Derechos Humanos

March 27 2023 Derechos Indígenas, Cambio Climático, Derechos Humanos

El litigio estratégico y su rol en la búsqueda de justicia

En La Guajira, Colombia, comunidades indígenas Wayuu y afrodescendientes —acompañadas por organizaciones de la sociedad civil— iniciaron un litigio para defender sus derechos al agua, la seguridad alimentaria y la integridad étnica, en riesgo por el desvío del arroyo Bruno para la expansión de El Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina. El objetivo de llevar este caso concreto a los tribunales no es sólo evitar la pérdida de una fuente importante de agua. El litigo busca también sentar un precedente en el país y en el continente para la protección de comunidades rurales ante la violación sistemática de sus derechos. Además, el caso ha sido una acción importante contra la crisis climática, una problemática global agravada por la continua extracción y quema de carbón. El descrito puede ser catalogado como un litigio estratégico, llamado también litigio de impacto, que consiste en seleccionar e interponer un proceso judicial con el fin de promover la protección de derechos o cambios de política pública, al tiempo de lograr cambios amplios en la sociedad, es decir, que van más allá de un caso particular. El litigio estratégico es una herramienta que, a través del derecho, promueve transformaciones sociales, así como el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos. Es estratégico porque, a partir de una causa legal, busca cambiar realidades injustas y posicionar temas que son muy importantes para avanzar en la construcción de una sociedad democrática. En ese sentido, el fin último del litigio estratégico es dejar una huella duradera, un precedente judicial que pueda ser replicado. También es estratégico porque incluye el uso de estrategias de comunicación, movilización social e incidencia política para poner en la mesa debates relevantes respecto del reconocimiento de derechos. Las acciones jurídicas son muy importantes, pero cuando involucran a comunidades locales son también una herramienta para apoyar el fortalecimiento de sus procesos de defensa de derechos. Sus premisas y características han hecho del litigio estratégico un medio importante para promover la protección de ecosistemas clave y derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud y a un ambiente sano, así como los derechos de pueblos indígenas, comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad. Componentes Por lo descrito, el litigio estratégico está diseñado conscientemente para alcanzar metas amplias y para generar una hoja de ruta para otros litigios. Está integrado por diferentes elementos, entre ellos los siguientes: Una estrategia legal robusta que, en muchas ocasiones, debe ser enriquecida con argumentos técnicos y científicos interdisciplinarios. Una estrategia de comunicaciones. Organización social o comunitaria, traducida en involucrar en todas las fases del litigio a comunidades, redes y organizaciones locales bajo una perspectiva de participación activa y de construcción colectiva de la estrategia. Una estrategia de protección frente a escenarios de riesgo que el litigio pueda generar. Incidencia política ante tomadores/as de decisión. Objetivos y alcance Aunque pueden ser numerosos, es posible resaltar tres objetivos principales del litigio estratégico: Poner en la agenda pública debates importantes para el fortalecimiento democrático. Impulsar la movilización social en torno a una causa común que es necesario posicionar. Fortalecer el Estado de derecho, lo que se traduce en que la ciudadanía invita al Estado y a jueces/zas a reconocer derechos, visibilizar problemáticas y en última instancia robustecer el sistema democrático. El litigio estratégico ha sido especialmente importante para luchas y causas en las que difícilmente los movimientos sociales y comunidades logran posicionar el reconocimiento de sus derechos en las agendas legislativas y de política pública. En AIDA creemos que todas las personas deben acceder plenamente a la justicia ambiental y el litigio estratégico ha sido desde nuestros inicios una herramienta poderosa para garantizar el derecho individual y colectivo a un ambiente sano en América Latina. Para lograrlo, seleccionamos casos y proyectos emblemáticos en los que el uso estratégico del derecho internacional y la argumentación científica puede sentar precedentes claves. Trabajamos de cerca con organizaciones y aliados locales para construir conjuntamente el proceso de litigio, apoyamos y diseñamos campañas de comunicación. También promovemos análisis de riesgo que promuevan la protección de los actores involucrados en el litigio.

March 22 2023 Participación Ciudadana, Contaminación Tóxica, Cambio Climático

Propuesta de lineamientos para una regulación regional por el aire limpio, la salud pública y la justicia climática

