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Tsunami de Odebrecht: ¿a recuperar el interés público o sólo el dinero?
(Columna publicada originalmente en El País) La corrupción en América Latina y el Caribe no es noticia. Incluso algunos, aberrantemente, la consideran normal. Pero en todo hay niveles. Por ello la magnitud de la corrupción desarrollada por la multinacional brasileña Odebrecht ha tenido un impacto singular: un tsunami que no solo se llevó grandes cantidades de dinero, sino también el interés público. Debemos preguntarnos entonces si los más de 100 proyectos involucrados en el caso Odebrecht eran realmente obras de infraestructura para beneficio común o únicamente excusas para el pago de coimas millonarias. Los detalles de la compleja maquinaria corrupta salieron a la luz el 21 de diciembre pasado. Ese día, el Departamento de Justicia y la Fiscalía de Estados Unidos publicaron la confesión en la que directivos de la empresa admiten haber pagado aproximadamente 788 millones de dólares en 11 países de América Latina y Mozambique. Según el documento, “…entre 2001 y 2016, Odebrecht, junto con sus coconspiradores, con conocimiento y voluntariamente, conspiraron y acordaron con otros proveer de forma corrupta cientos de millones de dólares… para el beneficio de funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, funcionarios de partidos políticos y candidatos de partidos políticos extranjeros…para obtener y retener negocios”. La confesión delata la prostitución del interés público. Los directivos involucraron a docenas de gobiernos, incluyendo jefes de Estado —entre ellos Juan Manuel Santos, presidente de Colombia y reciente Nobel de Paz—, ministros, senadores y otras personas que hoy son investigadas o que ya fueron encarceladas. La indignación y la exigencia inmediata de justicia son evidentes. Aunque no fue posible acceder a la lista completa de proyectos, la información pública en cada país da cuenta de los siguientes: Argentina: gasoductos, potabilización de agua, obtención de potasio y el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, entre otros. Brasil: cientos de proyectos, incluyendo industrias extractivas y la represa Belo Monte, que desde su planeación ha ocasionado graves violaciones de derechos humanos. Colombia: la Ruta del Sol y la navegabilidad el Río Magdalena, las dos obras de alta ingeniería más importantes del país. Ecuador: hidroeléctrica Manduriacu y refinería del Pacífico. Si bien la administración de Rafael Correa declaró que los posibles sobornos ocurrieron antes de 2007, el Gobierno de Estados Unidos asegura tener pruebas de sobornos posteriores. México: proyecto petroquímico Etileno XXI, el más grande de América Latina, y el gasoducto Los Ramones II Norte. Perú: Carretera Interoceánica Norte Sur, el proyecto hidroenergético Alto Piura y el tren eléctrico de Lima. República Dominicana: la termoeléctrica Punta Catalina y la hidroeléctrica Pinalito. En todos los países, los sobornos involucran proyectos energéticos o de infraestructura, proclamados como esenciales para el desarrollo, por gobiernos, organismos internacionales y empresas. Pero también son proyectos sobre los que, por décadas, comunidades y organizaciones han denunciado impactos negativos en los derechos humanos y el ambiente, incluyendo su contribución al cambio climático. Proyectos que las grandes represas y las termoeléctricas, afectan también el interés público y para los cuales existen alternativas sostenibles y más efectivas. Las denuncias, en su mayoría, fueron ignoradas. La represa Belo Monte, por ejemplo, comenzó a operar pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó detener su construcción y proteger a los pueblos indígenas afectados. Los pedidos de justicia fueron además reprimidos, en ocasiones por gobiernos que, según la evidencia, recibieron sobornos para implementar proyectos. La situación es aún más grave si consideramos que América Latina es la región más peligrosa para los defensores de derechos humanos, especialmente para quienes protegen el ambiente, la tierra y el territorio de proyectos como los mencionados. Ante una industria de corrupción sin precedentes, es vital analizar cada uno de los proyectos del caso Odebrecht para determinar su verdadera utilidad pública. Es muy posible que en gran parte de ellos, los costos socioambientales hayan sido mayores que los beneficios. Esos daños también deben ser sancionados. El caso podría ser solo la punta del iceberg porque la problemática es regional, aunque más grave en algunos países. Cada Estado y empresa del continente debe adoptar medidas efectivas anticorrupción, y evaluar sus procesos de planificación e implementación de proyectos, los que fallaron estrepitosamente en los proyectos implicados en el escándalo. Una lección clara es la necesidad urgente de fortalecer el cumplimiento independiente y objetivo de las normas internacionales y nacionales de planeación y protección ambiental y de los derechos humanos. Se debe garantizar, en los grandes proyectos, transparencia y la participación de los afectados y de cualquier persona interesada en proteger el interés público. Dado que en algunos casos la investigación de la corrupción recae en administraciones afines a las personas involucradas en el delito, una buena idea sería crear un Observatorio Independiente Ciudadano regional para indagar los impactos de grandes proyectos y las mejores opciones para resarcir los daños. Deberíamos asegurar de una vez que las personas a cargo de decisiones transcendentales sirvan realmente al interés público y no a las empresas que buscan implementarlas, o a sus propios bolsillos. Toda la ciudadanía puede contribuir a que ello sea una realidad.
