Contaminación Tóxica

Pronunciamiento ante los hechos de violencia registrados en La Oroya

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), como organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos y el ambiente, manifestamos nuestra profunda preocupación ante los hechos de violencia que se vienen suscitando en la ciudad de La Oroya, departamento de Junín.   De acuerdo con información de conocimiento público, desde las primeras horas de ayer martes 11 de agosto el paro organizado por los trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya propiedad de la empresa Doe Run Perú S.A. conllevó el bloqueo de la Carretera Central, lo que ha producido enfrentamientos entre los manifestantes y efectivos de la Policía Nacional del Perú.  Lo anterior, ha traído como consecuencia el fallecimiento de una persona, el señor Edwar Soto de la Cruz (41) y alrededor de 67 personas heridas, entre ellas, cuatro heridas de bala e identificadas por el propio Ministerio Público como Yimer Bazán Daza (18), Willian Ronald Barja Lara (40), Alan Colca Cotera (23) y Vidal Barzola Vila (52), las mismas que no pueden ser debidamente atendidas, ya que el hospital de ESSALUD de La Oroya ha colapsado por no contar con suficiente personal médico para atender la emergencia. En vista de dicha situación manifestamos que: El derecho a la protesta social es un derecho legítimo que tiene todo ciudadano para ejercer un justo reclamo ante el Estado, no obstante, éste debe de ser ejercido de forma pacífica. El Estado peruano debe garantizar el pleno respeto a la vida e integridad de la población de conformidad con la Constitución Política y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.  En ese sentido, en su tarea de mantener el orden público, la Policía Nacional del Perú debe respetar el protocolo de intervención policial en conflictos sociales y no puede hacer un uso indiscriminado de la fuerza letal. Información difundida a través los medios de comunicación constata el uso de fuerza letal por parte de la Policía en La Oroya. Exigimos al Poder Ejecutivo la inmediata promulgación de la “Ley que regula el empleo de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del Perú”, al amparo de las facultades legislativas, norma que permitirá regular el empleo de la fuerza por personal de la Policía Nacional del Perú en cumplimiento de su finalidad constitucional, que es mantener y restablecer el orden interno. Expresamos nuestro rechazo y condenamos todo acto violencia, por lo que hacemos un llamado al diálogo que permita llegar a una solución oportuna y pacífica, evitando de esta manera que el número de víctimas se acreciente con el paso de las horas. Ante el reclamo de parte de los trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya de respeto a su derecho al trabajo, el Estado tiene la obligación de atender la demanda social y generar alternativas que además, garanticen los derechos a un ambiente sano, a la vida, a la integridad y a la salud de la población de La Oroya. Finalmente, solicitamos que el Ministerio Público realice una pronta y exhaustiva investigación del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y que de manera urgente, el Estado brinde los recursos necesarios al Hospital de ESSALUD de La Oroya a efectos de que pueda atender adecuadamente a las víctimas.

ONG alertan a Ramsar que Colombia incumple obligación de proteger páramos

En el marco de la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención Ramsar, las organizaciones presentaron una petición al Secretariado de la Convención para informar de los riesgos que los páramos colombianos enfrentan por actividades como la minería a gran escala, y para solicitar que esa instancia tome acciones según sus competencias. Punta del Este, Uruguay. Una coalición de organizaciones de la sociedad civil colombiana presentó al Secretariado de la Convención Ramsar sobre Humedales una petición en la que alerta que el Gobierno colombiano ha incumplido su obligación de proteger los páramos —humedales altoandinos— del país, conforme a ese tratado, del cual es parte. En la petición, las organizaciones llaman la atención sobre los riesgos que actividades como la minería a gran escala implican para los páramos, y piden que el Secretariado monitoree la situación y tome acciones conforme a sus competencias. La petición fue presentada ayer en el marco de la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención Ramsar por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Ansur, el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, la Red de Comités Ambientales de Tolima, la Corporación Semillas de Agua y Tierra Digna. “El Gobierno colombiano tiene una política de desarrollo que hace muy difícil proteger los páramos porque privilegia actividades que los dañan de forma irreversible”, dijo Johana Rocha, de Tierra Digna. La Convención Ramsar es un tratado intergubernamental que busca la conservación y uso racional de los humedales a nivel mundial. Los países que como Colombia lo han ratificado están obligados a tomar las acciones necesarias para que los humedales de su territorio mantengan sus características ecológicas, de las que dependen la provisión de agua y otros servicios ambientales prestados por dichos ecosistemas. En el caso colombiano, los páramos, aunque ocupan sólo el 1,7% del territorio nacional, producen más del 70% del agua potable del país. “Queremos persuadir a la Convención de Ramsar de que la minería a gran escala en páramos desafía la idea de uso racional contenida en la Convención”, sostuvieron Robinson Mejía, de la Red de Comités Ambientales de Tolima, y Jorge Rubiano, de la Corporación Semillas de Agua. En la petición, “también llamamos la atención de la Convención Ramsar sobre la delimitación de Santurbán, un precedente que permite, de forma ilegal, la minería a gran escala en páramos”, afirmó Miguel Ramos, del Comité por la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán. Las organizaciones solicitan finalmente que, según sus competencias, el Secretariado de Ramsar requiera al Estado colombiano el cumplimiento de sus deberes frente a los páramos; que adopte prontamente una ampliación apropiada del sitio Ramsar Complejo de Humedales Laguna del Otún y que realice una visita para monitorear y conocer de cerca la situación de los humedales altoandinos de Colombia.  Consulte la petición presentada a la Convención Ramsar.

