Derechos Humanos

Cambio Climático, Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Conversatorio sobre implementación y uso de índices de calidad del aire en las ciudades de América Latina

Este evento virtual tuvo como objetivo reflexionar, desde las perspectivas de diferentes actores, acerca de las experiencias en el uso e implementación de los índices de calidad del aire en los países de la región.    AgendaPanelJuan Jose Castillo, Organización Panamericana de la Salud (OPS).Samuel Osorio, Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de México.Moderó y comentó: Daniela García Aguirre, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). ConversatorioHoracio Rojas, INSP (México).Karem Johana Delgado Garcia, Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (Colombia).Sebastián Gómez Robles, Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.Selene Guajardo, Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire, Monterrey (México). Grabación 

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Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce, Cambio Climático

¿Qué pasó en la Conferencia Mundial del Agua 2023?

Por Yeny Rodríguez, Claudia Velarde y Rosa Peña*   La Conferencia de la ONU sobre el Agua 2023, celebrada del 22 al 24 de marzo en Nueva York, fue organizada como respuesta a la necesidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas mundiales en los temas de agua y saneamiento, en torno al cual existe una preocupación creciente. AIDA participó en la Conferencia para posicionar mensajes clave provenientes de América Latina y el Caribe que debían ser visibilizados e incluidos en las discusiones y que ahora deben ser parte del cumplimiento de la Agenda de Acción por el Agua, adoptada en el encuentro mundial. A continuación, reseñamos los avances, lo inspirador, los asuntos pendientes y las perspectivas a futuro tras la reciente Conferencia Mundial del Agua.   LOS AVANCES Un llamado y una agenda para la acción urgente La Conferencia concluyó con la adopción de la Agenda de Acción para el Agua, plan en el que se incluyeron 689 compromisos —recogidos en las sesiones oficiales y en los eventos paralelos—, así como promesas de financiamiento por 300 mil millones de dólares para impulsarlo. Los compromisos abarcan la creación de capacidades, sistemas de datos y seguimiento, así como la mejora de la resiliencia de las infraestructuras, entre otras acciones. La plataforma en línea que alberga la Agenda seguirá abierta a la presentación de propuestas. En general, la Conferencia sirvió para hacer un llamado mundial a proteger el agua y el ciclo hídrico como un bien común global y un derecho humano fundamental. Además, se alertó a la comunidad internacional de la necesidad de acciones urgentes frente a la crisis del agua —la cual se traduce en escasez y sequías, contaminación de fuentes hídricas, degradación de ecosistemas estratégicos y problemas graves de gobernanza—, que hoy afecta de manera especial a los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas del mundo. Asimismo, se advirtió que los compromisos asumidos deben ser incorporados a las discusiones climáticas pues la crisis del agua y la crisis climática están estrechamente interconectadas. El impulso a la gobernanza justa del agua En la Conferencia se lanzaron iniciativas interesantes e innovadoras para la protección de los ecosistemas y para la gobernanza justa del agua. La gobernanza del agua son los procesos de toma de decisiones, así como las instituciones y relaciones de poder que influyen en los flujos, la calidad, el uso, la disponibilidad y la distribución del agua (dulce o salada, superficial o subsuperficial). Una de estas iniciativas fue el Pacto Transformador del Agua, construido colectivamente por un grupo diverso de más de 40 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas AIDA, y la academia. La iniciativa fue impulsada por la ONG holandesa Both ENDS y por el Instituto Internacional de Conocimiento del Agua (IHE-Delft). El Pacto plantea una visión alternativa de la gestión del agua con base en los principios de justicia ambiental, igualdad y cuidado. Propone marcos de acción y prioridades estratégicas para guiar la toma de decisiones. Constituye una respuesta a la continua sobreexplotación y afectación de ecosistemas de agua dulce, las violaciones a derechos humanos y los desequilibrios de poder extremos que caracterizan la actual gestión del agua en el mundo.   LO INSPIRADOR El rol de las mujeres y de los pueblos indígenas La presencia de la sociedad civil en la Conferencia fue mayoritariamente femenina. Ello develó la interseccionalidad de las desigualdades que las mujeres experimentan a diario en sus luchas por el agua, además de reivindicar su importante rol en la gestión del agua. Ellas poseen y transmiten los conocimientos ecológicos tradicionales para su cuidado, lideran las luchas en defensa del agua y están más expuestas a riesgos y amenazas contra su vida. Pese a lo anterior, su voz es invisibilizada y no son convocadas a una participación real en los espacios de toma de decisiones ambientales. Del mismo modo, a la Conferencia acudieron importantes líderes y lideresas indígenas de América Latina y el mundo. Esto evidenció lo mucho que tenemos que aprender de las prácticas ancestrales indígenas para el cuidado del agua, así como el rol determinante que las comunidades indígenas y tradicionales juegan en el cuidado del 80% de la biodiversidad del planeta y en la mitigación de las crisis del clima y del agua. Los