Derechos Humanos

Río Tiputini en el Parque Nacional Yasuní, Ecuador

Octubre 04 2023 Derechos Indígenas, Participación Ciudadana, Cambio Climático

Yasuní: Crece la ambición climática gracias al pueblo de Ecuador

La decisión del pueblo ecuatoriano de dejar el petróleo en el subsuelo en una parte del Parque Nacional Yasuní, en plena Amazonía, es una respuesta a la historia de contaminación de la tierra, el agua y el aire de las comunidades amazónicas tras 50 años de explotación petrolera. Es además una muestra de ambición climática esperanzadora que debe ser reconocida y respaldada a nivel regional y global. El 20 de agosto pasado, en una consulta popular nacional, el pueblo ecuatoriano optó por detener la extracción petrolera en el bloque 43 ITT (Ishpingo, Tiputini, Tambococha), uno de los tres en producción dentro del parque. Con esta decisión, la población de Ecuador dio un paso importante hacia la transición ordenada para dejar una parte del petróleo bajo tierra. Implementarla es una obligación legal para el gobierno ecuatoriano. De hacerlo de manera adecuada, respetando los principios de transición justa y salida responsable, Ecuador será el primer país en cumplir con las demandas que el Secretario General de la ONU y los organismos científicos y energéticos —como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y la Agencia Internacional de la Energía— vienen haciendo a los actores nacionales acerca de un abandono progresivo de la explotación de combustibles fósiles. Resulta clave ahora que la sociedad civil regional y global acompañe la salida responsable de las operaciones petroleras en el bloque 43 del Yasuní, en el término establecido (18 meses calendario), aplicando veedurías independientes y apoyando alternativas de transición justa para el territorio y sus habitantes. ¿Cómo se llegó a este resultado? Este avance importante para la protección del Yasuní, un ecosistema clave para la adaptación y mitigación de la crisis climática mundial, es fruto de diversos factores, previos a la decisión del 60% del pueblo ecuatoriano el pasado 20 de agosto. Entre ellos están: La lucha histórica de los movimientos indígenas por la defensa territorial y el acompañamiento de varios sectores de la sociedad civil que dieron origen a la Iniciativa Yasuní ITT, que trató de conseguir una compensación económica de la comunidad internacional, que entregaría fondos equivalentes a una parte de las ganancias de la comercialización, a cambio de dejar el crudo bajo tierra. La creación del colectivo social Yasunidos en el año 2013, a raíz del cese de la Iniciativa Yasuní ITT, para oponerse a la declaración de interés nacional de la explotación petrolera del Yasuní, realizada por parte de la Asamblea Nacional de Ecuador. La lucha incansable de este y otros colectivos, que demostró el fraude realizado por el Consejo Nacional Electoral ante su pedido de consulta popular en 2014, antes del inicio de la explotación petrolera. La decisión de la Corte Constitucional de dar paso a la consulta y el reconocimiento de la violación de los derechos de participación de los miles de personas que firmaron el pedido de consulta en 2014. ¿Qué implica la decisión? Esta histórica decisión tiene implicaciones nacionales, regionales y mundiales, como se detalla a continuación. A nivel nacional, el resultado de la consulta implica —según el dictamen de la Corte Constitucional—, adoptar las siguientes medidas: i) suspender las actividades de extracción; ii) no iniciar actividades nuevas ni firmar nuevos contratos; iii) tomar medidas para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario; iv) tomar medidas de reparación a la naturaleza; v) otras acciones. Todas ellas son oportunidades para generar un espacio de transición justa en la zona. La decisión implica el reconocimiento y reparación de los derechos humanos a la participación de miles de ecuatorianos/as que pudieron decidir con su voto el destino de esta zona, además de la protección de los derechos humanos relacionados con la vida y protección los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que habitan el Parque Yasuní. Se trata de un paso que promueve la conservación del Parque Nacional Yasuní y de su enorme biodiversidad al ser parte de la Amazonía, un ecosistema regulador del clima y clave para la adaptación a la crisis climática a nivel mundial. Con la adecuada implementación de esta decisión, Ecuador dejará de emitir alrededor de 400 millones de toneladas de CO2, asociadas a la explotación petrolera de alrededor de 58 mil barriles diarios, que ahora debe ser suspendida. El resultado de la consulta contempla un plazo de 18 meses calendario para suspender la explotación petrolera y dejar el crudo bajo tierra de forma indefinida. Con ello se asoma el gran reto de implementar una medida que puede ser ejemplar para el mundo: el cierre y abandono responsable de un campo petrolero en la Amazonía. Los retos para la implementación Para ser exitoso, el proceso de salida responsable en el bloque 43 debe garantizar: i) la protección del territorio para evitar la deforestación ilegal y ii) el cuidado de las comunidades con el fin de brindarles alternativas económicas (investigación, bioconocimiento, bioeconomía y turismo sostenible, entre otras). Además, su implementación requiere espacios de veeduría y observatorios ciudadanos locales, así como el respaldo de la comunidad internacional y regional a través de mecanismos financieros y de capacitación técnica. Esa es la promesa de los programas de trabajo de Transición Justa y de Mitigación generados en las negociaciones climáticas. Ante el llamado urgente a que los mayores emisores de carbono del mundo dejen rápidamente de quemar combustibles fósiles, el pueblo de Ecuador ha respondido con un avance importante hacia la transición, uno que comienza desde abajo, en una geografía determinada de la Amazonía. Por ello, su decisión debe ser reconocida en la plataforma para la Acción Climática Mundial (NAZCA por sus siglas en inglés) de la ONU, que recoge la acción climática de actores no estatales. También es fundamental que el próximo gobierno ecuatoriano selle este compromiso climático incluyéndolo en la actualización de sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Implementar la decisión del pueblo ecuatoriano en la consulta popular para proteger el Parque Nacional Yasuní es una obligación legal a nivel local y un precedente exitoso que puede impulsar la necesaria transición energética a nivel mundial.

