar su tierra, sus opciones eran pocas y se vieron obligados a separarse. Sus padres se quedaron con parientes, y Karoline se fue a Altamira con su hermana. La búsqueda de oportunidades, educación y empleo hizo que también ellas tomaran caminos distintos. Karoline es ahora una adolescente que vive por su cuenta lejos de casa. Como requerimiento para la implementación del proyecto, Norte Energía está obligado a cumplir con ciertas condicionantes en beneficio de las comunidades afectadas. Las condicionantes se han implementado en formas diferentes para situaciones diferentes. Ninguna de ellas podría ser descrita como completa, adecuada o respetuosa culturalmente. Arara da Volta Grande es una de las comunidades que será más afectada por Belo Monte. Sus habitantes viven en la Vuelta Grande del Xingú, donde el caudal del río se ha reducido sustancialmente. Para compensar a la comunidad por los cambios en su modo de vida, Norte Energía les construye “mejores” casas. Aunque están dentro de su territorio, las construcciones están alejadas del río. Son como cajas pequeñas hechas de cemento y con techos que atrapan el calor de la selva en su interior. Están muy lejos de ser las casas de madera, abiertas y con techos de pajas que son tradicionales de la comunidad y cultura de los Arara. En lugar de darles a los Arara un pozo para la provisión de agua limpia, Norte Energía le dio a la comunidad casas en las que sus habitantes no saben cómo vivir; casas que cada día los expulsarán más lejos del lugar donde siempre han estado. Cuando hablamos con miembros de las comunidades indígenas y ribereñas que rodean Belo Monte, escuchamos las mismas respuestas a muchas de nuestras preguntas. La represa está perturbando su forma de vida. Los está aislando de la naturaleza a su alrededor. Está amenazando su cultura, sus conocimientos tradicionales y la estructura misma de sus comunidades. Leoncio Arara, curandero tradicional de los Arara da Volta Grande, dice que ahora vive con miedo. Teme que la represa se rompa, que el agua se desborde e inunde su casa y a su comunidad; teme que los peces mueran, que el agua limpia se seque; teme la disolución de su cultura y la desaparición de su gente, quienes han vivido en y con esta tierra por generaciones. En la selva alguna vez exuberante que rodea a la gran represa Belo Monte, vemos injusticia allí donde miremos. Vemos desplazamiento y devastación ambiental. Lo que no vemos es rendición de cuentas. Por ello hemos llevado el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para hacer que Brasil responda a nivel internacional a las denuncias de violaciones de derechos humanos derivadas de la construcción de la represa Belo Monte. Estamos dedicados a defender a quienes representamos y no descansaremos hasta que ellos y todos quienes han visto sus vidas afectadas por Belo Monte, obtengan justicia.
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Mina Don Diego: experimentando con el patrimonio natural de México
La empresa Exploraciones Oceánicas se precia de ser líder mundial en la búsqueda de tesoros en el fondo marino. Ahora la compañía con capital estadounidense busca aventurarse en el campo de la minería submarina con el proyecto Don Diego, el primero de su tipo en el mundo. El lugar escogido para escudriñar es la Bahía de Ulloa, en Baja California Sur, un lugar de importancia vital para especies vulnerables como la ballena gris y la tortuga amarilla o caguama, y para aquellas de interés pesquero como las langostas, almejas y camarones. El proyecto Don Diego pretende extraer, durante 50 años, 350 millones de toneladas de arena fosfática del fondo marino próximo a la Bahía de Ulloa. Esa cantidad de mineral equivale al 60% de la superficie de la Ciudad de México. De la forma en la que ha sido propuesto, el proyecto amenaza con dañar grave e irreversiblemente el entorno marino, las condiciones de vida de la fauna que éste alberga y los medios de sustento de comunidades que dependen del turismo y la pesca en la zona. El pasado abril, la empresa presentó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Ante esa entidad, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó comentarios en los que evidenció que la MIA carecía de la información técnica suficiente para garantizar que el proyecto no dañará seriamente la Bahía de