Publicaciones
Declaración: Cumbre de los Pueblos sobre el Clima, los Derechos y la Supervivencia Humana
Para lograr justicia climática, quienes firmamos esta declaración acordamos lo siguiente:Intensificaremos nuestros esfuerzos para que los derechos humanos ocupen un lugar primordial en el activismo climático. Lo haremos siguiendo el ejemplo de pueblos indígenas, jóvenes, mujeres, personas que viven en la pobreza, personas con discapacidad, personas dedicadas a la pesca, la agricultura y la ganadería, comunidades locales, personas trabajadoras y otros grupos afectados de manera desproporcionada que lideran la lucha contra las actividades que destruyen el planeta y en favor de la justicia climática.Exigiremos una actuación inmediata, audaz, impulsada por las personas y respetuosa con los derechos humanos de magnitud sin precedentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger así a las personas, los ecosistemas y la biodiversidad frente al colapso climático. Esta actuación requiere una transformación de nuestros sistemas económicos, sociales y políticos para abordar las desigualdades existentes en todos los aspectos de la vida, que incluye la distribución equitativa de los recursos, en particular mediante la reducción del consumo innecesario por grupos privilegiados. Es fundamental que logremos una importante y rápida reducción de las emisiones globales y un futuro sin combustibles fósiles para limitar el aumento de la temperatura lo más posible, y en todo caso a 1,5 °C como máximo, pues los actuales niveles de calentamiento ya están causando violaciones de derechos humanos.Exigiremos que todas las políticas, medidas y acciones climáticas de los gobiernos respeten, protejan y hagan efectivos los derechos humanos, incluido el derecho de las personas a ser plenamente informadas y empoderadas para participar de forma significativa en la toma de decisiones relacionadas con el clima, y que las empresas cumplan con su responsabilidad de respetar los derechos humanos en sus cadenas de suministro. Nos opondremos a toda política o acción destinada a combatir el cambio climático o a facilitar la adaptación climática que sacrifique los derechos humanos, o que tenga como resultado el agravamiento de las desigualdades, el empobrecimiento, el hambre, la desposesión y la exclusión económica, social y política.Incrementaremos la presión sobre los países y empresas con mayor responsabilidad en el cambio climático y con más recursos. Exigimos que todos los países establezcan y cumplan con urgencia objetivos de reducción de las emisiones basados en datos científicos y compatibles con la protección de los derechos humanos, ajustándose a los plazos para su cumplimiento o adelantándose a ellos. Nos opondremos a los intentos de trasladar la carga y la responsabilidad que conlleva esta transformación de los países con elevadas emisiones a aquellos que tienen menos recursos y un historial de emisiones más bajo, y de empresas y grupos privilegiados a grupos menos privilegiados. Obligaremos a quienes tienen más responsabilidad en la crisis a reconocer sus propios actos y tomar medidas en consecuencia.Instaremos a los Estados con más recursos y responsabilidad en el cambio climático a proporcionar los medios económicos y tecnológicos necesarios a los países del Sur global para facilitar sus ambiciosos planes de mitigación del cambio climático y adaptación a él. Exigimos que esos Estados también proporcionen los medios adecuados —indemnizaciones incluidas— a las comunidades y particulares afectados para hacer frente a las pérdidas y los daños causados por la crisis climática, consultándolos siempre y respetando sus costumbres y derechos individuales y colectivos. Fomentaremos la transparencia y el uso adecuado de esos recursos y nos opondremos a la creación de cargas económicas y deudas adicionales como consecuencia de este apoyo.Combatiremos sin descanso el control empresarial de las políticas y las instituciones, y exigiremos rendición de cuentas a los sectores que destruyen el clima y a quienes los financian.Exigiremos una transición justa, equitativa e inclusiva en el proceso de abandonar los combustibles fósiles e ir hacia una agricultura sostenible y una energía renovable que empodere a pueblos indígenas, personas trabajadoras, personas dedicadas a la pesca, la agricultura y la ganadería y comunidades locales, en lugar de privarlos de sus derechos. Reclamaremos medidas que garanticen que todas las personas, especialmente las que sufren discriminación, tienen acceso a educación en asuntos relacionados con el clima y a los recursos, la formación, el conocimiento y los empleos dignos que son necesarios para una transición impulsada por las personas hacia una sociedad sin emisiones de carbono y resiliente.Trabajaremos para conseguir la protección, el respeto y el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, incluido el derecho a sus tierras y territorios ancestrales. Reclamaremos la protección, el reconocimiento y la promoción de los conocimientos locales y tradicionales que han demostrado ser eficaces y adecuados para abordar la crisis climática y para hacer posible la transición y la resiliencia tan necesarias en nuestros sistemas de alimentación, siempre con el consentimiento de los pueblos indígenas y en su beneficio.Exigiremos un acceso efectivo y adecuado a la justicia de aquellas personas y comunidades cuyos derechos se vean afectados por la crisis climática o la falta de acción climática, incluidas las afectadas por pérdidas y daños de origen climático y aquéllas cuyos derechos