eventos paralelos en los que participaron estos actores pusieron al mundo a reconsiderar y revalorar lo que Occidente ha entendido por ciencia, dejando en claro que el sistema de conocimiento ancestral de los pueblos indígenas es especializado y sofisticado, por lo que tiene que ser priorizado en cualquier política de gestión integrada y justa del agua. La unión de la sociedad civil por la justicia del agua Aunque ausente en gran medida de los espacios oficiales de la ONU, la sociedad civil tuvo una presencia fuerte e inspiradora en la Conferencia. Organizaciones, activistas y personas defensoras del agua de todo el mundo mantuvieron conversaciones importantes e hicieron un llamado a una participación efectiva, con voz propia, en estos espacios. “Cuando me preguntan por esta conferencia puedo decirles que soy optimista, no por los resultados, sino por el espíritu que nace gracias a ustedes”, dijo Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, en una sala llena de miembros de la sociedad civil y personas defensoras. “La ONU necesita la energía y la legitimidad que los movimientos de defensores del agua están ofreciendo y estoy seguro de que llegará”. Representantes de más de 500 organizaciones, pueblos indígenas, movimientos sociales y personas defensoras del agua presentaron el Manifiesto por la Justicia Hídrica con la intención de amplificar las voces de quienes no son escuchados e insistir en que las cuestiones fundamentales estén en el centro de las políticas del agua a nivel mundial, regional, nacional y subnacional. Aunque no estaba programado, pudieron leer el manifiesto en un espacio oficial de la Conferencia, lo que permitió su difusión en el diálogo central.   LAS DEUDAS Garantías para el cumplimiento efectivo de compromisos Aunque la Conferencia fue un espacio único y relevante para poner en la agenda mundial las problemáticas relacionadas con el agua, queda mucho camino por delante para lograr compromisos efectivos de los países. Los incluidos en la Agenda de Acción para el Agua no son jurídicamente vinculantes para los Estados. Necesitamos que, en el futuro próximo, estos compromisos sean vinculantes, y que exista un mecanismo de seguimiento, indicadores para medir los avances de los Estados en el cumplimiento de la Agenda y —¿por qué no? —un instrumento internacional especializado para la protección del derecho humano al agua y al saneamiento. Una participación más abierta e integradora en el diálogo Prácticamente todos los sectores hicieron eco de la necesidad de una mayor participación en los espacios oficiales de la ONU y en futuras conferencias. Ello requiere una comprensión amplia de la crisis del agua y del movimiento interseccional necesario para afrontarla con justicia. Implica pensar la participación a partir de la inclusión de los actores interesados en igualdad de condiciones para el diálogo y —al mismo tiempo— reconocer a las personas, comunidades y pueblos titulares del derecho al agua, cuya voz debe ser tenida en cuenta de forma diferencial dada su relación de interdependencia con el agua. El reconocimiento del valioso rol de las personas defensoras del agua En América Latina, defender los ríos, lagunas, arroyos, acuíferos y en general el derecho al agua es una actividad de riesgo. El agua es un recurso natural en disputa. Quienes trabajan para salvaguardarla para el consumo humano o por su reconocimiento como un derecho exigible han sido por años objeto de estigmatización, amenazas, persecución y ataques contra su vida e integridad. La agenda por el agua debe reconocer el importante rol de los y las defensoras del agua, así como promover la creación de instrumentos y mecanismos encaminados a brindar mayores garantías a quienes dedican su vida a esta labor. La promoción de alianzas y articulaciones horizontales para la protección del agua La protección del agua es una tarea de todos los Estados con responsabilidades y capacidades diferenciadas. Su logro efectivo requiere iniciativas y procesos de cooperación internacional, alianzas y articulaciones entre los Estados basadas en el respeto y el reconocimiento mutuos. Ello permitirá alcanzar caminos consensuados e impedir la repetición de dinámicas de imposición. Además, estas articulaciones deben reconocer y respetar los marcos normativos propios de los pueblos indígenas para que, desde sus usos y costumbres, continúen con su rol fundamental en la protección y gestión del agua.   LO QUE SIGUE Se espera que los compromisos contenidos en la Agenda de Acción para el Agua sean revisados y respaldados internamente por los gobiernos de América Latina y promovidos a nivel internacional en las próximas cumbres y reuniones de alto nivel. También se espera que la importancia de proteger el derecho humano al agua y al saneamiento sea un tema clave en todos los foros internacionales en los que se discuta el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como la Cumbre sobre los ODS prevista para septiembre, y especialmente en la vigésimo octava Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28). Desde AIDA continuaremos trabajando para proteger ecosistemas claves, evitar la presión de las industrias hacia el agua, abogar por la participación de las comunidades locales en la toma de decisiones sobre sus fuentes de agua y defender el derecho humano al agua.     *Yeny Rodríguez es abogada del Programa de Ecosistemas de AIDA, Claudia Velarde es cocoordinadora del Programa de Ecosistemas y Rosa Peña es abogada del Programa de Derechos Humanos y Ambiente.  

