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Carta de AIDA al Presidente del Grupo del Banco Mundial (en inglés)
DR. JIM YONG KIM PRESIDENT THE WORLD BANK GROUP Dear Dr. Kim: We are writing to express our deepest concern regarding the World Bank Group decision to start financing and promoting large hydroelectric projects as “sustainable energy.” We urge you to review the information about negative impacts that large dams have had on the environment and human rights in the Americas, and to reconsider that decision. Large dams commonly cause severe harm to the environment. Underwater decomposition of trees and plants releases major quantities of methane, contributing to climate change. Large dams degrade water quality and sanitation both upstream and downstream from the artificial modification of river systems. Degradation of aquatic ecosystems leads to loss of biodiversity. Seismic instability is another common consequence of dam construction. These environmental harms often violate human rights protected by international legal instruments. These projects repeatedly generate health risks, block access to traditional food sources, and interfere with the ability to earn a livelihood. They displace entire communities, interfering with the human rights to freedom of movement, property, housing, and just compensation. State sponsors of large dams routinely fail to produce comprehensive environmental and social impact assessments, which are required by international law. Access to the information that should be provided by such an assessment is essential to ensuring the human rights to informed consent and prior consultation. Specific international laws and standards that apply to indigenous, afro-descendant and tribal peoples are routinely ignored. In some cases, public protest to ill-considered dam projects is criminalized, contrary to international human rights law. Many organizations and institutions, including the World Commission on Dams, have identified these negative consequences. AIDA has also produced a report analyzing the effects of large dams on the environment and human rights, “Large Dams in the Americas.” The executive summary of the report (in English) and the full version (in Spanish) are attached to this letter. AIDA stands with the World Bank Group in supporting development in Latin America. But that development should be sustainable. It should not come at the expense of the environment and human rights. Promotion of truly renewable resources, including wind, solar, and geothermal energy, can also encourage development that sustains growing economies, thriving environments, and respect for human rights. We insist that the World Bank Group finance only projects that abide by international law and standards, and give due and full consideration to alternative energy sources and efficiency measures. We would be more than happy to help the World Bank Group to drive true, sustainable development and to promote projects that increase human well-being while also protecting the environment and human rights. We hope you find this information useful and incorporate it into World Bank policy.
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Carta a la Junta Directiva del Fondo Verde Climático
En la carta (redactada en inglés), organizaciones, movimientos y grupos de la sociedad civil de países en desarrollo hacen un llamado conjunto a la adopción en el Fondo Verde Climático de las más sólidas salvaguardas sociales y ambientales.
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Declaración de las Organizaciones de la Sociedad Civil que participaron en el Primer Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para Latinoamérica y el Caribe
Las organizaciones firmantes de la declaración lamentan que " el foro estuvo lejos de ser un espacio plural de confluencia de actores diversos. En los siete paneles que conformaron los dos días del evento, participaron 47 personas, de las cuales sólo el 10% provenían de comunidades afectadas por actividades empresariales o de ONG de derechos humanos que trabajan con ellas". Hacen "un llamado respetuoso pero enfático al Grupo de Trabajo, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la comunidad de Estados para que en el Segundo Foro Mundial sobre Empresas y Derechos Humanos, que tendrá lugar en Ginebra entre 2 y 4 de diciembre de 2013, corrijan los problemas señalados y garanticen una participación adecuada de la sociedad civil y las organizaciones de afectados, tanto en la forma como en el contenido del evento".
