Derechos Humanos

Julio 28 2022 Derechos Humanos

AIDA aplaude reconocimiento del ambiente sano como derecho humano universal

La decisión adoptada por la Asamblea General de la ONU es un llamado para que los Estados reconozcan que la defensa del ambiente es esencial para la existencia humana en el planeta. La resolución fortalece los esfuerzos históricos para garantizar este derecho en la práctica. Nueva York, EE. UU. En una resolución histórica, la Asamblea General de la ONU reconoció como derecho humano universal el ambiente seguro, sano, limpio y sostenible. Dado que este derecho no se incluyó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la decisión marca un hito para el derecho internacional de los derechos humanos. La resolución respalda un texto similar adoptado en octubre de 2021 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El reconocimiento universal del derecho a un ambiente sano fue planteado en un proyecto de resolución que Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza presentaron en junio ante los 193 miembros de la Asamblea General, el cual fue finalmente aprobado de manera unánime. Liliana Ávila, abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente, expresa: “El reconocimiento hecho por la ONU es una llamado muy importante para que los Estados reconozcan que al ambiente involucra elementos esenciales sin los cuales no sería posible nuestra existencia en el planeta. La mayoría de las Constituciones en el continente ya reconocen al ambiente sano como un derecho y la ciudadanía lo revindica día a día a través de diferentes mecanicismos. El paso dado hoy por la ONU sin duda fortalece estos esfuerzos y avanza hacia la construcción de sociedades donde este derecho sea una realidad”. Gladys Martínez de Lemos, directora ejecutiva, dice: “Es un momento histórico para la posibilidad de las personas de exigir a tomadores de decisión la creación de medidas para garantizar un derecho que ahora es universalmente reconocido. En AIDA celebramos esta herramienta y reafirmamos nuestro compromiso de hace 25 años de proteger este derecho fundamental. El reconocimiento es una esperanza de justicia para quienes sufren la degradación del ambiente en todo el mundo; como las y los residentes de La Oroya, Perú, que han respirado por años aire contaminado; familias enteras en Centroamérica, forzadas a migrar por los impactos de la crisis climática; comunidades costeras del Caribe mexicano y dominicano, que pierden sus hogares por la destrucciín manglares y arrecifes, barreras naturales contra tormentas y huracanes; o las miles de personas defensoras del ambiente, que arriesgan su vida para cuidar sus territorios”. Desde AIDA queremos resaltar que un país latinoamericano, Costa Rica, haya liderado la propuesta de reconocimiento ante la Asamblea General. Su rol fue clave en el resultado que hoy celebramos. Destacamos también el trabajo arduo de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, comunidades locales y pueblos indígenas para impulsar el reconocimiento. El ambiente sano —reconocido como derecho por más de 150 Estados— es un requisito previo para la realización de los otros derechos humanos. Su reconocimiento como derecho humano universal puede dar lugar a leyes y políticas más eficaces, además de empoderar a comunidades locales. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), [email protected], +525570522107

Julio 08 2022 Fracking, Fuentes de Agua Dulce, Contaminación Tóxica

Consejo de Estado avala reglamentación del fracking en un fallo regresivo que desconoce principios y compromisos ambientales y de derechos humanos

