Publicaciones

Agosto 28 2016 Derechos Humanos

Infografía: Empresas y Derechos Humanos en México

Con motivo de la visita oficial a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, una coalición de organizaciones de la sociedad civil elaboramos un INFORME que documenta 68 casos de violaciones de derechos humanos por parte del Estado y empresas, así como una INFOGRAFÍA ilustrativa sobre el tema:

Julio 01 2016 Derechos Humanos

Carta de Organizaciones sobre Detención Arbitraria de Activistas en Nicaragua

En una carta abierta, organizaciones de la sociedad civil del continente americano exhortamos a las autoridades nicaragüenses a reconocer la labor de quienes defienden los derechos humanos y a respetar sus derechos. También hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otros organismos internacionales de protección, para que den seguimiento cercano a la situación en Nicaragua y exijan a ese país que cumpla con sus obligaciones. Desde el pasado sábado 25 y hasta el lunes 27, se desconocía el paradero y estado de seis jóvenes, tras ser detenidos por la policía de Nicaragua en el municipio de Nueva Guinea. Luego de 48 horas de detención, el grupo fue liberado y dirigido a las fronteras de Honduras y Costa Rica. El hecho que originó la detención tuvo lugar en la comunidad La Fonseca del municipio nicaragüense de Nueva Guinea, cuando el pasado sábado 25, Byron Reyes Ortiz (Costa Rica), Daniel Espinoza Jiménez (España-México), Ana Laura Rodríguez (Argentina), Salvador Tenorio Perez (México), Emmanuel de la Luz Ruiz (México) y Eugenio Pancelli Chávez (México) se encontraban impartiendo un taller de nuevas tecnologías para fabricar hornos como parte del programa “Caravana Mesoamericana del Buen Vivir”. En medio de una demostración, un barril que contenía restos de gasolina prendió fuego, de acuerdo a la declaración pública de Francisca Ramírez, lideresa campesina e integrante del Consejo de la Tierra, Lago y Soberanía. Además del grupo de jóvenes extranjeros, Francisca también fue detenida junto a varios nicaragüenses, que quedaron en libertad el mismo día. La dirigente ha sido reconocida por su oposición a la construcción del canal interoceánico en el país. Según los activistas, los policías habían estado vigilando la casa en que se encontraban reunidos, desde antes del accidente. Inicialmente, la policía justificó los arrestos señalando que hubo una manipulación de “sustancias explosivas”. Sin embargo, el lunes 27, el Ministerio Público de Nicaragua informó en una conferencia de prensa que no presentaría cargos contra ninguno de los jóvenes y que los extranjeros serían puestos a la orden de las autoridades migratorias. Esto, después de dos días en los que ni sus familiares ni las autoridades de sus países correspondientes, tuvieron información sobre el lugar donde estaban detenidos no pudiendo, por lo tanto, darles apoyo legal alguno. Las organizaciones firmantes que integran la Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de las Américas, además de otras organizaciones de la sociedad civil, consideran que lo ocurrido en Nicaragua es una detención arbitraria que violenta los derechos humanos de los jóvenes detenidos. Es preocupante que pasaran más de 48 horas incomunicados, sin asistencia consular, ni acceso a un/a abogado/a defensor/a, mientras las solicitudes de información de sus representantes y allegados fueron ignoradas. No es la primera vez que el Estado nicaragüense actúa de manera arbitraria. Desde 2010, al menos 14 personas han sido detenidas y expulsadas del país, entre las que se encuentran destacados defensores y defensoras de derechos humanos del continente. Exhortamos a las autoridades nicaragüenses a reconocer la labor de quienes defienden los derechos humanos y a respetar sus derechos. También hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otros órganos internacionales de protección, para que den seguimiento cercano a la situación nicaragüense y exijan a este país que cumpla con sus obligaciones. Organizaciones firmantes Argentina Fundación M'Biguá. Ciudadanía y Justicia Ambiental. Paraná. Entre Ríos Colombia Consultoría para los Derechos humanos y el Desplazamiento (CODHES) Ecuador Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM) El Salvador Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) Guatemala Fundación Myrna Mack Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA) Honduras Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús México Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM) Consultoría Técnica Comunitaria AC Anahi Martinez Encinas Daniel Alejandro Chávez Macedo Marina Ortiz Ondine Rosenthal Sievers Sylvir Guillemin Tamara Ortiz-Avila Nicaragua Movimiento Autónomo de Mujeres Centro de la Mujer "Acción Ya" Colectivo de mujeres ITZA Mujeres por la Democracia Unión Ciudadana por Democracia Carlos Tünnermann Bernheim Marlen Auxiliadora Chow Cruz Perú Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) CooperAcción Paz y Esperanza Venezuela Juventud Alianza Bravo Pueblo Programa Venezolano de Educación (Provea) Organizaciones regionales Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) IPAS Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional)

Junio 03 2016 Derechos Humanos

Carta de Organizaciones sobre la Selección del Nuevo Secretario Ejecutivo de la CIDH

