Contaminación Tóxica

Minería, Participación Ciudadana, Fuentes de Agua Dulce

Aprendiendo de Mendoza, Argentina: “El agua no se negocia”

A finales del año pasado, los ciudadanos de Mendoza, Argentina, fueron protagonistas de una de las manifestaciones sociales más relevantes de la provincia. El objetivo era contundente: la defensa del agua. Personas de todas las edades, miembros de ONG, asambleas ambientalistas y movimientos antimineros, científicos y académicos salieron a las calles exigiendo al gobierno local dar marcha atrás a la modificación de la Ley 7722, conocida como “la guardiana del agua” o “ley del pueblo”. Es una norma fundamental para la protección del agua en Mendoza porque prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias químicas tóxicas en las actividades mineras, las cuales contaminan gravemente ríos, lagos y otras fuentes naturales de agua. Promulgada el 21 de junio de 2007, esta ley es resultado de una larga lucha por parte de la sociedad civil. Un retroceso en la protección ambiental El gobierno pretendía modificar la Ley 7722 con otra norma, la Ley 9209, que permitía “el uso de sustancias químicas [entre ellas el cianuro], mezclas o disoluciones de ellas, que aseguren la sostenibilidad del proyecto [minero]”. La justificación para eliminar la prohibición del uso de cianuro y otros elementos tóxicos era “garantizar la sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales, con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico y asegurar el cumplimiento de la actividad minera”. El uso de cianuro en la minería legal es cada vez es menos frecuente debido a los riesgos que implica su fabricación, transporte y uso. Los compuestos de cianuro suelen ser altamente tóxicos en su forma gaseosa o disueltos en agua. Teniendo en cuenta que el límite de cianuro en agua potable para consumo humano seguro es cuatro gotas por litro, las concentraciones usadas en minería presentan riesgos bastante altos. Además, existe abundante evidencia de derrames y pérdidas de cianuro en instalaciones mineras durante su transporte y de múltiples casos de muerte masiva de fauna en instalaciones mineras, particularmente de aves migratorias. Por si fuera poco, la modificación legislativa buscaba flexibilizar los procedimientos de control y vigilancia ambientales pues establecía que ya no era obligatorio que la Declaración de Impacto Ambiental de un proyecto minero fuera ratificada por ley, bastando únicamente la firma de un funcionario de la Secretaría de Ambiente de la provincia para autorizar el proyecto. Ello atentaba contra la efectividad de la Ley 7722. Estos cambios promovidos por el gobierno de Mendoza vulneraban los principios de protección ambiental del país, entre ellos el de sustentabilidad, contenidos en la Constitución y otras normas de carácter nacional que las provincias están obligadas a cumplir y enriquecer. Por ejemplo, el artículo 41 de la Constitución establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. La respuesta ciudadana La movilización en contra de esta modificación, que pretendía dar vía libre al uso de sustancias de altísimo impacto ambiental, superó cualquier precedente y se convirtió en un ejemplo para toda la región al lograr revertir una iniciativa ya aprobada por los legisladores de Mendoza. La desaprobación social de la nueva ley se multiplicó. Bajo los lemas "el agua no se negocia” y “el agua vale más que el oro”, la sociedad organizada de Mendoza expresó su rechazo. Las manifestaciones populares, las más grandes de la historia de Mendoza, comenzaron el 22 de diciembre. Al día siguiente, 50 mil personas se reunieron al frente de la Casa de Gobierno Provincial tras un recorrido de más de 100 kilómetros iniciado en la población de San Carlos, en el Valle de Uco, y que pasó por los pueblos aledaños. Las personas movilizadas tenían la misma reivindicación: La Ley 7722 no se toca. Pese al evidente rechazo popular, el Gobernador de Mendoza promulgó la reforma. Miles de vecinos autoconvocados se concentraron en el kilómetro cero —entre las calles San Martín y Garibaldi— de la capital provincial para exigir la derogación de la norma. El 26 de diciembre, ante la constante y creciente presión social, el Gobernador anunció que no reglamentaría la nueva ley. Esa medida paliativa no convenció y las movilizaciones se intensificaron. El Gobernador decidió entonces dar marcha atrás a la modificación de la Ley 7722 y el viernes 27 anunció que iba a enviar un proyecto de ley para derogarla, lo que finalmente ocurrió el lunes 30. El caso de Mendoza deja una lección valiosa a todos los países América Latina: Cuando la ciudadanía conoce y toma conciencia de la importancia de la naturaleza y de la magnitud de los peligros que enfrenta, es muy difícil doblegarla. Los conflictos socioambientales no solo responden a quiénes detenten el control de los recursos naturales, sino también a las consideraciones de afectaciones en un entramado social bastamente complejo. Para los seres humanos y no humanos, la naturaleza es parte constitutiva de nuestra identidad, cultura y costumbres. Somos parte de ella y ella de nosotros. Es una red viva e interconectada. Por ello debemos ser sus principales defensores. La actualización pronta y necesaria del concepto de “desarrollo sustentable” es uno de los desafíos del Derecho Ambiental en el siglo XXI. No podemos concebir un desarrollo que atente contra la naturaleza e ignore los derechos humanos.   Conoce más sobre el uso de cianuro en la minería.  

