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Carta abierta a los Estados y a las Instituciones Financieras de Desarrollo
En los aniversarios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo (4 de diciembre), la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos (9 de diciembre) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre), grupos de la sociedad civil de todo el mundo llaman la atención sobre las amenazas únicas que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en el contexto de los megaproyectos y otras intervenciones de desarrollo. Las personas defensoras de los derechos humanos son una fuerza crítica para la protección de los derechos humanos y son parte integral para lograr el desarrollo sostenible. Son vitales para proteger la tierra y el medio ambiente, asegurar condiciones de trabajo justas y seguras, combatir la corrupción, respetar las culturas tradicionales y hacer responsables a los gobiernos. Sin embargo, aquellas personas que expresan sus opiniones o buscan incidir en el desarrollo y las inversiones son estigmatizados de manera rutinaria como “anti-desarrollo”, y están sujetos a hostigamiento judicial, amenazas y ataques violentos. Desde la adopción de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos hace 20 años, se estima que unas 3.500 personas defensoras de los derechos humanos han sido asesinadas por su labor pacífica en la defensa de los derechos de los demás. Sólo en 2017, al menos 312 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron asesinados, 67 por ciento de los cuales trabajaban en defensa de la tierra y el territorio en el contexto de grandes inversiones, industrias extractivas y grandes empresas. Hoy en día, los mismos gobiernos que adoptaron estos importantes instrumentos de derechos humanos pueden en realidad socavar esos esfuerzos a través de las acciones de sus bancos nacionales de desarrollo o la cooperación bilateral y multilateral para el desarrollo. Cuando las intervenciones de desarrollo ignoran los derechos humanos, o se imponen a las comunidades sin su consentimiento o participación, a menudo no logran generar desarrollo o reducir la pobreza, y en su lugar terminan contribuyendo a abusos de los derechos y poniendo a las personas defensoras en riesgo. Es por eso que la Campaña Personas Defensoras en el Desarrollo hace un llamado a los bancos de desarrollo, los Estados y otros actores del desarrollo para que cumplan con estos aniversarios de derechos humanos, destacando el importante papel que desempeñan las personas defensoras en el desarrollo sostenible y comprometiéndose públicamente a: Asegurar que las intervenciones de desarrollo apoyen la realización de los derechos humanos y eviten abusos, Promover un entorno propicio para la participación pública en los procesos de desarrollo, y Tomar las medidas necesarias para salvaguardar a las personas defensoras en el contexto de las actividades de desarrollo. Lea la Carta Abierta firmada por más de 200 grupos Encuentre aquí más información
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Detrás de las represas: inversiones del BNDES en Belo Monte e Hidroituango
Para cambiar es esencial conocer. Para conocer, dialogar. Y, para dialogar, presentamos este informe. Analizamos la aplicación de los estándares internacionales existentes para hidroeléctricas a partir de dos de las inversiones más importantes del BNDES: Hidroituango y Belo Monte. Del análisis se desprenden evidencias y se ofrecen conclusiones y recomendaciones que brindarán al Banco, a las organizaciones y a las comunidades involucradas, elementos concretos para contribuir en la mejora del desempeño futuro de la institución financiera. Esperamos que estos aportes fortalezcan el diálogo con el BNDES facilitando la identificación de opciones hacia un mayor cumplimiento de los valores que el Banco ha adoptado, particularmente la transparencia y la responsabilidad social y ambiental. Lee el informe completo Descarga el Resumen Ejecutivo Lee el informe en portugués Descarga el Resumen Ejecutivo en portugués Lee el Resumen Ejecutivo en inglés
Leer másPor trás das represas: investimentos do BNDES em Belo Monte e Hidroituango
Para mudar é essencial conhecer. Para conhecer, dialogar. E, para dialogar, apresentamos este relatório. Analisamos a aplicação dos padrões internacionais de direitos humanos e ambiente existentes para hidroelétricas a partir de dois dos investimentos mais importantes do BNDES: Hidroituango e Belo Monte. A análise crítica realizada oferece conclusões e recomendações que almejam disponibilizar ao Banco, às organizações e às comunidades envolvidas elementos concretos que contribuam para a melhoria do desempenho futuro da instituição financeira. Esperamos que essas contribuições fortaleçam o diálogo com o BNDES, facilitando a identificação de opções para um maior cumprimento dos valores que o Banco adotou, particularmente em relação à transparência e à responsabilidade social e ambiental. Leia o relatório completo Baixar Sumário Executivo Leia o relatório em espanhol Baixar Sumário Executivo em espanhol Leia Sumário Executivo em inglês
