Por Yeny Rodríguez, Claudia Velarde y Rosa Peña*
La Conferencia de la ONU sobre el Agua 2023, celebrada del 22 al 24 de marzo en Nueva York, fue organizada como respuesta a la necesidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas mundiales en los temas de agua y saneamiento, en torno al cual existe una preocupación creciente.
AIDA participó en la Conferencia para posicionar mensajes clave provenientes de América Latina y el Caribe que debían ser visibilizados e incluidos en las discusiones y que ahora deben ser parte del cumplimiento de la Agenda de Acción por el Agua, adoptada en el encuentro mundial.
A continuación, reseñamos los avances, lo inspirador, los asuntos pendientes y las perspectivas a futuro tras la reciente Conferencia Mundial del Agua.
La Conferencia concluyó con la adopción de la Agenda de Acción para el Agua, plan en el que se incluyeron 689 compromisos —recogidos en las sesiones oficiales y en los eventos paralelos—, así como promesas de financiamiento por 300 mil millones de dólares para impulsarlo. Los compromisos abarcan la creación de capacidades, sistemas de datos y seguimiento, así como la mejora de la resiliencia de las infraestructuras, entre otras acciones. La plataforma en línea que alberga la Agenda seguirá abierta a la presentación de propuestas.
En general, la Conferencia sirvió para hacer un llamado mundial a proteger el agua y el ciclo hídrico como un bien común global y un derecho humano fundamental. Además, se alertó a la comunidad internacional de la necesidad de acciones urgentes frente a la crisis del agua —la cual se traduce en escasez y sequías, contaminación de fuentes hídricas, degradación de ecosistemas estratégicos y problemas graves de gobernanza—, que hoy afecta de manera especial a los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas del mundo. Asimismo, se advirtió que los compromisos asumidos deben ser incorporados a las discusiones climáticas pues la crisis del agua y la crisis climática están estrechamente interconectadas.
En la Conferencia se lanzaron iniciativas interesantes e innovadoras para la protección de los ecosistemas y para la gobernanza justa del agua. La gobernanza del agua son los procesos de toma de decisiones, así como las instituciones y relaciones de poder que influyen en los flujos, la calidad, el uso, la disponibilidad y la distribución del agua (dulce o salada, superficial o subsuperficial).
Una de estas iniciativas fue el Pacto Transformador del Agua, construido colectivamente por un grupo diverso de más de 40 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas AIDA, y la academia. La iniciativa fue impulsada por la ONG holandesa Both ENDS y por el Instituto Internacional de Conocimiento del Agua (IHE-Delft). El Pacto plantea una visión alternativa de la gestión del agua con base en los principios de justicia ambiental, igualdad y cuidado. Propone marcos de acción y prioridades estratégicas para guiar la toma de decisiones. Constituye una respuesta a la continua sobreexplotación y afectación de ecosistemas de agua dulce, las violaciones a derechos humanos y los desequilibrios de poder extremos que caracterizan la actual gestión del agua en el mundo.
La presencia de la sociedad civil en la Conferencia fue mayoritariamente femenina. Ello develó la interseccionalidad de las desigualdades que las mujeres experimentan a diario en sus luchas por el agua, además de reivindicar su importante rol en la gestión del agua. Ellas poseen y transmiten los conocimientos ecológicos tradicionales para su cuidado, lideran las luchas en defensa del agua y están más expuestas a riesgos y amenazas contra su vida. Pese a lo anterior, su voz es invisibilizada y no son convocadas a una participación real en los espacios de toma de decisiones ambientales.
Del mismo modo, a la Conferencia acudieron importantes líderes y lideresas indígenas de América Latina y el mundo. Esto evidenció lo mucho que tenemos que aprender de las prácticas ancestrales indígenas para el cuidado del agua, así como el rol determinante que las comunidades indígenas y tradicionales juegan en el cuidado del 80% de la biodiversidad del planeta y en la mitigación de las crisis del clima y del agua. Los eventos paralelos en los que participaron estos actores pusieron al mundo a reconsiderar y revalorar lo que Occidente ha entendido por ciencia, dejando en claro que el sistema de conocimiento ancestral de los pueblos indígenas es especializado y sofisticado, por lo que tiene que ser priorizado en cualquier política de gestión integrada y justa del agua.
Aunque ausente en gran medida de los espacios oficiales de la ONU, la sociedad civil tuvo una presencia fuerte e inspiradora en la Conferencia. Organizaciones, activistas y personas defensoras del agua de todo el mundo mantuvieron conversaciones importantes e hicieron un llamado a una participación efectiva, con voz propia, en estos espacios.