están amenazados debido a los desplazamientos relacionados con el clima. Trabajaremos para garantizar que pueden disfrutar del acceso a la justicia y a recursos efectivos y que se piden cuentas a los responsables de los daños relacionados con el cambio climático. Utilizaremos proactivamente los instrumentos jurídicos y órganos nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos para garantizar que las obligaciones en materia de derechos humanos se respetan de manera efectiva para promover la justicia climática.Apoyaremos a todos los defensores y defensoras de los derechos ambientales, en particular a quienes individual y colectivamente protegen sus territorios, su acceso a la tierra, sus medios de vida y el ambiente, y a quienes trabajan para defender a las personas y al planeta de las actividades destructivas y del colapso climático. Exigiremos un entorno seguro y propicio, en el que todos los defensores y defensoras de los derechos humanos, en particular quienes sufren formas múltiples y entrecruzadas de discriminación y desigualdad, reciban protección efectiva y puedan defender y promover los derechos humanos sin temor a castigos, represalias o actos de intimidación. Lee la declaración completaLee la declaración en portuguésLee la declaración en inglés
Leer más
Cartas a la CIDH a 10 años de la admisión del caso de La Oroya
En una carta enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en ocasión del décimo aniversario de la admisión de su caso, las personas afectadas por contaminación con metales pesados en La Oroya, Perú, hacen un llamado urgente para que la Comisión emita el informe de fondo del caso. Ese paso implica la esperanza de alcanzar justicia ante la violación de derechos humanos que pobladores de La Oroya no han dejado de sufrir. El caso de La Oroya fue el primero en evidenciar el grave problema de la contaminación con metales pesados en Perú y el primero en ser llevado ante instancias internacionales. Siendo una problemática que ha crecido y se ha extendido en el país de la mano de actividades mineras y petroleras, la resolución del caso de La Oroya en favor de las personas afectadas resulta vital para impulsar una política púbica integral sobre el tema, la cual se implemente adecuadamente en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Perú en materia de derechos humanos. Es por ello que AIDA y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) —que representamos legalmente a las personas afectadas—, y la Plataforma Nacional de Afectados por Metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas y la Mesa Técnica de Salud Humana y Ambiental, nos sumamos al pedido urgente de justicia mediante otras dos cartas dirigidas también a la Comisión. Carta de las personas afectadas de La Oroya "Hoy sabemos que nuestro cuerpo está contaminado, pero no sabemos cuál es el tratamiento adecuado para su rehabil¡tación pese a que día a día sufrimos múltiples padecimientos... Nuestro caso evidencia una problemática de contaminación por melales tóxicos con manifestaciones y afectados a lo largo del país, frente a la cual un pronunciamiento pronto y adecuado de la Comisión, no sólo contrIbuIrá a transformar posItivamente nuestras realidades y la garantía de nuestros derechos, s¡no que además permitirfa abrir nuevos cam¡nor de just¡cia y amb¡ente sano para los miles de afectados por metales tóxicos que existen en la actualidad en el Perú..." LEE LA CARTA carta de aida y aprodeh "...es importante reiterar que el caso de La Oroya no solo se constituye en sí mismo en un caso urgente y relevante para los peticionarios y de cara al mandato de la CIDH, sino que además es un caso emblemático y estratégico en el contexto de Perú, por cuanto un pronunciamiento de la CIDH en el caso de La Oroya, que obligue al Estado peruano y lleve el caso ante la Corte Interamericana, podría generar un importante antecedente y dar lineamientos para el caso peruano, contribuyendo a la garantía de derechos de diversas comunidades a los largo del país, las cuales se han agrupado en la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Pesados del Perú, cuyas principales reivindicaciones son la generación de una Política Pública de Afectados por Metales Pesados y la creación una Comisión Multisectorial para la atención de la problemática..." LEE LA CARTA Carta de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales y la Mesa Técnica de Salud Humana y Ambiental "Un pronunciamiento pronto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe de fondo del caso la Oroya, no solo contribuiría a otorgar justicia a decenas de familias de esa comunidad que durante esta década han dedicado gran parte de su vida a la defensa de su salud y del ambiente sano, sino que además, sería un antecedente muy importante para que el estado peruano deje de dilatar la gestión de esta situación e implemente las medidas adecuadas para atender la problemática de salud pública y ambiental, asociado con la contaminación por metales pesados, y de esta manera avance en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de Derechos Humanos..." LEE LA CARTA
Leer más
Infografía: Lagos Poopó y Uru Uru, humedales bolivianos en riesgo
Ubicados en la parte central-este del altiplano boliviano, los lagos Poopó y Uru Uru son fuente importante de agua para la biodiversidad de la zona, así como para comunidades indígenas y campesinas. Ambos ecosistemas, considerados Humedales de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar, están en grave riesgo por la actividad minera, el desvío de ríos y la crisis climática.