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Infografía: Opinión Consultiva 23
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la UNAM (OSIDH), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), AIDA y el Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro presentan esta infografía sobre la Opinión Consultiva 23 de la Corte. El objetivo principal es poner al alcance de todas las personas interesadas los principales puntos y estándares desarrollados por la Corte en torno a las obligaciones de los Estados en materia de ambiente y su relación con los derechos humanos. Esperamos que esta iniciativa conjunta contribuya a la plena vigencia y garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la región. La Opinión Consultiva 23, emitida el 15 de noviembre de 2017, establece un precedente histórico para la protección de los derechos humanos en el continente. Descarga la infografía en inglés Descarga la infografía en portugués Descarga la infografía en francés OPINIÓN CONSULTIVA (TEXTO COMPLETO) Español Inglés SEMINARIO VIRTUAL "¿Qué es la Opinión Consultiva sobre DDHH y ambiente de la Corte IDH?"
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Carta a los Estados de América Latina y el Caribe sobre la firma de un tratado ambiental regional
Estimados/as Presidentes/as: El 27 de septiembre 2018, los países de América Latina y el Caribe tendrán la oportunidad de contar con un nuevo instrumento para la protección del ambiente: el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Acuerdo de Escazú). Sus gobiernos podrían hacer historia y convertirse en líderes de la protección del medio ambiente al firmarlo en la ceremonia de apertura a firmas que se dará en el marco del Debate General Anual de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. El Tratado de Escazú es una herramienta clave que permitirá un enfoque más participativo para la toma de decisiones, la formulación de políticas y proyectos relacionados con el medio ambiente y la disminución y mitigación de conflictos generados por la falta de participación efectiva de aquellas comunidades afectadas. El acuerdo profundiza las obligaciones de derechos humanos que los Estados de la región han adquirido previamente a través de otros instrumentos internacionales en relación con el derecho de acceso a la información pública; la participación en la toma de decisiones, incluida la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas; el derecho a un medio ambiente sano; la igualdad de acceso a la justicia en referencia a los derechos ambientales, así como la protección de personas que defienden los derechos humanos y el ambiente, entre otros. Estas obligaciones adquiridas por los Estados en América Latina y el Caribe, junto con otros compromisos asumidos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros acuerdos internacionales, reflejan el compromiso con un desarrollo respetuoso del medio ambiente y que respete los derechos humanos y las futuras generaciones. Asimismo, en el marco de la 48 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en junio de este año, sus gobiernos invitaron a la firma del Acuerdo de Escazú al reconocer que la persona humana es el sujeto central del proceso de desarrollo sostenible y debe ser un participante activo del mismo. También reconocieron el Acuerdo como un medio para garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones, ataques e inseguridad. La firma del Acuerdo de Escazú es el primer paso necesario para incluir los derechos de acceso en una agenda gubernamental. Representa una oportunidad histórica para que sus gobiernos envíen un mensaje claro a la ciudadanía y a la comunidad internacional sobre su firme compromiso con esta agenda global para la protección de los derechos humanos vinculados a un medio ambiente sano y sostenible. Una agenda global que beneficiará a todas las personas en nuestra región y en el mundo. Exhortamos a sus gobiernos a firmar el Acuerdo de Escazú el 27 de septiembre de 2018 y someterlo ante las instancias nacionales competentes para su ratificación inmediata. Ahora es el momento de dar pasos firmes para un cambio real. América Latina y el Caribe necesitan que hagan realidad la promesa del Acuerdo de Escazú para millones de personas que viven en la región. También, instamos a sus gobiernos a que adopten medidas rápidas y efectivas para implementar las disposiciones del Acuerdo.