AIDA celebra decisión histórica de suspender fumigaciones con glifosato en Colombia

Consideramos que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales debe pronunciarse de inmediato y anular el permiso del programa de fumigaciones con ese químico. Agradecemos a las 24,933 personas que firmaron la petición en Change.org para suspender las fumigaciones y a las organizaciones colegas que participaron en la campaña. Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) celebra la decisión del Gobierno colombiano de suspender las fumigaciones aéreas de cultivos de coca y amapola con glifosato en el país. A fin de que esa decisión sea implementada, consideramos necesario que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales se pronuncie de inmediato y anule el permiso otorgado al programa de fumigaciones con ese químico. “Es un momento histórico en favor de la salud, el ambiente y el respeto de las normas en Colombia”, dijo Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA. “Sabemos que era una decisión compleja, pero ante una política que no ha demostrado ser eficiente y que además causa graves daños, lo inteligente era cambiarla para encontrar soluciones reales”. AIDA ha dado seguimiento al Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) en Colombia desde finales de los años 90. Desde entonces ha denunciado los graves daños a la salud y al ambiente causados por la mezcla de glifosato aplicada en Colombia, y abogado por alternativas más adecuadas para erradicar esos cultivos. La decisión de suspender las fumigaciones, tomada anoche por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) con una mayoría abrumadora de siete votos a favor y solo uno contra, se hará efectiva cuando la Agencia Nacional de Licencias Ambientales se pronuncie respecto de la autorización del PECIG. AIDA considera que dicho permiso debe ser anulado inmediatamente dado que el programa fue elaborado para implementarse con el glifosato, y al no usarse dicha sustancia, el programa pierde razón de ser. Un día antes de la decisión, AIDA entregó al Ministerio de Justicia, que preside el CNE, más de 20,000 firmas a una petición para suspender las fumigaciones realizada en Change.org junto con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) y el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, con el apoyo de Washington Office on Latin America y Latin American Working Group. A una semana de su lanzamiento, la petición cerró con la firma de 24,933 personas. “Agradecemos a cada persona que firmó y a quienes durante años han solicitado el cambio de esta política; esto es un logro común”, dijo Hector Herrera, abogado de AIDA y coordinador de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia. “Vemos con esperanza la creación de un comité técnico que hará recomendaciones y esperamos que éstas sean participativas y transparentes”. La suspensión de las fumigaciones con glifosato llega después de la conclusión de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, la cual determinó que el glifosato puede ser cancerígeno. Ello motivó a que el Ministerio de Salud recomendara la suspensión de las fumigaciones, algo que años antes había solicitado sin éxito la Corte Constitucional y otros tribunales nacionales en aplicación del principio de precaución. Ese principio de derecho ambiental internacional fue incorporado a la legislación colombiana en 1993. Según éste, ante riesgos de daños graves o irreversibles en la salud o el ambiente, y aunque no haya certeza científica absoluta de los mismos, las autoridades deben adoptar medidas para evitarlos.  En el caso de las fumigaciones, los requisitos para aplicar el principio de precaución se cumplen. Aunque no existe certeza científica absoluta de los daños, sí existe evidencia suficiente, desde hace más de 15 años, respecto de posibles daños graves e irreversibles a la salud y el ambiente que incluyen riesgo de cáncer y enfermedades en la piel, daños a especies de anfibios y peces, y a bosques y cultivos de alimentos, entre otros. El Gobierno colombiano, en aras de la precaución, finalmente suspendió las fumigaciones para evitar mayores daños.