Leer más
Poner los derechos fundamentales de las personas en el centro de las soluciones a la emergencia climática
Anunciando la Primera Cumbre Global en la Historia sobre Derechos Humanos y Cambio Climático La Cumbre de los Pueblos sobre el Clima, los Derechos y la Supervivencia Humana, primera en su tipo en la historia, será organizada por grupos líderes de la sociedad civil y la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos del 18 a 19 de septiembre en Nueva York. La Cumbre de los Pueblos tiene como objetivo motivar a la comunidad de derechos humanos a incrementar la ambición de sus esfuerzos en materia de justicia climática, con el propósito de crear el movimiento más diverso jamás reunido para atender la crisis climática. La Cumbre de los Pueblos fue anunciada en una carta abierta que se comparte a continuación y que fue publicada en inglés por la Thomson Reuters Foundation. La comunidad de derechos humanos y la comunidad ambientalista deben actuar conjuntamente en la búsqueda de soluciones. Es hora de avanzar unidas para enfrentarnos a la crisis climática. Nuestras organizaciones aspiran a un mundo en el que las personas prosperen en un ambiente seguro y sano, y donde los derechos humanos se antepongan a los beneficios de las empresas. Para conseguirlo, tenemos que enfrentarnos a la crisis climática unidas en el movimiento más potente y diverso jamás formado. Sólo juntas podremos hacer que los líderes y las lideresas mundiales se tomen en serio esta emergencia. Las personas y sus derechos fundamentales deben ocupar un lugar fundamental en las soluciones reales al deterioro climático. Ésta es una invitación para que todas las personas que valoran la dignidad y el bienestar humanos apoyen con todas sus fuerzas el llamamiento en favor de una justicia climática global. Y para que quienes trabajan para proteger nuestro planeta centren sus esfuerzos en las comunidades, en especial en aquéllas donde habitan las personas más afectadas por la crisis climática y menos responsables de ella. La comunidad de derechos humanos puede aportar energía, conocimientos y bases de apoyo clave a la lucha por la justicia climática. La fuerza de un movimiento colectivo para resolver la crisis climática debe estar a la altura de la gravedad del problema. Nuestras organizaciones se están agrupando para que sea así, y estamos pidiendo a la comunidad ambientalista y a la de los derechos humanos que se unan a nosotras. Para superar este reto, las personas deberemos tener más conexión y estar más comprometidas que nunca con nuestro planeta. Es una cuestión de supervivencia. El crecimiento sin control de las emisiones de dióxido de carbono ha desencadenado peligrosos cambios desestabilizadores sin precedentes en nuestro clima. La dejadez de empresas y gobiernos ya ha expuesto a millones de personas a catástrofes meteorológicas cada vez más extremas. Debemos dar marcha atrás ya: se está acabando el tiempo para poder hacerlo. No nos engañemos. Los efectos del cambio climático ya menoscaban nuestros derechos a la salud, la alimentación, el agua, la vivienda, el trabajo e incluso a la propia vida. Y son aún más graves para las personas que ya están en situaciones vulnerables en lugares golpeados por la dureza del clima, la pobreza o la opresión. Nuestras sociedades no pueden seguir así. Las personas necesitan tener acceso a la justicia, los gobiernos deben trabajar para ellas y las empresas deben rendir cuentas de sus actos. Es hora de actuar. Por todas partes hay señales de una voluntad común de hacerlo. Las calles se llenan de estudiantes que piden un futuro seguro. Los pueblos indígenas alzan la voz en defensa de la tierra, el agua y los derechos de sus comunidades. Los trabajadores y trabajadoras exigen puestos de trabajo seguros y bien pagados en industrias mejores y más limpias. Quienes luchan en favor de los derechos de las mujeres aportan muchas soluciones feministas. Líderes religiosos nos piden que protejamos las comunidades y la naturaleza. La comunidad científica se reúne y comparte hallazgos para sacarnos de la crisis. Sabemos cuál es el reto, y las respuestas están ahí. Ya existen soluciones, como utilizar fuentes de energía renovables, respetar los derechos fundamentales y la sabiduría tradicional, y centrarnos realmente en las necesidades de las personas por encima de la avaricia de las empresas. Todas nuestras organizaciones se ocupan ya del cambio climático, algunas más explícitamente que otras. Pero es el momento de vincular nuestras causas y unir fuerzas. Se nos viene encima una situación de emergencia climática y debemos actuar ya. Defensores y defensoras de los derechos ambientales, pueblos indígenas y activistas locales llevan desde hace tiempo jugándoselo