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Los Riesgos de la Expansión Salmonera en la Patagonia Chilena
En Chile, la industria salmonera ha crecido rápidamente en los últimos 20 años, a menudo a expensas del medio ambiente, como ha ocurrido en las regiones de Los Lagos y Aysén, donde las granjas de salmón se han establecido firmemente. En búsqueda de aguas más prístinas, la industria se está instalando ahora en las últimas costas vírgenes del país, en la región de Magallanes, al sur de la Patagonia. La expansión se está llevando a cabo sin pruebas científicas o estudios serios para limitar la producción a la capacidad de las aguas. Ello podría tener consecuencias catastróficas para los ecosistemas locales, algo que ha generado preocupación entre organizaciones ambientales. El presente informe, elaborado para AIDA por el biólogo Héctor Kol, con el apoyo de la Fundación Waitt, tiene como objetivo contribuir al entendimiento de los daños actuales y potenciales que la producción industrial de salmón implica para Magallanes. Con esto, se busca también contribuir a la protección efectiva del ambiente acuático-marino de la Región, usando las herramientas legales existentes. El documento presenta un análisis detallado de la situación de la granjas de salmón en Magallanes, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿cuántas existen?, ¿dónde están? ¿cuánto producen y en qué condiciones lo hacen? El estudio abarca los proyectos de granjas ya autorizados por el gobierno y aquellos cuyos permisos están en trámite. El total fue dividido por sectores geográficos para facilitar el análisis. La información de cada proyecto incluye mapas de ubicación y estimaciones de la cantidad de desechos que dejan en las aguas donde están instalados, aspecto clave para determinar sus impactos en la vida marina. De ese modo, el autor ilustra la magnitud del problema. El informe contiene además información básica del proceso de autorización de este tipo de proyectos y de la regulación existente para el sector, así como anexos con documentos científicos y legales sobre cada proyecto. El análisis permite arribar a conclusiones importantes, entre las que están las siguientes: De los 261 proyectos analizados, poco menos de la mitad han sido ya autorizados y el resto podría conseguir sus permisos en el corto y mediano plazo. Ello muestra el rápido avance de la industria en la región y alerta sobre la necesidad de un monitoreo constante, sobre todo de las condiciones ambientales y sanitarias con las que opera. De los 126 proyectos autorizados, solo 35 (equivalentes al 25% del total) están operando efectivamente. Existen, en un mismo sector geográfico y sin una fundamentación que lo explique, grandes diferencias en la producción y la cantidad de desechos que el gobierno autorizó para diferentes subsectores. Ello evidencia la falta de una evaluación científica que garantice que las aguas pueden recibir la cantidad de desechos autorizados. Más de la mitad de los proyectos que están actualmente en operación, han generado la falta total o parcial de oxígeno en las aguas, lo que afecta gravemente la vida marina. Más grave aún es que al menos nueve de ellos están ubicados en áreas naturales protegidas. Lo anterior demuestra que, antes de otorgar permisos de operación, no se realizaron estudios adecuados para asegurar que la capacidad de las aguas no sea rebasada por la cantidad de peces autorizada para la crianza. Significa también que los proyectos no son sometidos a procesos apropiados de evaluación ambiental. No se cuenta con información ambiental sobre todos los proyectos autorizados, lo cual impide determinar con mayor precisión los daños potenciales de la industria del salmón en Magallanes. En suma, el estudio concluye que ni el Estado ni las empresas salmoneras