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Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

OCCA congratula a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por declarar la inconstitucionalidad del aumento de etanol en las gasolinas en la norma de combustibles

Ayer, 15 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que el aumento de etanol en las gasolinas resulta contrario al derecho a un medio ambiente sano. Las organizaciones de la sociedad civil que integran el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA) piden a la Comisión Reguladora de Energía que actúe en apego a la legalidad y a la sentencia. Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ayer el amparo en revisión 610/2019 declarando inconstitucional la modificación que hizo la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a la Norma Oficial Mexicana «NOM-016-CRE-2016, especificaciones de calidad de los petrolíferos«, la cual, entre otras cosas, había incrementado de 5.8% a 10% el volumen permitido de etanol como oxigenante en gasolinas y aprobado medidas más laxas para la protección del medio ambiente en términos de emisiones a la atmósfera derivadas del uso de combustibles fósiles. Las organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA) se congratulan por este fallo, pues protege y sienta un precedente importante en la tutela de los derechos humanos al medio ambiente, a la salud y a la calidad de vida de todas y todos los habitantes del país. Así, en la sentencia proyectada por el Ministro Pérez Dayán y resuelta este miércoles por la Segunda Sala, se determina la importancia de la aplicación del  “principio de precaución ambiental”, el cual obliga a que se lleve a cabo una evaluación con la mayor información científica posible respecto a los potenciales daños que el incremento de etanol para estos fines podría generar en el medio ambiente. La SCJN deja claro que “no puede ser una sola voz, ni una sola valoración” , la que determine la posibilidad de que en el Estado mexicano se modifiquen los porcentajes máximos de empleo de etanol como oxigenante de las gasolinas; pues ello podría tener como consecuencia el permitir daños serios e irreversibles al ambiente, al no valorarse debidamente la magnitud del problema en cuestión, lo cual precisamente, pretende evitarse mediante el principio de precaución ambiental”. Además de esta importante valoración respecto al principio de precaución, la SCJN también deja un importante precedente al establecer que en un régimen de derechos humanos no es suficiente alegar meramente beneficios económicos para no considerar los potenciales riesgos que podrían derivar en daños al medio ambiente, ni para ignorar las obligaciones estatales de reducir las llamadas emisiones de “gases invernadero” (gases contaminantes) y, por tanto, combatir el fenómeno del cambio climático, sobre todo sin tomar en cuenta la participación de la ciudadanía y la opinión de los expertos que aportan la mejor evidencia científica disponible. Con ello, la SCJN recuerda que el crecimiento y desarrollo económico en el Estado mexicano debe ser sustentable conforme al principio rector establecido por la propia Constitución Mexicana. Las organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA) hacen un llamado a la CRE para que actúe en consecuencia, ejecute la sentencia en pleno apego a la legalidad y contribuya con ello al respeto y garantía de los derechos humanos de las y los mexicanos.   Organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA): Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) – El Poder del Consumidor – Greenpeace – El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) – International Council on Clean Transportation (ICCT) – Fundación Tlaloc – Bicitekas – Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) – Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) – Redspira – Liga Peatonal – Red por los derechos de la Infancia (Redim) – Frente de Organizaciones de Transporte Colectivo y Alternativo A.C. – Transita Seguro México Contacto de prensa: Victor Quintanillla Sangueza, AIDA, [email protected]  

