Contaminación Tóxica


Olga Vazquez en su taller de alfarería en Santa Cruz Chinautla, Guatemala.

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez, manos que moldean esperanza

Historias de coraje, dignidad y de resistencia por la vida frente a la contaminación del río más extenso de Guatemala.Por generaciones, el barro fue el corazón de Santa Cruz Chinautla. Salía de la tierra como un regalo cotidiano, se moldeaba con manos pacientes y se transformaba en vasijas, cántaros, silbatos y comales que viajaban a los mercados de la capital.Allí, entre el río y los hornos de leña, creció doña Olga Noemí Vázquez. Desde niña aprendió de su madre el arte de la alfarería. Hoy, a sus casi sesenta años, sigue trabajando con arcilla, pero el oficio ya no es el mismo. El barro escasea, el río huele a desagüe y las manos se le agrietan por los químicos que arrastra el agua contaminada.Doña Olga recuerda con cariño cómo fue su acercamiento a la cerámica. “Lo aprendí cuando tenía diez años. Mi mamá me enseñó. Yo quería hacer otras formas, otros estilos, porque a veces los turistas traían figuras distintas, y aquí uno trataba de imitarlas”, cuenta desde el pequeño taller que ha improvisado en su casa. Cada pieza que trabaja es un acto de memoria, una forma de resistir al olvido, a la pérdida del paisaje y del sustento.También recuerda que antes las y los habitantes del pueblo no salían a trabajar a la capital. “De aquí vivíamos. Se sembraban hortalizas, güisquiles, maíz. Todo se daba aquí. Y del barro hacíamos nuestra vida. Hoy ya no es así”. Foto: Mayela Sánchez García. De los drenajes a la destrucciónEl cambio fue lento, como una marea que sube sin que uno lo note. Primero llegaron los drenajes. Después, los camiones. La basura de la ciudad encontró en Chinautla su destino final. “No había dónde echarla y nos la echaron a nosotros”, dice. Así comenzó la tragedia: los ríos se volvieron canales de desechos, las márgenes se cubrieron de costras grises y los olores se volvieron insoportables, sobre todo en temporada de lluvias. “El río trae toda la basura de la zona 3. Huele fuerte. Ya no hay barro limpio, ya no lo podemos escarbar como antes”.El terremoto del 76 dejó una marca en la memoria del pueblo, pero fue el abandono sistemático lo que acabó desfigurando el paisaje. La municipalidad —cuenta— se trasladó de Santa Cruz a la zona 6, y desde entonces el pueblo quedó sin representación real. “Aquí no hay alcalde. Aquí vienen a poner su propaganda, se quedan con el cargo, pero nunca están. Nunca nos han tomado en cuenta”, lamenta. Mujeres que resistenFrente al silencio institucional, nacieron las asociaciones, los colectivos, las luchas. Entre ellas, la Asociación de Mujeres de Chinautla. “Nos organizamos porque si no lo hacíamos, nos íbamos a quedar sin nada. El barro se acababa, los areneros avanzaban, el río se lo llevaba todo. Las mujeres aquí no se van a trabajar a la capital. Hacen cerámica en su casa, cuidan a sus hijos. Si nos quedábamos sin arcilla, nos quedábamos sin vida”.En 2010, el desastre llegó con fuerza. Dos ríos, Las Vacas y Chinautla, se desbordaron por la acumulación de arena extraída sin control. El agua arrasó un puente. La comunidad se organizó y construyó otro, con sus propias manos. La municipalidad no colaboró. “Ese puente está tirado, pero lo hicimos los vecinos. Si no, seguiríamos incomunicados”.La extracción de arena se volvió el enemigo más persistente. “Los areneros nos cansan. Toneladas y toneladas de arena sacan todos los días. Nuestro barro se fue con ellos. Nos quedamos casi sin nada. Y lo poco que queda está contaminado”, dice. El daño no es solo al paisaje: la salud también se resiente. Foto: Mayela Sánchez García. El valor de la palabra y la justiciaEl avance de las empresas, la pasividad de las autoridades y el desgaste social han provocado divisiones dentro del pueblo. “La política metió ideas en la cabeza de la gente. Hay miles de habitantes, pero solo 500 apoyan. Los demás no colaboran. No entienden que esto no es por un partido, es por nuestro pueblo”, explica.En los últimos años, la asociación de mujeres se ha unido con las autoridades ancestrales del pueblo. Juntos han logrado abrir espacios de diálogo con ministerios, detener renovaciones de licencias extractivas y visibilizar el conflicto ante el Estado. La sentencia de 2025, dictada tras años de lucha legal, fue una luz en medio del abandono. Un tribunal ordenó a la municipalidad asumir su responsabilidad ambiental. Por primera vez, alguien escuchó. “Gracias a esa sentencia se paró a un empresario. No le han renovado la licencia. Antes no era así: uno llegaba a hablar y los ministros solo pensaban en ganar. Ahora al menos nos escuchan”.El futuro no es claro. El agua potable llega solo cada ocho días. Las licencias extractivas pueden renovarse en cualquier momento. El río sigue trayendo basura. Pero hay algo que doña Olga no está dispuesta a perder: la dignidad. “Aconsejo a las mujeres que participen, que se enteren. No podemos estar en la casa sin saber qué hacen los políticos, los empresarios, los ministros. Si uno se integra, se entera. Y si se entera, lucha”.Cuando le preguntan cómo era Chinautla hace 50 años, sus ojos se llenan de imágenes perdidas: niñas jugando en la calle, agua limpia corriendo entre piedras, mujeres moldeando barro al atardecer. “Era tranquilo”, dice. “Era nuestro”. Hoy, entre la contaminación y el saqueo, Chinautla resiste en las manos de mujeres como ella, que siguen moldeando su historia a punta de arcilla, memoria y coraje. 

