Blog
La Oroya: Una década de lucha y espera por justicia
Desde el día en que nació, Isabel* ha respirado aire tóxico. En los 13 años de su joven vida, ha tenido metales pesados en la sangre.Su ciudad natal, La Oroya, una pequeña comunidad en los Andes peruanos, fue catalogada en 2007 como uno de los lugares más contaminados del mundo. Un complejo metalúrgico ha operado ahí por cerca de un siglo, con muy poca regulación y sin brindar atención a la salud.Los niños como Isabel son los que más sufren por la contaminación tóxica. Sus cuerpos y cerebros en desarrollo son extremadamente vulnerables al plomo y otros metales pesados, los cuales inhiben el crecimiento y suelen provocar daños permanentes.Casi todas las niñas y niños de La Oroya tienen metales pesados en su sangre en niveles que superan los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, muchos residentes sufren enfermedades respiratorios crónicas.Los problemas de salud de la población son resultado directo de la indiferencia por el ambiente de la empresa a cargo del complejo y de quienes viven alrededor del mismo. Y la responsabilidad del Estado peruano yace en su inacción. Es por ello que un grupo de residentes se unió para luchar por la salud de sus hijas e hijos, y por el futuro de la ciudad.El padre de Isabel, Pablo, ha sido uno de los voceros de la lucha de la comunidad contra el gobierno y la empresa estadounidense responsable de contaminar su aire, sus tierras e incluso su agua. No ve otro camino más que continuar en la lucha."¿Qué tipo de mundo dejaremos a nuestros hijos si no defendemos nuestra tierra, si no defendemos nuestra biodiversidad?”, dijo recientemente Pablo en una entrevista. Un grupo de 65 residentes se unieron como peticionarios en un caso que AIDA y otras organizaciones llevaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace 10 años. Desde entonces, 14 personas más han agregado sus nombres a la queja; cuatro han muerto. Hoy, todavía esperan por justicia.En 2007, la Comisión otorgó medidas cautelares, por las cuales solicitó al Estado peruano adoptar las medidas pertinentes para diagnosticar a los beneficiarios y brindar tratamiento a quienes están en una situación de peligro de daño irreparable.Desde entonces, aunque la calidad del aire en La Oroya ha mejorado, el mismo sigue siendo contaminado y el sistema de salud solicitado aún es lamentablemente inadecuado. Hasta ahora, la Comisión no ha presentado su informe sobre los méritos del caso (es decir si hubo o no violaciones a los derechos humanos en el caso analizado). El hallazgo de un mérito incluiría recomendaciones más enérgicas. Si el Estado continuara sin responder, AIDA llevaría el caso a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Por ahora, lo único que los peticionarios pueden hacer es esperar un poco más.A pesar de los años, no cesaremos en la lucha hasta que las personas de La Oroya vean justicia. Creemos que su valentía y lucha tendrán impactos más allá de su comunidad al sentar un precedente para casos futuros a lo largo del continente americano. Una victoria establecería, en el ámbito de la legislación internacional, que los daños por contaminación tóxica son violaciones a los derechos humanos.Esto significaría un futuro mejor no sólo para Isabel y La Oroya, sino también para las comunidades donde las empresas, con poca visión al futuro, tiren sus desechos tóxicos.__* El nombre real fue cambiado por protección de privacidad.