Bogotá, Colombia. Al resolver la demanda de nulidad interpuesta por la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad del Norte —coadyuvada por la Corporación Podion, AIDA y las clínicas jurídicas de la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes—, el Consejo de Estado ratificó la legalidad de la reglamentación —contenida en el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014— para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos mediante fracking o fracturación hidráulica. En el marco del litigo, existía una moratoria judicial al fracking en Colombia desde 2018, cuando el alto tribunal suspendió preventivamente la reglamentación con base en el principio de precaución y por la falta de certeza sobre los riesgos de daños irreversibles que la técnica implica para el ambiente, el clima y las personas. La sentencia del Consejo de Estado deja viva la reglamentación del gobierno y levanta la moratoria, pero no exonera a las autoridades nacionales y locales de proteger el ambiente y respetar los derechos fundamentales de la población a tiempo de consolidar la política minero energética. “El Consejo de Estado ha emitido una decisión contraria a los hechos probados en el litigio; desconociendo el peritaje realizado por la Universidad Nacional de Colombia, el informe de la comisión de expertos, el concepto de la Procuraduría General de la Nación y el resto de pruebas documentales y textos científicos que evidenciaron la necesidad de prohibir esta técnica en virtud del principio de precaución”, señaló Juan Pablo Sarmiento, abogado demandante del caso. “Además del principio de precaución, el fallo desconoce los compromisos climáticos internacionales de Colombia y el principio de solidaridad intergeneracional pues ignora los derechos fundamentales de las generaciones futuras”. El fracking ha sido valorado por académicos y científicos nacionales e internacionales como una técnica experimental que amenaza el aire, el agua, la salud humana, la participación democrática, el tejido social y la cultura, los sistemas de conocimiento tradicionales, la biodiversidad y, en el largo plazo, la estabilidad económica, sismica y climática. Además, es una técnica que genera contaminación atmosférica debido a emisiones de metano (CH4); un gas potente cuyo potencial de calentamiento es entre 84 y 87 veces mayor que el dioxido de carbono (CO2) en una escala de 20 años. “En América Latina y en el mundo, muchos países han prohibido el fracking por sus impactos en el ambiente y para precautelar los derechos humanos”, afirmó Yeny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), parte del equipo litigante. “La sentencia del Consejo de Estado en Colombia es regresiva y va en contra los avances internacionales en materia ambiental, climática y de derechos humanos”. Lizeth Gómez, abogada de la Corporación Podion, consideró que el levantamiento de la moratoria judicial al fracking “deja abierta la posibilidad de avanzar con este tipo de proyectos”, cuyos contratos estaban suspendidos. “Es necesario que el fracking cuente con licencia social porque varias regiones del país han sido consideradas como potencial para la implementación de esta técnica”. De su lado, Juan Felipe García, abogado de la Clínica en Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana dijo que el Consejo de Estado “perdió una gran oportunidad para robustecer, por la vía judicial, una regulación que múltiples expertos consideraron débil para proteger el ambiente y la salud pública”. Añadió que “está en manos del gobierno nacional y del Legislativo garantizar a la sociedad la protección del principio de precaución y la participación democrática en materia ambiental”. Silvia Quintero, asesora jurídica de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de Los Andes, aclaró que la decisión del máximo tribunal administrativo del país “no es una carta abierta para realizar fracking en Colombia. “El gobierno debe garantizar integralmente el derecho a la participación y a la vocería de las comunidades en la toma de decisiones acerca de los proyectos que puedan generar impactos ambientales en sus territorios, así como la seguridad y protección de las y los líderes ambientales que defienden sus territorios”. Contactos de prensa: Juan Pablo Sarmiento, [email protected], +573005514583 Yeny Rodríguez, AIDA, [email protected], +573107787601 Juan Felipe García, Clínica en Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana, [email protected], +573125588889 Lizeth Gómez, PODION, [email protected], +573176430036

Julio 07 2022 Cambio Climático, Derechos Humanos, Fortalecimiento de Capacidades

Sesión 2 de la Serie Internacional de Seminarios Web del GCF Watch 2022

Como organizaciones de la sociedad civil (OSC) que hacemos seguimiento al Fondo Verde del Clima (FVC), hemos puesto mucha atención a la revisión de las propuestas de financiamiento presentadas a la Junta Directiva del Fondo. En esta sesión, profundizamos en los aspectos básicos de la implementación de los proyectos y programas aprobados por la Junta. PanelistasBertha Argueta, Germanwatch: El rol de diferentes actores en la implementación de proyectos aprobados por el FVC.Peter Carlson, Communications Associate, IRM: El rol del Mecanismo Independiente de Reparación (IRM).Said Chakri, Association of Teachers of Life Sciences and Earth of Morocco (AESVT): Monitoreando la implementación de proyectos en África.Titi Soentoro, Aksi! for Gender, Social and Ecological Justice: Monitoreando la implementación de proyectos en Asia.Tara Daniel, Women's Environment and Development Organization (WEDO): La implementación de planes de acción de género.Moderó: Claire Miranda, Asian Peoples' Movement on Debt and Development (APMDD). Grabación (en inglés) Presentaciones1. Bertha Argueta, Germanwatch: 2. Peter Carlson, Mecanismo Independiente de Reparación (IRM): 3. Titi Soentoro, Aksi! for Gender, Social and Ecological Justice: 4. Tara Daniel, Women's Environment and Development Organization (WEDO):