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Cambio Climático, Derechos Humanos

Situación del litigio climático en México: Avances y retos

Los litigios climáticos en América Latina continúan en aumento en tribunales nacionales e internacionales. En este contexto, México registra un aumento vertiginoso del número de casos que utilizan argumentos que vienen de las obligaciones contenidas en instrumentos jurídicos climáticos, lo que representa una gran oportunidad en la lucha por la justicia climática y la protección de los derechos humanos.En este seminario web, hablamos de los casos en México sistematizados en la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe, además de analizar aquellos casos paradigmáticos. Y reflexionamos acerca de los avances y desafíos del litigio estratégico en materia climática en el país. AgendaBienvenida: Javier Dávalos, coordinador del Programa de Clima, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).Panorama general del litigio climático en México: Rosalía Ibarra, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.El caso del Acuerdo CENACE y SE por freno a renovables, avances y áreas de oportunidad: Úrsula Garzón, gerente de litigio, Centro Mexicano de Derecho Ambiental A. C. (CEMDA).Breve recuento de los casos de México en la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe: Thalia Viveros y Aranza Montero Guizar, relatoras de la Plataforma, jurisdicción México.Moderó: Gisselle García, abogada del Programa de Clima, AIDA. Grabación Presentaciones 1. Úrsula Garzón, CEMDA: 2. Thalia Viveros y Aranza Montero Guizar, relatoras de la  Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe, jurisdicción México: 

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Derechos Indígenas, Cambio Climático, Derechos Humanos

El litigio estratégico y su rol en la búsqueda de justicia

En La Guajira, Colombia, comunidades indígenas Wayuu y afrodescendientes —acompañadas por organizaciones de la sociedad civil— iniciaron un litigio para defender sus derechos al agua, la seguridad alimentaria y la integridad étnica, en riesgo por el desvío del arroyo Bruno para la expansión de El Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina. El objetivo de llevar este caso concreto a los tribunales no es sólo evitar la pérdida de una fuente importante de agua. El litigo busca también sentar un precedente en el país y en el continente para la protección de comunidades rurales ante la violación sistemática de sus derechos. Además, el caso ha sido una acción importante contra la crisis climática, una problemática global agravada por la continua extracción y quema de carbón. El descrito puede ser catalogado como un litigio estratégico, llamado también litigio de impacto, que consiste en seleccionar e interponer un proceso judicial con el fin de promover la protección de derechos o cambios de política pública, al tiempo de lograr cambios amplios en la sociedad, es decir, que van más allá de un caso particular. El litigio estratégico es una herramienta que, a través del derecho, promueve transformaciones sociales, así como el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos. Es estratégico porque, a partir de una causa legal, busca cambiar realidades injustas y posicionar temas que son muy importantes para avanzar en la construcción de una sociedad democrática. En ese sentido, el fin último del litigio estratégico es dejar una huella duradera, un precedente judicial que pueda ser replicado. También es estratégico porque incluye el uso de estrategias de comunicación, movilización social e incidencia política para poner en la mesa debates relevantes respecto del reconocimiento de derechos. Las acciones jurídicas son muy importantes, pero cuando involucran a comunidades locales son también una herramienta para apoyar el fortalecimiento de sus procesos de defensa de derechos. Sus premisas y características han hecho del litigio estratégico un medio importante para promover la protección de ecosistemas clave y derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud y a un ambiente sano, así como los derechos de pueblos indígenas, comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad.   Componentes Por lo descrito, el litigio estratégico está diseñado conscientemente para alcanzar metas amplias y para generar una hoja de ruta para otros litigios. Está integrado por diferentes elementos, entre ellos los siguientes: Una estrategia legal robusta que, en muchas ocasiones, debe ser enriquecida con argumentos técnicos y científicos interdisciplinarios. Una estrategia de comunicaciones. Organización social o comunitaria, traducida en involucrar en todas las fases del litigio a comunidades, redes y organizaciones locales bajo una perspectiva de participación activa y de construcción colectiva de la estrategia. Una estrategia de protección frente a escenarios de riesgo que el litigio pueda generar. Incidencia política ante tomadores/as de decisión.   Objetivos y alcance Aunque pueden ser numerosos, es posible resaltar tres objetivos principales del litigio estratégico: Poner en la agenda pública debates importantes para el fortalecimiento democrático. Impulsar la movilización social en torno a una causa común que es necesario posicionar. Fortalecer el Estado de derecho, lo que se traduce en que la ciudadanía invita al Estado y a jueces/zas a reconocer derechos, visibilizar problemáticas y en última instancia robustecer el sistema democrático.   El litigio estratégico ha sido especialmente importante para luchas y causas en las que difícilmente los movimientos sociales y comunidades logran posicionar el reconocimiento de sus derechos en las agendas legislativas y de política pública. En AIDA creemos que todas las personas deben acceder plenamente a la justicia ambiental y el litigio estratégico ha sido desde nuestros inicios una herramienta poderosa para garantizar el derecho individual y colectivo a un ambiente sano en América Latina. Para lograrlo, seleccionamos casos y proyectos emblemáticos en los que el uso estratégico del derecho internacional y la argumentación científica puede sentar precedentes claves. Trabajamos de cerca con organizaciones y aliados locales para construir conjuntamente el proceso de litigio, apoyamos y diseñamos campañas de comunicación. También promovemos análisis de riesgo que promuevan la protección de los actores involucrados en el litigio.  