Ulloa, la pesca del lugar y el hábitat de ballenas y tortugas marinas. En junio de 2015, Exploraciones Oceánicas retiró la propuesta inicial del proyecto. Y, tan solo dos meses después, presentó a la SEMARNAT una nueva propuesta bajo el nombre de Proyecto de Dragado de Arenas Fosfáticas Negras en el Yacimiento Don Diego. “¿Cómo es posible mejorar una Manifestación de Impacto Ambiental en dos meses?”, se pregunta Sandra Moguel, abogada del Programa de Protección Marina y Costera de AIDA. “Aspirando” el lecho marino El proceso planteado en el proyecto se realizaría completamente en alta mar. Implicaría el uso de grandes barcos para dragar el fondo marino en busca de fosfato. La draga de esas embarcaciones se asemeja a una gran aspiradora que succiona todo a su paso, incluidos organismos vivos como conchas y moluscos, así como recursos que contienen nutrientes. La siguiente etapa consistiría en separar el fosfato del material removido y en devolver el material restante al mar, algo que cambiaría la composición química del agua. Por otro lado, el dragado y la consiguiente remoción de material podría desprender elementos tóxicos como partículas de uranio. Para tener certeza al respecto, son necesarios estudios detallados de ecotoxicología. Ante ello, la empresa plantea la construcción de un drenaje a través del cual se controlará el lugar exacto del fondo marino en el que los residuos serán depositados. Sin embargo, es difícil que el sedimento (material sobrante), cuya composición precisa es desconocida, no se esparza. Exploraciones Oceánicas propone también restaurar el fondo marino, aunque no detalla cómo. Especies vulnerables, en riesgo Estudios científicos dan cuenta que ejemplares juveniles de tortuga caguama o amarilla (Caretta caretta) llegan desde Hawái a la Bahía de Ulloa, donde se alimentan. Las poblaciones de tortuga caguama están en peligro de extinción según la Unión Mundial para la Naturaleza y el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. En México, esa especie de tortuga marina sufre ya los impactos de la pesca. Artes de pesca poco selectivas como las redes y el palangre (largas líneas con anzuelos) capturan no solo peces, sino también tortugas marinas (pesca incidental). Por ello organizaciones han solicitado que el Gobierno mexicano adopte medidas para evitar la pesca incidental y realice un ordenamiento pesquero que contribuya a proteger a la tortuga caguama. El proyecto Don Diego constituye una nueva amenaza para esta tortuga debido a la posible interacción de ésta con la maquinaria para el dragado de arena fosfática, y al aumento del ruido en el entorno provocado por la operación minera. Además, como ya se mencionó, la mina provocaría cambios severos en el entorno marino y en la composición de las aguas que son hábitat de la caguama. Otra especie amenazada por Don Diego es la ballena gris. En la Bahía de Ulloa están Puerto López Mateos y San Carlos, sitios a los que cada año llegan miles de ejemplares de ballena gris para dar a luz a sus crías y cuidarlas. La ballena gris, al igual que otras especies de ballena y tortugas marinas que habitan o transitan por la zona (como la caguama), dependen del sonido para comunicarse entre sí, mantenerse unidas y encontrar alimento. El proyecto Don Diego contempla el uso de grandes barcos de dragado, lo que implica la generación de gran ruido en el área. Ese ruido pone en riesgo la sobrevivencia de los cetáceos al causar cambios en su ruta migratoria y comportamiento, e interrumpir la lactancia de los ballenatos, entre otras posibles consecuencias. Dictamen técnico negativo En opinión técnica de la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de Baja California Sur, el proyecto Don Diego “no es viable ambientalmente” en los términos planteados en su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Así lo hizo conocer el 29 de septiembre en una carta al Director General de Impacto Ambiental de la SEMARNAT Alfonso Flores Ramírez. La carta da cuenta que la MIA presenta varias omisiones, las cuales derivan en incertidumbres respecto de los impactos del proyecto en el entorno marino y en las especies que lo habitan. Se menciona por ejemplo que “el estudio no presenta avistamientos [de mamíferos marinos] que sean representativos de [las] condiciones oceanográficas del área del proyecto