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El rol de la sociedad civil en el Fondo Verde del Clima
El cambio climático es real y sus efectos llegaron para quedarse. A nivel mundial, los países han decidido que, para salir del lío, deben actuar juntos. Pero más allá de intenciones, poco hemos avanzado. Una opción que podría dar resultados y en la que pongo mis esperanzas es el Fondo Verde del Clima (FVC), el principal mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Se trata de una institución novedosa y con la capacidad de mover grandes cantidades de dinero, de los países ricos a los países en desarrollo. Con esos recursos, los países más vulnerables y con menor capacidad financiera podrán desarrollar acciones de mitigación y adaptación para hacerle frente al cambio climático. El Fondo está integrado por diversos actores, y uno de ellos es la sociedad civil, que cumple un rol fundamental en asegurar que la entidad tome en cuenta las necesidades de las poblaciones locales, en especial de las más vulnerables, a la hora de aprobar financiamiento para programas y proyectos de lucha contra el cambio climático. El trabajo del Fondo en la práctica El Fondo es un mecanismo complejo en el que interactúan diversos actores. Su Junta Directiva la integran 24 miembros, 12 representantes de los países desarrollados y 12 de los países en vías de desarrollo, y está encargada de gobernar y supervisar el Fondo. Las decisiones adoptadas por la Junta son implementadas por la Secretaría Independiente. El Fondo se relaciona con los países receptores del financiamiento a través de las Autoridades Nacionales Designadas o Puntos Focales, entidades designadas por cada nación. Asimismo, el Fondo acredita a instituciones nacionales, regionales o internacionales para que canalicen los recursos económicos mediante la presentación y ejecución de propuestas climáticas. Estas son las llamadas Entidades Acreditadas. Finalmente, están los observadores de la sociedad civil y del sector privado. En las reuniones de la Junta Directiva, solo pueden participar los “observadores activos”: dos de la sociedad civil y dos del sector privado. Los demás observadores permanecen en una sala contigua y dan seguimiento a las reuniones a través de pantallas de televisión. La toma de decisiones En la práctica, el Fondo se ha ido construyendo en las reuniones de su Junta Directiva, realizadas cada tres meses. En ellas se discuten y deciden las políticas que dan forma al fondo, se acredita a entidades que harán propuestas de programas y proyectos a financiar, y se aprueban las propuestas de mitigación y adaptación a implementar con financiamiento del Fondo. En octubre pasado, tuve la fortuna de participar, como observadora de la sociedad civil, en la 14va reunión, celebrada en Songdo, Corea del Sur, sede del Fondo. Pude ver en terreno cómo funciona este complejo mecanismo internacional, y sobre todo, cuál es el aporte de la sociedad civil, que se lleva a cabo contra viento y marea. Lo digo porque las condiciones de su trabajo no son fáciles, partiendo porque sus representantes, muchas veces de países con pocos recursos, deben financiar sus costos de vuelo y estadía para asistir a las reuniones. Por otro lado, la sociedad civil goza apenas de un derecho a voz, que pueden ejercer sólo los dos observadores activos que están en la sala de reuniones, y únicamente si los Copresidentes de la Junta Directiva lo autorizan. El valioso aporte de la sociedad civil Todas las intervenciones de la sociedad civil son discutidas, preparadas y perfeccionadas en equipo, implicando muchas veces desvelo, ya que los temas a tratar son amplios y complejos. En la práctica, estos aportes quedan siempre relegados para el final de las discusiones y, cuando el tiempo escasea, algo que es común, muchas veces el derecho a hablar no llega a ser otorgado. Esto puede resultar muy frustrante, ya que se pierde un aporte crucial. Entre otras cosas, la sociedad civil aporta en cada política que se discute para elevar cada vez más los estándares del Fondo. Además, estudia cada propuesta de financiamiento y se comunica con las comunidades potencialmente afectadas o beneficiadas por ellas para entender lo que implican realmente los proyectos y programas, más allá de lo que aparece en el papel. Por ello el trabajo informal que la sociedad civil hace “tras bambalinas” es muy importante. Se trata de la labor que se realiza en los recesos, a la hora de la comida, en los pasillos. De a poco, la sociedad civil construye relaciones con las personas que sí tienen poder de decidir (miembros de la Junta y consejeros), para compartir con ellos sus ideas, preocupaciones y sugerencias. Los resultados de esta incidencia se ven poco a poco. El Fondo Verde del Clima es esperanzador porque sus lineamientos están correctamente planteados: busca promover un cambio transformacional y paradigmático, promete transparencia, y sus decisiones las toman representantes de países desarrollados y países en vías de desarrollo con igual peso. Tiene el mandato de promocionar la “apropiación doméstica” de los programas y proyectos que financia, esto es, que sean guiados por las necesidades y prioridades que los mismos países beneficiados han determinado. Además, tiene la obligación de actuar con un enfoque de género. Sin embargo, también tiene problemas y carencias. La participación de la sociedad civil es crucial, precisamente para lo último. Al no responder a ningún gobierno, partido político u otro interés, la sociedad civil vela por la protección del medio ambiente, por el respeto de los derechos humanos, y por la correcta participación e inclusión de las personas que están siendo afectadas directamente por el cambio climático. La participación física de representantes de la sociedad civil en las reuniones de la Junta Directiva del Fondo es necesaria para que el trabajo del Fondo Verde siga avanzando, siempre tomando en cuenta las voces de las comunidades directamente afectadas o beneficiadas por el financiamiento y que son también las más vulnerables al cambio climático. ¡Conoce más del Fondo en nuestro sitio web!
