Derechos Humanos

Sesiones previas a la COP31 en Bonn: Un sistema climático fatigado con ventanas de esperanza

Por Florencia Ortúzar Greene y Karla Maass* Hace 30 años que el mundo negocia sobre el cambio climático. Son 30 años en los que los gobiernos se reúnen anualmente, acompañados de informes científicos cada vez más alarmantes. El proceso multilateral ha madurado, ya cuenta con las reglas de implementación y mecanismos establecidos para impulsar la acción climática a nivel global, pero esta sigue siendo limitada y discrecional. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos darle aires nuevos a este proceso global tan importante?La siguiente es nuestra reflexión tras participar en las 64° Sesiones de los Órganos Subsidiarios (SB64) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), realizadas del 8 al 18 de junio en Bonn, Alemania, para avanzar las negociaciones rumbo a la 31.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP31). El estancamiento de las negociaciones climáticas internacionalesSería injusto decir que las sesiones en Bonn fueron un fracaso, más aún que la falta de resultados concretos sorprende. Lo que está pasando no es más que el reflejo de un proceso en lenta decadencia. Lo anterior se hace evidente en un momento en el que, de manera sostenida y transversal, se habla de la necesidad de "implementación" y de "cooperación" para poner en marcha el Acuerdo de París, mientras una y otra vez dos fracturas irreconciliables siguen bloqueando el avance. Poder nombrarlas tan claramente trae cierta tranquilidad.La principal tensión sigue siendo el financiamiento. Los países en desarrollo traen constantemente a las salas de negociación que el Acuerdo de París no solo establece metas de reducción de emisiones y de adaptación, sino también compromisos concretos de apoyo financiero por parte de los países desarrollados. Sin embargo, la conversación sobre la provisión de financiamiento está totalmente bloqueada. Esto sucede en un contexto en que los compromisos no solo son insuficientes, sino también inadecuados en su calidad, accesibilidad y predictibilidad. Frente a esta demanda, los países desarrollados han puesto cada vez más énfasis en la movilización de capital privado y en la creación de condiciones habilitantes para la inversión. Aunque estos flujos pueden desempeñar un papel importante, la inversión privada suele dirigirse a sectores y proyectos con retornos financieros claros. Mientras tanto, áreas críticas como la adaptación, las pérdidas y daños o el fortalecimiento de capacidades continúan dependiendo del financiamiento público concesional. A esto se suman elementos estructurales relacionados con la deuda que terminan profundizando las carencias en países ya sobrepasados. La segunda fractura está relacionada con la salida de los combustibles fósiles. La disposición para recorrer el camino que implica dejarlos no está sobre la mesa para varios de los Estados parte. Esto a pesar de que son signatarios del Acuerdo de París y de que en la COP28 de Dubái acordaron avanzar hacia una transición justa, ordenada y equitativa, lejos de los combustibles fósiles. Se habla de una transición justa, pero los planes de expansión de los combustibles fósiles son tan ciertos como concretos.  El rol de la ciencia frente a la crisis climática ha sido relegado Un aspecto preocupante en las SB64 fue la intención de representantes de diversos países de restar importancia al papel de la ciencia en la toma de decisiones climáticas. Esto no es novedad. Ha venido ocurriendo durante años, de forma gradual y sostenida, quizás tan lentamente que no nos habíamos dado cuenta, sino hasta ahora. El fenómeno se hizo evidente al contrastarse con los resultados de la Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles, desarrollada hace poco en Santa Marta, Colombia. Allí la ciencia fue el hilo conductor, fundamento central del diálogo político. La forma en que se dio lugar a la ciencia nos recordó a como se hacía en las primeras COP, que abrían con las presentaciones de los hallazgos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Hoy eso ya no ocurre. En estos tiempos, la ciencia aparece como invitada de segundo orden, con un lugar objetado y poco claro.Esto es extremadamente importante porque, sin ciencia, el proceso pierde su sustento y se convierte en una negociación meramente política, en la que gana quien tiene más poder.  Acción climática: Los nuevos aires que dan esperanzaEsta historia no termina en una depresión total. En las sesiones climáticas de Bonn pasaron cosas refrescantes y que son fruto de este proceso largo y complejo.La Presidencia de la COP30, de Brasil, se adjudicó la tarea de elaborar hojas de ruta para transicionar lejos de los combustibles fósiles, así como detener y revertir la deforestación para 2030, rescatando los dos pilares centrales de cualquier acción climática efectiva y confiable. Esto muestra a una autoridad dispuesta a desmarcarse del camino oficial para lograr avances. Además, en la COP30 se acordó implementar un mecanismo de transición justa (conocido como BAM), una decisión que respondió al llamado urgente de la sociedad civil y de las comunidades afectadas. Y en Bonn, los países lograron avanzar en el proceso de su operacionalización. Si bien aún queda mucho por hacer, el proceso sigue en pie y se definirá en la COP31, a llevarse a cabo del 9 al 20 de noviembre en Antalya, Turquía.Por otra parte, la conferencia de Santa Marta, gestada en el marco de la COP30 y con 57 países dispuestos a conversar sobre la transición energética, logró poner en marcha un proceso renovado de intercambio, que también es fuente indiscutida de esperanza que se irá robusteciendo de cara a la segunda conferencia, a cargo de Tuvalu e Irlanda. Conoce más en nuestro análisis de las SB64 *Florencia Ortúzar Greene es la directora del Programa de Clima de AIDA y Karla Maass es consultora externa de la organización. 