han hecho lo suficiente para evitar que los daños ya ocasionados por la industria en otras regiones de Chile, se repitan ahora en una de las zonas más prístinas del país. Consulta y descarga el informe completo MAPA: Proyectos de salmonicultura divididos por sector geográfico Íconos y polígonos rojos: proyectos con concesión acuícola otorgada, Proyecto Técnico aprobado y evaluación ambiental disponible (104 en total). Íconos blancos y polígonos rojos: proyectos con concesión acuícola otorgada y Proyecto Técnico aprobado, pero sin RCA (Resoluciones de Calificación Ambiental) ni información ambiental disponible (22 en total). Íconos y polígonos amarillos: proyectos en trámite, sin concesión acuícola aprobada, pero con Proyecto Técnico aprobado (10 en total). Íconos y polígonos verdes: proyectos en trámite, sin concesión acuícola aprobada y sin Proyecto Técnico aprobado, pero considerados viables por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (124 en total). View larger map
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Informe sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en México
El informe y su anexo (con casos emblemáticos) tienen como objetivo visibilizar las principales violaciones a los derechos de las personas y comunidades indígenas en México. Este esfuerzo es un resultado colectivo de las organizaciones de la sociedad civil mexicana, comunidades y colectivos que históricamente se han dedicado a la defensa de los derechos humanos en el país. El documento se compone de nueve apartados que abordan el contexto nacional que describe los límites, obstáculos y desafíos para garantizar los derechos de los pueblos indígenas en el país para posteriormente entrar al análisis de violaciones que se han agrupado en temáticas como la autonomía y la libre determinación, una demanda colectiva que continúa siendo una deuda histórica del Estado mexicano hacia los pueblos indígenas, situación que ha provocado otras violaciones a sus derechos. Además, se aborda el tema de las violaciones al derecho al territorio derivado de una multiplicidad de causas como la implementación desmedida de megaproyectos de infraestructura y desarrollo que se autorizan, construyen y operan sin respetar la tierra y territorios de los pueblos, ocasionando impactos significativos en su integridad cultural, social, y económica entre otros derechos. Otro tema a tratar es la cuestión de la falta de acceso a la justicia como un gran obstáculo para proteger sus derechos humanos, y sobre todo, reparar de manera integral las violaciones a los mismos. Finalmente, se analiza la situación de inseguridad y violencias que enfrentan las personas y comunidades indígenas y de las cuales también son víctimas, este hecho agudiza y profundiza el impacto de las violaciones a sus derechos humanos. El último apartado es un anexo que compila fichas de casos sobre violaciones a los derechos de los pueblos en todo el territorio mexicano, si bien, no podemos decir que se trata de todos los casos en el país, si refleja una aproximación de la situación crítica y de las principales violaciones que sufren los pueblos y comunidades indígenas. Cabe señalar, que este documento ha sido elaborado con motivo de la visita oficial a México de Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en noviembre del presente año. Esperamos que la información proporcionada por la sociedad civil mexicana sea de gran utilidad para su Informe de Misión ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
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Grandes represas: Energía del pasado ni limpia ni sostenible
