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Las falsas promesas de la energía hidroeléctrica
Cómo las represas fallan en cumplir el Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU Un comunicado conjunto de organizaciones de la sociedad civil en ocasión del Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica 2019 en París, Francia. Vivimos en una era urgente. Científicos han advertido que tenemos muy poco tiempo para actuar y poner bajo control el cambio climático para proteger la vida en nuestro planeta. Enfrentar la crisis climática requiere soluciones creativas que protejan la naturaleza y respeten los derechos humanos. Encarando estos desafíos, no podemos ser espectadores callados mientras corporaciones, financiadores y sus aliados van de puerta en puerta difundiendo falsas soluciones para enfrentar el cambio climático e implementar un desarrollo sostenible. Un ejemplo flagrante de esta simulación es el intento de retratar a las enormes represas hidroeléctricas como fuentes de energía “limpias y verdes”. Podemos observarlo en el Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica 2019, organizado en París por el lobby industrial de la Asociación Internacional Hidroeléctrica (IHA, por sus siglas en inglés) en alianza con la UNESCO. El título de este encuentro incluye la frase “Cumpliendo el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Estos retratos luminosos de los proyectos hidroeléctricos —con miras a captar incentivos financieros a través de mecanismos como Climate Bonds y el Fondo Verde del Clima— ignoran convenientemente un legado extenso de catástrofes sociales y ambientales, pérdidas económicas y, con demasiada frecuencia, esquemas de corrupción masiva que son la antítesis del desarrollo verdaderamente sostenible. ... Un llamado a la acción Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes pedimos a los miembros de la Asociación Internacional Hidroeléctrica, gobiernos e instituciones financieras internacionales que implementen las siguientes acciones urgentes: Alejar las prioridades, inversiones e incentivos financieros de nuevos proyectos hidroeléctricos y, en cambio, dirigirlas hacia opciones de eficiencia energética y de energía renovable verdaderamente sostenibles (solar, eólica y biomasa y, cuando sea apropiado, energía microhidroeléctrica). Se debe prestar especial atención a las oportunidades para la innovación tecnológica, la generación descentralizada y la mejora del acceso a la energía entre comunidades aisladas y no conectadas a redes. Eliminar incentivos financieros para nuevos proyectos hidroeléctricos de los mecanismos de cambio climático, como el Fondo Verde del Clima y las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs, por sus siglas en inglés), y de los programas para promover la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (con una posible excepción para los proyectos microhidroeléctricos). Encargar auditorías independientes para proyectos existentes de represas controversiales y cascadas de represas instaladas en toda una cuenca en términos de sus consecuencias ambientales y sociales, identificando los pasos para mitigar los imapactos y asegurando una reparación justa de los daños para las comunidades afectadas, basada en consultas directas. Cuando tales medidas sean prohibitivamente caras o de otra manera inviables, se debe promover el retiro de los proyectos. Alinear los procesos operativos de los proyectos hidroeléctricos existentes con planes territoriales relevantes a nivel de la cuenca, como la gestión integrada de los recursos hídricos y áreas protegidas que preservan procesos ecológicos clave y los derechos de las comunidades locales, según conceptos y herramientas de participación y manejo adaptativo. Asegurar que las políticas y proyectos de energía renovable adopten, en general, directrices sólidas para salvaguardar los derechos humanos y las protecciones ambientales, como el Convenio 169 de la OIT y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas. No deben ser autorizadas las instalaciones energéticas que potencialmente impacten los territorios y medios de vida de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, sin obtener el consentimiento previo, libre e informado de la población y sin asegurar un diseño cooperativo para la coadministración de las estrategias. Entre los beneficios de este cambio de paradigma en las estrategias energéticas y de planeación de desarrollo, se encuentran la protección de los últimos ríos de libre cauce del mundo, vitales para la resiliencia climática, la conservación de la biodiversidad y de un estilo de vida sostenible. Tanto las compañías de energía como los gobiernos deben detener todo esfuerzo para represar los últimos ríos libres del mundo y, en cambio, concentrarse en: i) mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de los proyectos existentes de energía hidroeléctrica y de cascadas; y ii) invertir en eficiencia energética y en fuentes renovables verdaderamente sostenibles. Además, es urgente que los gobiernos promuevan la protección legal permanente de los últimos ríos libres del mundo, incluyendo los cursos de agua transfronterizos, respetando los derechos territoriales de los pueblos indígenas y de otras comunidades tradicionales, quienes juegan un rol fundamental como guardianes de la salud de los ríos. 