Junio 29 2022 Fracking, Derechos Indígenas, Minería

Ojo con los obstáculos a la transición energética en América Latina

La crisis climática y las afectaciones a derechos humanos que trae consigo exigen que los Estados de América Latina —la región más amenazada por el calentamiento del planeta— diseñen e implementen leyes, políticas públicas, proyectos y otras medidas orientadas a proteger la vida e integridad de las personas y comunidades a través de la mitigación, la adaptación y la atención de las pérdidas y daños ya ocasionados. Dado que el sistema energético actual —basado en combustibles fósiles— es la causa principal de la crisis climática, así como de las desigualdades que están estrechamente vinculadas con ella, el marco general de las acciones climáticas en el continente debe ser el de una transición energética justa. La transición energética es una oportunidad para que el continente abandone viejos modelos de producción de energía caracterizados por generar grandes impactos sociales y ambientales, y para que avance hacia formas que sean ambiental y climáticamente sostenibles, al tiempo que respeten los derechos humanos de las comunidades y sectores involucrados. Sin embargo, varios países de la región están olvidando esta perspectiva. El caso de Colombia ejemplifica actualmente una tendencia riesgosa para todo el continente: el desarrollo de acciones que, aunque son promovidas como útiles a la transición energética, son en realidad obstáculos a esta porque agravan la dependencia de los combustibles fósiles y con ella la crisis climática y sus impactos. Entre esas medidas regresivas está la ampliación de minas de carbón en operación o la apertura de nuevas minas bajo el argumento de que la exportación del mineral financiará la transición, así como el favorecimiento de la explotación de gas —a través de beneficios tributarios y flexibilización de procesos de entrega de permisos ambientales— bajo la falsa premisa de que es una fuente de energía limpia. Encendiendo las alarmas Ante lo preocupante del panorama descrito, AIDA decidió generar y difundir alertas urgentes que hagan visibles proyectos específicos, políticas públicas y normas que obstaculizan una verdadera transición justa al profundizar la extracción y uso de combustibles que agravan la crisis climática e implican riesgos sociales y ambientales en los territorios. Son alertas colectivas, apoyadas por otras organizaciones internacionales que, como AIDA, buscan justicia climática y trabajan en la defensa ambiental y de los derechos humanos. Cada alerta será enviada a las autoridades nacionales a cargo de la medida cuestionada. Con el propósito de promover reflexiones sobre cómo se debe avanzar en la transición energética justa, su contenido incluye recomendaciones de política pública y normativa basadas en las obligaciones y compromisos internacionales del Estado en material climática, ambiental y de derechos humanos. En ese sentido, el mensaje es claro: De seguir adelante con la promoción, extracción y uso de gas y de carbón, el Estado estaría incumpliendo esas obligaciones. Una de las alertas llama la atención acerca del posible desvío definitivo del arroyo Bruno, en el departamento de La Guajira, para ampliar la producción y ventas de El Cerrejón, la mayor mina de carbón a cielo abierto de Latinoamérica y una de las diez más grandes a nivel mundial. El proyecto no solo implica un incremento de emisiones de gases de efecto invernadero —el carbón es responsable del 44% de las emisiones globales de CO2 derivada de los combustibles fósiles—, sino que es también una amenaza para los derechos al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud de las comunidades indígenas Wayuu que dependen del arroyo. Alcance regional Las medidas adoptadas por el Estado colombiano bien pueden reflejar la situación en otros países de la región o replicarse en ellos. En ese sentido, algunas alertas se refieren a la explotación de hidrocarburos a través de la técnica del fracking, que avanza a ciegas —desconociendo los riesgos de daños graves que implica para el ambiente sano y la salud humana— en Colombia y en otros países de América Latina. Otro riesgo regional del que advierten las alertas es el relacionado con el uso de hidrógeno, promovido como alternativa energética viable y limpia. En Colombia ya existe una ruta de política pública para avanzar con su implementación y dos proyectos piloto en camino. La producción de hidrógeno resulta de quemar carbón o gas a temperaturas elevadas. Estudios recientes advierten que ello requiere capturar y almacenar dióxido de carbono por lo que la alternativa depende de que sea posible almacenar carbono de forma indefinida y evitar fugas a la atmósfera. Además, la producción de hidrógeno consume mucha energía e implica la emisión de gases durante el proceso de calentamiento y presurización, así como el uso de gas natural como combustible. Como región, no podemos darnos el lujo de retrasar la transición energética y el logro de justicia climática, metas tan urgentes y necesarias, con opciones que solo nos atarán cada vez más a los combustibles fósiles y a un sistema energético que solo intensifica las desigualdades sociales y el deterioro ambiental.

