Publicaciones
Contaminantes Climáticos de Vida Corta: una oportunidad para reducir emisiones
AIDA —junto con CEDHA, CEMDA y la RedRacc— elaboró un documento informativo sobre los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) a ser presentado en la 19ª Conferencia de las Partes (COP19) sobre Cambio Climático, evento que se realizará del 11 al 22 de noviembre en Varsovia, Polonia.Los CCVC son agentes que contribuyen al calentamiento global y cuya vida útil en la atmósfera es relativamente breve (entre unos pocos días y unas pocas décadas), a diferencia del CO2, que permanece en la atmósfera durante siglos o milenios después de ser emitido. Se estima que el aporte del CO2 al calentamiento global va del 55 al 60%, mientras que el restante 40 a 45% es consecuencia de la emisión de los CCVC. Estos últimos afectan gravemente la salud humana y la de los ecosistemas, por lo que su reducción traería además importantes beneficios sociales. El hecho de que estos contaminantes permanezcan por poco tiempo en la atmósfera significa que su mitigación traería beneficios en el corto plazo, favoreciendo especialmente a aquellas regiones del planeta que son más vulnerables y que ya se están siendo afectadas por el cambio climático. Por ello la reducción de los CCVC representa una oportunidad que debemos aprovechar en la lucha contra los efectos de este desafío global. El documento informativo que será distribuido en Varsovia explica qué son los CCVC, describe los CCVC más relevantes, expone las razones por las cuales debemos actuar por su regulación y reducción, y ofrece algunas recomendaciones para abarcar el reto. Lee y descarga la hoja informativa
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Carta de AIDA al Presidente del Grupo del Banco Mundial (en inglés)
DR. JIM YONG KIM PRESIDENT THE WORLD BANK GROUP Dear Dr. Kim: We are writing to express our deepest concern regarding the World Bank Group decision to start financing and promoting large hydroelectric projects as “sustainable energy.” We urge you to review the information about negative impacts that large dams have had on the environment and human rights in the Americas, and to reconsider that decision. Large dams commonly cause severe harm to the environment. Underwater decomposition of trees and plants releases major quantities of methane, contributing to climate change. Large dams degrade water quality and sanitation both upstream and downstream from the artificial modification of river systems. Degradation of aquatic ecosystems leads to loss of biodiversity. Seismic instability is another common consequence of dam construction. These environmental harms often violate human rights protected by international legal instruments. These projects repeatedly generate health risks, block access to traditional food sources, and interfere with the ability to earn a livelihood. They displace entire communities, interfering with the human rights to freedom of movement, property, housing, and just compensation. State sponsors of large dams routinely fail to produce comprehensive environmental and social impact assessments, which are required by international law. Access to the information that should be provided by such an assessment is essential to ensuring the human rights to informed consent and prior consultation. Specific international laws and standards that apply to indigenous, afro-descendant and tribal peoples are routinely ignored. In some cases, public protest to ill-considered dam projects is criminalized, contrary to international human rights law. Many organizations and institutions, including the World Commission on Dams, have identified these negative consequences. AIDA has also produced a report analyzing the effects of large dams on the environment and human rights, “Large Dams in the Americas.” The executive summary of the report (in English) and the full version (in Spanish) are attached to this letter. AIDA stands with the World Bank Group in supporting development in Latin America. But that development should be sustainable. It should not come at the expense of the environment and human rights. Promotion of truly renewable resources, including wind, solar, and geothermal energy, can also encourage development that sustains growing economies, thriving environments, and respect for human rights. We insist that the World Bank Group finance only projects that abide by international law and standards, and give due and full consideration to alternative energy sources and efficiency measures. We would be more than happy to help the World Bank Group to drive true, sustainable development and to promote projects that increase human well-being while also protecting the environment and human rights. We hope you find this information useful and incorporate it into World Bank policy.