Ministerio de Ambiente de Colombia debe garantizar que no habrá minería a gran escala en el páramo de Santurbán

La entidad de gobierno delimitó el 76% del páramo. Sin embargo, anunció que permitirá la continuidad de proyectos mineros que ya tienen título y licencia ambiental. Esto pone en grave riesgo al ecosistema, fuente de agua para casi dos millones de personas. Bogotá, Colombia. Aunque el Ministerio de Ambiente de Colombia realizó una delimitación que protege el 76% del páramo de Santurbán, hizo declaraciones preocupantes sobre el futuro de operaciones mineras a gran escala en la zona. Éstas representan un grave riesgo para el ecosistema y para el agua que éste brinda a casi dos millones de personas, principalmente en las poblaciones de Bucaramanga y Cúcuta.  El viernes pasado, el Ministro de Ambiente Gabriel Vallejo informó que 98,954 de las 129,743 hectáreas de superficie de Santurbán quedaron delimitadas como área protegida. No obstante, se negó a informar con claridad si con la medida proyectos de gran envergadura serán o no permitidos en el páramo. El ministro se limitó a señalar que empresas que ya tienen títulos mineros y licencia ambiental continuarán operando en la zona, sujetas a "fuertes controles ambientales", pero no especificó la escala de la actividad, algo relevante debido a la presencia en el lugar de minería a pequeña escala. "El ministro no entregó el acto administrativo de la delimitación y se negó a confirmar si ésta afecta o no al proyecto minero Angostura, o a cualquier otro a gran escala. Es positivo que 98 mil hectáreas queden reconocidas como páramo, pero ese reconocimiento es ineficaz si el gobierno interpreta que las empresas mineras con licencia ambiental tienen derechos adquiridos y pueden permanecer en el lugar", afirmó Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA.  Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, se han otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán. Entre ellos están los de la compañía canadiense Eco Oro Minerals, la cual pretende construir la mina de oro Angostura en ese ecosistema. Además de ser fábricas naturales de agua, los páramos son refugio de especies endémicas y en peligro de extinción, y ayudan a mitigar el cambio climático al capturar carbono de la atmósfera. "El Ministerio de Ambiente ha sido poco claro en la toma decisiones sobre Santurbán. Exigimos que se respete el agua de dos millones de habitantes y que se haga efectiva la prohibición de minería a gran escala en todo el páramo; seguiremos trabajando y movilizándonos hasta que sea así", dijo Miguel Ramos, del Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Dicho Comité agrupa a más de 40 organizaciones en el departamento de Santander. Desde 2010, ha movilizado a decenas de miles de personas en contra de Angostura y de cualquier proyecto minero a gran escala en Santurbán, para garantizar el agua de las comunidades de la zona. Actualmente y mediante su mecanismo de rendición de cuentas, la Corporación Financiera Internacional (CFI), parte del Grupo del Banco Mundial, realiza una auditoría de su inversión en  Angostura con base en una queja presentada por el Comité en junio de 2012.   "Pese a la ausencia de una decisión coherente por parte del gobierno sobre la minería a gran escala en  el páramo de Santurbán, la CFI, que es accionista en la empresa Eco Oro, tiene que determinar si sus políticas ambientales y sociales le permiten apoyar un proyecto en un ecosistema protegido", sostuvo Kristen Genovese, del Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales (SOMO). Según las leyes colombianas, la delimitación es una herramienta para proteger el páramo de las actividades que lo dañan —en particular la minería a gran escala— y no para justificarlas. Ése es el curso de acción al que está obligado el Gobierno colombiano.  

