Derechos Humanos

La evaluación ambiental con enfoque climático: Clave para proteger los derechos humanos

En un fallo importante para la justicia climática en América Latina, el pasado 16 de junio, el Tribunal Constitucional de Costa Rica ordenó al gobierno incluir el análisis de impactos climáticos en la evaluación de todo proyecto, obra o actividad que pueda afectar el ambiente.La decisión fortalece logros similares obtenidos en otros países del continente gracias al litigio climático estratégico.  La sentencia en Costa Rica fue resultado de un litigio respaldado por AIDA y en el que presentamos un escrito legal con argumentos sólidos para evidenciar que incorporar una perspectiva climática en la evaluación de proyectos es una obligación basada en la legislación nacional, convenios internacionales y en la experiencia de otros países de la región.  Siendo la crisis climática la amenaza ambiental y a los derechos humanos más urgente que el mundo enfrenta actualmente, es importante que tribunales respalden la necesidad de que los gobiernos analicen los riesgos e impactos relacionados con el clima antes de autorizar cualquier proyecto o actividad.  El procedimiento establecido para desarrollar este análisis —conocido como evaluación de impacto ambiental (EIA)— busca justamente identificar, anticipar, analizar, mitigar y/o evitar las afectaciones ambientales de proyectos o actividades potencialmente perjudiciales.Al mismo tiempo, es una herramienta clave para prevenir que una propuesta de desarrollo vulnere los derechos de personas y comunidades, incluido el derecho universal a un ambiente sano.A continuación, detallamos las razones por las que los gobiernos deben evaluar los impactos de un proyecto en el clima antes de darle luz verde, que fueron nuestros aportes a la victoria judicial reciente en Costa Rica.   Obligaciones nacionales e internacionalesExisten varias normas nacionales que sustentan la obligación de incluir criterios sobre cambio climático en la evaluación ambiental de proyectos. En Costa Rica, tenemos, por ejemplo:El Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental, que dispone considerar el factor climático, particularmente respecto de la vulnerabilidad de ríos, lagos y otros cuerpos de agua, así como de la vida que sostienen.El Decreto 42465 de 2019, según el cual las instituciones que ejecutan obras de infraestructura pública deben evaluar los riesgos climáticos, el cambio climático y otros factores naturales o provocados por el hombre en todas las fases del proyecto. Nuestro escrito refiere también a una serie de documentos que analizan el riesgo climático en Costa Rica, país que por su ubicación en el trópico centroamericano está expuesto a fenómenos meteorológicos extremos —huracanes, tormentas tropicales, sequías e inundaciones— cuya frecuencia e intensidad han aumentado debido al calentamiento global.A nivel internacional, Costa Rica, al igual que otros países del continente, es parte de tratados y otros instrumentos del derecho internacional que implican obligaciones en materia de ambiente y derechos humanos que hacen referencia a la evaluación ambiental de proyectos:Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Establece que los gobiernos deben emplear métodos apropiados, como evaluaciones de impacto de proyectos, para reducir al mínimo los efectos adversos del cambio climático en la economía, la salud pública y el ambiente.Acuerdo de París. Obliga a los gobiernos a emprender y comunicar las acciones que realizarán para reducir las emisiones de gases que dañan el clima y para adaptarse a los impactos del cambio climático, las cuales deben respetar los derechos humanos.Convenio sobre la Diversidad Biológica. Compromete a los países a llevar a cabo procedimientos apropiados para exigir la evaluación de proyectos que puedan tener efectos adversos importantes en la diversidad biológica con miras a evitarlos o reducirlos al mínimo, permitiendo cuando proceda la participación pública.Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Pide a los países elaborar, fortalecer y poner en práctica las acciones pertinentes para alinear desarrollo y crecimiento sostenible, seguridad alimentaria, salud y seguridad, variabilidad y cambio climática, gestión ambiental y reducción del riesgo de desastres.Opinión Consultiva 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dispone que la evaluación ambiental de proyectos debe considerar su impacto acumulativo, evitar daños a comunidades indígenas y pueblos tribales, incluir planes de contingencia y mitigación, y garantizar que sea objetiva e independiente y con supervisión estatal. Lecciones de otros países de América LatinaEn varios países del continente, la obligación de incorporar criterios climáticos en la evaluación ambiental ha sido establecida institucionalmente y también respaldada por fallos judiciales. Dos casos recientes lo ejemplifican:Chile. En un litigio relacionado con la central termoeléctrica de Mejillones, ubicada en la Región de Antofagasta, en 2022, la Corte Suprema ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental de Chile analizar el componente atmósfera, incluyendo aquellos elementos que han variado en el ambiente terrestre a causa del cambio climático, desde el inicio de la ejecución del proyecto hasta la actualidad.Colombia. Ante una demanda contra la norma sobre permisos ambientales en el país, la Corte Constitucional declaró en 2024 que los estudios de impacto ambiental deben incluir una evaluación de los impactos en materia de cambio climático: “un fenómeno global determinado por múltiples variables biofísicas y socioeconómicas que interactúan en largos periodos de tiempo, que incide de una manera cada vez más decisiva en los procesos naturales e impacta de forma diferenciada a los territorios, las comunidades y las personas, siendo Colombia uno de los países más afectados”.   Protección del ambiente sano frente a la crisis climáticaPor lo dicho antes, la inclusión de criterios de cambio climático en la evaluación ambiental de proyectos es esencial para el disfrute del derecho humano al ambiente sano. Esto implica:Evaluar los impactos que el proyecto o actividad pueda generar en relación con el cambio climático. Esto incluye cuantificar y documentar las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero; identificar si y en qué medida estas aumentan o disminuyen; y analizar estrategias adecuadas de mitigación que respondan a los impactos anticipados.Considerar los efectos que la propia crisis climática (respecto de accidentes o desastres inducidos por el clima, por ejemplo) podría ejercer sobre el desarrollo, viabilidad y sostenibilidad del proyecto o actividad en el tiempo, análisis que debe contribuir a la decisión sobre su autorización.   La crisis climática no es una amenaza, sino una realidad que ya afecta gravemente a la región. En este contexto, es imperativo que los proyectos de desarrollo continúen siendo sometidos a una evaluación ambiental adecuada, lo cual exige considerar de forma obligatoria y sistemática los impactos climáticos, tanto en términos de mitigación como de adaptación. A través del litigio estratégico, AIDA seguirá contribuyendo a esa tarea.   Conoce más en nuestra hoja informativa "Perspectiva de cambio climático en los Estudios de Impacto Ambiental" Consulta nuestro informe "Buenas Prácticas a Nivel Mundial para los Estudios de Impacto Ambiental" 

