Derechos Humanos


El impulso de Brasil al litigio climático: avances y desafíos

Los litigios climáticos en América Latina continúan en aumento. En ese contexto, Brasil, con un aumento vertiginoso en el número de casos, representa un gran avance en la lucha por la justicia climática y los derechos humanos no solo en ese país, sino también en la región y en el mundo.En este seminario web, dimos a conocer los avances de Brasil en materia de litigio climático, al tiempo que reflexionaremos acerca de los retos y desafíos que enfrenta en el logro de la justicia climática. panelistasDanielle de Andrade Moreira, profesora de Derecho Ambiental en el Programa de Postgrado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Rio) y coordinadora del Grupo de Investigación sobre Derecho, Medio Ambiente y Justicia en el Antropoceno (JUMA/NIMA/PUC-Rio): Casos de litigio climático sistematizados en la Plataforma de Litigância Climática no Brasil.Gabriel Mantelli, Asesor - Defensa de los Derechos Socioambientales de Conectas Direitos Humanos: La experiencia de Conectas en relación al caso del BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil), sus avances, retos y oportunidades.Marco Antônio Moraes Alberto, Relator de la Plataforma para la Jurisdicción Brasil: Breve recuento de los casos de Brasil en la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe.Moderó: Javier Dávalos, coordinador del Programa de Clima de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación Presentaciones (en portugués)1. Danielle de Andrade Moreira: 2. Gabriel Mantelli: 

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Con el caso de La Oroya, la Corte Interamericana puede sentar un precedente clave para proteger el ambiente sano en América Latina

El 12 y 13 de octubre, el tribunal internacional escuchará en audiencia pública el caso de la comunidad de La Oroya, Perú, afectada por décadas de contaminación tóxica. Su eventual decisión es una oportunidad histórica no solo para reestablecer los derechos de las víctimas, sino también para fortalecer la protección del derecho a un ambiente sano en la región y la adecuada supervisión de las actividades empresariales por parte de los Estados.   Montevideo, Uruguay. El 12 y 13 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchará en audiencia pública el caso de la comunidad de La Oroya contra el Estado de Perú por décadas de vulneración de derechos humanos debido a la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico. La audiencia se realizará en el marco del 153 Periodo de Sesiones de la corte, que tendrá lugar del 10 al 21 de octubre en Montevideo, Uruguay. En octubre del año pasado, tras 15 años de iniciada la demanda internacional contra el Estado peruano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —en su decisión de fondo— estableció la responsabilidad internacional del Estado en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya y presentó el caso ante la Corte Interamericana. En la audiencia —proceso previo a la elaboración de la sentencia— los jueces y las juezas de la corte escucharán a testigos, peritos, víctimas y a representantes del Estado. Como organización que ha representado legalmente y acompañado a un grupo de las víctimas desde el inicio del caso, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), junto con la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), llevará a la corte alegatos contundentes, afianzados en evidencia legal y científica recabada durante cerca de dos décadas, para defender los derechos de las personas afectadas. Después de un largo camino en búsqueda de justicia, el caso es importante no solamente para la comunidad de La Oroya. Lo es también para todas las personas afectadas por actividades empresariales en el continente. Además, el caso es representativo de una situación política, social y medioambiental grave que ha sido poco considerada por la política nacional, regional e internacional. Las condiciones actuales impiden a las y los ciudadanos de La Oroya tener perspectivas sanas a futuro. Existe por tanto una necesidad real de justicia y de movilización para generar un reconocimiento fuerte de alternativas económicas y medioambientales para las víctimas directas e indirectas. Liliana Ávila, abogada sénior de AIDA, explica el contexto del caso y enfatiza la importancia de una decisión favorable y de un precedente de parte de la corte: “El caso de La Oroya ante la Corte Interamericana pone fin a más de 20 años de espera en la búsqueda de justicia y reparación para personas cuya vida cambió drásticamente debido a la exposición histórica a contaminación tóxica. Es un hito para el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos porque será de los primeros casos en abordar de forma tan central la relación indivisible entre el ambiente sano y otros derechos humanos fundamentales como la vida, la salud y la integridad personal. Constituye una oportunidad única para sentar un precedente regional y mundial de protección del derecho a un ambiente sano y de cumplimiento de las obligaciones de los Estados para supervisar adecuadamente las actividades empresariales, así como para garantizar la protección especial de niños, de niñas, de mujeres, de personas adultas mayores y de otros grupos en situación de vulnerabilidad”. Gloria Cano Legua, directora ejecutiva de APRODEH, se refiere a la urgencia de una decisión que otorgue justicia y reparación a las personas de La Oroya: "Las víctimas han tenido que ver como el Estado, a través de diversos gobiernos, se ha desentendido de sus obligaciones, mientras sus problemas de salud se agudizan. La indiferencia y a veces hostilidad con las que han sido tratadas han agraviado su dignidad”. Contactos de prensa: Víctor Quintanilla (AIDA), [email protected], +525570522107 Gloria Cano Legue (APRODEH), [email protected], +51 964 809 193 Christian Huaylinos Camacuari (APRODEH), [email protected], +51 959 789 232  

