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Perú: Frente al coronavirus, ATENCIÓN NACIONAL para los afectados por metales tóxicos
Desde la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos y la Mesa Nacional de Salud Ambiental y Humana, articulación de diversas organizaciones sociales, asociación de afectados por metales, frentes de defensas, federaciones indígenas, comunidades campesinas, colectivos ciudadanos e instituciones nos pronunciamos sobre la pandemia mundial del coronavirus y la declaratoria de emergencia nacional que afecta a todo el país: Resaltar el enorme trabajo que viene realizando el gobierno del Presidente Martin Vizcarra para poder evitar más contagiados y muertes por el coronavirus a lo largo de todo el país, llamando a un aislamiento social obligatorio y así evitar que el virus se propague de manera violenta e incontrolable. Considerar como un grave error que las actividades extractivas en minería y petróleo continúen sus operaciones, ya que ponen en riesgo la salud y la vida no sólo a los trabajadores sino a las poblaciones que viven en los territorios en donde se realizan estas operaciones. No es verdad que por ser remoto el lugar en donde se desarrollan las operaciones no van a ser afectados, así como tampoco son territorios donde no vive nadie y/o están aisladas. Tener en cuenta que las personas con niveles de exposición a fuentes de metales pesados y sustancias tóxicas son parte de la población con afecciones crónicas subyacentes. Además las condiciones climáticas en zonas altoandinas generan riesgo en afecciones respiratorias, y en las zonas amazónicas, las grandes distancias fluviales generan riesgo de no llegar a los centro de salud para atender casos graves. Es decir, que son mortalmente vulnerables al contagio del coronavirus, no olvidar que más de 7000 personas han dado positivo a metales tóxicos y sustancias toxicas en las pruebas que se han realizado en zonas como Espinar en Cusco, Chiriaco en Amazonas, Simón Bolívar en Pasco, La Oroya y el Valle del Mantaro en Junín, Cuatro Cuencas y Cuninico en Loreto, Coata en Puno, Nuevo Perú en Callao, Torata en Moquegua, San Mateo en Lima o Bambamarca en Cajamarca. Por ello, el Gobierno Nacional, nuestras autoridades regionales y locales tienen la responsabilidad de llevar a cabo una atención mucho más esmerada para estas familias. Esto va de la mano con asegurar, de manera restrictiva, el aislamiento social obligatorio mediante la prohibición y vigilancia del ingreso de personas externas a la comunidad. Informar que muchos de los lugares en donde se encuentran las empresas mineras y petroleras que han tenido problemas de contaminación, generando afectaciones en la salud de cientos de familias, se encuentran en zonas de pobreza y extrema pobreza. Muchas de estas familias no tienen acceso al agua potable, ni alimentos inocuos así como tampoco salud preventiva, integral y especializada lo que las hace más vulnerables frente al resto de la población. Por ello, pedimos que las familias de estas localidades sean tomadas en cuenta en la entrega del bono de subsidio monetario otorgado por el gobierno, establecido en el Decreto de Urgencia para frenar la propagación del coronavirus. Finalmente todas y todos debemos estar unidos en esta lucha contra el coronavirus en el Perú pero eso no debe implicar dejar de lado los acuerdos pendientes de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos con la Presidencia de Consejo de Ministros como la instalación de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para la atención a las miles de personas afectadas por metales tóxicos así como tampoco dejar de exigir dar prioridad en la atención de estas familias considerando su condición de riesgo, vulnerabilidad y su permanente situación de precariedad económica. Esperamos que esta vez el Estado peruano asuma su responsabilidad, garantice sus derechos y atienda sus demandas. Firman: Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú -ONAMIAP Red Nacional de Defensores y Defensoras de Ríos Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonia del Norte - ORPIAN-P Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos por la Defensa de sus Territorios PUINAMUDT Comunidad Nativa Nazareth Amazonas Comunidad Nativa Umukai Amazonas Comunidad Nativa Wachapea Amazonas Comunidad Nativa Pakun Amazonas Centro Poblado de Paragsha Pasco Asociación de Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes de Espinar (AUPE) Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K´ana Espinar Frente Callao Dignidad Junta Vecinal del Asentamiento Humano Cerro Baul Torata Moquegua Plataforma por la Defensa y Promoción del Medio Ambiente Cuenca Alta Rimac Comuneros de San Mateo de Huanchor Huarochiri Comuneros de San Antonio Huarochiri Rondas Campesinas Femeninas de la Comunidad de Maygasbamba Bambamarca Cajamarca Frente de Defensa en Contra de la Contaminación de la Cuenca del Rio Coata y la Bahia Interior del Lago Titicaca Puno Pastoral Social de Dignidad Humana Huancayo PASSDIH Mesa