Frenando la expansión del fracking en América Latina

Pronunciamiento regional por el Día Mundial contra el Fracking

El desarrollo de la fracturación hidráulica tendrá desastrosas consecuencias para el medio ambiente, la población y la sostenibilidad energética de América Latina por lo que no debe ser permitida - En el marco del Día Mundial contra el Fracking (Global Frackdown)  organizaciones de la sociedad civil latinoamericana alertamos sobre los impactos irreversibles que tendrá la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking en los territorios y poblaciones de la región. - Hacemos un llamado urgente para que los gobiernos latinoamericanos impidan el desarrollo de esta actividad en sus territorios y demuestren así su compromiso con la protección del medio ambiente, la garantía de los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad energética de la región. - Existen alternativas energéticas sustentables, más baratas y eficientes que, asegurando el pleno respeto de las comunidades en las que éstas se desarrollan, deben ser fomentadas e impulsadas por los Estados para asegurar la provisión de energía futura y la sostenibilidad ambiental. Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) se estima que diversos países de América Latina cuentan con recursos prospectivos de hidrocarburos de lutitas en sus territorios.[1] Es el caso de Argentina, México, Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile, en los que el desarrollo de la técnica de la fracturación hidráulica o fracking se encuentra en diversas fases. Por ejemplo en Argentina ha habido un mayor desarrollo de proyectos de este tipo. Mientras otros países como México, Colombia, Bolivia y Brasil se encuentran en fase prospectiva o exploratoria,  y pretenden desarrollar ampliamente esta técnica en los próximos años. La fracturación hidráulica consiste en la inyección en el subsuelo de una mezcla de agua, arena y productos químicos a presiones tales que permitan la ruptura de las rocas de lutitas, en cuyos poros se encuentran atrapados el gas y el petróleo. Para ello, primero es necesario realizar una perforación vertical hasta alcanzar la profundidad a la que se encuentran estas formaciones geológicas (entre uno y cinco kilómetros) y luego una serie de perforaciones horizontales de 1 a 5 km de extensión. El uso de esta técnica traerá, como ya se ha demostrado en EE.UU., fuertes impactos sobre al ambiente, la salud y calidad de vida de la población, ya sumamente castigados. Debido a su gran complejidad, esta actividad implica una serie de daños en su mayoría inevitables e irreversibles, como son: - Uso intensivo y contaminación del agua. La fracturación de un solo pozo de fracking requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua que queda completamente inservible para otros usos. Esto se debe a los 300,000 litros de químicos que se le añaden para la fracturación y por los metales pesados y radioactivos presentes en el subsuelo. Este líquido, se filtra a los flujos de agua subterránea y superficial contaminándola, dejando a las poblaciones sin agua potable.[2] - Supone graves afectaciones a la salud.[3] Estudios científicos realizados en Estados Unidos muestran que 75% de los químicos utilizados en el líquido de perforación afecta directamente la piel, ojos, sistema respiratorio y gastrointestinal; 40-50% afecta al sistema nervioso, inmunológico, cardiovascular y los riñones; mientras que 37% afecta el sistema endocrino y 25% provoca cáncer y mutaciones.[4] - Genera impactos de cambio climático. Pese a lo que las empresas petroleras y algunos gobiernos de la región están señalando, la explotación del gas mediante fracking no es una opción para la lucha contra el cambio climático. En estos proyectos hasta 8 por ciento de la producción de gas natural (metano) se escapa directamente a la atmósfera con un potencial de calentamiento 25 veces superior al dióxido de carbono. Debido a ello, en 20 años el impacto sobre el cambio climático de la generación eléctrica a través del gas extraído por fracking superaría en 20% el del carbón.[5] - La reinyección de las aguas residuales en el subsuelo están directamente vinculadas con la inestabilidad sísmica y generación de sismos, que han llegado a alcanzar 5.7° de magnitud. Esto es sumamente grave, ya que pone en riesgo a la población y la infraestructura de las regiones donde tienen lugar.[6] - Todas estas afectaciones e impactos suponen violaciones a los derechos humanos, derechos que los Estados latinoamericanos tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, así como de prevenir sus violaciones. Entre otros, vulneran la garantía del derecho humano al agua y al saneamiento, a un medio ambiente sano, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, de los derechos laborales y otros derechos económicos, sociales y culturales, así como de los derechos civiles y políticos como el derecho de acceso a la información, al consentimiento previo, libre e informado, y a la participación. - Por último, la explotación de hidrocarburos a través del fracking no es una opción energética sustentable. Las altas tasas de declinación de los pozos (entre 29 y 52% anual), la escasa recuperación de los hidrocarburos presentes en los yacimientos (de entre el 4.7 y 10%) y los altos costos que conlleva esta tecnología, la hacen inviable para la generación de energéticos en el mediano y largo plazo. Por todas estas razones, las organizaciones firmantes exigimos a los gobiernos de los países latinoamericanos: - Exigimos a los gobiernos latinoamericanos que impidan el uso de la fracturación hidráulica en sus territorios, y aseguren la protección de los recursos hídricos y de la salud de las personas. - Demandamos a nuestros Estados la generación y divulgación de información exhaustiva e imparcial sobre las características de los procesos, volúmenes y origen de agua usada  y sustancias empleadas en el fracking y sus impactos en las personas y el ambiente con un horizonte de largo plazo, a fin de garantizar los derechos de las generaciones presentes y futuras. - Resaltamos que las poblaciones y gobiernos locales tienen el pleno derecho de negar actividades de fracking que puedan afectar sus entornos.    - Demandamos la implementación de políticas públicas que permitan la transición energética hacia fuentes de energía verdaderamente sustentables, en pleno respeto a los derechos humanos, que aseguren la provisión energética futura. - Instamos a los Estados que garanticen que las políticas energéticas de la región respeten  los derechos humanos, aseguren la protección ambiental y social, y contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Para sumarse a este posicionamiento, escribir a [email protected] Alianza Mexicana contra el Fracking formada por: 132 Ambiental Amigos del Río San Rodrigo Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo (AUAS) Asociación Humanitaria Internacional Gilberto Bosques Blue Planet Project Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR) Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) Chihuahua vs Fracking Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua Comcausa Consejo Ecológico de Participación Ciudadana de Coahuila Región Carbonífera (CEPACI) Consejo Tiyat Tlali Conservación Humana AC DECA Equipo Pueblo El Barzón Chihuahua El Barzón Nacional El Poder del Consumidor Encuentro Ciudadano Lagunero Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Espacio DESC Food and Water Watch Frente Amplio Ambientalista Fundar Centro de Análisis e Investigación Greenpeace México Grupo de Estudios Ambientales (GEA) Guardianes de los Volcanes Hij@s de la Tierra La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) Medio Ambiente y Sociedad Organización Mexicana para la Conservación del medio Ambiente (OMCA) Oxfam México PODER Radio Huayacocotla, de Fomento Cultural y Educativo, A.C. Red de Acción por el Agua (FAN-México) Red Unidos por los Derechos Humanos Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable (Sendas AC) Y otras organizaciones 350.org Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos, Argentina Asamblea de Cooperación e Integración de Territorios Libres de Fracking desde los Concejos Deliberantes para América Latina, Argentina Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional BiosIguana, México Censat, Agua Viva - Amigos de la Tierra, Colombia Observatorio Petrolero Sur, Argentina Otros Mundos, Chiapas - Amigos de la Tierra, México Ríos Vivos, Colombia Unión de Asambleas Patagónicas, Argentina Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE, Perú   [1] http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/fullreport.pdf [2] http://www.foodandwaterwatch.org/reports/fracking-the-new-global-water-crisis-europe/ [3] http://www.propublica.org/article/drilling-for-certainty-the-latest-in-fracking-health-studies [4] http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=18376 [5] http://www.eeb.cornell.edu/howarth/Howarth%20et%20al%20%202011.pdf. [6] http://concernedhealthny.org/wp-content/uploads/2014/07/CHPNY-Fracking-Compendium.pdf  