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¿Por qué Chile se incendia y qué podemos hacer al respecto?
Los incontrolables incendios en Chile han dañado ya más de 500 mil hectáreas, más de tres veces el tamaño de la Ciudad de México, y la cifra va en aumento. Se trata de la peor catástrofe ambiental que ha vivido el país. Once personas han fallecido y los damnificados rondan los cuatro mil. Las llamas han afectado al menos seis de las 15 regiones de Chile. Las causas de la tragedia Mucho se ha dicho sobre las causas de estos incendios voraces. A continuación presento una recopilación que además puede ayudarnos a saber cómo evitar y controlar mejor este tipo de fuegos en el futuro. Cambio climático. Con los cambios extremos en el clima, las temperaturas se han elevado, generado sequía en la zona central del país desde hace ocho años. De ese modo, se ha cumplido la llamada regla del “30-30-30”, que facilita el escenario para un incendio perfecto: 30 grados de temperatura, 30% de humedad y vientos de 30 kilómetros por hora. El factor humano. Según la Corporación Nacional Forestal (CONAF), organismo encargado de combatir los incendios forestales en Chile, la gran mayoría de los incendios son causados por descuido humano. En este, existen indicios de que fueron iniciados de forma intencional. Las plantaciones forestales. Es la causa que más se ha desarrollado. Tiene que ver con las inmensas extensiones de plantaciones forestales que han ido sustituyendo al bosque nativo en las zonas centro y sur del país. Bosques heterogéneos y biodiversos han sido transformados en miles de hectáreas de una sola especie, eliminando las barreras naturales contra el fuego. Estos monocultivos, en su mayoría de pino y eucalipto, absorben muy rápido grandes cantidades de agua, con lo que secan el suelo donde crecen, evitando cualquier otra forma de vida a su alrededor. Sumado a ello, contienen elementos inflamables que contribuyen a la propagación del fuego. Legislación inadecuada. El Decreto Ley 701, dictado en 1974, buscó impulsar el desarrollo forestal mediante incentivos económicos, detonando la masificación de plantaciones forestales de pino y eucalipto en Chile. Financiando hasta el 75% de los monocultivos, el decreto benefició especialmente a quienes ya poseían grandes extensiones de tierra. Ello promovió la tala y quema de bosque nativo para sustituirlo por monocultivos de especies exóticas. Cables de alta tensión. Al pasar por encima de los bosques, estos cables generan ondas y calor. Si una rama cae sobre un cable, puede producir un incendio. La falta de prevención y preparación. Los factores mencionados arriba son conocidos. El riesgo de los incendios actuales era latente y se debió haber hecho más para prevenirlos y estar mejor preparados para enfrentarlos. Chile no cuenta con una política pública para abordar el tema. No existe una ley sobre combate de incendios y otras emergencias similares. Prevenir implica adoptar acciones que van desde regular las actividades de las empresas forestales para que implementen cortafuegos efectivos, hasta evitar la acumulación de basura en lugares donde podría haber incendios. Lo que se puede hacer Institucionalidad y planificación forestal adecuada al cambio climático. Los cambios en el clima han hecho que los incendios sean más probables de ocurrir. Por ello se deben desarrollar planes y políticas adecuadas para enfrentar situaciones como la actual, que son una amenaza latente. La planificación debe estar orientada a un paisaje forestal resiliente a un futuro que será más seco y caluroso. Fortalecer a quienes están a cargo de apagar incendios. El presupuesto que manejen, en este caso los bomberos y la CONAF, debe ser suficiente para cubrir las necesidades de capacidad humana y equipamiento. Regular para prevenir y proteger: Se deben adoptar las medidas legales necesarias para que las reforestaciones incorporen cortafuegos y zonas amplias de amortiguación alrededor de zonas sensibles (poblados, fuentes agua y áreas productivas, entre otros). Con esto se reduce el avance de incendios y se protegen la biodiversidad local y los servicios ecosistémicos. Imponer responsabilidades. Los titulares de las plantaciones forestales deben hacerse responsables de establecer cortafuegos y otros resguardos, así como de contar con planes de emergencia. Dejar de promover los monocultivos y reestablecer el bosque nativo. Al ser nefastos para el medio ambiente y la propagación de incendios, el Estado debe dejar de incentivar los monocultivos e impulsar el cultivo de especies diversas. Planificar la reforestación luego del incendio. En ese proceso se debe velar por el desarrollo local, involucrando a las comunidades y a todos los interesados. Educación y capacitación entre la población y las autoridades locales. Quienes habitan y velan por las zonas de riesgo deben saber cómo actuar en caso de emergencia y cómo prevenirla. ¿Cómo puedes TÚ ayudar ahora? La plataforma “movidos x Chile” contiene mucha información sobre cómo ayudar (donaciones, voluntariados, etc) a las personas afectadas por los incendios. Las siguientes organizaciones están recibiendo dinero para apoyar a los damnificados: Desafío Levantemos Chile (brinda información para donar desde el extranjero). Un Techo para Chile. Hogar de Cristo. Ministerio del Interior (brinda información para donar desde el extranjero). Cruz Roja (recibe donaciones en dinero y en especie). Existen también organizaciones que están ayudando a los animales afectados: Colegio Médico Veterinario de Chile (recibe donaciones en dinero y en especie). Sitio web abandonados.cl (contiene información de varias organizaciones que ofrecen ayuda a los animales afectados por los incendios). En esta página se compiló información sobre todas las organizaciones e instituciones que reciben ayuda para damnificados y animales, incluyendo lugares en todo el país donde se puede dar ayuda material.