Septiembre 13 2023 Cambio Climático, Derechos Humanos, Fortalecimiento de Capacidades

Sesión 1 de la Serie Internacional de Seminarios Web del GCF Watch 2023

La red de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y cómo funciona En esta primera sesión, hicimos una breve introducción al Fondo, al Plan Estratégico Actualizado para 2024-2027 y al segundo proceso de reposición, actualmente en curso. Además, hablamos de la plataforma del GCF Watch y de las oportunidades que brinda. Y conversaremos con dos de nuestras observadoras activas ante el Fondo para comprender mejor su trabajo, en alianza con la red de observadores de la sociedad civil que hace seguimiento al Fondo. PanelistasFlorencia Ortúzar, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Introducción a la serie de seminarios web y moderación.Jei Edora, Asian Peoples' Movement on Debt and Development (APMDD): Introducción al Fondo, el nuevo Plan Estratégico Actualizado y el segundo proceso de reposición.Ira Guerrero, Institute for Climate and Sustainable Cities (ICSC): La plataforma del GCF Watch.Erika Lennon, Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL), y Liane Schalatek, Fundación Heinrich Boell: Conversación con observadoras activas ante el Fondo acerca de cómo trabajamos y por qué lo hacemos.Camila Bartelega, AIDA: Actividad interactiva para aprender del público.Grabación (en inglés)

Paisaje desértico en La Guajira, Colombia.

Septiembre 12 2023 Derechos Indígenas, Minería, Fuentes de Agua Dulce

Ampliar la minería de carbón en Colombia contradice una transición energética justa

Colombia enfrenta hoy numerosos desafíos relacionados con la necesaria transición energética justa. Al ser el principal exportador de carbón térmico de América Latina, uno de sus retos prioritarios es definir el futuro del mineral en las matrices económicas y energéticas del país, así como la manera de alinear ese sector con sus obligaciones en materia de gestión de la crisis climática global. Sin duda, las medidas que se adopten para avanzar hacia la transición energética justa y el cumplimiento de los compromisos climáticos deben respetar y garantizar los derechos humanos. El Estado debe hacerlo con una perspectiva diferenciada respecto a los grupos más vulnerables de la sociedad, los mayormente afectados por los efectos de la crisis climática y por los procesos de transición. El gobierno actual, como parte de su plan para modificar la estrategia de transición energética, ha propuesto la construcción de una hoja de ruta enfocada en promover proyectos de energías renovables de fuentes no convencionales, entre otras iniciativas. La propuesta tiene cuatro principios: equidad, participación social y vinculante, gradualidad soberana con confiabilidad y un principio de conocimiento. Aunque la estrategia planteada puede considerarse un avance hacia la transición energética y al cumplimiento de compromisos y estándares internacionales, tiene vacíos preocupantes: no se enfoca lo suficiente en la sustitución de combustibles fósiles y evade el rol e impactos generados por el sector carbón en todas sus fases. Dejar fuera las causas estructurales de la crisis climática obstaculiza la consolidación de un proceso de transición energética que es hoy un escenario en disputa con diversas reivindicaciones e intereses en juego. Un claro ejemplo es lo que ocurre en el departamento de La Guajira, al norte del país, donde confluyen un alto potencial para las energías renovables y la extracción del 35% del carbón que se exporta, actividad que profundiza la crisis climática. Ello ha incrementado la de por sí alta vulnerabilidad climática de la región y agravado la vulneración de derechos humanos en ese territorio. El impacto ha sido tal —sobre todo en términos de estrés hídrico, desertificación y disminución de precipitaciones— que el gobierno decretó Estado de Emergencia Económica, Social y Ambiental en La Guajira, donde se prevé la llegada del fenómeno de El Niño con una intensidad y duración más altas que en años anteriores. El rol del sector carbón en el proceso de transición Combatir y gestionar la crisis climática implica mínimamente avanzar en el proceso de sustitución de los combustibles fósiles, además de frenar la expansión de su extracción y explotación, con la consecuencia evidente de restringir al máximo su uso. Los impactos en derechos humanos y en el clima global del sector carbón, así como los conflictos socioambientales que ha generado, han hecho que el mundo replantee el uso y comercialización del mineral. Así, en los países del sur global con alta dependencia de la extracción y comercialización de combustibles fósiles, se han iniciado discusiones acerca de si avanzar y de qué manera en el proceso de sustitución. En el caso colombiano, si el país quiere avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones climáticas y en el proceso de transición energética justa, es necesario dejar de autorizar nuevos proyectos de minería de carbón térmico, evitar la ampliación de los ya existentes y empezar procesos de salida responsable para un cierre minero progresivo y donde se garanticen derechos. La hoja de ruta del proceso de transición energética debe centrarse en evitar al máximo los impactos en los derechos humanos (territoriales, de subsistencia y ambientales) de las comunidades más vulnerables a los efectos de la crisis climática. De lo que se trata es de evitar nuevas violaciones de derechos humanos y una desprotección de los territorios atravesados por la cadena productiva del sector carbón. El debate en torno a la transición energética y los conflictos socioambientales asociados al carbón se ejemplifica plenamente en el caso del arroyo Bruno, en La Guajira, con un proceso jurídico vigente. Está en manos de la Corte Constitucional decidir entre la protección de un arroyo vital para una zona de alto estrés hídrico y la explotación de su cauce para expandir la mina de la empresa Carbones del Cerrejón (propiedad de la multinacional Glencore). Lo que está en juego es la garantía de los derechos de acceso al agua, a la salud y a la vida de las comunidades Wayúu. Lo que la transición justa sí necesita Tras analizar el rol del carbón en el proceso de la transición energética justa en Colombia, es posible concluir que el país no está cumpliendo sus compromisos climáticos porque no ha establecido medidas y acciones específicas para el sector carbón en su política de cambio climático. Si Colombia quiere avanzar en la sustitución de combustibles fósiles, la política de cambio climático y el proceso de transición energética no pueden desligarse del seguimiento y toma de decisiones que las autoridades competentes adopten respecto de proyectos específicos del sector carbón. La gestión del cambio climático y el proceso de transición energética deben reconocer las reivindicaciones de justicia, reparación y no repetición, exigidas por las comunidades afectadas por años de extracción de carbón, como las ubicadas en el departamento de La Guajira. En un escenario de transición energética justa deben garantizarse —junto con las comunidades afectadas—procesos de cierre minero progresivos, participativos e inclusivos, encaminados a generar escenarios de diversificación y reconversión en las regiones con alta dependencia del sector carbón. Actuar bajo ese marco es deseable y posible.