En una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil hacemos recomendaciones sobre la evaluación de los finalistas al cargo de Secretario Ejecutivo de la Comisión. Anexamos un documento con sugerencias sobre cómo debe ser el perfil de la nueva autoridad. Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos PRESENTE Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes deseamos manifestar nuestro mayor interés por el proceso de selección de la persona que ocupará el cargo y que estará al frente de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el período de agosto de 2016 a agosto de 2020, por tratarse de una designación que entraña una enorme importancia para la protección y promoción de los derechos humanos en la región americana. De acuerdo con el artículo 11.2 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la/el Secretaria/o Ejecutiva/o debe ser una persona independiente y de alta autoridad moral, que además, exhiba experiencia y una reconocida trayectoria en derechos humanos. Asimismo, el Reglamento establece que la CIDH debe hacer públicos los criterios y calificaciones para el cargo, así como las tareas a ser desempeñadas, lo que ha sido comprendido en el llamado a concurso que se encuentra disponible en su página institucional. Sobre la base del perfil, la Ilustre Comisión ha realizado una preselección de las y los aspirantes, y presentado por medio de un comunicado el pasado 21 de abril, una relación de cinco finalistas, que de manera general, cumplirían con cada uno de los elementos que lo componen, lo que resulta fundamental para que entre ellos, sea elegida la persona más idónea para el cargo. En atención a ello, anexamos a la presente un documento en el que respetuosamente aportamos sugerencias sobre cómo debe ser el perfil de quien ocupe la Secretaría Ejecutiva da la CIDH. Consideramos que es importante prestar especial atención, a la evaluación de las habilidades de los candidatos para el manejo y administración de recursos humanos y financieros, teniendo en cuenta el contexto actual de crisis que afecta al personal de la Secretaria Ejecutiva, cuya estabilidad se ve actualmente amenazada por la falta de recursos económicos, lo que redundará finalmente en la protección y promoción de los derechos humanos en la región. Asimismo, reiteramos nuestro interés de que el proceso sea conducido con base en los más altos estándares de publicidad, transparencia, y participación de las organizaciones de sociedad civil, que estamos interesadas en contribuir al fortalecimiento de las instituciones de protección de los derechos humanos en las Américas. En ese orden, en aras de optimizar el proceso previsto en el Reglamento de la CIDH y construir confianza y legitimidad en la decisión final, solicitamos a la Honorable Comisión que, en las etapas subsiguientes de este proceso de selección se sirva hacer pública toda la información relevante y pertinente sobre los perfiles de las candidatas y los candidatos, y que además, tome en cuenta la importancia de: Transmitir en vivo las entrevistas a las y los candidatos que las y los Comisionados llevarán a cabo entre el 18 y 29 de julio, a efectos de que las organizaciones de la sociedad civil interamericana podamos escuchar las posiciones y opiniones de los finalistas. Introducir mecanismos adicionales de publicidad, consulta y participación efectiva de la sociedad civil mediante la organización, por ejemplo, de un webinar con las y los finalistas, en el que puedan entablar un diálogo directo, lo cual brindaría mayores elementos a la Comisión Interamericana para emitir su decisión final. Promover que, en el marco de las entrevistas a los candidatos, y de preferencia antes de que se lleven a cabo por la CIDH, los finalistas se reúnan con el personal de la Secretaria Ejecutiva, para abordar los principales problemas de personal y financieros que la vienen afectando gravemente. Dar a conocer las razones que fundan y motivan la decisión en favor de quien resulte designado/a al final del proceso. Así, de la manera más respetuosa, le solicitamos a la Ilustre Comisión tomar en consideración las propuestas expuestas anteriormente. Su finalidad consiste en fortalecer el mecanismo existente de selección de la Secretaría Ejecutiva y propiciar una deliberación pública e informada sobre la designación, que abone a la legitimidad de la designación que se realice.

Junio 01 2016 Grandes Represas, Derechos Indígenas

Carta al Presidente de Panamá sobre la Inundación de Prueba de la Represa Barro Blanco

En una carta abierta, AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil urgen al Presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez, a proteger la vida e integridad personal de las comunidades Ngäbes, y a suspender inmediatamente la inundación de prueba de la represa Barro Blanco, que está violando sus derechos y poniéndolos en riesgo de daño irreparable. Estimado Presidente Varela, Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por la integridad personal y seguridad de las comunidades Ngäbes, afectadas por el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. El 22 de mayo, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de Panamá (ASEP), anunció mediante un comunicado de prensa[1] que el 24 de mayo se iniciaría el llenado de prueba del embalse de Barro Blanco. El comunicado de la ASEP también indicó que el proceso de inundación llegaría a la cota de 103 sobre el nivel del mar el 21 de junio del 2016. Según el informe de la Misión de Verificación dirigida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 2012[2], las comunidades Ngäbe de Kiad, Nuevo Palomar y Quebrada Caña se verán directamente afectadas por las inundaciones. El informe indica que 6 hectáreas + 9816.86 m² de sus tierras, incluyendo 6 casas y un petroglifo ubicado en la comunidad de Quebrada Caña, quedarán bajo el agua. Asimismo, hemos recibido información por parte de integrantes de las comunidades afectadas que las aguas del embalse de Barro Blanco ya han alcanzado los límites de la zona del Corregimiento de Bakama, en la Comarca Ngäbe-Buglé, al oeste de Panamá. A estas alturas, las comunidades Ngäbes de Quebrada Plata, Quebrada Caña, Kiad y Nuevo Palomar, así como los sitios ceremoniales de la Iglesia Mama Tatda, podrían verse seriamente afectados por el llamado “periodo de prueba” esta semana, mucho antes del 21 de junio, fecha inicialmente prevista por la ASEP. Al contrario de lo indicado por el comunicado de prensa de la ASEP, y confirmado por Milton Henríquez, Ministro de Gobierno[3], este proceso de llenado temporal no fue notificado ni consultado con las comunidades afectadas. Lo anterior es contrario a los estándares internacionales en materia de derechos humanos que estipulan que los pueblos indígenas tienen el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. Asimismo, como se desprende del derecho a la propiedad garantizado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros acuerdos, los pueblos indígenas tienen también el derecho a una vivienda adecuada, a poseer, utilizar, y "disfrutar libremente" de sus tierras y territorios tradicionales, y a no ser “desplazados por la fuerza” de ellas[4]. Las comunidades Ngäbes están decididas a quedarse y a defender sus tierras, que consideran sagradas. Lo urgimos a proteger sus vidas e integridad personal y a suspender inmediatamente la inundación de prueba que está violando sus derechos y poniéndolos en riesgo de daño irreparable. [1] http://www.panamaamerica.com.pa/economia/asep-anuncia-el-inicio-del-periodo-de-prueba-de-central-hidroelectrica-barro-blanco-1027251 [2] http://canal-empresarias.ciudaddelsaber.org/wp-content/uploads/2015/09/0-informe-mision-verficacion-final-20121219.pdf [3] http://www.mingob.gob.pa/mingob/inside.php?artID=3246 [4] Para más información: http://www.ciel.org/Publications/BarroBlanco_Appeal_18Feb2014.pdf