Leer más
Los anuncios de la Presidenta de Chile en la COP22
Blog invitado de Javiera Valencia Espinoza, geógrafa y especialista en cambio climático, Fundación Terram. Es la tercera vez que la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet asiste a un segmento de alto nivel en la Conferencia de las Partes (COP) de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es, por ende, la tercera ocasión en la que un primer mandatario de Chile realiza un gesto político que destaca la importancia de contar con un acuerdo mundial para frenar los impactos del cambio climático. El discurso de Bachelet en la COP22 —realizada del 7 al 18 de noviembre en Marrakech, Marruecos— fue propositivo. Mencionó avances importantes, como la entrega de la Estrategia Nacional de Cambio Climático de Recursos Vegetacionales o que el Acuerdo de París ya se encuentra en el Congreso chileno a la espera de su ratificación. También destacó la creación de la Agencia de Cambio Climático (instancia de articulación público-privada que pretende abordar temáticas de adaptación y mitigación), el enfoque de género y protección de la infancia para las políticas públicas relacionadas; y la meta de lograr un 70% de energías renovables al 2050. Asimismo, la Jefa de Estado abordó el liderazgo de Chile en la protección de los océanos —junto con Francia y Mónaco— y su implicancia con el Acuerdo de París. Finalmente, se refirió al avance en la entrega de documentos técnicos a la Secretaria de Naciones Unidas, como la Tercera Comunicación Nacional y el Segundo Reporte Bienal de Actualización. Sin embargo, desde la sociedad civil no sólo agradecemos el correcto discurso, sino que también solicitamos consistencia y coherencia real entre lo que se menciona y lo que se hace a diario. Así, se necesita financiamiento concreto para las medidas adoptadas y para la implementación de las llamadas Contribuciones Nacionales Determinadas (o NDC por sus siglas en inglés), porque también es imprescindible aumentar la ambición de éstas últimas, y además, generar acciones en distintos niveles, especialmente para paliar los efectos el cambio climático a nivel local. En las Conferencias de las Partes, se presentan grandes oportunidades para hacer gestos políticos de importancia, pero necesitamos traducir los buenos discursos en medidas concretas y eficaces, ya que tiempo es de lo que menos disponemos para actuar frente al calentamiento global. La vulnerabilidad de Chile es muy alta y es valorable que la Presidenta señale que nuestro modelo de crecimiento no es sustentable y que necesitamos migrar a una sociedad baja en carbono. El problema es cómo implementarlo, partiendo por la necesaria voluntad de todos los sectores técnicos-políticos de la administración del Estado. La toma de decisiones debe incorporar transparencia —y acceso a la información—, además de una real inclusión de la sociedad civil (no solo privados), especialmente para aquellas medidas que impactan directamente a los territorios, sus comunidades y ecosistemas. Con el Acuerdo de París se abrió un gran espacio para que la toma de decisiones sea respetuosa y con visión de largo plazo para evitar impactos dañinos. Existe una oportunidad para que, desde el compromiso que tiene Chile en la materia, el avance sea propositivo y se elaboren las reformas necesarias para modificar las actuales carencias en materia ambiental, y no seguir cometiendo los mismos errores — “sin dar paso atrás” — como lo mencionó Bachelet en su discurso.
Leer más
En la Aldea Mïratu, los Juruna lloran la muerte de Jarliel
Marcelo Salazar, Instituto Socioambiental (ISA) Traducción de AIDA del blog publicado originalmente por ISA Jarliel murió cuando se sumergía a 25 metros de profundidad para pescar. Uno de sus hermanos culpa a la represa Belo Monte por haber llevado a los peces hacia aguas profundas, cuando antes estaban en cascadas o en aguas poco hondas, obligando así a los pescadores a inmersiones más peligrosas. Jarliel Juruna o “Jarla”, de 20 años, murió el 26 de octubre al sumergirse para pescar acari marrom, un tipo de pez. Estaba a unos 25 metros de profundidad cuando dejó de respirar y, ya sin vida, fue jalado a la superficie. Fue una tragedia para la Aldea Mïratu, en la Tierra Indígena Paquiçamba, una tragedia para los Juruna* de la Volta Grande, y una tragedia para el río Xingú, en la Amazonía brasileña. Dejó a sus padres, hermanos, esposa e hijo recién nacido sin saber qué hacer ni a dónde ir, atónitos… En un silencio casi absoluto, Giliarde Juruna, cacique de la Aldea Mïratu y hermano de Jarliel, mantuvo la mirada fija en el bosque detrás de la casa de paja donde está la cocina de la comunidad. Otro de sus hermanos, Jair Juruna, el “Negão”, estaba indignado: “Nunca necesitamos pescar acari en aguas tan profundas, pero con la represa los peces que estaban justo allí, en la cascada y en las aguas poco hondas, desaparecieron, y tenemos familias que mantener. Norte Energía (empresa constructora de la represa) está jugando con nosotros. ¿Dónde están los proyectos productivos? Si las cosas estuvieran funcionando, tendríamos otros trabajos y no arriesgaríamos nuestras vidas para mantener a nuestras familias. Ahora miren los resultados”. Al otro lado del continente, en Perú, Bel Juruna representaba a su pueblo en una reunión con otros líderes indígenas de América Latina. Allí hablaba justamente de la