“Cuando me preguntan por esta conferencia puedo decirles que soy optimista, no por los resultados, sino por el espíritu que nace gracias a ustedes”, dijo Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, en una sala llena de miembros de la sociedad civil y personas defensoras. “La ONU necesita la energía y la legitimidad que los movimientos de defensores del agua están ofreciendo y estoy seguro de que llegará”.
Representantes de más de 500 organizaciones, pueblos indígenas, movimientos sociales y personas defensoras del agua presentaron el Manifiesto por la Justicia Hídrica con la intención de amplificar las voces de quienes no son escuchados e insistir en que las cuestiones fundamentales estén en el centro de las políticas del agua a nivel mundial, regional, nacional y subnacional. Aunque no estaba programado, pudieron leer el manifiesto en un espacio oficial de la Conferencia, lo que permitió su difusión en el diálogo central.
Aunque la Conferencia fue un espacio único y relevante para poner en la agenda mundial las problemáticas relacionadas con el agua, queda mucho camino por delante para lograr compromisos efectivos de los países. Los incluidos en la Agenda de Acción para el Agua no son jurídicamente vinculantes para los Estados. Necesitamos que, en el futuro próximo, estos compromisos sean vinculantes, y que exista un mecanismo de seguimiento, indicadores para medir los avances de los Estados en el cumplimiento de la Agenda y —¿por qué no? —un instrumento internacional especializado para la protección del derecho humano al agua y al saneamiento.
Prácticamente todos los sectores hicieron eco de la necesidad de una mayor participación en los espacios oficiales de la ONU y en futuras conferencias. Ello requiere una comprensión amplia de la crisis del agua y del movimiento interseccional necesario para afrontarla con justicia. Implica pensar la participación a partir de la inclusión de los actores interesados en igualdad de condiciones para el diálogo y —al mismo tiempo— reconocer a las personas, comunidades y pueblos titulares del derecho al agua, cuya voz debe ser tenida en cuenta de forma diferencial dada su relación de interdependencia con el agua.
En América Latina, defender los ríos, lagunas, arroyos, acuíferos y en general el derecho al agua es una actividad de riesgo. El agua es un recurso natural en disputa. Quienes trabajan para salvaguardarla para el consumo humano o por su reconocimiento como un derecho exigible han sido por años objeto de estigmatización, amenazas, persecución y ataques contra su vida e integridad. La agenda por el agua debe reconocer el importante rol de los y las defensoras del agua, así como promover la creación de instrumentos y mecanismos encaminados a brindar mayores garantías a quienes dedican su vida a esta labor.
La protección del agua es una tarea de todos los Estados con responsabilidades y capacidades diferenciadas. Su logro efectivo requiere iniciativas y procesos de cooperación internacional, alianzas y articulaciones entre los Estados basadas en el respeto y el reconocimiento mutuos. Ello permitirá alcanzar caminos consensuados e impedir la repetición de dinámicas de imposición. Además, estas articulaciones deben reconocer y respetar los marcos normativos propios de los pueblos indígenas para que, desde sus usos y costumbres, continúen con su rol fundamental en la protección y gestión del agua.
Se espera que los compromisos contenidos en la Agenda de Acción para el Agua sean revisados y respaldados internamente por los gobiernos de América Latina y promovidos a nivel internacional en las próximas cumbres y reuniones de alto nivel.
También se espera que la importancia de proteger el derecho humano al agua y al saneamiento sea un tema clave en todos los foros internacionales en los que se discuta el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como la Cumbre sobre los ODS prevista para septiembre, y especialmente en la vigésimo octava Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28).
Desde AIDA continuaremos trabajando para proteger ecosistemas claves, evitar la presión de las industrias hacia el agua, abogar por la participación de las comunidades locales en la toma de decisiones sobre sus fuentes de agua y defender el derecho humano al agua.
*Yeny Rodríguez es abogada del Programa de Ecosistemas de AIDA, Claudia Velarde es cocoordinadora del Programa de Ecosistemas y Rosa Peña es abogada del Programa de Derechos Humanos y Ambiente.
Yenny Rodríguez Junco es colombiana, abogada sénior del Programa de Ecosistemas de AIDA y Coordinadora de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, trabajando desde Bogotá. Es abogada y especialista en derechos humanos por la Universidad Externado de Colombia y tiene una Maestría en Desarrollo, con énfasis en desarrollo ambiental, del Instituto Internacional de Estudios Sociales de La Haya, Holanda. Trabajó en la Corte Constitucional colombiana y fue consultora de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Cuenta con amplia experiencia en litigio, asesoría legal y derecho público.