de Diálogo de la Mujer Huancayo Consejo Regional de la Mujer Huancayo Comunidad de Óndores Junin Movimiento por la Salud de la Oroya – MOSAO CONAMOVIDE Tarma Comité Conservacionista de Villa el Sol en Santa Rosa de Sacco Oroya FEMUCARINAP Chanchamayo. Plataforma Regional por la Salud Ambiental y Humana Junín Mesa de Diálogo Ambiental de la Región Junín Organizaciones Zonales de Atención en Alimentación y Salud Oroya Red de Promotores y Promotoras Ecológicas de la Región Junín Junta de Usuarios de Riego Mantaro La Pastoral Social del Vicariato de Jaén La Red Huamachuco Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana Red por una Globalización con Equidad – RedGe Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos Red Muqui Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH CooperAcción Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco –DHSF Asociación Civil Centro de Cultura popular Labor Pasco. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica -CAAAP Earthrights International - ERI Oxfam en Perú APRODEH AIDA Comisión Episcopal de Acción Social -CEAS Derechos Humanos y Medio Ambiente Puno - DHUMA Red Uniendo Manos Perú Grupo Red de Economía Solidaria del Perú - GRESP Proyecto Amigo La Libertad Forum Solidaridad Perú FEDEPAZ CADEP Ayacucho REDAD Piura Instituto Natura Ancash Asociación Marianista de Acción Social - AMAS GRUFIDES Cajamarca Comité de Salud Ambiental y Cambio Climático de Foro Salud
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Un plan para descontaminar nuestros ciudades y contener la crisis climática
En una carta pública presentada en la COP25, más de 100 organizaciones de varios países instan a que los gobiernos incluyan metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta en sus nuevos compromisos climáticos, los cuales deben presentar ante Naciones Unidas hasta marzo de 2020.¡Tú puedes ayudar a que no dejen pasar esta oportunidad: ¡Firma Aquí!Lee la carta en portugués En inglésLa mala calidad del aire es el problema ambiental que más vidas cobra a nivel mundial.Cada año, más de 4 millones de personas mueren por los daños que la contaminación atmosférica causa en la salud. Datos oficiales dan cuenta que a nivel global nueve de cada diez personas respiran aire contaminado, y que el problema afecta a más del 80% de quienes viven en ciudades. La mayoría de las personas afectadas está en países en desarrollo y los daños afectan de manera más grave a los sectores más vulnerables de la población: niños y niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores.Por otro lado, la humanidad se encuentra hoy gravemente amenazada por una emergencia climática cuyos impactos los sufren también con mayor fuerza los segmentos más vulnerables de la población.Ambos problemas, la crisis climática y la mala calidad del aire, se relacionan con la atmósfera que nos rodea, y son un asunto de derechos humanos. En ese sentido, existe una forma de avanzar de manera eficiente en ambos frentes. Se trata de una oportunidad que debemos aprovechar, y tiene que ver con la reducción de las emisiones de los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC).Los Contaminantes Climáticos de Vida Corta son agentes atmosféricos que contribuyen a la crisis climática con mucha más intensidad que el dióxido de carbono (CO2) y, como su nombre indica, tienen una permanencia relativamente corta en la atmósfera, desde días hasta décadas; a diferencia del CO2, que puede durar incluso milenios en la atmósfera. Además, los CCVC degradan la calidad del aire, afectan zonas glaciales y reducen el rendimiento de los cultivos. Los principales CCVC son el carbono negro, el metano, el ozono troposférico y los hidrofluorocarbonos (HFC).Apuntar a su mitigación implica reducir el calentamiento del planeta en el corto plazo y, al mismo tiempo, avanzar en la descontainación de las ciudades.Esta oportunidad ya ha sido respaldada por la ciencia.El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés), que agrupa a expertos y expertas en el tema, destacó, en su Informe Especial sobre los 1.5°C, que para enfrentar el calentamiento global debemos incorporar a nuestros esfuerzos la mitigación de contaminantes que no sean CO2, específicamente el carbono negro y el metano.Recientemente, al llamado se unieron más de 11 mil científicos de todo el mundo, que en una declaración pública reconocieron la emergencia climática, identificando entre las medidas necesarias para solucionarla la pronta reducción de los CCVC, destacando que ello reduciría el calentamiento en más de 50% para las próximas décadas.Con la próxima actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que contienen los compromisos climáticos que los gobiernos deben presentar ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se abre la posibilidad de apostar por la mitigación de estos contaminantes y de contribuir efectivamente a la lucha contra la crisis climática y la mala calidad del aire.El plazo para que los gobiernos presenten nuevas y más