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Participación Ciudadana, Contaminación Tóxica, Cambio Climático

Propuesta de lineamientos para una regulación regional por el aire limpio, la salud pública y la justicia climática

Actores de diferentes sectores nos reunimos para iniciar un camino hacia un proceso sin precedentes: construir un marco regulatorio regional para la gobernanza de la calidad del aire, la salud pública y la acción climática en América Latina y el Caribe. Este proceso inició con una conversación para identificar los elementos indispensables para afrontar como región los retos que implica la intersección entre la contaminación atmosférica, la crisis climática y su impacto en la salud pública. Este diálogo intersectorial visibilizó la necesidad de aunar esfuerzos gubernamentales e intergubernamentales para implementar acciones bajo un marco común en la región, sin desconocer la responsabilidad que tenemos los diversos actores que conformamos la sociedad. Asimismo, este diálogo permitió evidenciar que este marco debe desarrollarse bajo los enfoques de gobernanza, derechos humanos e interseccionalidad, reconociendo las diferentes vulnerabilidades y responsabilidades que tenemos de cara a este asunto. El propósito de diseñar un marco común para la región nos invitó a conversar sobre la necesidad de primero reconocer que: tenemos un contexto social, ambiental y fuentes de contaminación particulares de América Latina y el Caribe, especialmente en la forma cómo nos relacionamos con la energía y bienes comunes; falta aún investigación y evaluación de las fuentes de la contaminación del aire y sus puntos de interacción con la crisis del clima y la salud pública, desde la perspectiva regional; y que existe una brecha de asistencia técnica y financiera de y para los gobiernos, en relación con el desarrollo y ejecución de sus programas de gestión de la contaminación del aire, de la acción climática y de la salud pública. Tomamos como base las recomendaciones (1) establecidas por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el ambiente, relacionadas con el derecho a respirar aire puro, y la evidencia científica aportada por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) en sus informes sobre la profundización de la crisis climática. Así, con el ánimo de enfrentar los retos que implican la interacción entre clima, aire y salud para las presentes y futuras generaciones de la región de América Latina y el Caribe, proponemos los siguientes lineamientos para la elaboración de un marco regulatorio regional: Afrontar la contaminación atmosférica y la crisis climática de manera conjunta, por medio de instrumentos de gestión efectivos que tengan en cuenta sus cobeneficios en la salud pública. Establecer y adoptar progresivamente medidas y metas ambiciosas, acordes a los estándares de calidad del aire alineados con las guías de la OMS (2). Desarrollar índices de calidad del aire y salud (3) en los países de América Latina y el Caribe. Articular sistemas de monitoreo de calidad del aire de bajo costo y/o ciudadanos (4) que complementen los sistemas de monitoreo institucionales. Incrementar la cooperación internacional a través de la adopción de compromisos de reducción de emisiones e impactos transfronterizos, ligados a causas como incendios forestales, desde una perspectiva de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Garantizar los derechos humanos de participación, acceso a la información y a la justicia en el ejercicio de la gobernanza de la calidad del aire, garantizando el principio de transparencia y el acceso a datos abiertos y estandarizados. Facilitar información al público sobre la calidad del aire, fomentar la educación ambiental y acciones de comunicación a los actores clave, especialmente a la ciudadanía y tomadores de decisiones, para acercar los temas de calidad del aire, clima y salud a la población.   Estos lineamientos deberán convertirse en acciones que reflejen los principios en los cuales se fundamentan. Estos principios son: la justicia social, las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, la progresividad y no regresión, la precaución y prevención, la acción climática efectiva para una transición energética justa y salida progresiva de los combustibles fósiles; y la promoción, respeto y garantía del derecho a respirar aire puro, que es uno de los elementos vitales del derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible. Esta apuesta, que recoge debates previamente dados por la Red Nacional Ciudadana de Calidad del Aire de Colombia y la Coalición Latinoamericana por el Aire Limpio (ALAire), sigue en construcción. Por esto, el camino que iniciamos el 21 de marzo de 2023 continuará abierto a recibir aportes de todos los sectores. Esperamos que escale diversos escenarios de decisión, territoriales, nacionales y regionales para lograr que la calidad del aire sea un medio que nos acerque a las transiciones que como sociedades latinoamericanas necesitamos. Lee y descarga la propuesta de lineamientos Haz aportes a la propuesta   (1) Vigilar la calidad del aire y de sus efectos sobre la salud; evaluar las fuentes de contaminación atmosférica; informar al público sobre la calidad del aire; establecer, aplicar y evaluar la legislación y los planes de acción sobre la calidad del aire, y; proteger a las y los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente. A/HRC/40/55 (2) Las Directrices Mundiales de la OMS sobre la Calidad del Aire ofrecen orientaciones a escala mundial sobre los umbrales y límites de los principales contaminantes atmosféricos que entrañan riesgos para la salud. En América Latina, los estándares no están alineados con estas directrices y adoptar los estándares de la OMS para los 6 contaminantes criterio es fundamental para asegurar una protección a los derechos de las personas expuestas a la contaminación atmosférica. (3) Los índices de aire y salud son herramientas de comunicación del riesgo construidas a partir de datos epidemiológicos, que informan sobre el posible impacto que la calidad del aire actual representa para la salud, lo que a su vez permite dar una serie de recomendaciones a personas vulnerables y no vulnerables y favorecer la toma de decisiones en salud pública. Para garantizar la protección de los derechos de la población y brindar una correcta información, estos índices deben ser iguales en toda la región y cumplir con los mayores estándares para su construcción y uso. (4) Las acciones de monitoreo ciudadano con sensores de bajo costo permiten recolectar más y mejor información a nivel local sobre la exposición de las personas a la contaminación atmosférica, adicionando información a los sistemas de monitoreo de las autoridades públicas. Contar con esta información permite tomar medidas de descontaminación más precisa, planear el desarrollo territorial y proteger los derechos de la población. Estos sistemas de monitoreo ciudadano permiten el ejercicio de una gestión y control de la calidad del aire desde la sociedad civil. En el caso de municipios que no cuentan con una red institucional, el apoyo debe priorizar el desarrollo de redes ciudadanas.  