De la emergencia a la acción

Obligaciones y recomendaciones frente a los incendios forestales y la crisis climática en América Latina Históricamente, los incendios forestales han sido parte de los ciclos naturales de diversos ecosistemas en el mundo. Sin embargo, en las últimas décadas, se ha observado una preocupante intensificación en su frecuencia, magnitud y duración. Este fenómeno responde a la creciente alteración de los regímenes de fuego por actividades extractivistas y a los efectos acumulativos de la crisis climática en la que vivimos.El presente informe ofrece un abordaje técnico y jurídico de los incendios forestales en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos y justicia ambiental. Se analizan sus causas e impactos ambientales y en derechos humanos, las obligaciones estatales a la luz del derecho internacional y se formulan recomendaciones orientadas a la prevención, la mitigación y la restauración de ecosistemas, con el fin de proteger los derechos humanos de las poblaciones afectadas.   Entre 2020 y 2025, América Latina vivió una de sus peores etapas de incendios forestales, con millones de hectáreas perdidas en la Amazonía, en los bosques andinos y chaqueños, en la Chiquitanía y en el Pantanal. Los incendios aumentaron en varios países, afectando áreas protegidas, territorios indígenas y zonas agrícolas. En muchas regiones, la pérdida de cobertura arbórea por incendios es hoy más del doble que a inicios del siglo XXI. Y ciertos países han experimentado aumentos de más de 250-300% en puntos de calor respecto a promedios históricos. Los impactos de estos incendios son múltiples y sinérgicos: degradan suelos y biodiversidad, alteran el ciclo hidrológico, liberan gases de efecto invernadero, contaminan el aire y comprometen derechos fundamentales como la salud, el agua y la alimentación.En conjunto, los incendios son tanto consecuencia como motor de la triple crisis planetaria. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación debilitan de manera estructural la capacidad de los ecosistemas para mitigar riesgos y sostener los medios de vida. Si bien factores climáticos como la sequía, las olas de calor y la baja humedad atmosférica incrementan la probabilidad y la propagación de los incendios forestales, su origen y expansión están fuertemente condicionados por causas antrópicas, entre ellas la deforestación, la expansión agropecuaria y el uso no regulado del fuego.Entre 2024 y 2025, América Latina experimentó una de las temporadas de incendios forestales más severas de las últimas décadas. Solo en 2024, se registró una pérdida récord de bosques tropicales primarios asociada a incendios, con aumentos significativos en la Amazonía, el Pantanal y el Chaco5. Durante 2025 y comienzos de 2026, nuevos episodios en el Cono Sur, particularmente en Chile y Argentina, evidenciaron la persistencia de condiciones climáticas extremas, evacuaciones masivas y víctimas fatales, confirmando el aumento del riesgo de incendios a escala regional, además de su carácter estructural y transfronterizo.Estas dinámicas de incremento, intensificación y expansión de los incendios forestales son agravadas por marcos normativos insuficientes y por la limitada capacidad de respuesta institucional del Estado, lo que reduce las posibilidades de prevención, control y restauración. En este contexto, los incendios forestales no solo son una consecuencia, sino también un factor que retroalimenta y profundiza de manera sinérgica la triple crisis planetaria, con impactos directos en los derechos humanos y en la sostenibilidad de los territorios. Lee y descarga el informe 