La Oroya (2007-2014)

Por Ana María Mondragón Duque, fellow de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA En 2002, AIDA y nuestros colegas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) publicamos el informe La Oroya No Espera. En él presentamos datos contundentes sobre las severas consecuencias en la salud de los habitantes de la ciudad de La Oroya a causa de la contaminación generada por el complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú. Hicimos además un llamado a tomar medidas serias y oportunas para solucionar el problema.   Ese llamado ha sido reiterado por diversos actores nacionales e internacionales a lo largo de estos años. De hecho, La Oroya se ha convertido en un caso emblemático a nivel mundial de los impactos de la degradación ambiental en los derechos humanos, y la ciudad es tristemente célebre desde que fue catalogada como una de las diez más contaminadas del mundo en 2006. Por ello, mi interés de profundizar en el caso empezó mucho antes de trabajar con AIDA. Tenía una línea de tiempo en mi cabeza: "En 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó 'medidas cautelares en favor de 65 moradores de la ciudad de La Oroya en Perú [por las] afectaciones a la salud a consecuencia de altos índices de contaminación del aire, suelo y agua, [y la ausencia] de atención médica adecuada'. Ese mismo año, se presentó una petición inicial contra el Estado peruano por las violaciones de derechos humanos derivadas de la situación de contaminación. En 2009, la CIDH emitió el informe de admisibilidad en el caso. A la fecha, no se ha emitido el informe de fondo".  Esa línea de tiempo (2007 - 2014), vacía y abstracta, se llenó de contenido cuando empecé a trabajar con AIDA, y mucho más hace dos semanas, cuando visité por primera vez La Oroya. Las palabras que he leído durante años se convirtieron en rostros y colores desde el inicio del viaje. Al ingresar a La Oroya, la primera imagen es la de las montañas blancas monumentales que rodean la ciudad y conforman un paisaje único. En ese momento comenzaron mis preguntas y reflexiones. "¿Por qué las montañas son blancas?". "Porque están contaminadas por el plomo", me respondió el chofer del carro en el que viajaba. Fue triste, aunque dilucidador, pensar que, de la misma manera que las actividades del complejo metalúrgico modificaron radicalmente el paisaje de la ciudad y la naturaleza, también irrumpieron profundamente en la vida individual y social de sus pobladores. Sobre esos impactos informamos constante e incansablemente a la CIDH. Sin embargo, hay una parte de la historia que pude ver claramente al conocer a parte de las víctimas del caso y que es difícil poner en palabras de un escrito legal: El duro impacto que la espera por la justicia ha tenido en estas personas. Durante más de dos horas —junto con María José, mi colega de AIDA, y Christian, colega de APRODEH—, escuché atentamente narraciones sobre cómo las víctimas han visto pasar los años entre padecimientos de salud, enfermedades de sus hijos pequeños, y viendo partir a muchas compañeras y compañeros. Pero sobre todo escuché palabras que expresaban frustración, soledad y olvido al esperar una decisión de la Comisión Interamericana que todavía no llega.   Lo que hace siete años, con el otorgamiento de las medidas cautelares y la presentación del caso ante la CIDH, fue motivo de alegría y fuente de esperanza, hoy se ha convertido en un motivo más de dolor y duelo al temer que esa espera quizás no está próxima a terminar. Después de este viaje confirmé que parte de nuestra labor como defensoras y defensores de derechos humanos y del ambiente es seguir llenándonos de herramientas para comprender y acompañar a las víctimas, y para explicarles las oportunidades, pero también las limitaciones del derecho para satisfacer sus demandas de justicia. También debemos seguir explorando vías para usar estratégicamente los sistemas nacionales e internacionales en su favor, incluyendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Sin embargo, también es fundamental que los órganos del SIDH tomen medidas urgentes para fortalecerse institucionalmente y dirijan todos sus esfuerzos y recursos a optimizar sus procesos internos. Solo de esta manera podrán contribuir a llevar verdad, justicia y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos en nuestro continente.  Lamentablemente, el caso de La Oroya es solo uno de muchos en los que el proceso ante el SIDH está tendiendo a ser una forma de revictimización.  Las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas seguimos creyendo en las potencialidades del SIDH y estamos dispuestas a continuar aportando a su defensa y fortalecimiento. No obstante, hoy nos preguntamos seriamente cuál es el compromiso de la Comisión y la Corte Interamericana para dar pasos en la defensa de nuestros derechos de manera efectiva y eficiente. Seguimos esperando esta respuesta. Solo me queda reiterar lo que ya decíamos hace 12 años y que hoy conserva plena vigencia: La Oroya No Espera.    