Artículo publicado como parte del Informe Ambiental Anual 2017 de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina. Resumen Ejecutivo La energía que producen las grandes represas es ineficiente e insegura, mientras que la construcción de su enorme infraestructura es excesivamente costosa. Además, éstas degradan el ambiente y contribuyen al cambio climático. Adicionalmente, en la mayoría de los casos, la implementación de las grandes represas genera graves violaciones de derechos humanos. En suma, los costos financieros, sociales y ambientales que ha pagado la humanidad por ellas, han sido demasiado altos. Actualmente existen alternativas viables a las grandes represas incluyendo la eficiencia energética y energías alternativas limpias, como la solar y eólica. Los precios de estas tecnologías han bajado considerablemente, por lo que es posible atender las demandas energéticas existentes sin necesidad de hidroeléctricas más grandes. Es necesario y urgente entonces que los países empiecen a implementar soluciones energéticas ambiental y socialmente adecuadas a este siglo. Introducción La energía hidroeléctrica sin duda ha sido clave para el desarrollo y ha traído importantes beneficios para la sociedad, sin embargo, esto no ha sido gratuito, los costos en muchas ocasiones son mayores que los beneficios. Por ello, hoy en día considerar que la energía hidroeléctrica es limpia y sostenible es como si siguiéramos usando ábacos para hacer cálculos, cuando evidentemente hay opciones más eficientes para ello. A pesar de la existencia de alternativas, las represas siguen siendo vistas como soluciones, lo que evidencia la necesidad del cambio. En 2015 la energía hidroeléctrica representó el 16.6% de la producción mundial de electricidad proveniente de fuentes diferentes a combustibles fósiles o nucleares. En América Latina éste porcentaje asciende al 50%. Hoy existen más de 57 mil grandes represas en el mundo. Sólo en Latinoamérica operan cerca de 1000 de todos los tamaños, y alrededor de 1600 grandes represas están en proceso de construcción o planeación. De todas esas, más de 250 son para la cuenca amazónica. La necesidad de encontrar soluciones más allá de las represas es evidente. Las grandes represas son aquellas cuya cortina mide 15 metros o más, desde la base hasta la cresta o, que, teniendo una cortina de menor altura, tiene más de tres millones de metros cúbicos de capacidad5 . Éstas han provocado graves e irreversibles daños para los ecosistemas, los ciclos de los ríos y la biodiversidad, así como para las comunidades que viven aguas arriba y abajo de donde se construyen. Sus impactos socio-ambientales se han vinculado a graves violaciones de derechos humanos. Además, las grandes represas agravan el cambio climático y retardan la implementación de soluciones necesarias para lograr la transición energética que el planeta requiere. Sumado a esto, las grandes represas son excesivamente costosas y tardan tanto tiempo en ser operativas, que resultan ineficientes para atender las crisis energéticas urgentes de los países. La experiencia ha demostrado una y otra vez que las comunidades aledañas a las grandes represas, lejos de beneficiarse, se empobrecen con dichas obras. Las grandes represas además aumentan las deudas públicas de los países, intensificando las crisis económicas. Por todas estas razones las grandes represas no son energía barata, limpia ni sostenible. A continuación, el análisis de los fundamentos más importantes. Actualmente existen alternativas viables a las grandes represas que incluyen la eficiencia energética y energías alternativas limpias como la solar y eólica, cuyo precio ha bajado considerablemente, con las cuales es posible atender las demandas energéticas existentes sin depender de las grandes hidroeléctricas. De esta manera podríamos transitar hacia una economía limpia, avanzando hacia un verdadero desarrollo sostenible que no sacrifique ecosistemas, ríos, y a las poblaciones que dependen de ellos.
