Contaminación Tóxica

Fuentes de Agua Dulce, Contaminación Tóxica

Declaratoria de parte de Santurbán como Parque Natural Regional es el inicio para cumplir con la exclusión de páramos de la minería

AIDA destaca la decisión e insta al Ministerio de Ambiente a garantizar la protección de estos ecosistemas en su totalidad. Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) recibió con beneplácito la declaratoria de una parte del páramo de Santurbán, ubicado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander (Colombia), como Parque Natural Regional. La medida, tomada en enero, reafirma la exclusión legal de los páramos de actividades mineras en Colombia, por lo que aún debe garantizarse la protección del conjunto de estos ecosistemas.   Así quedó expresado en una carta enviada por AIDA al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Instituto Alexander Von Humboldt y a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) de Colombia. La declaratoria cubre 11,700 hectáreas de las 92,000 que conforman el páramo, y fue propuesta al consejo directivo de la CDMB por el Ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, con base en un concepto previo técnico del Instituto Von Humboldt.   “En AIDA llevamos más de cinco años reiterando la obligación nacional e internacional del Estado colombiano de proteger los páramos, por lo cual insistimos en que el gobierno la cumpla y excluya la minería de estos ecosistemas”, declaró Paulo Bacca, abogado de la ONG.   AIDA ha insistido en la exclusión de los páramos de la minería a través de observaciones a los Código de Minas y proyectos de ley, y mediante el seguimiento a casos paradigmáticos como el de Santurbán. Por ello celebramos que el Ministerio de Ambiente, en la misma línea que los argumentos constitucionales e internacionales entregados por AIDA, negara la licencia ambiental solicitada por la firma canadiense Greystar Resources Ltda. (ahora Eco Oro Minerals) para implementar la mina de oro Angostura en el corazón del páramo.   “Este asunto supera el ámbito jurídico, es un tema de seguridad nacional y de calidad de vida de los y las colombianas, pues los páramos son esenciales para el abastecimiento del 70% del agua dulce, la conservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático e incluso la generación de energía”, señaló Astrid Puentes Riaño, co-directora ejecutiva de AIDA.   Finalmente y para evitar que la falta de demarcación sirva de excusa para impulsar proyectos mineros en las zonas de páramo, AIDA exhorta al Ministerio a que acoja de inmediato la cartografía del nuevo atlas de páramos entregada por el Instituto Von Humboldt hace unos meses. Creemos que acoger la cartografía “contribuiría a evitar que las empresas mineras se escuden en la falta de definición y demarcación de los páramos para impulsar proyectos mineros en dichas zonas”, brindando claridad a su protección y a la de los demás ecosistemas sensibles.   Vea la versión en PDF de la carta.

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Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

¿Hasta cuándo esperará La Oroya?