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La prohibición del fracking en Colombia como un asunto de política pública
Este texto, que busca contribuir al debate sobre el fracking en Colombia, es labor de un grupo de personas expertas en diferentes materias relacionadas con el tema: ingenierías de petróleos, química y civil; geología, economía, derecho y movimientos sociales. Este grupo propone temas útiles e ilustrativos para estimular las discusiones públicas. Para ello, se trabajan cuatro aspectos, en los capítulos correspondientes: Un contexto sobre el papel del fracking en un escenario de cambio climático, la definición de la técnica y sus antecedentes en el mundo y en Colombia. La descripción del principio de precaución y de algunos derechos que podrían estar en riesgo con la aprobación del fracking en Colombia. En este mismo capítulo, se exponen algunos daños graves originados en la técnica, sobre el ambiente y, muy especialmente, sobre el derecho al agua. También se discute cómo la aprobación del fracking podría profundizar conflictos socioambientales y, en consecuencia, ir en contravía de la construcción de paz en el país. El tercer capítulo analiza el comportamiento económico de los hidrocarburos y las políticas que, orientadas a ofrecer múltiples beneficios a empresas privadas, han intentado estimularlo. Expone además la manera en que, apostar por la explotación de hidrocarburos no convencionales, podría tener afectaciones en la economía colombiana, dada la inestabilidad en los precios internacionales del petróleo y la enfermedad holandesa, que impactaría sectores productivos como la agricultura y la industria. El sector hidrocarburos cuenta con numerosos beneficios tributarios y genera, en comparación con otros sectores económicos como la agricultura o la industria, muchos menos empleos. En la última parte, se concluye que, para proteger las verdaderas vocaciones naturales, culturales y económicas del país, basadas en su gran diversidad y en concordancia con los compromisos jurídicos y políticos constitucionales e internacionales de ambiente y derechos humanos, Colombia necesita prohíbir el fracking. En cambio, propone trazar cuanto antes un camino hacia la transición a energías limpias y justas y así aprovechar su gran potencial en esta materia. Esta transición energética debe darse en el marco de estándares ambientales y sociales que minimicen los impactos en los ecosistemas, las comunidades, las personas defensoras de derechos humanos y las personas trabajadoras con el fin de generar energía y, simultáneamente, beneficios en términos ambientales, de salud pública y de generación de empleo. Descarga el informe
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Prohibiciones y moratorias al fracking: Legislación comparada
El fracking es una técnica nueva y experimental de extracción de hidrocarburos no convencionales como el gas y el petróleo de esquisto. Su aplicación ha despertado preocupación y motivado movilizaciones y resistencia en muchas comunidades, regiones y países del mundo por los graves daños en la salud y el ambiente que conlleva. Esta técnica consiste en taladrar verticalmente bajo tierra (de mil a cinco mil metros) y luego horizontalmente (de mil a cuatro mil metros) e inyectar a muy alta presión un fluido para fracturar rocas que contienen hidrocarburos de difícil acceso y así liberarlos. El fluido está compuesto de una mezcla de agua, arena y diferentes químicos contaminantes. Países, regiones, municipios y comunidades en todo el mundo han optado por prohibir o declarar la moratoria al fracking a través de una serie de mecanismos legales y administrativos, impulsados por diversas preocupaciones y argumentos. Entre ellos, destacamos: El riesgo grave de contaminación de aguas superficiales y subterráneas, del aire y del suelo. La incertidumbre sobre la ciencia detrás de la técnica y respecto a la magnitud y el alcance de sus impactos en la salud pública y el ambiente. La incertidumbre sobre la eficacia de las medidas de la industria de hidrocarburos para prevenir los impactos que la técnica podría generar. La conclusión general de que la