Actores de diferentes sectores nos reunimos para iniciar un camino hacia un proceso sin precedentes: construir un marco regulatorio regional para la gobernanza de la calidad del aire, la salud pública y la acción climática en América Latina y el Caribe. Este proceso inició con una conversación para identificar los elementos indispensables para afrontar como región los retos que implica la intersección entre la contaminación atmosférica, la crisis climática y su impacto en la salud pública. Este diálogo intersectorial visibilizó la necesidad de aunar esfuerzos gubernamentales e intergubernamentales para implementar acciones bajo un marco común en la región, sin desconocer la responsabilidad que tenemos los diversos actores que conformamos la sociedad. Asimismo, este diálogo permitió evidenciar que este marco debe desarrollarse bajo los enfoques de gobernanza, derechos humanos e interseccionalidad, reconociendo las diferentes vulnerabilidades y responsabilidades que tenemos de cara a este asunto. El propósito de diseñar un marco común para la región nos invitó a conversar sobre la necesidad de primero reconocer que: tenemos un contexto social, ambiental y fuentes de contaminación particulares de América Latina y el Caribe, especialmente en la forma cómo nos relacionamos con la energía y bienes comunes; falta aún investigación y evaluación de las fuentes de la contaminación del aire y sus puntos de interacción con la crisis del clima y la salud pública, desde la perspectiva regional; y que existe una brecha de asistencia técnica y financiera de y para los gobiernos, en relación con el desarrollo y ejecución de sus programas de gestión de la contaminación del aire, de la acción climática y de la salud pública. Tomamos como base las recomendaciones (1) establecidas por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el ambiente, relacionadas con el derecho a respirar aire puro, y la evidencia científica aportada por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) en sus informes sobre la profundización de la crisis climática. Así, con el ánimo de enfrentar los retos que implican la interacción entre clima, aire y salud para las presentes y futuras generaciones de la región de América Latina y el Caribe, proponemos los siguientes lineamientos para la elaboración de un marco regulatorio regional: Afrontar la contaminación atmosférica y la crisis climática de manera conjunta, por medio de instrumentos de gestión efectivos que tengan en cuenta sus cobeneficios en la salud pública. Establecer y adoptar progresivamente medidas y metas ambiciosas, acordes a los estándares de calidad del aire alineados con las guías de la OMS (2). Desarrollar índices de calidad del aire y salud (3) en los países de América Latina y el Caribe. Articular sistemas de monitoreo de calidad del aire de bajo costo y/o ciudadanos (4) que complementen los sistemas de monitoreo institucionales. Incrementar la cooperación internacional a través de la adopción de compromisos de reducción de emisiones e impactos transfronterizos, ligados a causas como incendios forestales, desde una perspectiva de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Garantizar los derechos humanos de participación, acceso a la información y a la justicia en el ejercicio de la gobernanza de la calidad del aire, garantizando el principio de transparencia y el acceso a datos abiertos y estandarizados. Facilitar información al público sobre la calidad del aire, fomentar la educación ambiental y acciones de comunicación a los actores clave, especialmente a la ciudadanía y tomadores de decisiones, para acercar los temas de calidad del aire, clima y salud a la población. Estos lineamientos deberán convertirse en acciones que reflejen los principios en los cuales se fundamentan. Estos principios son: la justicia social, las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, la progresividad y no regresión, la precaución y prevención, la acción climática efectiva para una transición energética justa y salida progresiva de los combustibles fósiles; y la promoción, respeto y garantía del derecho a respirar aire puro, que es uno de los elementos vitales del derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible. Esta apuesta, que recoge debates previamente dados por la Red Nacional Ciudadana de Calidad del Aire de Colombia y la Coalición Latinoamericana por el Aire Limpio (ALAire), sigue en construcción. Por esto, el camino que iniciamos el 21 de marzo de 2023 continuará abierto a recibir aportes de todos los sectores. Esperamos que escale diversos escenarios de decisión, territoriales, nacionales y regionales para lograr que la calidad del aire sea un medio que nos acerque a las transiciones que como sociedades latinoamericanas necesitamos. Lee y descarga la propuesta de lineamientos Haz aportes a la propuesta (1) Vigilar la calidad del aire y de sus efectos sobre la salud; evaluar las fuentes de contaminación atmosférica; informar al público sobre la calidad del aire; establecer, aplicar y evaluar la legislación y los planes de acción sobre la calidad del aire, y; proteger a las y los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente. A/HRC/40/55 (2) Las Directrices Mundiales de la OMS sobre la Calidad del Aire ofrecen orientaciones a escala mundial sobre los umbrales y límites de los principales contaminantes atmosféricos que entrañan riesgos para la salud. En América Latina, los estándares no están alineados con estas directrices y adoptar los estándares de la OMS para los 6 contaminantes criterio es fundamental para asegurar una protección a los derechos de las personas expuestas a la contaminación atmosférica. (3) Los índices de aire y salud son herramientas de comunicación del riesgo construidas a partir de datos epidemiológicos, que informan sobre el posible impacto que la calidad del aire actual representa para la salud, lo que a su vez permite dar una serie de recomendaciones a personas vulnerables y no vulnerables y favorecer la toma de decisiones en salud pública. Para garantizar la protección de los derechos de la población y brindar una correcta información, estos índices deben ser iguales en toda la región y cumplir con los mayores estándares para su construcción y uso. (4) Las acciones de monitoreo ciudadano con sensores de bajo costo permiten recolectar más y mejor información a nivel local sobre la exposición de las personas a la contaminación atmosférica, adicionando información a los sistemas de monitoreo de las autoridades públicas. Contar con esta información permite tomar medidas de descontaminación más precisa, planear el desarrollo territorial y proteger los derechos de la población. Estos sistemas de monitoreo ciudadano permiten el ejercicio de una gestión y control de la calidad del aire desde la sociedad civil. En el caso de municipios que no cuentan con una red institucional, el apoyo debe priorizar el desarrollo de redes ciudadanas.