Justicia climática al alcance de todas las personas

Cómo la Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana reescribe las normas que rigen los litigios climáticos en América Latina. Este artículo fue publicado originalmente en Verfassungsblog. La Corte Interamericana de Derechos Humanos entregó a quienes llevan litigios climáticos en América Latina la herramienta más poderosa hasta ahora. La Opinión Consultiva OC-32/25, emitida en 2025, no se limita a interpretar los derechos existentes en el contexto de la crisis climática. Reestructura la arquitectura procesal de los litigios climáticos al invertir la carga de la prueba, autorizar la presunción de vínculos causales entre las emisiones de los Estados y los daños climáticos, y reconocer las imágenes satelitales como evidencia que los Estados deben hacer accesibles para las víctimas. Para las organizaciones que llevan años luchando por las comunidades más expuestas a la emergencia climática, esto no es un avance gradual. Es un momento transformador.El dictamen no surgió de la nada. A lo largo de la última década, la Corte Interamericana ha ido sentando las bases paso a paso. En 2017, la Opinión Consultiva 23 (OC-23/17) estableció el derecho a un ambiente sano como un derecho autónomo en virtud de la Convención Americana; no un derecho derivado, sino una garantía jurídica independiente con su propio estatus autónomo. Ese estándar pasó de la teoría a la práctica en el caso contencioso de La Oroya vs. Perú, en el que la corte determinó que la grave contaminación ambiental suponía un riesgo sistémico para la vida, la salud y la integridad física. La Opinión OC-32/25 es el tercer paso en esta trayectoria y, de lejos, el más ambicioso.El dictamen califica la crisis climática como un problema de derechos humanos que recae de manera desproporcionada EN quienes ya se encuentran marginados. Describe con precisión las vulnerabilidades de América Latina y el Caribe, identificando a América Central, la Amazonía, el Caribe y los Andes como zonas de riesgo existencial. Las cifras que cita la Corte dan que pensar. En 2021, la región contaba con 17,1 millones de personas desplazadas internamente por causas relacionadas con el clima. El 1% más rico de la población generó el 92 % de las emisiones de CO₂ per cápita en 2019, mientras que el 50% más pobre generó solo el 0,27%. Quienes menos emiten son quienes más sufren. En todos estos ecosistemas, los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales se ven afectados de manera desproporcionada por las continuas violaciones de sus derechos relacionadas con el cambio climático. Un nuevo derecho autónomoA partir del derecho a un ambiente sano, se deriva para el tribunal un nuevo derecho autónomo: el derecho a un clima sano, definido como el derecho a vivir en un sistema climático libre de interferencias antropogénicas peligrosas. El dictamen considera este derecho como una condición previa indispensable para el ejercicio de todos los demás derechos humanos en el contexto de la emergencia climática. En consecuencia, los Estados están sujetos a un nivel más estricto de diligencia debida. La gobernanza climática ya no se considera únicamente una cuestión de discrecionalidad política. Los Estados deben prevenir los daños climáticos dentro y fuera de sus fronteras, exigir que las evaluaciones de impacto ambiental incluyan análisis específicos de las emisiones de gases de efecto invernadero antes de autorizar proyectos, y establecer objetivos de reducción ambiciosos y progresivos, ajustados a los mejores datos científicos disponibles. El consenso científico reflejado en las evaluaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) se considera explícitamente como la norma de referencia jurídica.La corte añade una prohibición a la regresión: los niveles de protección ya alcanzados constituyen un mínimo, no un máximo. Amplía las obligaciones de debida diligencia no solo a las propias actividades de los Estados, sino también a las empresas que operan bajo su jurisdicción. Estas proposiciones no son del todo nuevas, pero el dictamen las consolida en un marco unificado y les confiere la autoridad de una interpretación interamericana definitiva. Para efectos de un litigio, el catálogo de obligaciones queda ahora ampliamente establecido. Los derechos procesales como verdadera innovaciónSi las obligaciones sustantivas son importantes, las innovaciones procesales resultan transformadoras. La contribución más significativa de la OC-32/25 al ámbito de los litigios climáticos no es la declaración del derecho a un clima sano, sino la forma en que el dictamen reestructura el marco de los derechos de acceso. De hecho, la corte desarrolla dos elementos muy valiosos: el derecho a la ciencia y los parámetros de prueba y evidencia que refuerzan los litigios climáticos. "El derecho a la ciencia comprende al acceso de todas las personas a los beneficios del progreso científico y tecnológico...j unto al conocimiento científico coexisten otras formas de conocimiento tales  como  los  saberes  locales,  tradicionales  e indígenas" (párr. 473 y 476). El derecho a la ciencia, fundamentado en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y leído conjuntamente con la OC-32/25, establece obligaciones exigibles para los Estados de garantizar un acceso efectivo a los conocimientos científicos sobre el clima. Los Estados ya no pueden ampararse en argumentos de incertidumbre científica o de conocimientos insuficientes: las políticas deben basarse en la mejor ciencia disponible y actualizarse a medida que la ciencia evoluciona. Las evaluaciones de impacto ambiental (párr. 362), los planes nacionales de adaptación (párr. 388) y las contribuciones determinadas a nivel nacional se consideran documentos auditables que deben basarse en evidencia científicamente creíble y ser transparentes (párrs. 