El impacto de los minerales “críticos” en América Latina

Transición energética justa: Un camino necesario y posible

Hacia el abandono del carbón en América Latina

La próxima primavera no puede ser silenciosa

¿Hasta dónde debe llegar la ciencia cuando está en juego la vida? Hay quienes prefieren que científicos y científicas permanezcan en laboratorios y aulas, alejados de las decisiones políticas y económicas que, con frecuencia, responden a intereses ajenos al bienestar colectivo. Otros creemos que la ciencia no puede limitarse a comprender la realidad; también debe empujar las decisiones colectivas en favor del bienestar general y, en definitiva, poner la vida en el centro. Mi participación en la preconferencia académica en Santa Marta —durante la Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles— reavivó esta reflexión y algunas lecciones que había estudiado en mi formación y que, revisadas hoy, cobran una urgencia distinta. El plomo y la batalla por la verdadA principios de la década de 1920, la gasolina con tetraetilo de plomo se presentaba como un símbolo de progreso industrial. Mejoraba el rendimiento de los motores y el mundo estaba ansioso por aumentar la productividad (a menudo por encima de aspectos cruciales como la salud humana). El plomo también se convirtió en un componente habitual de pinturas, maquillaje y productos cotidianos, liberando uno de los contaminantes más tóxicos de la era industrial sin advertencia a la población.Al mismo tiempo, el geoquímico Claire Patterson intentaba medir la edad de la Tierra a través del análisis isotópico de uranio y plomo en meteoritos. Determinó que nuestro planeta tiene aproximadamente 4.500 millones de años, pero su hallazgo más urgente fue otro: la medición del plomo.Lograrlo fue extraordinariamente difícil, ya que al parecer todo estaba contaminado de plomo, incluso el laboratorio a través de la pintura, y los gases de los autos que ingresaban desde la calle. Patterson descubrió que la actividad humana había incrementado drásticamente la exposición a este metal, poniendo en riesgo a millones de personas a daños neurológicos y otros problemas de salud pública, especialmente en niños. Empresas como Ethyl Corporation y General Motors tenían un negocio multimillonario en torno al plomo. Aunque existían indicios conocidos de la toxicidad del plomo, como el hecho de que los trabajadores de fábricas de tetraetilo de plomo sufrían alucinaciones y muerte, la industria impulsó la idea falsa de que las concentraciones ambientales eran "seguras". Gran parte de esta campaña en defensa del plomo fue a través del financiamiento de proyectos de investigación con fondos industriales. Así, Patterson fue excluido de paneles científicos, perdió financiamiento institucional y fue etiquetado como "alarmista" o "extremista político". Finalmente, estudios epidemiológicos confirmaron los efectos neurobiológicos en la niñez incluso en concentraciones muy bajas. El impulso de Patterson, la confirmación de los epidemiólogos y un naciente movimiento ambientalista en Estados Unidos en las décadas de 1960 y 1970, logró finalmente la regulación del plomo a través de la Environmental Protection Agency (EPA), a pesar de las resistencias de la industria que argumentaba altísimos costos económicos. Finalmente, la industria sobrevivió a la regulación y los niveles de plomo en sangre de la población disminuyeron drásticamente, obteniendo una de las victorias más importantes en salud pública impulsadas desde la ciencia. La ciencia como acto radicalCuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el dicloro difenil tricloroetano —mejor conocido como DDT— se impulsó como un éxito de la química moderna. Un plaguicida eficaz que permitía controlar vectores de enfermedades y plagas agrícolas, promovido en un ambiente de acelerada industrialización y optimismo tecnológico.Recuerdo que mi madre me contaba cómo su casa, en la costa rural del Ecuador, era fumigada con DDT. "Las tablas quedaban blancas, como si hubieran usado un extintor, y no se podía respirar durante el resto de la tarde", recuerda. Su uso era popular y amplio en toda América Latina. En 1962, la bióloga marina y escritora Rachel Carson publicó La Primavera Silenciosa, sintetizando con rigor y en leguaje sencillo la evidencia científica sobre los efectos ecológicos de pesticidas como el DDT.  Carson explicaba cómo funcionan la bioacumulación y persistencia ecológica de estas sustancias, y su impacto más evidente en la disminución de poblaciones de aves. Uno de sus pasajes decía: "…las pocas aves que se veían estaban moribundas, temblaban violentamente y no podían volar. Era una primavera sin voces". Su obra se considera fundacional en la disciplina de la divulgación científica. La reacción de la industria fue coordinada y agresiva. Empresas como Velsicol y Union Carbide financiaron campañas para desacreditarla, cuestionaron su capacidad científica y la calificaron como "emocional", "alarmista" e "histérica". La industria intentó promover la idea de que restringir el uso de estos pesticidas nos haría retroceder en la lucha contra el hambre y las enfermedades. A pesar de ello, Carson había logrado colectar evidencia compleja y traducirla a un lenguaje accesible y profundamente humano; al tiempo, nuevas investigaciones confirmaban la toxicidad de estas sustancias en fauna silvestre y ecosistemas acuáticos. Junto al fortalecido movimiento ambientalista mencionado anteriormente, se logró la progresiva restricción del DDT en varios países. Aunque nunca se prohibió formalmente su uso, se impulsó un manejo integrado de plagas, por lo que no se produjo el colapso sanitario y agrícola que pronosticaban muchas empresas.  Cuando la capa de ozono mostró lo innegableTambién durante el siglo XX los clorofluorocarbonos (CFC) fueron utilizados ampliamente en sistemas de refrigeración, aerosoles y procesos industriales debido a su alta estabilidad. Sin embargo, los CFC podían alcanzar la estratosfera y, debido a su estabilidad, podían permanecer décadas en la atmósfera.Los químicos Mario Molina y Sherwood Rowland demostraron que, allí arriba, los CFC liberaban átomos de cloro y estos átomos libres destruían moléculas de ozono en reacción en cadena. Debilitar la capa de ozono aumentaba la exposición a la radiación ultravioleta, incrementando el riesgo de sufrir cáncer de piel, cataratas e impactos en los ecosistemas. La reacción industrial, especialmente de DuPont, fue sembrar la duda cuestionando la solidez de los modelos atmosféricos y argumentando que eran insuficientes para imponer regulaciones estrictas. Sembrar la duda era suficiente para retrasar decisiones políticas y defender inversiones multimillonarias; no era necesario demostrar que su uso era seguro. Molina y Rowland fueron desacreditados y se intentó minimizar el problema en un contexto en el que aún se creía que difícilmente la actividad humana podía alterar procesos atmosféricos.Lo que inclinó la balanza fue que el agujero de la capa de ozono podía verse. En 1985 se midió y visualizó con claridad, y la ciudadanía comprendió rápidamente la urgencia. Una narrativa del fin del mundo, pero con una solución concreta, se difundió rápidamente y movilizó la voluntad política. Todo ello se materializó en el Protocolo de Montreal, considerado hasta ahora uno de los acuerdos ambientales más exitosos de la historia. Hoy la capa de ozono se ha recuperado y millones de casos de cáncer se han evitado. De los patrones del pasado a la urgencia del presenteEn los tres casos que refiero la reacción industrial siguió patrones similares: cuestionar la evidencia científica, exagerar los costos económicos y promover la idea de que cualquier restricción representaría una amenaza para el progreso. ¿Podemos reconocer estos patrones en las industrias extractivas actuales? Durante décadas, la industria de los combustibles fósiles ha financiado grupos anticientíficos y campañas de desinformación que siembran la duda, estrategias comunicacionales destinadas a trasladar la responsabilidad exclusivamente al individuo, lobby político y corporativo bloqueando la acción en las negociaciones climáticas internacionales.Sin embargo, la esperanza también proviene de las lecciones de quienes dedicaron su vida a defender la salud humana y los límites ecológicos del planeta. Nos han demostrado que con evidencia científica contundente, comunicación sencilla y humana, comprensión de la urgencia de la acción y una ciudadanía activa y movilizada podemos transformar la realidad.En ese sentido, la conferencia de Santa Marta y su flamante Panel Científico Asesor para la Transición Energética Global se alzan sobre estos principios y sobre algo completamente innovador: no queda espacio para la duda, hoy tenemos certeza de que los combustibles fósiles han provocado este reto de supervivencia y debemos actuar en consecuencia.La preconferencia académica consistió ya no únicamente en explicar el problema, sino en acelerar su implementación política y social. Mi participación se centró en el Grupo de trabajo de Metano fósil, donde discutimos desafíos concretos: mecanismos de monitoreo, reporte y verificación, cómo evitar quedar anclados al consumo de gas natural si es que se realizan inversiones en recuperación de gas y cómo convertir las estrategias de mitigación en políticas de Estado, más allá de los gobiernos electos. Sin duda, hay más preguntas que certezas, pero avanzar en esta discusión es más urgente que nunca.También allí discutimos el papel del metano como un "freno de emergencia" climático. Mientras los efectos positivos de reducir dióxido de carbono (CO2) pueden tardar siglos en percibirse, la reducción de metano podría generar impactos positivos en apenas décadas. Activar este freno de emergencia para ganar tiempo mediante la mitigación rápida del metano nos permitirá reducir riesgos inmediatos y enfrentar la transición más compleja de los demás gases de efecto invernadero.Pero Santa Marta también fue mucho más que discusiones técnicas. Tuve la oportunidad de conocer pescadores afectados por los puertos carboneros del Caribe colombiano, compartir con ellos pescado frito con tostones —conocidos como patacones en mi natal Ecuador— frente al mar y comprender la profundidad humana de una transición que a veces solo se discute en términos económicos o tecnológicos. También pude presenciar los esfuerzos por integrar conocimientos ancestrales y saberes comunitarios dentro de las discusiones científicas. Aunque sigue siendo una tarea pendiente, pueblos indígenas y comunidades continúan recordándonos algo que la modernidad industrial frecuentemente olvida: toda sociedad necesita reconocer límites ecológicos si aspira a perdurar en el tiempo. Sin embargo, también se evidenciaron desafíos importantes. A pesar de la diversidad de actores presentes, los diálogos entre personas científicas, jóvenes y comunidades se limitaron a instancias aisladas. Y aunque nos encontrábamos en una ciudad latinoamericana, gran parte de las conversaciones se desarrollaron exclusivamente en inglés, lo que limitó la participación plena de muchas y muchos actores del sur global y reprodujo desigualdades históricas en la producción del conocimiento. Aún así, salí de Santa Marta con una convicción fortalecida: la esperanza climática no puede ser pasiva.Dependerá de comunidades organizadas, ciencia comprometida con la justicia, liderazgos políticos capaces de priorizar la vida y ciudadanas y ciudadanos dispuestos a exigir transformaciones profundas. La conferencia de Santa Marta no resolvió el desafío climático, pero nos mostró nuestra responsabilidad histórica para que la próxima primavera no sea silenciosa, sino profundamente viva.