todo para combatir la degradación ambiental. A su lucha se unen ahora movimientos de masas cada vez más grandes, como las huelgas de estudiantes por el clima, el movimiento Rebelión contra la Extinción y activistas que piden un Nuevo Pacto Verde. En esta nueva era de activismo climático, la comunidad de derechos humanos no puede mantenerse al margen. Es más urgente que nunca que demos un paso adelante trabajando en colaboración para proteger a las comunidades y los individuos que están en la primera línea de la lucha contra el cambio climático. Por ese motivo, 150 activistas, líderes y lideresas no gubernamentales de diferentes comunidades se reunirán el 18 y el 19 de septiembre en la Cumbre de los Pueblos sobre el Clima, los Derechos y la Supervivencia Humana. Nuestras organizaciones estarán allí junto con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para apoyar a las personas que exigen a sus gobiernos que emprendan de inmediato una ambiciosa acción climática para proteger a las comunidades. Creemos en aprovechar todo el potencial de un movimiento diverso para salvaguardar a las generaciones actuales y futuras. Un movimiento unido para exigir justicia climática. Firmantes: Astrid Puentes, Codirectora Ejecutiva, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Bridget Burns, Directora, Women’s Environment and Development Organization Carroll Muffett, Presidente y Director General, Center for International Environmental Law Chris Grove, Director Ejecutivo, ESCR-Net Ellen Dorsey, Directora Ejecutiva, Wallace Global Fund Gillian Caldwell, Directora Ejecutiva, Global Witness Iago Hairon Souza, Coordinador, Engajamundo Jennifer Morgan, Directora Ejecutiva Internacional, Greenpeace International Kumi Naidoo, Secretario General, Amnistía Internacional May Boeve, Directora Ejecutiva, 350.org Phil Bloomer, Director Ejecutivo, Business & Human Rights Resource Centre Philip Alston, Presidente del Center for Human Rights and Global Justice, New York University Sharan Burrow, Secretaria General, Confederación Sindical Internacional Sofia Monsalve, Secretaria General, FIAN International Steve Trent, Director Ejecutivo, Environmental Justice Foundation Thalita Silva e Silva, Coordinadora, Engajamundo
Leer más
Ruta urgente para mejorar la calidad del aire en Ciudad de México
La reciente contingencia ambiental extraordinaria por la mala calidad del aire que se presentó en Ciudad de México y en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), afectó la salud y los derechos humanos de la población, así como la economía y las actividades en la zona, evidenciando la urgencia de responder a las necesidades de la población para garantizar una buena salud y calidad de vida. Por ello, las organizaciones integrantes del Observatorio Ciudadano de Calidad de Aire (OCCA) y otras aliadas, exigimos a los gobiernos de las entidades federativas que participan en la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y a las autoridades federales, la implementación de las medidas descritas en este comunicado. De acuerdo con anuncios oficiales recientes, la mala calidad del aire que respiran actualmentelas y los habitantes de la ZMVM se debe a incendios en la región, altas temperaturas, falta de viento y lluvias. Ante dichas declaraciones, el OCCA y organizaciones aliadas destacan que el grave problema de los incendios no es un hecho excepcional, sino un fenómeno que irá al alza ante escenarios cada vez más frecuentes y extremos de variabilidad meteorológica derivados del cambio climático. Igualmente, cabe destacar que el problema de calidad del aire y el cambio climático están estrechamente vinculados a formas urbanas desconectadas y dispersas, que en México se relacionan con las políticas de vivienda promovidas desde la federación por una gestión inadecuada de los usos de suelo e inversiones en infraestructura vial orientadas a servir principalmente al automóvil particular. Abordar el problema de calidad del aire de manera aislada no dará soluciones eficaces o de fondo. Por ello, el OCCA y organizaciones aliadas exhortan a las autoridades federales y locales a tomar medidas congruentes con financiamiento suficiente, bajo una perspectiva de derechos humanos, transparente y participativa, que contribuyan a reducir la contaminación en el mediano y largo plazo. Las estrategias que el Observatorio y organizaciones aliadas proponen seguir son las siguientes: Actualizar las estrategias de gestión de la demanda del tránsito vehicular; Incorporar una perspectiva de accesibilidad urbana en políticas y proyectos, impulsando la articulación de la planeación del transporte y de los usos del suelo; Triplicar la inversión en movilidad sustentable; Proporcionar información con perspectiva de salud ambiental a través de mecanismos participativos y transparentes; Controlar las emisiones de fuentes naturales; y Reforzar el marco jurídico e institucional. Reiteramos nuestra disposición para participar en un diálogo abierto y transparente con la CAMe y las autoridades federales y locales, con el fin de avanzar en la implementación de lasacciones propuestas. Lee el comunicado completo aquí