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Contaminación Tóxica

Um plano para descontaminar as nossa cidades e conter a crise climática

Em uma carta pública apresentada na COP25, mais de 100 organizações de vários países pedem aos governos que incluam metas ambiciosas e mensuráveis para reduzir os poluentes climáticos de vida curta em seus novos compromissos climáticos, que devem apresentar às Nações Unidas até março de 2020. Você pode ajudá-los a não perder esta oportunidade: ¡Assine Aquí! Leia a carta em espanhol / em inglês A má qualidade do ar é o maior problema ambiental do mundo que custa mais vidas atualmente. Todos os anos, mais de 4 milhões de pessoas morrem devido aos danos causados à saúde pela poluição atmosférica. Dados oficiais mostram que, globalmente, nove em cada dez pessoas respiram ar poluído e que o problema afeta mais de 80% das pessoas que vivem nas cidades. A maioria das pessoas afetadas encontra-se nos países em desenvolvimento e prejudicam ainda mais os públicos mais vulneráveis da população: as crianças, as mulheres grávidas e os idosos. Por outro lado, a humanidade está hoje seriamente ameaçada por uma emergência climática cujos impactos também são sofridos com mais força pelos segmentos mais vulneráveis da população. Ambos os problemas, a crise climática e a má qualidade do ar, estão relacionados com a atmosfera que nos rodeia e são uma questão de direitos humanos. Nesse sentido, existe um caminho a seguir eficientemente em ambas as frentes. É uma oportunidade que devemos aproveitar, e tem a ver com a redução das emissões de poluentes climáticos de vida curta (PCVCs ou SLCPS, em inglês). Os poluentes climáticos de vida curta são agentes atmosféricos que contribuem para a crise climática com muito mais intensidade do que o dióxido de carbono (CO2) e, como o próprio nome indica, têm uma permanência relativamente curta na atmosfera, de dias a décadas; ao contrário do CO2, que pode durar até milênios na atmosfera. Além disso, os PCVCs pioram a qualidade do ar, afetam as áreas glaciais e reduzem o rendimento das culturas agrícolas. As principais PCVCs são o carbono negro, o metano, o ozono troposférico e os hidrofluorocarbonetos (HFC). Visar sua mitigação implica reduzir o aquecimento global no curto prazo e, ao mesmo tempo, avançar na descontaminação das cidades. Esta oportunidade já foi apoiada pela ciência. O Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática das Nações Unidas (IPCC), que reúne especialistas na matéria, destacou em seu Relatório Especial sobre 1,5°C que, para enfrentar o aquecimento global, devemos incorporar em nossos esforços a mitigação de outros poluentes além do CO2, especificamente o carbono negro e o metano. Recentemente, mais de 11 mil cientistas de todo o mundo se juntaram ao chamado, que em uma declaração pública reconheceu a emergência climática, identificando entre as medidas necessárias para resolvê-la a rápida redução dos PCVCs, destacando que isso reduziria o aquecimento em mais de 50% para as próximas décadas. Com a próxima atualização das Contribuições Nacionalmente Determinadas (CNDs ou NDCs, em inglês), que contêm os compromissos climáticos que os governos devem submeter à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), abre-se a possibilidade de apostar na mitigação desses poluentes e contribuir efetivamente para o combate à crise climática e à má qualidade do ar. O prazo para os governos apresentarem novas e mais ambiciosas Contribuições Programadas Nacionais é março de 2020. Por todas as razões acima, as organizações abaixo assinadas consideram que os governos dos Estados Partes da UNFCCC devem respeitar os direitos humanos, protegê-los sob os mais altos padrões e considerá-los em seus compromissos climáticos. Nesse sentido, pedimo-lhes: Incluir metas ambiciosas e mensuráveis para a redução de poluentes climáticos de vida curta na atualização de suas NDCs até março de 2020.   Especificar nos seus compromissos os meios de execução, que devem assegurar o cumprimento dos objectivos que fixaram.   Enquadrar o cumprimento de seus compromissos em políticas integradas que reconheçam os diferentes níveis de impacto na população, com especial ênfase na proteção das crianças e outros grupos vulneráveis.   Especificar os procedimentos de monitoramento, comunicação de informações e verificação que acompanharão a execução dos seus compromissos.   Assegurar que os governos locais e as empresas respeitem as políticas estabelecidas e adaptem as suas acções à necessidade urgente de melhorar a qualidade do ar.   Baixar a Carta