O rio Xingu está sendo silenciado, mas não seu povo

Um rio é sempre um caminho, sustento e memória.Na Volta Grande do rio Xingu, no coração da Amazônia brasileira, a água não apenas fluía: ela ensinava quando plantar, quando pescar, quando celebrar.Alí, a vida seguia o ritmo do rio.Mas isso começou a mudar em 2010, quando se planejava a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. E uma pergunta silenciosa começou a surgir: Quem decide o destino da água?Seis anos depois, em 5 de maio de 2016, quando a barragem foi inaugurada, quase 80% da vazão do rio Xingu foi desviada.Já em 2018, organizações e comunidades alertavam que o plano de manejo da vazão imposto ao Xingu para a operação da usina era um prenúncio de um futuro de escassez.Aquele aviso tornou-se realidade.Hoje, trechos inteiros do rio estão secos. Mais de 100 quilômetros da Volta Grande perderam seu fluxo natural. A água, que antes sustentava a biodiversidade e os modos de vida locais, não corre mais como antes.Sem água suficiente, os peixes pararam de se reproduzir. Não há desova há três anos.O silêncio do rio se transformou em fome, incerteza e devastação.A morte dos peixes não é apenas um impacto ambiental: é o colapso de um modo de vida.Comunidades indígenas, ribeirinhas e pesqueiras perderam não apenas sua principal fonte de alimento, mas também sua autonomia e sua conexão com a terra.Hoje, o legado de Belo Monte é um acúmulo progressivo de degradação ecológica, social e cultural.No entanto, essa história ainda não terminou. Tempo de justiça para o rio Xingu e a vida que ele sustentaDez anos após o início das operações da barragem de Belo Monte, os impactos relatados foram confirmados, mas algo imprevisto também se fortaleceu: a resistência.As comunidades afetadas permanecem organizadas, ativas e determinadas. Elas continuam denunciando a situação, exigindo reparações e defendendo seu direito de viver às margens do rio.Essa força é visível hoje nos protestos contra novos projetos na região.Porque para essas comunidades, a luta não é apenas contra um projeto; é pela continuidade da vida.Hoje é um momento de justiça para elasA denúncia contra o Estado brasileiro por sua responsabilidade internacional neste caso tramita na Comissão Interamericana de Direitos Humanos desde 2011, aguardando uma decisão que poderá marcar um ponto de virada para as comunidades da bacia do Xingu.A denúncia contém os elementos legais e probatórios necessários para que a Comissão a admita, determine que ocorreram diversas violações de direitos humanos e encaminhe o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, cuja decisão poderá estabelecer um precedente para a regulamentação estatal de megaprojetos no contexto da crise climática; a participação pública; e a proteção de povos indígenas, comunidades tradicionais e ecossistemas-chave como a Amazônia.Contudo, enquanto o processo avança lentamente, os impactos continuam a piorar a cada dia. A urgência não é legal, é humana. Cada ciclo sem resposta é mais um ciclo de seca, perda de biodiversidade e acúmulo de violações.Neste caso, a decisão não é apenas uma questão institucional; é uma questão de esperança para a vida daqueles que dependem do rio.O que aconteceu com Belo Monte tornou-se um símbolo.É um exemplo claro de como projetos vendidos como “energia limpa” podem ter impactos profundos e duradouros quando ignoram os direitos humanos.Num momento em que o mundo busca soluções energéticas para enfrentar a crise climática, não podemos repetir os antigos padrões de injustiça.  Leia mais sobre o caso 