Por María José Veramendi Villa, asesora legal de AIDA, @MaJoVeramendi “No a las ONGs antimineras…fuera de La Oroya c…”, es una de las pintas que se lee a un costado del camino al ingresar a La Oroya. Esta ciudad —ubicada en los Andes centrales peruanos, a 3.750 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) y a unos 175 kilómetros de Lima— es una de las más contaminadas del mundo y alberga en casa al principal agente contaminante. Al llegar a la ciudad, la vista recae inevitablemente en la enorme chimenea del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), fundado en 1922 por la Cerro de Pasco Copper Corporation y operado por CENTROMIN Perú entre 1974 y 1997, año en que fue adquirido por la empresa Doe Run Company-Doe Run Perú (DRP). Actualmente, y hasta que un banco de inversión concrete su venta, el CMLO es operado por la liquidadora Right Business. Cuenta con circuitos de fundición y refinado de cobre, zinc y plomo, y con un sub-circuito para el procesamiento de otros metales como cadmio, plata y oro. El manejo del CMLO por parte de DRP y Right Business ha sido, por decirlo menos, impune. La compañía ha incumplido las obligaciones asumidas conforme al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), cuyo plazo de cumplimiento fue ampliado en dos oportunidades.   Así, el complejo permaneció cerrado desde 2009 y por casi tres años debido a graves problemas económicos y al incumplimiento del PAMA. Tras varios intentos fallidos de DRP por lograr una nueva ampliación del plazo para cumplir con el PAMA, éste venció en marzo de 2012.  Sin embargo, el 28 de julio de 2012, el CMLO reinició las operaciones del circuito de zinc sin haberse evidenciado el cumplimiento integral de sus compromisos ambientales. Pero entonces ¿con base en qué instrumento de gestión ambiental se reiniciaron operaciones? La respuesta aún es un misterio y la explicación de las autoridades, inexistente. Demás está decir que mientras el CMLO permaneció cerrado, la remediación de la contaminación brilló por su ausencia. Cabe destacar que para el 28 de agosto y tras el reinicio de las operaciones del circuito de zinc, la Dirección General de Salud (DIGESA) ya había registrado tres situaciones de emergencia, siete de peligro y 15 de cuidado. Hace poco se iniciaron las pruebas de calibración para poner en funcionamiento el circuito de plomo. Según el diario El Comercio, un ejecutivo de Right Business señaló que ello implica que “podrían existir momentos en los que se dispare la emisión de dióxido de azufre. Si esto ocurre, se dan las alertas necesarias para detener las pruebas y ajustar el procedimiento hasta lograr controlar plenamente la operación”. Al hacer una consulta sobre la calidad del aire en La Oroya entre el 3 y el 9 de diciembre, el buscador arrojó cuatro situaciones de cuidado y una de peligro por niveles elevados de dióxido de azufre en la estación de Sindicato, y tres situaciones de cuidado en la estación de Hotel Inca. Esto quiere decir que mientras se realizan las pruebas, la población se sigue contaminando. La Oroya es una ciudad de grandes contrastes. Alberga por un lado a un sector de la población que en su mayoría trabaja en el CMLO y para quienes la contaminación es invisible y los altos niveles de plomo y otros metales pesados en la sangre no representan ningún peligro.  Por el contrario, los indicadores son considerados por ese grupo como parte un discurso obstruccionista de las “ONGs antimineras” y de otros oroínos, frecuentemente estigmatizados por, según ellos, querer frenar el desarrollo de La Oroya y del país entero. Del otro lado está el sector de la población que ha decidido poner un alto a la situación y luchar por sus derechos y los de sus hijos y, aunque resulte irónico, por el derecho de todos los habitantes de La Oroya a vivir en un ambiente sano. Hace dos semanas estuve con algunos de estos luchadores y luchadoras, beneficiarios y beneficiarias de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2007 y víctimas de un caso por violaciones a sus derechos humanos, que está en curso ante dicho organismo. Las medidas cautelares obligan al Estado peruano a proveer de un diagnóstico médico especializado para los beneficiarios y tratamiento médico especializado y adecuado para aquellos cuyo diagnóstico demuestre que se encuentran en una situación de peligro de daño irreparable a su integridad personal o a su vida. A la fecha, ello no se ha cumplido a cabalidad y, salvo unas cuantas honrosas excepciones, la atención que han recibido estos hombres y mujeres ha sido, en muchos casos, deplorable. Han sido maltratados y re-victimizados por el sistema de salud.  Frases como “esto ya no tiene solución” han sido recurrentes al hacer referencia a su estado de salud o al de sus hijos o hijas. En 2002, Anna Cederstav y Alberto Barandiarán publicaron un excelente libro, fruto de un análisis y seguimiento de los reportes de emisiones atmosféricas de DRP entre 1996 y 2001. En el texto, titulado “La Oroya no espera”, se recomendó a la DIGESA, entre otros, “[i]mplementar en conjunto con la empresa un sistema de evaluación médica y monitoreo para todos los pobladores de la ciudad de La Oroya, particularmente a niños y mujeres gestantes, con la finalidad de atender situaciones de emergencia y evitar más impactos graves a la salud de la población”. Han transcurrido diez años de la publicación y cinco desde las medidas cautelares y pese a que existen protocolos de atención y recomendaciones de grupos de expertos, estos luchadores y luchadoras siguen esperando a que el Estado atienda adecuadamente su situación de salud, repare la violación a sus derechos y ponga un alto a una empresa que opera y contamina de manera impune. ¿Hasta cuándo…?

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Minería, Contaminación Tóxica

Minería: ¿Un riesgo para el derecho humano al agua?