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Denuncia de Convención Americana sobre Derechos Humanos por Venezuela debilita protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos/as
Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, lamentamos la inminente entrada en vigor de la denuncia formulada por Venezuela a la Convención Americana sobre Derechos Humanos a partir del próximo 10 de septiembre de 2013. Haciendo eco del llamado realizado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, instamos al Estado venezolano a que reconsidere de manera urgente su decisión de privar a sus ciudadanos/as de la protección que ofrece este instrumento internacional.La Corte Interamericana, al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son órganos autónomos e independientes, que en el ejercicio de sus funciones han protegido los derechos de miles de víctimas y ciudadanos/as de nuestro continente. Con esta decisión, las violaciones a los derechos humanos tutelados por la Convención Americana ocurridas en territorio venezolano a partir de dicha fecha no podrán ser presentadas al Tribunal Interamericano. La Comisión Interamericana podrá seguir conociendo de las violaciones a los derechos humanos que se produzcan en el futuro en Venezuela, en virtud de ser miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es decir, el Estado venezolano debe cumplir con las obligaciones que le imponen la Carta de la OEA y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Desde su creación, la Corte y la Comisión Interamericanas han analizado situaciones de graves violaciones a los derechos humanos aportando de forma significativa a la consolidación de instituciones democráticas, la adopción de legislación más igualitaria y garantista, así como a la lucha contra la impunidad. Cabe destacar la labor enfocada en la debida protección de personas o grupos en situación de vulnerabilidad, la lucha por la erradicación de la violencia de género y la discriminación por orientación sexual, la protección de los derechos de los pueblos indígenas, la prohibición de la tortura así como de prácticas de desaparición forzada. Asimismo, ambos órganos han hecho una importante contribución para la promoción, desarrollo y una mejor garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. En este sentido, la denuncia de la Convención Americana por parte de Venezuela representa un grave retroceso para la protección de los derechos humanos en la región. Además, dicha denuncia está precedida en los últimos años por un incumplimiento de la mayor parte de las sentencias y medidas de protección emitidas por la Corte Interamericana. Finalmente, en el marco de los compromisos asumidos en la XLIV Asamblea General Extraordinaria de la OEA, celebrada el pasado 22 de marzo de 2013 en relación con el proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano, hacemos un llamado a los Estados Parte de la organización a reafirmar su compromiso con la universalidad del Sistema Interamericano mediante la realización de todas las acciones necesarias para que el Estado venezolano reconsidere su decisión de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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Organizaciones e individuos piden la delimitación de los páramos en Colombia
En una carta, organizaciones y personas que protegen el ambiente piden al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Juan Gabriel Uribe, la delimitación de los páramos en ese país con base en la cartografía elaborada por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt.
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Organizaciones piden investigar asesinato de Jairo Mora en Costa Rica
En una carta dirigida al Fiscal General de Costa Rica, Jorge Chavarría, y al Ministro de Ambiente y Energía de ese país, René Castro, organizaciones locales e internacionales expresan su profunda preocupación por el asesinato del joven Jairo Mora, protector de las tortugas baula, ocurrido el pasado 30 de mayo de 2013 en playa Mohín, en la provincia de Limón. La gravedad del hecho, señalan, amerita investigaciones inmediatas y efectivas con el fin de evitar la impunidad y la repetición de sucesos similares. Consideran fundamental que: Se realice una investigación seria, imparcial, pronta y efectiva que permita juzgar y sancionar a la totalidad de los responsables del asesinato de Jairo Mora; Se tomen medidas para que las autoridades responsables del control y vigilancia del medio ambiente garanticen efectivamente los derechos de las personas defensoras del ambiente, ofreciendo acompañamiento adecuado, incluyendo la realización de patrullajes para la protección de los recursos naturales, y destinen recursos suficientes para lograr estos fines; El Estado reconozca públicamente la importancia de la labor de las personas que defienden el ambiente, como una labor de defensa de derechos humanos y tome las medidas necesarias para contrarrestar la violencia contra ellas, asumiendo una posición activa de respeto y garantía de sus derechos. En el último párrafo de la carta, las organizaciones resaltan que "la impunidad en casos de graves agresiones contra quienes defienden el ambiente y los recursos naturales además de constituir una violación a los derechos humanos, implica una fuerte amenaza a la sostenibilidad ambiental. Así, es necesario que Costa Rica, como un Estado comprometido con la defensa del ambiente, tome acciones efectivas para evitar que hechos como el de Jairo Mora queden en la impunidad y se repitan".