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El páramo de Santurbán: Un lugar más cerca del cielo
La Corporación Financiera Internacional, parte del Grupo del Banco Mundial, le dijo “no” al proyecto minero Angostura en el páramo de Santurbán, Colombia. ¿Qué implica esa decisión? Con ella, se da un paso importante en la protección de un sitio único y de valor incalculable. En Santurbán, las rocas se convierten en guardianes de espejos de agua que imitan al cielo. Frailejones escoltan y vigilan los vestigios de glaciares. Los cóndores posan sus ojos sobre los visitantes. Allí, el cielo está más cerca. Santurbán es un páramo, un ecosistema exclusivo de los Andes. La empresa canadiense Eco Oro Minerals fijó su mirada en el sitio porque así como es rico en agua, también lo es en minerales. La CFI había invertido en la empresa y en su proyecto Angostura. Pero, a finales de 2016, tomó la sabia decisión de retirar su inversión. Ello implicó una victoria importante en la lucha por preservar el agua de millones de personas. Pero, ¿qué es exactamente lo que se salva? ¿Qué magia tiene Santurbán que enamora? Alberto Peña Kay, fotógrafo y senderista, enlista con retratos del páramo las razones que le inspiran a cuidar este ecosistema único: Los frailejones (espeletias) son plantas endémicas que por las drásticas condiciones del clima de los páramos, se han adaptado de forma única para sobrevivir al frío, la alta radiación ultravioleta y la escasez de nutrientes. Las hojas suculentas de los frailejones absorben el agua de la neblina y la conservan en su tronco. A veces, sólo crecen un centímetro al año. “Cuando conocí este páramo y lo retraté, me di cuenta que debía seguir visitándolo. Me inspiró a seguir más con mi pasión por la fotografía”. “Muchos no lo ven así y casi siempre lo ven con ojos de ganancias por la explotación minera”. “En su máxima expresión, vemos que tiene potencial y es algo que podemos perder. Son muchas las razones para conservarlo”. ¿Por qué? “Primero, está en mi región, en el gran Santander. Segundo, su biodiversidad: allí hay íconos como el cóndor, el puma y el frailejón. Tercero, abastece de agua a más de la mitad de los nortesantandereanos y santandereanos”. “Desde que conocí el páramo de Santurbán, me di cuenta que se puede llegar más cerca del cielo”. Santurbán habla por sí mismo. ¡Salvar este trozo de cielo en la tierra, bien vale la pena!
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10 preguntas para saber si tu empresa respeta los derechos humanos
Hoy en día las empresas son parte de nuestra vida diaria y es muy difícil evitar estar vinculado a alguna en cierto grado. Si bien algunas empresas han contribuido al progreso mundial y a beneficiar a las personas, también es innegable que múltiples empresas son responsables de diversos impactos negativos, entre ellos graves daños al ambiente y a los derechos humanos. Actualmente, la relación entre la actividad empresarial y el respeto a los derechos de las personas es indivisible. Es por ello que la Organización de Naciones Unidas (ONU) reconoce que las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo internacional aprobó los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, 31 en total; luego y para promover su cumplimiento, creó un Grupo de Trabajo específico sobre el tema. Si bien los Principios Rectores deberían ser obligatorios y más estrictos para garantizar la efectiva protección de los derechos humanos y del ambiente, constituyen un referente mínimo para que las empresas cumplan con su obligación. En esta semana, en Santiago de Chile, la ONU realiza una consulta sobre cómo las empresas deberían respetar los derechos humanos. El liderazgo de América Latina ha sido clave en el desarrollo del tema. “Fueron los países de América Latina que levantaron ante las Naciones Unidas el tema del impacto de las empresas en los derechos humano”, ha resaltado el Presidente en Turno del Grupo de Trabajo. En contraste, en la región se registran los mayores impactos por parte de las empresas, incluyendo los relacionados con riesgos para las personas que defienden los derechos humanos. Para entender de forma más sencilla qué implican los Principios Rectores en la práctica, comparto una lista de 10 preguntas sencillas orientada a saber si cualquier empresa —aquella que diriges, en la que trabajas o donde comprar algún producto o servicio— respeta los derechos humanos. Preguntas Vale la pena aclarar que la siguiente lista no pretende ser una evaluación exhaustiva del cumplimiento de los Principios Rectores de la ONU, ni abarcar todas las obligaciones que las empresas tienen, sin importar su sector. Ello requiere un análisis más profundo. La intención de estas preguntas sencillas es más bien entender cómo los principios se aplican en la práctica y qué tipo de acciones están vinculadas al respeto de los derechos humanos. ¿Tiene tu empresa un plan de derechos humanos alineado con los Principios Rectores de la ONU? ¿Tu empresa trata con equidad a todas las personas? Por ejemplo, ¿contrata a las personas más calificadas sin discriminarlas por género, orientación sexual, edad, raza, nacionalidad, nivel socioeconómico o cualquier otra razón? ¿Tu empresa paga el mismo salario a hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo? ¿Hay mujeres que ocupen cargos directivos? ¿En qué porcentaje? ¿Alguna vez una mujer ha dirigido la empresa? Si tu empresa está involucrada en proyectos