March 21 2023 Fuentes de Agua Dulce, Cambio Climático, Derechos Humanos

5 mensajes para fortalecer la Conferencia del Agua 2023

Por Rosa Peña, Claudia Velarde y Yeny Rodríguez* La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 2023 —la cual llevaba más de 50 años sin celebrarse— tendrá lugar del 22 al 24 de marzo próximos en la ciudad de Nueva York. Bajo la visión de un "mundo unido por el agua", se espera adoptar en la Conferencia la Agenda de Acción por el Agua con los compromisos que harán los gobiernos y otras partes interesadas para alcanzar los objetivos y metas mundiales en el tema de agua y saneamiento. En palabras de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, el encuentro "debe dar lugar a una agenda audaz de acción por el agua que otorgue a este elemento vital de nuestro planeta el compromiso que se merece". América Latina y el Caribe es la región con más agua dulce del mundo. Tiene cerca de un tercio del agua del mundo y la mayor dotación de agua per cápita, casi el cuádruple del promedio mundial. Pese a esto, alrededor de un cuarto de la población de la región (unos 150 millones de personas) viven en zonas donde el agua es escasa y más de 400 millones carecen de servicios de saneamiento seguros. La Conferencia representa un momento histórico y un llamado de gran parte de la humanidad que no puede quedar sin respuesta. AIDA participará del encuentro para poner en la mesa las necesidades, preocupaciones y propuestas de la región que en muchas ocasiones pasan desapercibidas en espacios internacionales de esta envergadura. Estos son algunos de los mensajes principales que promoveremos en la Conferencia Mundial del Agua: 1. La crisis del agua y la crisis climática están interconectadas La crisis del agua y la crisis climática están estrechamente vinculadas. Son las dos caras de una misma moneda. Los impactos de la crisis del clima se traducen en un aumento de la frecuencia y del impacto de desastres por las complejas precipitaciones, inundaciones, derretimiento de los nevados y glaciares, aumento del nivel del mar, estrés hídrico e intensificación de las sequías. A su vez, la destrucción y contaminación de los ecosistemas estratégicos para el ciclo del agua agravan la crisis climática por ser éstos valiosos sumideros de carbono. Por tanto, las políticas de gestión integrada del agua deben enfocarse en prevenir el deterioro de las fuentes de agua por medio de una gestión y ordenamiento que permitan aumentar la resiliencia frente al cambio climático y mitigar el riesgo de desastres. 2. El agua es esencial para la vida y un derecho que garantiza otros derechos El agua es el elemento más importante para la vida en la Tierra. Tiene diversos valores culturales, sociales, espirituales y naturales que promueven el bienestar común y el cuidado de la naturaleza. El agua y sus fuentes son bienes comunes. El derecho al agua es necesario para la garantía de otros derechos como el ambiente sano, la vida, la salud, la alimentación y los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros. En la región, las poblaciones más vulnerables y empobrecidas son las principales afectadas por la crisis del agua. Sin embargo, siguen siendo relegadas de la toma de decisiones ambientales. La gobernanza del agua debe ser justa, inclusiva y plural, así como promover la gestión comunitaria y colectiva. El conocimiento situado de la población campesina y los saberes del agua de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes son necesarios e importantes para la elaboración de políticas de gestión del agua. 3. La colaboración entre Estados es necesaria para proteger el agua como bien común La colaboración transfronteriza entre Estados para la gestión de cuencas, humedales, acuíferos y fuentes de agua debe garantizar una gestión sostenible y socialmente justa del agua, así como la protección y conectividad de los ecosistemas. Ante la actual crisis del agua, es necesario también un acuerdo vinculante entre Estados para la protección de este bien común como derecho humano universal. Asimismo, los Estados deben priorizar la protección y restauración de ecosistemas que son fundamentales para el ciclo del agua (bosques, páramos, glaciares, ríos, humedales, aguas subterráneas y otros) con una adecuada gestión territorial, participativa y comunitaria; además de priorizar el uso para satisfacer las necesidades de la población por encima de los usos industriales. 4. Es urgente atender las causas que contaminan el agua y obstaculizan su acceso Las actuales crisis de calidad, seguridad, disponibilidad, acceso y distribución del agua están profundamente relacionadas con las inversiones, actividades empresariales y proyectos de desarrollo no sostenibles, los extractivismos, los modelos económicos desiguales y la crisis climática. Afrontar la crisis del agua en el continente requiere un cambio en el paradigma de desarrollo mundial e implica dejar atrás un modelo que no prioriza el cuidado del agua ni considera a las generaciones futuras. El respeto y garantía del derecho al agua en América Latina y el Caribe presenta hoy desafíos estructurales vinculados a las disputas por el uso del agua generadas por las ambiciones de transiciones energéticas apresuradas que desconocen derechos humanos, la privatización de los servicios públicos del agua, las brechas en los derechos de acceso y la falta de garantías para la vida de las personas defensoras del agua. A su vez, quienes invierten en proyectos de desarrollo (de infraestructura, agricultura o minero-energéticos, por ejemplo, los financian o ejecutan deben tener en cuenta la gestión justa del agua como eje estructural de sus operaciones. 5. Las mujeres son las protagonistas de la protección del agua Las mujeres son quienes habitualmente lideran las luchas en defensa del agua, especialmente en poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas. Para ellas, defender el agua es defender la vida misma. Por eso, están más expuestas a riesgos y amenazas. Pese a lo anterior, no son convocadas a los espacios de toma de decisiones ambientales, donde se definen asuntos que las pueden afectar directamente, como la instalación de industrias contaminantes que inciden negativamente en la disponibilidad y calidad del agua en sus territorios. Los daños a fuentes de agua afectan especialmente y de forma diferenciada a las mujeres. Estas afectaciones se pueden traducir en un aumento en la carga de las tareas de cuidado; un mayor esfuerzo en los desplazamientos y exposición a riesgos para lograr el acceso; una mayor dificultad para la siembra, la cosecha de alimentos y la crianza de animales, lo que afecta el derecho a la alimentación; impactos a la realización de oficios y actividades productivas ancestrales como la pesca o el barequeo; y un aumento de las enfermedades relacionadas con la salubridad y la salud reproductiva, entre otros. Estos mensajes, entre otros, se han reflejado en el Pacto Transformador del Agua: un marco innovador para la gobernanza justa del agua desarrollado por más de 40 personas defensoras de la justicia ambiental, organizaciones de la sociedad civil y la academia, especialmente del sur global. Este instrumento, del cual AIDA es coautor, es una hoja de ruta orientada al diálogo y a los compromisos colaborativos entre todos los actores involucrados en la gestión del agua. Y será presentado en la Conferencia Mundial del Agua. *Rosa Peña es abogada del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA; Claudia Velarde es cocoordinadora del Programa de Ecosistemas y Yeny Rodríguez es abogada del Programa de Ecosistemas.