El río Xingú está siendo silenciado, pero no sus pueblos

Un río siempre es camino, alimento y memoria.En la Volta Grande (o Gran Recodo) del río Xingú, en plena Amazonía brasileña, el agua no solo fluía: enseñaba cuándo sembrar, cuándo pescar, cuándo celebrar.  Allí, la vida seguía el ritmo del río.Pero eso comenzó a cambiar en 2010, cuando se planificaba la construcción de la central hidroeléctrica Belo Monte y un cuestionamiento silencioso iba creciendo: ¿Quién decide el destino del agua?Seis años después, el 5 de mayo de 2016, cuando la represa fue inaugurada, cerca del 80 % del caudal del río Xingú fue desviado.Ya en 2018 organizaciones y comunidades alertaban que el plan de manejo del caudal, impuesto al Xingú para la operación de la hidroeléctrica, era el anuncio de un futuro de escasez.Tal advertencia se convirtió en realidad.Hoy, tramos enteros del río están secos. Más de 100 kilómetros de la Volta Grande han perdido su flujo natural. El agua, que antes sostenía la biodiversidad y los modos de vida locales, ya no llega como antes.Sin agua suficiente, los peces dejaron de reproducirse. Hace tres años que no hay desove.El silencio del río se convirtió en hambre, incertidumbre y ruptura.La muerte de los peces no es solo un impacto ambiental: es el quiebre de un modo de vida.  Comunidades indígenas, ribereñas y pesqueras han perdido no solo su principal fuente de alimento, sino también su autonomía y su relación con el territorio.Hoy, la huella de Belo Monte es una acumulación progresiva de degradación ecológica, social y cultural.Sin embargo, esta historia aún no ha llegado a su fin. Tiempo de justicia para el río Xingú y la vida que sostieneDiez años después del inicio de operaciones de la represa Belo Monte, los impactos denunciados se han confirmado, pero también se ha fortalecido algo que no se había previsto: la resistencia.Las comunidades afectadas siguen organizadas, activas y decididas. Siguen denunciando, exigiendo reparación y defendiendo el derecho a vivir junto al río.Esa fuerza es visible hoy en las protestas contra nuevos proyectos en la zona.Porque para estos pueblos, la lucha no es solo contra un proyecto, es por la continuidad de la vida.Hoy es tiempo de justicia para ellos.  La denuncia contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en el caso está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2011, a la espera de una decisión que puede marcar un antes y un después para las comunidades de la cuenca del Xingú.La denuncia tiene los elementos jurídicos y probatorios necesarios para que la Comisión la admita, determine que hubo varias violaciones de derechos humanos y remita el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo fallo puede sentar un precedente para la regulación estatal de megaproyectos en contextos de crisis climática; la participación pública; y la protección de pueblos indígenas, comunidades tradicionales y ecosistemas clave como la Amazonía.Pero, mientras el proceso avanza lentamente, los impactos siguen agravándose cada día. La urgencia no es jurídica, es humana. Cada ciclo sin respuesta es un ciclo más de sequía, de pérdida de biodiversidad y de vulneraciones que se acumulan. En este caso, decidir no es solo una cuestión institucional, es una cuestión de esperanza de vida para quienes dependen del río.Lo ocurrido con Belo Monte se ha convertido en un símbolo.Es un claro ejemplo de cómo los proyectos vendidos como "energía limpia" pueden acarrear impactos profundos y duraderos cuando ignoran los derechos humanos.  En momentos en que el mundo busca soluciones energéticas para enfrentar la crisis climática, no podemos repetir viejos patrones de injusticia.  Conoce más del caso 

Santa Marta y el fin de los combustibles fósiles: Del "sí" al "cómo"