510, 511 y 486). Más importante aún, los jueces pueden y deben evaluar si la base científica en la que se apoya el Estado cumple con los estándares de la Convención (párrs. 488-539). Esto amplía sustancialmente el alcance del control judicial de las políticas climáticas en el marco del Sistema Interamericano. Inversión de la carga de la pruebaDemostrar la existencia de una relación causal directa entre las emisiones de un Estado específico y un daño específico ha sido, históricamente, el mayor obstáculo en los litigios climáticos: una tarea técnicamente compleja, objeto de controversia judicial y, en la práctica, fuera del alcance de la mayoría de las comunidades afectadas. La OC-32/25 elimina ese obstáculo mediante cuatro medidas concretas.El dictamen reconoce que los litigios climáticos se caracterizan por asimetrías marcadas entre las partes en cuanto a su acceso a información técnica y científica. Por lo tanto, los tribunales nacionales deben adoptar medidas —incluida la inversión de la carga de la prueba— para garantizar una protección judicial efectiva. El lenguaje es directo: "carga de la prueba para justificar cualquier negativa de acceso a la información recaiga en el órgano al cual la información fue solicitada" (párr. 490). En materia de acceso a la información, la pasividad no es una opción para el Estado.En segundo lugar, el dictamen acepta la presunción del nexo causal entre las emisiones de gases de efecto invernadero de un Estado y la degradación del sistema climático global y, a su vez, el vínculo entre dicha degradación y los riesgos a los que se enfrentan las personas y los ecosistemas, siempre que ello se base en las evaluaciones del IPCC. Esto responde directamente al problema de la atribución que ha marcado los límites de los litigios climáticos durante décadas. Los tribunales ya no están obligados a resolver la cadena científica completa de causalidad en cada caso concreto.En tercer lugar, el dictamen introduce estándares alternativos de prueba. El acceso a la justicia climática no requiere demostrar la causalidad individualizada de cada daño. Basta con demostrar la generación o la tolerancia de riesgos significativos a través de la inacción del Estado, y la exposición efectiva de personas o grupos a dichos riesgos. Las comunidades no necesitan demostrar que una tonelada concreta de CO₂ procedente de un Estado específico causó una inundación concreta. Deben demostrar que estuvieron expuestas a riesgos previsibles que el Estado no abordó.En cuarto lugar, el tribunal destaca que la evidencia satelital es especialmente relevante en los casos relacionados con el clima y exige a los Estados que garanticen la cooperación y la transferencia de tecnología para que las víctimas puedan acceder a dichas pruebas en los procedimientos judiciales. Se trata de un reconocimiento práctico de que los instrumentos probatorios necesarios para los litigios climáticos suelen ser técnicamente sofisticados y económicamente inaccesibles para las comunidades que más los necesitan. ¿Qué cambia para los litigios?En conjunto, estas cuatro innovaciones transforman el panorama estratégico de los litigios climáticos en todo el continente americano. Organizaciones como AIDA pueden ahora impugnar proyectos de combustibles fósiles cuyas evaluaciones de impacto ambiental no incorporen un análisis climático adecuado, invocando directamente el derecho a la ciencia. Podemos impugnar las políticas climáticas estatales alegando insuficiencia científica u obsolescencia. Podemos interponer demandas en nombre de comunidades enteras sin necesidad de demostrar un daño individual y directo, gracias a la amplia legitimación que reconoce el Dictamen. Y podemos defender los territorios indígenas vinculando el daño climático a los derechos territoriales colectivos a través de un marco que ya no exige el criterio, casi imposible de cumplir, de la causalidad individualizada.La OC-32/25 no es un dictamen de aplicación automática. Sus estándares deberán invocarse, defenderse y desarrollarse caso por caso ante la Corte Interamericana, la Comisión y los tribunales nacionales de los Estados miembros. Es previsible que se produzca resistencia por parte de los Estados que pretenden mantener el statu quo. Pero la estructura ya está establecida: las normas aplicables han cambiado.En AIDA, llevamos años litigando en una región en la que existe una enorme brecha entre los compromisos climáticos formales de los estados y la protección real de la que disfrutan las comunidades. La OC-32/25 nos proporciona instrumentos jurídicos para reducir esa brecha. No nos pide que seamos más optimistas, sino que seamos más ambiciosos: en los casos que elegimos, en los criterios que invocamos y en los vínculos que establecemos entre el derecho internacional y las comunidades que se encuentran directamente afectadas por la crisis climática. 