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Contaminación Tóxica

Un plan para descontaminar nuestros ciudades y contener la crisis climática

En una carta pública presentada en la COP25, más de 100 organizaciones de varios países instan a que los gobiernos incluyan metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta en sus nuevos compromisos climáticos, los cuales deben presentar ante Naciones Unidas hasta marzo de 2020. ¡Tú puedes ayudar a que no dejen pasar esta oportunidad: ¡Firma Aquí! Lee la carta en Portugués // en inglés  La mala calidad del aire es el problema ambiental que más vidas cobra a nivel mundial. Cada año, más de 4 millones de personas mueren por los daños que la contaminación atmosférica causa en la salud. Datos oficiales dan cuenta que a nivel global nueve de cada diez personas respiran aire contaminado, y que el problema afecta a más del 80% de quienes viven en ciudades. La mayoría de las personas afectadas está en países en desarrollo y los daños afectan de manera más grave a los sectores más vulnerables de la población: niños y niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores. Por otro lado, la humanidad se encuentra hoy gravemente amenazada por una emergencia climática cuyos impactos los sufren también con mayor fuerza los segmentos más vulnerables de la población. Ambos problemas, la crisis climática y la mala calidad del aire, se relacionan con la atmósfera que nos rodea, y son un asunto de derechos humanos. En ese sentido, existe una forma de avanzar de manera eficiente en ambos frentes. Se trata de una oportunidad que debemos aprovechar, y tiene que ver con la reducción de las emisiones de los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC). Los Contaminantes Climáticos de Vida Corta son agentes atmosféricos que contribuyen a la crisis climática con mucha más intensidad que el dióxido de carbono (CO2) y, como su nombre indica, tienen una permanencia relativamente corta en la atmósfera, desde días hasta décadas; a diferencia del CO2, que puede durar incluso milenios en la atmósfera. Además, los CCVC degradan la calidad del aire, afectan zonas glaciales y reducen el rendimiento de los cultivos. Los principales CCVC son el carbono negro, el metano, el ozono troposférico y los hidrofluorocarbonos (HFC). Apuntar a su mitigación implica reducir el calentamiento del planeta en el corto plazo y, al mismo tiempo, avanzar en la descontainación de las ciudades. Esta oportunidad ya ha sido respaldada por la ciencia. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés), que agrupa a expertos y expertas en el tema, destacó, en su Informe Especial sobre los 1.5°C, que para enfrentar el calentamiento global debemos incorporar a nuestros esfuerzos la mitigación de contaminantes que no sean CO2, específicamente el carbono negro y el metano. Recientemente, al llamado se unieron más de 11 mil científicos de todo el mundo, que en una declaración pública reconocieron la emergencia climática, identificando entre las medidas necesarias para solucionarla la pronta reducción de los CCVC, destacando que ello reduciría el calentamiento en más de 50% para las próximas décadas. Con la próxima actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que contienen los compromisos climáticos que los gobiernos deben presentar ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se abre la posibilidad de apostar por la mitigación de estos contaminantes y de contribuir efectivamente a la lucha contra la crisis climática y la mala calidad del aire. El plazo para que los gobiernos presenten nuevas y más ambiciosas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional vence en marzo del 2020. Por todo lo anterior, las organizaciones abajo firmantes consideramos que los gobiernos de los Estados que son parte de la CMNUCC deben respetar los derechos humanos, protegerlos bajo los más altos estándares y considerarlos en sus compromisos climáticos. En ese sentido, les solicitamos: Incluir metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta en la actualización de sus NDC hacia marzo del 2020.   Detallar en sus compromisos los medios de implementación, los cuales deben asegurar el cumplimiento de las metas que establezcan.   Enmarcar el cumplimiento de sus compromisos en políticas integrales que reconozcan los diferentes niveles de afectación entre la población, con especial énfasis en la protección de niños, niñas y otros grupos vulnerables.   Especificar los procedimientos de monitoreo, reporte y verificación que acompañarán la implementación de sus compromisos.   Velar para que los gobiernos locales y las empresas respeten las políticas que se establezcan y adecuen sus acciones a la urgente necesidad de mejorar la calidad del aire.   Descarga la Carta

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Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

COP25: Organizaciones piden a gobiernos mejorar la calidad del aire y con ello frenar la crisis climática