y que contemplen los procesos biológicos de las especies presentes en la misma”. Ello es necesario para establecer a detalle el grado de afectación del proyecto. Se indica también que el estudio empleado por la empresa para establecer las afectaciones por ruido para mamíferos y tortugas “no permite determinar de manera clara los impactos ambientales” producidos por el mismo. Ante las incertidumbres encontradas, la Secretaría recuerda que el Estado mexicano tiene la obligación, en materia nacional e internacional, de aplicar el Principio Precautorio al evaluar el proyecto Don Diego para “impedir la creación de un riesgo con efectos todavía desconocidos y por lo tanto imprevisibles”. Alerta internacional En octubre, AIDA solicitó al Comité Científico de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas (CIT) analizar las amenazas que el proyecto Don Diego implica para la vida de la tortuga caguama en México. Lo hizo durante la reunión del comité en Viña del Mar, Chile. Ese mismo mes, envió una alerta a la Convención de Ramsar, al Convenio sobre la Diversidad Bilógica, a la CIT y a la Comisión Ballenera Internacional. En ella se llama la atención de esas instancias sobre los riesgos que el proyecto Don Diego implica para especies y hábitats vulnerables en México. Se les pide además que exhorten al Estado mexicano a cumplir sus obligaciones internacionales para proteger la biodiversidad de su territorio y garantizar un adecuado proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto. Por otro lado, en su carta, la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de Baja California Sur le recordó a la SEMARNAT que el 15 de agosto, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) extendió una certificación negativa a México por no haber adoptado un programa regulatorio comparable al empleado en el país del Norte para afrontar la pesca incidental de tortuga amarilla en el Golfo de Ulloa. Por ello Estados Unidos analiza la posibilidad de establecer un embargo pesquero para el país. En ese sentido, la entidad concluyó que “el desarrollo de este proyecto minero en una zona la cual presenta un grave conflicto de índole internacional, pudiera exacerbar de una manera muy significativa la problemática antes señalada”. Una zona tan biodiversa y rica económicamente como la Bahía de Ulloa no puede ser objeto de experimentación. ¿Será posible que el proceso de evaluación de impacto ambiental deje de ser un mero trámite en el país y sea una herramienta real para prevenir daños irreversibles al patrimonio natural? Ojalá las decisiones gubernamentales en torno al proyecto Don Diego den señales positivas en ese sentido. De no ser así, México podría violar tratados internacionales que está obligado a cumplir para la protección de entornos marinos y especies vulnerables.
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Berta Cáceres: punto de quiebre contra la impunidad
Hace ya más de un mes del asesinato de Berta Cáceres, incansable defensora de derechos humanos y el ambiente en Honduras. El hecho generó en poco tiempo un movimiento mundial de repudio y búsqueda de justicia. Es un punto de quiebre para la defensa del ambiente, los derechos humanos en general y, en especial, para la lucha por los derechos de las mujeres y pueblos indígenas de América Latina y el mundo. Por ello el 3 de marzo no se olvida. No alcanzan las palabras para describir adecuadamente quién era y es Berta Cáceres. Ella representaba a la mujer, indígena, ambientalista, mamá, hija, hermana, colega y amiga. Como describió la BBC, es la hondureña que le dobló el brazo al Banco Mundial y a China, pues su trabajo condujo al retiro de dichas inversiones. Por ello su asesinato nos ha dolido tanto. Por ello, en una reacción sin precedentes, en cuestión de horas, miles de organizaciones, instituciones y personas —a nivel mundial— repudiamos el hecho y exigimos justicia. Punto de no retorno Irónicamente, la noche que Berta fue asesinada, vi Selma, película que narra un momento clave de la lucha del Dr. Martin Luther King y el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos por el respeto efectivo de los derechos de los afroamericanos. Hace 51 años, el 7 de marzo de 1965, la marcha que partió de Selma hacia Montgomery, en Alabama, fue reprimida violentamente, generando otras tres