Leer másAs Falsas Promessas da Hidroenergia
Como as barragens não cumprem o Acordo Climático de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU Uma declaração conjunta de organizações da sociedade civil na ocasião do2019 World Hydropower Congress em Paris, França Nós vivemos em uma era de urgência. Os cientistas alertaram que temos pouco tempo para agir no controle das mudanças climáticas e proteger a integridade da vida em nosso planeta. Confrontar a crise climática requer soluções criativas que protejam a natureza e respeitem os direitos humanos. Diante desses desafios, nós não podemos permanecer silenciosos enquanto corporações lucrativas, financidores e seus aliados vendem falsas soluções para lidar com as mudanças climáticas e implementar o desenvolvimento sustentável. Um exemplo flagrante de tal engano é a tentativa de retratar grandes hidrelétricas enquanto fontes “limpas e verdes” de energia, como pode ser visto no 2019 World Congress Hydropower. Organizado em Paris pelo lobby industrial da Associação Internacional de Hidreletricidade (IHA), em parceria com a UNESCO, o título da conferência diz “Cumprindo o Acordo Climático de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável." Tais retratos brilhantes de projetos de barragens hidrelétricas – com pretenções de captar incentivos financeiros através de mecanismos como Climate Bonds e do Fundo Verde para o Clima – convenientemente ignoram um longo legado de catastrofes sociais e ambientas, desperdícios econômicos e, muitas vezes, esquemas maciços de corrupção que são a antítese do desenvolvimento verdadeiramente sustentável. ... Um convite à ação As organizações da sociedade civil neste abaixo-assinado convocam os membros da International Hydropower Association (IHA), governos e instituições financeiras internacionais para implementar as seguintes ações urgentes: Direcionar prioridades, investimentos e incentivos financeiros para projetos hidrelétricos adicionais, para eficiência energética e opções verdadeiramente sustentáveis de energia renovável (solar, eólica e biomassa e, quando apropriado, micro-hidro). Uma atenção especial deve ser dada a oportunidades de inovação tecnológica, geração descentralizada e melhoria do acesso à energia entre comunidades isoladas e fora da rede. Eliminar incentivos financeiros para novos projetos hidrelétricos dentro de mecanismos de mudança climática, como o Fundo Verde para o Clima e Contribuições Nacionalmente Determinadas (iNDC), e dentro de programas para promover a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (com a possível exceção de projetos micro-hídricos). Comissão de auditorias independentes para projetos controversos de barragens e cascatas localizadas na bacia, em termos das suas consequências sociais e ambientais, identificando medidas para mitigar impactos e garantir reparações para comunidades afetadas com base em consultas diretas. Quando tais medidas são proibitivamente caras ou inviáveis, o descomissionamento de projetos de barragens deve ser promovido. Assegurar a harmonização de procedimentos operacionais para hidriprojetos já existentes com planos territoriais relevantes ao nível da bacia, como a gestão integrada dos recursos hídricos e áreas protegidas que garantem processos ecológicos essenciais e os direitos das comunidades locais, tendo por base os conceitos e ferramentas da gestão participative e adaptativa. Garantir que as políticas e projetos de energias renováveis adotados, de maneira geral, tenham diretrizes robustas para salvaguardar os direitos humanos e proteção ambiental, seguindo a Convenção 169 da OIT e os Princípios das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos. Nenhuma instalação de energia que potencialmente cause impacto nos territórios e meios de subsistência dos povos indígenas e outras comunidades tradicionais deve ser autorizada sem obter o consentimento livre, prévio e informado da comunidade, sendo assegurado o desenho cooperativo das estratégias de co-manejo. Entre os benefícios de tal mudança de paradigma nas estratégias de energia e planejamento de desenvolvimento estarão contribuições importantes para a proteção dos últimos rios de fluxo livre do mundo, vitais para a resiliência climática, conservação da biodiversidade e meios de subsistência sustentáveis. As empresas de energia e os governos devem suspender todos os esforços para represar os rios de fluxo livre remanescentes do mundo e se concentrar em: i) melhorar a eficiência e a sustentabilidade dos projetos hidrelétricos e cascatas existentes; e ii) investir em eficiência energética e energias renováveis verdadeiramente sustentáveis. Além disso, os governos devem promover urgentemente a proteção legal e permanente dos últimos rios de fluxo livre do mundo, incluindo cursos de água transfronteiriços, com o devido respeito pelos direitos territoriais dos povos indígenas e outras comunidades tradicionais, que desempenham papéis fundamentais como os guardiões dos rios saudáveis. Leia a declaração completa aqui