violencia ejercida por Belo Monte sobre su comunidad y sobre el Xingú. Cuando se enteró de la noticia, quedó destrozada. No pudo llegar a tiempo al entierro de Jarliel, su hermano más joven y a quien ayudó a criar. Jarla era un joven alegre y juguetón, muy dedicado, que estaba concluyendo el bachillerato y soñaba con pronto entrar a la universidad. Era uno de los guerreros de su pueblo, estuvo en varias de las ocupaciones pacíficas de la represa Belo Monte para luchar por los derechos de los indígenas del Xingú. Algún día, la historia completa detrás de Belo Monte será contada y los impactos reales de la represa en la vida de las comunidades del Xingú, serán reconocidos. Que Jarla se sume ahora al gran guerrero Mïratu en otro plano y una sus esfuerzos a los de quienes se quedaron en la tierra para luchar contra Belo Monte y contra otras formas de destrucción de las comunidades indígenas y tradicionales del Xingú. *Los dueños del río Los Yudja, o Juruna, como son conocidos en la región, viven en las islas y márgenes del Xingú. Son los “dueños del río” por el gran conocimiento que tienen del caudal y por haber migrado, en los últimos siglos, de la naciente hasta la cabecera. La Aldea Mïratu es una de las aldeas de la Tierra Indígena Paquiçamba, ubicada a poco más de 10 kilómetros por debajo de uno de los embalses de la hidroeléctrica Belo Monte. Este pueblo sufre diferentes impactos, uno de ellos en la actividad pesquera. En colaboración con la Universidad Federal del Pará y el ISA, y con el apoyo de la Fundación Mott, los Juruna realizan un monitoreo independiente de la pesca, el cual revela los daños que esa actividad ha sufrido en los últimos años. Jarliel era uno de las personas que hacía ese seguimiento en la aldea Mïratu.
Leer más
El financiamiento climático avanza, pero falta ambición
La vigésimo segunda Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP22), realizada en Marrakech, Marruecos, permitió avances en cuanto al financiamiento que los países en desarrollo necesitan para afrontar los impactos de los cambios extremos en el clima. Sin embargo, las decisiones en ese rubro no fueron lo suficientemente ambiciosas. Contar con recursos económicos suficientes y predecibles es fundamental para planificar y ejecutar actividades de mitigación y adaptación. La COP22, la primera conferencia tras la puesta en vigencia del Acuerdo de París, sirvió para comenzar a establecer los procedimientos para implementar el nuevo pacto global adoptado en la COP21 de París, en diciembre del año pasado. “El encuentro mandó además un mensaje político al mundo: los compromisos establecidos bajo el Acuerdo de París se mantienen por encima de los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, cuyo vencedor desconoció la existencia del cambio climático”, señala Andrea Rodríguez, abogada de AIDA y quien participó como miembro de la sociedad civil en la conferencia mundial en Marrakech. Financiando la lucha contra el cambio climático En materia de financiamiento, componente clave de la lucha contra el cambio climático, se dieron avances importantes. Uno de ellos fue que los países en desarrollo presentaron una hoja de ruta, un plan para movilizar 100 mil millones de dólares a partir del 2020, compromiso contemplado ya por el Acuerdo de París. Aunque el plan es válido, las acciones de los países deben ser más ambiciosas para lograr la meta financiera y garantizar que los recursos económicos estarán disponibles cuando sean requeridos. Por otro lado, en la COP22 se hicieron recomendaciones al Fondo Verde del Clima, el mayor mecanismo financiero para canalizar recursos económicos hacia programa y proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático. Se esperaba que las recomendaciones vayan más en línea con el Acuerdo de París y con instrumentos de planeación adoptados bajo las Naciones Unidas. No obstante, fueron más en el sentido de incrementar el acceso directo al financiamiento y continuar apoyando la preparación de los países para que sus propuestas sean aprobadas con mayor facilidad. AIDA, junto con sus aliados, organizó dos eventos paralelos a la conferencia para analizar los avances alcanzados al momento en torno al Fondo desde la perspectiva de varios de los actores involucrados en el proceso. Los panelistas enfatizaron la necesidad de fortalecer capacidades a nivel nacional para que las propuestas de financiamiento presentadas ante el Fondo sean planificadas y diseñadas con base en las necesidades prioritarias de cada país. En ese contexto, se abordó también la importancia de fortalecer el rol de los actores no gubernamentales en la toma de decisiones para que las mismas resulten en propuestas más integrales y legítimas. En las dos semanas de negociación, hubo incertidumbre sobre la continuidad del Fondo de Adaptación. La decisión adoptada en el tema menciona que el Fondo servirá a la implementación del pacto global y su continuidad fue garantizada gracias al aporte de cuatro países (Alemania, Bélgica, Italia y Suecia) por 81 millones de dólares. Finalmente, en cuanto al financiamiento a largo plazo, se decidió priorizar la movilización de recursos públicos y garantizar apoyo financiero para acciones de adaptación, con una mayor participación del sector privado. Lo que se esperaba eran nuevos compromisos financieros para el periodo posterior al 2020, pero ello no ocurrió.