Nací en octubre de 1982 en Managua, capital de Nicaragua. Mi país es el más grande de Centroamérica, con 130,373.4 kilómetros cuadrados, pero el menos densamente poblado con 5.1 millones de habitantes. Esconocido como la “tierra de lagos y volcanes” por sus 21 cuencas hidrográficas —que albergan 85 ríos, 47 lagunas y dos grandes lagos— y su extensa cadena volcánica. Pero los recursos hídricos de Nicaragua se encuentran en peligro por actividades humanas (no sostenibles) como agricultura, pesquería y minería, situación similar en muchas partes del mundo. Observar el atardecer frente a la Laguna de Apoyo en el Departamento de Masaya, teniendo en el horizonte a la Ciudad de Granada (ciudad colonial), asentada a orillas del Lago Cocibolca, es una de las experiencias más maravillosas que he vivido, razón por la cual, me preocupa el daño a las fuentes de agua de mi país y de otros en la región y como esto afectará la calidad de vida y el nivel de bienestar de la personas. Daño al agua La Organización Mundial para la Salud (OMS) establece que “El agua dulce es un recurso limitado y su calidad está bajo presión constante. Preservar la calidad del agua dulce es importante para el abastecimiento de agua potable, la producción de alimentos y el uso de aguas recreativas.” La minería es una de las industrias más intensivas del mundo en el consumo de agua, afectando tanto lacantidad (disponibilidad) como la calidad de la misma. La primera se ve impactada por los grandes caudales quese utilizan en todo el proceso de extracción de minerales. A nivel internacional, un claro ejemplo del alto consumo de agua, son las actividades mineras desarrolladas en el desierto del Nordeste de Nevada, Estados Unidos, donde entre 1986 y 2001 se bombearon 580 millones de galones de agua, lo suficiente para abastecer a Nueva York por más de un año. Al respecto, Safe Drinking Water Foundation, organización canadiense que realiza investigaciones sobre el tema, indica que la calidad del agua se ve afectada por diferentes procesos de contaminación. Al remover la tierra para extraer los minerales, se libera el sulfuro que se encuentra en las rocas por naturaleza, pero que al entrar en contacto con el agua y el aire, se convierte en ácido sulfúrico (Drenaje Acido de Minas), altamente dañino para la calidad del agua y la biopersidad. Además, para extraer y separar minerales como el oro, se utilizan ciertos agentes químicos como el ácido sulfúrico y el cianuro, nocivos para el ser humano y la biopersidad. La exposición crónica a sustancias químicas en el agua potable puede afectar el desarrollo cognitivo de los niños. Algunos casos A lo largo del continente americano, encontramos diferentes experiencias y testimonios de los impactos negativos de la minería en el ambiente. En Centroamérica, se encuentra la mina El Limón, en Nicaragua, cuya población aledaña sufre la carencia de agua potable por la contaminación de las fuentes de agua con cianuro y otros metales pesados. En Sudamérica está el caso de la ciudad de La Oroya, en Perú, donde las actividades de la metalúrgica Doe Run —empresa procesadora de cobre, plomo y zinc— han generado una crisis de salud pública debido a la liberación de gases tóxicos. Otro caso es el de la Mina Yanacocha, también en Perú, que en el año 2000 provocó una crisis similar a la anterior a causa de un derrame de mercurio que afectó a 925 personas, de las cuales 135 fueron hospitalizadas por la contaminación. En conclusión, la minería no sostenible representa un riesgo para el Derecho Humano de“Acceso al Agua Potable y Saneamiento” —reconocido por las Naciones Unidas en la Resolución 64/292.— al poner en peligro la cantidad y calidad de las fuentes hídricas. De igual forma, al afectar la calidad del agua, la minería viola además otros derechos como el Derecho Humano a la Salud y a un Ambiente Sano.

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Océanos, Contaminación Tóxica

¡Qué rico un salmón silvestre! ¿Será que todavía hay?