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Carta de la sociedad civil sobre el Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos en México
En una carta dirigida a la Secretaría de Gobernación de México, el Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos se desmarca, luego de dos años, del proceso de elaboración del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Por medio de la presente, como Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos agradecemos el espacio de diálogo durante los últimos dos años en que hemos participado en la elaboración del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos, incluyendo la reunión del martes pasado. En seguimiento a nuestras conversaciones, después de un profundo análisis del proceso y del último texto recibido; y a pesar de que consideramos que hemos aportado nuestro mayor esfuerzo para que el Programa esté a la altura de los compromisos y necesidades de nuestro país en la materia, hemos decidido desmarcamos de la elaboración del Programa. Como es de su conocimiento, durante este tiempo hemos realizado un importante trabajo brindando insumos sustantivos para alcanzar el mejor resultado. Por ejemplo, hemos movilizado recursos propios para generar un Diagnóstico de Línea Base independiente; ayudado a documentar la situación a nivel nacional para fortalecer la visita a México del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU el año pasado; participado en todas las reuniones del Grupo Nacional de Trabajo y en otras de subgrupos; participado en los seminarios y reuniones regionales de socialización y brindado comentarios por escrito y verbalmente para el mejoramiento de los textos y el proceso. Por ello, consideramos que a lo largo de estos dos años, hemos participado activa y responsablemente para que la Dirección a su digno cargo cuente con información de calidad que retoma experiencias internacionales para abordar cabalmente los tres Pilares de los Principios Rectores en el marco del Programa Nacional. Reconocemos que nuestro trabajo logró que se mejoraran algunos aspectos del borrador inicial difundido en el mes de marzo de este año. Sin embargo, la última versión del Programa no cumple con los estándares internacionales en la materia al no atender adecuadamente algunos temas clave que mencionamos más abajo. Reconocemos también que el proceso de socialización realizado tuvo en cuenta algunos de nuestros comentarios, como la integración de diferentes actores sociales, la ampliación de los tiempos para recibir comentarios, así como la apertura de un proceso en línea. Al mismo tiempo, consideramos que varios aspectos señalados en numerosas ocasiones no se resolvieron, entre ellos, la necesidad de tener una clara hoja de ruta y que la discusión sobre el contenido del Programa se mantuviera activa en el marco del Grupo Nacional de Trabajo para realizar un proceso transparente y multipartícipe. Respecto al contenido del Programa, las prioridades que hemos definido desde el inicio del proceso y que consideramos que no están atendidas en el documento son: Mejoramiento del acceso a la justicia y a la remediación para las comunidades afectadas por la actividad empresarial. El Pilar 3 de los Principios Rectores claramente establece como fundamental la necesidad de incluir estas herramientas en cualquier Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Específicamente, en materia de acceso a la justicia, el Programa no retoma la recomendación y conclusión del seminario de discusión del Programa, de implementar la reforma a la Ley de Amparo de 2013 mediante la cual se puede señalar a las empresas como autoridad responsable cuando cometan violaciones a los derechos humanos. Resaltar y reconocer la debida diligencia de las empresas para identificar, evitar, mitigar y en su caso remediar daños de forma contundente en el Programa. El texto por ahora tampoco incorpora la necesidad de publicación de las evaluaciones de impacto ambiental y social (que por ley no son públicas), ni el considerar procesos de debida diligencia en toda la cadena de valor, incluyendo beneficiarios reales. No se establecen acciones para asegurar la transparencia en el sector privado ni se reconoce la obligación expresa de las empresas de respetar los derechos humanos. Inclusión en el programa de mecanismos sólidos de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y reconocimiento de la figura de los informantes (whistleblowers). No se insta a las empresas a manifestarse pública y contundentemente en contra de los ataques e intimidación a estos actores tal y como recomendó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. El derecho a la seguridad de estos actores y en particular en el contexto de grave crisis de derechos humanos que vive el país, es fundamental para que las empresas respeten los derechos humanos. Reconocimiento de la consulta previa, y procesos de consentimiento libre, previo e informado como derecho, y su resultado como vinculante. El borrador del Programa hasta ahora restringe su aplicación a los pueblos y comunidades indígenas excluyendo a comunidades campesinas y equiparables con problemáticas similares. Además, este derecho no se vincula con la responsabilidad de la debida diligencia de las empresas tal y como recomienda Naciones Unidas. Explícito reconocimiento de la responsabilidad de garantizar los derechos humanos por parte del Estado cuando funge como actor económico. El texto del Programa alcanzado no cuenta con lineamientos fuertes para las empresas de participación o control estatal, ni en los procedimientos de compras públicas, que den el ejemplo para el sector privado, tal y como establecen los Principios Rectores. Por lo anteriormente expresado las organizaciones que integramos el Grupo Focal nos abstenemos de avalar el Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos que ha sido desarrollado y cuyo borrador nos fue compartido en días pasados. Dado que la elaboración y publicación de dicho Programa llegará a su fin, mantendremos nuestro compromiso como sociedad civil de vigilar la implementación y evaluación de los temas de Empresas y Derechos Humanos, incluyendo el Programa Nacional, con el objetivo de mejorar las políticas públicas y la rendición de cuentas empresarial en el país. Atentamente, Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); Oxfam México; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Grupo Focal es acompañado por Brigadas de Paz Internacional (PBI) y por la Asociación Interamericana para Defensa del Ambiente (AIDA).