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Fuentes de Agua Dulce, Cambio Climático, Derechos Humanos

5 mensajes para fortalecer la Conferencia del Agua 2023

Por Rosa Peña, Claudia Velarde y Yeny Rodríguez*   La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 2023 —la cual llevaba más de 50 años sin celebrarse— tendrá lugar del 22 al 24 de marzo próximos en la ciudad de Nueva York. Bajo la visión de un "mundo unido por el agua", se espera adoptar en la Conferencia la Agenda de Acción por el Agua con los compromisos que harán los gobiernos y otras partes interesadas para alcanzar los objetivos y metas mundiales en el tema de agua y saneamiento. En palabras de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, el encuentro "debe dar lugar a una agenda audaz de acción por el agua que otorgue a este elemento vital de nuestro planeta el compromiso que se merece". América Latina y el Caribe es la región con más agua dulce del mundo. Tiene cerca de un tercio del agua del mundo y la mayor dotación de agua per cápita, casi el cuádruple del promedio mundial. Pese a esto, alrededor de un cuarto de la población de la región (unos 150 millones de personas) viven en zonas donde el agua es escasa y más de 400 millones carecen de servicios de saneamiento seguros. La Conferencia representa un momento histórico y un llamado de gran parte de la humanidad que no puede quedar sin respuesta. AIDA participará del encuentro para poner en la mesa las necesidades, preocupaciones y propuestas de la región que en muchas ocasiones pasan desapercibidas en espacios internacionales de esta envergadura. Estos son algunos de los mensajes principales que promoveremos en la Conferencia Mundial del Agua:   1. La crisis del agua y la crisis climática están interconectadas La crisis del agua y la crisis climática están estrechamente vinculadas. Son las dos caras de una misma moneda. Los impactos de la crisis del clima se traducen en un aumento de la frecuencia y del impacto de desastres por las complejas precipitaciones, inundaciones, derretimiento de los nevados y glaciares, aumento del nivel del mar, estrés hídrico e intensificación de las sequías. A su vez, la destrucción y contaminación de los ecosistemas estratégicos para el ciclo del agua agravan la crisis climática por ser éstos valiosos sumideros de carbono. Por tanto, las políticas de gestión integrada del agua deben enfocarse en prevenir el deterioro de las fuentes de agua por medio de una gestión y ordenamiento que permitan aumentar la resiliencia frente al cambio climático y mitigar el riesgo de desastres.   2. El agua es esencial para la vida y un derecho que garantiza otros derechos El agua es el elemento más importante para la vida en la Tierra. Tiene diversos valores culturales, sociales, espirituales y naturales que promueven el bienestar común y el cuidado de la naturaleza. El agua y sus fuentes son bienes comunes. El derecho al agua es necesario para la garantía de otros derechos como el ambiente sano, la vida, la salud, la alimentación y los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros. En la región, las poblaciones más vulnerables y empobrecidas son las principales afectadas por la crisis del agua. Sin embargo, siguen siendo relegadas de la toma de decisiones ambientales. La gobernanza del agua debe ser justa, inclusiva y plural, así como promover la gestión comunitaria y colectiva. El conocimiento situado de la población campesina y los saberes del agua de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes son necesarios e importantes para la elaboración de políticas de gestión del agua.   3. La colaboración entre Estados es necesaria para proteger el agua como bien común La colaboración transfronteriza entre Estados para la gestión de cuencas, humedales, acuíferos y fuentes de agua debe garantizar una gestión sostenible y socialmente justa del agua, así como la protección y conectividad de los ecosistemas. Ante la actual crisis del agua, es necesario también un acuerdo vinculante entre Estados para la protección de este bien común como derecho humano universal. Asimismo, los Estados deben priorizar la protección y restauración de ecosistemas que son fundamentales para el ciclo del agua (bosques, páramos, glaciares, ríos, humedales, aguas subterráneas y otros) con una adecuada gestión territorial, participativa y comunitaria; además de priorizar el uso para satisfacer las necesidades de la población por encima de los usos industriales.   4. Es urgente atender las causas que contaminan el agua y obstaculizan su acceso Las actuales crisis de calidad, seguridad, disponibilidad, acceso y distribución del agua están profundamente relacionadas con las inversiones, actividades empresariales y proyectos de desarrollo no sostenibles, los extractivismos, los modelos económicos desiguales y la crisis climática. Afrontar la crisis del agua en el continente requiere un cambio en el paradigma de desarrollo mundial e implica dejar atrás un modelo que no prioriza el cuidado del agua ni considera a las generaciones futuras. El respeto y garantía del derecho al agua en América Latina y el Caribe presenta hoy desafíos estructurales vinculados a las disputas por el uso del agua generadas por las ambiciones de transiciones energéticas apresuradas que desconocen derechos humanos, la privatización de los servicios públicos del agua, las brechas en los derechos de acceso y la falta de garantías para la vida de las personas defensoras del agua. A su vez, quienes invierten en proyectos de desarrollo (de infraestructura, agricultura o minero-energéticos, por ejemplo, los financian o ejecutan deben tener en cuenta la gestión justa del agua como eje estructural de sus operaciones.   5. Las mujeres son las protagonistas de la protección del agua Las mujeres son quienes habitualmente lideran las luchas en defensa del agua, especialmente en poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas. Para ellas, defender el agua es defender la vida misma. Por eso, están más expuestas a riesgos y amenazas. Pese a lo anterior, no son convocadas a los espacios de toma de decisiones ambientales, donde se definen asuntos que las pueden afectar directamente, como la instalación de industrias contaminantes que inciden negativamente en la disponibilidad y calidad del agua en sus territorios. Los daños a fuentes de agua afectan especialmente y de forma diferenciada a las mujeres. Estas afectaciones se pueden traducir en un aumento en la carga de las tareas de cuidado; un mayor esfuerzo en los desplazamientos y exposición a riesgos para lograr el acceso; una mayor dificultad para la siembra, la cosecha de alimentos y la crianza de animales, lo que afecta el derecho a la alimentación; impactos a la realización de oficios y actividades productivas ancestrales como la pesca o el barequeo; y un aumento de las enfermedades relacionadas con la salubridad y la salud reproductiva, entre otros.   Estos mensajes, entre otros, se han reflejado en el Pacto Transformador del Agua: un marco innovador para la gobernanza justa del agua desarrollado por más de 40 personas defensoras de la justicia ambiental, organizaciones de la sociedad civil y la academia, especialmente del sur global. Este instrumento, del cual AIDA es coautor, es una hoja de ruta orientada al diálogo y a los compromisos colaborativos entre todos los actores involucrados en la gestión del agua. Y será presentado en la Conferencia Mundial del Agua.   *Rosa Peña es abogada del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA; Claudia Velarde es cocoordinadora del Programa de Ecosistemas y Yeny Rodríguez es abogada del Programa de Ecosistemas.    