Por Gladys Martínes, asesora legal de AIDA Hace un tiempo conocí a don Federico, un pescador panameño con más de 26 años de experiencia y miles de historias que compartir. Don Federico contaba que, cuando empezó a pescar, veía frecuentemente delfines, ballenas, tiburones y tortugas. En todos sus viajes, la captura era súper abundante. Además, nos contó que, por ignorancia, los pescadores mataban hasta 300 delfines que se enredaban en sus redes, durante cada jornada diaria. Hoy solamente 20 años después, vemos tristemente los efectos de la pesca sin control ypescadores como don Federico tienen muchas dificultades para sobrevivir de la actividad que ha mantenido a sus familias durante siglos. Ahora es todo un evento encontrarse delfines, ballenas y tiburones. Diferentes pesquerías han colapsado o han sido cerradas por agotamiento, y enormes cantidades de tiburones mueren desangrados a causa del aleteo. Mientras tanto, las tortugas son cada vez más escasas, amenazadas por la pesca de camarón sin los excluidores de tortugas y con palangre. Sus sitios de anidación están invadidos de construcciones y la civilización; dos factores que las alejan y les impiden cumplir con su ciclo reproductivo. Los nietos de don Federico no van a poder conocer ni una pequeña fracción de los peces que su abuelo pescaba diariamente. Quizás por la falta de pulgación de información, la mayoría de personas no conocen el grave estado de los océanos y las autoridades no priorizan las medidas de conservación. En los últimos años, estudios científicos han demostrado lo que ya saben pescadores como don Federico. Las cifras hablan por sí solas : la pesca comercial es la causa principal de la desaparición del 90% de grandes especies de pelágicos como pez espada, bacalao, marlin y tiburones. Unaevaluación global de las reservas marinas silvestres demuestra que de 441 grupos de especies estudiadas 52% están totalmente explotadas, 25% sobreexplotadas y 20% moderadamente explotadas. La realidad La crisis de los océanos es evidente. La falta de políticas claras e integrales que aborden el problema; la ausencia de mecanismos de control, monitoreo y protección adecuada para estos recursos; y el bajo nivel de cumplimiento de las leyes, regulaciones y tratados internacionales vigentes relacionados al tema. Estos factores son un pretexto para no defender la posibilidad de conservar la biopersidad marina y los ecosistemas e incluso, que las generaciones futuras puedan saborear un riquísimo salmón ahumado o un filete de corvina. Los tomadores de decisiones en temas marinos en toda América Latina tienen la oportunidad de crear legislación eficaz que proteja nuestros recursos marinos. Por ejemplo, en México está aun pendiente de expedirse el Reglamento a la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable luego de años de espera; mientras que Honduras y Panamá tienen cuentan con leyes de 1959. No permitan que la historia de don Federico sea una profecía sino más bien una advertencia que motivé a proteger lo que pertenece a todos ahora y en el futuro.

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Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

La reducción de los límites de plomo en los EE.UU. debería ser una señal para el gobierno de Perú al considerar la reapertura del complejo metalúrgico de La Oroya

Los niveles deberían ser cero para realmente proteger a los niños. San Francisco, EE.UU. El gobierno de Perú debería reducir los límites de exposición al plomo a raíz de los cambios hechos por las autoridades de salud pública de los Estados Unidos, mientras que considera la reapertura del complejo metalúrgico de La Oroya donde la tasa de envenenamiento por plomo en niños y niñas es muy alto. El 16 de mayo de 2012, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los EE.UU. redujo a la mitad su recomendación para la exposición al plomo en niños y niñas, siendo esta la primera reducción en 20 años. El nuevo estándar recorta a la mitad el umbral apropiado considerado un riesgo para los niños y niñas menores de seis años, de 10 microgramos por decilitro de sangre a 5 microgramos/decilitro.  El CDC concluyó que cualquier exposición al plomo en niños es peligroso y que el plomo es conocido por estar asociado con coeficientes intelectuales reducidos, problemas de aprendizaje, desorden de déficit de atención e hiperactividad (ADHD) y problemas de comportamiento.  El CDC también dijo que los impactos de envenenamiento por plomo son irreversibles. Además, el CDC concluyó que va a reenfocar su estrategia para prevenir la exposición al plomo en niños y niñas, en vez de seguir con un enfoque clínico de responder a los impactos de exposición. Occupational Knowledge International, una organización de San Francisco, California, dedicada a reducir la exposición al plomo, calificó la decisión del CDC como “un cambio histórico en la política de prevención de envenenamiento por plomo.” Esta decisión es una señal de alerta para el gobierno de Perú para enfrentar los problemas de salud pública por plomo en diversos sitios, en particular respecto a Doe Run Perú en la ciudad de La Oroya.  La compañía, que pertenece al multimillonario Ira Rennert del Grupo Renco con sede en Nueva York, quiere reabrir el complejo metalúrgico que fue cerrado en 2009 por incumplimiento de sus obligaciones del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) incluyendo la reducción de emisiones de plomo que han envenado especialmente a los niños y niñas de la ciudad.  El gobierno debería considerar los hallazgos del CDC e insistir en la reducción de las emisiones de plomo si decide aceptar la reapertura del complejo metalúrgico por cualquier operador. “El reconocimiento del CDC de que ningún nivel de plomo es sano es una muestra aún más importante para el gobierno peruano para tomar acciones en la ciudad de La Oroya y prevenir el envenenamiento por plomo,” dijo Anna Cederstav, Co-Directora de AIDA. “El impacto permanente del envenenamiento por plomo en niños es peor de lo que pensábamos. Cualquier nivel de plomo ya no es considerado seguro.” El gobierno de Perú les debe a los niños y niñas de La Oroya y del país reducir su exposición a plomo para asegurar una vida más sana.