Junio 28 2022 Cambio Climático, Derechos Humanos

Resumo da 32ª Reunião do Conselho do Fundo Verde para o Clima

Maio de 2022De 16 a 19 de maio de 2022, o Conselho Diretor do Fundo Verde para o Clima (GCF, da sigla em inglês) realizou sua 32a reunião (B.32) em Saint John's City, Antigua e Barbuda. Pela primeira vez desde o início da pandemia da COVID-19, a reunião foi presencial. Apesar disso, o FVC recomendou que a participação da sociedade civil, que monitora as reuniões do Conselho, permanecesse virtual, o que causou indignação deles, que responderam com uma carta ao Conselho e à Secretaria do FVC.A reunião concentrou-se em consultas políticas, tais como a atualização do Processo de Aprovação Simplificada (SAP, da sigla em inglês), a revisão das modalidades iniciais e da estratégia do Mecanismo do Setor Privado (PSF, da sigla em inglês), e a orientação do enfoque e alcance na prestação de apoio às atividades de adaptação.Além disso, o Conselho considerou a aprovação de quatro propostas de financiamento (solicitando US$ 301,5 milhões ao FVC) e a re-acreditação de duas entidades: Conservation International e o Banco Coreano de Desenvolvimento.Ver e baixar o resumo

Junio 20 2022 Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

El Programa de Verificación Vehicular Obligatoria vigente de la ZMVM es insuficiente para garantizar una calidad del aire saludable