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Transición energética justa: Un rumbo urgente y posible

Este documento recopila algunos de los puntos más importantes abordados durante el "1er Encuentro de Congresistas sobre Crisis Climática y Transición Energética: Aproximaciones Conceptuales y Panorama de Colombia", llevado a cabo el 25 y 26 de agosto de 2022 en Bogotá. De ese modo, el documento resalta mensajes clave acerca de la crisis climática global, los pilares de la transición energética justa, así como las oportunidades y obligaciones para la transición en Colombia. Esperamos que esta publicación sirva de base para discusiones futuras y para profundizar los diálogos respecto de los temas presentados. "La temperatura global de la superficie seguirá aumentando al menos hasta mediados de siglo en todos los escenarios de emisiones considerados. El calentamiento global de 1,5°C y 2°C se superará durante el siglo XXI a menos que se produzcan profundas reducciones de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero (GEI) en las próximas décadas", advierte el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en su Sexto Informe de Evaluación. Este límite fue el acordado como meta en el Acuerdo de París, según el cual los países firmantes se comprometen a reducir sustancialmente las emisiones de GEI para limitar el aumento de la temperatura global en este siglo a 2°C y esforzarse para incluso limitarlo a 1,5°C. Así, el contexto actual hace que las acciones orientadas a enfrentar la crisis climática sean cada vez más urgentes, particularmente en regiones vulnerables como América Latina y el Caribe, y que la transición energética justa sea el marco y la meta de esas acciones.       Lee y descarga la publicación  

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Bosque y nevado

Resumo da 33ª reunião do Conselho do Fundo Verde do Clima

Julho de 2022De 17 a 20 de julho de 2022, o Conselho do Fundo Verde do Clima (GCF) realizou sua 33ª reunião (B33) em Incheon, República da Coreia. Foi o segundo encontro presencial desde o início da pandemia e o primeiro com uma real abertura às partes interessadas, incluindo observadores, autoridades nacionais designadas (AND) e entidades acreditadas (EA).O Conselho considerou e aprovou quatro propostas de financiamento (comprometendo US$ 380,7 milhões em financiamento do GCF). O baixo número de propostas que foram avaliadas este ano responde à baixa autoridade de compromisso, que se refere à falta de recursos disponíveis do GCF. Espera-se uma melhora e que mais projetos sejam considerados nas próximas reuniões do Conselho.Nesta ocasião, não foram consideradas acreditações de novas entidades, mas quatro entidades foram reacreditadas.A agenda de reunião se centrou na discussão de políticas – incluindo a atualização do guia do enfoque e do alcance para conferir apoio às atividades de adaptação— e de medidas para melhorar a justificativa climática das atividades apoiadas pelo GCF. Também foi lançada oficialmente a Segunda Reposição do GCF.Ver e baixar o resumo 

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Nace una alianza por el aire limpio en América Latina