Terminó la Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles en Santa Marta, Colombia. Y todo apunta a que esta iniciativa llegó para quedarse. Muchos aspectos merecen atención en este proceso abierto por Colombia y los Países Bajos. ¿Estamos ante la primera piedra de una nueva era? Mientras el mundo aún no termina de digerir lo ocurrido, y espera el reporte oficial de los países coanfitriones en los próximos meses, hacemos un análisis temprano. Los orígenesLa conferencia de Santa Marta fue la respuesta a la frustración de tres décadas sin que las negociaciones climáticas internacionales —en las sucesivas Conferencias de las Partes (COP) de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (CMNUCC)— abordaran de frente la causa principal e indiscutida de la crisis climática: los combustibles fósiles. Y ya era hora. Desde 1992, la comunidad internacional ha negociado emisiones, metas y mecanismos de mercado, sin lograr mirar de frente al elefante en la sala. Las palabras "petróleo", "carbón" y "combustibles" no aparecen en el Acuerdo de París. Recién en 2021, en la COP de Glasgow se reconoció por primera vez que los combustibles fósiles causan el cambio climático, pero solo se pidió una reducción gradual del carbón. En 2023, en Dubai, se logró el mayor avance: la frase "transitioning away from fossil fuels". Y en 2025, en Belém, ni eso pudo mantenerse. Pero al menos esa frustración sirvió para detonar la conferencia de Santa Marta, que fue precisamente lo contrario: 57 países representando un tercio del PIB global sentados para hablar de cómo dejar los fósiles, no de si hacerlo o no. Si no llega a ser nada más, esta conferencia por lo menos fue un alivio, una señal de cordura en un mundo que a veces realmente no se entiende.Y no solo se habló del qué, sino del cómo, que incluye la justicia. El documento oficial de resumen que circularon los países anfitriones habla de planes territoriales de transición justa, reconversión laboral con participación de personas trabajadoras y comunidades, acceso directo a financiamiento para pueblos indígenas, y prevención explícita de "nuevas formas de dependencia extractiva". Se mencionan los sistemas de energía descentralizada y comunitaria como ejemplos concretos de producción sostenible.Desde AIDA, creemos que esta es una condición fundamental: sin justicia, no hay transición viable. No es un imperativo ético o jurídico, es también práctico. Cuando la transición se hace sin las comunidades, sin el resguardo de las personas y los territorios, sin una justa distribución de cargas y beneficios, genera resistencia que puede frenar los propios proyectos. La evidencia en América Latina habla por sí sola.En tiempos en que la humanidad atraviesa tanta oscuridad, cuesta ser optimista. Quizás en este caso hay razones para serlo. Una guerra que, paradójicamente, muestra el caminoLa guerra en Medio Oriente como telón de fondo le dio a la conferencia de Santa Marta una urgencia sin precedentes: la disrupción en el suministro de petróleo y gas que ha generado nos pone en una situación única. De un plumazo, se interrumpió entre el 20 y 25% del flujo de petróleo y gas en el mundo, generando estragos a lo largo y ancho del planeta: costos de vida disparados, apagones, economías tambaleándose. Un conflicto en un punto específico del planeta está afectando a casi todas las economías del mundo. Y eso cambió el tono de la conversación. La transición no se enmarca solo como una necesidad climática o ambiental, sino como un asunto de seguridad y soberanía. La guerra demostró que depender de los fósiles nos hace tremendamente vulnerables. Es tiempo de asumir que la urgencia climática y estabilidad económica están del mismo lado, no se contraponen.Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de Energía, declaró desde Santa Marta que la guerra "rompió los mercados fósiles sin posibilidad de reparación", refiriéndose a la metáfora del jarrón roto. No es solo una posición ambientalista, es un diagnóstico global. La renovación de Santa MartaAdemás de su contenido, la forma en que se desarrolló la conferencia de Santa Marta también sorprendió y podría considerarse una innovación para la diplomacia climática. El lobby de los combustibles fósiles fue explícitamente excluidos. Los países que históricamente han bloqueado cualquier progreso no fueron invitados. Y el formato del segmento de alto nivel rompió con las dinámicas tradicionales: en lugar de las declaraciones leídas desde un computador que caracterizan las COP, los ministros y delegados se sentaron en círculos pequeños bajo las reglas de Chatham House, sin pantallas, y junto a representantes de sociedad civil y pueblos indígenas en las mismas condiciones. No pasó al final, cuando ya nadie escucha, sino marcando la pauta desde el inicio.Tzeporah Berman, presidenta de la iniciativa para crear el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, describió la experiencia como "ver una represa ceder: "toda esa experiencia, esos conocimientos y esa pasión acumulados se traducen de repente en medidas concretas para eliminar gradualmente los combustibles contaminantes". La ciencia al volanteEntre los resultados concretos, destaca el lanzamiento del Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET, por sus siglas en inglés). En los primeros años de las negociaciones climáticas, la ciencia iba por delante: las COP abrían con una actualización del conocimiento científico más reciente y las decisiones se construían sobre esa base. Con el tiempo, eso se fue erosionando. Países con intereses fósiles fueron diluyendo las advertencias científicas e introduciendo lo que en la conferencia de Santa Marta se llamó abiertamente "falsas soluciones" —como la captura de carbono y los offsets— para justificar la continuidad de la extracción. La conferencia se propuso poner a la ciencia de regreso al volante.El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) sigue produciendo informes fundamentales, pero tiene limitaciones que el SPGET puede subsanar. Publica informes cada siete años, un proceso lento para una crisis que se acelera. Sus resúmenes para personas tomadoras de decisiones —que en la práctica leen los gobiernos— son negociados línea por línea con representantes gubernamentales, incluyendo países con intereses fósiles, lo que atenúa conclusiones. Y el IPCC no está facultado para dar recomendaciones de política a los países. Carlos Nobre, uno de los fundadores del SPGET, contó que una vez quiso incluir información sobre los riesgos que enfrenta la Amazonía en un resumen del IPCC y que un representante de su propio país lo rechazó. El SPGET es totalmente independiente. Ningún gobierno puede vetar lo que dice y producirá actualizaciones anuales con recomendaciones concretas de política, apoyando a los países en el desarrollo de hojas de ruta alineadas con la meta de los 1.5°C. En cuanto a su estructura, está copresidido por una economista camerunesa (Vera Songwe), un economista alemán (Ottmar Edenhofer) y un ingeniero energético brasileño (Gilberto Jannuzzi). Si funciona como promete, podría convertirse en el brazo científico que la transición necesita. Continuidad y estructura. La promesa hacia el futuroLa conferencia de Santa Marta no fue un evento aislado, sino el inicio de un proceso estructurado. Para empezar, ya se confirmó una segunda versión para 2027, coorganizada por Tuvalu e Irlanda, sellando el compromiso de colaboración norte-sur. Con miras a eso, se crearon tres líneas de trabajo permanentes que operarán hasta Tuvalu. La primera línea de trabajo apoyará a los países en la elaboración de hojas de