En lo que va de 2022, el número de contingencias ambientales se ha incrementado en comparación con 2021. Es necesario hacer más estrictos los criterios de verificación vehicular, principalmente en lo que se refiere a la eficiencia energética. El etiquetado de emisiones en automóviles es un elemento trascendental para reducir la contaminación y mitigar el cambio climático en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Ciudad de México. A diez días de la publicación del Programa de Verificación Vehicular para el segundo semestre de 2022 (PVVO) tanto en Ciudad de México (CDMX) como en el Estado de México (EDOMEX), el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA) hace un llamado y un recordatorio a ambas entidades para que desarrollen y publiquen medidas más estrictas a favor de la mejora de la calidad del aire y de la protección de los derechos humanos y de la salud de las personas de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). El OCCA recordó que, de acuerdo con comunicados publicados por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), del 1 de enero al 8 de junio de 2022, se han presentado cinco contingencias ambientales por contaminación en el aire. Esa cifra, a medio año, supera ya las cuatro contingencias que hubo en 2021. Lo anterior ocurre pese a que en enero de 2020 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el programa de verificación que estipula que los automóviles deben tener un límite máximo de emisiones igual o menor a los establecidos en la regulación Tier 2 Bin 5 americana para obtener por dos ocasiones seguidas el holograma "00" que permite la circulación diaria, así como que los automóviles deben de tener un rendimiento energético mayor o igual a 16 kilómetros recorridos por un litro de combustible consumido. Los mismos criterios fueron adoptados por el EDOMEX de manera paralela. Debido a que dichos parámetros no han sido suficientes, el 11 de mayo de 2022, el OCCA envió una carta a los titulares de la gestión de la calidad del aire tanto de la CDMX como del EDOMEX para solicitar la adopción de criterios más estrictos para la obtención del holograma "00" en la ZMVM. La petición se basa en que, con apego al Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los compromisos de la Agenda Global 2030, el Acuerdo de París y otros instrumentos y estándares internacionales en materia de derechos humanos, las emisiones dentro de las Zona Metropolitana del Valle de México se deben reducir 30% para 2024, mientras que los gases deben disminuir 10% para el mismo año. El OCCA solicitó a las entidades hacer más estrictos los criterios para la obtención del holograma "00" por dos ocasiones: que los vehículos tengan un rendimiento energético mayor o igual 18 kilómetros recorridos por un litro de combustibles y que cumplan con el estándar EPA Tier 2 Bin 5. En tanto para la obtención del holograma "00" por una ocasión, se deben cumplir las siguientes características: que los vehículos tengan un rendimiento mayor a 15.5 kilómetros por litro o menor a 18 kilómetros por litro. Sin embargo, la misiva fue respondida solo por el Estado de México, cuya Secretaría del Medio Ambiente indicó que considerará la viabilidad de la propuesta y que la turnó a la CAMe para las gestiones correspondientes. Por otro lado, dentro del PVVO del primer semestre del 2020 para el caso de la CDMX, el Transitorio CUARTO, inciso "a", dice a la letra: "A partir de enero de 2021, los vehículos deberán contar con una etiqueta en donde se muestre su nivel de emisión de dióxido de carbono y su rendimiento de combustible". No obstante, el OCCA señala que en la actualidad lo referente al etiquetado no ha ocurrido y recuerda que la implementación de una etiqueta en los vehículos es relevante porque: Permite a los consumidores tomar una decisión informada respecto a los vehículos que compran, en cuanto al rendimiento de combustible, eficiencia energética y reducción de emisiones. Facilita comparar un vehículo dentro de su propia categoría y elegir la opción más eficiente. Evidencia los gastos ocultos a futuro que afectan directamente al consumidor y de esta manera evita gastos no previstos. Promueve que los consumidores se informen acerca del deterioro ambiental y de la calidad del aire, de los riesgos a la salud y de la disminución en la calidad de vida que implica comprar un vehículo altamente contaminante y de baja eficiencia. Empodera a los consumidores para que puedan verificar si el auto que compraron está cumpliendo con el rendimiento indicado por los fabricantes y, de esta manera, incentiva la fiscalización de la información por parte de consumidores. Funciona como un incentivo para que la industria automotriz compita e innove por mejorar el rendimiento y desempeño ambiental de los vehículos que se comercializan en nuestro país. Contribuye a garantizar el derecho al ambiente sano y la salud de la población de la región a través de una buena calidad del aire y de la mitigación de emisiones de contaminantes climáticos de vida corta emitidos por vehículos automotores. La solicitud del OCCA refrenda su compromiso de contribuir e impulsar un medio ambiente más saludable y la mitigación del cambio climático a través de una mejor calidad del aire. Ello principalmente en un contexto de contingencia sanitaria en el que la contaminación ha sido una agravante y la COVID-19 sigue presente. En fechas recientes, el Instituto de Salud Pública de México halló en un estudio realizado durante 2020 que en 25 ciudades incremento en 3.5% la tasa de mortalidad por Covid-19 derivado del aumento de NO2. Por ello, se reitera el llamado a las autoridades de la Zona Metropolitana del Valle de México a que garanticen el derecho a un medio ambiente saludable a través de hacer más estrictos los criterios de verificación vehicular, que son la principal fuente de emisiones a nivel local, y de dar continuidad al etiquetado de rendimiento y emisiones en vehículos ligeros. *Organizaciones del OCCA que suscriben: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Bicitekas, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CERCA, El Poder del Consumidor, Frente de Organizaciones de Transporte Colectivo y Alternativo, Fundación Tláloc, Iniciativa Climática de México, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo capítulo México, Redspira, Transita Seguro, WWF México. Contactos de prensa Denise Rojas, El Poder del Consumidor, [email protected], 55-1298-9928 Ricardo Ruiz, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, [email protected], 5559644162 Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], +525570522107