May 26 2016 Derechos Humanos

Carta a los Estados Miembros de la OEA ante la crisis financiera de la CIDH

AIDA se une a más de 300 organizaciones en el llamado a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para actuar rápidamente ante la crisis financiera que afecta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La carta llama a una acción urgente para garantizar el inmediato financiamiento de esta importante institución protectora de los derechos humanos, así como la creación de un fondo sostenible que dé continuidad a su financiamiento. Estados miembro de la Organización de los Estados Americanos, La Coalición de organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, además de otras redes regionales y globales de sociedad civil, queremos mostrar nuestra preocupación por la grave crisis financiera que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es por eso que suscribimos la presente carta, apelando a todos los Estados miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para que tomen las medidas necesarias que garanticen su inmediato y adecuado financiamiento. Asimismo, hacemos un llamado urgente a la creación de un fondo sostenible de financiamiento para los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), a fin de atender la precaria situación que se viene dando desde hace años, tanto en la Comisión como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH es uno de los órganos principales de protección cuyo mandato consiste en promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. Es el único mecanismo regional que supervisa las obligaciones de todos los países miembros de la OEA en esta materia, y constituye el último recurso de defensa frente a violaciones de los derechos fundamentales en el continente. La CIDH es un referente internacional por su gran labor de protección a miles de defensoras y defensores de derechos humanos, que viven amenazados y criminalizados en las Américas. Este órgano, vela por los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de las mujeres y niñas, personas con discapacidad y de las personas LGTBI, entre otros colectivos, en su lucha por erradicar la discriminación. El rol de la CIDH, no sólo en el ámbito de protección de los derechos humanos, sino también en el de acción para promover su cumplimiento, alcanza a casi mil millones de habitantes a lo largo y ancho de la región. A pesar de ello, la Comisión Interamericana ha contado, históricamente, con un presupuesto exiguo, que actualmente ha llegado al grado de comprometer la efectiva realización de sus funciones básicas y de su mandato, asignado por los Estados Miembro de la OEA. La propia Comisión anunció que el 31 de julio de 2016 se vencen los contratos del 40% de su personal y que no cuenta con los fondos, ni con la expectativa de recibirlos, para poder renovarlos. Además informó la suspensión de las visitas a países previstas para este año, así como la de los Períodos de Sesiones 159 y 160, programados originalmente para julio y octubre de este año. En contraste con otros órganos de protección de derechos humanos, nacionales e internacionales, el financiamiento que recibe la CIDH del fondo regular de la OEA, es decir, de los Estados miembro, es contradictorio con los deseos de los países de aspirar a una región más democrática. En 2016, dicho fondo le asignó un monto de alrededor de 5.4287,9 millones de dólares, lo que constituye un 6,44% del total del presupuesto anual de la OEA ⎯el Consejo de Europa destina el 41,5% de su presupuesto a la promoción y protección de los derechos humanos. Si bien la Asamblea General de la OEA, ha aprobado en el pasado resoluciones comprometiéndose a atender esta situación, las mismas no se han materializado con el necesario aumento de recursos que le permita tanto a la Comisión Interamericana como a la Corte ⎯la cual, si nada cambia, verá reducido su presupuesto una tercera parte, para finales de este año⎯, contar con el financiamiento adecuado para llevar a cabo sus mandatos. Así, esta petición tiene como fin no sólo el que la CIDH pueda continuar con sus actividades programadas para el año en curso, que pueda renovar los contratos del 40% de su personal, así como llevar a cabo sus períodos 159 y 160, sino también el que se pueda crear definitivamente una estructura que convierta en una práctica sostenible la financiación de este órgano y el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aumentando significativamente el presupuesto que la OEA asigna a la SIDH. Las organizaciones de la sociedad civil firmantes, vemos en esta crisis una oportunidad única para consolidar el compromiso de los Estados miembro de la OEA, con los derechos humanos en el continente. Es por eso que les emplazamos a encontrar la manera de construir una estructura sólida y robusta, que garantice la protección de las herramientas que el SIDH proporciona a millones de personas en las Américas.