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Derechos Humanos, Fortalecimiento de Capacidades

Sesión 1 de los Seminarios Web del 25 Aniversario de AIDA

Reflexiones y perspectivas para la protección del derecho a un ambiente sano En este seminario, el primero de una serie de tres, dimos inicio a los festejos por el 25 aniversario de AIDA con una breve introspección a nuestros orígenes, victorias, crecimiento y visión a futuro. Además, dialogamos desde diversas perspectivas acerca de los avances, lecciones aprendidas y desafíos que implica proteger el derecho humano a un ambiente sano en el continente, una labor que ha sido fundamental desde nuestros inicios. PanelistasPanel 1: 25 años de historiaGladys Martínez de Lemos, directora ejecutiva de AIDA.Anna Cederstav, directora ejecutiva adjunta y directora financiera de AIDA.Manuel Pulgar Vidal, Líder Global de Clima y Energía en WWF Internacional y miembro de la Junta Directiva de AIDA.Moderó: Emilia Carrara, consultora de Recaudación de Fondos de AIDA. Panel 2: La defensa del ambiente sanoDavid Boyd, Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente.Yolanda Zurita, peticionaria en el caso "Comunidad de La Oroya vs. Perú" ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.Xavier Martínez, director operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y miembro de la Junta Directiva de AIDA.Moderó: Liliana Ávila, coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA. Grabación

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Cambio Climático, Derechos Humanos, Fortalecimiento de Capacidades