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Nazario Pascual toca su guitarra en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual, arteria del pueblo poqomam

Historias de coraje, dignidad y de resistencia por la vida frente a la contaminación del río más extenso de Guatemala.Nazario Pascual no necesita adornos para definirse: "Soy un guerrero poqomam que utiliza la música y la poesía cantada para dejar una semillita en el pensar. Soy una arteria del pueblo poqomam".Músico, promotor cultural, productor independiente, Nazario vive en Santa Cruz Chinautla, una comunidad marcada por la contaminación del río Motagua. Desde ahí, canta en poqomam para que su lengua no desaparezca, y para que los niños que lo escuchan crezcan sabiendo que el río también tiene memoria.Su camino comenzó en las bancas de la iglesia, observando a su padre tocar. Pero fue una escena íntima la que encendió la chispa: una noche, escuchó a su papá rezar en poqomam. "Pensé: órale, Dios nos escucha en poqomam. Es tu raíz. Ahí empecé". El paisaje que se llevó la infanciaCuando Nazario habla de su niñez, describe árboles frutales, nacimientos de agua y una pila comunal donde las madres lavaban ropa mientras los niños y las niñas jugaban. Hoy, todo eso se ha ido.La expansión desordenada de la capital y el desvío de aguas pluviales hacia el basurero de la zona 3 han convertido el río en una herida abierta. A eso se suman las areneras que extraen material sin control: "Carcomieron gran parte del territorio poqomam. Acá le llamamos el oro negro".Su familia ha perdido tierra decenas de veces. Cuando llueve en la ciudad, los olores llegan hasta Chinautla aunque no caiga una gota. Las casas ceden, los suelos se agrietan, los habitantes se desplazan."El río es un monstruo que viene desde la ciudad", dice. Foto: Mayela Sánchez García. Herencia de lucha, pero también de cansancioNazario heredó de su padre la convicción de protestar. Participó en manifestaciones, organizó reuniones, levantó junto a otros un muro de contención bajo el puente rojo con apoyo comunitario. Pero también carga la fatiga de tantos años: "Al inicio éramos 17 en las protestas, luego 12, después 7, ahora apenas 4".Una tía se lo dijo sin rodeos: "No pretendas ser héroe del pueblo". La frase lo hizo reflexionar sobre los límites del compromiso… y sobre la necesidad de nuevas formas de resistencia. Semillas que cantanNazario encontró ese nuevo camino en la música. Organizó una banda con sus primos y más tarde comenzó a trabajar con niñas y niños. Juntos escriben letras sobre el río, inventan melodías y cantan en poqomam. Así nació Mamut, una de las canciones que hoy se entonan en la comunidad."Involucrar a los niños y jóvenes es ese granito de arena que intento dejar", explica. "Ellos son los que se quedan". Foto: Mayela Sánchez García. Un mensaje que resisteNazario sabe que el problema lo supera. El río Motagua arrastra basura que termina en el Caribe, afectando a comunidades enteras. Pero también cree que las luchas locales tienen poder."Se respeta salir a trabajar, porque hay que hacerlo, pero no hay que ser indiferentes a lo que pasa en el pueblo".Teme que el verdadero plan de las industrias que contaminan y extraen sea borrar del mapa al pueblo poqomam. Pero sueña con otra historia:"Imagino Chinautla con el río estabilizado, los niños creciendo en un territorio digno, sabiendo sus derechos y peleando por ellos". El pulso de una comunidadEn su voz se cruzan la herida y la esperanza. Habla de pérdidas —de su padre, de la tierra, del río— pero también de música, de lenguas vivas, de niños y niñas que corean sus canciones."Soy una arteria del pueblo poqomam", repite.Y como toda arteria, late para mantener con vida a su comunidad. 

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Selva amazónica en Iquitos, Perú

De la emergencia a la acción

Obligaciones y recomendaciones frente a los incendios forestales y la crisis climática en América Latina Históricamente, los incendios forestales han sido parte de los ciclos naturales de diversos ecosistemas en el mundo. Sin embargo, en las últimas décadas, se ha observado una preocupante intensificación en su frecuencia, magnitud y duración. Este fenómeno responde a la creciente alteración de los regímenes de fuego por actividades extractivistas y a los efectos acumulativos de la crisis climática en la que vivimos.El presente informe ofrece un abordaje técnico y jurídico de los incendios forestales en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos y justicia ambiental. Se analizan sus causas e impactos ambientales y en derechos humanos, las obligaciones estatales a la luz del derecho internacional y se formulan recomendaciones orientadas a la prevención, la mitigación y la restauración de ecosistemas, con el fin de proteger los derechos humanos de las poblaciones afectadas.   Entre 2020 y 2025, América Latina vivió una de sus peores etapas de incendios forestales, con millones de hectáreas perdidas en la Amazonía, en los bosques andinos y chaqueños, en la Chiquitanía y en el Pantanal. Los incendios aumentaron en varios países, afectando áreas protegidas, territorios indígenas y zonas agrícolas. En muchas regiones, la pérdida de cobertura arbórea por incendios es hoy más del doble que a inicios del siglo XXI. Y ciertos países han experimentado aumentos de más de 250-300% en puntos de calor respecto a promedios históricos. Los impactos de estos incendios son múltiples y sinérgicos: degradan suelos y biodiversidad, alteran el ciclo hidrológico, liberan gases de efecto invernadero, contaminan el aire y comprometen derechos fundamentales como la salud, el agua y la alimentación.En conjunto, los incendios son tanto consecuencia como motor de la triple crisis planetaria. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación debilitan de manera estructural la capacidad de los ecosistemas para mitigar riesgos y sostener los medios de vida. Si bien factores climáticos como la sequía, las olas de calor y la baja humedad atmosférica incrementan la probabilidad y la propagación de los incendios forestales, su origen y expansión están fuertemente condicionados por causas antrópicas, entre ellas la deforestación, la expansión agropecuaria y el uso no regulado del fuego.Entre 2024 y 2025, América Latina experimentó una de las temporadas de incendios forestales más severas de las últimas décadas. Solo en 2024, se registró una pérdida récord de bosques tropicales primarios asociada a incendios, con aumentos significativos en la Amazonía, el Pantanal y el Chaco5. Durante 2025 y comienzos de 2026, nuevos episodios en el Cono Sur, particularmente en Chile y Argentina, evidenciaron la persistencia de condiciones climáticas extremas, evacuaciones masivas y víctimas fatales, confirmando el aumento del riesgo de incendios a escala regional, además de su carácter estructural y transfronterizo.Estas dinámicas de incremento, intensificación y expansión de los incendios forestales son agravadas por marcos normativos insuficientes y por la limitada capacidad de respuesta institucional del Estado, lo que reduce las posibilidades de prevención, control y restauración. En este contexto, los incendios forestales no solo son una consecuencia, sino también un factor que retroalimenta y profundiza de manera sinérgica la triple crisis planetaria, con impactos directos en los derechos humanos y en la sostenibilidad de los territorios. Lee y descarga el informe 