En una carta abierta, organizaciones sociales y ambientales de América Latina y de todo el mundo instan a los gobiernos a limitar los contaminantes climáticos de vida corta en sus compromisos climáticos internacionales, los cuales deben presentar ante Naciones Unidas hasta marzo de 2020. Madrid, España. Los gobiernos de los países miembro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático deben incluir metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) en sus nuevos compromisos climáticos. Así lo solicitaron más de 100 organizaciones de varios países en una carta abierta presentada hoy durante la vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención y en el marco del Día de los Derechos Humanos. “Apuntar a la mitigación de los contaminantes climáticos de vida corta implica reducir el calentamiento del planeta en el corto plazo y, al mismo tiempo, avanzar en la descontaminación de las ciudades”, señaló Javier Dávalos, Coordinador del Programa de Cambio Climático de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Estos contaminantes también son conocidos como “súper contaminantes climáticos” porque contribuyen a la crisis climática con mucha más intensidad que el dióxido de carbono (CO2). Y, como su nombre indica, tienen una permanencia relativamente corta en la atmósfera, desde días hasta décadas; a diferencia del CO2, que puede durar incluso milenios en la atmósfera. Los principales CCVC son el carbono negro, el metano, el ozono troposférico y los hidrofluorocarbonos (HFC). Además, los CCVC degradan la calidad del aire, afectan zonas glaciales y reducen el rendimiento de los cultivos. La mala calidad del aire es el problema ambiental que más vidas cobra a nivel mundial. Cada año, más de 4 millones de personas mueren por los daños que la contaminación atmosférica causa en la salud. Los beneficios de reducir las emisiones de los CCVC ha sido respaldada por la ciencia. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés), que agrupa a expertos y expertas en el tema, resaltó que para enfrentar el calentamiento global debemos incorporara a los esfuerzos la mitigación de los contaminantes que no sean CO2, específicamente el carbono negro y el metano. Asimismo, más de 11 mil científicos de todo el mundo destacaron que la pronta reducción de los CCVC reduciría el calentamiento en más de 50% para las próximas décadas. “Con la próxima actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), se abre la posibilidad de apostar por la mitigación de estos contaminantes y de contribuir efectivamente a la lucha contra la crisis climática y la mala calidad del aire”, dijo Florencia Ortúzar, abogada de AIDA. El plazo para la actualización vence en marzo de 2020. Por ello, las organizaciones solicitan en la carta que los gobiernos incluyan hasta esa fecha metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta —y que detallen cómo van a implementar, monitorear y reportar su progreso— en los nuevos compromisos que presenten ante Naciones Unidas. "Las soluciones necesarias para reducir y eliminar cada uno de los cuatro contaminantes climáticos de vida corta no son un misterio. Son conocidas y han sido probadas. Pero necesitamos que los gobiernos prioricen estas soluciones para poder evitar los peores impactos de cambio climático", comentó Amanda Maxwell, directora de proyectos en Latinoamérica para el Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC por sus siglas en inglés). Además de la carta abierta, las organizaciones lanzaron una petición ciudadana en línea para que la causa sea apoyada con las firmas de personas de todo el mundo. Ambos problemas, la crisis climática y la mala calidad del aire, afectan de manera más grave a los grupos y segmentos más vulnerbales de la población, entre ellos niños y niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores. Por ello su resolución es un asunto de derechos humanos.   Lee la carta dirigida a gobiernos. Lee y firma la petición ciudadana. Contactos de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Fabiola Nuñez, NRDC, [email protected], +1 (646) 889-1405 Renata Assumpção (Brasil), Instituto Alana, [email protected] Ricardo Ruiz (México), CEMDA, [email protected], +5215559644162  

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Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