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Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

El Congreso del Perú no debe otorgar extensión sin condiciones a Doe Run en La Oroya

Empresa usa tácticas legales y políticas cuestionables para presionar al gobierno. San Francisco, EEUU. Mientras que el Congreso peruano se encuentra considerando una norma para otorgar a la empresa Doe Run Perú (DRP) una extensión del plazo para el cumplimiento de las obligaciones del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por tercera vez, DRP usa tácticas legales cuestionables para presionar al Perú. El gobierno peruano no debe permitir la reapertura del complejo metalúrgico de La Oroya sin que la empresa cumpla de antemano sus obligaciones ambientales, se pronunciaron el martes las organizaciones internacionales Earthjustice y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. El Grupo Renco, la matriz de DRP, ahora mantiene una demanda en contra del Estado de Perú ante un tribunal de arbitramento internacional por $800 millones de dólares – monto que corresponde a la multa esperada como resultado de una demanda contra Renco en los EEUU interpuesta por niños envenenados de plomo en La Oroya. DRP está exigiendo al Estado que asuma la responsabilidad en este caso. En tal escenario, es importantísimo aclarar que incluso si el Congreso peruano le otorga a DRP otra extensión del PAMA y le permite reabrir el complejo metalúrgico, esto no tendría ningún impacto en el caso del arbitraje y la exigencia de que el Estado pague a DRP $800 millones de dólares. Si el Congreso peruano considera que puede o debe otorgar una extensión al PAMA, este debería insistir en al menos tres puntos no negociables: Primero, que el Grupo Renco desista de continuar con la demanda de arbitraje internacional comercial. Segundo, que Doe Run acuerde que ésta asumirá toda responsabilidad en los EEUU relacionada con la contaminación proveniente de la fundición. Tres, DRP debería cumplir con la totalidad de sus compromisos del PAMA, antes del inicio de cualquier operación, de tal manera que el Estado peruano pueda empezar la remediación de suelos y de esa manera proteger la salud y los derechos humanos de los niños de La Oroya. "El Congreso debe reconocer que una extensión de ningún manera garantizaría que la empresa desistirá de la demanda, ni que cumplirá por fin con sus obligaciones ambientales. La demanda por $800 millones de dólares no tiene nada que ver con si se le permite a DRP continuar operando el Complejo. Pero los riesgos para la salud – y los riesgos económicos por posibles demandas contra el Estado para el país – son demasiado graves para que el Estado apruebe una extensión al PAMA. Si lo hace, el Estado quedaría vulnerable a la responsabilidad que pueda surgir en casos futuros de terceros por daños sufridos en La Oroya," dijo Anna Cederstav de Earthjustice y AIDA. "No podemos seguir visibilizándonos como un país débil, que cede ante la presión de una empresa irresponsable…. El Perú que todos queremos es aquel que hace cumplir las reglas que como Estado hemos decidido e impuesto, y que la vida está sobre cualquier interés particular," dijo César Ipenza, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

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Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Los esfuerzos del Perú para limpiar La Oroya no deben detenerse por una demanda del inversionista contra el Estado