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Carta a la Junta Directiva del Fondo Verde Climático
En la carta (redactada en inglés), organizaciones, movimientos y grupos de la sociedad civil de países en desarrollo hacen un llamado conjunto a la adopción en el Fondo Verde Climático de las más sólidas salvaguardas sociales y ambientales.
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Declaración de las Organizaciones de la Sociedad Civil que participaron en el Primer Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para Latinoamérica y el Caribe
Las organizaciones firmantes de la declaración lamentan que " el foro estuvo lejos de ser un espacio plural de confluencia de actores diversos. En los siete paneles que conformaron los dos días del evento, participaron 47 personas, de las cuales sólo el 10% provenían de comunidades afectadas por actividades empresariales o de ONG de derechos humanos que trabajan con ellas". Hacen "un llamado respetuoso pero enfático al Grupo de Trabajo, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la comunidad de Estados para que en el Segundo Foro Mundial sobre Empresas y Derechos Humanos, que tendrá lugar en Ginebra entre 2 y 4 de diciembre de 2013, corrijan los problemas señalados y garanticen una participación adecuada de la sociedad civil y las organizaciones de afectados, tanto en la forma como en el contenido del evento".
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Denuncia de Convención Americana sobre Derechos Humanos por Venezuela debilita protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos/as
Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, lamentamos la inminente entrada en vigor de la denuncia formulada por Venezuela a la Convención Americana sobre Derechos Humanos a partir del próximo 10 de septiembre de 2013. Haciendo eco del llamado realizado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, instamos al Estado venezolano a que reconsidere de manera urgente su decisión de privar a sus ciudadanos/as de la protección que ofrece este instrumento internacional.La Corte Interamericana, al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son órganos autónomos e independientes, que en el ejercicio de sus funciones han protegido los derechos de miles de víctimas y ciudadanos/as de nuestro continente. Con esta decisión, las violaciones a los derechos humanos tutelados por la Convención Americana ocurridas en territorio venezolano a partir de dicha fecha no podrán ser presentadas al Tribunal Interamericano. La Comisión Interamericana podrá seguir conociendo de las violaciones a los derechos humanos que se produzcan en el futuro en Venezuela, en virtud de ser miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es decir, el Estado venezolano debe cumplir con las obligaciones que le imponen la Carta de la OEA y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Desde su creación, la Corte y la Comisión Interamericanas han analizado situaciones de graves violaciones a los derechos humanos aportando de forma significativa a la consolidación de instituciones democráticas, la adopción de legislación más igualitaria y garantista, así como a la lucha contra la impunidad. Cabe destacar la labor enfocada en la debida protección de personas o grupos en situación de vulnerabilidad, la lucha por la erradicación de la violencia de género y la discriminación por orientación sexual, la protección de los derechos de los pueblos indígenas, la prohibición de la tortura así como de prácticas de desaparición forzada. Asimismo, ambos órganos han hecho una importante contribución para la promoción, desarrollo y una mejor garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. En este sentido, la denuncia de la Convención Americana por parte de Venezuela representa un grave retroceso para la protección de los derechos humanos en la región. Además, dicha denuncia está precedida en los últimos años por un incumplimiento de la mayor parte de las sentencias y medidas de protección emitidas por la Corte Interamericana. Finalmente, en el marco de los compromisos asumidos en la XLIV Asamblea General Extraordinaria de la OEA, celebrada el pasado 22 de marzo de 2013 en relación con el proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano, hacemos un llamado a los Estados Parte de la organización a reafirmar su compromiso con la universalidad del Sistema Interamericano mediante la realización de todas las acciones necesarias para que el Estado venezolano reconsidere su decisión de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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Organizaciones e individuos piden la delimitación de los páramos en Colombia
En una carta, organizaciones y personas que protegen el ambiente piden al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Juan Gabriel Uribe, la delimitación de los páramos en ese país con base en la cartografía elaborada por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt.