ruta nacionales de transición, conectadas con sus compromisos climáticos bajo el Acuerdo de París. Hay ejemplos concretos: Francia llegó con la suya, una hoja de ruta para eliminar progresivamente los combustibles fósiles de su matriz energética para 2050, la primera propuesta de este tipo presentada por un país desarrollado. Pero el plan ha sido criticado por la sociedad civil. No aborda la remediación de territorios dañados por décadas de extracción ni da cuenta de las nuevas presiones que su modelo de electrificación podría ejercer en el sur global, de donde provienen la gran mayoría de los minerales necesarios para baterías, redes y energías renovables. Colombia, por su parte, presentó la suya en la preconferencia académica, con datos que muestran que la transición resultaría económicamente rentable a partir de 2040. Estas hojas de ruta, a diferencia de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), abordan la producción de combustibles fósiles. Las NDC se refieren a la reducción de emisiones, pero no comprometen el cierre de minas o plantas de carbón ni el fin de las licitaciones para extraer fósiles. Ahora, las NDC también tienen algo que las hojas de ruta no tienen: anclaje jurídico, al ser parte del Acuerdo de París. Entonces, la promesa está en que las hojas de ruta se integren en las NDC, lo que dejaría con compromisos concretos y vinculantes de transición. Pero, como muestra el caso francés, si las hojas de ruta no incorporan la remediación de territorios afectados ni las cadenas de suministro que la electrificación demanda, hay riesgo de terminar con compromisos vinculantes que consolidan una transición desigual en lugar de corregirla.La segunda línea de trabajo permanente abordará las barreras financieras —deuda, subsidios fósiles y acceso a capital— con apoyo del IISD, un centro de investigación especializado en políticas de subsidios y finanzas climáticas. Y la tercera buscará formas de descarbonizar el comercio internacional, conectando a países productores y consumidores de combustibles fósiles para que trabajen juntos en la transición, con apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).A eso se suma el panel científico (SPGET), que dará base técnica a todo el proceso, y un grupo de coordinación permanente entre los coanfitriones actuales (Colombia y Países Bajos) y los futuros (Tuvalu e Irlanda), que asegurará continuidad. Todo lo que salga de estas líneas de trabajo alimentará las negociaciones climáticas oficiales de la ONU, incluyendo la COP31, prevista para noviembre de este año en Turquía.Aunque no hay acuerdos vinculantes que mostrar, sí contamos ya con mecanismos concretos de trabajo entre los países que sí quieren avanzar, con instituciones de apoyo, mandatos claros, una segunda conferencia para recibir los avances y la promesa de permear las negociaciones oficiales de la ONU. Es un buen comienzo que tiene estructura para sostenerse. Lo que queda por resolverHay una deuda que atraviesa todo lo anterior: los plazos y la urgencia. Recién empezamos a hablar de crear hojas de ruta para eliminar los combustibles fósiles, pero su implementación debió iniciar hace 40 años. Ese desfase debería marcar el tono de todo lo que viene.Un tema en el que la conferencia de Santa Marta se quedó particularmente corta es el financiamiento. El tema —deuda, espacio fiscal, subsidios, arquitectura financiera internacional—se discutió extensamente, pero no se logró traducir esto en señales claras. Para un proceso que aspira a coordinar la salida global de los combustibles fósiles, la ausencia de una hoja de ruta financiera es una limitación seria.No es algo nuevo ni se trata de caridad. El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, consagrado en la propia CMNUCC, establece que los países que más contribuyeron a la crisis climática deben apoyar a los que menos lo hicieron y más sufren. Con esta base se han construido las metas de financiamiento climático que hoy ascienden a USD 300.000 millones anuales para 2035, según se acordó en la COP29. Pero la mayoría de ese financiamiento llega en forma de préstamos, lo que significa que los países del sur se endeudan para resolver un problema que no crearon. La deuda climática del norte con el sur se convierte, paradójicamente, en deuda financiera del sur con el norte. Así, no hay transición justa posible. Y la conferencia de Santa Marta no logró avances al respecto. Otra barrera estructural que sí llegó a Santa Marta, pero que aún requiere trabajo es el mecanismo de solución de disputas inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés), que permite a corporaciones fósiles demandar a los Estados por adoptar medidas climáticas. Al menos USD 100.000 millones en compensaciones han sido otorgados a empresas a través de tribunales internacionales de arbitraje. El ISDS quedó en el resumen oficial de la conferencia de Santa Marta, pero con un lenguaje tibio. Mientras los gobiernos puedan ser demandados por miles de millones por cerrar una mina de carbón, la transición no avanzará, y no por falta de voluntad, sino por miedo a las demandas.Tampoco se resolvió el debate sobre el gas natural como combustible "de transición". El documento oficial reconoce que "hubo diferentes perspectivas respecto al rol de combustibles de transición y tecnologías”, un avance logrado gracias a la presión de la sociedad civil, considerando el número de países que promueven abiertamente el gas como solución. Pero el gas es un combustible fósil cuyas fugas de metano agravan el calentamiento. Presentarlo como "de transición" es profundizar la dependencia y postergar la transición. Finalmente, un análisis desde América Latina muestra una importante incoherencia práctica: la brecha entre lo que los países dicen y hacen. El gobierno de México participó activamente en la conferencia, pero al mismo tiempo instaló un comité para evaluar la viabilidad del fracking “sustentable”. El gobierno de Brasil, guardián de la Amazonía, sigue licitando pozos petroleros. Y Colombia, anfitrión de la conferencia, anunció que busca ampliar la frontera extractiva en el mar Caribe. Pareciera que diferentes ramas de un mismo gobierno actúan con objetivos totalmente contradictorios. El problema es que esto daña la credibilidad del proceso, que es crucial para una coalición como la que se pretende. Dicho todo esto, quizás era mucho esperar que la primera conferencia de este tipo, que buscó y logró sentar las bases de un proceso nuevo, llegara con todas las respuestas a la crisis de nuestros tiempos. La conferencia de Santa Marta sirvió para mapear los problemas, crear las líneas de trabajo y construir confianza. El siguiente paso no puede esperar mucho tiempo. Para la conferencia de 2027 en Tuvalu, no deberían quedar temas pendientes, sobre todo el financiamiento. Un plan sin financiamiento, por muy bueno y atinado que sea, no tiene como despegar.  De un puerto carbonero a una isla que se hunde Terminó la conferencia en Santa Marta, un importante puerto carbonífero en Colombia, y la siguiente parada es Tuvalu, una pequeña nación insular del Pacífico, amenazada existencialmente por el aumento del nivel del mar. La ruta es simbólica: desde un país que exporta carbón a uno que desaparece por el calentamiento que la quema de ese carbón genera. Que estas dos naciones estén hoy construyendo juntas las bases para cambiar el rumbo es precisamente lo que necesitamos: reconocer el pasado y mirar al futuro con solidaridad. La Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles podría pasar a la historia como la primera piedra de una nueva era. Sigamos construyendo. 