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Carta a legisladores argentinos sobre proyecto de represas en la Patagonia
En una carta enviada a legisladores del Congreso de Argentina, organizaciones de la sociedad civil expresan su preocupación por un proyecto de construcción de grandes represas hidroeléctricas en la Patagonia de ese país. La carta contiene insumos sólidos sobre los impactos de las grandes represas en el ambiente, las comunidades y la economía de los países, así como sobre las alternativas limpias disponibles para la generación de energía. Nos dirigimos a Ustedes, profundamente preocupados por la encruijada en la que se encuentra el pueblo argentino: proteger su incomensurable patrimonio ecológico en la Patagonia o poner en riesgo el financiamiento chino para un número importante de proyectos de obras de infraestructura y energía. Entendemos que la disyuntiva no es menor, y hacemos votos porque el Congreso argentino aproveche la Audiencia Pública del 20 de Julio, no sólo para evaluar a profundidad el Complejo Hidroeléctrico Kirchner-Cepernic (CHKC), sino también para abrir una conversación fundamental para Argentina y América Latina: sobre el desarrollo de un modelo de energía verdaderamente limpio, soberano y eficiente. Aprovechamos esta oportunidad para compartir información acerca de los impactos de las grandes represas sobre el ambiente, las comunidades y la economía de las naciones, así como de las alternativas existentes para brindar energía más eficiente y económica. Argentina no debe considerarse obligada a alterar una de las últimas zonas prístinas en el planeta, hogar del último río glacial que corre libre desde la cordillera al océano. Actualmente existen mejores opciones de energía que la hidroeléctrica, y Argentina tiene la oportunidad de ser pionera en su desarrollo e implementación. La tendencia mundial así lo muestra: el año 2015 el mundo agregó 63 GW de energía eólica y 47 GW de energía solar, en comparación con apenas 22 GW de energía proveniente de grandes hidroeléctricas. En algunas partes del mundo se ha optado por el desmantelamiento de grandes represas, en reconocimiento de que sus costos han sobrepasado beneficios; y en otros países ya hay registros de empresas privadas que están descartando proyectos de grandes represas, por ya no ser viables ni rentables. Estados Unidos ya adoptó, como política de Estado, el oponerse a cualquier préstamo, donación, estrategia o política para apoyar la construcción de cualquier gran represa hidroeléctrica. La energía eólica y solar son económicamente competitivas, más rápidas de echar a andar y menos vulnerables a un clima cambiante. Las innovaciones en redes inteligentes y la caída de los precios del almacenamiento en baterías ofrecen formas de resolver el problema de la intermitencia de estas tecnologías, sin la necesidad de construir nuevas grandes represas. Por el contrario, las grandes hidroeléctricas son una tecnología obsoleta; son altamente vulnerables al cambio climático (se paralizan con las sequías y se tornan peligrosas con los eventos climáticos extremos); agravan el cambio climático por la destrucción de sumideros de carbono y las emisiones de sus embalses; afectan la biodiversidad y a las comunidades locales; son extremadamente costosas y tardan demasiado tiempo en iniciar operaciones. Además, la continua promoción de grandes represas por parte de las empresas constructoras, en este caso principalmente atadas al financiamiento chino, retarda la implementación de soluciones disponibles y necesarias para lograr la transición energética que el planeta necesita.
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