ambiciosas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional vence en marzo del 2020.Por todo lo anterior, las organizaciones abajo firmantes consideramos que los gobiernos de los Estados que son parte de la CMNUCC deben respetar los derechos humanos, protegerlos bajo los más altos estándares y considerarlos en sus compromisos climáticos.En ese sentido, les solicitamos:Incluir metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta en la actualización de sus NDC hacia marzo del 2020.Detallar en sus compromisos los medios de implementación, los cuales deben asegurar el cumplimiento de las metas que establezcan.Enmarcar el cumplimiento de sus compromisos en políticas integrales que reconozcan los diferentes niveles de afectación entre la población, con especial énfasis en la protección de niños, niñas y otros grupos vulnerables.Especificar los procedimientos de monitoreo, reporte y verificación que acompañarán la implementación de sus compromisos.Velar para que los gobiernos locales y las empresas respeten las políticas que se establezcan y adecuen sus acciones a la urgente necesidad de mejorar la calidad del aire. Descarga la carta
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Um plano para descontaminar as nossa cidades e conter a crise climática
Em uma carta pública apresentada na COP25, mais de 100 organizações de vários países pedem aos governos que incluam metas ambiciosas e mensuráveis para reduzir os poluentes climáticos de vida curta em seus novos compromissos climáticos, que devem apresentar às Nações Unidas até março de 2020.Você pode ajudá-los a não perder esta oportunidade: ¡Assine Aquí!Leia a carta em espanhol Em inglêsA má qualidade do ar é o maior problema ambiental do mundo que custa mais vidas atualmente.Todos os anos, mais de 4 milhões de pessoas morrem devido aos danos causados à saúde pela poluição atmosférica. Dados oficiais mostram que, globalmente, nove em cada dez pessoas respiram ar poluído e que o problema afeta mais de 80% das pessoas que vivem nas cidades. A maioria das pessoas afetadas encontra-se nos países em desenvolvimento e prejudicam ainda mais os públicos mais vulneráveis da população: as crianças, as mulheres grávidas e os idosos.Por outro lado, a humanidade está hoje seriamente ameaçada por uma emergência climática cujos impactos também são sofridos com mais força pelos segmentos mais vulneráveis da população.Ambos os problemas, a crise climática e a má qualidade do ar, estão relacionados com a atmosfera que nos rodeia e são uma questão de direitos humanos. Nesse sentido, existe um caminho a seguir eficientemente em ambas as frentes. É uma oportunidade que devemos aproveitar, e tem a ver com a redução das emissões de poluentes climáticos de vida curta (PCVCs ou SLCPS, em inglês).Os poluentes climáticos de vida curta são agentes atmosféricos que contribuem para a crise climática com muito mais intensidade do que o dióxido de carbono (CO2) e, como o próprio nome indica, têm uma permanência relativamente curta na atmosfera, de dias a décadas; ao contrário do CO2, que pode durar até milênios na atmosfera. Além disso, os PCVCs pioram a qualidade do ar, afetam as áreas glaciais e reduzem o rendimento das culturas agrícolas. As principais PCVCs são o carbono negro, o metano, o ozono troposférico e os hidrofluorocarbonetos (HFC).Visar sua mitigação implica reduzir o aquecimento global no curto prazo e, ao mesmo tempo, avançar na descontaminação das cidades.Esta oportunidade já foi apoiada pela ciência.O Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática das Nações Unidas (IPCC), que reúne especialistas na matéria, destacou em seu Relatório Especial sobre 1,5°C que, para enfrentar o aquecimento global, devemos incorporar em nossos esforços a mitigação de outros poluentes além do CO2, especificamente o carbono negro e o metano.Recentemente, mais de 11 mil cientistas de todo o mundo se juntaram ao chamado, que em uma declaração pública reconheceu a emergência climática, identificando entre as medidas necessárias para resolvê-la a rápida redução dos PCVCs, destacando que isso reduziria o aquecimento em mais de 50% para as próximas décadas.Com a próxima atualização das Contribuições Nacionalmente Determinadas (CNDs ou NDCs, em inglês), que contêm os compromissos climáticos que os governos devem submeter à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), abre-se a possibilidade de apostar na mitigação desses poluentes e contribuir efetivamente para o combate à crise climática e à má qualidade do ar.O prazo para os governos apresentarem novas e mais ambiciosas Contribuições Programadas Nacionais é março de 2020.Por todas as razões acima, as organizações abaixo assinadas consideram que os governos dos Estados Partes da UNFCCC devem respeitar os direitos humanos, protegê-los sob os mais altos padrões e considerá-los em seus compromissos climáticos.Nesse sentido, pedimo-lhes:Incluir metas ambiciosas e mensuráveis para a redução de poluentes climáticos de vida curta na atualização de suas NDCs até março de 2020.Especificar nos seus compromissos os meios de execução, que devem assegurar o cumprimento dos objectivos que fixaram.Enquadrar o cumprimento de seus compromissos em políticas integradas que reconheçam os diferentes níveis de impacto na população, com especial ênfase na proteção das crianças e outros grupos vulneráveis.Especificar os procedimentos de monitoramento, comunicação de informações e verificação que acompanharão a execução dos seus compromissos.Assegurar que os governos locais e as empresas respeitem as políticas estabelecidas e adaptem as suas acções à necessidade urgente de melhorar a qualidade do ar. Baixar a carta