March 14 2023 Derechos Humanos, Fortalecimiento de Capacidades

Sesión 1 de los Seminarios Web del 25 Aniversario de AIDA

Reflexiones y perspectivas para la protección del derecho a un ambiente sano En este seminario, el primero de una serie de tres, dimos inicio a los festejos por el 25 aniversario de AIDA con una breve introspección a nuestros orígenes, victorias, crecimiento y visión a futuro. Además, dialogamos desde diversas perspectivas acerca de los avances, lecciones aprendidas y desafíos que implica proteger el derecho humano a un ambiente sano en el continente, una labor que ha sido fundamental desde nuestros inicios. PanelistasPanel 1: 25 años de historiaGladys Martínez de Lemos, directora ejecutiva de AIDA.Anna Cederstav, directora ejecutiva adjunta y directora financiera de AIDA.Manuel Pulgar Vidal, Líder Global de Clima y Energía en WWF Internacional y miembro de la Junta Directiva de AIDA.Moderó: Emilia Carrara, consultora de Recaudación de Fondos de AIDA. Panel 2: La defensa del ambiente sanoDavid Boyd, Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente.Yolanda Zurita, peticionaria en el caso "Comunidad de La Oroya vs. Perú" ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.Xavier Martínez, director operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y miembro de la Junta Directiva de AIDA.Moderó: Liliana Ávila, coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA. Grabación

March 09 2023 Cambio Climático, Derechos Humanos, Fortalecimiento de Capacidades

Financiamento Climático no Brasil: Interagindo com o Fundo Verde do Clima

O financiamento climático tem sido um dos temas centrais nos fóruns de discussão sobre o enfrentamento às mudanças climáticas, sendo urgente o maior direcionamento de fluxos financeiros para iniciativas de mitigação e adaptação. Neste sentido, uma série de fundos – subnacionais, nacionais e multilaterais – têm sido estabelecidos a fim de financiar programas e projetos que ajudem os países a cumprir com seus compromissos climáticos.É importante, portanto, que organizações da sociedade civil possam ampliar seu conhecimento em relação à operação destes fundos, para que seja possível garantir uma maior participação social no desenho e implementação dos programas e projetos, além do monitoramento dos fluxos de financiamento, trazendo o conhecimento local e as vozes das pessoas que estão sofrendo os desafios climáticos para os centros de tomada de decisões.Este seminário online foi um passo inicial neste sentido, ao introduzir a temática do financiamento climático no Brasil, com foco específico no Fundo Verde do Clima (FVC) - principal fundo multilateral dedicado à ação climática, destacando possibilidades de interação de organizações da sociedade civil junto ao Fundo. Foi possível ampliar o conhecimento de organizações brasileiras na temática e fortalecer a rede da sociedade civil nas atividades de monitoramento e engajamento junto ao Fundo Verde do Clima. PalestrantesAlessandra Cardoso, Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC): Panorama dos fundos climáticos no Brasil.Camila Bartelega, Associação Interamericana para a Defesa do Meio Ambiente (AIDA), nó regional para América Latina do GCF Watch: Interagindo com o Fundo Verde do Clima.Juliana Strobel, Fundación Avina, entidade acreditada ao Fundo Verde do Clima: O Fundo Verde do Clima, processo de acreditação e acesso aos fundos.Moderadora: Stela Herschmann, Observatório do Clima. Gravação Apresentações1. Alessandra Cardoso, Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC): 2. Camila Bartelega, AIDA: 3. Juliana Strobel, Fundación Avina:

March 09 2023 Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos

Una oportunidad para ordenar la política de bosques en Colombia

Texto publicado originalmente en La Silla Vacía Las Zonas de Reserva Forestal (ZRF) son una herramienta clave para la protección de la biodiversidad. Según la ley 2 de 1959, fueron creadas con el fin de garantizar el desarrollo de la economía forestal y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre. No obstante, pese a su importancia ambiental, esta figura de ordenamiento forestal no ha cumplido su finalidad en todos los casos. Los bosques en Colombia no se han salvado del avance de la deforestación y del extractivismo. Esto se debe principalmente a dos razones. La primera es que, desde la expedición del decreto ley 2811 de 1974, en Colombia está permitido sustraer áreas de las reservas forestales "por razones de utilidad pública e interés social" con el fin de destinarlas a otras actividades económicas que impliquen remoción de los bosques o cambios en el uso del suelo. Con este argumento, se han sustraído miles de hectáreas de bosques en el país para desarrollar actividades como la explotación minera. Esto ha reducido la figura de protección. Hoy se calcula que de las 48.275.517 hectáreas que integran las siete ZRF, 14.741.237 hectáreas ya han sido sustraídas. La segunda razón es que no existe a nivel nacional una política clara en materia de bosques. Por décadas, los gobiernos han ideado diversos programas, estrategias y planes para atender al fenómeno de la deforestación. Ejemplo de ello son los programas del gobierno Rem Visión Amazonía, que busca frenar la deforestación en este macroterritorio; o la estrategia Sin Fuego, Cero Incendios para prevenir y atender los incendios en la Amazonía. Son iniciativas muy valiosas, sin duda, pero no responden a un país que desborda de realidad. Así, a la fecha, las ZRF no se articulan, a nivel nacional y regional, a planes de ordenación forestal que garanticen un aprovechamiento sostenible de los bosques. Tampoco existe un marco jurídico actualizado y claro que permita al Estado brindar soluciones eficaces al control territorial que se sabe está detrás de la deforestación, a la construcción de infraestructura que la sucede y al espacio que una zona deforestada con carreteras y aeropuertos va dejando para que la minería ilegal, la agroindustria y la ganadería extensiva avancen llevándose todo a su paso, incluidas las personas. La normativa que existe no responde a las graves dinámicas de apropiación y acaparamiento de baldíos y de despojo de comunidades étnicas y campesinas, ni a los retos que plantea para la ordenación forestal la dispersión de múltiples actores armados con poder e intereses en estos territorios. Tampoco contempla aún la reglamentación de las "concesiones para la gestión forestal y de la biodiversidad" de las que habla el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026. Estas se implementarán con pueblos indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (Par. 2 Art. 41 del PND), para las que el gobierno acaba de recibir una cuantiosa financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este último es un escenario difícil donde comunidades rurales vulnerables entran a negociar con el Estado, en condiciones de desigualdad, un acuerdo sobre cómo manejar el bosque que cuidan y habitan, del que dependen para vivir. Para añadir leña al fuego, al inicio del año pasado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) expidió la Resolución 110 de 2022 con la que flexibilizó los requisitos y trámite para sustraer reservas forestales. Además, eximió a ciertos sectores y actividades del procedimiento administrativo de sustracción. Con ello, entre otras cosas, abrió paso a la exploración minera en zonas donde no se necesite remover bosque, lo cual incluye zonas que hayan sufrido procesos previos de deforestación. Ante esta peligrosa reforma, en agosto de 2022, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) envió una alerta internacional acerca de los riesgos que la regulación suponía para los bosques y humedales en Colombia, así como para la población campesina y comunidades étnicas que dependen de ellos, quienes no fueron consultados para este cambio de regulación. En la alerta, instó al gobierno a revocarla y a remplazarla por una nueva que responda a las obligaciones internacionales del país en materia de ambiente, clima y derechos humanos. Gracias a la presión de la sociedad civil, hace unas semanas MinAmbiente abrió a consulta el proyecto de resolución con el que revocaría la cuestionada resolución y adoptaría los términos de referencia para las solicitudes de sustracción de reservas forestales del orden nacional y regional. Respecto del proyecto de resolución hay tres cosas por decir. 1. Si bien el proyecto deroga la resolución, también establece un régimen de transición que beneficia a las empresas que alcanzaron a recibir autorización de MinAmbiente para avanzar con actividades de exploración minera que no necesitan tala de árboles. Con este régimen, el gobierno acepta indirectamente la exploración minera en áreas deforestadas, torpedeando su recuperación, y asume equivocadamente que el único impacto a generar en esta etapa es la remoción de cobertura boscosa. ¡Y esto es una falacia! La construcción de caminos, la liberación de materiales particulados y contaminantes (como polvo y gases de combustión) y la producción de ruido que aleja a las especies son solo algunos de los posibles impactos socioambientales que se pueden generar. Incluso con fines exploratorios, se pueden emplear métodos disruptivos en el ecosistema, como perforaciones para cuantificar la magnitud del depósito, con el riesgo de perforar acuíferos y disminuir la cantidad de agua disponible para servicios ecosistémicos. Además, existe peligro de degradar la calidad del agua al mezclar las aguas superficiales con las subterráneas. 2. MinAmbiente deja viva la disposición tal vez más cuestionada de la Resolución 110, a pesar de estar viciada de inconstitucionalidad pues, para su expedición, las comunidades étnicas cuyos territorios se traslapan con las reservas forestales —del Pacífico, Amazonas y Sierra Nevada de Santa Marta— no fueron consultadas previamente. 3. Este proyecto de resolución le abre al gobierno actual una ventana de oportunidad para hacer las cosas bien desde el inicio y avanzar en la actualización de una regulación que se ajuste a las complejas dinámicas territoriales. Ello debe traducirse en una normativa descentralizada e intercultural que sea consultada previamente y que entienda a las reservas forestales como territorios vivos habitados, que no ponga a competir a la población campesina con las empresas por la tierra y que dialogue armónicamente con los modelos de gobierno propios de los pueblos indígenas que han habitado ancestralmente estos territorios. Una normativa que prefiera flexibilizar la figura de las ZRF para permitir la adjudicación de baldíos a personas vulnerables, y no para abrir paso a la minería. Somos el tercer país de Sudamérica con mayor área en bosques y el segundo en el mundo por biodiversidad. Este puesto nos lo dan los 60 millones de hectáreas de bosque que tenemos, que representan el 50% del territorio nacional. Si bien la regulación del trámite de sustracción de ZRF es solo un eslabón de la cadena, definitivamente es uno determinante para lograr una política de bosques que permita al Estado cumplir con sus obligaciones internacionales ambientales y climáticas.

