El Grupo BID es la principal institución financiera regional y la mayor fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Por lo tanto, tiene la oportunidad y la responsabilidad de ser un actor esencial en hacer frente a los retos de la crisis climática y en promover la sostenibilidad ambiental y el respeto a los derechos humanos en todo el continente. Así, el Banco debe frenar definitivamente el financiamiento de actividades incompatibles con sus compromisos climáticos, ambientales y con aquellos adquiridos en esos ámbitos por los Estados que lo conforman.

Este informe busca contribuir al cumplimiento de esas obligaciones, destacando los avances logrados en los últimos años por el Grupo BID con la adopción y aplicación de nuevas políticas, así como presentando recomendaciones de mejora para la implementación de dichos instrumentos. Con esto buscamos aportar a un financiamiento que promueva la democratización y descentralización de la producción y el acceso a una energía basada en fuentes limpias, accesibles, confiables y asequibles.

En el informe se hace un análisis de la cartera de inversiones del Grupo BID en el sector energía desde la adopción del Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del BID y de la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest —instrumentos que contienen la lista de exclusión a efectos ambientales y sociales— hasta noviembre de 2023. Adicionalmente, se analiza el proceso reciente del Enfoque de Implementación para la Alineación con el Acuerdo de París (PAIA por sus siglas en inglés).

Las conclusiones más relevantes que surgen de ambos análisis son los siguientes:

• Aún existen operaciones financiadas por el Grupo BID relacionadas con combustibles fósiles y grandes proyectos hidroeléctricos.
• Existen proyectos de cooperación técnica relacionados con minería que pueden afectar los compromisos del BID.
• Es urgente la construcción de políticas de remediación, compensación y salida responsable en proyectos financiados por el Grupo BID.

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