extractivos, de infraestructura, de turismo o similares que puedan afectar a comunidades indígenas o étnicas, ¿lleva a cabo procesos de consulta previa y de consentimiento libre, previo e informado antes de aprobar y comenzar el proyecto? ¿Sabes qué es consulta previa o consentimiento libre, previo e informado? ¿Cumple tu empresa con todas las leyes aplicables? ¿Cuenta con todos los permisos para operar, entre ellos concesiones de agua, autorizaciones de uso de suelo, licencias ambientales y otros? ¿Usa tu empresa las mejores prácticas y estándares internacionales para evitar, prevenir y manejar riesgos para el ambiente y los derechos humanos, incluso si conllevan costos mayores? Ante incidentes que hayan afectado fuentes de agua, bosques u otro entorno natural, ¿hizo tu empresa todo lo necesario para evaluar los daños y remediarlos? ¿Tiene tu empresa planes para reducir las emisiones contaminantes presentes y futuras que contribuyen al cambio climático? ¿Cuenta tu empresa con un mecanismo de quejas y compensación ante eventuales impactos a derechos humanos de personas o comunidades? En caso de tenerlo, ¿el mecanismo ha sido efectivo en la compensación de daños? De contar con un servicio externo de seguridad para proteger sus operaciones ¿tu empresa ha garantizado que ese servicio evite abusos contra las personas, incluidas aquellas que protestan pacíficamente contra algo que la empresa podría haber hecho? Tu empresa y quienes trabajan en ella, ¿exigen respeto, evitan atacar de cualquier manera y promueven la protección de las personas que denuncian acciones negativas, entre ellas periodistas, incluso si consideran que están equivocadas? Obligación moral y legal Responder a las preguntas anteriores puede ayudarnos a entender cuáles son y qué implican las obligaciones de las empresas con relación a los derechos humanos. Si la respuesta a una o más de ellas fue negativa, es muy probable que la empresa en cuestión esté violando derechos humanos e ignorando los Principios Rectores de la ONU. Sería útil que revise esos principios y, con base en ellos, elabore un plan de acción efectivo. Respetar los derechos humanos es un imperativo moral y una exigencia legal. Puede además contribuir a que un negocio disminuya costos y riesgos. Te invito a hacer el test con tu empresa y a compartir los resultados. ¡Muchas personas tenemos interés en conocerlos! Si quieres conocer más del tema, aquí puedes encontrar mayor información.
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Compartiendo las lecciones de Belo Monte con los Munduruku
Bajo una choza con techo de paja en el borde del río Tapajós, gente del pueblo Munduruku, de comunidades asentadas en toda esta región de selva amazónica virgen, se reunió en una asamblea general. Allí estaban ancianos y ancianas, padres y madres, niños y niñas de la tribu, así como representantes de ONG y de entidades de gobierno. Se reunieron para discutir sobre sus problemas y encontrar soluciones. Buscaban trazar el camino que les permita continuar viviendo y desarrollándose en armonía con la naturaleza. La asamblea de octubre fue la primera reunión desde que se anunciara la cancelación de la represa Tapajós. Su licencia fue rechazada debido a los graves impactos ambientales que causaría. El rechazo fue una gran victoria para el movimiento que busca proteger la Amazonía de Brasil, luego de años de decepción y derrota a causa de la cercana represa Belo Monte. Sin embargo, argumentando beneficios energéticos y económicos, el gobierno brasileño planea construir más grandes represas en la región, docenas de ellas. Estuve ahí debido a Belo Monte. Para compartir historias, estrategias y lecciones aprendidas de nuestra defensa de la gente del río Xingú que se ha visto afectada por la represa. Un equipo de Climate Reality me acompañó y produjo un documental corto para compartir estas historias con el mundo entero. Si bien la lucha por la gente del Xingú ha sido larga, mantenemos nuestro compromiso de lograr justicia para ellos. Al llevar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tratamos de influir en los tomadores de decisión de Brasil y desalentar la construcción de más grandes represas en la Amazonía, incluyendo aquellas planeadas para la cuenca del río Tapajós. La devastación causada por Belo Monte se ha convertido en un cuento con moraleja para tribus vecinas como los Munduruku. Debido al daño causado a la vida y a las personas del Xingú, los Munduruku entienden perfectamente qué tienen que perder si la represa sobre el Tapajós se llegara a construir. Perderían sus hogares, sus sitios sagrados y la conexión con sus ancestros. Perderían su río. El Tapajós es para los Munduruku lo que el Xingú es para los pueblos Kayapo y Juruna. Es su autopista y su supermercado; un sitio sagrado y un regalo divino. Agradecen a sus dioses por las bondades recibidas. Por una selva saludable a la que llaman hogar, por los tinguejada (peces) y por todo lo que el río les da. Fue un honor para mí estar presente y atestiguar la fortaleza y unidad del pueblo Munduruku. Fue una lección de humildad unir mi voz a la suya. Espero que la voz de los Munduruku sea escuchada. Espero que su territorio sea respetado y que la represa y otros proyectos de desarrollo sean frenados definitivamente. Y espero que el gobierno brasileño aprenda la lección que un sinnúmero de pueblos indígenas ya conoce: ¡Que las represas deben quedar fuera de la Amazonía!