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Póster: Protejamos a Nuestros Peces Loro
Al raspar y morder las algas del coral, los peces loro contribuyan a que existan arrecifes saludables, que a su vez protegen nuestras costas, apoyan nuestra economía y seguridad alimentaria. Ayudemos a nuestros arrecifes protegiendo a los peces loro. CONOCE MÁS
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Declaração: Cúpula dos Povos pelo Clima, Direitos e Sobrevivência Humana
Para alcançar a justiça climática, nós, abaixo assinados, concordamos com o seguinte: Aumentaremos nossos esforços para colocar os direitos humanos no centro do ativismo climático. Faremos isso seguindo o exemplo de Povos Indígenas, jovens, mulheres, pessoas que vivem na pobreza, pessoas com deficiência, pescadores, camponeses, pastores, comunidades locais, trabalhadores e outros grupos desproporcionalmente afetados que estão liderando o chamado à justiça climática e contra as atividades que destroem o planeta. Exigiremos ações imediatas, ousadas, impulsadas pelas pessoas e consistentes em direitos humanos, em uma escala sem precedentes, para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, a fim de proteger as pessoas, os ecossistemas e a biodiversidade da degradação climática. Tais ações requerem uma mudança transformadora de nossos sistemas econômicos, sociais e políticos, para enfrentar as desigualdades em todos os aspectos da vida. Essa mudança transformadora inclui a distribuição equitativa de recursos, especialmente a redução do consumo desnecessário de recursos por grupos privilegiados. É essencial alcançar reduções drásticas e rápidas nas emissões globais e um futuro sem combustíveis fósseis, para manter o aumento da temperatura o mais baixo possível e não superior a 1,5°C graus, já que os atuais níveis de aquecimento já estão resultando em violações dos direitos humanos. Exigiremos que todas as políticas, medidas e ações governamentais sobre o clima respeitem, protejam e cumpram os direitos humanos, incluindo o direito das pessoas de serem totalmente informadas e capacitadas para participar de maneira significativa na tomada de decisões sobre o clima, e que as empresas cumpram suas responsabilidades de respeitar os direitos humanos em todas as suas cadeias de suprimentos. Nos oporemos a qualquer política ou ação tomadas para combater a mudança climática ou apoiar a adaptação que venha à custa dos direitos humanos, e àquelas que aprofundem as desigualdades e causem empobrecimento, fome, desapropriação e exclusão econômica, social e política. Aumentaremos a pressão sobre os países e as empresas mais responsáveis pelas mudanças climáticas e com mais recursos disponíveis. Exigimos que todos os países estabeleçam e apliquem urgentemente metas de redução de emissões, baseadas na ciência, que sejam compatíveis com a proteção dos direitos humanos e que cumpram esses objetivos com antecedência. Nos oporemos às tentativas de transferir o ônus e a responsabilidade pelas mudanças climáticas dos países com altas emissões para países com menos recursos e menos emissões históricas, bem como de empresas e grupos privilegiados para grupos menos privilegiados. Forçaremos aqueles que têm mais responsabilidade na crise a se apropriar de suas ações e tomar as medidas correspondentes. Pressionaremos os Estados que têm a maior responsabilidade pelos danos climáticos e mais recursos a fornecer os subsídios financeiros e tecnológicos necessários aos países do hemisfério sul, a fim de facilitar o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Desafiaremos incansavelmente a captura corporativa de políticas e instituições, e responsabilizaremos as indústrias destruidoras do clima e seus patrocinadores financeiros. Exigiremos uma transição justa, equitativa e inclusiva, de combustíveis fósseis para agricultura sustentável e energia renovável que capacite Povos Indígenas, trabalhadores, camponeses, pastores, pescadores e comunidades, em vez de privá-los do direito de voto. Buscaremos medidas para garantir que todas as pessoas, particularmente as que enfrentam discriminação, tenham acesso à educação sobre o clima e os recursos climáticos, e ao treinamento, conhecimento e empregos decentes necessários para uma transição impulsada pelas pessoas em direção a uma sociedade sem emissões. de carbono e com capacidade de recuperação. Trabalharemos pela proteção, respeito e cumprimento