February 28 2023 Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Expresamos nuestro pesar y rechazo por el asesinato del dirigente indígena Eduardo Mendúa en Ecuador

Es urgente que el Estado de Ecuador emprenda todas las medidas para que este hecho no quede en la impunidad, proporcione las garantías necesarias a los pueblos indígenas que reclaman el cumplimiento de sus derechos humanos y ambientales en Ecuador y tome acciones para que hechos como este no se repitan. El pasado domingo 26 de febrero, Eduardo Mendúa —líder de la nacionalidad Ai’Cofan y director de Relaciones Internacionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE)— fue asesinado a tiros. Medios locales reportaron que el crimen ocurrió cerca de las 17:52 en la huerta de su casa, en la comuna Dureno, al noreste de Ecuador, donde a varios kilómetros se asienta la zona de expansión de gran parte de la industria petrolera del país. El dirigente indígena participó en acciones de resistencia en el marco de la conflictividad generada en los últimos meses en Dureno ante la profundización de la actividad petrolera en esa zona. La comunidad de Dureno, que reconocía el liderazgo de Mendúa, había formado una guardia indígena que por más de ocho meses ha rechazado la intervención petrolera. AIDA manifiesta su profundo pesar y rechazo frente al asesinato de Eduardo Mendúa. Es urgente que el Estado de Ecuador emprenda todas las medidas para que este hecho no quede en la impunidad, proporcione sin demora las garantías necesarias a los pueblos indígenas que reclaman el cumplimiento de sus derechos humanos y ambientales en Ecuador y tome acciones para que hechos como este no se repitan. Lo sucedido es un reflejo de la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentra este sector de la población en toda América Latina y ha generado consternación en toda la región. Nos solidarizamos y expresamos nuestras condolencias a la familia de Eduardo Mendúa, su comunidad y a la nacionalidad Ai’Cofán de Ecuador.

February 20 2023 Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Transparencia y Rendición de Cuentas

Carta abierta de organizaciones de la sociedad civil al Presidente del BID

El grupo de organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes saludamos en el inicio de su gestión como Presidente del Banco y le hacemos llegar nuestros mejores augurios al asumir esta tarea de gran responsabilidad hacia los pueblos de América Latina y el Caribe.Aprovechamos esta oportunidad para presentarnos y manifestar nuestra disposición de seguir contribuyendo a las acciones del Banco en pos del desarrollo de la región. Desde 2017 nuestras organizaciones vienen realizando seguimiento y recomendaciones sobre las políticas y los proyectos del BID, en alianza con las comunidades y poblaciones locales. Particularmente, promovemos que el Banco establezca mejores políticas y prácticas sociales y ambientales, así como espacios de participación adecuados y transparentes que permitan mejorar el vínculo y la interacción del BID con la sociedad civil. Por solo mencionar algunos ejemplos, destacamos nuestras contribuciones al Marco de Políticas Ambientales y Sociales (MPAS), a las actualizaciones de la política del MICI y en el acompañamiento de casos específicos, en el proceso de revisión de la Política de Acceso a la Información y en los diálogos sobre la Iniciativa Amazónica-BID.En paralelo, realizamos un seguimiento permanente de las políticas e inversiones del Banco en toda la región, entre ellos los proyectos en respuesta y recuperación a la pandemia de Covid y muchos otros.Consideramos primordial que el Banco fortalezca sus prácticas y operaciones, asegurando la promoción y el respeto de los derechos humanos, con especial atención a las necesidades de las comunidades y los pueblos indígenas, quienes se encuentran en primera línea en la defensa de la naturaleza, así como de la protección de los ecosistemas clave para la lucha contra el cambio climático.Debido a la relevancia de la participación pública para promover el desarrollo pleno, reiteramos nuestro requerimiento al Banco para que genere mecanismos de participación constructivos y duraderos. En particular, solicitamos que se reabra el espacio de diálogo con la sociedad civil en el marco de las próximas Reuniones Anuales del BID. Este espacio fue una práctica tradicional que se interrumpió el año 2014 y no se ha retomado hasta la fecha.Entendemos que un espacio de articulación del BID con la sociedad civil (organizaciones y movimientos sociales, grupos indígenas, y otros grupos afectados o vulnerabilizados ) no solo constituye una buena práctica que otros organismos multilaterales ya vienen implementando, sino que además contribuiría a avanzar los objetivos de su gestión, según lo señalado en su discurso inaugural del 12 de enero pasado, cuando subrayó su deseo de “aprovechar todas las oportunidades de diálogo” y colaboración con distintos actores para abordar los problemas más acuciantes de nuestra región.Su administración tiene entonces una oportunidad histórica para generar una mayor apertura hacia las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades potencialmente afectadas por operaciones financiadas por el Banco. Consideramos que esta demanda no se puede seguir aplazando, y que este antiguo reclamo debe ser atendido para fortalecer el trabajo en conjunto con los pueblos de la región.Quedamos a su disposición para conversar sobre los puntos planteados en esta carta y otras materias de interés común cuando lo estime conveniente.Atentos saludos, Accountability CounselAMATE El SalvadorArticulación Salvadoreña de Sociedad Civil para la Incidencia en las Instituciones Financieras Internacionales (ASIFI)Asociación Ambiente y SociedadAsociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)Bank Information CenterCenter for International Environmental Law (CIEL)Coalición para los Derechos Humanos en el DesarrolloCohesión Comunitaria e Innovación Social A.C. (México)Conectas Direitos HumanosDerecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Perú)Ecoa - Ecologia e AçãoFundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)Fundación CAUCE: Cultura Ambiental - Causa Ecologista. (Argentina)Gender ActionInternational RiversInternational Accountability ProjectMesa de Discapacidad y Derechos (Perú)Plataforma Internacional contra la ImpunidadProtection International MesoaméricaSociedad y Discapacidad - SODIS (Perú)Sustentarse (Chile)Wetlands International / Fundación Humedales (Argentina) Lee y descarga la carta