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2016: Seis razones para mantener la esperanza ambiental
El 2016 no fue un año fácil para el mundo y eso incluye a la lucha ambiental, especialmente la que se libra en América Latina. La pérdida de defensores y defensoras ambientales nos rompió el corazón. El ambiente político internacional, particularmente tras las elecciones presidenciales en Estados Unidos, se tensó a tal grado que aprendimos a no dar todo por sentado. Y los efectos del cambio climático nos golpean cada vez más fuerte.Pero no todo ha sido sombrío. Este año nos ha dado motivos importantes para mantener la esperanza de que la preservación del ambiente es posible. Logros, buenas noticias y luchas que han triunfado, abren un gran camino para el próximo año. A continuación, seis razones para recargar energía y seguir dando pelea:1. El Banco Mundial le dijo “no” a la minería en el páramo de Santurbán, ColombiaA diez días de que el año termine, la Corporación Financiera Internacional (CFI), parte del Grupo del Banco Mundial, decidió retirar su inversión de la empresa canadiense Eco Oro Minerals y su proyecto minero Angostura, el cual amenaza desde hace años con dañar el páramo de Santurbán, fuente de agua para millones de personas en Colombia. Es un resultado al que AIDA y sus aliados hemos contribuido ampliamente. Esperamos ahora que el Gobierno colombiano no otorgue permisos ambientales a proyectos mineros en Santurbán y en ningún otro páramo. Además, daremos seguimiento a la demanda internacional que la empresa inició contra Colombia por las medidas que adoptó para proteger sus páramos, entre ellas, la decisión judicial de ratificar que la minería en esos entornos está prohibida.2. La lucha indígena cobra fuerza y ganaLa lucha de los indígenas Sioux contra un oleoducto en Estados Unidos, le dio la vuelta al mundo. Al movimiento se unieron artistas, veteranos, activistas y otros grupos indígenas. Por ahora, el proyecto está suspendido. En Brasil, tras años de esfuerzo, el pueblo Mundurukú logró que el gobierno negara el permiso ambiental a una hidroeléctrica sobre el río Tapajós, en la Amazonía. Son logros que nos devuelve la esperanza y resaltan la necesidad de darle voz a los pueblos indígenas que, según el Banco Mundial, resguardan el 80% de la biodiversidad del planeta.3. Un nuevo acuerdo por el clima está en marchaEl 4 de noviembre, el Acuerdo de París contra el cambio climático entró en vigencia. Ocurrió más pronto de lo esperado. Al logro político contribuyeron países de América Latina y Europa, así como China y Estados Unidos (los mayores emisores de gases contaminantes), al ratificar el nuevo pacto. La vigencia del acuerdo permite que los compromisos para contrarrestar el problema, de naciones desarrolladas y en desarrollo, comiencen a ser una realidad. Un paso importante hacia ese objetivo se dio en la vigésimo segunda Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP22), realizada en Marrakech, Marruecos. Allí hubo avances en cuanto al financiamiento que los países en desarrollo necesitan para afrontar los impactos de los cambios extremos en el clima, rubro en el que AIDA aporta como miembro de la sociedad civil.Y este año recibimos otra noticia esperanzadora: ¡La capa de ozono se está recuperando! Fue posible gracias al Protocolo de Montreal, muestra de que el compromiso entre países sí tiene frutos.4. El mar está más protegidoMéxico creó la mayor extensión de áreas naturales protegidas de su historia. De ellas, las que están en el mar equivalen a casi la mitad de su territorio terrestre. En Estados Unidos, la reserva marina de Hawái fue ampliada y se convirtió en la más grande del mundo. Similar acción fue adoptada en Ecuador, que amplió la reserva de las Islas Galápagos para proteger a las especies marinas que allí habitan.En AIDA, hemos participado y llevado la voz de América Latina a la discusión internacional para la construcción de un nuevo tratado para proteger las aguas de alta mar, aquellas que son de todos.5. Ríos libres de represasEn Chile, tras una fuerte oposición, una empresa anunció que desistió de construir hidroeléctricas en cinco ríos vírgenes. Perú anunció que las hidroeléctricas, particularmente en la Amazonía, están fuera de los planes del nuevo gobierno. Además, como ya mencionamos, Brasil desistió de interrumpir el curso del río Tapajós. Y, en Estados Unidos, se ha comenzado a remover represas en ríos, permitiendo el regreso de especies a sus aguas y una mejora del equilibrio natural. Además, un nuevo estudio científico confirmó que las represas contribuyen al cambio climático al ser una fuente importante de gases de efecto invernadero.6. Tu apoyoNuestro trabajo este año no habría sido posible sin tu ayuda. Cuando nos escribes, nos permites usar tus fotos, te unes a nuestro equipo de voluntarios y pasantes o haces un donativo, nos alientas a seguir adelante. Son mensajes de esperanza y una muestra de que no estamos solos y de que siempre valdrá la pena trabajar por tus hijos, los nuestros y los de cada comunidad a la que apoyamos.¡Gracias por ser parte de la esperanza! Sabemos que no sólo sigues nuestra lucha, sino que en casa realizas una propia y haces todo lo que está en tus manos para cuidar este planeta, nuestro hogar.¡Feliz 2017!