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Calle de la ciudad de La Oroya en Perú

Familias de La Oroya exigen al gobierno peruano cuatro acciones urgentes para el cumplimiento efectivo del fallo de la Corte Interamericana

Ante la falta de avances significativos, demandan al Estado definir las entidades responsables de cumplir cada medida ordenada por la Corte, brindar atención integral y especializada en salud, garantizar la mitigación de la contaminación del Complejo Metalúrgico de La Oroya y pagar de inmediato las indemnizaciones a las víctimas del caso.La Oroya, Perú. Ante los avances mínimos en el cumplimiento de la sentencia emitida hace dos años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, familias afectadas por décadas de contaminación en La Oroya exigen al gobierno la adopción urgente de cuatro acciones necesarias para la implementación efectiva del fallo en el corto plazo.El 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer el fallo en el que declaró al Estado peruano responsable por la violación de derechos humanos de un grupo de 80 residentes de La Oroya y le ordenó adoptar medidas de reparación integral.Sin embargo, la implementación del fallo continúa en una etapa inicial debido principalmente a la falta de voluntad política del Estado y a su cambio constante de argumentos para retrasar el proceso. Los avances al momento no han sido sustantivos y han estado relacionados con publicidad sobre la sentencia, el pago al Fondo de Víctimas instaurado por la Corte y el inicio de investigaciones penales por la estigmatización y persecución de las víctimas por su labor de defensa ambiental.Además, en los dos años transcurridos desde la emisión de la sentencia, el Complejo Metalúrgico de La Oroya, al haber reiniciado sus operaciones, ha generado nuevamente niveles de contaminación en la ciudad que superan los recomendados por la Organización Mundial de la Salud."La reactivación del Complejo Metalúrgico en marzo de 2024, sin cumplir con los actuales estándares ambientales, vuelve a poner en riesgo la salud de toda la población de La Oroya. Hoy, ni las víctimas del caso ni las demás personas que viven en la ciudad tienen garantizada una atención en salud frente a la contaminación. Además, no hay claridad sobre cuándo terminará esta situación, lo que genera mucha incertidumbre por la falta de acción del Estado", afirmó Rosa Peña, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización que lleva el caso ante la Corte junto con la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú.Frente a la situación, el grupo de víctimas del caso exige al gobierno peruano avanzar en el cumplimento de la sentencia mediante cuatro acciones urgentes:Emitir la Resolución de Determinación de Competencias que defina con claridad qué entidad es responsable de cada orden de la Corte, estableciendo presupuesto y plazos concretos de ejecución.Aprobar e implementar un protocolo especializado de atención integral en salud, elaborado con participación efectiva de las víctimas y con una asignación suficiente de fondos.Suspender las operaciones del Complejo Metalúrgico hasta contar con un instrumento de gestión ambiental acorde con los estándares establecidos por la Corte; así como evaluar medidas de transición para personas propietarias y trabajadoras a fin de evitar nuevos impactos sociales.Pagar las indemnizaciones a las víctimas según lo estipulado por la Corte. Después de más de 20 años de lucha, la sentencia histórica del caso todavía no se refleja en mejores condiciones de vida para las víctimas ni en reparaciones a los daños sufridos."Genera profunda preocupación que, a dos años de emitida la sentencia, el Estado no haya definido cuáles serán las entidades que tendrán a cargo el cumplimiento de cada una de sus disposiciones. Esta situación imposibilita incluso tener un espacio de coordinación directa a favor de las víctimas, así como de la población general de La Oroya y del país ante actividades minero-metalúrgicas. No olvidemos que la Corte ordenó también políticas públicas a nivel nacional para proteger el ambiente y la salud en Perú", dijo Christian Huaylinos, del Área Legal de APRODEH.Aunque la inestabilidad política de Perú ha influido, el principal obstáculo para avanzar de manera firme en la implementación del fallo internacional, que es obligatoria, ha sido la falta de decisión del Estado en ese sentido.Contacto de prensaLorena Zárate | AIDA | [email protected] | +52 553902 7481

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Termoeléctrica Ventanas en la Bahía de Puchuncaví, Chile

Organizaciones y comunidades solicitan acciones de la CIDH ante violaciones de derechos humanos por proyectos de combustibles fósiles