Septiembre 06 2023 Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Minería

Desmascarando o Canadá na Revisão Periódica Universal da ONU

No marco do 4o Ciclo da Revisão Periódica Universal (RPU) do Canadá, mais de 50 organizações da sociedade civil e comunidades afetadas pela conduta empresarial canadense na América Latina e no Caribe, elaboraram três informes que expõem riscos preocupantes à vida e ao meio ambiente.Informe Regional: Detalha a situação de 37 projetos em 9 países da região, nos quais 34 empresas e consórcios canadenses estão envolvidos. A predominância é do setor extrativista, com 27 projetos de mineração e 8 de petróleo, além de dois voltados para energia renovável (um hidrelétrico e um eólico). Em todos esses empreendimentos, houve violações de direitos humanos e significativos impactos ambientais, prejudicando comunidades indígenas, afrodescendentes, rurais e pesqueiras.Informe Amazônico: Avalia a atuação das empresas canadenses na bacia amazônica abrangendo Brasil, Equador, Colômbia e Peru. O estudo aborda 12 projetos extrativistas que impactam ecossistemas sensíveis e comunidades indígenas. As evidências apontam que tais empresas, de forma recorrente, infringem os direitos humanos das comunidades locais e comprometem a integridade ambiental da região de maior biodiversidade do planeta, crucial para o combate à crise climática.Informe Petroleiro: Analisa o comportamento de empresas canadenses em oito projetos petrolíferos situados na Colômbia, Equador e Peru. Revela a urgência da implementação de mecanismos de proteção, acesso à justiça e reparação integral para as comunidades e os povos afetados. Ressalta a necessidade do Canadá reconhecer a estreita relação entre os direitos humanos e o meio ambiente, adotando medidas eficazes para mitigar os impactos adversos causados por suas corporações.É importante destacar que esta não é a primeira vez que o Canadá enfrenta denúncias no Sistema Universal das Nações Unidas devido às práticas de suas empresas em territórios estrangeiros. Durante o 3o ciclo da Revisão Periódica, foram feitas seis recomendações ao Canadá, abordando, entre outras questões, a garantia essencial e proteção dos direitos humanos por suas empresas. Entretanto, como demonstrado nesses relatórios, o país, mesmo após comprometerse a atender essas recomendações, falhou consistentemente em cumprir suas obrigações extraterritoriais, não adotando medidas eficazes para monitorar as atividades corporativas tanto internamente quanto além de suas fronteiras. Leia e baixe o Informe Regional (em espanhol)Leia e baixe o Informe Amazônico (em inglês)Leia e baixe o Informe Petroleiro (em espanhol)

Agosto 31 2023 Derechos Indígenas, Minería, Transparencia y Rendición de Cuentas

Empresas canadenses cometem série de violações de direitos humanos na América Latina, aponta relatório