Dez anos de Belo Monte: O tempo da justiça chegou

Marco de uma década da operação da usina reacende debate sobre responsabilização e resposta institucional.Ao completar dez anos de funcionamento, a Usina Hidrelétrica (UHE) de Belo Monte, no Pará, retorna ao centro das atenções do debate público, desta vez sob o crivo do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Mais do que um balanço sobre o marco temporal do empreendimento, a data impõe urgência de uma resposta institucional efetiva e evidencia que a justiça não pode ser mais adiada. O caso, que atualmente tramita na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), reúne um conjunto consistente de evidências de violações de direitos humanos associadas à UHE Belo Monte. Apresentada por uma coalizão  de organizações da sociedade civil,  como a Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA), a Justiça Global, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), o Movimento Xingu Vivo para Sempre (MXVPS) e o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), a petição consolida alegações de violações aos direitos à vida,  à saúde, à consulta prévia e ao meio ambiente saudável. O caso está em estágio avançado de análise e tem potencial para ser encaminhado à Corte Interamericana de Direitos Humanos.Uma década após sua inauguração, os impactos socioambientais permanecem significativos e, em grande medida, não mitigados. A Volta Grande do Xingu, trecho de aproximadamente 130 km diretamente afetado pela redução artificial da vazão do rio, representa o principal passivo do empreendimento. A alteração do regime hidrológico, intensificada por eventos extremos associados às mudanças climáticas, comprometeu ecossistemas locais, afetou o ciclo reprodutivo de espécies, a navegabilidade e a segurança alimentar e hídrica das populações que dependem diretamente do rio.Nesse contexto, comunidades indígenas, ribeirinhas e pescadores artesanais enfrentam a deterioração de seus modos de vida, especialmente  pela redução da disponibilidade de peixes e seus impactos na segurança alimentar. Outros efeitos são a proliferação de enfermidades associadas a mosquitos, a realocação de famílias ribeirinhas a assentamentos longe do rio, o estopim de relatos de depressão e suicídio entre jovens, e os impactos nas práticas culturais e modos de vida das comunidades locais. Diferentemente das discussões que marcaram a fase de implementação do projeto, o debate atual é intensificado pela emergência climática e por novos parâmetros normativos internacionais. O Parecer Consultivo 32 da Corte Interamericana de Direitos Humanos traz diretrizes claras sobre as obrigações dos Estados na proteção de direitos humanos frente à crise climática, reconhecendo o direito a um meio ambiente saudável como elemento estruturante. Nesse cenário, o caso da UHE Belo Monte é um exemplo significativo dos desafios de conciliar o desenvolvimento energético, a preservação ambiental e a garantia de direitos da população.As organizações que acompanham o caso apontam o descumprimento de medidas cautelares outorgadas pela Comissão, o que reforça a necessidade de avanço para a próxima etapa no âmbito da Corte. A sustentabilidade legal do processo, somada à relevância internacional do tema, posiciona o caso como apto para julgamento."Mais de uma década de operação da UHE Belo Monte, os impactos no Xingu se comprovaram e seguem uma tendência de agravamento diante da  pressão de novos empreendimentos na região e ante os efeitos da crise climática. As comunidades seguem mobilizadas por justiça e confiantes na atuação da Comissão Interamericana para que o caso seja levado à Corte - o passo final para assegurar a reparação integral e a proteção do território e de seus modos de vida", afirma Marcella Torres, coordenadora jurídica do Programa de Direitos Humanos da AIDA.De acordo com Melisanda Trentin, coordenadora de Justiça Socioambiental e Climática da Justiça Global, o projeto minerário Belo Sun avança sobre a Volta Grande do Xingu com falhas consultivas idênticas às de Belo Monte. “O que está em jogo na região é a sobreposição de danos e violações de direitos humanos e ambientais. Um rio com vazão reduzida, comunidades com insegurança alimentar e modos de vida alterados, e agora um novo projeto que repete as mesmas violações já denunciadas no Sistema Interamericano há mais de 10 anos”, aponta ela. Para as organizações signatárias, o marco temporal de uma década representa uma janela crítica para a efetivação da justiça. O caso Belo Monte deixa de ser um episódio isolado e se projeta como referência para a aplicação concreta da justiça ambiental na Amazônia, em um contexto de crescente pressão climática e de demanda por responsabilização estatal.SOBRE - Belo Monte é a quarta maior usina hidrelétrica do mundo, construída no rio Xingu, no estado do Pará, no coração da Amazônia. Com capacidade instalada de 11.233 MW, foi inaugurada em 5 de maio de 2016. Sua operação desvia 80% do fluxo do rio Xingu por um canal de 500 metros de largura e 75 km de comprimento. A área inundada entre o canal e o reservatório é de 516 km², maior que a cidade de Chicago, dos quais 400 km² eram de floresta nativa.#JustiçaNoXinguVeja a carta aberta dos peticionários do caso Belo Monte no CIDH Leia o que dizem as organizações peticionárias e aliadas do caso:Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB)"Não há segurança jurídica sem o respeito aos direitos originários dos povos indígenas. Na Amazônia, essa defesa ultrapassa o campo jurídico: é um compromisso com a vida, com a integridade dos territórios e com o equilíbrio climático do planeta. Os prejuízos que a implantação da Usina de Belo Monte trouxe às populações indígenas e ao meio ambiente tornaram-se reais e são irreversíveis. A Assessoria Jurídica da COIAB atua para assegurar que a Constituição, os tratados internacionais e a autodeterminação dos povos indígenas sejam efetivamente respeitados em todas as instâncias de decisão", afirma Gabriele Baré, coordenadora da Assessoria Jurídica da COIAB.Conselho Indigenista Missionário (CIMI)"O que hoje se apresenta como tragédia anunciada nunca foi desconhecido. Desde os anos 1980, os Povos Indígenas da região do Xingu denunciaram, com clareza e insistência, o que significaria a imposição da Usina Hidrelétrica de Belo Monte: destruição de modos de vida, ruptura territorial, violência social e colapso das condições mínimas de existência. Nada disso foi ouvido! O que se seguiu não foi erro técnico nem falha de previsão. Foi uma decisão política consciente. Foi a escolha deliberada de sacrificar povos, territórios e vidas em nome de um projeto imposto, sustentado por uma lógica desenvolvimentista que trata corpos e rios como obstáculos descartáveis. Nesse sentido, para o Cimi, à luz do princípio da reparação integral, a posição é inequívoca: a concessão deve ser cancelada, o funcionamento da usina interrompido e iniciado um processo progressivo e estruturado de desmantelamento da infraestrutura, acompanhado de medidas de justiça, reparação geracional, restituição territorial aos Povos Indígenas e reparações sociais e econômicas a todas as vítimas."Movimento Xingu Vivo para Sempre"Belo Monte arrancou as pessoas do beiradão e dispersou o povo do Xingu por aí, longe do rio, da comunidade, da lida diária que era familiar e querida. O ribeirinho deixou de ser, a pescadora deixou de ser, viraram um nada, muitos vagando pelas periferias das cidades. Essas pessoas perderam a identidade e, com isso, a sua alma. Ficou só vazio e solidão. O impacto da perda da existência não pode ser compensado, mas tem que ser reconhecido para que haja algum tipo de reparação", afirma Ana Laide Barbosa, educadora do Movimento Xingu Vivo para Sempre.Observatório dos Povos Indígenas Isolados (OPI)"A instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte agravou ameaças e pressões aos povos indígenas da região do Médio Xingu de uma maneira similar ao que ocorreu durante o período ditatorial com a abertura da rodovia Transamazônica na mesma região. Povos de recente contato como os Parakanã e os Arara sofreram com índices alarmantes de invasões e desmatamento ilegal em suas terras e o refúgio de grupos indígenas em isolamento da Ituna Itatá chegou a ser um dos mais desmatados do Brasil. Ao mesmo tempo, o desvio das águas do Xingu promove danos ecocidas aos indígenas da Volta Grande; e políticas danosas de compensação de impactos tiveram efeitos desagregadores e etnocidas sobre quase todos os povos. Por tudo isso, a hidrelétrica se tornou mais um exemplo da relação colonial estabelecida pelo estado brasileiro com os povos amazônicos e uma dívida de reparação que precisa ser reconhecida e sanada", diz Helena Palmquist, coordenadora adjunta do Observatório dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (OPI).  