San Francisco, EEUU. Pronunciamiento de Earthjustice, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y Public Citizen, Organizaciones Internacionales: En 1997, hace quince años Doe Run Perú (DRP), una compañía estadounidense, compró al gobierno del Perú, la fundición de metales localizada en La Oroya, Perú. Como condición de la compra, DRP aceptó cumplir con un número de requerimientos destinados a proteger el ambiente y la salud de la población de la zona. Durante todo este tiempo DRP ha incumplido este compromiso. Hoy, en lugar de asumir sus responsabilidades, DRP y su matriz, el Grupo Renco, están usando tácticas legales y políticas cuestionables para continuar evadiendo sus responsabilidades – fundamentalmente mediante una demanda de arbitraje internacional comercial contra el Estado de Perú. En 2011 el Grupo Renco, al cual pertenece DRP, presentó una demanda en contra del Estado de Perú ante un tribunal de arbitramento internacional por $800 millones de dólares, argumentando supuestos incumplimientos del Estado peruano en honrar sus obligaciones legales. Sin embargo, el Perú no debe ser disuadido de sus esfuerzos para exigir que la empresa descontamine La Oroya. Estas son sólo algunas de las razones del por qué: Aun si el Estado peruano le otorgara a DRP otra extensión del PAMA, la responsabilidad de los reclamos en el caso del arbitraje contra el Estado permanecerá, porque la demanda de arbitraje del Grupo Renco contra el Estado peruano abarca más elementos que la extensión del PAMA contemplada la propuesta de ley. Asombrosamente el Congreso peruano se encuentra debatiendo en este momento una norma para otorgar una extensión del plazo para el cumplimiento de las obligaciones del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por tercera vez. El proyecto de ley fue aprobado de forma singularmente rápida en la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Sin embargo, los legisladores no deben asumir que el Grupo Renco desistirá de llevar adelante la demanda de arbitraje contra el Estado si el Congreso otorga dicha extensión. Es más, la empresa muy posiblemente encuentra ventajoso mantener en curso una demanda (o empezar nuevas) con el fin de presionar al gobierno a través del proceso del arbitraje internacional. La empresa está usando el arbitraje para aislarse de penalidades en el caso de la demanda en la Corte de Missouri, EEUU. En el 2007 un grupo de abogados presentó una demanda en Missouri (donde se encuentra la sede principal de Doe Run) en representación de los niños de La Oroya, alegando sufrir serios problemas de salud como resultado de la exposición a la contaminación de la fundición de propiedad de la empresa en el Perú. En un caso similar en Missouri resuelto el año pasado sobre daños a 16 niños, la Corte de Missouri emitió un fallo favorable a los afectados requiriendo un pago de US$ 358 millones de dólares estadounidenses. En el mencionado caso sobre La Oroya en Missouri, Doe Run ha insistido que el gobierno peruano – no la empresa – debe ser responsable de dichas demandas por envenenamiento (aunque los reclamos a favor de los niños sólo comprenden los daños ocurridos después que DRP compró la fundición). Por lo tanto, es muy probable que la empresa trate de mantener en curso la demanda de arbitraje contra el Estado peruano hasta que se haya resuelto el caso en Missouri, para que el Grupo Renco pueda usar el arbitraje con el fin que los contribuyentes peruanos paguen la condena contra la empresa. El Grupo Renco está utilizando la demanda de arbitraje para trasladar el caso de Missouri a las cortes federales y evadir su responsabilidad. Doe Run ha tratado agresivamente de desviar el caso en Missouri al insistir que los reclamos de los niños de La Oroya sean atendidos en las cortes federales de los EEUU dónde parece que Doe Run crea que es más probable ganar el caso. En dos oportunidades la juez en Missouri rechazó esta intención de la empresa. Luego de iniciar un arbitraje internacional comercial contra el Estado, Doe Run formuló un nuevo argumento y convenció a la juez de trasladar el caso de los niños de La Oroya a las cortes federales de EEUU, quienes tienen jurisdicción sobre reclamos relacionados con tratados internacionales. Dado que Doe Run necesita que el arbitraje internacional se mantenga pendiente para sostener su argumento que el caso debe