Genebra - Foi apresentado hoje o relatório "Desmascarando o Canadá às Nações Unidas: Violações de Direitos em Toda a América Latina" durante a pré-sessão do Processo de Revisão Periódica Universal (RPU) das Nações Unidas em Genebra, que ocorre de 28 de agosto a 1 de setembro. Este documento foi entregue por uma delegação que inclui líderes indígenas do Brasil e da Colômbia, uma líder comunitária da Volta Grande do Xingu e demais representantes da sociedade civil latino-americana. As principais organizações indígenas do Brasil, APIB e COIAB, compõem a delegação. O relatório é resultado do trabalho de mais de 50 organizações que organizaram três documentos críticos (Informe Regional, Informe Amazônico e Informe Petroleiro), os quais, juntos, cobram responsabilidade por abusos corporativos associados a 37 projetos canadenses distribuídos por 9 países da América Latina e do Caribe. Das conclusões principais, destaca-se que 32 projetos violam o direito a um ambiente limpo, saudável e sustentável, como o caso da Frontera Energy, no Peru, responsável por 105 derramamentos de petróleo. Outros 26 projetos desrespeitam o direito ao Consentimento Livre, Prévio e Informado de comunidades impactadas, evidenciado nas táticas divisionistas usadas no projeto Warintza do Equador pela Solaris Resources Inc. Adicionalmente, 19 projetos infringem os direitos econômicos, sociais e culturais, como o impedimento ao acesso à alimentação e à manutenção de atividades econômicas tradicionais, visto no Projeto Volta Grande pela mineradora canadense Belo Sun no Pará, Brasil. Outros 16 impactam os direitos políticos e civis, gerando situações de risco para os defensores, como a militarização dos territórios, abuso pelas forças públicas em prol dos interesses empresariais e a criminalização desses defensores. "Viemos aqui para denunciar o envolvimento das empresas canadenses em violações de direitos humanos no Brasil, particularmente o caso da mineradora Belo Sun, no Pará, que almeja estabelecer a maior mina de ouro a céu aberto do país. Embora o Canadá se promova como defensor dos direitos humanos e do meio ambiente, suas ações contradizem seu discurso, especialmente ao violar os direitos dos povos indígenas no Brasil. A discrepância fica clara quando sabemos que o Canadá não assinou a convenção 169 da OIT. Por isso, esperamos que os estados com os quais estamos em diálogo reconheçam essa realidade e pressionem o Canadá a reformular a atuação de suas corporações, buscando uma ação concreta em defesa dos povos indígenas e comunidades tradicionais", afirma Maurício Terena, coordenador jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB. A Revisão Periódica Universal (RPU) é um processo que acontece a cada quatro anos, no qual todos os estados membros da ONU avaliam os registros de direitos humanos de seus pares. Este ano, a avaliação do Canadá será em 10 de novembro de 2023. Espera-se que os Estados membros considerem e incluam as recomendações feitas pela sociedade civil latino-americana. Dentre as sugestões apresentadas, destaca-se a necessidade do Canadá introduzir uma legislação vinculativa e abrangente centrada na devida diligência e responsabilidade corporativa. Isso inclui a supervisão de instituições financeiras e corporações canadenses ao longo de suas cadeias de fornecimento globais, com o objetivo de prevenir, mitigar e penalizar irregularidades corporativas, garantindo que vítimas dessas práticas no exterior possam buscar justiça e reparação completa. "Esperamos que o processo da RPU se consolide como mais uma estratégia em nossa defesa dos direitos dos povos indígenas, atuando como instrumento de proteção dos direitos humanos, indígenas e ambientais. É essencial reconhecer que as corporações envolvidas em tais violações estão cometendo atos criminosos. Essas ações não devem ser vistas apenas como atos isolados, mas sim em uma escala mais ampla, pois ao violar os direitos indígenas, impacta-se toda a humanidade. Assim, além das legislações nacionais e internacionais, essas infrações devem ser consideradas sob uma ótica mais abrangente. É essencial que os estados assumam o compromisso, dentro da ONU, de integrar um mecanismo global onde reconheçam a necessidade de monitorar e cobrar mutuamente ações que respeitem os direitos humanos, indígenas e ambientais", diz Kari Guajajara (Brasil), Assessora Jurídica, Organização Indígena Nacional da Amazônia Brasileira (COIAB). Esta não é a primeira vez que o Canadá enfrenta alegações dentro do Sistema Universal das Nações Unidas devido às atividades de suas corporações no exterior. Seis recomendações foram direcionadas ao Canadá durante o 3º ciclo da Revisão Periódica. Estas abordaram, entre outras preocupações, a garantia e proteção essencial dos direitos humanos pelas empresas canadenses. No entanto, mesmo após se comprometer a atender a essas recomendações, o Canadá falhou consistentemente em cumprir suas obrigações extraterritoriais, negligenciando tomar medidas efetivas para supervisionar atividades corporativas nacional e internacionalmente. "Nosso relatório revela a perturbadora realidade por trás dos empreendimentos corporativos do Canadá na América Latina. Enquanto o Canadá se gaba de uma conduta empresarial ética e se posiciona como "pró-clima", as evidências documentadas revelam a proteção do Canadá às indústrias extrativas responsáveis por significativos danos aos direitos humanos e ambientais - onde o lucro é priorizado sobre as pessoas e o meio ambiente", conclui Gisela Hurtado, gerente de Incidência Política da Amazon Watch. A delegação presente em Genebra é composta por Mauricio Terena da APIB; Maria Judite "Kari" Guajajara da COIAB; Josefa de Oliveira, Educadora Popular do Movimento Xingu Vivo Para Sempre; Lorena Aranha Curuaia, Vice-Presidente da Comunidade Iawá; e Brayan Mojanajinsoy Pasos, Secretário Geral da Associação de Conselhos Indígenas do Município de Villagarzón Putumayo (ACIMVIP), e teve o apoio das organizações Amazon Watch, AIDA, Earthworks, Gaia e Ambiente y Sociedad. Resumo dos casos principais de empresas canadenses envolvidas em violações de direitos destacadas no relatório 1. Frontera Energy no Lote 192 no Peru: - Mais de 2.000 locais contaminados, afetando 26 comunidades indígenas amazônicas. - O plano proposto de encerramento da atividade não inclui reparações para as comunidades afetadas. 2. Mineradora Argentina Gold SRL (parceria entre Barrick Gold e Shandong Gold): - Responsável por pelo menos cinco vazamentos de substâncias tóxicas, incluindo cianeto e arsênio, no Rio Jáchal na Argentina a partir da mina Veladero. - O projeto viola a Lei dos Glaciares devido à sua localização em uma zona glacial e afeta o patrimônio mundial da biodiversidade reconhecido pela UNESCO, a Reserva San Guilhermo. 3. Projeto Volta Grande da Belo Sun no Brasil: - Impactos cumulativos com a hidrelétrica Belo Monte, localizada a menos de 10 km do local de mineração prospectado. - Forças de segurança armadas contratadas pela mineradora para monitorar líderes locais e impedir sua locomocação. - Total desrespeito ao Consentimento Livre, Prévio e Informado de comunidades indígenas e ribeirinhas. - Riscos iminentes e irreversíveis de uma tragédia ambiental se resíduos tóxicos forem lançados no Rio Xingu devido a uma possível ruptura da barragem, dada a falta de estudos de segurança sísmica e de barragens de rejeitos. - Impacto direto nas comunidades, seus meios de subsistência tradicionais e ecossistemas locais. 4. Mina Varadero no Chile: - Contaminou fontes de água com mercúrio, impactando populações rurais e crianças. 5. Barragem Hidrosogamoso da ISAGEN - Brookfield Asset Management na Colômbia: - Prejudicou significativamente os ecossistemas e comunidades locais. 6. Projetos de mineração da American Lithium (Falchani, Macusani e Quelccaya) no Peru: - Liberam regularmente resíduos tóxicos, afetando mais de 700.000 pessoas e contaminando as bacias do Lago Titicaca e do Rio Amazonas. 7. Projeto de mineração Warintza da Solaris Resources Inc. no Equador: - Ignorou os direitos territoriais do povo indígena Shuar Arutam e adotou táticas divisionistas. 8. Projeto de mineração Ixtaca no México: - Suspenso devido a violações dos direitos indígenas. 9. Projeto de mineração El Pato II na Guatemala: - Afetou as comunidades maias Poqomam e mestiças sem a devida consulta prévia. 10. Projeto de mineração Mocoa da Libero Copper na Colômbia: - Prejudicou diretamente o território ancestral do povo Inga, violando seus direitos. 11. Projeto de extração de ouro Machado da Cosigo Resources LTD na Colômbia: - Impactou gravemente locais sagrados indígenas no território Yaigojé Apaporis. 12. Mina Pueblo Viejo da Barrick Gold na República Dominicana: - Forçou o deslocamento de 65 famílias locais devido à barragem de rejeitos El Llagal. 13. Projetos de mineração de La Plata pela Atico Mining Corporation e Las Naves pela Curimining S.A. (subsidiária da Adventus Mining Corporation) e Salazar Resources Limited no Equador: - Tentaram legalizar suas operações apesar de violarem leis nacionais e internacionais de direitos humanos, levando a confrontos e ferimentos. 14. Lote 95 da Petrotal no Peru: - Protestos exigindo direitos da comunidade resultaram em várias mortes pelas forças policiais que guardavam o campo de petróleo. 15. Equinox Gold no Brasil: - Ocultou dados sobre suas operações e impactos, incluindo uma ruptura de barragem. - 4.000 pessoas diretamente impactadas por resíduos tóxicos resultantes da ruptura da barragem que contaminaram rios amazônicos locais, violando o direito a um ambiente limpo e acesso adequado à água potável. - Criminalização de líderes comunitários locais que protestavam pelo direito à água. 16. Gran Tierra Energy no Equador: - Conduziu explorações nos blocos Charapa, Chanangué e Iguana sem o devido compartilhamento de informações às comunidades locais.