Junio 17 2022 Océanos, Derechos Humanos

AIDA celebra acuerdo en la OMC para frenar subsidios nocivos a la pesca

Consideramos que el acuerdo es un “paso crucial” para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras. Ginebra, Suiza. Como organización ambiental que ha seguido de cerca las negociaciones para limitar a nivel mundial los subsidios a la pesca, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) aplaude que los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) alcanzaran, tras más de dos décadas, un acuerdo vinculante para frenar algunas subvenciones pesqueras perjudiciales, una medida fundamental para lograr un manejo efectivo de nuestros recursos pesqueros, así como para garantizar la seguridad alimentaria mundial y los modos de vida de comunidades costeras. “Este es un paso crucial para procurar la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo”, resaltó Gladys Martínez de Lemos, directora ejecutiva de AIDA. “Exhortamos a los 164 países miembros de la OMC a ratificar el acuerdo lo antes posible y a implementar los cambios necesarios derivados del mismo para aportar de forma significativa a la salud de la vida marina y al bienestar de quienes dependen de ella”. Se estima, cada año, los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros. Como resultado de ese apoyo, el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo deben ser reconstituidas y el 34% son pescadas a niveles “biológicamente insostenibles”, según datos recientes. El acuerdo logrado en la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, desarrollada del 12 al 16 de junio, establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada; los subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas; y los subsidios a los buques que pescan en alta mar, una zona no regulada. Las disposiciones referentes a la pesca en alta mar representan un logro para América Latina, región cuya industria pesquera se ve gravemente amenazada por agresivas flotas extranjeras que pescan dentro y fuera de jurisdicciones nacionales. El acuerdo contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero. Los países acordaron seguir negociando normas para frenar aquellos subsidios que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible. “Este acuerdo es una de las patas de la mesa que necesitamos a nivel internacional para aportar a la salud del océano”, explicó de su lado Magie Rodríguez, abogada de AIDA. “Nos quedan tres más: el tratado de alta mar, estándares más ambiciosos y rigurosos para la minería oceánica, así como el reconocimiento del rol clave que juega el océano en la crisis climática. Seguiremos trabajamos con nuestros aliados para lograrlo”. Aunque las negociaciones acerca de subsidios a la pesca comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo en la siguiente conferencia, que iba a tener lugar en diciembre de 2020, pero que fue suspendida por la pandemia. Este compromiso responde además al cumplimiento de la meta 14.6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En 2021, la Conferencia Ministerial no llegó a un acuerdo, pero sí a un borrador de texto. “El logro de este año no habría sido posible sin la unión de esfuerzos entre diferentes organizaciones, academia, gobiernos y sector privado”, destacó Martínez. Contacto de prensa Victor Quintanilla (México), [email protected], +525570522107

Junio 17 2022 Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

Chile: Cierre de la fundición Ventanas, una decisión que busca terminar con la "zona de sacrificio" de Puchuncaví Quintero"

Valoramos y agradecemos la responsable decisión del Directorio de CODELCO y del gobierno del presidente Gabriel Boric de cerrar la Fundición de Cobre de Ventanas, dando término a lo que por décadas ha sido la principal fuente de contaminación, daño ambiental y vulneración del derecho humano de los habitantes de Puchuncaví y Quintero de vivir en un medio sano y seguro para la vida. La Fundición de Cobre de Ventanas es la principal fuente de emisiones de dióxido de azufre (62% de las emisiones totales), además de metales pesados y arsénico, que han generado la devastación de históricas actividades productivas de la zona como la agrícola, la pesca artesanal y el turismo, así como también irreparables daños en la salud de la población del territorio poniendo en riesgo a los niños y futuras generaciones. La intoxicación de los niños de La Greda en 2011 y las ocurridas este año fueron provocadas por excedencia en las emisiones de dióxido de azufre. Felicitamos y apoyamos al gobierno actual por tener la valentía y convicción de que debemos avanzar en una transición justa en lo social y ecológico. Creemos que llegó el momento para que Chile termine con las zonas de sacrificio, repare las deudas históricas y avance decididamente hacia un desarrollo con justicia social y territorial. Nos sentimos tranquilas y tranquilos porque tanto CODELCO, como el gobierno, han asumido el compromiso de no dejar a los trabajadores sin su fuente laboral, como también se han comprometido a hacerse cargo de la remediación ambiental, y al mismo tiempo continuar procesando los minerales de la pequeña minería en las fundiciones existentes en Potrerillo y Caletones. Firman: Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia Quintero-Puchuncaví Coalición Nacional Ciudadana Chao Carbón Se adhieren a la declaración las siguientes organizaciones: SINDICATODE PESCADORES DE HORCON CARLOS VEGA, CORE REGION DE VALPARAISO DUNAS DE RITOQUE FUNDACION CHILE SUSTENTABLE GREENPEACE DEFENSORIA AMBIENTAL FUNDACION RELAVES MOVIMIENTO CIUDADANO CHAO PESCAO ALERTA ISLA RIESCO DESPIERTA MEJILLONES ASOCIACION INTERAMERICANA PARA LA DEFENSA DEL AMBIENTE (AIDA) MUJERES EN RESISTENCIA ARTE EDUCA ONG CEUS CHILE ONG FIMA FUNDACION TERRAM COALICION ECUMENICA PARA EL CUIDADO DE LA CREACION CORPORACION DE EDUCACION E INCIDENCIA PUBLICA OTROS CRUCES MOVIMIENTO SALVEMOS CORONEL ECOSISTEMAS NEWENKO ONG YANAPANAKU CONSEJO DE DEFENSA DE LOS QUEÑES COORDINADORA CIUDADANA NO ALTO MAIPO MOVIMIENTO SOCIAL EN DEFENSA DEL RIO ÑUBLE COLECTIVO DE INVESTIGACION ACCION ESTUARIALES ESCAZU AHORA CHILE