May 13 2016 Grandes Represas, Derechos Indígenas

Correspondencia con el Banco Mundial respecto de Berta Cáceres y las Grandes Represas

El 11 de mayo, más de 300 organizaciones de todas partes del mundo enviaron una carta al Dr. Jim Yong Kim, Presidente del Banco Mundial, en respuesta a sus declaraciones del pasado 6 de abril, en un evento realizado en el Seminario de la Unión Teológica de Nueva York. Durante su presentación, y ante una pregunta sobre los impactos de las grandes represas evidenciados por el asesinato de Berta Cáceres en Honduras, el Dr. Kim, entre otras cosas, respondió: “No se puede hacer el tipo de trabajo que estamos tratando de hacer y no tener algunos de estos incidentes". Las organizaciones firmantes de la carta consideran que las declaraciones del Presidente del Banco Mundial son inaceptables, por lo que le instan a disculparse públicamente y a realizar una rectificación inmediata. La intervención del Dr. Kim está disponible en el siguiente video (minuto 53 en adelante). CONSULTA la carta enviada al Presidente del Banco Mundial en ESPAÑOL e INGLÉS. El 11 de mayo, el Banco Mundial respondió a la carta de las organizaciones con una Hoja Informativa pública sobre Honduras y las poblaciones indígenas, la cual está disponible en su sitio web. A su vez, el 13 de mayo, una comisión redactora de la coalición de organizaciones respondió al Banco Mundial tomando nota de la condena que hizo el Presidente del Banco Mundial del asesinato de Berta Cáceres. Puntualizaron además que la referencia del Presidente a graves violaciones de derechos humanos causadas por represas, como el desplazamiento involuntario, es preocupante y que el tema debe ser atendido. Reiteraron la existencia de alternativas a las grandes hidroeléctricas y la necesidad de implementarlas. Las organizaciones concluyeron que: "En honor a su compromiso de 'escuchar las voces de las Berta Cáceres del mundo', quedamos atentos a los avances del Grupo del Banco Mundial para impulsar alternativas que efectivamente respeten los derechos humanos de personas y comunidades; y que sean más eficientes, menos costosas y que protejan el planeta y a las comunidades que dependen de éste. Es la única forma de lograr prosperidad común para todos y todas." LEE la respuesta de las organizaciones al Banco Mundial en ESPAÑOL e INGLÉS.