Agosto 31 2023 Transparencia y Rendición de Cuentas, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Empresas canadienses cometen diversas violaciones a los derechos humanos en América Latina, señala informe

Ginebra. Hoy se presentó en Ginebra el informe Desenmascarando a Canadá: Violaciones de derechos en América Latina y el Caribe durante la presesión del Proceso del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas. Este documento fue entregado por una delegación que incluye líderes indígenas, comunidades locales y representantes de la sociedad civil latinoamericana. El informe es el resultado del trabajo de más de 50 organizaciones que presentaron tres documentos críticos (Informe Regional, Informe Amazónico e Informe Petrolero), que juntos demandan responsabilidad por abusos corporativos en 37 proyectos canadienses en nueve países de América Latina y el Caribe. Los hallazgos clave incluyen 32 proyectos que infringen el derecho a un medio ambiente limpio; con casos específicos de contaminación del aire, agua y tierra, como los 105 derrames de petróleo en el Bloque 192 de Perú por Frontera Energy. Además, se encontró que 26 proyectos violaban el derecho al consentimiento libre, previo e informado y la consulta, como se vio en las tácticas divisorias empleadas en el proyecto Warintza de Ecuador por Solaris Resources Inc. Además, 19 proyectos violan derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo impactos en la seguridad alimentaria y las actividades económicas tradicionales en el proyecto Volta Grande de Brasil por causa de Belo Sun. Los informes también resaltan una violencia alarmante, con 16 proyectos violando los derechos civiles y políticos de personas defensoras ambientales, que llevaron a situaciones como la lesión de 20 personas en Perú, en julio de 2023. "Vinimos aquí para denunciar la participación de empresas canadienses en violaciones a los derechos humanos en Brasil, particularmente el caso de la minera Belo Sun, en Pará, que aspira a establecer la mina de oro a cielo abierto más grande del país. Aunque Canadá se promociona como defensor de los derechos humanos y del medio ambiente, sus acciones contradicen su discurso, especialmente al violar los derechos de los pueblos indígenas en Brasil. La incongruenncia es evidente cuando sabemos que Canadá no ha firmado el convenio 169 de la OIT. Debido a esto, esperamos que las misiones diplomáticas con las que estamos dialogando reconozcan esta realidad y presionen a Canadá para cambiar la actuación de sus corporaciones, buscando una acción concreta en defensa de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales", afirmó Maurício Terena, coordinador jurídico de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB). El examen Periódico Universal (EPU) se lleva a cabo cada cuatro años. Es un procedimiento mediante el cual todos los estados miembros de la ONU evalúan el récord de derechos humanos de los gobiernos bajo evaluación. Este año, el EPU de Canadá se llevará a cabo el 10 de noviembre de 2023 en Ginebra. Se espera que los Estados miembros consideren e incluyan las recomendaciones hechas por la sociedad civil latinoamericana. Entre las sugerencias presentadas, destaca la necesidad de que Canadá introduzca una legislación vinculante y amplia centrada en la debida diligencia y responsabilidad corporativa. Esto incluye la supervisión de instituciones financieras y corporaciones canadienses a lo largo de sus cadenas de suministro globales, con el objetivo de prevenir, mitigar y sancionar irregularidades corporativas, asegurando que las víctimas de estas prácticas en el extranjero puedan buscar justicia y reparación total. "Esperamos que el proceso del EPU se consolide como una estrategia más en nuestra defensa de los derechos de los pueblos indígenas, actuando como instrumento de protección de los derechos humanos, indígenas y ambientales. Es esencial reconocer que las corporaciones involucradas en tales violaciones están cometiendo actos criminales. Estas acciones no deben ser vistas solo como actos aislados, sino en una perspectiva más amplia, ya que al violar los derechos indígenas, se afecta a toda la humanidad. Es esencial que los estados asuman este compromiso, dentro de la ONU, de integrar un mecanismo global donde reconozcan la necesidad de monitorear y exigir acciones que respeten los derechos humanos, indígenas y ambientales", manifestó Kari Guajajara (Brasil), asesora jurídica de la Organización Indígena Nacional de la Amazonía Brasileña (COIAB). Esta no es la primera vez que Canadá enfrenta alegaciones dentro del Sistema de las Naciones Unidas debido a las actividades de sus corporaciones en el extranjero. Seis recomendaciones fueron dirigidas a Canadá durante el tercer ciclo de la Revisión Periódica. Estas abordaron, entre otras preocupaciones, garantizar y proteger los derechos humanos esenciales por parte de las empresas canadienses. Sin embargo, incluso después de comprometerse a cumplir estas recomendaciones, Canadá ha fallado consistentemente al cumplir con sus obligaciones extraterritoriales sin tomar medidas efectivas para supervisar actividades corporativas a nivel nacional e internacional. "Nuestro informe revela la inquietante realidad detrás de las compañías canadienses en América Latina. Mientras Canadá presume de una conducta empresarial ética y se posiciona como "pro-clima", las evidencias documentadas muestran que Canadá protege a las industrias extractivas responsables de significativos impactos a los derechos humanos y ambientales, donde las ganancias se priorizan sobre las personas y el medio ambiente", concluye Gisela Hurtado, Oficial de Incidencia Política de Amazon Watch. La delegación presente en Ginebra está compuesta por Mauricio Terena de APIB; Maria Judite "Kari" Guajajara de COIAB; Josefa de Oliveira, Educadora Popular del Movimiento Xingu Vivo Para Siempre; Lorena Aranha Curuaia, Vicepresidenta de la Comunidad Iawá; y Brayan Mojanajinsoy Pasos (Colombia), Secretario General de la Asociación de Consejos Indígenas del Municipio de Villagarzón Putumayo (ACIMVIP). Y contó con el apoyo de las organizaciones Amazon Watch, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Earthworks, Gaia y Ambiente y Sociedad. Resumen de los principales casos de empresas canadienses involucradas en violaciones de derechos destacadas en el informe 1. Frontera Energy en el Lote 192 en Perú: - Más de 2.000 lugares contaminados, afectando a 26 comunidades indígenas amazónicas. - El plan de cierre de actividad propuesto no incluye reparaciones para las comunidades afectadas. 2. Minera Argentina Gold SRL (alianza entre Barrick Gold y Shandong Gold): - Responsable de al menos cinco derrames de sustancias tóxicas, incluyendo cianuro y arsénico, al río Jáchal en Argentina desde la mina Veladero. - El proyecto viola la Ley de Glaciares debido a su ubicación en una zona glaciar y afecta al patrimonio mundial de la biodiversidad reconocido por la UNESCO, la Reserva San Guilhermo. 3. Proyecto Volta Grande de Belo Sun en Brasil: - Impactos acumulativos con la represa hidroeléctrica Belo Monte, ubicada a menos de 10 km del sitio de minería proyectado. - Fuerzas de seguridad armadas contratadas por la empresa minera para vigilar líderes locales y restringir su movimiento. - Total desconocimiento al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas y ribereñas. - Riesgos inminentes e irreversibles de una tragedia ambiental si los residuos tóxicos se vierten en el río Xingu debido a una posible rotura de la presa, dada la falta de estudios de seguridad sísmica y de presas de relaves. - Impacto directo en las comunidades, sus medios de vida tradicionales y ecosistemas locales. 4. Mina Varadero en Chile: - Contaminó fuentes de agua con mercurio, afectando a poblaciones rurales y a niños y niñas. 5. Represa Hidrosogamoso de ISAGEN - Brookfield Asset Management en Colombia: - Causó daños significativos a los ecosistemas y comunidades locales. 6. Proyectos mineros de American Lithium (Falchani, Macusani y Quelccaya) en Perú: - Liberan regularmente residuos tóxicos, afectando a más de 700.000 personas y contaminando las cuencas del lago Titicaca y del río Amazonas. 7. Proyecto minero Warintza de Solaris Resources Inc. en Ecuador: - Ignoró los derechos territoriales del pueblo indígena Shuar Arutam y adoptó tácticas divisionistas. 8. Proyecto minero Ixtaca en México: - Suspendido debido a violaciones de los derechos indígenas. 9. Proyecto minero El Pato II en Guatemala: - Afectó a las comunidades mayas Poqomam y mestizas sin la consulta previa adecuada. 10. Proyecto minero Mocoa de Libero Copper en Colombia: - Afectó directamente el territorio ancestral del pueblo Inga, violando sus derechos. 11. Proyecto de extracción de oro Machado de Cosigo Resources LTD en Colombia: - Impactó gravemente sitios sagrados indígenas en el territorio Yaigojé Apaporis. 12. Mina Pueblo Viejo de Barrick Gold en República Dominicana: - Obligó al desplazamiento de 65 familias locales debido a la presa de desechos El Llagal. 13. Proyectos mineros de La Plata por Atico Mining Corporation y Las Naves por Curimining S.A. (una subsidiaria de Adventus Mining Corporation) y Salazar Resources Limited en Ecuador: - Intentaron legalizar sus operaciones a pesar de violar leyes nacionales e internacionales de derechos humanos, lo que llevó a enfrentamientos y lesiones. 14. Lote 95 de Petrotal en Perú: - Protestas demandando derechos de la comunidad resultaron en varias muertes por las fuerzas policiales que protegían el campo petrolero. 15. Equinox Gold en Brasil: - Ocultó datos sobre sus operaciones e impactos, incluido un rompimiento de presa. - 4.000 personas directamente afectadas por residuos tóxicos provenientes de la ruptura de la presa que contaminaron ríos amazónicos locales, violando el derecho a un ambiente limpio y acceso adecuado al agua potable. - Criminalización de líderes comunitarios locales que protestaban por el derecho al agua. 16. Gran Tierra Energy en Ecuador: - Llevó a cabo exploraciones en los bloques Charapa, Chanangué e Iguana sin la debida divulgación de información a las comunidades locales.