Leer más
Las falsas promesas de la energía hidroeléctrica
Cómo las represas fallan en cumplir el Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU Un comunicado conjunto de organizaciones de la sociedad civil en ocasión del Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica 2019 en París, Francia. Vivimos en una era urgente. Científicos han advertido que tenemos muy poco tiempo para actuar y poner bajo control el cambio climático para proteger la vida en nuestro planeta. Enfrentar la crisis climática requiere soluciones creativas que protejan la naturaleza y respeten los derechos humanos. Encarando estos desafíos, no podemos ser espectadores callados mientras corporaciones, financiadores y sus aliados van de puerta en puerta difundiendo falsas soluciones para enfrentar el cambio climático e implementar un desarrollo sostenible. Un ejemplo flagrante de esta simulación es el intento de retratar a las enormes represas hidroeléctricas como fuentes de energía “limpias y verdes”. Podemos observarlo en el Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica 2019, organizado en París por el lobby industrial de la Asociación Internacional Hidroeléctrica (IHA, por sus siglas en inglés) en alianza con la UNESCO. El título de este encuentro incluye la frase “Cumpliendo el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Estos retratos luminosos de los proyectos hidroeléctricos —con miras a captar incentivos financieros a través de mecanismos como Climate Bonds y el Fondo Verde del Clima— ignoran convenientemente un legado extenso de catástrofes sociales y ambientales, pérdidas económicas y, con demasiada frecuencia, esquemas de corrupción masiva que son la antítesis del desarrollo verdaderamente sostenible. ... Un llamado a la acción Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes pedimos a los miembros de la Asociación Internacional Hidroeléctrica, gobiernos e instituciones financieras internacionales que implementen las siguientes acciones urgentes: Alejar las prioridades, inversiones e incentivos financieros de nuevos proyectos hidroeléctricos y, en cambio, dirigirlas hacia opciones de eficiencia energética y de energía renovable verdaderamente sostenibles (solar, eólica y biomasa y, cuando sea apropiado, energía microhidroeléctrica). Se debe prestar especial atención a las oportunidades para la innovación tecnológica, la generación descentralizada y la mejora del acceso a la energía entre comunidades aisladas y no conectadas a redes. Eliminar incentivos financieros para nuevos proyectos hidroeléctricos de los mecanismos de cambio climático, como el Fondo Verde del Clima y las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs, por sus siglas en inglés), y de los programas para promover la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (con una posible excepción para los proyectos microhidroeléctricos). Encargar auditorías independientes para proyectos existentes de represas controversiales y cascadas de represas instaladas en toda una cuenca en términos de sus consecuencias ambientales y sociales, identificando los pasos para mitigar los imapactos y asegurando una reparación justa de los daños para las comunidades afectadas, basada en consultas directas. Cuando tales medidas sean prohibitivamente caras o de otra manera inviables, se debe promover el retiro de los proyectos. Alinear los procesos operativos de los proyectos hidroeléctricos existentes con planes territoriales relevantes a nivel de la cuenca, como la gestión integrada de los recursos hídricos y áreas protegidas que preservan procesos ecológicos clave y los derechos de las comunidades locales, según conceptos y herramientas de participación y manejo adaptativo. Asegurar que las políticas y proyectos de energía renovable adopten, en general, directrices sólidas para salvaguardar los derechos humanos y las protecciones ambientales, como el Convenio 169 de la OIT y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas. No deben ser autorizadas las instalaciones energéticas que potencialmente impacten los