February 03 2023 Cambio Climático, Derechos Humanos

Ações e motivos para preservar a Amazônia

A Amazônia, um território compartilhado por oito países, é a maior floresta tropical do mundo. É o lar de 10% da biodiversidade conhecida do planeta. E é um estabilizador climático global, armazenando entre 90 e 140 bilhões de toneladas métricas de dióxido de carbono (CO2), um dos gases de efeito estufa mais nocivos que, se liberado, aceleraria a crise climática. E para mais de 470 povos indígenas e tradicionais, a Amazônia tem sido um lugar ancestral de vida, a partir do qual eles desenvolveram suas formas de estar no mundo. Entretanto, a floresta tropical amazônica está sob várias ameaças - incluindo colonização, desmatamento e atividades extrativistas - que aumentam sua vulnerabilidade e afetam os direitos humanos daqueles que a habitam e a protegem. Essas pressões resultaram em algumas áreas da Amazônia que atualmente emitem mais dióxido de carbono do que absorvem. Essa situação impõe o desafio de implementar estratégias para a proteção legal dos territórios amazônicos que se articulem com as lutas dos povos afetados. Na AIDA, fortalecemos essas estratégias e apoiamos processos comunitários destinados a combater os danos causados pela mineração e exploração de petróleo em territórios amazônicos em três países. Embora atualmente haja esperança no novo governo de Lula da Silva no Brasil, que anunciou seu objetivo de reduzir o desmatamento na Amazônia a zero até 2030, a preservação desse ecossistema - além da vontade política - requer fortes ações conjuntas, coordenadas e transfronteiriças. Nesse sentido, a Colômbia propôs uma frente comum para defender a floresta. FORTALECENDO A DEFESA LEGAL O trabalho da AIDA fortaleceu as capacidades de organizações nacionais no Brasil, Equador e Peru para a defesa jurídica da Amazônia, assim como trabalhos de comunicação e conscientização. Brasil: Ao expor falhas no estudo de impacto ambiental, ajudamos a garantir que as comunidades afetadas pelo projeto de mineração Volta Grande da empresa canadense Belo Sun sejam incluídas no processo de autorização ambiental e que o Estado seja obrigado a consultá-las para obter seu consentimento. Também produzimos um relatório para agências da ONU no qual identificamos medidas para garantir a segurança dos defensores do meio ambiente na Amazônia. Equador: Fortalecemos as estratégias de litigância para deter um decreto pelo qual o governo busca expandir a mineração no país com sérios impactos para a região. E expandimos o entendimento a respeito das ferramentas necessárias para desenvolver o litígio estratégico e melhorar as capacidades de comunicação dos povos indígenas. Peru: Apoiamos a aceleração de um litígio que visava garantir o reparo e a manutenção do oleoduto Norperuano, cuja operação tem gerado graves impactos ambientais e violações dos direitos humanos para os povos indígenas afetados por derramamentos de petróleo. Em todos os três países fomos capazes de avançar para uma compreensão mais precisa das necessidades de proteção legal da Amazônia e dos contextos em que tais estratégias deveriam ser desenvolvidas. Isso foi possível graças ao trabalho em parceria com organizações nacionais e locais e com os povos indígenas. ARGUMENTOS PARA PROTEGER O ECOSSISTEMA Há muitas razões para preservar a Amazônia, cuja importância é regional e global. A fim de fortalecer os esforços de comunicação ligados à proteção legal do ecossistema, a AIDA desenvolveu dois infográficos que apresentam de forma esquemática e didática os argumentos para defender os territórios amazônicos, assim como seus habitantes, em juízo. O foco do primeiro é a vasta biodiversidade contida na Amazônia. Alguns números mostram os altos níveis de riqueza que ela abriga: 40.000 espécies de plantas; 16.000 espécies de árvores; 3.000 espécies de peixes; 1.300 espécies de aves; mais de 430 espécies de mamíferos; mais de 1.000 espécies de anfíbios; e mais de 400 espécies de répteis. Portanto, qualquer intervenção na floresta tropical amazônica deve partir de um entendimento dela como um território altamente diversificado, complexo e interligado. A riqueza da Amazônia também é cultural, representada nos povos indígenas e tradicionais que habitam o ecossistema desde os tempos antigos, cuja diversidade está presente em 86 idiomas e 650 dialetos. A outra infografia ilustra a capacidade da Amazônia de regular a umidade e o clima do continente. Além de armazenar grandes quantidades de dióxido de carbono, o ecossistema absorve metade da energia solar que recebe através da evaporação da água de sua folhagem. A maior parte da energia retida é liberada quando o vapor se condensa para formar nuvens e chuva. Entre outras coisas, a Amazônia recicla entre 50% e 70% da precipitação anual, bombeando cerca de sete bilhões de toneladas de água por ano para a atmosfera através da evapotranspiração. A Amazônia e seus cuidados são emblemáticos da relação intrínseca e do equilíbrio que deve existir entre um ambiente saudável e a existência humana. "A floresta, toda a água e o ar estão onde existem os espíritos que nos dão vida. Todos nós temos uma correlação", diz Humberto, membro de uma comunidade na Amazônia equatoriana. "Essa existência é o que chamamos de vida, nossa própria casa, a farmácia, a natureza ou o que podemos chamar em geral de existência do homem e da natureza", conclui. VERSÃO EM ESPANHOL