Agosto 28 2023 Minería, Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Voces buscando justicia para la comunidad de La Oroya

La situación de la comunidad de La Oroya en Perú, afectada por décadas de contaminación tóxica y por la falta de medidas eficaces para combatirla por parte del Estado, no es una excepción en América Latina. Lamentablemente, hay en el continente muchas zonas de sacrificio ambiental y social en las que se desarrollan actividades altamente contaminantes —como la del complejo metalúrgico de La Oroya— y pobremente supervisadas por las autoridades llamadas a garantizar la vida, la salud, la integridad personal y otros derechos humanos. La importancia del caso responde precisamente a estas realidades y trasciende el contexto peruano para representar la oportunidad histórica de sentar un precedente clave para todo el continente. A ello apuntan las miradas puestas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene pendiente emitir un fallo respecto de la responsabilidad del Estado peruano y las medidas de reparación para las personas afectadas. A la espera de la decisión, escucha los testimonios de quienes han sido parte de la búsqueda de justicia para La Oroya. Son voces que demuestran la gravedad de los daños causados, que dan cuenta que el camino en busca de reparación ha sido largo, pero fructífero. Son voces que expresan la urgencia de garantizar un futuro mejor para residentes de La Oroya y, en últimas, el goce efectivo del derecho a un ambiente sano en el continente. 1. Yolanda Zurita, peticionaria en el caso "Comunidad de La Oroya vs. Perú" ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: 2. Anna Cederstav, directora ejecutiva adjunta y directora financiera de AIDA: 3. Liliana Ávila, coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA:

Mujer y caballo en zona montañosa de Perú

Agosto 25 2023 Cambio Climático, Derechos Humanos

Financiamiento climático y perspectiva de género: dos conceptos que deben ir entrelazados