territorios y medios de vida de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, sin obtener el consentimiento previo, libre e informado de la población y sin asegurar un diseño cooperativo para la coadministración de las estrategias. Entre los beneficios de este cambio de paradigma en las estrategias energéticas y de planeación de desarrollo, se encuentran la protección de los últimos ríos de libre cauce del mundo, vitales para la resiliencia climática, la conservación de la biodiversidad y de un estilo de vida sostenible. Tanto las compañías de energía como los gobiernos deben detener todo esfuerzo para represar los últimos ríos libres del mundo y, en cambio, concentrarse en: i) mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de los proyectos existentes de energía hidroeléctrica y de cascadas; y ii) invertir en eficiencia energética y en fuentes renovables verdaderamente sostenibles. Además, es urgente que los gobiernos promuevan la protección legal permanente de los últimos ríos libres del mundo, incluyendo los cursos de agua transfronterizos, respetando los derechos territoriales de los pueblos indígenas y de otras comunidades tradicionales, quienes juegan un rol fundamental como guardianes de la salud de los ríos. Lee el pronunciamiento completo aquí
Leer más
La prohibición del fracking en Colombia como un asunto de política pública
Este texto, que busca contribuir al debate sobre el fracking en Colombia, es labor de un grupo de personas expertas en diferentes materias relacionadas con el tema: ingenierías de petróleos, química y civil; geología, economía, derecho y movimientos sociales. Este grupo propone temas útiles e ilustrativos para estimular las discusiones públicas. Para ello, se trabajan cuatro aspectos, en los capítulos correspondientes: Un contexto sobre el papel del fracking en un escenario de cambio climático, la definición de la técnica y sus antecedentes en el mundo y en Colombia. La descripción del principio de precaución y de algunos derechos que podrían estar en riesgo con la aprobación del fracking en Colombia. En este mismo capítulo, se exponen algunos daños graves originados en la técnica, sobre el ambiente y, muy especialmente, sobre el derecho al agua. También se discute cómo la aprobación del fracking podría profundizar conflictos socioambientales y, en consecuencia, ir en contravía de la construcción de paz en el país. El tercer capítulo analiza el comportamiento económico de los hidrocarburos y las políticas que, orientadas a ofrecer múltiples beneficios a empresas privadas, han intentado estimularlo. Expone además la manera en que, apostar por la explotación de hidrocarburos no convencionales, podría tener afectaciones en la economía colombiana, dada la inestabilidad en los precios internacionales del petróleo y la enfermedad holandesa, que impactaría sectores productivos como la agricultura y la industria. El sector hidrocarburos cuenta con numerosos beneficios tributarios y genera, en comparación con otros sectores económicos como la agricultura o la industria, muchos menos empleos. En la última parte, se concluye que, para proteger las verdaderas vocaciones naturales, culturales y económicas del país, basadas en su gran diversidad y en concordancia con los compromisos jurídicos y políticos constitucionales e internacionales de ambiente y derechos humanos, Colombia necesita prohíbir el fracking. En cambio, propone trazar cuanto antes un camino hacia la transición a energías limpias y justas y así aprovechar su gran potencial en esta materia. Esta transición energética debe darse en el marco de estándares ambientales y sociales que minimicen los impactos en los ecosistemas, las comunidades, las personas defensoras de derechos humanos y las personas trabajadoras con el fin de generar energía y, simultáneamente, beneficios en términos ambientales, de salud pública y de generación de empleo. Descarga el informe
Leer más
Prohibiciones y moratorias al fracking: Legislación comparada
El fracking es una técnica nueva y experimental de extracción de hidrocarburos no convencionales como el gas y el petróleo de esquisto. Su aplicación ha despertado preocupación y motivado movilizaciones y resistencia en muchas comunidades, regiones y países del mundo por los graves daños en la salud y el ambiente que conlleva. Esta técnica consiste en taladrar verticalmente bajo tierra (de mil a cinco mil metros) y luego horizontalmente (de mil a cuatro mil metros) e inyectar a muy alta presión un fluido para fracturar rocas que contienen hidrocarburos de difícil acceso y así liberarlos. El fluido está compuesto de una mezcla de agua, arena y diferentes químicos contaminantes. Países, regiones, municipios y comunidades en todo el mundo han