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Sobre represas y cambio climático
(Columna publicada originalmente en El País) "Nuestro clima se está calentando a un ritmo alarmante y sin precedentes al que tenemos que responder con urgencia", concluyeron el 22 de noviembre pasado los representantes de casi 200 Estados del mundo, reunidos en Marruecos, para la décimosegunda Conferencia de las Partes (COP 22) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y la primera reunión de las Partes del Acuerdo de París. En efecto, debemos responder con urgencia, pero también con inteligencia. Hoy en día, miles de grandes represas están siendo planeadas y en construcción a nivel mundial para sumarse a las ya más de un millón de represas en más de la mitad de los ríos en el planeta. Solo en la Amazonía, hay cientos de proyectos de hidroeléctricas planeadas o en construcción. Muchos de ellas son promocionados como energía limpia y solución al cambio climático. Pero la realidad es otra. Investigadores de la Universidad del Estado de Washington (WSU) concluyeron recientemente, en un artículo publicado en la revista científica Bioscience, que las represas son una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en particular de dióxido de carbono, de óxido nitroso y mayormente de metano. Este último es un gas 34 veces más potente que el dióxido de carbono (CO2). Esto implica que, lejos de ser una solución, las represas agravan el cambio climático. Hasta el momento, la evidencia científica apuntaba a que las emisiones contaminantes se presentaban en represas ubicadas en zonas tropicales. Pero la investigación de la WSU concluye que los embalses de todas las represas emiten GEI, sin importar su latitud ni propósito (generación de energía, control de inundaciones, navegación o riego). Para la investigación los científicos analizaron diferentes variables y métodos de medición de emisiones provenientes de embalses. Como resultado de ello concluyeron que, en el mundo, emiten aproximadamente el 1,3% de las emisiones de GEI generadas por la humanidad. Esto es más que las emisiones anuales de todo Canadá. Aún se requieren mayores estudios para cuantificar con exactitud la cantidad de emisiones provenientes de las represas y para entender cómo estas varían según las condiciones particulares de cada embalse. Por ahora, parece que variables como la eutrofización (el aumento de nutrientes en el agua que puede incrementar las algas) y la temperatura pueden ser relevantes. Hasta el momento las emisiones de cambio climático causadas por las represas no son contabilizadas. Sin embargo, cada día la atmósfera recibe dichas emisiones, aumentado los impactos al clima. Esto quiere decir que, a nivel mundial, las cuentas climáticas no cuadran. Por tanto, el estudio de la WSU marca un hito para entender el verdadero papel de las represas y el cambio climático. Es esencial entonces tomarlo en cuenta en las políticas, normas, programas y análisis científicos. Así, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC); organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Verde del Clima; autoridades nacionales y empresas, deben incorporar en sus evaluaciones las emisiones contaminantes, actuales y futuras, de las represas. Solo así tendremos las cuentas claras y evitaremos que, por ignorar una situación ya probada, continuemos incrementando el cambio climático que ya nos afecta a todos. Aunque en mayor medida a quienes están en situación más vulnerable. Vale recordar que las represas causan también graves impactos en el ambiente y en los derechos humanos. Son proyectos muy costosos y que toman décadas entre la planeación y la implementación. De otra parte, en los últimos años ya se están dando resultado soluciones viables para reemplazar la necesidad de represas. En el caso de la energía hay otras fuentes más eficientes, baratas y rápidas que podrían implementarse. Como se dice popularmente: "Las cuentas claras y el chocolate espeso". Tener claridad y asegurar que todas las fuentes que contribuyen significativamente al cambio climático sean tomadas en cuenta, es una tarea esencial para responder con la urgencia, efectividad e inteligencia requerida. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo, ya no tenemos más tiempo que perder.