Aun sin conocer las medidas adoptadas en contextos diferentes al nuestro, las personas respondemos de manera conjunta y nos organizamos de formas similares ante las injusticias ambientales, entre ellas la mala calidad del aire y sus daños a la salud humana. Ese fue uno de los grandes aprendizajes del Encuentro Latinoamericano por el Aire Limpio, que tuvo lugar en Bogotá del 10 al 12 de agosto. Allí se reunieron jóvenes, investigadores/as, funcionarios/as de gobierno, así como representantes de la sociedad civil y de la cooperación internacional de seis países —Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú— bajo tres objetivos principales: fortalecer el nexo entre calidad del aire y justicia climática, intercambiar aprendizajes y construir redes internacionales de colaboración. "La mala calidad del aire y los problemas de salud derivados de ella son una problemática común en América Latina que no conoce de fronteras ni límites territoriales", afirma Anaid Velasco, Gerente de Investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), quien participó en el encuentro. Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire afecta a cerca del 90% de las personas que habitan áreas urbanas en todo el mundo. Pese a la magnitud del problema, las acciones y políticas públicas para mejorar el aire que respiramos no están del todo homologadas. Además, los índices de calidad del aire en la región son muy distintos y no permiten que las personas estén adecuadamente informadas de la peligrosidad del estado de la contaminación atmosférica en diferentes entornos. Ello representa un problema y, al mismo tiempo, una oportunidad para crear y perfeccionar herramientas de forma colaborativa. Conscientes de esa oportunidad, quienes asistieron al encuentro decidieron fundar la Coalición Latinoamericana por el Aire Limpio —ALAIRE—, cuyo trabajo responderá a tres metas: Posicionar una narrativa que haga de la calidad del aire una prioridad estratégica de la agenda de salud pública y de gestión de la crisis climática en América Latina. Incidir en las políticas públicas y en las autoridades para contribuir a una mejor gestión de las fuentes que profundizan la mala calidad de aire en la región. Promover condiciones para que la sociedad civil y el sector empresarial se vinculen al cumplimiento de la normatividad, de las políticas y a la mejora de la calidad del aire en el continente. "La creación de esta coalición es un paso fundamental para mejorar el aire que respiramos, con impacto regional", dice Anaid. "El CEMDA se siente muy orgulloso de formar parte de ella pues el aire limpio es una condición fundamental para garantizar el derecho humano al medio ambiente sano". El Encuentro Latinoamericano por el Aire Limpio —organizado por AIDA, El Derecho a No Obedecer (proyecto de la Corporación Otraparte), Trébola Organización Ecológica, Coalición Respirar, El Poder del Consumidor y la Fundación Heinrich Böll— tuvo actividades abiertas a las que asistieron 200 personas, además de reuniones cerradas para el logro de acuerdos entre organizaciones. El encuentro sirvió para reafirmar que la lucha por un aire limpio es también la lucha por reducir los gases de efecto invernadero para afrontar la crisis climática, así como una necesidad para garantizar el derecho a la salud de las personas en la región.  Además, el evento ratificó la importancia de la ciencia ciudadana, traducida en el trabajo de muchas personas para evidenciar los verdaderos niveles de exposición a la mala calidad de aire en diferentes urbes de la región, mandando un mensaje de urgencia al respecto. La coalición recientemente formada empoderará los esfuerzos ciudadanos, académicos, de organizaciones y de otros actores, al tiempo que contribuirá al logro de acuerdos regionales para el desarrollo e implementación de políticas públicas que mejoren la calidad del aire y protejan la salud humana.  

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Hidrógeno: Retos, riesgos y oportunidades para Latinoamérica

A medida que avanzan las iniciativas para abandonar el uso de combustibles fósiles en Latinoamérica, el hidrógeno surge como propuesta energética en la región.En este seminario web, exploramos la coyuntura del hidrógeno en el mundo y en Latinoamérica, sus aplicaciones y  diferentes procesos de síntesis, los criterios para su utilización como vector energético (que acumula y transporta energía) y los riesgos que implica a lo largo de la cadena de producción y distribución. PANELISTASHugo Mobarec, ingeniero químico, asesor científico, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).Lauren Withey, científica especialista en medio ambiente, Programa Internacional, Earthjustice.Rolando Castro, abogado, exministro de Medio Ambiente de Costa Rica y consultor en Nairí. Moderó: Daniela García Aguirre, abogada e ingeniera ambiental, AIDA. Grabación Presentaciones1. Hugo Mobarec, AIDA: 2. Lauren Withey, Earthjustice: 

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Sesión 3 de la Serie Internacional de Seminarios Web del GCF Watch 2022 (parte dos)

