Derechos Humanos

Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

El Programa de Verificación Vehicular Obligatoria vigente de la ZMVM es insuficiente para garantizar una calidad del aire saludable

En lo que va de 2022, el número de contingencias ambientales se ha incrementado en comparación con 2021. Es necesario hacer más estrictos los criterios de verificación vehicular, principalmente en lo que se refiere a la eficiencia energética. El etiquetado de emisiones en automóviles es un elemento trascendental para reducir la contaminación y mitigar el cambio climático en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).   Ciudad de México. A diez días de la publicación del Programa de Verificación Vehicular para el segundo semestre de 2022 (PVVO) tanto en Ciudad de México (CDMX) como en el Estado de México (EDOMEX), el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA) hace un llamado y un recordatorio a ambas entidades para que desarrollen y publiquen medidas más estrictas a favor de la mejora de la calidad del aire y de la protección de los derechos humanos y de la salud de las personas de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). El OCCA recordó que, de acuerdo con comunicados publicados por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), del 1 de enero al 8 de junio de 2022, se han presentado cinco contingencias ambientales por contaminación en el aire. Esa cifra, a medio año, supera ya las cuatro contingencias que hubo en 2021. Lo anterior ocurre pese a que en enero de 2020 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el programa de verificación que estipula que los automóviles deben tener un límite máximo de emisiones igual o menor a los establecidos en la regulación Tier 2 Bin 5 americana para obtener por dos ocasiones seguidas el holograma "00" que permite la circulación diaria, así como que los automóviles deben de tener un rendimiento energético mayor o igual a 16 kilómetros recorridos por un litro de combustible consumido. Los mismos criterios fueron adoptados por el EDOMEX de manera paralela. Debido a que dichos parámetros no han sido suficientes, el 11 de mayo de 2022, el OCCA envió una carta a los titulares de la gestión de la calidad del aire tanto de la CDMX como del EDOMEX para solicitar la adopción de criterios más estrictos para la obtención del holograma "00" en la ZMVM. La petición se basa en que, con apego al Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los compromisos de la Agenda Global 2030, el Acuerdo de París y otros instrumentos y estándares internacionales en materia de derechos humanos, las emisiones dentro de las Zona Metropolitana del Valle de México se deben reducir 30% para 2024, mientras que los gases deben disminuir 10% para el mismo año. El OCCA solicitó a las entidades hacer más estrictos los criterios para la obtención del holograma "00" por dos ocasiones: que los vehículos tengan un rendimiento energético mayor o igual 18 kilómetros recorridos por un litro de combustibles y que cumplan con el estándar EPA Tier 2 Bin 5. En tanto para la obtención del holograma "00" por una ocasión, se deben cumplir las siguientes características: que los vehículos tengan un rendimiento mayor a 15.5 kilómetros por litro o menor a 18 kilómetros por litro. Sin embargo, la misiva fue respondida solo por el Estado de México, cuya Secretaría del Medio Ambiente indicó que considerará la viabilidad de la propuesta y que la turnó a la CAMe para las gestiones correspondientes. Por otro lado, dentro del PVVO del primer semestre del 2020 para el caso de la CDMX, el Transitorio CUARTO, inciso "a", dice a la letra: "A partir de enero de 2021, los vehículos deberán contar con una etiqueta en donde se muestre su nivel de emisión de dióxido de carbono y su rendimiento de combustible". No obstante, el OCCA señala que en la actualidad lo referente al etiquetado no ha ocurrido y recuerda que la implementación de una etiqueta en los vehículos es relevante porque: Permite a los consumidores tomar una decisión informada respecto a los vehículos que compran, en cuanto al rendimiento de combustible, eficiencia energética y reducción de emisiones. Facilita comparar un vehículo dentro de su propia categoría y elegir la opción más eficiente. Evidencia los gastos ocultos a futuro que afectan directamente al consumidor y de esta manera evita gastos no previstos. Promueve que los consumidores se informen acerca del deterioro ambiental y de la calidad del aire, de los riesgos a la salud y de la disminución en la calidad de vida que implica comprar un vehículo altamente contaminante y de baja eficiencia. Empodera a los consumidores para que puedan verificar si el auto que compraron está cumpliendo con el rendimiento indicado por los fabricantes y, de esta manera, incentiva la fiscalización de la información por parte de consumidores. Funciona como un incentivo para que la industria automotriz compita e innove por mejorar el rendimiento y desempeño ambiental de los vehículos que se comercializan en nuestro país. Contribuye a garantizar el derecho al ambiente sano y la salud de la población de la región a través de una buena calidad del aire y de la mitigación de emisiones de contaminantes climáticos de vida corta emitidos por vehículos automotores. La solicitud del OCCA refrenda su compromiso de contribuir e impulsar un medio ambiente más saludable y la mitigación del cambio climático a través de una mejor calidad del aire. Ello principalmente en un contexto de contingencia sanitaria en el que la contaminación ha sido una agravante y la COVID-19 sigue presente. En fechas recientes, el Instituto de Salud Pública de México halló en un estudio realizado durante 2020 que en 25 ciudades incremento en 3.5% la tasa de mortalidad por Covid-19 derivado del aumento de NO2. Por ello, se reitera el llamado a las autoridades de la Zona Metropolitana del Valle de México a que garanticen el derecho a un medio ambiente saludable a través de hacer más estrictos los criterios de verificación vehicular, que son la principal fuente de emisiones a nivel local, y de dar continuidad al etiquetado de rendimiento y emisiones en vehículos ligeros. *Organizaciones del OCCA que suscriben: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Bicitekas, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CERCA, El Poder del Consumidor, Frente de Organizaciones de Transporte Colectivo y Alternativo, Fundación Tláloc, Iniciativa Climática de México, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo capítulo México, Redspira, Transita Seguro, WWF México. Contactos de prensa Denise Rojas, El Poder del Consumidor, [email protected], 55-1298-9928 Ricardo Ruiz, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, [email protected], 5559644162 Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], +525570522107  