Sesiones previas a la COP31 en Bonn: Un sistema climático fatigado con ventanas de esperanza

Por Florencia Ortúzar Greene y Karla Maass* Hace 30 años que el mundo negocia sobre el cambio climático. Son 30 años en los que los gobiernos se reúnen anualmente, acompañados de informes científicos cada vez más alarmantes. El proceso multilateral ha madurado, ya cuenta con las reglas de implementación y mecanismos establecidos para impulsar la acción climática a nivel global, pero esta sigue siendo limitada y discrecional. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos darle aires nuevos a este proceso global tan importante?La siguiente es nuestra reflexión tras participar en las 64° Sesiones de los Órganos Subsidiarios (SB64) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), realizadas del 8 al 18 de junio en Bonn, Alemania, para avanzar las negociaciones rumbo a la 31.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP31). El estancamiento de las negociaciones climáticas internacionalesSería injusto decir que las sesiones en Bonn fueron un fracaso, más aún que la falta de resultados concretos sorprende. Lo que está pasando no es más que el reflejo de un proceso en lenta decadencia. Lo anterior se hace evidente en un momento en el que, de manera sostenida y transversal, se habla de la necesidad de "implementación" y de "cooperación" para poner en marcha el Acuerdo de París, mientras una y otra vez dos fracturas irreconciliables siguen bloqueando el avance. Poder nombrarlas tan claramente trae cierta tranquilidad.La principal tensión sigue siendo el financiamiento. Los países en desarrollo traen constantemente a las salas de negociación que el Acuerdo de París no solo establece metas de reducción de emisiones y de adaptación, sino también compromisos concretos de apoyo financiero por parte de los países desarrollados. Sin embargo, la conversación sobre la provisión de financiamiento está totalmente bloqueada. Esto sucede en un contexto en que los compromisos no solo son insuficientes, sino también inadecuados en su calidad, accesibilidad y predictibilidad. Frente a esta demanda, los países desarrollados han puesto cada vez más énfasis en la movilización de capital privado y en la creación de condiciones habilitantes para la inversión. Aunque estos flujos pueden desempeñar un papel importante, la inversión privada suele dirigirse a sectores y proyectos con retornos financieros claros. Mientras tanto, áreas críticas como la adaptación, las pérdidas y daños o el fortalecimiento de capacidades continúan dependiendo del financiamiento público concesional. A esto se suman elementos estructurales relacionados con la deuda que terminan profundizando las carencias en países ya sobrepasados. La segunda fractura está relacionada con la salida de los combustibles fósiles. La disposición para recorrer el camino que implica dejarlos no está sobre la mesa para varios de los Estados parte. Esto a pesar de que son signatarios del Acuerdo de París y de que en la COP28 de Dubái acordaron avanzar hacia una transición justa, ordenada y equitativa, lejos de los combustibles fósiles. Se habla de una transición justa, pero los planes de expansión de los combustibles fósiles son tan ciertos como concretos.  El rol de la ciencia frente a la crisis climática ha sido relegado Un aspecto preocupante en las SB64 fue la intención de representantes de diversos países de restar importancia al papel de la ciencia en la toma de decisiones climáticas. Esto no es novedad. Ha venido ocurriendo durante años, de forma gradual y sostenida, quizás tan lentamente que no nos habíamos dado cuenta, sino hasta ahora. El fenómeno se hizo evidente al contrastarse con los resultados de la Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles, desarrollada hace poco en Santa Marta, Colombia. Allí la ciencia fue el hilo conductor, fundamento central del diálogo político. La forma en que se dio lugar a la ciencia nos recordó a como se hacía en las primeras COP, que abrían con las presentaciones de los hallazgos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Hoy eso ya no ocurre. En estos tiempos, la ciencia aparece como invitada de segundo orden, con un lugar objetado y poco claro.Esto es extremadamente importante porque, sin ciencia, el proceso pierde su sustento y se convierte en una negociación meramente política, en la que gana quien tiene más poder.  Acción climática: Los nuevos aires que dan esperanzaEsta historia no termina en una depresión total. En las sesiones climáticas de Bonn pasaron cosas refrescantes y que son fruto de este proceso largo y complejo.La Presidencia de la COP30, de Brasil, se adjudicó la tarea de elaborar hojas de ruta para transicionar lejos de los combustibles fósiles, así como detener y revertir la deforestación para 2030, rescatando los dos pilares centrales de cualquier acción climática efectiva y confiable. Esto muestra a una autoridad dispuesta a desmarcarse del camino oficial para lograr avances. Además, en la COP30 se acordó implementar un mecanismo de transición justa (conocido como BAM), una decisión que respondió al llamado urgente de la sociedad civil y de las comunidades afectadas. Y en Bonn, los países lograron avanzar en el proceso de su operacionalización. Si bien aún queda mucho por hacer, el proceso sigue en pie y se definirá en la COP31, a llevarse a cabo del 9 al 20 de noviembre en Antalya, Turquía.Por otra parte, la conferencia de Santa Marta, gestada en el marco de la COP30 y con 57 países dispuestos a conversar sobre la transición energética, logró poner en marcha un proceso renovado de intercambio, que también es fuente indiscutida de esperanza que se irá robusteciendo de cara a la segunda conferencia, a cargo de Tuvalu e Irlanda. Conoce más en nuestro análisis de las SB64 *Florencia Ortúzar Greene es la directora del Programa de Clima de AIDA y Karla Maass es consultora externa de la organización. 