Abril 25 2016 Océanos, Minería

10 cosas que debes saber del proyecto Don Diego

1. Es un proyecto propuesto de minería submarina en México. La minería submarina es un proceso por el cual se recuperan minerales o metales del lecho marino. Don Diego es un proyecto que propone usar un sistema de dragado para obtener 7 millones de toneladas de arena fosfática del fondo marino, a 19 kilómetros de la costa de Baja California Sur[1]. Los materiales sobrantes, aquellos que no son de interés —sobrecarga o residuos— podrían ser regresados al mar[2]. 2. De ser implementada, sería la primera mina de fosfato en su tipo, con esa técnica, y en esa región. Ello hace imposible prever con exactitud los daños que la actividad puede generar y las medidas para evitarlos[3]. Otros países han rechazado proyectos de este tipo debido a la gravedad de sus impactos potenciales. Namibia y Nueva Zelanda son ejemplos[4]. Exploraciones Oceánicas, empresa a cargo del proyecto, no tiene experiencia suficiente en este rubro[5]. Tampoco la tiene el Gobierno mexicano para ejecutar y monitorear apropiadamente el proyecto. Además, aún bajo esta incertidumbre, la empresa no ha proporcionado una garantía financiera para asegurar el cumplimiento del plan de manejo, el de monitoreo y la fiscalización. 3. El proyecto alteraría el ecosistema marino. La recolección de arena fosfática del mar y la deposición de residuos en el mismo generaría sedimentos que podrían bloquear la luz, afectando a su vez la fotosíntesis marina[6]. El dragado destruiría especies bentónicas como ostras y almejas, y su hábitat, afectando la cadena alimentaria y el equilibrio del sistema[7]. El ecosistema podría requerir años para recuperarse. 4. Su ejecución no implicaría necesariamente mayor seguridad alimentaria para México. El fosfato es usado en fertilizantes. Los promoventes del proyecto buscan enfrentar la disminución de reservas de fosfato en el mundo[8]. Pero iniciar una explotación de este tipo, sin conocer lo necesario sobre la técnica y sus impactos, podría generar un daño mayor al posible beneficio. Además, extraer fosfato en aguas de México no garantiza que el mismo será utilizado para suplir la demanda de la agricultura en ese país ni en el continente americano. 5. La mina pondría en riesgo la pesca y a las familias que dependen de ella. El área del proyecto minero se traslaparía con las concesiones de las Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera “Puerto Chale” y “La Poza”[9]. En el Golfo de Ulloa se producen cerca de 8,450 toneladas por año de especies comerciales que incluyen al abulón, almejas, calamar, camarón, caracol, cazón, jaiba, langosta, ostión, pulpo, rayas y tiburón[10]. La pesca podría disminuir considerablemente debido a la afectación del fondo marino por el dragado[11]. 6. La mina impactaría una zona ecológicamente rica y vulnerable. El proyecto está ubicado en el Golfo de Ulloa, región única en el mundo caracterizada por su alta productividad y biodiversidad. Alberga especies de interés pesquero y de conservación. Además, parte del proyecto estaría en 20% de la Región de Importancia Marina de Bahía Magdalena[12], sitio de manglar que brinda importantes servicios ambientales a las comunidades costeras, entre ellos la mitigación del cambio climático. 7. La mina pondría en mayor peligro el hábitat de la tortuga caguama. El Golfo de Ulloa es un hábitat crítico para la tortuga caguama. El Estado mexicano creó allí un refugio pesquero para la protección de esa especie[13]. Estudios demuestran que un ruido como el que podría generar el proyecto causaría el desplazamiento del hábitat de esa tortuga y un cambio drástico en su comportamiento[14]. Además, la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas incluyó recientemente a la minería como una de las actividades que ponen en peligro a las tortugas marinas[15]. 8. La mina podría destruir un sitio seguro para la ballena gris. Cada año, la ballena gris viaja de Alaska a las aguas cálidas de Baja California Sur para tener a sus crías y cuidarlas[16]. Las ballenas usan el sonido para identificar su grupo, ubicarse, encontrar y capturar comida[17]. El proyecto generaría ruido, aumento del tráfico marino y cambios en el ecosistema, alterando un sitio seguro para las ballenas desde hace siglos[18]. 9. Aprobar el proyecto podría implicar el incumplimiento de obligaciones internacionales por parte del Estado mexicano. México tiene obligaciones de derecho internacional para proteger el ecosistema marino y las especies vulnerables que el proyecto podría dañar. En especial, debe aplicar el principio precautorio en un caso como éste, en el que no existe certeza científica sobre la magnitud e intensidad de los daños ambientales. El Estado mexicano está obligado entonces a tomar las medidas necesarias para evitar esos posibles daños. Ello incluye disponer la inviabilidad del proyecto hasta que se demuestre que es posible evitarlos o reducirlos al mínimo. 10. Los detalles del proyecto son confusos y la información pública disponible al respecto es incompleta. La duración y el área específica del proyecto aún no son claras. Por ejemplo, se prevé que el proyecto dure 50 años, pero podría extenderse 50 años más al estar amparado por la Ley Minera[19]. [1] Manifestación de Impacto Ambiental, Resumen Ejecutivo del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento de Don Diego”, pp. 4, 5 y 7. Disponible aqui. [2] Todo el proceso es descrito por el promovente, con mayor énfasis en el Capítulo II de la Manifestación de Impacto Ambiental, pp. 23-42. [3] Rofomex era un proyecto de fosfato en San Juan de la Costa, esto es cerca de ciudad de La Paz, Baja California; la mina producía dos millones de toneladas anuales de fosfato, información disponible en http://www.dredge.com/dred2-10.html , http://defiendelasierra.org/wp-content/uploads/San-Juan-de-la-Costa.pdf y http://mrdata.usgs.gov/mrds/show-mrds.php?dep_id=10048963 ; sin embargo, el proyecto está en tierra y no se encuentra en la Bahía de Ulloa, ver ubicación exacta [4] La primera mina marina de fosfato que entraría en operación se propuso en Namibia en 2013, sin embargo el proyecto no se ha aprobado ya que entró a regir una moratoria a esta actividad. Ver: http://www.scoop.co.nz/stories/WO1307/S00188/marine-phosphate-mining-cannot-be-sustained-by-namibia.htm ; http://www.worldfuturecouncil.org/sandpiper-project.html; Nueva Zelanda utilizó el principio precautorio para negar el permiso de minería de fosfato submarina, ver http://www.stuff.co.nz/business/industries/66038589/Chatham-Rock-Phosphate-aghast-mining-consent-refused [5] Página web de Exploraciones Océanicas y actividad en la Bolsa NASDAQ donde se aprecia que la empresa no ha realizado ningún proyecto de minería submarina en el pasado. [6] La industria minera de fosfato es considerada una las fuentes potenciales de contaminación radionuclear con elementos como el Uranio (238U) y Torio (232Th). Los sedimentos que regresan al mar pueden contener altos niveles de elementos tóxicos, incluida la presencia de estos elementos, que fueron expuestos mediante el proceso de separación en búsqueda del fosfato. Al-Masri, M., Mamish, S. et al. (2002). “The impact of phosphate loading activities on near marine environment: The Syrian Coast”. Journal of Environmental Radioactivity 58 (2002) 35-44. P. 1. [7] Manifestación de Impacto Ambiental, Resumen Ejecutivo del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento de Don Diego”, Capítulo VIII, Tabla VI.3, p. 64, y Capítulo V, p. 48, disponible en http://apps1.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/bcs/estudios/2015/03BS2015M0008.pdf [8]U.S Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, Enero 2015. Disponible en: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/phosphate_rock/mcs-2015-phosp.pdf [9] Instituto Nacional de la Pesca Oficio RJL/INAPESACA/DGAIPP/978/2014 [10] CONABIO. Estudio sobre la caracterización socioeconómica y pesquera del Área Golfo de Ulloa, BCS (2010). Disponible en: http://goo.gl/7An5o5 [11]Manifestación de Impacto Ambiental, Resumen Ejecutivo del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento de Don Diego”, Capítulo VIII, Tabla VI.3, p. 64. Disponible aqui. [12] Instituto Nacional de la Pesca. Oficio RJL/INAPESCA/DGAIPP/757/2014 [13] El Acuerdo por el que se establece el Área de Refugio de la Tortuga Amarilla (CarettaCaretta) en el Golfo de Ulloa en Baja California Sur está en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para obtener un dictamen de aprobatorio, 9 de diciembre de 2014. Disponible en: http://www.cofemermir.gob.mx/mir/crLecAnte.asp?submitid=33808 [14] Convenio sobre Diversidad Biológica. “Sea turtle hearing and sensitivity to acoustic impacts”. Disponible en: https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/mcbem-2014-01/other/mcbem-2014-01-submission-boem-03-en.pdf Pg. 3 y 4 [15] Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas Séptima Conferencia de las Partes 24-26 de Junio, 2015, Ciudad de México, Resolución CIT-COP7-2015-R3. Disponible en: http://www.iacseaturtle.org/docs/resolucionesCOP7CIT/CIT-COP7-2015-R3_Cabezona_%20%20Resolucion_ESP_7.15.15_ADOPTADA.pdf [16] Guerrero Ruiz, M., Urbán Ramírez, J. y Rojas Bracho, L. 2006. Las ballenas del golfo de California. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Instituto Nacional de Ecología (INE). 537 pp. [17] Baker C. S. y C. M. Herman. 1984. Aggressive behavior between Humpback whales (Megaptera novaeangliae) wintering in Hawaiian waters. Can. J. Zool. 62(10): 1,922-1,937.; Croll, D. A., C. W. Clark, A. Acevedo, B. R. Tershy, S. Flores, J. Gedamke y J. Urbán. 2002. Only male fin whales sing loud songs. Nature 417: 809. [18] El Anexo 13 es un documento de tres páginas que no respaldan las conclusiones de la empresa en la manifestación de impacto ambiental. [19] Manifestación de Impacto Ambiental, Resumen Ejecutivo del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento de Don Diego”, Capítulo II, p. 4. Disponible en: http://apps1.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/bcs/estudios/2015/03BS2015M0008.pdf