February 03 2023 Cambio Climático, Derechos Humanos

Acciones y razones para preservar la Amazonía

La Amazonía, territorio compartido por ocho países, es el mayor bosque tropical del mundo. Alberga 10% de la biodiversidad conocida del planeta. Y es un estabilizador climático global pues almacena entre 90 y 140 mil millones de toneladas métricas de dióxido de carbono (CO2), uno de los gases de efecto invernadero más nocivos que —de ser liberado— aceleraría la crisis climática. Y, para más de 470 pueblos indígenas y tradicionales, la Amazonía ha sido un lugar ancestral de vida, a partir del cual han desarrollado sus formas de estar en el mundo. Sin embargo, la selva amazónica está bajo diversas amenazas —entre ellas la colonización, la deforestación y actividades extractivas— que aumentan su vulnerabilidad y afectan los derechos humanos de quienes la habitan y protegen. Estas presiones han hecho que, actualmente, algunas áreas de la Amazonía emitan más dióxido de carbono del que absorben. La situación plantea el desafío de implementar estrategias de protección legal de los territorios amazónicos que se articulen con las luchas de los pueblos afectados. En AIDA hemos fortalecido dichas estrategias y hemos apoyado procesos comunitarios dirigidos a combatir los daños de la minería y de la explotación petrolera en territorios amazónicos de tres países. Aunque en estos días la esperanza está puesta en el gobierno entrante de Lula da Silva en Brasil, quien anunció su objetivo de reducir a cero la deforestación de la Amazonía para 2030, la preservación de este ecosistema —además de voluntad política— exige acciones contundentes conjuntas, coordinadas y transfronterizas. En ese sentido, Colombia planteó un frente común para defender la selva amazónica. Fortaleciendo la defensa legal El trabajo de AIDA logró fortalecer las capacidades de organizaciones nacionales en Brasil, Ecuador y Perú para la defensa legal de la Amazonía y para tareas de comunicación relacionadas. Brasil: Al evidenciar las falencias del estudio de impacto ambiental, contribuimos a que las comunidades afectadas por el proyecto minero Volta Grande, de la empresa canadiense Belo Sun, sean incluidas en el proceso de autorización ambiental y a que el Estado esté obligado a consultarles para obtener su consentimiento. También elaboramos un informe dirigido a organismos de la ONU en el que identificamos medidas para garantizar la seguridad de las personas defensoras del ambiente en la Amazonía. Ecuador: Fortalecimos las estrategias de litigio para frenar la vigencia de un decreto con el cual el gobierno busca ampliar la explotación minera en el país, con graves impactos para la Amazonía. Y generamos mayor entendimiento de las herramientas necesarias para desarrollar un litigio estratégico y mejorar las capacidades de comunicación de los pueblos indígenas. Perú: Apoyamos la aceleración de un litigio encaminado a garantizar la reparación y mantenimiento del oleoducto Norperuano, cuya operación ha generado graves impactos ambientales y violaciones a derechos humanos para pueblos indígenas afectados por derrames petroleros. En los tres países, pudimos avanzar hacia una comprensión más precisa de las necesidades de protección legal de la Amazonía y de los contextos en que dichas estrategias deben desarrollarse. Esto fue posible gracias al trabajo en alianza con organizaciones nacionales, locales y pueblos indígenas. Argumentos para proteger el ecosistema Son muchas las razones para preservar la Amazonía, cuya importancia es regional y mundial. A fin de fortalecer los esfuerzos de comunicación ligados a la protección legal del ecosistema, en AIDA elaboramos dos infografías que presentan de forma esquemática y didáctica los argumentos para defender los territorios amazónicos, así como a sus habitantes, ante los tribunales. El foco de una de las infografías es la vasta biodiversidad contenida en la Amazonía. Algunas cifras evidencian los altos niveles de riqueza que alberga: 40.000 especies de plantas; 16.000 de árboles; 3.000 de peces; 1.300 de aves; más de 430 de mamíferos; más de 1.000 de anfibios; y más de 400 especies de reptiles. Por tanto, cualquier intervención en la selva amazónica debe partir del conocimiento de ella como un territorio altamente diverso, complejo e interconectado. La riqueza de la Amazonía también es cultural, representada en los pueblos indígenas y tradicionales que habitan el ecosistema desde tiempos ancestrales, cuya diversidad está presente en 86 lenguas y 650 dialectos. La Amazonía: Una región megadiversa La otra infografía ilustra la capacidad de la Amazonía para regular la humedad y el clima del continente. Además de almacenar grandes cantidades de dióxido de carbono, el ecosistema absorbe la mitad de la energía solar que recibe mediante la evaporación del agua de su follaje. La mayor parte de la energía atrapada se libera cuando el vapor se condensa para formar nubes y lluvia. Entre otras cosas, la Amazonía recicla entre 50% y 70% de las precipitaciones anuales, bombeando unos siete billones de toneladas de agua al año a la atmósfera a través de la evapotranspiración. La Amazonía: Un estabilizador climático global La Amazonía y su cuidado son una muestra emblemática de la relación intrínseca y del equilibrio que debe existir entre el ambiente sano y la existencia humana. “La selva, toda el agua y el aire son donde existen los espíritus que nos dan la vida. Todos tenemos una correlación", dice Humberto, miembro de una comunidad de la Amazonía ecuatoriana. "Esa existencia es lo que denominamos vida, casa propia, la farmacia, la naturaleza o lo que podemos llamar en general la existencia del hombre y la naturaleza”. VERSIÓN EN PORTUGUÉS