En una audiencia pública, evidenciaron los impactos y riesgos para comunidades de América Latina por décadas de extracción, comercialización y uso de carbón, petróleo y gas; así como por procesos de cierre y salida irresponsable de proyectos del sector en el marco de la transición energética.Ciudad de Guatemala. Representantes de organizaciones y comunidades de América Latina pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atender las violaciones de derechos humanos derivadas de la operación y cierre de proyectos de combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo) en la región.Lo hicieron en una audiencia pública en la que —a partir de casos emblemáticos en Colombia, Chile, Ecuador y República Dominicana— evidenciaron ante la Comisión las violaciones y riesgos de violaciones de derechos humanos por décadas de extracción, comercialización y uso de combustibles fósiles sin cumplir con estándares socioambientales. También alertaron sobre vulneraciones que ya están ocurriendo en procesos de cierre y salida irresponsable de proyectos del sector en el marco de políticas de transición energética.Los casos expuestos incluyeron el proyecto Carbones de Cerrejón en La Guajira, al norte de Colombia, que es la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina; la Central Termoeléctrica Punta Catalina, ubicada en la región sur de República Dominicana y alimentada con carbón colombiano; el Complejo Termoeléctrico de Quintero y Puchuncaví, localizado en una bahía de Chile reconocida como zona de sacrificio ambiental y donde convergen 14 industrias contaminantes; la central termoeléctrica Norgener en Tocopilla, Chile, cuyo proceso de cierre incluyó la quema forzada y acelerada de 94 mil toneladas de carbón que estaban en acopio; y la explotación petrolera en la Amazonía, incluida la instalada en el Parque Nacional Yasuní, en Ecuador, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.La audiencia —realizada durante el 195° Período de Sesiones de la CIDH— fue otorgada a la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Nacionalidad Waorani (Ecuador), la Plataforma La Guajira le Habla al País (Colombia) (1), comunidades de Tocopilla y la asociación Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví en Resistencia (Chile), y al Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (República Dominicana).En la sesión, las organizaciones y comunidades presentaron además información que demuestra que en América Latina no existen marcos regulatorios que aseguren un cierre y salida de proyectos fósiles con enfoque de derechos humanos. En ese contexto, y con base en los casos descritos y las tendencias identificadas, solicitaron a la Comisión que:Establezca lineamientos que orienten a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos en todo el ciclo de vida de los proyectos, asegurando la identificación temprana de impactos, la prevención de daños, la definición de responsabilidades y la reparación de afectaciones.Defina estándares y criterios que guíen a los Estados en la adopción de medidas preventivas, correctivas y de mitigación de impactos en derechos humanos; incluyendo planes de cierre integrales, el desmantelamiento seguro de infraestructuras, la remediación ambiental y el monitoreo de riesgos para la salud y los ecosistemas.Promueva marcos regulatorios que obliguen a las empresas a planificar el cierre de proyectos; lo que incluye establecer responsabilidades frente a pasivos ambientales y sociales, garantías financieras para el cierre y mecanismos que eviten el abandono de operaciones o la transferencia de activos sin cumplir las obligaciones de cierre.Incorpore enfoques diferenciados que atiendan las afectaciones desproporcionadas a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades rurales y otros grupos en situación de vulnerabilidad.Refuerce las garantías de acceso a la información, participación efectiva y acceso a la justicia ambiental en todo el ciclo de los proyectos; asegurando que las comunidades afectadas participen de manera informada en el diseño, implementación y supervisión de los procesos de cierre y transición.Oriente a los Estados en la creación de mecanismos de supervisión, seguimiento y rendición de cuentas para monitorear los procesos de operación, cierre y poscierre; delimitar responsabilidades empresariales y estatales; y evitar transferencias de activos u otras reconfiguraciones empresariales como forma de eludir responsabilidades.Inste a los Estados a prever y gestionar los riesgos sociales, económicos, culturales y ambientales de la sustitución progresiva de los fósiles; incluyendo medidas para abordar la dependencia económica de los territorios, proteger los medios de vida de las comunidades y evitar impactos de procesos de cierre abruptos o mal gestionados. Las organizaciones y comunidades argumentaron ante la CIDH un riesgo regional creciente de que los procesos de cierre y salida de los proyectos de combustibles fósiles se realicen de forma irresponsable. En varios casos, las empresas abandonan operaciones, ceden o transfieren activos, devuelven concesiones y cesan operaciones sin garantizar la gestión adecuada de los impactos socioambientales generados por años. Estas prácticas pueden dejar afectaciones sin atender o reparar, además de responsabilidades difusas de actores públicos y privados, profundizando los riesgos para los derechos humanos y los territorios.Subrayaron que los Estados amazónicos deben adoptar acciones de cooperación regional y garantizar la protección integral de la Amazonía —uno de los ecosistemas más importantes del planeta por su biodiversidad y su papel en la regulación climática— frente al cierre y salida de proyectos de extracción de hidrocarburos. (1) La plataforma está conformada por comunidades indígenas Wayuu y afrodescendientes de La Guajira, el Centro de Investigación y Educación Popular Programa Por la Paz (Cinep/PPP), Censat Agua Viva y el Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR).Contacto de prensaLorena Zárate | AIDA | [email protected] | +52 553902 7481 

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Calle de la ciudad de La Oroya en Perú

Víctimas de La Oroya piden al Presidente de Perú el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana tras casi dos años de retrasos