Financiamento Climático no Brasil: Interagindo com o Fundo Verde do Clima

O financiamento climático tem sido um dos temas centrais nos fóruns de discussão sobre o enfrentamento às mudanças climáticas, sendo urgente o maior direcionamento de fluxos financeiros para iniciativas de mitigação e adaptação. Neste sentido, uma série de fundos – subnacionais, nacionais e multilaterais – têm sido estabelecidos a fim de financiar programas e projetos que ajudem os países a cumprir com seus compromissos climáticos.É importante, portanto, que organizações da sociedade civil possam ampliar seu conhecimento em relação à operação destes fundos, para que seja possível garantir uma maior participação social no desenho e implementação dos programas e projetos, além do monitoramento dos fluxos de financiamento, trazendo o conhecimento local e as vozes das pessoas que estão sofrendo os desafios climáticos para os centros de tomada de decisões.Este seminário online foi um passo inicial neste sentido, ao introduzir a temática do financiamento climático no Brasil, com foco específico no Fundo Verde do Clima (FVC) - principal fundo multilateral dedicado à ação climática, destacando possibilidades de interação de organizações da sociedade civil junto ao Fundo. Foi possível ampliar o conhecimento de organizações brasileiras na temática e fortalecer a rede da sociedade civil nas atividades de monitoramento e engajamento junto ao Fundo Verde do Clima. PalestrantesAlessandra Cardoso, Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC): Panorama dos fundos climáticos no Brasil.Camila Bartelega, Associação Interamericana para a Defesa do Meio Ambiente (AIDA), nó regional para América Latina do GCF Watch: Interagindo com o Fundo Verde do Clima.Juliana Strobel, Fundación Avina, entidade acreditada ao Fundo Verde do Clima: O Fundo Verde do Clima, processo de acreditação e acesso aos fundos.Moderadora: Stela Herschmann, Observatório do Clima. Gravação Apresentações1. Alessandra Cardoso, Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC): 2. Camila Bartelega, AIDA: 3. Juliana Strobel, Fundación Avina: 

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Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos

Una oportunidad para ordenar la política de bosques en Colombia

Texto publicado originalmente en La Silla Vacía   Las Zonas de Reserva Forestal (ZRF) son una herramienta clave para la protección de la biodiversidad. Según la ley 2 de 1959, fueron creadas con el fin de garantizar el desarrollo de la economía forestal y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre.  No obstante, pese a su importancia ambiental, esta figura de ordenamiento forestal no ha cumplido su finalidad en todos los casos. Los bosques en Colombia no se han salvado del avance de la deforestación y del extractivismo. Esto se debe principalmente a dos razones. La primera es que, desde la expedición del decreto ley 2811 de 1974, en Colombia está permitido sustraer áreas de las reservas forestales "por razones de utilidad pública e interés social" con el fin de destinarlas a otras actividades económicas que impliquen remoción de los bosques o cambios en el uso del suelo.  Con este argumento, se han sustraído miles de hectáreas de bosques en el país para desarrollar actividades como la explotación minera. Esto ha reducido la figura de protección. Hoy se calcula que de las 48.275.517 hectáreas que integran las siete ZRF, 14.741.237 hectáreas ya han sido sustraídas. La segunda razón es que no existe a nivel nacional una política clara en materia de bosques. Por décadas, los gobiernos han ideado diversos programas, estrategias y planes para atender al fenómeno de la deforestación.  Ejemplo de ello son los programas del gobierno Rem Visión Amazonía, que busca frenar la deforestación en este macroterritorio; o la estrategia Sin Fuego, Cero Incendios para prevenir y atender los incendios en la Amazonía. Son iniciativas muy valiosas, sin duda, pero no responden a un país que desborda de realidad. Así, a la fecha, las ZRF no se articulan, a nivel nacional y regional, a planes de ordenación forestal que garanticen un aprovechamiento sostenible de los bosques. Tampoco existe un marco jurídico actualizado y claro que permita al Estado brindar soluciones eficaces al control territorial que se sabe está detrás de la deforestación, a la construcción de infraestructura que la sucede y al espacio que una zona deforestada con carreteras y aeropuertos va dejando para que la minería ilegal, la agroindustria y la ganadería extensiva avancen llevándose todo a su paso, incluidas las personas. La normativa que existe no responde a las graves dinámicas de apropiación y acaparamiento de baldíos y de despojo de comunidades étnicas y campesinas, ni a los retos que plantea para la ordenación forestal la dispersión de múltiples actores armados con poder e intereses en estos territorios.  Tampoco contempla aún la reglamentación de las "concesiones para la gestión forestal y de la biodiversidad" de las que habla el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026. Estas se implementarán con pueblos indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (Par. 2 Art. 41 del PND), para las que el gobierno acaba de recibir una cuantiosa financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  Este último es un escenario difícil donde comunidades rurales vulnerables entran a negociar con el Estado, en condiciones de desigualdad, un acuerdo sobre cómo manejar el bosque que cuidan y habitan, del que dependen para vivir. Para añadir leña al fuego, al inicio del año pasado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) expidió la Resolución 110 de 2022 con la que flexibilizó los requisitos y trámite para sustraer reservas forestales.  Además, eximió a ciertos sectores y actividades del procedimiento administrativo de sustracción. Con ello, entre otras cosas, abrió paso a la exploración minera en zonas donde no se necesite remover bosque, lo cual incluye zonas que hayan sufrido procesos previos de deforestación. Ante esta peligrosa reforma, en agosto de 2022, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) envió una alerta internacional acerca de los riesgos que la regulación suponía para los bosques y humedales en Colombia, así como para la población campesina y comunidades étnicas que dependen de ellos, quienes no fueron consultados para este cambio de regulación.  En la alerta, instó al gobierno a revocarla y a remplazarla por una nueva que responda a las obligaciones internacionales del país en materia de ambiente, clima y derechos humanos.  Gracias a la presión de la sociedad civil, hace unas semanas MinAmbiente abrió a consulta el proyecto de resolución con el que revocaría la cuestionada resolución y adoptaría los términos de referencia para las solicitudes de sustracción de reservas forestales del orden nacional y regional. Respecto del proyecto de resolución hay tres cosas por decir. 1. Si bien el proyecto deroga la resolución, también establece un régimen de transición que beneficia a las empresas que alcanzaron a recibir autorización de MinAmbiente para avanzar con actividades de exploración minera que no necesitan tala de árboles.  Con este régimen, el gobierno acepta indirectamente la exploración minera en áreas deforestadas, torpedeando su recuperación, y asume equivocadamente que el único impacto a generar en esta etapa es la remoción de cobertura boscosa.  ¡Y esto es una falacia! La construcción de caminos, la liberación de materiales particulados y contaminantes (como polvo y gases de combustión) y la producción de ruido que aleja a las especies son solo algunos de los posibles impactos socioambientales que se pueden generar. Incluso con fines exploratorios, se pueden emplear métodos disruptivos en el ecosistema, como perforaciones para cuantificar la magnitud del depósito, con el riesgo de perforar acuíferos y disminuir la cantidad de agua disponible para servicios ecosistémicos. Además, existe peligro de degradar la calidad del agua al mezclar las aguas superficiales con las subterráneas. 2. MinAmbiente deja viva la disposición tal vez más cuestionada de la Resolución 110, a pesar de estar viciada de inconstitucionalidad pues, para su expedición, las comunidades étnicas cuyos territorios se traslapan con las reservas forestales —del Pacífico, Amazonas y Sierra Nevada de Santa Marta— no fueron consultadas previamente. 3. Este proyecto de resolución le abre al gobierno actual una ventana de oportunidad para hacer las cosas bien desde el inicio y avanzar en la actualización de una regulación que se ajuste a las complejas dinámicas territoriales.  Ello debe traducirse en una normativa descentralizada e intercultural que sea consultada previamente y que entienda a las reservas forestales como territorios vivos habitados, que no ponga a competir a la población campesina con las empresas por la tierra y que dialogue armónicamente con los modelos de gobierno propios de los pueblos indígenas que han habitado ancestralmente estos territorios. Una normativa que prefiera flexibilizar la figura de las ZRF para permitir la adjudicación de baldíos a personas vulnerables, y no para abrir paso a la minería.   Somos el tercer país de Sudamérica con mayor área en bosques y el segundo en el mundo por biodiversidad. Este puesto nos lo dan los 60 millones de hectáreas de bosque que tenemos, que representan el 50% del territorio nacional.  Si bien la regulación del trámite de sustracción de ZRF es solo un eslabón de la cadena, definitivamente es uno determinante para lograr una política de bosques que permita al Estado cumplir con sus obligaciones internacionales ambientales y climáticas.