industria hidrocarburífera no puede garantizar operaciones de fracking seguras para la salud humana y para el ambiente. Los riesgos de daños graves a las tierras y al agua que pongan en peligro la vocación agrícola y rural, los medios de vida de las comunidades y la confianza de la ciudadanía para consumir productos de zonas afectadas por el fracking. Las emisiones significativas de gases de efecto invernadero que el uso de fracking implica, y sus consecuentes impactos en términos del cambio climático. La existencia de una amplia oposición social al fracking, que demuestra el poder de la organización de las bases comunitarias y de la movilización ciudadana. La convicción de pueblos indígenas como el Cherokee que conciben que defender su territorio y ambiente frente al fracking es esencialmente defender su sobrevivencia. Una gran parte de las prohibiciones y moratorias al fracking estudiadas aquí adoptan el principio de precaución de modo expreso, haciendo referencia directa al mismo o de modo indirecto, sin mencionarlo pero incorporando sus elementos constitutivos. Por ejemplo, estas medidas se basan en el riesgo de daños graves e irreversibles ocasionados por la técnica o en la incertidumbre sobre la ciencia detrás de ella y acerca del alcance y magnitud de sus impactos. Estas medidas representan el principio de precaución, según el cual ante el riesgo de un daño grave o irreversible, y ante la falta de certeza científica, los tomadores de decisión deben adoptar medidas proactivas para proteger la salud de las personas y el ambiente. Descarga el Informe
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Peces herbívoros y arrecifes de coral: una relación que debemos proteger
Los peces herbívoros tienen colores vibrantes y se alimentan de macroalgas, principalmente de las macroalgas que cubren a los arrecifes de coral. Juegan un rol fundamental en la salud de esos entornos marinos, pues los limpian de las algas que les quitan luz y oxígeno. Este papel se considera vital para el mantenimiento de su equilibrio ecológico y para su sobrevivencia. Recomendaciones para su preservación Es urgente implementar medidas orientadas a mantener e incrementar la salud y capacidad de recuperación de los arrecifes de coral, y a preservar a las comunidades de peces herbívoros que son vitales para ello. Se requiere: Establecer y adoptar estrategias firmes de gestión de pesca y conservación que lleven a la recuperación de poblaciones de peces herbívoros, en particular de peces loro. Esto incluye iniciativas de ordenamiento pesquero, entre ellas el establecimiento de vedas temporales y espaciales, así como cuotas estrictas de pesca. Otras medidas incluyen la diversificación pesquera. En el Caribe, se podría promover la pesca del pez león, una especie invasora, como alternativa económica para cientos de comunidades pesqueras. Establecer áreas protegidas marinas o zonas de recuperación pesquera donde se prohíba la captura de peces a fin de brindar una protección más efectiva. Estas áreas o zonas, e incluso hábitats críticos deben decretarse con la urgencia y pertinencia debido a que son considerados un refugio para ejemplares juveniles y adultos. Esto permitiría que especies funcionales, como los peces herbívoros, logren completar su ciclo de vida y contribuyan así a la resiliencia de entornos marinos claves como los arrecifes de coral. Estandarizar el monitoreo de la población de peces e implementar alternativas de manejo. Esto permitiría contar con información óptima sobre la población de peces herbívoros, lo que facilitaría su manejo. Entre las alternativas a considerar está la restauración de arrecifes, medida ya adoptada en varias zonas de México. Promover una gestión integral regional que involucre a las autoridades locales para compartir experiencias y establecer herramientas compartidas de manejo y conservación. Crear e implementar normas y leyes que permitan la conservación de arrecifes y peces herbívoros, el manejo pesquero adecuado y el combate efectivo de amenazas originadas en la sobrepesca, el turismo y el desarrollo costero de bajo impacto, que cuente además con una planificación técnica y científica.
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Protegiendo Los Humedales: Una Infografía Ramsar
Los humedales están bajo amenaza en todo el mundo debido a cambios en el uso del suelo, la contaminación y el desarrollo no sostenible. La Convención Ramsar es un tratado intergubernamental que trabaja para proteger los humedales más allá de las fronteras internacionales, y aboga por su uso racional. Esta infografía detalla por qué los humedales son tan importantes y cómo el cumplimiento de la Convención Ramsar puede ayudarnos a proteger estos ecosistemas sensible y vitales.