Marzo 31 2016 Fortalecimiento de Capacidades, Océanos

Herramientas para la Pesca Sostenible

Nuestro océano están colapsando en todo el sentido de la palabra. En los últimos 100 años, hemos sobreexplotado y contaminado los tan preciados y productivos ecosistemas marinos y costeros que tenemos a nuestro alcance. Ahora, el cambio climático está generando su propio conjunto de problemas marinos. Sin embargo, existen historias esperanzadoras y exitosas que nos sugieren que podemos dar un giro al problema si actuamos a tiempo. AIDA se ha comprometido a convertir la pesca sostenible en una realidad, así como a contribuir a restaurar y proteger las costas marinas del continente americano. Para cumplir este compromiso, necesitamos apoyar el fortalecimiento de los gobiernos y de las leyes y reglamentos que protegen la biodiversidad marina y costera. Herramientas para la Pesca Sostenible, una publicación de AIDA, proporciona un guía del camino a seguir para hacerle frente a este reto. La guía explica los muchos problemas que existen en nuestros mares y provee herramientas específicas en materia legal, científica y económica para un manejo más sostenible de nuestros recursos marinos y costeros. Los funcionarios de gobierno y los legisladores pueden emplear esta información para desarrollar, mejorar y hacer más efectivas las leyes y reglamentos nacionales sobre biodiversidad marina. Lee el Resumen Ejecutivo Capítulo 1. El mar y las pesquerías: Hacia un desarrollo ambientalmente amigable El primer capítulo de esta publicación analiza la situación actual de los mares a través del estudio de las causas que provocan el agotamiento de las pesquerías. Entre las principales se encuentran la pesca excesiva, la falta de reglamentación y el abuso de la tecnología. Continúa con un recorrido por los distintos instrumentos legales internacionales vigentes que establecen obligaciones de los Estados para la protección y conservación de los mares y de su biodiversidad. Se concluye que las medidas preventivas y de control actuales no han sido suficientes para disminuir la afectación de estos recursos. El avance en el deterioro de las pesquerías es tan rápido que es posible que ocurran nuevos colapsos de pesquerías comerciales en varias regiones del mundo. Por tanto, queda en manos de los tomadores de decisiones, los consumidores y los mismos pescadores implementar medidas más eficientes (presentadas en los siguientes capítulos) para evitar que se repitan situaciones tan graves como los ejemplos que se desarrollan en este capítulo inicial. Capítulo 2. Ordenamiento pesquero En el capítulo se aborda el tema de los ordenamientos pesqueros, cuya existencia en la mayoría de los países es una herramienta importante para controlar las actividades pesqueras, aunque no constituye la única respuesta al declive de las pesquerías. Tras definir el término, se habla de las medidas de ordenación y de su clasificación: técnicas, controles de insumo o esfuerzo y de producto o captura. A continuación, se menciona los planes de ordenación como aquellos que reúnen en un solo instrumento los elementos mencionados anteriormente. Se toca además el contenido de dichos planes, el procedimiento para su diseño y algunos aspectos destacados del mismo. Este capítulo también hace mención a la necesidad de contar con registros actualizados periódicamente de los permisos de pesca otorgados como requisito para un manejo sostenible. Concluye que la apremiante situación de las pesquerías debe obligar a los Estados a ordenarlas para garantizar su recuperación y disponibilidad para las generaciones futuras. Capítulo 3. Control del esfuerzo pesquero Este capítulo describe y analiza de manera puntual los distintos instrumentos regulatorios que se usan para controlar el esfuerzo pesquero en distintas partes del mundo. Éstos incluyen programas para reducir licencias vigentes de barcos, programas para decomisar barcos, programas de reentrenamiento de pescadores, y programas de reducción del tiempo de lance. Asimismo, plantea las medidas que se deben tomar en cuenta para que estos programas cumplan con sus objetivos. De igual manera, incluye ejemplos de programas específicos diseñados e implementados en otros países para que sean de utilidad a quienes estén interesados en el diseño de cualquier programa. Capítulo 4. Control de capturas pesqueras Aquí se estudian las medidas que se implementan para ejercer control sobre las capturas pesqueras. Entre ellas están las llamadas “tradicionales” que incluyen las licencias y tarifas para las actividades pesqueras, la determinación de cuotas máximas de captura, el establecimiento de temporadas de pesca para especies determinadas (vedas); y el tamaño mínimo de los ejemplares de las especies comerciales, así como de las que se encuentran bajo protección o manejo especial. Estas herramientas han sido regularmente aplicadas en persos países para controlar las capturas, por ello se incluyen ejemplos de los casos en que se han implementado estos métodos como muestra de las múltiples opciones existentes. También se describen en este capítulo métodos “alternativos" que los Estados pueden implementar para controlar las capturas y lograr que las actividades pesqueras sean sostenibles. Dentro de estas opciones merecen particular atención los mecanismos de control de la pesca incidental, considerando su importancia en la conservación de las especies marinas; y las Cuotas Indiviuales de Pesca (CIP), que son el método más moderno de control de capturas. Capítulo 5. Control de la pesca incidental El presente capítulo analiza el fenómeno de la pesca incidental, responsable de gran parte del deterioro de la biodiversidad marina a nivel mundial. En razón de que la mayoría de los métodos de pesca modernos no discriminan entre las especies objetivo de las que no lo son, muchos recursos se pierden al ser capturados de manera incidental, incluyendo peces, mamíferos marinos y aves, entre otros. El capítulo comienza por describir las diferentes artes de pesca disponibles, haciendo referencia al peligro que cada una implica para la pesca incidental. Posteriormente, hace un recorrido por las diferentes medidas de protección existentes, incluyendo ejemplos de la forma en que diferentes países le han hecho frente al problema. Se explica finalmente que lo más recomendable es optar por una combinación de medidas que dé como resultado el mejor escenario posible. Capítulo 6. Ordenamiento marino costero Este capítulo analiza las herramientas de ordenamiento y manejo costero como una forma de protección efectiva de las zonas costeras