Leer más
Seminario virtual "Rumbo a la 15ª reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima"
Del 13 al 15 de diciembre, se celebrará la 15ª reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC) en el Estado Insular de Samoa. En esa oportunidad, la Junta tiene previsto aprobar nuevas propuestas de programas y proyectos a ser financiados por el Fondo. Adoptará además una serie de decisiones que le permitan mejorar la operación de la institución financiera. En este seminario virtual, miembros de entidades acreditadas ante el FVC, del Secretariado del Fondo y de la sociedad civil de América Latina, compartieron sus expectativas en torno a la que será la última reunión de la Junta del 2016. Grabación Presentaciones Resumen Consúltalo AQUÍ.
Leer más
Lucha contra el cambio climático: Tiempo de convertir las promesas en acciones
El Acuerdo de París contra el cambio climático comenzó a regir hoy y con él la implementación efectiva de los compromisos que los países del mundo, desarrollados y en camino de serlo, hicieron para contrarrestar el problema. Esos aportes nacionales hicieron posible el consenso global y ahora no pueden ser menos ambiciosos, pero sí mejores. El 5 de octubre, los países de la Unión Europea ratificaron el Acuerdo de París adoptado en la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de diciembre de 2015. De ese modo se alcanzó la ratificación de al menos 55 países que juntos representaran el 55 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, requisito para la entrada en vigor del acuerdo. Esa vigencia es un logro político global importante al que contribuyeron varios países de América Latina que ratificaron el acuerdo de forma temprana: Argentina, Bolivia, Brasil, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú, entre otros. Luego, China y Estados Unidos, los más grandes emisores mundiales, también le dijeron sí al nuevo pacto por el clima. Ahora todos los países que ratificaron el Acuerdo de París pueden poner en marcha sus compromisos nacionales contra el cambio climático, aquellos que presentaron como aportes para la adopción del acuerdo el año pasado. Los compromisos incluyen, entre otras cosas, reducción de emisiones contaminantes, financiamiento de acciones climáticas, actividades de adaptación y mitigación. “Estas contribuciones son legalmente vinculantes y solo podrán ser mejoradas, aumentando así la ambición de las medidas establecidas en las mismas, pero ya no se podrá ir hacia atrás en ellas”, explica Andrea Rodríguez, abogada de AIDA. Para que los compromisos sean una realidad, en cada país se tienen que impulsar acciones orientadas a contar con las normas necesarias y con instituciones fortalecidas. Así se podrán implementar con éxito estrategias climáticas de las que salgan programas, proyectos y tareas específicas de adaptación y mitigación. Desde el punto de los recursos económicos, aquellos de los que dependen los países más vulnerables para hacerle frente a los impactos de los cambios extremos en el clima, la puesta en vigencia del Acuerdo de París puede resultar en un marco financiero internacional más solido, predecible y transparente. Contar oportunamente con dinero suficiente y administrado adecuadamente es clave para que los compromisos se concreten y sean cada vez más ambiciosos. “La entrada en vigor del Acuerdo de París es hito a nivel mundial para al fin comenzar la transformación urgente de la economía y la sociedad hacia un futuro realmente sostenible; la evidencia irrefutable de los impactos del cambio climático nos obliga a ejercer la responsabilidad histórica de actuar rápido y mostrar resultados”, afirma Astrid Puentes, codirectora de AIDA. “América Latina debe demostrar su liderazgo mundial, implementando soluciones adecuadas y alejándose de decisiones anticuadas que aumentan la vulnerabilidad de nuestros países, sacrifican el desarrollo y afectan aún más a personas y comunidades”.