dos direitos dos Povos Indígenas, incluindo suas terras e territórios ancestrais. Buscaremos a proteção, o reconhecimento e a promoção de conhecimentos locais e tradicionais que tenham se mostrado eficazes e adequados para lidar com a crise climática, bem como possibilitar a transição e a resiliência tão urgentemente necessárias em nossos sistemas alimentares, sempre com o consentimento e para o benefício dos Povos Indígenas. Exigiremos acesso efetivo e adequado à justiça para indivíduos e comunidades cujos direitos são afetados pela crise climática ou falta de ação climática, incluindo aqueles que enfrentam perdas e danos causados pelo clima e aqueles cujos direitos são ameaçados devido ao deslocamento relacionado ao clima. Trabalharemos para garantir que eles sejam capazes de desfrutar de acesso à justiça e remédios eficazes e que os responsáveis pelos danos climáticos sejam responsabilizados. Usaremos de forma proativa os órgãos nacionais, regionais e internacionais de direitos humanos e instrumentos legais para garantir que os direitos humanos e as obrigações sejam efetivamente cumpridos para promover a justiça climática. Apoiaremos todos os defensores dos direitos ambientais, em particular aqueles que individual e coletivamente protegem seu território, o acesso à terra, os meios de subsistência e o meio ambiente, e aqueles que fazem campanha para defender as pessoas e o planeta de atividades destrutivas e degradação climática. Exigiremos um ambiente seguro e propício no qual todos os defensores dos direitos humanos, particularmente aqueles que enfrentam formas múltiplas e intersetoriais de discriminação e desigualdade, sejam efetivamente protegidos e capazes de defender e promover os direitos humanos sem medo de punição, represália ou intimidação. Leia a declaração completa Leia a declaração em espanhol Leia a declaração em inglês
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Declaración: Cumbre de los Pueblos sobre el Clima, los Derechos y la Supervivencia Humana
Para lograr justicia climática, quienes firmamos esta declaración acordamos lo siguiente:Intensificaremos nuestros esfuerzos para que los derechos humanos ocupen un lugar primordial en el activismo climático. Lo haremos siguiendo el ejemplo de pueblos indígenas, jóvenes, mujeres, personas que viven en la pobreza, personas con discapacidad, personas dedicadas a la pesca, la agricultura y la ganadería, comunidades locales, personas trabajadoras y otros grupos afectados de manera desproporcionada que lideran la lucha contra las actividades que destruyen el planeta y en favor de la justicia climática.Exigiremos una actuación inmediata, audaz, impulsada por las personas y respetuosa con los derechos humanos de magnitud sin precedentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger así a las personas, los ecosistemas y la biodiversidad frente al colapso climático. Esta actuación requiere una transformación de nuestros sistemas económicos, sociales y políticos para abordar las desigualdades existentes en todos los aspectos de la vida, que incluye la distribución equitativa de los recursos, en particular mediante la reducción del consumo innecesario por grupos privilegiados. Es fundamental que logremos una importante y rápida reducción de las emisiones globales y un futuro sin combustibles fósiles para limitar el aumento de la temperatura lo más posible, y en todo caso a 1,5 °C como máximo, pues los actuales niveles de calentamiento ya están causando violaciones de derechos humanos.Exigiremos que todas las políticas, medidas y acciones climáticas de los gobiernos respeten, protejan y hagan efectivos los derechos humanos, incluido el derecho de las personas a ser plenamente informadas y empoderadas para participar de forma significativa en la toma de decisiones relacionadas con el clima, y que las empresas cumplan con su responsabilidad de respetar los derechos humanos en sus cadenas de suministro. Nos opondremos a toda política o acción destinada a combatir el cambio climático o a facilitar la adaptación climática que sacrifique los derechos humanos, o que tenga como resultado el agravamiento de las desigualdades, el empobrecimiento, el hambre, la desposesión y la exclusión económica, social y política.Incrementaremos la presión sobre los países y empresas con mayor responsabilidad en el cambio climático y con más recursos. Exigimos que todos los países establezcan y cumplan con urgencia objetivos de reducción de las emisiones basados en datos científicos y compatibles con la protección de los derechos humanos, ajustándose a los plazos para su cumplimiento o adelantándose a ellos. Nos opondremos a los intentos de trasladar la carga y la responsabilidad que conlleva esta transformación de los países con elevadas emisiones a aquellos que tienen menos recursos y un historial de emisiones más bajo, y de empresas y grupos privilegiados a grupos menos privilegiados. Obligaremos a quienes tienen más responsabilidad en la crisis a reconocer sus propios actos y tomar medidas en