y de los mares. Las zonas costeras son especialmente vulnerables a los conflictos de competencia por el uso y asignación de los recursos marino-costeros debido a la diversidad de actividades y ecosistemas que coexisten en ellas. Presenta además el Manejo Costero Integrado (MIC) como un proceso continuo y dinámico entre la comunidad, la ciencia y el Estado para implementar planes integrados de protección y desarrollo de los recursos costeros. Incluye ejemplos de MIC en Perú, Belice, México, Colombia, Costa Rica y la Unión Europea. El tema es complementado con la gestión basada en el ecosistema y ejemplos de gobernanza de los espacios y recursos marinos en Antártica y alta mar. El capítulo concluye que para lograr un ordenamiento efectivo y sostenible de nuestros mares se debe integrar los componentes biofísicos, sociales, económicos y de planificación con visión de largo plazo. Capítulo 7. Figuras de protección del medio marino Este capítulo contiene la definición de Áreas Marinas Protegidas (AMP) y explica sus beneficios como herramienta de conservación. Menciona además las categorías de AMP conforme a los ecosistemas protegidos y a las clasificaciones de organismos internacionales como UNESCO y la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza. También se enumeran los problemas y soluciones que guardan relación con la delimitación del tamaño de las AMP; con las acciones de monitoreo, inspección y vigilancia; y con el financiamiento presente y futuro de estas áreas. Como casos de estudio, se describe el tratamiento de las AMP en la legislación y política pública de México, Costa Rica y Brasil. El capítulo incluye medidas de protección de los recursos en alta mar mediante AMP transnacionales y finaliza abordando la diferencia entre áreas protegidas cerradas a la pesca y reservas pesqueras. Capítulo 8. Monitoreo, control, vigilancia y sanciones En el capítulo se describen las acciones de monitoreo, control y vigilancia en diversos países. Se indica que las mismas son necesarias para verificar el cumplimiento de la normatividad y determinar la eficacia de ésta. El monitoreo es importante para recolectar información de las pesquerías para la toma de decisiones. Adicionalmente, se aborda el tema de las sanciones. Es preciso contar con la legislación necesaria en materia administrativa y penal que permita sancionar y prevenir conductas que atenten contra la sostenibilidad de las pesquerías y la biodiversidad marina, se lee en el texto. El capítulo enfatiza la necesidad de un trabajo coordinado entre los diferentes sistemas de gobierno y/o países para conseguir un mayor cumplimiento de la norma. Capítulo 9. Instrumentos e incentivos económicos para la pesca responsable Aquí se analizan los principales instrumentos económicos para la pesca responsable, las cuales —aplicadas y diseñadas de manera eficiente— pueden promover la protección, restauración, preservación y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos. Al estar inmersa en las dinámicas del mercado, la actividad pesquera es especialmente susceptible a la aplicación de instrumentos e incentivos económicos. El capítulo habla de tres categorías de instrumentos económicos: de mercado (certificación de pesca y ecoetiquetado), fiscales (impuestos verdes, derechos y subsidios) y financieros (creación de fondos y préstamos). Para cada categoría, explica el concepto del instrumento y su aplicación práctica mediante ejemplos. La última sección del capítulo examina otros incentivos económicos como sanciones y multas que buscan promover conductas positivas en la población. El capítulo finaliza con una serie de recomendaciones para la efectiva aplicación de los instrumentos económicos. Entre ellas figura estudiar la realidad económica y social para establecer metas ambientales positivas, y aplicar estos instrumentos de manera conjunta con otras herramientas de políticas y vigilancia. Capítulo 10. Acuicultura y maricultura En este capítulo, AIDA presenta un análisis sobre la acuicultura en la región americana: sus impactos, riesgos para la salud de las personas y métodos alternativos de la actividad. Todo ello se realiza incorporando ejemplos de distintos países de la región americana y del mundo como ilustración de lo que funciona y lo que no ha sido exitoso. Brindamos información detallada sobre los impactos dañinos de la acuicultura sobre el medio marino, las poblaciones silvestres, la economía de pobladores locales y aún los riesgos en la salud pública. Hablamos también de los requisitos mínimos que existen para desarrollar esta actividad reduciendo impactos. Entre ellos mencionamos la adecuada zonificación de los proyectos y especies a cultivar, técnicas apropiadas de alimentación y eliminación de desechos y el monitoreo y vigilancia de los proyectos por parte de los Estados, entre otros. Adicionalmente, explicamos técnicas novedosas como el policultivo, el cultivo en tierra firma y la certificación ecológica. Todas ellas están siendo investigadas como posibilidad alternas con menos impactos ambientales y humanos. Capítulo 11. Aspectos socioeconómicos en la pesca responsable El presente capítulo se enfoca en los aspectos socio-ambientales del sector pesquero, el cual es crucial para una parte importante de la población mundial en términos de generación de empleo, seguridad alimentaria y potencial de superación de pobreza. Comienza analizando la situación actual en la que se encuentra el sector, advirtiendo la pobreza que le rodea y las duras condiciones laborales de las personas que trabajan en la pesca. Se hace un llamado a hacerse cargo de esta grave situación mediante políticas pesqueras que impulsen un verdadero cambio. Así, se discuten diferentes alternativas de medidas, ejemplificadas con experiencias reales a lo largo del planeta, destacando su éxito o fracaso y extrayendo lecciones aprendidas. Conclusión Lee el Resumen Ejecutivo Agradecimientos Agradecemos a todas las personas que de una u otra forma han contribuido a esta publicación con sus conocimientos y experiencia en el tema. Reconocemos en especial el apoyo de Rolando Castro, miembro de la Junta Directiva de AIDA; Sofía Cortina, Isabel Calle, Samantha Namnum, Gladys Martinez, Sandra Moguel, Florencia Ortúzar, María Giménez, Mónica Ribadeneira, John Kaltenstein y Phil Eager, Haydée Rodríguez, Víctor Quintanilla, Clarissa Castillo, Diego Alvarez, abogados y abogadas expertas en temas de conservación marina; y a todos los pasantes que nos han ayudado a que esto sea posible. Y gracias a Anna Cedestav y Astrid Puentes, Codirectoras Ejecutivas de AIDA.