Leer más
Seminario virtual "La COP22: Cita climática estratégica para la sociedad civil de América Latina"
Del 7 al 18 de noviembre, en Marrakesh, Marruecos, tendrá lugar la vigésimo segunda Conferencia de las Partes (COP22) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En esas dos semanas, delegados de más de 150 países se reunieran para negociar aspectos que permitan implementar adecuadamente los compromisos establecidos en el Acuerdo de París, el cual entrará en vigencia el 4 de noviembre tras ser ratificado por 74 países. Este seminario virtual, organizado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC), expertos que trabajan en la agenda climática de financiamiento, mitigación, adaptación, y pérdidas y daños, compartieron sus expectativas en torno a la cita global y a las oportunidades que este encuentro brinda para fortalecer los procesos participativos para la implementación del Acuerdo de París y de los compromisos hechos por los países de la región. Lo hicieron con base a los temas estratégicos que serán abordados durante la COP22. Grabación
Leer más
Belo Monte: Reavivando Nuestra Lucha por Justicia
Pese a que las turbinas de la represa Belo Monte han comenzado a girar, la lucha por justicia continúa. El funcionamiento de la tercera represa más grande del mundo sobre el río Xingú —plagada de corrupción y negligencia— no puede detenernos. De hecho, cada nueva denuncia de corrupción y abuso solo alimenta nuestro deseo de justicia para quienes han sido afectados por la represa. Nuestra batalla más importante —el caso que llevamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual fue abierto a trámite a finales del año pasado— sigue firmemente su curso. En el caso, estamos trabajando para responsabilizar a Brasil por las innumerables violaciones de derechos humanos cometidas en nombre de la represa Belo Monte: la ausencia de consulta y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas; la falta de una adecuada evaluación de los impactos sociales y ambientales; desplazamiento forzado; y otras graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, comunidades ribereñas y residentes de Altamira. Estamos en proceso de hacer que el caso sea admitido ante la Comisión, y que la misma pueda establecer —como un organismo internacional e independiente— si estas violaciones ocurrieron y si el Estado debe responder por ellas. Como parte del proceso, Brasil tenía que responder a nuestros reclamos ante la Comisión. Recibimos su respuesta el 9 de agosto y recientemente enviamos nuestros argumentos legales para contrarrestar sus afirmaciones. Necesitamos asegurar que la Comisión comprenda la importancia de su rol en la investigación de las violaciones de derechos humanos causadas por Belo Monte. Incluso mientras escribo esto, el Estado y los operadores de la represa continúan ignorando abiertamente los derechos humanos de las personas de la cuenca del río Xingú, quienes viven a la sombra de la hidroeléctrica. El 1º de septiembre, por ejemplo, la licencia de operación de la represa fue suspendida una vez más porque los sistemas de saneamiento de la ciudad de Altamira —una obligación legal que los operadores debían cumplir hace tiempo— nunca fueron instalados. Las calles de Altamira aún son inundadas por aguas residuales, amenazando con convertir el embalse de Belo Monte en un charco de agua estancada. Desafortunadamente, como con muchas decisiones legales que intentaron proteger los derechos de los afectados, la suspensión fue revocada unas semanas más tarde. Está claro que las fuerzas detrás de Belo Monte no tienen respeto por el ambiente en el que están trabajando, y menos por las personas que dependen del río y de la selva para sobrevivir. Muchas de las personas a las que representamos, viven en barrios de Altamira y están expuestas a las aguas sin tratar. Quienes viven fuera de la ciudad han sido desplazados de su fuente primaria de agua, o han visto destruida su forma de vida. Debemos garantizar que el Estado brasileño se haga responsable por el inmenso daño social y ambiental que la represa ha causado. Ten la seguridad que no vamos a detenernos hasta lograr justicia para la gente del Xingú.