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Carta abierta a los Estados y a las Instituciones Financieras de Desarrollo
En los aniversarios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo (4 de diciembre), la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos (9 de diciembre) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre), grupos de la sociedad civil de todo el mundo llaman la atención sobre las amenazas únicas que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en el contexto de los megaproyectos y otras intervenciones de desarrollo. Las personas defensoras de los derechos humanos son una fuerza crítica para la protección de los derechos humanos y son parte integral para lograr el desarrollo sostenible. Son vitales para proteger la tierra y el medio ambiente, asegurar condiciones de trabajo justas y seguras, combatir la corrupción, respetar las culturas tradicionales y hacer responsables a los gobiernos. Sin embargo, aquellas personas que expresan sus opiniones o buscan incidir en el desarrollo y las inversiones son estigmatizados de manera rutinaria como “anti-desarrollo”, y están sujetos a hostigamiento judicial, amenazas y ataques violentos. Desde la adopción de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos hace 20 años, se estima que unas 3.500 personas defensoras de los derechos humanos han sido asesinadas por su labor pacífica en la defensa de los derechos de los demás. Sólo en 2017, al menos 312 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron asesinados, 67 por ciento de los cuales trabajaban en defensa de la tierra y el territorio en el contexto de grandes inversiones, industrias extractivas y grandes empresas. Hoy en día, los mismos gobiernos que adoptaron estos importantes instrumentos de derechos humanos pueden en realidad socavar esos esfuerzos a través de las acciones de sus bancos nacionales de desarrollo o la cooperación bilateral y multilateral para el desarrollo. Cuando las intervenciones de desarrollo ignoran los derechos humanos, o se imponen a las comunidades sin su consentimiento o participación, a menudo no logran generar desarrollo o reducir la pobreza, y en su lugar terminan contribuyendo a abusos de los derechos y poniendo a las personas defensoras en riesgo. Es por eso que la Campaña Personas Defensoras en el Desarrollo hace un llamado a los bancos de desarrollo, los Estados y otros actores del desarrollo para que cumplan con estos aniversarios de derechos humanos, destacando el importante papel que desempeñan las personas defensoras en el desarrollo sostenible y comprometiéndose públicamente a: Asegurar que las intervenciones de desarrollo apoyen la realización de los derechos humanos y eviten abusos, Promover un entorno propicio para la participación pública en los procesos de desarrollo, y Tomar las medidas necesarias para salvaguardar a las personas defensoras en el contexto de las actividades de desarrollo. Lea la Carta Abierta firmada por más de 200 grupos Encuentre aquí más información
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Detrás de las represas: inversiones del BNDES en Belo Monte e Hidroituango
Para cambiar es esencial conocer. Para conocer, dialogar. Y, para dialogar, presentamos este informe. Analizamos la aplicación de los estándares internacionales existentes para hidroeléctricas a partir de dos de las inversiones más importantes del BNDES: Hidroituango y Belo Monte. Del análisis se desprenden evidencias y se ofrecen conclusiones y recomendaciones que brindarán al Banco, a las organizaciones y a las comunidades involucradas, elementos concretos para contribuir en la mejora del desempeño futuro de la institución financiera. Esperamos que estos aportes fortalezcan el diálogo con el BNDES facilitando la identificación de opciones hacia un mayor cumplimiento de los valores que el Banco ha adoptado, particularmente la transparencia y la responsabilidad social y ambiental. Lee el informe completo Descarga el Resumen Ejecutivo Lee el informe en portugués Descarga el Resumen Ejecutivo en portugués Lee el Resumen Ejecutivo en inglés
Leer másPor trás das represas: investimentos do BNDES em Belo Monte e Hidroituango
Para mudar é essencial conhecer. Para conhecer, dialogar. E, para dialogar, apresentamos este relatório. Analisamos a aplicação dos padrões internacionais de direitos humanos e ambiente existentes para hidroelétricas a partir de dois dos investimentos mais importantes do BNDES: Hidroituango e Belo Monte. A análise crítica realizada oferece conclusões e recomendações que almejam disponibilizar ao Banco, às organizações e às comunidades envolvidas elementos concretos que contribuam para a melhoria do desempenho futuro da instituição financeira. Esperamos que essas contribuições fortaleçam o diálogo com o BNDES, facilitando a identificação de opções para um maior cumprimento dos valores que o Banco adotou, particularmente em relação à transparência e à responsabilidade social e ambiental. Leia o relatório completo Baixar Sumário Executivo Leia o relatório em espanhol Baixar Sumário Executivo em espanhol Leia Sumário Executivo em inglês