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Organizaciones piden investigar asesinato de Jairo Mora en Costa Rica
En una carta dirigida al Fiscal General de Costa Rica, Jorge Chavarría, y al Ministro de Ambiente y Energía de ese país, René Castro, organizaciones locales e internacionales expresan su profunda preocupación por el asesinato del joven Jairo Mora, protector de las tortugas baula, ocurrido el pasado 30 de mayo de 2013 en playa Mohín, en la provincia de Limón. La gravedad del hecho, señalan, amerita investigaciones inmediatas y efectivas con el fin de evitar la impunidad y la repetición de sucesos similares. Consideran fundamental que: Se realice una investigación seria, imparcial, pronta y efectiva que permita juzgar y sancionar a la totalidad de los responsables del asesinato de Jairo Mora; Se tomen medidas para que las autoridades responsables del control y vigilancia del medio ambiente garanticen efectivamente los derechos de las personas defensoras del ambiente, ofreciendo acompañamiento adecuado, incluyendo la realización de patrullajes para la protección de los recursos naturales, y destinen recursos suficientes para lograr estos fines; El Estado reconozca públicamente la importancia de la labor de las personas que defienden el ambiente, como una labor de defensa de derechos humanos y tome las medidas necesarias para contrarrestar la violencia contra ellas, asumiendo una posición activa de respeto y garantía de sus derechos. En el último párrafo de la carta, las organizaciones resaltan que "la impunidad en casos de graves agresiones contra quienes defienden el ambiente y los recursos naturales además de constituir una violación a los derechos humanos, implica una fuerte amenaza a la sostenibilidad ambiental. Así, es necesario que Costa Rica, como un Estado comprometido con la defensa del ambiente, tome acciones efectivas para evitar que hechos como el de Jairo Mora queden en la impunidad y se repitan".
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Declaración Colectiva al Gobierno de Colombia en relación con la caída de la Ley 1382 de 2010 que reformó el Código de Minas
Las organizaciones y personas firmantes de la Declaración presentamos al Gobierno de Colombia nuestras preocupaciones por las implicaciones de la caída del Código de Minas vigente hasta el 11 de mayo pasado (Ley 1382 de 2010) y la consecuente regresión al Código de Minas anterior (Ley 685 de 2001), particularmente por las graves consecuencias para el medio ambiente en el país (detalladas en el documento). Para prevenir esos impactos pedimos que se tomen las siguientes medidas: Presentar en el menor tiempo posible un proyecto de Código de Minas que supere las deficiencias de la normatividad minera y que armonice esta legislación con los deberes de protección del agua y la biodiversidad; garantizando previamente el derecho a la consulta previa, libre e informada de los grupos étnicos. Mantener la moratoria de títulos mineros hasta tanto no se presente y apruebe un nuevo Código de Minas. Decretar una moratoria de licencias ambientales de manera inmediata con el objetivo de evitar la eliminación de las cláusulas de protección ambiental.
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Carta abierta sobre espionaje contra el Movimiento Xingú Vivo para Siempre y las organizaciones que lo acompañan (español y portugués)
Solicitamos investigación y pronunciamiento inmediato ante actos de espionaje y amenaza contra el Movimiento Xingú Vivo para Siempre y las organizaciones que lo acompañan, quienes exigimos que la represa de Belo Monte respete derechos humanos.
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Informe conjunto de AIDA y CEMDA sobre la EPU de México
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), de conformidad con los lineamientos establecidos por el Consejo de Derechos Humanos, presentan comentarios respecto del cumplimiento de las recomendaciones aceptadas por el Estado mexicano en el marco de la Evaluación Periódica Universal (EPU) de 2009 y respecto de otras violaciones a los derechos humanos vinculadas con aspectos ambientales. Ambas organizaciones consideran dichos comentarios importantes para ser tomados en cuenta en la Evaluación Periódica Universal que se llevará a cabo en el año en curso.
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