Diez años de Belo Monte: Llegó el momento de la justicia

El décimo aniversario de la operación de la hidroeléctrica reaviva el debate sobre la rendición de cuentas y la respuesta institucional.Brasilia. Al cumplirse diez años de su inauguración, la Central Hidroeléctrica Belo Monte, en el estado de Pará, vuelve al centro del debate público, esta vez bajo el escrutinio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Más que un balance, la fecha refuerza la urgencia de una respuesta institucional efectiva y deja claro que la justicia no puede seguir postergándose.El caso, que actualmente está en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reúne un conjunto de pruebas de violaciones de derechos humanos asociadas a la hidroeléctrica Belo Monte. La petición presentada por una coalición de organizaciones de la sociedad civil —como la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA), Justiça Global, la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), el Movimiento Xingú Vivo para Siempre (MXVPS) y el Consejo Indígena Misionero (CIMI)— consolida denuncias de violaciones de los derechos a la vida, la salud, la consulta previa y un ambiente sano. El caso se encuentra en una etapa avanzada de análisis y podría ser remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Una década después de su inauguración, los impactos socioambientales siguen siendo significativos y, en gran medida, no se han mitigado. La Volta Grande do Xingú, un tramo de aproximadamente 130 km directamente afectado por la reducción artificial del caudal del río, concentra el principal riesgo del proyecto. La alteración del régimen hidrológico, agravada por eventos extremos asociados al cambio climático, ha comprometido los ecosistemas locales y afectado el ciclo reproductivo de las especies, la navegabilidad y la seguridad alimentaria e hídrica de las poblaciones que dependen directamente del río.En este contexto, las comunidades indígenas, ribereñas y pesqueras artesanales enfrentan un deterioro sostenido de sus modos de vida, con una menor disponibilidad de pescado y repercusiones en la actividad pesquera. A ello se suman reasentamientos inadecuados, aumento de la violencia, problemas de salud mental y repercusiones en el mantenimiento de sus prácticas culturales.A diferencia de los debates que marcaron la fase de implementación del proyecto, el debate actual se intensifica debido a la emergencia climática y a los nuevos parámetros normativos internacionales. La Opinión Consultiva OC-32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos proporciona directrices claras sobre las obligaciones de los Estados en la protección de los derechos humanos frente a la crisis climática, reconociendo el derecho a un ambiente sano como un elemento estructurante. En este escenario, el caso de la Central Hidroeléctrica Belo Monte es un ejemplo significativo de los desafíos que implica conciliar el desarrollo energético, la preservación del ambiente y la garantía de los derechos de la población.Las organizaciones que monitorean el caso señalan el incumplimiento de las medidas cautelares emitidas por la Comisión, lo que refuerza la necesidad de avanzar a la siguiente etapa ante la Corte. La sostenibilidad jurídica del proceso, junto con la relevancia internacional del tema, sitúan el caso como listo para juicio."Más de una década después del inicio de la construcción de la represa hidroeléctrica Belo Monte, los impactos en el río Xingú persisten y se agravan, amplificados por la presión de nuevos proyectos y la crisis climática. Las comunidades siguen movilizadas en busca de justicia y confían en las acciones de la CIDH para llevar el caso ante la Corte, paso clave para garantizar la reparación integral y la protección del territorio y sus formas de vida", afirma Marcella Torres, coordinadora legal del Programa de Derechos Humanos de AIDA.Según Melisanda Trentin, coordinadora de Justicia Socioambiental y Climática de Justicia Global, el proyecto minero Belo Sun avanza en la Volta Grande del Xingú con fallas en el proceso de consulta idénticas a las de Belo Monte. "Lo que está en juego en la región es la acumulación de daños y violaciones de los derechos humanos y ambientales. Un río con caudal reducido, comunidades con inseguridad alimentaria y modos de vida alterados, y ahora un nuevo proyecto que repite las mismas violaciones ya denunciadas en el Sistema Interamericano hace más de 10 años", señala.Para las organizaciones firmantes, el décimo aniversario representa una oportunidad crucial para avanzar en la administración efectiva de justicia. El caso de Belo Monte deja de ser un episodio aislado y se proyecta como un referente para la aplicación concreta de la justicia ambiental en la Amazonía, en un contexto de creciente presión climática y demanda de rendición de cuentas por parte del Estado.ACERCA DE BELO MONTE: Es la cuarta central hidroeléctrica más grande del mundo, construida sobre el río Xingú, en el estado de Pará, en el corazón de la Amazonía brasileña. Cuenta con una capacidad instalada de 11.233 MW y fue inaugurada el 5 de mayo de 2016. Su funcionamiento desvía el 80% del caudal del río Xingú a través de un canal de 500 metros de ancho y 75 km de largo. La zona inundada entre el canal y el embalse abarca 516 km², una superficie mayor que la de la ciudad de Chicago, de los cuales 400 km² corresponden a bosque nativo.#JusticiaEnElXinguLee la carta abierta de los demandantes del caso de Belo Monte ante la CIDH Conoce lo que dicen las organizaciones demandantes del caso:Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB)"No hay seguridad jurídica sin el respeto a los derechos originarios de los pueblos indígenas. En la Amazonía, esta defensa va más allá del ámbito jurídico, es un compromiso con la vida, con la integridad de los territorios y con el equilibrio climático del planeta. Los daños que la construcción de la central de Belo Monte ha causado a las poblaciones indígenas y al medio ambiente se han hecho realidad y son irreversibles. La Asesoría Jurídica de COIAB trabaja para garantizar que la Constitución, los tratados internacionales y la autodeterminación de los pueblos indígenas sean respetados efectivamente en todas las instancias de decisión", afirma Gabriele Baré, coordinadora de la Asesoría Jurídica de COIAB.Movimiento Xingú Vivo para Siempre"Belo Monte arrancó a la gente de la ribera y dispersó a los habitantes del Xingu por todas partes, lejos del río, de la comunidad, de la vida cotidiana que les era familiar y querida. El ribereño dejó de serlo, la pescadora dejó de serlo, se convirtieron en una nada, muchos de ellos vagando por las periferias de las ciudades. Estas personas perdieron su identidad y, con ello, su alma. Solo quedó vacío y soledad. El impacto de la pérdida de la existencia no puede compensarse, pero debe reconocerse para que haya algún tipo de reparación", afirma Ana Laide Barbosa, educadora del Movimiento Xingú Vivo para Siempre.Observatorio de los Pueblos Indígenas Aislados (OPI)"La construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte ha agravado las amenazas y presiones sobre los pueblos indígenas de la región del Medio Xingú, de manera similar a lo que ocurrió durante el periodo dictatorial con la apertura de la carretera Transamazónica en la misma región. Los pueblos de contacto reciente, como los parakanã y los arara, han sufrido índices alarmantes de invasiones y deforestación ilegal en sus tierras, y el refugio de los grupos indígenas aislados de Ituna Itatá llegó a ser uno de los más deforestados de Brasil. Al mismo tiempo, el desvío de las aguas del Xingú provoca daños ecocidas a los indígenas de la Volta Grande; y las políticas perjudiciales de compensación de impactos tuvieron efectos desintegradores y etnocidas sobre casi todos los pueblos. Por todo ello, la hidroeléctrica se ha convertido en un ejemplo más de la relación colonial establecida por el Estado brasileño con los pueblos amazónicos y en una deuda de reparación que debe ser reconocida y subsanada", afirma Helena Palmquist, coordinadora adjunta del Observatorio de Pueblos Indígenas Aislados y de Contacto Reciente (OPI).