El impacto de los minerales “críticos” en América Latina

Transición energética justa: Un camino necesario y posible

Hacia el abandono del carbón en América Latina

La próxima primavera no puede ser silenciosa

¿Hasta dónde debe llegar la ciencia cuando está en juego la vida? Hay quienes prefieren que científicos y científicas permanezcan en laboratorios y aulas, alejados de las decisiones políticas y económicas que, con frecuencia, responden a intereses ajenos al bienestar colectivo. Otros creemos que la ciencia no puede limitarse a comprender la realidad; también debe empujar las decisiones colectivas en favor del bienestar general y, en definitiva, poner la vida en el centro. Mi participación en la preconferencia académica en Santa Marta —durante la Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles— reavivó esta reflexión y algunas lecciones que había estudiado en mi formación y que, revisadas hoy, cobran una urgencia distinta. El plomo y la batalla por la verdadA principios de la década de 1920, la gasolina con tetraetilo de plomo se presentaba como un símbolo de progreso industrial. Mejoraba el rendimiento de los motores y el mundo estaba ansioso por aumentar la productividad (a menudo por encima de aspectos cruciales como la salud humana). El plomo también se convirtió en un componente habitual de pinturas, maquillaje y productos cotidianos, liberando uno de los contaminantes más tóxicos de la era industrial sin advertencia a la población.Al mismo tiempo, el geoquímico Claire Patterson intentaba medir la edad de la Tierra a través del análisis isotópico de uranio y plomo en meteoritos. Determinó que nuestro planeta tiene aproximadamente 4.500 millones de años, pero su hallazgo más urgente fue otro: la medición del plomo.Lograrlo fue extraordinariamente difícil, ya que al parecer todo estaba contaminado de plomo, incluso el laboratorio a través de la pintura, y los gases de los autos que ingresaban desde la calle. Patterson descubrió que la actividad humana había incrementado drásticamente la exposición a este metal, poniendo en riesgo a millones de personas a daños neurológicos y otros problemas de salud pública, especialmente en niños. Empresas como Ethyl Corporation y General Motors tenían un negocio multimillonario en torno al plomo. Aunque existían indicios conocidos de la toxicidad del plomo, como el hecho de que los trabajadores de fábricas de tetraetilo de plomo sufrían alucinaciones y muerte, la industria impulsó la idea falsa de que las concentraciones ambientales eran "seguras". Gran parte de esta campaña en defensa del plomo fue a través del financiamiento de proyectos de investigación con fondos industriales. Así, Patterson fue excluido de paneles científicos, perdió financiamiento institucional y fue etiquetado como "alarmista" o "extremista político". Finalmente, estudios epidemiológicos confirmaron los efectos neurobiológicos en la niñez incluso en concentraciones muy bajas. El impulso de Patterson, la confirmación de los epidemiólogos y un naciente movimiento ambientalista en Estados Unidos en las décadas de 1960 y 1970, logró finalmente la regulación del plomo a través de la Environmental Protection Agency (EPA), a pesar de las resistencias de la industria que argumentaba altísimos costos económicos. Finalmente, la industria sobrevivió a la regulación y los niveles de plomo en sangre de la población disminuyeron drásticamente, obteniendo una de las victorias más importantes en salud pública impulsadas desde la ciencia. La ciencia como acto radicalCuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el dicloro difenil tricloroetano —mejor conocido como DDT— se impulsó como un éxito de la química moderna. Un plaguicida eficaz que permitía controlar vectores de enfermedades y plagas agrícolas, promovido en un ambiente de acelerada industrialización y optimismo tecnológico.Recuerdo que mi madre me contaba cómo su casa, en la costa rural del Ecuador, era fumigada con DDT. "Las tablas quedaban blancas, como si hubieran usado un extintor, y no se podía respirar durante el resto de la tarde", recuerda. Su uso era popular y amplio en toda América Latina. En 1962, la bióloga marina y escritora Rachel Carson publicó La Primavera Silenciosa, sintetizando con rigor y en leguaje sencillo la evidencia científica sobre los efectos ecológicos de pesticidas como el DDT.  Carson explicaba cómo funcionan la bioacumulación y persistencia ecológica de estas sustancias, y su impacto más evidente en la disminución de poblaciones de aves. Uno de sus pasajes decía: "…las pocas aves que se veían estaban moribundas, temblaban violentamente y no podían volar. Era una primavera sin voces". Su obra se considera fundacional en la disciplina de la divulgación científica. La reacción de la industria fue coordinada y agresiva. Empresas como Velsicol y Union Carbide financiaron campañas para desacreditarla, cuestionaron su capacidad científica y la calificaron como "emocional", "alarmista" e "histérica". La industria intentó promover la idea de que restringir el uso de estos pesticidas nos haría retroceder en la lucha contra el hambre y las enfermedades. A pesar de ello, Carson había logrado colectar evidencia compleja y traducirla a un lenguaje accesible y profundamente humano; al tiempo, nuevas investigaciones confirmaban la toxicidad de estas sustancias en fauna silvestre y ecosistemas acuáticos. Junto al fortalecido movimiento ambientalista mencionado anteriormente, se logró la progresiva restricción del DDT en varios países. Aunque nunca se prohibió formalmente su uso, se impulsó un manejo integrado de plagas, por lo que no se produjo el colapso sanitario y agrícola que pronosticaban muchas empresas.  