Afectados por contaminación ambiental en La Oroya esperan hace siete años que el Estado garantice sus derechos

En 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado peruano adoptar medidas cautelares en favor de esas personas. Éstas aún no han sido implementadas plenamente y la salud de los afectados continúa en deterioro. La CIDH aún no toma una decisión final sobre el caso.  La Oroya, Perú. Han transcurrido siete años desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara al Estado peruano adoptar medidas cautelares en favor de las personas afectadas por la contaminación tóxica en la ciudad de La Oroya. Las y los afectados, incluidos niños y niñas, aún no reciben toda la atención médica requerida y su salud continúa en deterioro.  El 31 de agosto de 2007, la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de 65 moradores de La Oroya cuya salud resultó afectada por altos índices de contaminación por plomo, arsénico, cadmio y dióxido de azufre, proveniente del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú. En razón de ello y dada la grave y urgente situación, la Comisión solicitó al Estado peruano realizar las acciones necesarias para que las personas afectadas reciban un diagnóstico y tratamiento médico especializado cuando se demostrara que su integridad personal o su vida están en peligro de daño irreparable. Aunque hubo avances en la atención médica a los beneficiarios de las medidas, éstos aún no han recibido la atención integral y especializada requerida. Existe además un grave riesgo de retroceso. A la fecha, la Estrategia Sanitaria de Atención a Personas Afectadas por Contaminación con Metales Pesados y otras Sustancias Químicas, la cual opera en el Centro de Salud de La Oroya, no tiene el presupuesto asegurado a partir de septiembre y para el resto del año. La Estrategia es fundamental para el cumplimiento de las medidas cautelares pues de ella depende el diagnóstico y el tratamiento médico especializado para los beneficiarios. Sin presupuesto, la continuidad del personal médico que atiende no sólo a los beneficiarios, sino a toda la población de La Oroya, es inviable. "Las medidas cautelares siguen vigentes y, tras siete años, no han sido cumplidas a cabalidad. Sin embargo, el Estado insiste en solicitar su levantamiento pese a que la salud de la población está en deterioro y riesgo constante", dijo María José Veramendi Villa, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Por otro lado, la CIDH continúa estudiando la demanda presentada en 2006 por violaciones de derechos humanos del mismo grupo de personas afectadas. El caso se fundamenta en la omisión del Estado peruano de controlar adecuadamente las actividades del complejo metalúrgico y de proteger la salud y demás derechos de las personas afectadas. Lamentablemente, la situación de éstas empeora y cinco años después de haber admitido la demanda, la CIDH aún no ha tomado una decisión final. "El paso del tiempo nos afecta cada vez más. Nuestras dolencias están empeorando. Durante este tiempo, hemos perdido a muchos compañeros y hemos visto a nuestros hijos enfermarse”, afirmó uno de los afectados cuyo nombre se mantiene en reserva por seguridad. Actualmente el complejo metalúrgico está en etapa de "liquidación en marcha". Ello quiere decir que sus operaciones no se detendrán mientras se realiza su venta. Sin embargo, en mayo, el complejo tuvo que suspender sus operaciones porque sus proveedores dejaron de abastecerle de concentrados debido a los problemas económicos de la empresa. "Aunque las operaciones estén detenidas, las violaciones de derechos humanos en perjuicio de las personas ya se han consumado. Por tanto, el Estado peruano debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y garantizar que la empresa y sus nuevos dueños cumplan con sus obligaciones ambientales", señaló Jorge Abrego, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).