Zonas de Sacrificio: La injusticia de vivir en un ambiente que no está sano

En Chile, 40% de la energía que se produce y consume proviene de la quema de carbón. Esa enorme cantidad de energía la generan apenas 28 plantas termoeléctricas, concentradas en cinco localidades a lo largo del país. Son las llamadas Zonas de Sacrificio, cuyos habitantes han sido sometidos a vivir inmersos en medio de la contaminación, con su salud dañada, niños con problemas de aprendizaje y mares envenenados. El grave perjuicio que implica habitar una de estas zonas ha sido documentado ampliamente. Uno de los esfuerzos más recientes en ese sentido es un informe que la ONG Chile Sustentable encargó a la Universidad Católica de Chile, el cual evidencia que vivir en una Zona de Sacrificio se traduce en mayores riesgos de enfermar y de morir prematuramente. El estallido social que el país vive actualmente representa una oportunidad histórica de transformación. Empujado por la voz de su gente y teniendo a su cargo la Presidencia de las negociaciones climáticas internacionales, Chile puede liderar un cambio estructural de redistribución de cargas y beneficios, tanto sociales como ambientales, que lo lleve a ser un país más limpio y más justo. El camino hacia la descarbonización En junio y tras un año de discusiones con la industria y otros actores interesados, el Presidente Sebastián Piñera anunció un esperado cronograma de descarbonización. Fruto de un acuerdo, la industria se comprometió a cerrar todas sus plantas a carbón antes del 2040. Por positiva que parezca, al analizar a fondo la propuesta, es posible concluir que no es suficiente para lograr la justicia que tanto merecen las personas afectadas por la quema de carbón. El cronograma establece fechas específicas para el cierre de las ocho plantas más antiguas al 2024, pero no da fechas ni detalles sobre el cierre efectivo de las 20 plantas restantes, dejándolo a la merced de la buena voluntad de las próximas administraciones. En esos términos, no hay forma de garantizar que el plan vaya a ejecutarse realmente. Además, esperar 20 años tampoco parece un trato aceptable para quienes ya han cargado demasiado y por demasiado tiempo, ni para el equilibrio climático del planeta, que no esperará tanto antes de colapsar. Otra crítica que recibió la propuesta del gobierno es que poco después de ser anunciada, la empresa Engie inauguró una nueva central eléctrica de carbón en Mejillones, Zona de Sacrifico ubicada al norte del país. La nueva planta tiene más del doble de la capacidad operativa de las dos termoeléctricas de Tocopilla que la misma empresa habría cerrado tras la firma del plan de descarbonización. Pero no todo son malas noticias. Un mes antes de que estallaran las protestas sociales en Chile, el gobierno dio señales de una meta de descarbonización más ambiciosa. En septiembre, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que solicita al Presidente adelantar en diez años, al 2030, el cierre de las termoeléctricas a carbón. La solicitud se basa en un estudio encargado por la ONG Chile Sustentable a la consultora Kas Ingenieros. La investigación evidencia la factibilidad técnica y económica de alcanzar la meta de descarbonización al 2030. La crisis social en el país estalló en plena búsqueda de un acuerdo vinculante para concretar ese avance.   El estallido social en Chile Chile vive hoy un momento histórico. El descontento social —generado por las injusticias, la desigualdad y la falta de equidad que los segmentos más vulnerables de la población han soportado por años— desencadenó múltiples protestas que aún no amainan en intensidad. Lo que pasa en Chile es un espejo de lo podría ocurrir en muchos países del mundo, sobre todo en América Latina. El pasto en muchos lugares está seco y cualquier chispa podría encender la movilización social, destapando ollas que por años han acumulado descontento y presión. Las cifras muestran que el país ha crecido y que hay menos pobreza, pero ni los beneficios ni las cargas se han repartido equitativamente. Las autoridades han fallado. La confianza se está acabando y la desilusión aumenta. Las Zonas de Sacrificio son un ejemplo muy claro del problema estructural que aqueja a la sociedad: ciertas comunidades cargan con los costos y no disfrutan de los beneficios, situación que es inaceptable en estos tiempos. Un nuevo rumbo es posible Los incendios, las inundaciones y otros eventos extremos que provocan daños cuantiosos en la vida de las personas muestran que la naturaleza no dejará de protestar hasta que la respetemos. La sociedad también está pidiendo lo suyo, y con una urgencia que ha ganado la atención de los tomadores de decisión. Cambios que parecían imposibles ciertamente ya no lo son. No es que las demandas sociales sean más importantes que las ambientales o viceversa. Las demandas ambientales son también demandas sociales. Aunque la crisis climática y la contaminación nos afectan a todos, el daño es mucho mayor para las personas más vulnerables. Los cambios en favor de nuestro planeta pueden y deben hacerse con un enfoque de justicia social y en armonía con la naturaleza.   En el caso de Chile, la descarbonización —y con ella el fin de las Zonas de Sacrificio— es el cambio que nos llevará a ser un mejor país. Porque una de las más grandes injusticias es tener que vivir en un ambiente que no está sano.  

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Fortalecimiento de Capacidades, Contaminación Tóxica, Cambio Climático

Seminario virtual "Por un aire limpio: La descontaminación, un compromiso climático"

Existen ciertos contaminantes que, además de contribuir de manera importante al calentamiento del planeta, son causa principal de la mala calidad del aire que afecta a muchas de las ciudades de América Latina. Uno de ellos es el carbono negro, generado principalmente por la quema de leña para calefacción y cocina y por el transporte que usa diésel.   Ante la actual crisis climática y social que vivimos, es urgente que los países de la región incluyan, en sus nuevos compromisos climáticos, metas ambiciosas para reducir las emisiones de carbono negro y de los otros contaminantes climáticos de vida corta (CCVC). Esos compromisos deben ser actualizados en el marco de la COP25 este diciembre.   Los CCVC se llaman así porque permanecen apenas unos días o décadas en la atmósfera. Esto significa que su reducción implica mejoras en el corto plazo en cuanto a la descontaminación de nuestras ciudades y la lucha contra la crisis climática.   En este seminario, el último de una serie de tres, abordamos el problema de la mala calidad del aire y su relación con las negociaciones climáticas. Expertos en la materia hablaron de los daños de la contaminación atmosférica, sobre todo para segmentos vulnerables; los avances hacia las soluciones en el contexto de los compromisos climáticos de países de la región; y del rol de los movimientos ciudadanos frente a la emergencia climática.   Panelistas Javier Dávalos, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): La descontaminación del aire en el marco de las negociaciones climáticas. Juan Pablo Amaral y Thaís Dantas, Instituto Alana (Brasil): Aire y clima en relación con la niñez. Anaid Velasco, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA): Política energética y de movilidad en los compromisos climáticos de México. Patricia Araya, ONG FIMA y Sociedad Civil por la Acción Climática (Chile): Movimientos ciudadanos por el clima.   Grabación   Presentaciones 1. Presentación introductoria:   2. Presentación de Juan Pablo Amaral y Thaís Dantas, Instituto Alana (Brasil):   3. Presentación de Anaid Velasco, Centro Mexicano de Derecho Ambiental:   4. Presentación de Patricia Araya, ONG FIMA y Sociedad Civil por la Acción Climática (Chile):  