El grupo de víctimas reconocido por el tribunal internacional enfatiza la urgencia de implementar la sentencia en temas relacionados con el cese de la contaminación en la ciudad de La Oroya, atención médica integral y especializada, y pago de indemnizaciones. La Oroya, Perú. Víctimas de décadas de contaminación ocasionada por las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya enviaron el 19 de diciembre de 2025 una carta al Presidente de la República para solicitar de forma urgente el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordena al Estado peruano la adopción de medidas integrales de justicia y reparación.  En la carta, parte del grupo de 80 víctimas reconocidas por el tribunal internacional en el caso La Oroya vs Perú hace énfasis en el cumplimiento del fallo en temas relacionados con la prevención de la contaminación en ciudad, la atención médica integral y diferenciada, así como el pago de indemnizaciones."Sr. Presidente, ¿es que acaso tenemos que esperar 20 años más para obtener algún tipo de reparación? Desde que iniciamos esta larga lucha, 7 personas pertenecientes a este grupo de víctimas han fallecido sin obtener justicia. Dos de ellas, incluyendo a una menor de edad, fallecieron como consecuencia de los daños a la salud producto de la contaminación en La Oroya, como lo pudo acreditar la Corte IDH en la sentencia", señalan las víctimas.Su pedido surge tras casi dos años de retrasos en la implementación efectiva del fallo, notificado el 22 de marzo de 2024, y luego de que la Corte IDH notificara en noviembre del año pasado su sentencia de interpretación, en la que se refirió solo a algunos aspectos específicos de la sentencia original que requerían mayor precisión para facilitar su ejecución. Estos puntos están relacionados con las medidas de atención en salud, la reubicación de las personas afectadas, los plazos de seguimiento, las indemnizaciones y el acto de reconocimiento de responsabilidad y perdón público.Sin embargo, tanto las víctimas como las organizaciones que acompañan su lucha enfatizan que, tal como estableció la Corte IDH, todas las órdenes de la sentencia original están vigentes y son plenamente exigibles desde el momento de su emisión, en marzo de 2024, no existiendo impedimento legal para avanzar de inmediato en su cumplimiento.Un paso indispensable para concretar esto es la publicación urgente de la resolución de determinación de competencias por parte de la Procuraduría General del Estado."Las víctimas han recurrido a todos los mecanismos legales e institucionales para acceder a la justicia y ver reparados sus derechos. Hoy, prevenir que la población de La Oroya continúe expuesta a la contaminación ambiental, garantizar una atención integral en salud para quienes han sido afectadas por metales tóxicos, y asegurar el pago de las indemnizaciones ordenadas por la Corte, son pasos necesarios y plenamente implementables para que el Estado peruano cumpla no solo con sus obligaciones internacionales, sino también con su deber fundamental de proteger la vida, la salud y la dignidad de las personas que habitan su territorio", dijo Rosa Peña, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).  Por su parte, Christian Huaylinos, del Área Legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), resalta la importancia de implementar la sentencia para todo el país: "De las disposiciones ordenadas por la Corte, varias tienen relevancia a nivel nacional, es decir, que se beneficia a la ciudadanía peruana en general frente a la contaminación por actividades minero-metalúrgicas. Entre ellas se resalta las de compatibilizar la normativa que define los estándares de calidad de aire a nivel nacional, garantizar el respeto de los derechos humanos y debida diligencia, así como diseñar e implementar un sistema de información de calidad de aire y agua en las zonas de Perú donde exista mayor actividad minero-metalúrgica. En ese sentido, lograr un oportuno y eficiente cumplimento por parte del Estado representa la trascendencia del caso en beneficio de todas y todos los peruanos".Las víctimas subrayan que, con las precisiones hechas por la Corte IDH en su sentencia de interpretación, no hay justificación para que persistan los retrasos institucionales que por más de dos décadas han impedido el acceso a la justicia y la reparación de las familias afectadas por la contaminación generada por el Complejo Metalúrgico de La Oroya.Este caso se ha convertido en uno de los precedentes más relevantes en América Latina para la protección del derecho a un ambiente sano, a un aire limpio y a la salud, especialmente para comunidades expuestas a operaciones empresariales altamente contaminantes. Después de más de 20 años de lucha, las víctimas esperan que el Estado peruano finalmente garantice la justicia y reparación ordenadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  Las víctimas, la población de La Oroya y las organizaciones involucradas en el caso reiteran su disposición a colaborar con las instituciones responsables para asegurar la implementación efectiva de todas las medidas y avanzar hacia la reparación integral y la no repetición.Contacto de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 

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Playa en la bahía de Quintero, Chile

Greenpeace y AIDA interponen un recurso de protección por nuevas intoxicaciones masivas en Quintero y Puchuncaví