consecuencia.Instaremos a los Estados con más recursos y responsabilidad en el cambio climático a proporcionar los medios económicos y tecnológicos necesarios a los países del Sur global para facilitar sus ambiciosos planes de mitigación del cambio climático y adaptación a él. Exigimos que esos Estados también proporcionen los medios adecuados —indemnizaciones incluidas— a las comunidades y particulares afectados para hacer frente a las pérdidas y los daños causados por la crisis climática, consultándolos siempre y respetando sus costumbres y derechos individuales y colectivos. Fomentaremos la transparencia y el uso adecuado de esos recursos y nos opondremos a la creación de cargas económicas y deudas adicionales como consecuencia de este apoyo.Combatiremos sin descanso el control empresarial de las políticas y las instituciones, y exigiremos rendición de cuentas a los sectores que destruyen el clima y a quienes los financian.Exigiremos una transición justa, equitativa e inclusiva en el proceso de abandonar los combustibles fósiles e ir hacia una agricultura sostenible y una energía renovable que empodere a pueblos indígenas, personas trabajadoras, personas dedicadas a la pesca, la agricultura y la ganadería y comunidades locales, en lugar de privarlos de sus derechos. Reclamaremos medidas que garanticen que todas las personas, especialmente las que sufren discriminación, tienen acceso a educación en asuntos relacionados con el clima y a los recursos, la formación, el conocimiento y los empleos dignos que son necesarios para una transición impulsada por las personas hacia una sociedad sin emisiones de carbono y resiliente.Trabajaremos para conseguir la protección, el respeto y el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, incluido el derecho a sus tierras y territorios ancestrales. Reclamaremos la protección, el reconocimiento y la promoción de los conocimientos locales y tradicionales que han demostrado ser eficaces y adecuados para abordar la crisis climática y para hacer posible la transición y la resiliencia tan necesarias en nuestros sistemas de alimentación, siempre con el consentimiento de los pueblos indígenas y en su beneficio.Exigiremos un acceso efectivo y adecuado a la justicia de aquellas personas y comunidades cuyos derechos se vean afectados por la crisis climática o la falta de acción climática, incluidas las afectadas por pérdidas y daños de origen climático y aquéllas cuyos derechos están amenazados debido a los desplazamientos relacionados con el clima. Trabajaremos para garantizar que pueden disfrutar del acceso a la justicia y a recursos efectivos y que se piden cuentas a los responsables de los daños relacionados con el cambio climático. Utilizaremos proactivamente los instrumentos jurídicos y órganos nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos para garantizar que las obligaciones en materia de derechos humanos se respetan de manera efectiva para promover la justicia climática.Apoyaremos a todos los defensores y defensoras de los derechos ambientales, en particular a quienes individual y colectivamente protegen sus territorios, su acceso a la tierra, sus medios de vida y el ambiente, y a quienes trabajan para defender a las personas y al planeta de las actividades destructivas y del colapso climático. Exigiremos un entorno seguro y propicio, en el que todos los defensores y defensoras de los derechos humanos, en particular quienes sufren formas múltiples y entrecruzadas de discriminación y desigualdad, reciban protección efectiva y puedan defender y promover los derechos humanos sin temor a castigos, represalias o actos de intimidación. 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Cartas a la CIDH a 10 años de la admisión del caso de La Oroya
En una carta enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en ocasión del décimo aniversario de la admisión de su caso, las personas afectadas por contaminación con metales pesados en La Oroya, Perú, hacen un llamado urgente para que la Comisión emita el informe de fondo del caso. Ese paso implica la esperanza de alcanzar justicia ante la violación de derechos humanos que pobladores de La Oroya no han dejado de sufrir. El caso de La Oroya fue el primero en evidenciar el grave problema de la contaminación con metales pesados en Perú y el primero en ser llevado ante instancias internacionales. Siendo una problemática que ha crecido y se ha extendido en el país de la mano de actividades mineras y petroleras, la resolución del caso de La Oroya en favor de las personas afectadas resulta vital para impulsar una política púbica integral sobre el tema, la cual se implemente adecuadamente en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Perú en materia de derechos humanos. Es por ello que AIDA y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) —que representamos legalmente a las personas afectadas—, y la Plataforma Nacional de Afectados por Metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas y la Mesa Técnica de Salud Humana y Ambiental, nos