Esta sesión se enfocó en las cuestiones clave identificadas durante el seminario web inicial de la serie. Se abordaron aspectos centrales de las propuestas que presentan las entidades acreditadas al Fondo Verde del Clima (FVC) para convertirse en proyectos aprobados, incluyendo consejos para revisarlas. También hablamos y reflexionamos acerca de género y pueblos indígenas en el FVC, asuntos críticos.   panelistas Florencia Ortúzar, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Revisión de propuestas de financiamiento. Liane Schalatek, Heinrich Böll Stiftung (HBS): Tipos de proyecto del FVC, enfoques y relación con falsas soluciones. Helen Magata, Tebtebba (Indigenous Peoples' International Centre for Policy Research and Education): Pueblos indígenas en el FVC. Natalia Daza, GCF Gender Monitor for Latin America: Género en el FVC. Moderó: Bertha Argueta, Germanwatch.   Grabación (en inglés)   Presentaciones (en inglés) 1. Florencia Ortúzar, AIDA:   2. Liane Schalatek, Heinrich Böll Stiftung (HBS):   3. Helen Magata, Tebtebba (Indigenous Peoples' International Centre for Policy Research and Education):     4. Natalia Daza, GCF Gender Monitor for Latin America:  

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Bosque y nevado

Resumen de la 33ª Reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima

Septiembre de 2022Del 17 al 20 de julio de 2022, la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima (FVC) celebró su 33a reunión (B33) en Incheon, República de Corea. Fue la segunda reunión presencial desde que comenzó la pandemia y la primera con una apertura real a las partes interesadas, incluyendo observadores/as, autoridades nacionales designadas (AND) y entidades acreditadas (EA).La Junta consideró y aprobó cuatro propuestas de financiamiento (comprometiendo USD 380,7 millones en financiamiento del FVC). El bajo número de propuestas que se han evaluado este año responde a la baja autoridad de compromiso, que se refiere a la falta de recursos disponibles del FVC. Se espera una mejoría y que se consideren más proyectos en las próximas reuniones de la Junta.En esta ocasión, no se consideró la acreditación de nuevas entidades, pero cuatro entidades fueron reacreditadas.La agenda de la reunión se centró en la discusión de políticas —incluyendo la actualización de la guía del enfoque y del alcance para brindar apoyo a las actividades de adaptación— y de medidas para mejorar la justificación climática de las actividades apoyadas por el FVC. También se lanzó oficialmente la Segunda Reposición del FVC.Consulta y descarga el resumenResumen en portugués 