llevarse en la corte federal, el Grupo Renco tiene un incentivo para mantener la demanda de arbitraje contra el Estado. Dicha demanda de arbitraje está pendiente sin importar si el poder legislativo peruano extienda el PAMA. Ceder a la amenaza del arbitraje internacional de inversión establecería un mal precedente para Perú y el mundo. Como fue mencionado arriba, el Grupo Renco está tratando de usar los procedimientos de arbitraje internacional comercial para atender intereses muy diferentes. En todo caso, el factor común es que el arbitraje amenaza con responsabilizar al Perú – y a sus ciudadanos – por la contaminación en La Oroya y de cualquier sanción que esto implique. Si el gobierno responde a esta amenaza dando un trato especial a DRP a expensa de los niños y niñas de La Oroya, ello enviaría el mensaje a DRP y a las compañías multinacionales en el mundo, que dichas amenazas son efectivas. Esto debilitaría la posibilidad del Perú de proteger sus intereses, incluyendo el ambiente y los derechos humanos, frente al mal comportamiento de las empresas. DRP usa argumentos falsos para tratar de echar la culpa a otros. Adicionalmente a las demandas del arbitraje, DRP ha argumentado por mucho tiempo que la empresa estatal Activos Mineros debería culminar las obligaciones de la ejecución del PAMA para remediar los suelos alrededor del complejo metalúrgico en La Oroya. Ahora, DRP está reclamando ser víctima de un tratamiento injusto porque Activos Mineros aún no ha sido requerido para hacerlo. Este argumento no tiene sentido. Es ampliamente conocido que los suelos limpiados serán contaminados nuevamente si continúa la contaminación. En Missouri, las autoridades estimaron que los suelos cercanos a la fundición de Doe Run se volverían a contaminar pocos años después de la ejecución de medidas de rehabilitación que costaron millones de dólares. DRP debe tener conocimiento de esto, sin embargo argumenta que los contribuyentes peruanos deberían gastar millones de dólares en la limpieza de los suelos de La Oroya que se volverían a contaminar al poco tiempo del reinicio de operaciones de la fundición, si no se instalan todos los sistemas de control de contaminación necesarios. Esto sería un gasto inútil de recursos y no resolvería los problemas de salud de La Oroya. Es cierto que urge que el Estado remedie los suelos contaminados. Sin embargo, no tiene sentido hacerlo hasta que DRP complete la instalación de la tecnología para el control de la contaminación que ha prometido y que no ha cumplido por 15 años. El gobierno del Perú debe tener en cuenta estos hechos y asegurar que su decisión NO sea tomada por la presión para abrir el complejo nuevamente. El gobierno del Perú debe garantizar que está considerando y protegiendo no solamente los derechos de los trabajadores, la economía de la región, la salud y derechos humanos de los ciudadanos de La Oroya, los que podrían ser perjudicados por la reapertura del complejo; sino también que se están protegiendo los intereses económicos nacionales. La reapertura del complejo sin deslindar las responsabilidades en casos de reclamos de terceros como aquel en curso en Missouri, sería una medida disparatada y representaría un riesgo económico significativo para la nación. Ello podría resultar incluso en mayores costos económicos para los peruanos que los beneficios obtenidos por la operación del complejo. Si el Congreso peruano siente que puede otorgar una extensión al PAMA, este debería insistir en al menos tres puntos no negociables: Primero, que el Grupo Renco desista de continuar con la demanda de arbitraje internacional comercial. Segundo, que Doe Run acuerda que ella asumirá toda responsabilidad en los EEUU relacionada con la contaminación proveniente de la fundición. Finalmente, DRP debería cumplir con la totalidad de sus compromisos del PAMA, antes del inicio de cualquier operación, de tal manera que el Estado peruano pueda empezar la remediación de suelos y de esa manera proteger la salud y derechos humanos de los niños de La Oroya. Cada día que la suerte del complejo de La Oroya permanece indefinida sin una solución final de la contaminación, las personas de La Oroya siguen expuestos a riesgos graves a la salud y al mismo tiempo aumentan los daños que los aquejan. Por lo tanto, tanto DRP como el gobierno del Perú podrían ser declarados responsables.