Leer más
Corazones Verdes que Sangran: La situación de constante peligro para los activistas ambientales en Latinoamérica
“¡Despierta humanidad, ya no hay tiempo!” Berta Cáceres, Discurso de aceptación del Premio Goldman 2015 Ser un defensor/a de los derechos humanos y del ambiente no es tarea fácil. Por el contrario, es uno de los trabajos más peligrosos que se puede ejercer. Estás en riesgo ya sea que pertenezcas a una comunidad campesina, indígena o afrodescendiente, si eres un activista independiente o si eres parte de una organización de la sociedad civil. En su informe más reciente, En Terreno Peligroso, Global Witness dio cuenta que el 2015 fue el peor año en cuanto al asesinato de activistas ambientales y defensores del territorio[1]. El informe documentó 185 asesinatos en 16 países, haciendo de Brasil (50 homicidios), Colombia (26 homicidios), Perú (12 homicidios) y Nicaragua (12 homicidios) los más peligrosos de América Latina[2]. Desafortunadamente, el asesinato de defensores ambientales representa el trágico final de un problema más grande. Como sociedad, todos queremos desarrollo económico y social, y los gobiernos son elegidos, en su mayoría, con base a esa promesa. No obstante, cada vez más Estados y varios actores privados son con frecuencia cómplices de acciones que tienen como objetivo silenciar las voces legítimas y el trabajo de las y los defensores ambientales. Amenazas, acoso y campañas de desprestigio o criminalización hacen mella en el trabajo de estos defensores, quienes terminan dedicando gran cantidad de tiempo a defenderse ante sistemas judiciales, a menudo también cómplices, o incluso protegiéndose físicamente de cualquier atentado contra su vida. Varios Relatores Especiales de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han reconocido el importante rol que las y los defensores ambientales tienen en nuestras sociedades y, por ello, han recomendado a los Estados su protección. Sin embargo, el nivel de peligro ha continuado en aumento. Defensores ambientales con medidas cautelares de la CIDH para la protección de sus vidas, como en el ampliamente conocido caso de Berta Cáceres, continúan siendo amenazados o asesinados a plena vista de las autoridades y a menudo debido a la complicidad de un Estado. La empresa minera Yanacocha sigue acosando a Máxima Acuña con la intención de sacarla por la fuerza de su tierra y allanar el camino para el proyecto minero Conga, incluso luego que un tribunal peruano determinara que ella no ha violado los derechos de propiedad de la empresa. En La Oroya, una ciudad en los Andes peruanos donde un complejo metalúrgico ha operado desde 1922, docenas de víctimas de contaminación tóxica han estado luchando por años para defender su salud y su ambiente, y continúan buscando una solución en tribunales nacionales e internacionales. Su lucha ha estado plagada de ataques y campañas de desprestigio contra ellas y contra las organizaciones que han asumido su representación legal. Las víctimas han sido etiquetadas como “anti-mineras” y “anti-desarrollo”, acosadas en las calles, e incluso intimidadas con perros muertos colgados frente a sus casas. La lista de este tipo de incidentes en América Latina no hace más que crecer y, asociados a ellos, están minas, represas y otros proyectos de infraestructura inadecuadamente planificados y desarrollados. Como sociedades que buscan el desarrollo económico y social, necesitamos dejar de pretender que éstos y otros innumerables ataques contra las y los defensores ambientales no ocurren o no tienen un impacto en los costos financieros, políticos y sociales que eventualmente todos terminaremos pagando. Los costos llegarán y serán altos. ¡Los gobiernos necesitan despertar ahora y actuar para defender a las y los defensores, ya no hay tiempo! A la memoria de quienes han dado su vida defendiendo algo que debería ser preciado para todos, pero que de alguna forma es solo cuidado por unos cuantos: nuestro planeta. [1] Global Witness. En Terreno Peligroso, junio de 2016, p. 4. [2] Global Witness. En Terreno Peligroso, junio de 2016, pp. 8 -9.