Antes de autorizar fracking, Colombia debe garantizar protección al ambiente y la salud

AIDA insta al Gobierno a evitar las consecuencias graves e irreversibles del fracking y aplicar el principio de precaución.  Bogotá, Colombia. Ante la anunciada adjudicación de zonas para la explotación no convencional de hidrocarburos, la cual incluye el fracking, la Asociación Interamericana para la Defensa de Ambiente (AIDA) exhorta a las autoridades colombianas a aplicar el principio de precaución. Por ello, antes de autorizar operaciones de fracking y dado el riesgo de daños graves e irreversibles que implica, el Gobierno colombiano debe asegurar que esta actividad no afectará el ambiente y la salud de las personas. La Agencia Nacional de Hidrocarburos lleva adelante hoy la segunda fase del proceso de licitación Ronda Colombia 2014 para adjudicar 69 áreas para la explotación de hidrocarburos, las cuales incluyen bloques no convencionales (aquellos en los que se puede hacer fracking). "En países como Estados Unidos e Inglaterra, con estructuras de control más fuertes que en Colombia, ha habido contaminación de agua dulce, enfermedades en familias cercanas a pozos de fracking e incluso terremotos", dijo Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA. "El principio de precaución existe justamente para evitar que en situaciones como esta, en la que los riesgos son altos y aunque no haya certeza científica total de los daños ambientales y en la salud humana, las autoridades sean precavidas y no autoricen actividades como el fracking cuyos impactos sean irreparables." El fracking o fracturación hidráulica es un método de extracción de yacimientos no convencionales que consiste en taladrar un kilómetro o más, bajo tierra y luego horizontalmente, e inyectar fluido (agua, arena y químicos) al suelo, a muy alta presión, para fracturar rocas cargadas con hidrocarburos y liberar los mismos. Este método puede tener graves e irreversibles impactos que incluyen el uso de millones de litros de agua (cada pozo requiere de 9 a 29 millones de litros), la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, y el uso de más de 750 productos químicos que pueden dañar el sistema nervioso y el sistema endócrino, provocar cáncer, malformaciones y alergias. Hay evidencia científica que vincula al fracking con el aumento de terremotos como es el caso de Oklahoma en Estados Unidos, Nuevo León en México y Blackpool en el Reino Unido.  Por otro lado, el fracking genera 30% más de emisiones de metano, un poderoso gas de efecto invernadero, que la extracción convencional de hidrocarburos. Por ello no es una fuente de energía limpia pues contribuye al cambio climático. Dados estos impactos y citando el principio de precaución, Francia prohibió el fracking, y Alemania estableció una moratoria a esa actividad hasta que la industria pueda garantizar que no causará impactos ambientales o a la salud. "La institucionalidad ambiental en Colombia desafortunadamente sigue siendo débil y poco efectiva. Por ello nos preocupa lo que puede pasar con los acuíferos, los ecosistemas y las personas cerca de las zonas donde se usaría este método", puntualizó Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA. En AIDA esperamos que Colombia y otros países de la región asuman una actitud similar a la de sus pares europeos y garanticen la protección de la salud ambiental y humana antes de dar vía libre a la explotación de yacimientos no convencionales. El costo económico, ambiental y social de permitir una actividad como el fracking sin la prevención necesaria en un país con grandes riquezas naturales y acuíferas sería mayor que el beneficio que podría traer.

Ministerio de Ambiente de Colombia anuncia delimitación del páramo Santurbán, pero sin detallar todos los alcances de la medida