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La Oroya: Una década de lucha y espera por justicia
Desde el día en que nació, Isabel* ha respirado aire tóxico. En los 13 años de su joven vida, ha tenido metales pesados en la sangre.Su ciudad natal, La Oroya, una pequeña comunidad en los Andes peruanos, fue catalogada en 2007 como uno de los lugares más contaminados del mundo. Un complejo metalúrgico ha operado ahí por cerca de un siglo, con muy poca regulación y sin brindar atención a la salud.Los niños como Isabel son los que más sufren por la contaminación tóxica. Sus cuerpos y cerebros en desarrollo son extremadamente vulnerables al plomo y otros metales pesados, los cuales inhiben el crecimiento y suelen provocar daños permanentes.Casi todas las niñas y niños de La Oroya tienen metales pesados en su sangre en niveles que superan los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, muchos residentes sufren enfermedades respiratorios crónicas.Los problemas de salud de la población son resultado directo de la indiferencia por el ambiente de la empresa a cargo del complejo y de quienes viven alrededor del mismo. Y la responsabilidad del Estado peruano yace en su inacción. Es por ello que un grupo de residentes se unió para luchar por la salud de sus hijas e hijos, y por el futuro de la ciudad.El padre de Isabel, Pablo, ha sido uno de los voceros de la lucha de la comunidad contra el gobierno y la empresa estadounidense responsable de contaminar su aire, sus tierras e incluso su agua. No ve otro camino más que continuar en la lucha."¿Qué tipo de mundo dejaremos a nuestros hijos si no defendemos nuestra tierra, si no defendemos nuestra biodiversidad?”, dijo recientemente Pablo en una entrevista. Un grupo de 65 residentes se unieron como peticionarios en un caso que AIDA y otras organizaciones llevaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace 10 años. Desde entonces, 14 personas más han agregado sus nombres a la queja; cuatro han muerto. Hoy, todavía esperan por justicia.En 2007, la Comisión otorgó medidas cautelares, por las cuales solicitó al Estado peruano adoptar las medidas pertinentes para diagnosticar a los beneficiarios y brindar tratamiento a quienes están en una situación de peligro de daño irreparable.Desde entonces, aunque la calidad del aire en La Oroya ha mejorado, el mismo sigue siendo contaminado y el sistema de salud solicitado aún es lamentablemente inadecuado. Hasta ahora, la Comisión no ha presentado su informe sobre los méritos del caso (es decir si hubo o no violaciones a los derechos humanos en el caso analizado). El hallazgo de un mérito incluiría recomendaciones más enérgicas. Si el Estado continuara sin responder, AIDA llevaría el caso a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Por ahora, lo único que los peticionarios pueden hacer es esperar un poco más.A pesar de los años, no cesaremos en la lucha hasta que las personas de La Oroya vean justicia. Creemos que su valentía y lucha tendrán impactos más allá de su comunidad al sentar un precedente para casos futuros a lo largo del continente americano. Una victoria establecería, en el ámbito de la legislación internacional, que los daños por contaminación tóxica son violaciones a los derechos humanos.Esto significaría un futuro mejor no sólo para Isabel y La Oroya, sino también para las comunidades donde las empresas, con poca visión al futuro, tiren sus desechos tóxicos.__* El nombre real fue cambiado por protección de privacidad.
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Los anuncios de la Presidenta de Chile en la COP22
Blog invitado de Javiera Valencia Espinoza, geógrafa y especialista en cambio climático, Fundación Terram. Es la tercera vez que la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet asiste a un segmento de alto nivel en la Conferencia de las Partes (COP) de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es, por ende, la tercera ocasión en la que un primer mandatario de Chile realiza un gesto político que destaca la importancia de contar con un acuerdo mundial para frenar los impactos del cambio climático. El discurso de Bachelet en la COP22 —realizada del 7 al 18 de noviembre en Marrakech, Marruecos— fue propositivo. Mencionó avances importantes, como la entrega de la Estrategia Nacional de Cambio Climático de Recursos Vegetacionales o que el Acuerdo de París ya se encuentra en el Congreso chileno a la espera de su ratificación. También destacó la creación de la Agencia de Cambio Climático (instancia de articulación público-privada que pretende abordar temáticas de adaptación y mitigación), el enfoque de género y protección de la infancia para las políticas públicas relacionadas; y la meta de lograr un 70% de energías renovables al 2050. Asimismo, la Jefa de Estado abordó el liderazgo de Chile en la protección de los océanos —junto con Francia y Mónaco— y su implicancia con el Acuerdo de París. Finalmente, se refirió al avance en la entrega de documentos técnicos a la Secretaria de Naciones Unidas, como la Tercera Comunicación Nacional y el Segundo Reporte Bienal de Actualización. Sin embargo, desde la sociedad civil no sólo agradecemos el correcto discurso, sino que también solicitamos consistencia y coherencia real entre lo que se menciona y lo que se hace a diario. Así, se necesita financiamiento concreto para las medidas adoptadas y para la implementación de las llamadas Contribuciones Nacionales Determinadas (o NDC por sus siglas en inglés), porque también es imprescindible aumentar la ambición de éstas últimas, y además, generar acciones en distintos niveles, especialmente para paliar los efectos el cambio climático a nivel local. En las Conferencias de las Partes, se presentan grandes oportunidades para hacer gestos políticos de importancia, pero necesitamos traducir los buenos discursos en medidas concretas y eficaces, ya que tiempo es de lo que menos disponemos para actuar frente al calentamiento global. La vulnerabilidad de Chile es muy alta y es valorable que la Presidenta señale que nuestro modelo de crecimiento no es sustentable y que necesitamos migrar a una sociedad baja en carbono. El problema es cómo implementarlo, partiendo por la necesaria voluntad de todos los sectores técnicos-políticos de la administración del Estado. La toma de decisiones debe incorporar transparencia —y acceso a la información—, además de una real inclusión de la sociedad civil (no solo privados), especialmente para aquellas medidas que impactan directamente a los territorios, sus comunidades y ecosistemas. Con el Acuerdo de París se abrió un gran espacio para que la toma de decisiones sea respetuosa y con visión de largo plazo para evitar impactos dañinos. Existe una oportunidad para que, desde el compromiso que tiene Chile en la materia, el avance sea propositivo y se elaboren las reformas necesarias para modificar las actuales carencias en materia ambiental, y no seguir cometiendo los mismos errores — “sin dar paso atrás” — como lo mencionó Bachelet en su discurso.
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