marchas que sirvieron como catalizador para que la ley de derechos electorales fuera aprobada, con lo que se evitaron obstáculos fundamentales para ejercer el voto. La película me hizo pensar en cómo el asesinato de Berta debe ser el catalizador para romper con la impunidad sistemática de casos como éste en Honduras y en la región. Es tiempo de evidenciar que la indignación y los pedidos de justicia e investigación de organizaciones y autoridades internacionales tienen un impacto. Honduras, como la Alabama de 1965, acumula años de violaciones sistemáticas a los derechos humanos vinculadas en gran parte a proyectos de infraestructura y minería. Días antes de su muerte, Berta y el COPINH, la organización que dirigía, habían denunciado amenazas por su oposición a la represa Agua Zarca y a los desplazamientos de familias que ésta implica. Hacía años que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había otorgado a ella medidas cautelares que Honduras no estaba cumpliendo. Tras el crimen y dada la gravedad de la situación, el 5 de marzo, la CIDH otorgó medidas cautelares a la familia de Berta, al COPINH y a Gustavo Castro, único testigo del asesinato y quien debe recibir protección. Pero, días después, Néstor García, miembro del COPINH, fue asesinado también. A Gustavo se le impidió regresar a su país pese a que cooperó con la investigación y a que puede continuar haciéndolo en virtud del Tratado de Cooperación Judicial entre México y Honduras. El COPINH y familiares de Berta siguen denunciando amenazas. La OEA, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Relatores Especiales de la ONU y congresistas de Estados Unidos, Costa Rica y la Unión Europea exigieron también investigaciones objetivas y efectivas sobre los hechos. Hay pocos avances hasta el momento. Así lo evidencian la falta de respuesta del Gobierno hondureño y las conclusiones de la Misión Internacional de Observación. La situación en Honduras prueba la realidad alarmante de toda América Latina, particularmente grave en Brasil, Colombia, Perú y México. Múltiples informes concluyen que la región está bajo fuego. Las personas que protegen sus derechos, su tierra y la naturaleza, arriesgan su integridad, libertad e incluso su vida. Financiamiento irresponsable El caso de Berta evidencia también la responsabilidad de las empresas, entidades financieras y otras entidades vinculadas con la represa Agua Zarca. Las amenazas a los derechos humanos y al ambiente del proyecto han sido denunciadas hace años. Por ello el Banco Mundial y la empresa Sinohydro se retiraron del proyecto en 2014. El FMO de Holanda y el Banco Finlandés lo hicieron recién el 16 de marzo, después del asesinato de Néstor García. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) congeló también el financiamiento al proyecto hace pocos días. La situación demuestra además que las hidroeléctricas son una pésima solución energética por sus impactos socioambientales. Honduras y la región tienen opciones para producir energía que promuevan realmente el desarrollo y la disminución de la pobreza. Ya es tiempo de aprender y avanzar al siglo XXI implementando dichas alternativas. El indignante asesinato de Berta y la situación de Gustavo y del COPINH me recuerdan a un amigo periodista que tuvo que salir de su país por lo que escribió. Él decía que las industrias extractivas, incluyendo la hidroenergía, son las repúblicas bananeras de nuestro siglo. Creo que tiene razón. La extracción incontrolada de recursos naturales es hoy para los derechos humanos en América Latina lo que las dictaduras en los 60. No podemos darnos el lujo que suceda lo mismo. Esta vez el resultado debe ser diferente. Lo ocurrido en Honduras debe ser un parte aguas para que por fin se apliquen los estándares internacionales en materia de derechos humanos y ambiente. En el caso de Berta, debe haber cuanto antes una investigación seria, independiente y efectiva. Se debe evidenciar la responsabilidad de las empresas involucradas en Agua Zarca. El proyecto debe ser analizado para hallar alternativas adecuadas. Honduras y todos los Estados involucrados deben implementar correctivos para que lo acontecido no se repita. Quienes trabajamos por las causas compartidas con Berta seguiremos exigiendo justicia. Cada país del continente americano la necesita y merece.