Cuando la capa de ozono mostró lo innegableTambién durante el siglo XX los clorofluorocarbonos (CFC) fueron utilizados ampliamente en sistemas de refrigeración, aerosoles y procesos industriales debido a su alta estabilidad. Sin embargo, los CFC podían alcanzar la estratosfera y, debido a su estabilidad, podían permanecer décadas en la atmósfera.Los químicos Mario Molina y Sherwood Rowland demostraron que, allí arriba, los CFC liberaban átomos de cloro y estos átomos libres destruían moléculas de ozono en reacción en cadena. Debilitar la capa de ozono aumentaba la exposición a la radiación ultravioleta, incrementando el riesgo de sufrir cáncer de piel, cataratas e impactos en los ecosistemas. La reacción industrial, especialmente de DuPont, fue sembrar la duda cuestionando la solidez de los modelos atmosféricos y argumentando que eran insuficientes para imponer regulaciones estrictas. Sembrar la duda era suficiente para retrasar decisiones políticas y defender inversiones multimillonarias; no era necesario demostrar que su uso era seguro. Molina y Rowland fueron desacreditados y se intentó minimizar el problema en un contexto en el que aún se creía que difícilmente la actividad humana podía alterar procesos atmosféricos.Lo que inclinó la balanza fue que el agujero de la capa de ozono podía verse. En 1985 se midió y visualizó con claridad, y la ciudadanía comprendió rápidamente la urgencia. Una narrativa del fin del mundo, pero con una solución concreta, se difundió rápidamente y movilizó la voluntad política. Todo ello se materializó en el Protocolo de Montreal, considerado hasta ahora uno de los acuerdos ambientales más exitosos de la historia. Hoy la capa de ozono se ha recuperado y millones de casos de cáncer se han evitado. De los patrones del pasado a la urgencia del presenteEn los tres casos que refiero la reacción industrial siguió patrones similares: cuestionar la evidencia científica, exagerar los costos económicos y promover la idea de que cualquier restricción representaría una amenaza para el progreso. ¿Podemos reconocer estos patrones en las industrias extractivas actuales? Durante décadas, la industria de los combustibles fósiles ha financiado grupos anticientíficos y campañas de desinformación que siembran la duda, estrategias comunicacionales destinadas a trasladar la responsabilidad exclusivamente al individuo, lobby político y corporativo bloqueando la acción en las negociaciones climáticas internacionales.Sin embargo, la esperanza también proviene de las lecciones de quienes dedicaron su vida a defender la salud humana y los límites ecológicos del planeta. Nos han demostrado que con evidencia científica contundente, comunicación sencilla y humana, comprensión de la urgencia de la acción y una ciudadanía activa y movilizada podemos transformar la realidad.En ese sentido, la conferencia de Santa Marta y su flamante Panel Científico Asesor para la Transición Energética Global se alzan sobre estos principios y sobre algo completamente innovador: no queda espacio para la duda, hoy tenemos certeza de que los combustibles fósiles han provocado este reto de supervivencia y debemos actuar en consecuencia.La preconferencia académica consistió ya no únicamente en explicar el problema, sino en acelerar su implementación política y social. Mi participación se centró en el Grupo de trabajo de Metano fósil, donde discutimos desafíos concretos: mecanismos de monitoreo, reporte y verificación, cómo evitar quedar anclados al consumo de gas natural si es que se realizan inversiones en recuperación de gas y cómo convertir las estrategias de mitigación en políticas de Estado, más allá de los gobiernos electos. Sin duda, hay más preguntas que certezas, pero avanzar en esta discusión es más urgente que nunca.También allí discutimos el papel del metano como un "freno de emergencia" climático. Mientras los efectos positivos de reducir dióxido de carbono (CO2) pueden tardar siglos en percibirse, la reducción de metano podría generar impactos positivos en apenas décadas. Activar este freno de emergencia para ganar tiempo mediante la mitigación rápida del metano nos permitirá reducir riesgos inmediatos y enfrentar la transición más compleja de los demás gases de efecto invernadero.Pero Santa Marta también fue mucho más que discusiones técnicas. Tuve la oportunidad de conocer pescadores afectados por los puertos carboneros del Caribe colombiano, compartir con ellos pescado frito con tostones —conocidos como patacones en mi natal Ecuador— frente al mar y comprender la profundidad humana de una transición que a veces solo se discute en términos económicos o tecnológicos. También pude presenciar los esfuerzos por integrar conocimientos ancestrales y saberes comunitarios dentro de las discusiones científicas. Aunque sigue siendo una tarea pendiente, pueblos indígenas y comunidades continúan recordándonos algo que la modernidad industrial frecuentemente olvida: toda sociedad necesita reconocer límites ecológicos si aspira a perdurar en el tiempo. Sin embargo, también se evidenciaron desafíos importantes. A pesar de la diversidad de actores presentes, los diálogos entre personas científicas, jóvenes y comunidades se limitaron a instancias aisladas. Y aunque nos encontrábamos en una ciudad latinoamericana, gran parte de las conversaciones se desarrollaron exclusivamente en inglés, lo que limitó la participación plena de muchas y muchos actores del sur global y reprodujo desigualdades históricas en la producción del conocimiento. Aún así, salí de Santa Marta con una convicción fortalecida: la esperanza climática no puede ser pasiva.Dependerá de comunidades organizadas, ciencia comprometida con la justicia, liderazgos políticos capaces de priorizar la vida y ciudadanas y ciudadanos dispuestos a exigir transformaciones profundas. La conferencia de Santa Marta no resolvió el desafío climático, pero nos mostró nuestra responsabilidad histórica para que la próxima primavera no sea silenciosa, sino profundamente viva.