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Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Expresamos nuestro pesar y rechazo por el asesinato del dirigente indígena Eduardo Mendúa en Ecuador

Es urgente que el Estado de Ecuador emprenda todas las medidas para que este hecho no quede en la impunidad, proporcione las garantías necesarias a los pueblos indígenas que reclaman el cumplimiento de sus derechos humanos y ambientales en Ecuador y tome acciones para que hechos como este no se repitan.   El pasado domingo 26 de febrero, Eduardo Mendúa —líder de la nacionalidad Ai’Cofan y director de Relaciones Internacionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE)— fue asesinado a tiros. Medios locales reportaron que el crimen ocurrió cerca de las 17:52 en la huerta de su casa, en la comuna Dureno, al noreste de Ecuador, donde a varios kilómetros se asienta la zona de expansión de gran parte de la industria petrolera del país. El dirigente indígena participó en acciones de resistencia en el marco de la conflictividad generada en los últimos meses en Dureno ante la profundización de la actividad petrolera en esa zona. La comunidad de Dureno, que reconocía el liderazgo de Mendúa, había formado una guardia indígena que por más de ocho meses ha rechazado la intervención petrolera. AIDA manifiesta su profundo pesar y rechazo frente al asesinato de Eduardo Mendúa. Es urgente que el Estado de Ecuador emprenda todas las medidas para que este hecho no quede en la impunidad, proporcione sin demora las garantías necesarias a los pueblos indígenas que reclaman el cumplimiento de sus derechos humanos y ambientales en Ecuador y tome acciones para que hechos como este no se repitan. Lo sucedido es un reflejo de la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentra este sector de la población en toda América Latina y ha generado consternación en toda la región. Nos solidarizamos y expresamos nuestras condolencias a la familia de Eduardo Mendúa, su comunidad y a la nacionalidad Ai’Cofán de Ecuador.  

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