Por Camila Bartelega, Florencia Ortúzar y Francisco Pinilla* Las mujeres y niñas sufren desproporcionadamente los embates de la crisis climática. Esto se debe a que —generalmente— son las encargadas de buscar agua, comida y de velar por los/as niños/as, personas ancianas y enfermas. Estas labores de cuidado no remuneradas son mucho más difíciles con el cambio climático. También está comprobado que las mujeres y niñas sufren más riesgos ante desastres naturales. Se estima que en esos casos experimentan tasas de mortalidad 14 veces más altas que los hombres. Esto puede ser porque cargan con personas vulnerables a su cuidado, porque muchas veces no se les enseña a nadar o a trepar árboles o porque visten ropas no adecuadas para reaccionar, entre otras razones. Por otro lado, dado que la crisis climática genera caos y aumenta la violencia, quedan más expuestas a sufrir asaltos sexuales e incluso a violencia en sus propios hogares, alimentada por la frustración creciente de un mundo donde los recursos son más escasos y complejos de adquirir. Queda claro entonces por qué es importante incluir la perspectiva de género al hablar de la mejor forma de afrontar la crisis climática. Pero hacerlo es importante no solo para “nivelar el campo” para las mujeres, históricamente en desventaja, sino también porque ellas tienen muchos conocimientos que aportar y la carga adicional que llevan afecta su capacidad para contribuir a las mejores soluciones. Así, incorporar un enfoque de género en la acción climática es justo y también deseable para obtener resultados más eficaces y beneficiosos. Cuando se las excluye, pierden las mujeres y perdemos todos. Para Maite Smet, directora ejecutiva de la Red Internacional de Forestería Análoga, al hablar de un enfoque de género, o hasta de uno feminista, estamos hablando de temas de poder. "Trabajar desde la justicia de género y climática es querer transformar los sistemas de poder que históricamente han oprimido y excluido socialmente a las personas. Se abre la oportunidad de incluir a personas que no han sido parte de las conversaciones y decisiones importantes sobre el clima", comenta. Veamos ahora la relación entre la perspectiva de género y el financiamiento climático, elemento vital en la ardua batalla por mantener un planeta habitable. Género y financiamiento para el clima Enfrentar la crisis climática mundial requiere transformar nuestra forma de existir en el planeta, incluyendo la producción de energía y de alimentos, la infraestructura y el transporte, entre otros. Esto requiere cuantiosos recursos financieros. El Acuerdo de París establece que los países desarrollados deben prestar asistencia financiera a los países menos desarrollados y más vulnerables. Lo anterior nos lleva al mundo del financiamiento climático, a la provisión de fondos para implementar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Siendo que los impactos de la crisis climática afectan desproporcionadamente a las mujeres y niñas, todo financiamiento climático debe tener una perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Implica un financiamiento que entiende estos impactos diferenciados y que los aborda intencionalmente. Significa decidir el financiamiento con participación de las mujeres, reconociendo que tienen conocimientos valiosos sobre sus territorios y que por ende son portadoras de valiosas soluciones. Finalmente, se traduce en un financiamiento que esté disponible y accesible para las mujeres. Según Natalia Daza, monitora de género del Fondo Verde del Clima para América Latina y el Caribe e integrante de Women Environment and Development Organization, el enfoque de género en el financiamiento climático tiene mucho que ver con entender que la desigualdad moldea la forma en que se dan las relaciones sociales. "Las mujeres se ven impactadas de forma diferenciada, usualmente de forma más negativa, por los efectos del cambio climático. Por eso la sociedad civil tiene un papel muy importante: asegurar que las acciones climáticas incluyan las voces de mujeres, organizaciones LGBTIQ+ y organizaciones feministas desde el diseño hasta la implementación", explica. El enfoque de género en el Fondo Verde del Clima En AIDA, cuando hacemos seguimiento al financiamiento climático que llega a la región, nos concentramos en el Fondo Verde del Clima (FVC), el principal fondo climático del mundo, que rinde cuentas ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Aunque está lejos de ser perfecto (entre otras razones, porque lo escrito no necesariamente se cumple), es quizás el fondo más progresista en temas de género. La política de género del FVC reconoce que el cambio climático afecta de manera diferente a mujeres y hombres, además de enfatizar la importancia de la participación y del liderazgo de las mujeres en los procesos de toma de decisiones relacionados con el financiamiento. Es considerada progresista, en comparación con otros fondos, porque tiene un enfoque transversal que busca integrar las consideraciones de género en todos los aspectos del financiamiento. De acuerdo con Seblewongel Deneke, especialista en género del FVC, cualquier política o estrategia que surja dentro del fondo debe tener en cuenta la perspectiva de género. "Está claro que tanto las mujeres como los hombres contribuyen por igual y deberían tener las mismas oportunidades. Pero debemos reconocer que existen retos diferenciados para hombres y mujeres, que ambos son parte de la solución". La política incluye el desarrollo de capacidades, de herramientas y de materiales. "El debate sobre el clima no es sólo acerca de la agenda climática, sino que pone en la mesa otros elementos de la desigualdad. Tenemos que cambiar el acceso a la educación, a la salud y garantizar los derechos básicos que se supone cada individuo debe tener, incluidas las mujeres", afirma Seblewongel. ¿Qué hace falta? No podemos negar que hemos avanzado. La importancia de la perspectiva de género, en la acción climática y en el financiamiento climático, se discute y se reconoce. Existen políticas para asegurarla, instituciones encargadas de implementarla y a veces incluso personal y presupuestos destinados a este objetivo. Pero no es una misión cumplida. El acceso a financiamiento climático para las mujeres aún es menor y ellas gozan de menos posiciones de poder. Y muchas veces los proyectos de mitigación y adaptación no consideran los efectos desproporcionados del cambio climático en las mujeres. Está claro que no es fácil cambiar las cosas cuando se mueven con la inercia de lo que siempre ha sido. Pero no debemos bajar los brazos. En AIDA hemos incluido la perspectiva de género de forma transversal en todo nuestro trabajo. Con ello hemos abierto camino en muchos frentes y mejorado nuestros resultados, en beneficio no solo de las mujeres. Como nodo regional del GCF Watch, un observatorio internacional que da seguimiento al Fondo Verde del Clima, AIDA es puente entre la toma de decisiones a nivel de la Junta Directiva y los territorios que reciben los proyectos financiados. Florencia Ortúzar, abogada senior de AIDA, comenta que no basta tener fondos, sino también inversiones adecuadas. "El seguimiento de la sociedad civil es clave para asegurar que las inversiones en nombre del clima se hagan con respeto a los derechos humanos y con enfoque de género, alcanzando el máximo potencial posible de los fondos destinados a este tipo de proyectos y programas". Ese fue el tema de un evento presencial realizado en junio en Río de Janeiro. Apoyado por la Alianza Global para la Acción Verde y de Género (GAGGA por sus siglas en inglés) —y organizado por el Fondo Socioambiental CASA, AIDA y Both Ends—, el evento buscó capacitar y motivar a organizaciones regionales con bases feministas para que estén mejor preparadas para dar seguimiento al Fondo Verde del Clima. Lola Gutiérrez, directora del Fondo de Mujeres Bolivia, quien participó en el evento, resalta la importancia de conocer más del fondo, de las experiencias de otros países y de cómo acceder a estos recursos. "A las mujeres, el extractivismo y el cambio climático nos afectan de forma diferenciada y somos actoras fundamentales de la solución. Es fundamental estar presentes y problematizar lo que está pasando". Una de las conclusiones del evento fue que, con los avances en políticas y con una narrativa mucho más receptiva al género, podemos dejar de ser porteras que evitan el paso de malos proyectos para ser goleadoras que proponen los proyectos a ser implementados para frenar la crisis climática. Ahí está la esperanza, en que pronto sean estas organizaciones de base las que accedan a los fondos y propongan soluciones. Solo entonces celebraremos y descansaremos. * Camila Bartelega es becaria del Programa de Clima de AIDA, Florencia Ortúzar es abogada sénior y Francisco Pinilla es estratega de comunicación digital.