Más de un centenar de niñas y niños de esta zona han sido atendidos en los recintos de salud, con diagnósticos de intoxicación por gases, humos y vapores. Las organizaciones ambientalistas exigen que cuando nuevas situaciones de esta naturaleza ocurran se paralicen por completo las operaciones industriales hasta determinar sus causas, para así evitar que cientos de niños, niñas y adolescentes se vean afectados por estas. Quintero y Puchuncaví, Chile. Luego que se informara de la presencia de fuertes olores a gas y cloro en la zona (que coincidieron con operaciones de carga y descarga de hidrocarburos en la bahía de Quintero durante la madrugada del pasado 29 de septiembre), se registraron 127 atenciones de salud por cefaleas, vómitos, dolor abdominal, irritación ocular y mareos en estudiantes y docentes de la zona, situación que se repitió en los días siguientes. Desde entonces, casi 200 personas han asistido a los recintos sanitarios aquejados por síntomas coincidentes con intoxicaciones (en su mayoría, menores de edad) y, de ellos, más de un centenar fue diagnosticado con "intoxicación T59", sistema de clasificación internacional referido al efecto tóxico de gases, humos y vapores.Por esta razón, el pasado 8 de noviembre, abogadas de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Greenpeace, en representación de diversas personas menores de edad y sus familias, y organizaciones ambientales de la zona interpusieron un recurso de protección en contra de una serie de instituciones y organismos del Estado producto de las ilegalidades y arbitrariedades cometidas en el contexto de las intoxicaciones ocurridas en Quintero y Puchuncaví, que han aquejado a sus habitantes desde ese día hasta la fecha.Según Juan Francisco Zapata, abogado de AIDA, estos hechos han afectado gravemente a quienes habitan la zona, particularmente a niñas, niños y jóvenes, vulnerando  sus garantías constitucionales, como el derecho a la vida y la integridad física y psíquica; la igualdad ante la ley, y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, todas consagradas en la Constitución."Es por esto que solicitamos a la Corte de Apelaciones de Valparaíso restaurar el imperio del derecho y ordenar medidas como la paralización del complejo industrial cada vez que una persona menor de edad sea diagnosticada con intoxicación T59 en la zona", explica Zapata.Roxana Núñez, abogada de Greenpeace Chile, pone en relieve que desde que en 2019, atendiendo la gravedad de la situación vivida en estas comunas, la Corte Suprema ordenó un listado exhaustivo de medidas preventivas, correctivas y de gestión ambiental y sanitaria, dirigidas a las autoridades para hacer frente a este tipo de episodios, las que no sólo no se han cumplido, sino que además los episodios de intoxicación han persistido en los años siguientes e, incluso, se han repetido con alarmante frecuencia hasta la actualidad, con cientos de personas afectadas cada año, en su mayoría menores de edad."Es por lo anteriormente expuesto que exigimos que, en primer lugar, se dé cumplimiento pleno a la sentencia de la Corte Suprema de 2019: es insólito que hayan pasado seis años y aún no se acate el dictamen del máximo tribunal, vulnerando los derechos de miles de habitantes de estas comunas", asegura Núñez. Del mismo modo, para la abogada es necesario generar un protocolo adecuado que permita que cada vez que una persona -sobre todo si es menor de edad- es ingresada a los servicios asistenciales, se paralice por completo la actividad industrial, con el objetivo de, por una parte, evitar nuevas intoxicaciones y, por otra, determinar el origen real de estas.Algunas de las acciones que incluye el petitorio de las personas afectadas individualizadas en este recurso de protección incluyen la ya mencionada paralización temporal y automática de faenas del cordón industrial ante cada nuevo diagnóstico de intoxicación por contaminación, con foco en niños, niñas y adolescentes; monitoreo continuo y público (Compuestos Orgánicos Volátiles -VOC-, vientos y mareas, por ejemplo) y trazabilidad de estos; cumplimiento total del fallo de la Corte Suprema de 2019 y el establecimiento de un plan de reparación ambiental y sanitaria en la zona, así como de protocolos de atención integral con derivación y seguimiento a personas afectadas, entre otros requerimientos."Es tanto el daño que se ha causado a esta zona de sacrificio, que muchos de los vecinos afectados por esta situación simplemente no han querido ser atendidos por los servicios de salud, ya que están cansados y no confían que recibirán una atención de salud integral y reparadora, por lo que han preferido sobrellevar los síntomas en sus hogares", comenta Núñez.  "Ya ha pasado demasiado tiempo sin que estas personas puedan vivir en paz y con garantías de salud básicas. Es hora de entregarles verdaderas garantías y que el Estado y las empresas que operan el parque industrial de Quintero y Puchuncaví se hagan efectivamente responsables de esta situación", puntualiza Zapata.En este escenario, Greenpeace dispuso el sitio web InfanciaEnSacrificio.cl donde las personas pueden firmar para apoyar a las familias afectadas y rechazar este tipo de vulneraciones en la zona de Quintero y Puchuncaví. "Todos podemos contribuir para que este recurso de protección no quede archivado y logremos que tanto el Estado, como las empresas que operan en esta bahía se hagan responsables de verdad por estas vulneraciones. Cada firma ayuda a visibilizar esta crisis, aumenta la presión pública y acelera la instalación de medidas concretas de protección, fiscalización y reparación", concluye Núñez.Contacto de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 

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Contaminación del río Chinautla en Guatemala

Comunidad maya guatemalteca obtiene respaldo judicial para frenar contaminación transfronteriza

Un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla atender la grave crisis ambiental que afecta a la comunidad maya poqomam. El fallo sienta un precedente para la protección del derecho a un ambiente sano de las comunidades que habitan en la cuenca del río Motagua, cuya contaminación alcanza al Mar Caribe y amenaza al Arrecife Mesoamericano.Ciudad de Guatemala. La comunidad del pueblo maya poqomam de la aldea de Santa Cruz Chinautla obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca con un fallo judicial que ordena a la municipalidad de Chinautla responder de manera efectiva a sus peticiones para frenar la contaminación de sus ríos y suelos, provocada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la proliferación de vertederos ilegales.El fallo representa un paso decisivo para la protección del derecho a un ambiente sano en Guatemala y sienta un precedente que podría beneficiar a las comunidades que habitan en la cuenca del río Motagua, una de las más importantes del país, cuya contaminación llega al Mar Caribe y amenaza al ecosistema marino del Arrecife Mesoamericano.Santa Cruz Chinautla se ubica en las riberas de los ríos Chinautla, Tzaljá y Las Vacas, este último un afluente directo del río Motagua, el más extenso de Guatemala, por lo que tiene un impacto directo en la salud de toda la cuenca y el equilibrio ecológico regional.La sentencia responde a la petición de amparo presentada por la comunidad en octubre de 2024 y en ella el tribunal establece obligaciones que el Concejo Municipal de Chinautla debe cumplir como resultado directo del fallo judicial:Asumir la responsabilidad constitucional y legal de gestionar de forma adecuada los recursos naturales y mitigar la contaminación ambiental, en cumplimiento de las obligaciones de prevención, regulación, prestación de servicios públicos, supervisión y fiscalización, propias de su rol como municipalidad.Resolver las peticiones presentadas a través del representante de las Autoridades Ancestrales de Santa Cruz Chinautla relacionadas con el cierre técnico de vertederos ilegales, la restauración de los ecosistemas, medidas de gestión de los desechos sólidos y acciones para detener la contaminación de los ríos proveniente del área metropolitana en Guatemala. Las respuestas deben ser adecuadas, oportunas y proporcionales, tendientes a resolver la problemática de manera efectiva, las cuales deben ser realizables a corto, mediano y largo plazo.Atender las problemáticas de contaminación denunciadas por la comunidad, a través de un estudio minucioso, consensuado, profesional, técnico, científico y bien fundamentado.Planificar y tomar decisiones para la gestión adecuada de los recursos naturales, garantizando los derechos de acceso a la información y la participación de los habitantes locales, respetando la forma de organización propia de la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla.Si bien la sentencia no profundizó en los argumentos de fondo presentados por la comunidad y respaldados por organizaciones nacionales e internacionales, establece de forma clara la responsabilidad de la municipalidad en la atención y resolución de la problemática de contaminación denunciada.AIDA dará seguimiento a la ejecución del fallo para asegurar el cumplimiento del derecho a un ambiente sano y promover condiciones ambientales, sociales y culturales dignas para la comunidad maya poqomam. En caso de que la municipalidad decida apelar la sentencia ante la la Corte de Constitucionalidad, la organización presentará los argumentos legales y científicos necesarios para garantizar la protección efectiva de los derechos de la comunidad.Contacto de prensa:Víctor Quintanilla, [email protected], +52 5570522017 