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Declaración Colectiva al Gobierno de Colombia en relación con la caída de la Ley 1382 de 2010 que reformó el Código de Minas
Las organizaciones y personas firmantes de la Declaración presentamos al Gobierno de Colombia nuestras preocupaciones por las implicaciones de la caída del Código de Minas vigente hasta el 11 de mayo pasado (Ley 1382 de 2010) y la consecuente regresión al Código de Minas anterior (Ley 685 de 2001), particularmente por las graves consecuencias para el medio ambiente en el país (detalladas en el documento). Para prevenir esos impactos pedimos que se tomen las siguientes medidas: Presentar en el menor tiempo posible un proyecto de Código de Minas que supere las deficiencias de la normatividad minera y que armonice esta legislación con los deberes de protección del agua y la biodiversidad; garantizando previamente el derecho a la consulta previa, libre e informada de los grupos étnicos. Mantener la moratoria de títulos mineros hasta tanto no se presente y apruebe un nuevo Código de Minas. Decretar una moratoria de licencias ambientales de manera inmediata con el objetivo de evitar la eliminación de las cláusulas de protección ambiental.
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Carta abierta sobre espionaje contra el Movimiento Xingú Vivo para Siempre y las organizaciones que lo acompañan (español y portugués)
Solicitamos investigación y pronunciamiento inmediato ante actos de espionaje y amenaza contra el Movimiento Xingú Vivo para Siempre y las organizaciones que lo acompañan, quienes exigimos que la represa de Belo Monte respete derechos humanos.
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Informe conjunto de AIDA y CEMDA sobre la EPU de México
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), de conformidad con los lineamientos establecidos por el Consejo de Derechos Humanos, presentan comentarios respecto del cumplimiento de las recomendaciones aceptadas por el Estado mexicano en el marco de la Evaluación Periódica Universal (EPU) de 2009 y respecto de otras violaciones a los derechos humanos vinculadas con aspectos ambientales. Ambas organizaciones consideran dichos comentarios importantes para ser tomados en cuenta en la Evaluación Periódica Universal que se llevará a cabo en el año en curso.
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Carta abierta al Presidente del BNDES sobre el financiamiento para Belo Monte
Carta Abierta al Presidente del BNDES sobre el Financiamiento de Belo Monte Excmo. Sr. Luciano Coutinho Presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social – BNDES Río de Janeiro, Brasil Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, comprometidas con la defensa de los derechos humanos, el desarrollo con responsabilidad socioambiental y el fortalecimiento de la democracia, venimos respetuosamente a presentar las siguientes consideraciones y solicitar medidas urgentes ante el desembolso del préstamo anunciado por el BNDES para financiar el Complejo Hidroeléctrico de Belo Monte, en el Estado de Pará. Considerando que, de conformidad con la amplia documentación y estudios técnicos, existen fuertes evidencias de la inviabilidad económica del Complejo Belo Monte1, con base en factores como: i) el aumento constante de los costos del emprendimiento, que ya se multiplicó en casi 7 veces, de R$ 4.5 billones de reales en 2005 a R$ 19 billones en la época de la licitación en 2010, y actualmente está en aproximadamente R$ 28,9 billones conforme a datos del BNDES, pudiendo llegar a los R$ 32 billones, según analistas; ii) la reducida capacidad de generación de energía a lo largo de un año, aproximadamente apenas un 39% de su capacidad instalada de 11,2 mil MW; y iii) los verdaderos costos económicos asociados a la mitigación y compensación de impactos socioambientales que fueron crónicamente sub-dimensionados, en gran medida, a causa de presiones políticas por la aprobación de licencias ambientales, contrariando informes técnicos del propio IBAMA; Considerando que el BNDES firmó el 16 de junio de 2011 un primer préstamo puente por un valor de R$ 1,1 billones a favor del Consorcio Norte Energía S.A. (NESA), un segundo préstamo puente el 2 de julio de 2012 por un valor total de R$ 1,8 billones utilizando a la Caja Económica Federal (CEF) y al Banco ABC S.A. como prestamistas; y que