Junio 16 2022 Cambio Climático, Derechos Humanos

Resumen de la 32ª Reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima

Junio de 2022Del 16 al 19 de mayo de 2022, la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC) celebró su 32a reunión (B.32) en la ciudad de Saint John's, Antigua y Barbuda. Por primera vez, desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el encuentro fue presencial.A pesar de esto último, el FVC recomendó que la participación de la sociedad civil, que hace seguimiento a las reuniones de la Junta, siguiera siendo virtual, lo que causó la indignación de esta, que respondió con una carta al respecto a la Junta y a la Secretaría del FVC.La reunión se centró en consultas políticas, como la actualización del Proceso de Aprobación Simplificado (SAP por sus siglas en inglés), la revisión de las modalidades iniciales del Mecanismo del Sector Privado (PSF por sus siglas en inglés) y de la estrategia de dicho sector, y la orientación del enfoque y alcance de la prestación de apoyo para actividades de adaptación.Además, la Junta consideró la aprobación de cuatro propuestas de financiamiento (solicitando 301,5 millones de dólares del FVC) y la reacreditación de dos entidades: Conservación Internacional y el Banco Coreano de Desarrollo.Consulta y descarga el resumenResumen en portugués

Junio 13 2022 Océanos, Derechos Humanos

El Acuerdo de Escazú y el acceso a la Información sobre Subsidios Pesqueros

El Acuerdo de Escazú reconoce el derecho del público de acceder a la información ambiental, definida como “cualquier información escrita, visual, sonora, electrónica o registrada en cualquier otro formato, relativa al medio ambiente y sus elementos y a los recursos naturales, incluyendo aquella que esté relacionada con los riesgos ambientales y los posibles impactos adversos asociados que afecten o puedan afectar el medio ambiente y la salud, así como la relacionada con la protección y la gestión ambientales”. Los datos sobre los subsidios que se otorgan a la pesca califican como información ambiental y deben ser públicos. Ello se debe a que las pesquerías marinas son un recurso natural y a que los subsidios pesqueros son parte de la gestión ambiental, entendida como el conjunto de actividades humanas que tienen el objetivo de ordenar el ambiente mediante instrumentos legales, administrativos y económicos. Los subsidios pesqueros son contribuciones financieras, del Estado al sector pesquero, que proporcionan algún tipo de beneficio con el objetivo de aumentar las ganancias. Son subsidios perjudiciales o negativos cuando disminuyen artificialmente los costos de operación, generando sobrecapacidad y sobrepesca. Entre ellos están los subsidios a la gasolina, aquellos dirigidos a la modernización de la flota y las ayudas para el pago de planillas y otros costos de operación. Descarga la hoja informativa