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Basurero ilegal a un lado del río Chinautla en Guatemala

Comunidad maya en Guatemala exige en tribunales un alto a la contaminación que viola su derecho a un ambiente sano

La comunidad poqomam presentó una petición de amparo contra el gobierno municipal de Chinautla por no atender la contaminación de ríos y suelos causada por desechos sólidos y vertederos ilegales, problemática que alcanza al Motagua, el río más grande de Guatemala, y que afecta incluso al mar Caribe. Hoy, en audiencia pública, representantes de la comunidad dieron sus alegatos finales en espera del fallo.Ciudad de Guatemala. La comunidad del pueblo maya poqomam de Santa Cruz Chinautla presentó hoy sus alegatos finales en el litigio iniciado contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales, problemática que vulnera sus derechos a la salud y a un ambiente sano.Santa Cruz Chinautla, una de las 9 aldeas del municipio de Chinautla —ubicado a tan solo 12 kilómetros de la Ciudad de Guatemala—, atraviesa una grave crisis ambiental que impacta las condiciones de vida, la salud, el ambiente, las fuentes de agua, la economía y la cultura de los más de 114 mil habitantes del municipio. Además de los basureros ilegales de desechos domésticos, la aldea enfrenta la llegada diaria de decenas de camiones que descargan desechos de construcción sin ningún control."Cuando era niño, nos bañábamos, pescábamos y jugábamos con las ranas en los ríos de Santa Cruz Chinautla. Hoy, todo eso quedó en el recuerdo. Ahora vivimos entre la basura y aguas negras que llegan desde la ciudad y de vertederos ilegales. Pedimos a las autoridades municipales que cierren los basureros clandestinos en nuestra comunidad y que establezcan acuerdos con las municipalidades aledañas para detener la contaminación y restaurar los ríos, como eran antes", dijo Efraín Martínez, Autoridad Ancestral del Pueblo Maya Poqomam de Santa Cruz Chinautla, ante el Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Civil durante la audiencia pública realizada hoy y en la que se presentaron los alegatos finales del caso, paso previo al fallo del tribunal.Santa Cruz Chinautla se ubica en las riberas de los ríos Chinautla, Tzaljá y Las Vacas, este último un afluente directo del río Motagua, el más extenso de Guatemala. La acumulación de desechos en áreas no autorizadas ha afectado gravemente no solo a estos cuerpos de agua, sino también los suelos y la alfarería, una tradición que por generaciones ha sido una de las principales fuentes de sustento de la población.En octubre de 2024, ante la falta de respuesta de las autoridades locales, la comunidad poqomam de Santa Cruz Chinautla presentó, con apoyo del Bufete para Pueblos Indígenas, una petición de amparo contra el Concejo Municipal de Chinautla. En ella exigen:Una respuesta a la solicitud de cierre de los vertederos clandestinos.La elaboración de un plan de restauración de los ecosistemas dañados.La firma de acuerdos con el gobierno municipal de la Ciudad de Guatemala y de Mixco para el saneamiento de los ríos Chinautla, Tzaljá y Las Vacas, así como la protección de sus microcuencas y subcuencas.El cumplimiento de obligaciones y competencias relacionadas con la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos; la gestión de vertederos y residuos sólidos; y la vigilancia de la calidad ambiental, cuya omisión está causando graves violaciones de derechos humanos. "La municipalidad de Chinautla debe vigilar la calidad ambiental porque hasta ahora no cuenta con políticas, planes o programas que aseguren el debido tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos", indicó Carmela Curup, directora del Bufete para Pueblos Indígenas.En el litigio, con apoyo de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la comunidad logró reunir información acerca de las fuentes de contaminación y la situación ambiental y social que enfrenta Santa Cruz Chinautla. Con ello evidenció el incumplimiento, por parte de las autoridades municipales, de sus obligaciones establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Municipal y el Código de Salud. La situación en Santa Cruz Chinautla es parte de una problemática más grande y transfronteriza: las aguas contaminadas del río Las Vacas, cuyos desechos provienen principalmente de la Ciudad de Guatemala, afectan al río Motagua, el más extenso del país, cuyo caudal desemboca en el mar Caribe. Así, la contaminación afecta estas aguas, las costas hondureñas y al Arrecife Mesoamericano, el segundo más largo del mundo."El Arrecife Mesoamericano es un gran ecosistema compartido por cuatro países —México, Belice, Honduras y Guatemala— y su protección depende de una gestión integral que abarque toda la cuenca del río Motagua, lo que implica la protección de los ríos que lo alimentan, incluidos los que pasan por Santa Cruz Chinautla", señaló Bryslie Cifuentes, abogada de AIDA, organización que respaldó el litigio con un escrito legal (amicus curiae). "Nos sumamos a la petición por los derechos de la comunidad indígena poqomam porque un fallo favorable representaría un paso importante para el saneamiento del río Motagua y, con ello, la conservación del arrecife. Este caso puede sentar un precedente en el derecho ambiental que permita al Estado de Guatemala cumplir con sus obligaciones de prevención, garantía, vigilancia y restauración en favor del derecho a un ambiente sano", resaltó. Contactos de prensa:Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522017Carmela Curup (Guatemala), Bufete para Pueblos Indígenas, [email protected], +502 2254 6241 