O rio Xingu está sendo silenciado, mas não seu povo

Um rio é sempre um caminho, sustento e memória.Na Volta Grande do rio Xingu, no coração da Amazônia brasileira, a água não apenas fluía: ela ensinava quando plantar, quando pescar, quando celebrar.Alí, a vida seguia o ritmo do rio.Mas isso começou a mudar em 2010, quando se planejava a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. E uma pergunta silenciosa começou a surgir: Quem decide o destino da água?Seis anos depois, em 5 de maio de 2016, quando a barragem foi inaugurada, quase 80% da vazão do rio Xingu foi desviada.Já em 2018, organizações e comunidades alertavam que o plano de manejo da vazão imposto ao Xingu para a operação da usina era um prenúncio de um futuro de escassez.Aquele aviso tornou-se realidade.Hoje, trechos inteiros do rio estão secos. Mais de 100 quilômetros da Volta Grande perderam seu fluxo natural. A água, que antes sustentava a biodiversidade e os modos de vida locais, não corre mais como antes.Sem água suficiente, os peixes pararam de se reproduzir. Não há desova há três anos.O silêncio do rio se transformou em fome, incerteza e devastação.A morte dos peixes não é apenas um impacto ambiental: é o colapso de um modo de vida.Comunidades indígenas, ribeirinhas e pesqueiras perderam não apenas sua principal fonte de alimento, mas também sua autonomia e sua conexão com a terra.Hoje, o legado de Belo Monte é um acúmulo progressivo de degradação ecológica, social e cultural.No entanto, essa história ainda não terminou. Tempo de justiça para o rio Xingu e a vida que ele sustentaDez anos após o início das operações da barragem de Belo Monte, os impactos relatados foram confirmados, mas algo imprevisto também se fortaleceu: a resistência.As comunidades afetadas permanecem organizadas, ativas e determinadas. Elas continuam denunciando a situação, exigindo reparações e defendendo seu direito de viver às margens do rio.Essa força é visível hoje nos protestos contra novos projetos na região.Porque para essas comunidades, a luta não é apenas contra um projeto; é pela continuidade da vida.Hoje é um momento de justiça para elasA denúncia contra o Estado brasileiro por sua responsabilidade internacional neste caso tramita na Comissão Interamericana de Direitos Humanos desde 2011, aguardando uma decisão que poderá marcar um ponto de virada para as comunidades da bacia do Xingu.A denúncia contém os elementos legais e probatórios necessários para que a Comissão a admita, determine que ocorreram diversas violações de direitos humanos e encaminhe o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, cuja decisão poderá estabelecer um precedente para a regulamentação estatal de megaprojetos no contexto da crise climática; a participação pública; e a proteção de povos indígenas, comunidades tradicionais e ecossistemas-chave como a Amazônia.Contudo, enquanto o processo avança lentamente, os impactos continuam a piorar a cada dia. A urgência não é legal, é humana. Cada ciclo sem resposta é mais um ciclo de seca, perda de biodiversidade e acúmulo de violações.Neste caso, a decisão não é apenas uma questão institucional; é uma questão de esperança para a vida daqueles que dependem do rio.O que aconteceu com Belo Monte tornou-se um símbolo.É um exemplo claro de como projetos vendidos como “energia limpa” podem ter impactos profundos e duradouros quando ignoram os direitos humanos.Num momento em que o mundo busca soluções energéticas para enfrentar a crise climática, não podemos repetir os antigos padrões de injustiça.  Leia mais sobre o caso 

El río Xingú está siendo silenciado, pero no sus pueblos

Un río siempre es camino, alimento y memoria.En la Volta Grande (o Gran Recodo) del río Xingú, en plena Amazonía brasileña, el agua no solo fluía: enseñaba cuándo sembrar, cuándo pescar, cuándo celebrar.  Allí, la vida seguía el ritmo del río.Pero eso comenzó a cambiar en 2010, cuando se planificaba la construcción de la central hidroeléctrica Belo Monte y un cuestionamiento silencioso iba creciendo: ¿Quién decide el destino del agua?Seis años después, el 5 de mayo de 2016, cuando la represa fue inaugurada, cerca del 80 % del caudal del río Xingú fue desviado.Ya en 2018 organizaciones y comunidades alertaban que el plan de manejo del caudal, impuesto al Xingú para la operación de la hidroeléctrica, era el anuncio de un futuro de escasez.Tal advertencia se convirtió en realidad.Hoy, tramos enteros del río están secos. Más de 100 kilómetros de la Volta Grande han perdido su flujo natural. El agua, que antes sostenía la biodiversidad y los modos de vida locales, ya no llega como antes.Sin agua suficiente, los peces dejaron de reproducirse. Hace tres años que no hay desove.El silencio del río se convirtió en hambre, incertidumbre y ruptura.La muerte de los peces no es solo un impacto ambiental: es el quiebre de un modo de vida.  Comunidades indígenas, ribereñas y pesqueras han perdido no solo su principal fuente de alimento, sino también su autonomía y su relación con el territorio.Hoy, la huella de Belo Monte es una acumulación progresiva de degradación ecológica, social y cultural.Sin embargo, esta historia aún no ha llegado a su fin. Tiempo de justicia para el río Xingú y la vida que sostieneDiez años después del inicio de operaciones de la represa Belo Monte, los impactos denunciados se han confirmado, pero también se ha fortalecido algo que no se había previsto: la resistencia.Las comunidades afectadas siguen organizadas, activas y decididas. Siguen denunciando, exigiendo reparación y defendiendo el derecho a vivir junto al río.Esa fuerza es visible hoy en las protestas contra nuevos proyectos en la zona.Porque para estos pueblos, la lucha no es solo contra un proyecto, es por la continuidad de la vida.Hoy es tiempo de justicia para ellos.  La denuncia contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en el caso está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2011, a la espera de una decisión que puede marcar un antes y un después para las comunidades de la cuenca del Xingú.La denuncia tiene los elementos jurídicos y probatorios necesarios para que la Comisión la admita, determine que hubo varias violaciones de derechos humanos y remita el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo fallo puede sentar un precedente para la regulación estatal de megaproyectos en contextos de crisis climática; la participación pública; y la protección de pueblos indígenas, comunidades tradicionales y ecosistemas clave como la Amazonía.Pero, mientras el proceso avanza lentamente, los impactos siguen agravándose cada día. La urgencia no es jurídica, es humana. Cada ciclo sin respuesta es un ciclo más de sequía, de pérdida de biodiversidad y de vulneraciones que se acumulan. En este caso, decidir no es solo una cuestión institucional, es una cuestión de esperanza de vida para quienes dependen del río.Lo ocurrido con Belo Monte se ha convertido en un símbolo.Es un claro ejemplo de cómo los proyectos vendidos como "energía limpia" pueden acarrear impactos profundos y duraderos cuando ignoran los derechos humanos.  En momentos en que el mundo busca soluciones energéticas para enfrentar la crisis climática, no podemos repetir viejos patrones de injusticia.  Conoce más del caso