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Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

El presidente de AIDA Manuel Pulgar-Vidal fue nombrado Ministro del Ambiente en Perú

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) felicita a Manuel Pulgar–Vidal por haber sido nombrado titular del Ministerio del Ambiente en Perú. Pulgar-Vidal es un abogado ambientalista y líder de opinión que fungió como presidente de Consejo Directivo de AIDA por ocho años. Con su nueva encomienda, es el tercer peruano que ha jurado ese importante cargo gubernamental. Estamos muy agradecidos por todo el trabajo y la dirección que Pulgar-Vidal ha dado a AIDA desde que ayudó a fundar la organización en 1996. El nombramiento es un reconocimiento bien merecido a un hombre que ha dedicado su vida a defender derechos humanos y el medio ambiente. Su nueva posición no será sencilla. Pulgar-Vidal se une a un nuevo gobierno en funciones que enfrenta su primera crisis: disenso popular por los impactos potenciales en la construcción de una gigantesca mina de oro, pero la oportunidad de fortalecer la gobernanza ambiental y de institucionalizar la protección de la salud ambiental no tienen precio. Sabemos que está a la altura del reto.

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Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Doe Run solicita suspensión del juicio iniciado por los niños de La Oroya

Demandantes responden que arbitraje internacional entre Doe Run y el Gobierno del Perú no debe retrasar la justicia para los niños que sufren por la contaminación de plomo. San Luis, Missouri, EE.UU. La empresa Doe Run Resources y sus afiliados solicitaron el pasado agosto a la corte de Missouri, que suspenda la determinación de responsabilidad por los daños a la salud de 35 menores peruanos causados por las emisiones tóxicas de su metalúrgica ubicada en la ciudad de La Oroya, mientras no se resuelva una demanda internacional arbitral presentada por la mencionada empresa contra el Estado Peruano, bajo el Tratado de Libre Comercio entre PERÚ-EE.UU. Esta semana, los abogados de los niños respondieron ante la corte que lleva el caso, argumentando que los daños severos y acumulativos en la salud de los niños de La Oroya, causados por  la contaminación de metales pesados ocasionada por esta empresa, no permite una mayor postergación.    Renco Holding Company, el dueño de Doe Run Resources y Doe Run Peru (DRP), presentaron una demanda de arbitraje contra el Gobierno del Perú ante un tribunal internacional en abril de 2011. Con este proceso, Doe Run busca asignar la responsabilidad económica por daños a la salud de la comunidad de La Oroya al Gobierno Peruano. Renco, a través de Doe Run Perú compró el Complejo Metalúrgico de La Oroya al Gobierno Peruano en 1997. Desde el 2009, DRP mantiene paralizado el mencionado complejo y mantiene negociaciones con el Estado Peruano para poder reiniciar sus operaciones.   En julio pasado, la corte en Missouri le impuso una multa de $320 millones de dólares a Doe Run Investment Holdings Company y otros, los antiguos dueños de la metalúrgica de esta ciudad, por ser responsables de los problemas de salud (similares a los de La Oroya), presentados en 16 menores de edad que residían dentro de la zona donde operaba la mencionada metalúrgica, entre los años 1986 y 1994.   “Cada día que no procede esta demanda en esta corte, los daños a estos niños siguen aumentando,” dijeron los abogados de los demandantes en la contestación a la apelación de Doe Run para la suspensión del juicio.   “Con esta solicitud, Doe Run intenta impedir otra vez la justicia y el remedio para la comunidad de La Oroya, buscando tan solo proteger sus intereses económicos,” dijo Anna Cederstav, Co-Directora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente.

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Fuentes de Agua Dulce, Minería, Contaminación Tóxica

Ministerio de minas colombiano anuncia la protección de los páramos frente a minería

Bogotá, Colombia. Colombia ha señalado que no se permitiría la construcción de una de las minas a cielo abierto de oro y otros metales más grande del hemisferio. En un paso sorprendentemente audaz, el 17 de marzo pasado el Ministro de Minas colombiano Carlos Rodado, aceptó que "De conformidad con la ley colombiana, no es posible desarrollar proyecto alguno de explotación minera en las zonas de páramo.” Si se aplica lo dicho, esto impediría la construcción del proyecto de gran minería de Angostura en el departamento de Santander, en el páramo de Santurbán. “Este es un paso importante en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y de los tratados internacionales por parte de Colombia para proteger los páramos,” dijo Natalia Jiménez Galindo, asesora legal de AIDA en Bogotá. “El Estado debe rechazar todo el proyecto de Angostura, tanto la  solicitud de explotación minera como la de infraestructura adicional”, concluyó Jiménez. Si se aprueba la mina Angostura se pondría en peligro el páramo de Santurbán, un humedal de gran altitud altamente frágil y que da agua a más de un millón de habitantes. En colaboración con varios socios, AIDA ha protegido este ecosistema contra la minería, prestando asesoramiento jurídico a organizaciones y enviando a las autoridades un análisis de las obligaciones internacionales aplicables. "Aplaudimos al Ministerio de Minas por este reconocimiento de la prohibición de la minería en los páramos y esperamos verlo reflejado en una decisión oficial" dijo Astrid Puentes Co-directora de AIDA. “Esto enviaría el mensaje adecuado por parte del gobierno colombiano que en realidad tiene la voluntad de proteger los páramos y de hacer una diferencia contra el cambio climático”. AIDA insta al Estado colombiano a rechazar formalmente la totalidad del proyecto de gran minería Angostura propuesto por Greystar Resources Corporation de Canadá.  Esta sería la única decisión coherente con el pronunciamiento del Ministerio de Minas  con las normas y con el concepto del Instituto Alexander von Humboldt. 

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