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Aguas turbias del río Motagua en Guatemala

Río Motagua: Una historia de contaminación y un grito por justicia

El río Motagua, el más extenso de Guatemala, está gravemente contaminado con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.Su caudal desemboca en el mar Caribe, por lo que la contaminación alcanza esas aguas, así como el Sistema Arrecifal Mesoamericano —el arrecife transfronterizo más grande el mundo— y las costas hondureñas, causando daños sociales y ambientales incuantificables.Las actividades contaminantes ocurren en toda la cuenca del río, incluyendo subcuencas y microcuencas.En términos generales, la contaminación ha deteriorado la salud, además de vulnerado el derecho al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.La contaminación del Motagua es un problema que lleva décadas y que requiere medidas urgentes de largo plazo que contribuyan al saneamiento y manejo integral de la cuenca del río. ¿Dónde está el río Motagua?El río Motagua es uno de los principales de Guatemala. Con una longitud de 486 km, atraviesa 96 municipios y 14 departamentos del país. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.Es en su desembocadura donde su caudal confluye con el Arrecife Mesoamericano, que se extiende por aproximadamente 1 000 km y abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México. Así, la contaminación que arrastra el río deteriora la salud del sistema arrecifal, donde está el segundo arrecife de barrera más largo a nivel mundial.El Arrecife Mesoamericano protege miles de kilómetros de costas contra corrientes, olas y tormentas. Además de ser lugar de crianza y alimentación para una gran diversidad de especies, es un sumidero de dióxido de carbono y un desintoxicante del agua y el aire. De su conservación depende la salud ecológica y económica de toda la zona del Atlántico Sur.Además, la contaminación del río Motagua llega a las costas de Honduras y se esparce a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala y Belice. Se trata, sin duda, de una problemática transfronteriza. ¿De dónde viene la contaminación del río Motagua?El mayor volumen de contaminación del río Motagua proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, principalmente mediante las aguas del río Las Vacas, que recibe una gran cantidad de desechos sólidos del río Chinautla, además de aguas negras que son descargadas en su afluente diariamente.Los desechos sólidos del río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, provienen a su vez de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina. Cualquier pequeño derrumbe en ese vertedero genera desechos que automáticamente son vertidos al río en cualquier época del año.La contaminación que el río Chinautla transporta consiste también en una gran cantidad de aguas negras, generadas por al menos 500 mil personas que viven en la parte norte de la ciudad de Guatemala y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.En el municipio de Chinautla hay numerosos vertederos ilegales. Además, muchos vehículos particulares y camiones recolectores descargan desechos a orillas de los ríos Chinautla y Las Vacas.Según datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se estima que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.La mayoría de los desperdicios son vertidos en quebradas y/o superficies susceptibles al arrastre, terminando en su mayoría de una u otra forma en fuentes de agua, como la cuenca del Motagua.En otras palabras, la fuente principal de la contaminación del río Motagua es el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en el país; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas.  ¿A quiénes afecta la contaminación del río Motagua?La contaminación del río Motagua afecta a toda la población de Guatemala. En la cuenca baja, afecta directamente a las personas dedicadas a la pesca, quienes han visto reducidas sus capturas.Y, al perjudicar el turismo en el Caribe, afecta también a las comunidades que tienen en ese rubro su modo de vida.Al ser un problema que abarca toda la cuenca, la contaminación del Motagua afecta a quienes viven en las principales subcuencas y microcuencas del río, incluidas las comunidades indígenas del pueblo maya poqomam de las ciudades de Chuarrancho y Chinautla.En Chinautla, la contaminación afecta las condiciones de vida, la salud, el ambiente, las fuentes de agua, la economía y la cultura de más de 18 mil personas.La restauración del río Motagua es determinante para mejorar la calidad de vida de al menos el 30% de la población guatemalteca, así como de las personas afectadas en los países vecinos. Acciones para rescatar al río Motagua de la contaminaciónFrente a la grave degradación de la cuenca hidrográfica más grande de Guatemala, los daños a ecosistemas clave como el Arrecife Mesoamericano y las violaciones de derechos humanos que la contaminación genera, se requieren medidas urgentes, entre ellas: Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y municipal, así como prevenir y frenar los daños ambientales desde las fuentes mediante regulación, monitoreo, supervisión y fiscalización de las actividades que afectan los derechos de quienes habitan la cuenca del río Motagua.Fortalecer la normativa relacionada con la disposición de aguas residuales y manejo de desechos sólidos para que se implementen de manera oportuna mediante sistemas de tratamiento completos en los municipios de la cuenca.Iniciar acciones que permitan la restauración socioambiental de los ecosistemas afectados en toda la cuenca, incluyendo medidas políticas, legislativas y administrativas que fortalezcan el ordenamiento jurídico y destinen los suficientes recursos financieros para garantizar la protección de las aguas y de los territorios. 

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