Estando en juego la provisión de agua de millones de personas, urge que la entidad haga públicos los detalles de la delimitación y asegure que en el ecosistema no permanecerán operaciones mineras a gran escala.  Bogotá, Colombia. El Ministerio de Ambiente anunció haber decidido ya la delimitación del páramo de Santurbán, del cual depende la provisión de agua para millones de personas en el país. Al margen de algunos aspectos dados a conocer sólo a medios de comunicación, la entidad gubernamental no ha hecho públicos todos los detalles de la medida, entre ellos su extensión real, las coordenadas exactas, las operaciones mineras que permanecerán dentro del ecosistema y las que quedarán fuera. El Ministerio se limitó a informar que el área protegida fue ampliada de 11 mil a 42 mil hectáreas en el departamento de Santander. Sin embargo, según el Atlas de Páramos elaborado por el Instituto Humboldt, ese ecosistema abarca al menos 82 mil hectáreas y se extiende hasta el departamento de Norte de Santander. “No se sabe si el área delimitada cubre la superficie total del páramo, es decir, si abarca ese ecosistema en los dos departamentos; se desconocen sus coordenadas, los títulos mineros que se verían afectados y aquellos que podrían continuar siendo explotados. Tampoco sabemos si existe un borrador escrito de la decisión oficial. Esto parece incompatible con el derecho a acceder a información veraz e imparcial amparado por la Constitución colombiana”, sostuvo Carlos Lozano Acosta, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Santurbán abastece de agua a casi dos millones de personas, principalmente en las poblaciones de Bucaramanga y Cúcuta. Además, como otros páramos, alberga diversidad de flora y fauna y, al capturar el carbono de la atmósfera, ayuda a mitigar los efectos del cambio climático. Conforme a la ley, su delimitación debe definir oficialmente y con claridad el territorio que ocupa para evitar que actividades nocivas como la minería a gran escala lo dañen irreversiblemente. Según el Ministerio, en Santurbán permanecerán aquellas empresas con título minero y licencia ambiental. La entidad señaló que la delimitación afectará sólo a 10 de 29 títulos mineros en la zona, entre ellos los de la empresa canadiense Eco Oro, pero no brindó mayores detalles al respecto. No es posible saber con precisión el alcance de la delimitación en cuanto a la continuidad de la minería en esta “fábrica de agua” sin conocer las coordenadas exactas de la misma. Eco Oro amenazó con recurrir a instancias legales para demandar al Estado colombiano si la decisión final afecta su inversión, presuntamente, con fundamento en el Acuerdo de Libre Comercio con Canadá. “Los colombianos no deben pagar a una empresa por haber invertido donde no debería y mucho menos si amenaza sus aguas. La legislación colombiana prohíbe la minería en páramos. Exigimos a Eco Oro que respete el derecho al agua de la población colombiana en lugar de proferir amenazas legales para proteger su inversión”, sostuvo Jennifer Moore, de MiningWatch. “Eco Oro no solamente viola el derecho colombiano en relación con la minería en páramos. El proyecto no es consistente con los estándares sociales y ambientales de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), la institución que lo financia. Creemos que la investigación en curso ante la instancia independiente de reclamaciones de la IFC confirmará nuestro análisis”, aseveró por su parte Kristen Genovese, del Center for Research on Multinational Corporations (SOMO). Según el Ministerio, la delimitación no será adoptada inmediatamente y su aplicación todavía no tiene fecha. “La participación de la ciudadanía durante el proceso de delimitación no ha sido apropiado; no sabemos, por ejemplo, si el Ministerio implementó con rigor los estudios técnicos provistos por el Instituto Humboldt. Tampoco se sabe mucho sobre la metodología de la socialización”, dijo Miguel Ramos, del Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. “No se conoce cuál será el manejo para la protección de los ecosistemas de bosque alto y medio andino o bosques de niebla, localizados entre los 2,200 y 2,600 metros. Estos son vitales para la interacción ecosistémica y la regulación hídrica. Precisamente, allí se encuentra instalada la empresa Aux Gold, que pretende realizar minería subterránea con una estrategia similar a la que quiere desarrollar la Eco Oro”, resaltaron líderes del Comité. A la fecha, más de 19 mil personas han firmado la petición para que el Gobierno colombiano proteja el agua de Santurbán con base en criterios científicos. El gobierno recibió 16 mil de esas firmas en noviembre de 2013. Organizaciones y ambientalistas también le solicitaron definir adecuadamente las fronteras del páramo. La delimitación de Santurbán marcará el camino para similar tarea en el resto de los páramos del país. Colombia posee la mitad de los páramos del mundo y de ellos depende la provisión de agua para el 85% de su población. En ese sentido, la decisión al respecto debe tomar como referente mínimo el área prevista en el Atlas de Páramos del Instituto Humboldt y en todo caso, los estudios técnicos a escala 1:25:000 de esa entidad. “Si se delimita adecuadamente el páramo de Santurbán, se creará un precedente importante para la protección de todos los páramos. Esto marcaría el camino, dando un paso más hacia el respeto del derecho al agua de los colombianos”, afirmó Carla García Zendejas, del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL). AIDA, CIEL, el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, MiningWatch Canadá y SOMO —como organizaciones aliadas— piden a Eco Oro abstenerse de usar amenazas legales para influenciar previamente la delimitación de Santurbán y al Gobierno de Colombia ofrecer información completa, veraz e imparcial sobre el proceso y sobre la decisión final del mismo.