optado por prohibir o declarar la moratoria al fracking a través de una serie de mecanismos legales y administrativos, impulsados por diversas preocupaciones y argumentos. Entre ellos, destacamos: El riesgo grave de contaminación de aguas superficiales y subterráneas, del aire y del suelo. La incertidumbre sobre la ciencia detrás de la técnica y respecto a la magnitud y el alcance de sus impactos en la salud pública y el ambiente. La incertidumbre sobre la eficacia de las medidas de la industria de hidrocarburos para prevenir los impactos que la técnica podría generar. La conclusión general de que la industria hidrocarburífera no puede garantizar operaciones de fracking seguras para la salud humana y para el ambiente. Los riesgos de daños graves a las tierras y al agua que pongan en peligro la vocación agrícola y rural, los medios de vida de las comunidades y la confianza de la ciudadanía para consumir productos de zonas afectadas por el fracking. Las emisiones significativas de gases de efecto invernadero que el uso de fracking implica, y sus consecuentes impactos en términos del cambio climático. La existencia de una amplia oposición social al fracking, que demuestra el poder de la organización de las bases comunitarias y de la movilización ciudadana. La convicción de pueblos indígenas como el Cherokee que conciben que defender su territorio y ambiente frente al fracking es esencialmente defender su sobrevivencia. Una gran parte de las prohibiciones y moratorias al fracking estudiadas aquí adoptan el principio de precaución de modo expreso, haciendo referencia directa al mismo o de modo indirecto, sin mencionarlo pero incorporando sus elementos constitutivos. Por ejemplo, estas medidas se basan en el riesgo de daños graves e irreversibles ocasionados por la técnica o en la incertidumbre sobre la ciencia detrás de ella y acerca del alcance y magnitud de sus impactos. Estas medidas representan el principio de precaución, según el cual ante el riesgo de un daño grave o irreversible, y ante la falta de certeza científica, los tomadores de decisión deben adoptar medidas proactivas para proteger la salud de las personas y el ambiente. Descarga el Informe
Leer más
Peces herbívoros y arrecifes de coral: una relación que debemos proteger
Los peces herbívoros tienen colores vibrantes y se alimentan de macroalgas, principalmente de las macroalgas que cubren a los arrecifes de coral. Juegan un rol fundamental en la salud de esos entornos marinos, pues los limpian de las algas que les quitan luz y oxígeno. Este papel se considera vital para el mantenimiento de su equilibrio ecológico y para su sobrevivencia. Recomendaciones para su preservación Es urgente implementar medidas orientadas a mantener e incrementar la salud y capacidad de recuperación de los arrecifes de coral, y a preservar a las comunidades de peces herbívoros que son vitales para ello. Se requiere: Establecer y adoptar estrategias firmes de gestión de pesca y conservación que lleven a la recuperación de poblaciones de peces herbívoros, en particular de peces loro. Esto incluye iniciativas de ordenamiento pesquero, entre ellas el establecimiento de vedas temporales y espaciales, así como cuotas estrictas de pesca. Otras medidas incluyen la diversificación pesquera. En el Caribe, se podría promover la pesca del pez león, una especie invasora, como alternativa económica para cientos de comunidades pesqueras. Establecer áreas protegidas marinas o zonas de recuperación pesquera donde se prohíba la captura de peces a fin de brindar una protección más efectiva. Estas áreas o zonas, e incluso hábitats críticos deben decretarse con la urgencia y pertinencia debido a que son considerados un refugio para ejemplares juveniles y adultos. Esto permitiría que especies funcionales, como los peces herbívoros, logren completar su ciclo de vida y contribuyan así a la resiliencia de entornos marinos claves como los arrecifes de coral. Estandarizar el monitoreo de la población de peces e implementar alternativas de manejo. Esto permitiría contar con información óptima sobre la población de peces herbívoros, lo que facilitaría su manejo. Entre las alternativas a considerar está la restauración de arrecifes, medida ya adoptada en varias zonas de México. Promover una gestión integral regional que involucre a las autoridades locales para compartir experiencias y establecer herramientas compartidas de manejo y conservación. Crear e implementar normas y leyes que permitan la conservación de arrecifes y peces herbívoros, el manejo pesquero adecuado y el combate efectivo de amenazas originadas en la sobrepesca, el turismo y el desarrollo costero de bajo impacto, que cuente además con una planificación técnica y científica.
Leer más