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Infografía: Opinión Consultiva 23
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la UNAM (OSIDH), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), AIDA y el Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro presentan esta infografía sobre la Opinión Consultiva 23 de la Corte. El objetivo principal es poner al alcance de todas las personas interesadas los principales puntos y estándares desarrollados por la Corte en torno a las obligaciones de los Estados en materia de ambiente y su relación con los derechos humanos. Esperamos que esta iniciativa conjunta contribuya a la plena vigencia y garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la región. La Opinión Consultiva 23, emitida el 15 de noviembre de 2017, establece un precedente histórico para la protección de los derechos humanos en el continente. Descarga la infografía en inglés Descarga la infografía en portugués Descarga la infografía en francés OPINIÓN CONSULTIVA (TEXTO COMPLETO) Español Inglés SEMINARIO VIRTUAL "¿Qué es la Opinión Consultiva sobre DDHH y ambiente de la Corte IDH?"
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Carta a los Estados de América Latina y el Caribe sobre la firma de un tratado ambiental regional
Estimados/as Presidentes/as: El 27 de septiembre 2018, los países de América Latina y el Caribe tendrán la oportunidad de contar con un nuevo instrumento para la protección del ambiente: el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Acuerdo de Escazú). Sus gobiernos podrían hacer historia y convertirse en líderes de la protección del medio ambiente al firmarlo en la ceremonia de apertura a firmas que se dará en el marco del Debate General Anual de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. El Tratado de Escazú es una herramienta clave que permitirá un enfoque más participativo para la toma de decisiones, la formulación de políticas y proyectos relacionados con el medio ambiente y la disminución y mitigación de conflictos generados por la falta de participación efectiva de aquellas comunidades afectadas. El acuerdo profundiza las obligaciones de derechos humanos que los Estados de la región han adquirido previamente a través de otros instrumentos internacionales en relación con el derecho de acceso a la información pública; la participación en la toma de decisiones, incluida la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas; el derecho a un medio ambiente sano; la igualdad de acceso a la justicia en referencia a los derechos ambientales, así como la protección de personas que defienden los derechos humanos y el ambiente, entre otros. Estas obligaciones adquiridas por los Estados en América Latina y el Caribe, junto con otros compromisos asumidos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros acuerdos internacionales, reflejan el compromiso con un desarrollo respetuoso del medio ambiente y que respete los derechos humanos y las futuras generaciones. Asimismo, en el marco de la 48 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en junio de este año, sus gobiernos invitaron a la firma del Acuerdo de Escazú al reconocer que la persona humana es el sujeto central del proceso de desarrollo sostenible y debe ser un participante activo del mismo. También reconocieron el Acuerdo como un medio para garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones, ataques e inseguridad. La firma del Acuerdo de Escazú es el primer paso necesario para incluir los derechos de acceso en una agenda gubernamental. Representa una oportunidad histórica para que sus gobiernos envíen un mensaje claro a la ciudadanía y a la comunidad internacional sobre su firme compromiso con esta agenda global para la protección de los derechos humanos vinculados a un medio ambiente sano y sostenible. Una agenda global que beneficiará a todas las personas en nuestra región y en el mundo. Exhortamos a sus gobiernos a firmar el Acuerdo de Escazú el 27 de septiembre de 2018 y someterlo ante las instancias nacionales competentes para su ratificación inmediata. Ahora es el momento de dar pasos firmes para un cambio real. América Latina y el Caribe necesitan que hagan realidad la promesa del Acuerdo de Escazú para millones de personas que viven en la región. También, instamos a sus gobiernos a que adopten medidas rápidas y efectivas para implementar las disposiciones del Acuerdo.
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