el BNDES anunció el 26 de noviembre de 2012 la aprobación de un financiamiento por R$ 22,5 billones (el mayor préstamo de su historia) para Belo Monte, con la actuación del CEF y del BTG Pactual como bancos prestamistas de parte de los recursos,2 para sumar un total de R$ 25,4 billones; Considerando que los préstamos del BNDES a favor del consorcio Norte Energía están utilizando recursos públicos, oriundos del Programa de Integración Social y del Programa de Formación de Patrimonio del Funcionario Público (PIS-PASEP) y del Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS), asignados al Fondo de Amparo al Trabajador (FAT) y de la emisión de bonos del Tesoro Nacional en el mercado internacional (en los que la diferencia entre la tasa de interés pagada por Tesoro es aquella cobrada al BNDES y también cubierta por el contribuyente brasileño); Considerando que para la aprobación de los dos préstamos puente, por un valor total de R$ 2.9 billones, el BNDES exceptuó la realización de análisis de viabilidad económica y de clasificación de riesgo del Complejo Belo Monte, exigidos por la Resolución No. 2.682/99 de Consejo Monetario Nacional – CMN y no cumplió con las determinaciones de la Circular Nº 3547 de 07/07/2011/BACEN (D.O.U. 08/07/2011) en lo relativo a la necesidad de evaluación y cálculo de riesgo resultante de la exposición a los daños socioambientales del emprendimiento; Considerando que, a pesar de las determinaciones de las Resoluciones 2022/10 y 2025/10, aprobadas por la Dirección Ejecutiva, que instituyó la nueva Política de Responsabilidad Social y Ambiental y la nueva Política Socioambiental del Sistema BNDES, el Banco aún no cuenta con una guía socioambiental con directrices para orientar financiamientos para el sector hidroeléctrico, como herramienta para asegurar el cumplimiento de sus objetivos sociales, económicos y ambientales, en el marco de la legislación vigente; Considerando que el BNDES recibió notificaciones extra-judiciales firmadas por diversas organizaciones de la sociedad civil en octubre de 2010 y noviembre de 20113, con advertencias sobre los riesgos financieros, legales y de reputación a raíz de su involucramiento como financiador del Complejo Belo Monte; sin que eso haya provocado cambios efectivos en la postura del banco; Considerando el incumplimiento crónico de las condicionantes de las licencias ambientales (Licencia Previa No. 342/2010 y Licencia de Instalación No. 795/2011), como lo prueban las minutas del seguimiento de IBAMA y de la FUNAI, así como los relatos de organizaciones civiles y poblaciones afectadas, sin que eso haya afectado las decisiones del BNDES en cuanto al financiamiento de Belo Monte; Considerando las graves violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas y de otras comunidades locales del Xingú y de la legislación ambiental, así como irregularidades en el cumplimiento de la legislación laboral por parte de NESA y empresas tercerizadas; Considerando los impactos socioambientales que la construcción de Belo Monte ya está provocando, como por ejemplo el desplazamiento forzado de agricultores familiares y ribereños sin compensación efectiva, afectación a la calidad del agua, mortalidad de peces y quelonios, aumento de la deforestación ilegal, invasión de tierras y explotación maderera ilegal, invasión de empresas mineras depredadoras (como la multinacional canadiense Belo Sun en la Volta Grande del Xingú), aumento de violencia y prostitución infantil, criminalización de defensores de derechos humanos en la región, así como la sobrecarga de los servicios de salud, saneamiento, educación y seguridad pública en áreas urbanas; sin medidas efectivas de solución a los problemas, en el ámbito de las condicionantes de licencias, el PDRS Xingú y las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Considerando que el cuadro de ilegalidades de Belo Monte tiene como resultado, hasta el momento, la presentación de 15 acciones del Ministerio Público Federal, 21 acciones de la Defensoría Pública y 18 acciones de organizaciones de la sociedad civil; e internacionalmente la presentación de una petición y el otorgamiento de medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de las comunidades indígenas de la cuenca del Xingú; Considerando que el BNDES no posee hasta la fecha un sistema de monitoreo y evaluación del cumplimiento de condicionantes de