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Derechos Humanos

Aprendizajes para la protección del derecho a un ambiente sano

Un ambiente sano implica —entre otras cosas— respirar aire limpio, acceder a fuentes de agua potable, disponer de alimentos de calidad y tener un lugar digno donde vivir. Hasta hace poco, el derecho humano a un ambiente sano era reconocido solo en el ámbito nacional, en la mayoría de los países del continente. El pasado 28 de julio —en una resolución histórica—, la ONU reconoció al ambiente sano como derecho humano universal. La decisión es un paso significativo en el largo y complejo proceso para garantizar este derecho en la práctica, el cual ha formado parte de la historia de AIDA desde sus inicios. "Desde hace casi 25 años, hemos invocado el derecho a un ambiente para defender a personas en América Latina de los impactos al ambiente que atentan contra su vida y su dignidad", dice Gladys Martínez de Lemos, directora ejecutiva. AIDA ha trabajado siempre por evidenciar el vínculo entre el ambiente sano y derechos humanos fundamentales como la integridad, la vida y la salud. "En el derecho internacional, asumir esa relación, que para la organización ha sido siempre innegable, ha tomado tiempo", explica Liliana Ávila, abogada sénior. "Nuestra aproximación al derecho internacional ha sido desde la gente y, a partir de esa cercanía, nos hemos enfocado en las personas afectadas en sus derechos por la degradación ambiental".   ¿Qué hemos aprendido? Como parte esencial de nuestros esfuerzos y con el paso de los años, hemos aprendido que: El derecho a un ambiente sano es incluido cada vez más en Constituciones, leyes y sistemas de justicia regionales. Ello ha empoderado a personas y comunidades para exigir su defensa, así como motivado a jueces y a juezas para integrarlo en sus decisiones. El litigio estratégico —una combinación de herramientas jurídicas, de comunicaciones, movilización social e incidencia política— es especialmente importante para promover la protección de derechos humanos fundamentales. La crisis climática ha exacerbado los impactos de la degradación ambiental en el disfrute de los derechos humanos y los casos se han triplicado. Ello ha traído consigo la necesidad de apostar más por estrategias globales y menos por aquellas de caso por caso. Pese a los avances importantes, aún hay grandes deudas de cumplimiento para que el derecho al ambiente sano se materialice en la práctica. El reto principal es la falta de implementación de los fallos judiciales. Al mismo tiempo, el vínculo entre ambiente sano y derechos humanos ha servido al logro de objetivos muy variados, entre ellos los siguientes: Evidenciar que el derecho a un ambiente sano y otros derechos esenciales para la vida son indivisibles. Exigir que los Estados cumplan sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en especial la aplicación de los principios de prevención y de precaución. Promover la garantía de los derechos de acceso en asuntos ambientales como el derecho a la información y a la participación.   Casos emblemáticos Si bien la defensa de un ambiente sano está en todo lo que hacemos, existen casos emblemáticos en los que AIDA contribuyó a establecer precedentes claves para garantizar este derecho.   Restablecimiento de derechos para habitantes de La Oroya, Perú Nuestra labor como organización ambiental internacional inició en 1998 con este caso. Desde entonces, hemos trabajado para evidenciar cómo la afectación del derecho a un ambiente sano —por la contaminación del aire con metales pesados provenientes de una fundición— ha vulnerado los derechos a la vida y la salud, entre otros, de residentes de la ciudad de La Oroya. Hemos mostrado cómo los impactos han sido diferenciados para mujeres, niños, niñas y personas adultas mayores. Y hemos exigido al Estado peruano tomar medidas urgentes para garantizar los derechos de la población afectada. En 2005, llevamos el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que en septiembre de 2021 lo presentó ante la Corte Interamericana tras establecer la responsabilidad internacional del Estado. Será de los primeros casos en abordar de forma central la relación indivisible entre el ambiente sano y otros derechos humanos. El ambiente sano como derecho fundamental para la existencia humana En noviembre de 2017, en respuesta a una consulta hecha por Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el ambiente sano es un derecho autónomo, “fundamental para la existencia de la humanidad”. Reconoció además el impacto del cambio climático en el goce efectivo de los derechos humanos, en especial de las poblaciones más vulnerables como los pueblos indígenas, los niños, las niñas y las personas viviendo en pobreza extrema. En el marco de la consulta, AIDA presentó sus observaciones y participó en la audiencia ante la Corte. Evidenciamos que la implementación de grandes proyectos de infraestructura podría afectar el ambiente a tal punto que pondría en riesgo la vida e integridad personal, entre otros derechos humanos. Nuestro aporte dejó claro el vínculo entre derechos humanos y ambiente. El acceso a justicia para personas afectadas por daños ambientales Cuando residentes de Veracruz defendieron en los tribunales al Arrecife Veracruzano de los daños de una ampliación portuaria, AIDA presentó evidencia técnica y jurídica para el reconocimiento de los derechos al ambiente sano y al acceso a la justicia, los cuales obligan al gobierno a permitir que toda persona, cuyos derechos fundamentales sean amenazados por la degradación ambiental, tenga la posibilidad de lograr justicia sin importar que su conexión con el ecosistema amenazado sea indirecta o remota. Aportamos así al fallo emitido por la Suprema Corte de México en febrero de 2022, en el cual determinó que las autoridades violaron el derecho al ambiente sano de las personas de Veracruz al autorizar el proyecto portuario.   “El reconocimiento del ambiente sano como derecho humano universal en la ONU es sin duda un impulso para la construcción de nuevos precedentes clave para su protección”, afirma Daniela García, abogada de AIDA. Es también un impulso para que los Estados fortalezcan sus políticas y legislaciones enfocadas en la protección del ambiente, así como para que consagren este derecho en sus marcos jurídicos. Y es una herramienta para que personas y organizaciones que defienden el ambiente y los derechos humanos fortalezcan su labor. En AIDA lo tenemos claro y reafirmamos a diario el compromiso con nuestra misión de fortalecer la capacidad de las personas para garantizar el derecho individual y colectivo a un ambiente sano.  