sumamos al pedido urgente de justicia mediante otras dos cartas dirigidas también a la Comisión. Carta de las personas afectadas de La Oroya "Hoy sabemos que nuestro cuerpo está contaminado, pero no sabemos cuál es el tratamiento adecuado para su rehabil¡tación pese a que día a día sufrimos múltiples padecimientos... Nuestro caso evidencia una problemática de contaminación por melales tóxicos con manifestaciones y afectados a lo largo del país, frente a la cual un pronunciamiento pronto y adecuado de la Comisión, no sólo contrIbuIrá a transformar posItivamente nuestras realidades y la garantía de nuestros derechos, s¡no que además permitirfa abrir nuevos cam¡nor de just¡cia y amb¡ente sano para los miles de afectados por metales tóxicos que existen en la actualidad en el Perú..." LEE LA CARTA carta de aida y aprodeh "...es importante reiterar que el caso de La Oroya no solo se constituye en sí mismo en un caso urgente y relevante para los peticionarios y de cara al mandato de la CIDH, sino que además es un caso emblemático y estratégico en el contexto de Perú, por cuanto un pronunciamiento de la CIDH en el caso de La Oroya, que obligue al Estado peruano y lleve el caso ante la Corte Interamericana, podría generar un importante antecedente y dar lineamientos para el caso peruano, contribuyendo a la garantía de derechos de diversas comunidades a los largo del país, las cuales se han agrupado en la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Pesados del Perú, cuyas principales reivindicaciones son la generación de una Política Pública de Afectados por Metales Pesados y la creación una Comisión Multisectorial para la atención de la problemática..." LEE LA CARTA Carta de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales y la Mesa Técnica de Salud Humana y Ambiental "Un pronunciamiento pronto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe de fondo del caso la Oroya, no solo contribuiría a otorgar justicia a decenas de familias de esa comunidad que durante esta década han dedicado gran parte de su vida a la defensa de su salud y del ambiente sano, sino que además, sería un antecedente muy importante para que el estado peruano deje de dilatar la gestión de esta situación e implemente las medidas adecuadas para atender la problemática de salud pública y ambiental, asociado con la contaminación por metales pesados, y de esta manera avance en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de Derechos Humanos..." LEE LA CARTA
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Infografía: Lagos Poopó y Uru Uru, humedales bolivianos en riesgo
Ubicados en la parte central-este del altiplano boliviano, los lagos Poopó y Uru Uru son fuente importante de agua para la biodiversidad de la zona, así como para comunidades indígenas y campesinas. Ambos ecosistemas, considerados Humedales de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar, están en grave riesgo por la actividad minera, el desvío de ríos y la crisis climática.
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Poner los derechos fundamentales de las personas en el centro de las soluciones a la emergencia climática
Anunciando la Primera Cumbre Global en la Historia sobre Derechos Humanos y Cambio Climático La Cumbre de los Pueblos sobre el Clima, los Derechos y la Supervivencia Humana, primera en su tipo en la historia, será organizada por grupos líderes de la sociedad civil y la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos del 18 a 19 de septiembre en Nueva York. La Cumbre de los Pueblos tiene como objetivo motivar a la comunidad de derechos humanos a incrementar la ambición de sus esfuerzos en materia de justicia climática, con el propósito de crear el movimiento más diverso jamás reunido para atender la crisis climática. La Cumbre de los Pueblos fue anunciada en una carta abierta que se comparte a continuación y que fue publicada en inglés por la Thomson Reuters Foundation. La comunidad de derechos humanos y la comunidad ambientalista deben actuar conjuntamente en la búsqueda de soluciones. Es hora de avanzar unidas para enfrentarnos a la crisis climática. Nuestras organizaciones aspiran a un mundo en el que las personas prosperen en un ambiente seguro y sano, y donde los derechos humanos se antepongan a los beneficios de las empresas. Para conseguirlo, tenemos que enfrentarnos a la crisis climática unidas en el movimiento más potente y diverso jamás formado. Sólo juntas podremos hacer que los líderes y las lideresas mundiales se tomen en serio esta emergencia. Las personas y sus derechos fundamentales deben ocupar un lugar fundamental en las soluciones reales al deterioro climático. Ésta es una invitación para que todas las personas que valoran la dignidad y el bienestar humanos apoyen con todas sus fuerzas el llamamiento en favor de una justicia climática global. Y para que quienes trabajan para proteger nuestro planeta centren sus esfuerzos en las comunidades, en especial en aquéllas donde habitan las personas más afectadas por la crisis climática