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Conservando la parte del mar que es de todos
En Semana Santa visité con mi familia el Parque Nacional Marino Las Baulas en Guanacaste, Costa Rica. Un guardaparques preparado y comprometido nos habló de las amenazas que las tortugas marinas enfrentan cuando desovan en la costa, y de la importancia de cuidar las playas y evitar desarrollos inadecuadamente implementados. Pero lo que más llamó la atención fue la curiosidad de mis dos hijos, de cinco y tres años de edad, al saber lo mucho que las tortugas debían nadar para poner sus huevos. “Si se pierden, ¿las tortuguitas ya no nacen?”, preguntaron. Para muchos la respuesta a esa interrogante es un misterio y de ahí viene la importancia de proteger la vida en alta mar, en aquellas aguas internacionales que no pertenecen a ningún país y que son, por tanto, un bien común global. Lo que sucede en alta mar, más allá de lo que podemos ver y cuidar desde la costa, es lo que mueve a las más de 33 organizaciones no gubernamentales y a las más de 193 delegaciones en Naciones Unidas que están reunidas en Nueva York para trabajar, durante dos semanas, en la construcción de un acuerdo legalmente vinculante para conservar la vida marina en las áreas que están fuera de cualquier jurisdicción nacional. El acuerdo será implementado bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). AIDA es la única ONG de América Latina que está presente en la Primera Sesión del Comité Preparatorio que busca crear el nuevo acuerdo en el plazo de dos años. Como parte de la High Seas Alliance (HSA) y gracias al apoyo de The Pew Charitable Trusts, estamos trabajando para llevar la voz de la sociedad civil latinoamericana a las negociaciones. Junto con las otras organizaciones que integran la HSA, estamos abogando para que el nuevo tratado cumpla los siguientes principios: Protección y preservación del medio marino de alta mar, incluyendo el cuerpo de agua. Cooperación entre Estados para conservar los recursos vivos de alta mar. Utilización de la mejor información científica disponible para la toma de decisiones. Buena administración de los recursos de alta mar, garantizándolos para las presentes y futuras generaciones. Implementación del principio de precaución según el cual la ausencia de información no puede constituir una excusa para no proteger los ecosistemas de alta mar. Gestión basada en una planificación a gran escala que tome en cuenta la interrelación de la biodiversidad marina. Sostenibilidad y equidad en referencia a la posibilidad de utilizar los recursos para cubrir las necesidad de las generaciones presentes, respetando las necesidades de las generaciones futura. Deberá prestarse especial atención a los intereses y beneficios para los países en desarrollo. Buena gobernanza (transparencia, participación pública y acceso a procedimientos de revisión y recursos) . “Quien contamina, paga”, lo que implica que los Estados que causen contaminación deben asumir su responsabilidad. Cumplimiento y respeto de los compromisos adquiridos bajo la CONVEMAR. Adicionalmente, consideramos de vital importancia que los Estados incluyan la creación de áreas marinas protegidas fuera de las jurisdicciones nacionales para garantizar la conservación y preservación de la biodiversidad marina. Desde AIDA vemos con mucha ilusión y esperanza el compromiso de los Estados durante este primer tramo del largo camino a recorrer. Sabemos que tras estos dos años de negociaciones veremos surgir con éxito un tratado que proteja la biodiversidad marina que pertenece a todos, aquella que es albergada en la mayor porción de nuestros mares. ¡Apóyanos para seguir trabajando hacia esa meta!
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Seminario Virtual sobre Contaminantes Climáticos de Vida Corta
Los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) son agentes atmosféricos que contribuyen al cambio climático y degradan la calidad del aire. Se les llama así porque tienen una vida útil relativamente corta en la atmósfera, de algunos días hasta décadas. Dadas esas características, la mitigación de los CCVC ofrece una oportunidad imperdible para mitigar el cambio climático en el mediano y corto plazo, así como para mejorar la calidad del aire de las ciudades al mismo tiempo. Se consideran CCVC al carbono negro, al metano, al ozono troposférico y a los hidrofluorocarbonos (HFC). En este seminario virtual se presentó un informe que revisa la actual situación institucional y de regulación de los CCVC en Brasil, Chile y México. El documento aborda el marco legal vigente, las fuentes principales de regulación y los instrumentos de política pública en dichos países, concluyendo con recomendaciones para abordar la regulación y mitigación de los CCVC. En el seminario se hizo además un repaso del contexto internacional que influye en la mitigación de estos contaminantes, incluyendo la revisión de las mejores prácticas llevadas a cabo en otros países. Grabación Presentaciones
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