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Arrecifes de coral, Océanos, Contaminación Tóxica

El derrame de petróleo que devora la vida en playas brasileñas

Fotos: Marcela Cintra / Texto: Laura Yaniz  Desde finales de agosto, las costas del noreste de Brasil registran derrames de petróleo en más de 500 puntos a lo largo de 2,500 kilómetros. Lo que comenzó con la aparición de puntos negros en algunas playas, rápidamente se convirtió en la llegada de manchas enormes de crudo que cambiaron el color de la arena. El origen sigue siendo desconocido; mientras, organizaciones locales y comunidades se organizan para limpiar las playas. Lejos de ser resuelto, el problema se agrava cada día. El avance del derrame de petróleo amenaza la vida en los manglares y en los arrecifes de coral, ecosistemas clave para la supervivencia de las especies de la zona. Además, los habitantes de las comunidades afectadas, que dependen del turismo y la pesca, ven amenazado su estilo de vida y su economía. Su salud también está en riesgo debido al consumo de alimentos marinos contaminados y la exposición directa al derrame. Ante la inacción de las autoridades, la gente limpia las playas y el mar con sus propias manos. El derrame en sí mismo, sumado a la desatención por parte del Estado, viola los derechos humanos de los habitantes de la más de 500 playas afectadas. Por eso, AIDA —junto con el Instituto Projeto Publico, Salve Maracaipe, Projeto Caribessa y Rede Minha Jampa— denunciamos estas violaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el gobierno brasileño responda ante esta crisis social y ambiental. La Relatora Especial sobre Derechos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión, Soledad García Muñoz, manifestó su solidaridad con el pueblo y las autoridades brasileñas ante la tragedia y llamó al Estado a “tomar todas las medidas necesarias para evitar un mayor deterioro de los ecosistemas afectados, tomando en consideración que el tiempo, los recursos y la actuación en clave de derechos humanos son factores claves para la efectividad de un plan de contingencia como el que la situación merece”. Y añadió: “cuanto más lentas o parciales sean las acciones, más grandes e irreparables serán los daños para la costa brasileña y su biodiversidad, como para la calidad de vida de las personas que habitan en las zonas afectadas. Se requiere una respuesta tan urgente, como sensible ante hechos tan graves de contaminación, que además pueden acelerar los efectos del cambio climático sobre costas, manglares, humedales y otros hábitats ecológicamente vulnerables.”  

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Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

