En el contexto de la pandemia y desde el inicio del aislamiento obligatorio impuesto en el país, empresarios han solicitado al gobierno de Colombia la “simplificación de trámites ambientales”.

El 3 de abril, 25 empresarios enviaron una carta al presidente Iván Duque pidiendo simplificar trámites como la consulta previa, la licencia ambiental y de regalías. 

Relacionadas con esa solicitud, están varias acciones que vulneran los derechos fundamentales de comunidades étnicas. 

Una de los primeras medidas fue el intento de simplificar la consulta previa, proponiendo hacerla virtual. Ante ello, las comunidades indígenas y la Procuraduría solicitaron al Ministerio del Interior respetar los derechos humanos y que se retrocediera en la medida, solicitud que fue aceptada. 

Sin embargo, la búsqueda por cambiar la forma de realizar consultas continúa. A solicitud del Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental (ANLA) están impulsando varias audiencias ambientales virtuales, proponiendo incluso realizarlas en radio y en plataformas digitales como Facebook y YouTube. Se trata de audiencias que atienden asuntos neurálgicos en materia ambiental para el país.

El problema es que en esas plataformas la comunicación es unilateral, anulando la posibilidad de discutir temas técnicos y presentando un obstáculo para quienes tienen un acceso limitado a internet, denunció la organización DeJusticia.

Con la expedición de la Resolución 642 del 13 de abril de 2020, la ANLA abrió la vía para que la participación fuese virtual.

Días después, programó una audiencia virtual para discutir un tema muy importante para la región: el regreso de las aspersiones con glifosato. En dicha audiencia, planeada para el 27 de mayo, se buscaba abordar la modificación del plan de manejo ambiental del glifosato. Gracias a una acción judicial, la audiencia fue suspendida el 18 de mayo por una jueza del departamento de Nariño.

Como es evidente, existe una intención constante de llevar a cabo propuestas similares durante la pandemia, que han sido detenidas por la alerta tempana de la ciudadanía, acciones judiciales y pronunciamientos de las autoridades de control.

El 20 de mayo, el Tribunal Administrativo de Santander ordenó al Ministerio de Ambiente planificar mesas de trabajo virtuales.  Y se ha convocado a realizar el trámite virtual de la audiencia pública sobre el páramo de Santurbán, donde un megaproyecto minero amenaza con dañar este ecosistema estratégico para la provisión de agua y para la mitigación de la crisis climática. 

Hacer audiencias virtuales implica un perjuicio para las comunidades campesinas, indígenas, urbanas y para la sociedad colombiana en general, que además de estar pasando por uno de los peores momentos, no tienen acceso a internet ni necesidades básicas satisfechas que garanticen su participación virtual. 

En Colombia, así como en la región, los derechos de acceso a la información, a la justicia y a la participación son de los más vulnerados. Debemos activar todas las alertas para que la pandemia no se convierta en una excusa para seguirlos vulnerando.

Es necesario que se suspendan de inmediato los trámites hasta que no existan garantías para el debido ejercicio del derecho a la participación y para el ejercicio de la veeduría nacional e internacional.