Leer más
La Industria del Salmón en Chile: Sostenibilidad Imposible
Chile es el segundo mayor productor de salmón a nivel mundial. Por más de 20 años, la industria se viene desarrollando anteponiendo las ganancias económicas a la protección ambiental. Ante la falta de regulación del Estado, la producción masiva de salmón deja a su paso contaminación química, zonas de mar sin vida, daños a otras especies, y perjuicios sociales a las personas y comunidades que dependen de la industria y del mar como sustento. La situación podría empeorar pues la industria amenaza con reinstalarse en zonas nuevas de aguas prístinas. Malas prácticas La salmonicultura en Chile nunca será sostenible porque requiere mucha más proteína de la que genera. Para producir un kilo de salmón, se requiere alrededor de 5 kilos de pesca silvestre para alimentación. Ello es porque el salmón es una especie introducida y carnívora. Años de malas prácticas por parte de las empresas y la falta de control del gobierno han resultado en graves daños ambientales, mismos que han traído consecuencias sociales graves para quienes viven de los productos del mar. En la Isla Grande de Chiloé, por ejemplo, se vive una crisis social relacionada con la catástrofe ambiental generada en gran parte por la industria del salmón, muy intensiva en la zona. En Chile, los proponentes de proyectos deben presentar declaraciones o estudios de impacto ambiental, según el potencial del proyecto de dañar la naturaleza. Pese al gran riesgo que implican para los ecosistemas, los proyectos de salmonicultura son admitidos mediante meras declaraciones juradas, y no por estudios que permitan identificar y manejar adecuadamente sus posibles impactos negativos. El resultado son miles de criaderos de salmón en funcionamiento. Cada uno consiste en balsas jaulas que, sin suficiente separación entre sí ni condiciones sanitarias adecuadas, albergan miles de salmones apretujados (el doble de lo que se permite en Europa). Aunque parezca difícil de creer y pese a que la ley dice lo contrario, en Chile no se han hecho estudios sobre la capacidad del océano, lagos y ríos de albergar la cantidad de salmones que se cultivan. Estos salmones en cautiverio son alimentados con pellets, una especie de píldoras que además de pesca silvestre transformada en harina de pescado, contienen pesticidas, colorantes, fungicidas y otros químicos que mejoran la producción. Gran parte de esas píldoras no son consumidas y caen al fondo del mar. Además, a cada salmón se le inyecta una cantidad exorbitante de antibióticos (hasta 5 mil veces más que lo que se usa en Noruega). Finalmente, los desechos generados por los peces, los cuales contienen los químicos suministrados, se acumulan también en el fondo del mar. Más de 20 años de estas prácticas han causado zonas de mar muertas donde la vida ya no es posible. Otro grave problema es que los salmones suelen escapar de sus jaulas. Según un informe de la ONG Terram, los escapes en Chile representan el 1.5% de la producción, equivalente a más de 9 mil toneladas al año. Algunos estudios dan cuenta que ese porcentaje podría llegar a 5%. Aunque por ley los centros de cultivo deben tener planes de recaptura, muchas veces éstos no tienen éxito. El salmón es una especie agresiva que, puesta en libertad, compite con los peces locales por casa y comida, y les transmite enfermedades. Crisis en el mar En mayo, las costas chilenas fueron devastadas por una marea roja más dañina que nunca. El fenómeno natural, caracterizado por el incremento excesivo de microalgas de las que se alimentan algunos animales, dejó varadas ballenas, calamares, sardinas y hasta aves (ver aquí un testimonio). Los salmones en cautiverio también fueron afectados y la industria sufrió pérdidas millonarias: miles de toneladas de cadáveres de salmón se pudrieron en las balsas jaulas. La mortalidad fue tal que la autoridad marítima nacional autorizó arrojar 9 mil toneladas de salmón muerto al mar. Según la industria salmonera y el gobierno, la marea roja tuvo su origen en el fenómeno de El Niño, agravado por el calentamiento climático. No obstante, algunos científicos aseguran que en gran medida las salmoneras son las responsables por someter al mar a sus malas prácticas por años (ver el informe de la Fundación Crea y el de Greenpeace). ¡Patagonia sin salmoneras! La industria salmonera no solo no ha aprendido de sus errores, sino que ahora busca expandirse a aguas más puras que aún no han sido contaminadas, para continuar su negocio. Es lo que está pasando en la región patagónica de Magallanes y en Aysén, donde aproximadamente 3,100 solicitudes esperan confirmación. Algunas de ellas incluso en lugares declarados de conservación prioritaria. En AIDA y junto con nuestros aliados, trabajamos para que ésta y otras industrias se adecúen a las normas ambientales. Pero aún más importante es lo que todos podemos hacer como ciudadanos y consumidores. Al elegir productos cuyo origen es sostenible, evitaremos que la industria del salmón siga transformando áreas de mar en zonas muertas. Es urgente que esta trágica historia no se repita en nuevas extensiones de nuestro inmenso, pero no infinito mar.
Leer más