y menos responsables de ella. La comunidad de derechos humanos puede aportar energía, conocimientos y bases de apoyo clave a la lucha por la justicia climática. La fuerza de un movimiento colectivo para resolver la crisis climática debe estar a la altura de la gravedad del problema. Nuestras organizaciones se están agrupando para que sea así, y estamos pidiendo a la comunidad ambientalista y a la de los derechos humanos que se unan a nosotras. Para superar este reto, las personas deberemos tener más conexión y estar más comprometidas que nunca con nuestro planeta. Es una cuestión de supervivencia. El crecimiento sin control de las emisiones de dióxido de carbono ha desencadenado peligrosos cambios desestabilizadores sin precedentes en nuestro clima. La dejadez de empresas y gobiernos ya ha expuesto a millones de personas a catástrofes meteorológicas cada vez más extremas. Debemos dar marcha atrás ya: se está acabando el tiempo para poder hacerlo. No nos engañemos. Los efectos del cambio climático ya menoscaban nuestros derechos a la salud, la alimentación, el agua, la vivienda, el trabajo e incluso a la propia vida. Y son aún más graves para las personas que ya están en situaciones vulnerables en lugares golpeados por la dureza del clima, la pobreza o la opresión. Nuestras sociedades no pueden seguir así. Las personas necesitan tener acceso a la justicia, los gobiernos deben trabajar para ellas y las empresas deben rendir cuentas de sus actos. Es hora de actuar. Por todas partes hay señales de una voluntad común de hacerlo. Las calles se llenan de estudiantes que piden un futuro seguro. Los pueblos indígenas alzan la voz en defensa de la tierra, el agua y los derechos de sus comunidades. Los trabajadores y trabajadoras exigen puestos de trabajo seguros y bien pagados en industrias mejores y más limpias. Quienes luchan en favor de los derechos de las mujeres aportan muchas soluciones feministas. Líderes religiosos nos piden que protejamos las comunidades y la naturaleza. La comunidad científica se reúne y comparte hallazgos para sacarnos de la crisis. Sabemos cuál es el reto, y las respuestas están ahí. Ya existen soluciones, como utilizar fuentes de energía renovables, respetar los derechos fundamentales y la sabiduría tradicional, y centrarnos realmente en las necesidades de las personas por encima de la avaricia de las empresas. Todas nuestras organizaciones se ocupan ya del cambio climático, algunas más explícitamente que otras. Pero es el momento de vincular nuestras causas y unir fuerzas. Se nos viene encima una situación de emergencia climática y debemos actuar ya. Defensores y defensoras de los derechos ambientales, pueblos indígenas y activistas locales llevan desde hace tiempo jugándoselo todo para combatir la degradación ambiental. A su lucha se unen ahora movimientos de masas cada vez más grandes, como las huelgas de estudiantes por el clima, el movimiento Rebelión contra la Extinción y activistas que piden un Nuevo Pacto Verde. En esta nueva era de activismo climático, la comunidad de derechos humanos no puede mantenerse al margen. Es más urgente que nunca que demos un paso adelante trabajando en colaboración para proteger a las comunidades y los individuos que están en la primera línea de la lucha contra el cambio climático. Por ese motivo, 150 activistas, líderes y lideresas no gubernamentales de diferentes comunidades se reunirán el 18 y el 19 de septiembre en la Cumbre de los Pueblos sobre el Clima, los Derechos y la Supervivencia Humana. Nuestras organizaciones estarán allí junto con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para apoyar a las personas que exigen a sus gobiernos que emprendan de inmediato una ambiciosa acción climática para proteger a las comunidades. Creemos en aprovechar todo el potencial de un movimiento diverso para salvaguardar a las generaciones actuales y futuras. Un movimiento unido para exigir justicia climática. Firmantes: Astrid Puentes, Codirectora Ejecutiva, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Bridget Burns, Directora, Women’s Environment and Development Organization Carroll Muffett, Presidente y Director General, Center for International Environmental Law Chris Grove, Director Ejecutivo, ESCR-Net Ellen Dorsey, Directora Ejecutiva, Wallace Global Fund Gillian Caldwell, Directora Ejecutiva, Global Witness Iago Hairon Souza, Coordinador, Engajamundo Jennifer Morgan, Directora Ejecutiva Internacional, Greenpeace International Kumi Naidoo, Secretario General, Amnistía Internacional May Boeve, Directora Ejecutiva, 350.org Phil Bloomer, Director Ejecutivo, Business & Human Rights Resource Centre Philip Alston, Presidente del Center for Human Rights and Global Justice, New York University Sharan Burrow, Secretaria General, Confederación Sindical Internacional Sofia Monsalve, Secretaria General, FIAN International Steve Trent, Director Ejecutivo, Environmental Justice Foundation Thalita Silva e Silva, Coordinadora, Engajamundo
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