La contaminación del aire daña tu salud desde el primer día

Aunque ocurren por temporadas todos los años, las enfermedades respiratorias se agudizan cada vez más. Es la impresión que tiene la médica pediatra Gina Pinilla, quien trabaja en Bogotá, la capital colombiana. Cuando la calidad del aire disminuye, las complicaciones de salud de los niños y niñas que llegan a urgencias se incrementan. Pero lo que la doctora Pinilla ha observado en más de una década de experiencia no es mera impresión. Un estudio realizado por un equipo multidisciplinario de varias universidades de Colombia evidencia que los daños a la salud por la mala calidad del aire se notan desde el primer día. Los ingresos hospitalarios aumentan en las primeras 24 a 72 horas y pueden extenderse por casi dos semanas. Es el primer estudio “multi-ciudad” que se realiza en Colombia y en América Latina para determinar la relación entre la contaminación del aire y las enfermedades respiratorias y circulatorias en la población, señala la doctora Laura Rodríguez, de la Universidad Industrial de Santander y quien lideró la investigación. Cada contaminante afecta de forma diferente Uno de los hallazgos que más llamó la atención a los investigadores es que los daños que causan los contaminantes no son los mismos para niños y niñas que para adultos. Para los primeros se manifiestan como enfermedades respiratorias y en los adultos son complicaciones cardiovasculares. “Para los niños, hay más afectación entre aquellos que tienen de 5 a 9 años. Esto no quiere decir que los más chiquitos no estén afectados, pero es más probable que los que están en este grupo tengan un episodio que los lleve a urgencias”, explica la doctora Rodríguez. Cuando un niño o niña presenta complicaciones respiratorias puede quedarse hasta una semana hospitalizado y conectado a un apoyo respiratorio. “Son niños que necesitan hospitalizaciones prolongadas. Por una semana, quedan dependientes de máquinas de oxígeno. Después quedan con secuelas y se enferman frecuentemente”, cuenta la doctora Pinilla. La ventilación mecánica es muy agresiva para el cuerpo de los infantes, pues se les debe sedar, a veces por días. Ahora bien, la mezcla de contaminantes afecta también de manera diferente según la edad. “La contaminación en cada ciudad tiene su comportamiento propio: la interacción, la cantidad y mezcla cambian entre ciudades”, precisa la doctora Rodríguez. Por ejemplo, en Bogotá, la contaminación por dióxido de azufre (SO2) y material particulado (PM10 y PM2.5) se relaciona con enfermedades circulatorias de personas mayores de 60 años. Y la contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre y partículas PM2.5 aumenta significativamente la hospitalización de personas menores de 15 años. La investigadora dice que al daño causado por el dióxido de nitrógeno no se les da mucha importancia, pese a que está asociado con enfermedades cardiovasculares en adultos. Y, cuando ese contaminante se combina con dióxido de azufre y materiales particulados, sus efectos se potencian, explica al mencionar un seguimiento que analiza cómo interactúan los contaminantes. La contaminación afecta, aún en pequeñas cantidades Otro hallazgo importante del estudio da cuenta que no es necesario que los contaminantes lleguen a los límites máximos permitidos para que comiencen a dañar la salud. Por ejemplo, aunque el dióxido de nitrógeno sí es considerado nocivo, la regulación ha establecido límites de emisión muy altos. “Llegar a esos límites es muy difícil, la ciudad tiene que estar en una contaminación absurdamente alta para que las alertas suenen. El efecto en la salud no está relacionado con que se exponga a los límites o no, sino con el tipo de mezcla que usted está respirando porque los contaminantes se están potenciando entre sí”, explica la doctora Rodríguez. En varias ciudades de América Latina, los límites de contaminación que la reglamentación permite superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, el promedio anual de las PM10 (que son partículas sólidas como cenizas, hollín y polvo) en Bogotá es de 38 µg/m3 (microgramos por metro cúbico), cuando la OMS recomienda un máximo de 20. Otras ciudades de la región registran promedios anuales todavía mayores: 40 (Monterrey), 55 (Ciudad de México), 62 (Lima) y  69 (Santiago). ¿Qué significa esta información para tu ciudad?  Cuando la mala calidad de aire alcanza su nivel más crítico, el hospital se queda sin camas y muchos niños y niñas con enfermedades respiratorias se quedan en el área de urgencias, explica la doctora Pinilla. Tristemente, es una situación común debido a que no hay planes de acción ante las contingencias ambientales. Para la doctora Laura Rodríguez, el resultado más importante de su investigación es la evidencia de que hay efectos ante ciertos índices de contaminación que pueden ayudar a que las instituciones tomen cartas en el asunto. Son tres acciones las que pueden adoptar: Controlar y regular los parámetros de calidad del aire de las emisiones de las industrias y considerar la medición de otros contaminantes. Incrementar los esfuerzos de comunicación hacia la población sobre los riesgos de los niveles de contaminación en sus ciudades. Preparar a las instituciones hospitalarias, sobre todo en los primeros meses del año, cuando la contaminación alcanza su nivel más alto, agravado por variaciones en el clima. La investigadora destaca la importancia de hacer planes e investigaciones intersectoriales y multidisciplinarios que logren comprender el panorama de la contaminación del aire, y de asegurar que esa información llegue a manos de las autoridades. El estudio fue realizado también por Julián Alfredo Fernández-Niño (U. del Norte, Barranquilla), Néstor Rojas (U. Nacional), Luis Camilo Blanco (U. Santo Tomás) y Víctor Herrera, U. Autónoma de Bucaramanga). Consúltalo aquí.  

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Fortalecimiento de Capacidades, Minería, Fuentes de Agua Dulce

Seminario virtual "Impactos a perpetuidad: El legado de la minería"

La minería metálica de gran escala tiene impactos que, tras el cierre de las minas, pueden persistir por siglos, milenios o más tiempo. Esos impactos están contemplados en la legislación de varios países, pero no en América Latina. Además, implican costos económicos, sociales y ambientales que, por su duración y naturaleza, ninguna institución puede asumir. ¿Qué se puede hacer ante esta realidad? ¿Debemos encontrar formas de gestionar estos impactos o debemos evitarlos? En este seminario virtual, respondimos a esas interrogantes y presentamos la publicación "Impactos a perpetuidad. El legado de la minería", escrita por Andrés Ángel geólogo y asesor científico de AIDA.   PANELISTA Andrés Ángel, geólogo y asesor científico de AIDA.   grabación   Presentaciones 1. Presentación introductoria:   2. Presentación de Andrés Ángel, geólogo y Asesor Científico de AIDA:  

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