licencias ambientales, de violaciones de derechos humanos y legislación ambiental y de otros impactos socioambientales de emprendimientos como Belo Monte, contradiciendo así el discurso de responsabilidad social y ambiental del banco; Considerando que un nuevo aporte de R$ 22,5 billones del BNDES, en el contexto actual de incumplimiento de obligaciones formales por parte de NESA, genera que el BNDES y otros órganos públicos intensifiquen enormemente los problemas de degradación ambiental y el sufrimiento de las poblaciones afectadas y amenazadas en la región afectada por Belo Monte; Solicitamos que no se realice ningún desembolso del préstamo de R$ 22,5 billones para Norte Energía S.A., anunciado el día 26 de noviembre de 2012 por el BNDES, antes de cumplir con las siguientes medidas urgentes, que constituyen, en su gran mayoría, obligaciones formales preexistentes del Banco: a) Demostración del pleno cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales aplicables para hidroeléctricas y las directrices, criterios y demás compromisos del Protocolo de Intenciones para la Responsabilidad Socioambiental (Protocolo Verde) firmado por el BNDES en agosto de 2008; b) Esclarecimiento de los motivos para la inexistencia de una guía socioambiental con directrices para orientar inversiones en el sector hidroeléctrico, conforme a lo previsto en las Resoluciones 2022/10 y 2025/10 que instituyeran la nueva Política de Responsabilidad Social y Ambiental y la nueva Política Socioambiental del Sistema BNDES, así como una explicación sobre las medidas que el banco viene tomando y pretende implementar para que tales resoluciones sean cumplidas para el caso de Belo Monte; c) Criterios y métodos utilizados por el BNDES en el análisis de la viabilidad económica de Belo Monte - especialmente en lo que se refiere a los costos de construcción, producción y venta de energía, y costos de mitigación y compensación de impactos socioambientales – explicando los riesgos de perjuicios para las arcas públicas y el contribuyente brasileño y cómo el banco pretende sanearlos; d) Demostración de cumplimiento efectivo de la Resolución No. 2.682/99 del Consejo Monetario Nacional – CMN, relativa al análisis de viabilidad económica y de clasificación de riesgo del Complejo Belo Monte; e) Cumplimiento pleno de las determinaciones de la Circular Nº 3547 de 07/07/2011/BACEN (D.O.U. 08/07/2011) relativa a la necesidad de evaluación y cálculo de riesgo resultante de la exposición a los daños socioambientales del emprendimiento; f) Muestra de los análisis realizados por el BNDES respecto al grado de cumplimiento de condicionantes de licencias ambientales y sus implicaciones para la aprobación del préstamo principal; g) Esclarecimiento de los análisis realizados por el BNDES sobre el grado de cumplimiento de la legislación vigente en materia laboral y de derechos humanos, inclusive el derecho al consentimiento libre, previo e informado, conforme al artículo 231 de la Constitución Federal, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; h) Posicionamiento del BNDES sobre las más de 50 acciones interpuestas relativas a las ilegalidades en el licenciamiento e instalación del Complejo Belo Monte, y sus conclusiones en cuanto a las implicaciones del pasivo jurídico del emprendimiento para la aprobación del préstamo principal; i) Demostración de pleno cumplimiento del artículo 1, § 1º de la Ley 6.938/81, en lo que se refiere a la responsabilidad objetiva de los agentes financieros por los daños ambientales del emprendimiento, inclusive aquellos no previstos o asumidos en la Licencia Previa No. 342/2010. Señor Presidente, considerando la urgencia y relevancia de este asunto, inclusive para asegurar la coherencia entre los objetivos de responsabilidad social y ambiental del BNDES y sus operaciones en la práctica, solicitamos el máximo de atención y empeño en atender esta solicitud. En este sentido, solicitamos la realización de una reunión urgente de una delegación de las organizaciones signatarias de esta carta con Su Excelencia y su equipo, para tratar las cuestiones aquí planteadas y la implementación de las medidas urgentes propuestas. Altamira-PA, 4 de diciembre de 2012 Vea la lista completa de las organizaciones nacionales e internacionales firmantes de la carta en la versión en PDF adjunta.
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