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24 January 2019

Desde hace décadas se viene desarrollando en Venezuela una de las mayores tragedias socioecológicas de América Latina.

En ese país, al sur del río Orinoco, está una de las zonas más biodiversas del continente, que alberga cataratas majestuosas e impresionantes tepuyes (mesetas gigantescas con paredes verticales y cimas planas) y que es hogar de comunidades indígenas. Allí y como ha ocurrido en otros países, la minería de oro de pequeña escala está causando daños ambientales irreversibles.

Esa actividad ha avanzado silenciosamente en los estados venezolanos de Amazonas y Bolívar. Hasta hace pocos años, no muchos investigadores le prestaban atención.

Dicha situación cambió en 2011, cuando el entonces presidente Hugo Chávez anunció la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, proyecto que se concretó cinco años después, en febrero de 2016, mediante un decreto de su sucesor en el cargo.

Foto: Bram Ebus / Infoamazonía.

 

Daños a gran escala de la minería

El proyecto del Arco Minero implica habilitar 111,843 kilómetros cuadrados —un área más grande que Guatemala o Cuba y de casi el doble de tamaño de la Faja Petrolífera del Orinoco— para la realización de proyectos mineros aún no definidos. Su implementación ha legitimado y exacerbado los daños causados por la pequeña minería, entre ellos la contaminación del agua, la deforestación y la destrucción de suelos fértiles. El proyecto apunta además al desarrollo de gran minería en esta región megadiversa.

Ahora, investigadores independientes como Carlos Eduardo Pacheco y otros de organizaciones como la Sociedad Venezolana de Ecología y Provita advierten de esos daños y de otros mayores por la falta de regulación ambiental en el país.

Gracias a sus estudios, investigaciones y análisis de imágenes satelitales, sabemos que en el área del Arco Minero y sus alrededores existen al menos 5 o 6 grandes focos de deforestación asociada a la minería y cientos de menor tamaño, que los ríos Caroní e Ikabarú y sus cuencas están siendo destrozados por la actividad y que se han provocado daños en los Parques Nacionales Caura y Canaima, así como en los territorios de las comunidades indígenas Pemón, Yekuana, Akawayo y Yanomami, entre otras.

Las consecuencias, alertan los investigadores, no son sólo ecológicas, sino también sociales. Una de ellas es el éxodo de miles de personas, desde las ciudades principales hacia la Orinoquía, escapando de la pobreza y en busca de oportunidades económicas en la minería.

Foto: Bram Ebus / Infoamazonía.

 

Además, en torno a la actividad minera, existen múltiples denuncias de trata de personas, prostitución, tráfico de drogas, extorsiones, masacres, presencia de grupos paramilitares e incluso de guerrillas procedentes de Colombia, así como daños a la salud de los mineros informales y sus familias debido al uso de mercurio.

Estadísticas del Ministerio del Poder Popular para la Salud dan cuenta de un fuerte incremento en la mortalidad de mínimo 500% y de hasta 700% entre 2002 y 2013 en municipios como Sifontes, El Callao, Cedeño y Roscio.

Muchos de los proyectos mineros de la zona están bajo el control de una mafia conocida como “Pranato Minero” de cuyos líderes poco se sabe.

Por otro lado, la gran minería transnacional no ha quedado al margen del proyecto. Incluso empresas canadienses que hace poco demandaron internacionalmente a Venezuela por controversias relacionadas con sus inversiones, han vuelto como socias del país en la explotación minera en la Orinoquía.

Alertando del problema en la Orinoquía

¿Dónde queda la responsabilidad social y ambiental? Parece no haber lugar para ella en un país con instituciones inexistentes y normas inaplicables.

Nos queda entonces preguntarnos qué podemos hacer desde las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil ante esta nueva crónica de una muerte anunciada, la del sur del Orinoco por deforestación y por mercurio.

En AIDA brindamos apoyo técnico y científico a las organizaciones que estudian esta problemática en Venezuela. Contribuimos a visibilizarla y a construir las redes necesarias para que la misma adquiera la relevancia que merece en la agenda pública —como uno de los atentados ecológicos y sociales más graves de la región y probablemente del mundo— y para que sea atendida con urgencia.

 

 

Sobre el Autor

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Andrés Ángel

Andrés Ángel es asesor científico del Programa de Agua Dulce. Es colombiano y trabaja con AIDA desde Bogotá. Tiene un B.Sc. en Geología y un M.A. en Políticas Públicas, con énfasis en Geogobernanza, de la Universidad de Potsdam, Alemania, estudios cursados como becario DAAD. Además, tiene experiencia como investigador en diversos conflictos socioecológicos y procesos de defensa de territorios, principalmente en aquellos relacionados con neoextractivismo. Ha trabajado también en el sector público colombiano en varias experiencias de control ambiental.

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