Agosto 14 2023 Cambio Climático, Derechos Humanos

Resumen de la 36ª Reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima

Julio de 2023La Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC) realizó su 36ª reunión (B.36) del 10 al 13 de julio de 2023 en Songdo, República de Corea. La agenda de la reunión se centró en la aprobación del Plan Estratégico Actualizado (USP por sus siglas en inglés) para 2024-2027 y en la segunda reposición del fondo (conocida como FVC 2), actualmente en proceso. La Junta también consideró la aprobación de doce propuestas de financiamiento (que suman 755,8 millones de dólares en financiamiento del FVC), la reacreditación de cuatro entidades y la acreditación de otras cuatro. Adicionalmente se tomó una decisión respecto al caso C-0006 del Mecanismo Independiente de Reparación (IRM por sus siglas en inglés), que corresponde a una queja interpuesta por comunidades en Nicaragua afectadas por el proyecto FP146, Bio-CLIMA. Consulta y descarga el resumenResumen en portugués

Paisaje de la selva amazónica en el Parque Nacional Yasuní, Ecuador

Agosto 14 2023 Derechos Indígenas, Cambio Climático, Derechos Humanos

Proteger el Parque Nacional Yasuní en Ecuador puede impulsar la necesaria transición energética justa a nivel mundial

La decisión del pueblo ecuatoriano en la consulta del 20 de agosto tiene el potencial no solo de frenar la explotación petrolera en la Amazonía, sino también de generar un impacto transformador a nivel nacional e internacional como resultado de reconocer el valor de un ecosistema clave para la estabilización del clima global y la necesidad de transitar a la producción de energía renovable y sostenible. El próximo 20 de agosto, habrá una consulta popular en la que el pueblo ecuatoriano tendrá la oportunidad de decidir un alto definitivo a la explotación petrolera en una parte del Parque Nacional Yasuní, una de las zonas más biodiversas del planeta, ubicada en la Amazonía. La consulta busca detener la extracción petrolera en el bloque ITT (Ishpingo, Tiputini, Tambococha), uno de los tres en producción dentro del parque. El Parque Nacional Yasuní es Reserva de la Biósfera por la UNESCO y múltiples estudios científicos han demostrado su valor e importancia en términos de biodiversidad y por ser hogar del pueblo Waorani y de los grupos en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane. Al ser la Amazonía una región interconectada y compartida por ocho países —Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela— y por Guayana Francesa, un departamento francés de ultramar, lo que ocurre en una parte de ella afecta al resto. Además, al ser megadiversa y servir como estabilizador climático global, la importancia de la selva amazónica es mundial. Los ojos del mundo estarán atentos a que Ecuador opte por proteger su territorio amazónico, lo que puede tener un impacto transformador no solo en el país, sino también en América Latina y en el mundo al enviar un mensaje claro que reconoce el valor ecológico y social de la Amazonía para materializar la necesaria transición energética y la protección de los derechos humanos. Javier Dávalos, Coordinador del Programa de Clima de AIDA, expresa lo siguiente: “Después de años de lucha incansable de organizaciones sociales y de movimientos indígenas, Ecuador puede lograr un avance importante en la protección de un ecosistema clave para la adaptación y mitigación de la crisis climática a nivel mundial, así como para la sobrevivencia de pueblos indígenas, tradicionales y en aislamiento voluntario. Salvaguardar el clima para esta y las futuras generaciones exige que la producción de combustibles fósiles entre en un declive controlado de inmediato y que la generación de energía renovable avance con urgencia y como parte de una transición justa. Ecuador puede ser pionero en mostrar al mundo cómo la sociedad civil es capaz de impulsar la transición energética justa que el mundo necesita, dejando atrás las zonas de sacrificio ambiental y social que la industria de los combustibles fósiles ha propiciado. Puede ser un ejemplo de construcción de alternativas energéticas basadas en la garantía de los derechos humanos y los de la naturaleza, y de combate efectivo de la triple crisis que el mundo enfrenta con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación”. Contexto La iniciativa de frenar definitivamente la explotación petrolera en una parte de la Amazonía se alinea con las recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y de la Agencia Internacional de la Energía de mantener bajo tierra cifras que van del 30% a las dos terceras partes de las reservas petroleras como condición para mantener el incremento de la temperatura promedio del planeta por debajo de los 2°C, respecto a los niveles preindustriales, y evitar así efectos catastróficos. La consulta popular en Ecuador ocurrirá pocas semanas después de que el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, declarara el inicio de la era de la “ebullición climática”, apuntando a la necesidad de cambios concretos para afrontar la emergencia y crisis producida por el calentamiento del planeta. Asimismo, esta consulta llegará poco después del cierre de la Cumbre Amazónica en Brasil, donde los ocho países amazónicos habrán discutido cómo determinar un camino sostenible para la selva amazónica. "Es hora de eliminar los combustibles fósiles para proteger la Amazonía", dijo hace poco Gustavo Petro, Presidente de Colombia, quien exhortó a que los países con territorio amazónico y sus socios en el Norte Global se comprometan a frenar la explotación de combustibles fósiles para proteger el derecho a una transición justa y acelerar el paso a hacia una economía pospetrolera. Contacto de prensa: Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107