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Tribunal de Brasil reafirma el poder del litigio para fortalecer la acción climática

El mes pasado, el Supremo Tribunal Federal de Brasil —la corte más alta del país— determinó que el gobierno tiene el deber constitucional de asignar los recursos económicos necesarios para el funcionamiento del Fondo del Clima, creado para apoyar el combate de la crisis climática y que ha estado paralizado en los últimos años. Con esa decisión, el tribunal resolvió el primer litigio climático de su historia y sentó un precedente importante para Brasil y para el mundo. En su fallo, la corte equiparó el Acuerdo de París —que busca fortalecer la respuesta mundial a la emergencia climática— con un tratado de derechos humanos, otorgándole un estatus superior al de las leyes ordinarias y al de otras normas inferiores como los decretos del Poder Ejecutivo. Ello puede dar paso a que tribunales y jueces de otros países de América Latina hagan el mismo reconocimiento. “El Supremo Tribunal Federal creó un marco de protección privilegiado para la mitigación y la adaptación al cambio climático, uno que asegura uno de los pilares fundamentales de la acción climática: el financiamiento”, explica Marcella Ribeiro, abogada de AIDA. “Además, dejó claro que el Poder Ejecutivo —al restringir los recursos que por ley están destinados a la acción climática— va en contra de los acuerdos y convenciones internacionales en materia de derechos humanos de los que Brasil hace parte”. El litigio por la omisión del gobierno brasileño de otorgar recursos al Fondo del Clima fue interpuesto en 2020 por el Partido Socialista Brasileño, el Partido Socialismo y Libertad, el Partido de los Trabajadores y el Partido Rede Sustentabilidade, con apoyo del Observatorio del Clima y el Instituto Alana. El litigio como herramienta estratégica El caso del Fondo del Clima en Brasil demuestra que el litigio climático estratégico es una forma efectiva y necesaria para contribuir a que gobiernos y empresas del continente cumplan con sus compromisos climáticos. El mismo Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en su informe más reciente, destacó que los litigios relacionados con el clima están en aumento y, en algunos casos, han influido en los resultados y ambición de la gobernanza climática, entendida como la manera en la que los diferentes actores —Estado, sociedad civil, academia y sector privado— definen, implementan y supervisan acciones orientadas a hacerse cargo de las causas y consecuencias del cambio climático. “En el sur global, Brasil es uno de los países donde el litigio climático se desarrolla con más fuerza”, resalta Javier Dávalos, abogado sénior de AIDA. “El país se caracteriza por un creciente ecosistema de litigantes y organizaciones que están llevando la lucha climática a los tribunales”. El impulso de Brasil al litigio climático en la región es fundamental debido a que ese país alberga el 65% de la Amazonía, un ecosistema clave para la regulación del clima a nivel mundial y que está en riesgo grave. En América Latina, Brasil es el país que más emite dióxido de carbono y la deforestación es la mayor fuente de esas emisiones. En ese sentido, es fundamental que uno de los jueces que atendió el caso del Fondo del Clima señalara explícitamente el gran incremento de la deforestación de la Amazonía en 2021: más de 22% —la mayor en 15 años— y una superficie total de 13.235km². Es clave entonces exigir ante los tribunales que el Estado brasileño cumpla sus obligaciones de protección de la Amazonía y del clima mundial. La importancia de financiar las soluciones Transitar a una economía de carbono cero y evitar los peores impactos físicos del cambio climático requiere invertir unos 125 mil millones de dólares para 2050, según el estudio Net Zero Financing Roadmaps, encargado por los Campeones de Alto Nivel de las Naciones Unidas. Estos recursos deben provenir de dos fuentes complementarias, la privada y la pública. Respecto de la segunda, el financiamiento de la acción climática por parte de gobiernos representa una política pública relevante, por lo que debe ajustarse a las normas de un país. En su sentencia, el Supremo Tribunal Federal de Brasil reconoció que el Fondo del Clima es el principal instrumento federal destinado a financiar la acción climática y a cumplir los objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En ese sentido, observó que el gobierno mantuvo paralizado el fondo por dos años. Al considerar que los recursos destinados a la lucha contra la crisis climática buscan materializar derechos humanos fundamentales, el tribunal concluyó que el gobierno no puede restringirlos. “Garantizar la asignación de recursos para las acciones climáticas representa establecer un límite claro del cual no podemos retroceder”, afirma Marcella. “Pese a la clara violación de los deberes del Estado brasileño respecto al derecho al ambiente sano, reflejada en el desmantelamiento de las normas e instituciones ambientales, el fallo del Supremo Tribunal de Brasil puso un freno a la erosión de la protección jurídica del ambiente y del clima en el país”. VERSIÓN EN PORTUGUÉS   Conoce de este y otros casos en la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe.  

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