Marzo 30 2016

Controlando los Contaminantes Climáticos de Vida Corta: Una oportunidad para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático

El informe revisa la institucionalidad, el marco legislativo y reglamentario, así como los programas gubernamentales vigentes relacionados con el control y monitoreo de los CCVC en tres países estratégicos de América Latina: Brasil, Chile y México. Los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) son agentes atmosféricos que contribuyen al cambio climático y degradan la calidad del aire. Se les llama así porque tienen una vida útil relativamente corta en la atmósfera, de entre algunos días hasta décadas. Se consideran CCVC al carbono negro, al metano (CH4), al ozono troposférico (O3) y a los hidrofluorocarbonos (HFC). De ese modo, la investigación permitirá identificar espacios de oportunidad y posibles vacíos para que los tres países avancen en la mitigación de estos contaminantes. Ello implica beneficios para la lucha contra el cambio climático, así como para la protección de la salud humana y de los ecosistemas. El informe fue elaborado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en colaboración con el Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA) y con la participación del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) de Argentina, y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), parte de la Red Latinoamericana de Contaminantes Climáticos de Corta Vida (RedRacc).Agradecemos especialmente a Romina Picolotti del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA); Laura Gallardo y Nicolás Huneeus del Centro del Clima y Resiliencia de la Universidad de Chile; Gianni López del Centro Mario Molina Chile; Gabriela Niño y Giselle García del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Erika Rosenthal de Earthjustice; Sandra Guzmán del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC); Stela Herschmann del Institute for Governance & Sustainable Development (IGSD); Evangelina Vormitagg del Instituto Saúde e Sustentabilidade de Brasil; Marcelo Mena del Ministerio de Medio Ambiente de Chile; Flavia Liberona y Javiera Valencia de Fundación TERRAM de Chile; Luis Cifuentes de la Universidad Católica de Chile; Maria de Fatima Andrade y Paulo Hilário Nascimento Saldiva de la Universidad de São Paulo; y a Sebastián Tolvett de la Universidad Técnico Metropolitana de Chile, por sus comentarios y apoyo.Lee y descarga el informeLee y descarga el resumen ejecutivo

Marzo 14 2016 Fracking

Principio de Precaución: Herramienta jurídica ante los impactos del fracking

Este informe contribuye al análisis sobre la viabilidad de la aplicación del principio de precaución, como una vía institucional para prevenir, evitar o detener las operaciones de fractura hidráulica o fracking en América Latina. Estas medidas pueden tomar la forma de prohibiciones o moratorias, como ha ocurrido en varios Estados, provincias y municipios de América y Europa. El fracking es una técnica que permite explotar yacimientos no convencionales de gas natural o petróleo. Gobiernos y empresas de los cinco continentes han impulsado la extracción en ese tipo de yacimientos debido a la sobrexplotación de los hidrocarburos convencionales en los últimos 150 años y al declive de las reservas mundiales de esos recursos. La explotación de los hidrocarburos no convencionales es técnicamente más difícil, tiene un costo económico elevado e implica mayores riesgos ambientales y para la salud.Promover el fracking para la extracción de hidrocarburos no convencionales es una mala decisión climática, política, social y ambiental. Profundiza la dependencia en los combustibles fósiles y malgasta los esfuerzos y recursos que deberían dirigirse al desarrollo de las energías renovables. En ese sentido, el informe examina la viabilidad de aplicar el principio de precaución como herramienta legal para evitar o detener los riesgos o daños ocasionados por la fractura hidráulica, especialmente en países que ya iniciaron operaciones de este tipo o que tienen previsto hacerlo en los próximos años. Lee y descarga el informe