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Océanos, Derechos Humanos

AIDA celebra acuerdo en la OMC para frenar subsidios nocivos a la pesca

Consideramos que el acuerdo es un “paso crucial” para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.   Ginebra, Suiza. Como organización ambiental que ha seguido de cerca las negociaciones para limitar a nivel mundial los subsidios a la pesca, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) aplaude que los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) alcanzaran, tras más de dos décadas, un acuerdo vinculante para frenar algunas subvenciones pesqueras perjudiciales, una medida fundamental para lograr un manejo efectivo de nuestros recursos pesqueros, así como para garantizar la seguridad alimentaria mundial y los modos de vida de comunidades costeras. “Este es un paso crucial para procurar la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo”, resaltó Gladys Martínez de Lemos, directora ejecutiva de AIDA. “Exhortamos a los 164 países miembros de la OMC a ratificar el acuerdo lo antes posible y a implementar los cambios necesarios derivados del mismo para aportar de forma significativa a la salud de la vida marina y al bienestar de quienes dependen de ella”. Se estima, cada año, los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros. Como resultado de ese apoyo, el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo deben ser reconstituidas y el 34% son pescadas a niveles “biológicamente insostenibles”, según datos recientes. El acuerdo logrado en la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, desarrollada del 12 al 16 de junio, establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada; los subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas; y los subsidios a los buques que pescan en alta mar, una zona no regulada. Las disposiciones referentes a la pesca en alta mar representan un logro para América Latina, región cuya industria pesquera se ve gravemente amenazada por agresivas flotas extranjeras que pescan dentro y fuera de jurisdicciones nacionales. El acuerdo contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero. Los países acordaron seguir negociando normas para frenar aquellos subsidios que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible. “Este acuerdo es una de las patas de la mesa que necesitamos a nivel internacional para aportar a la salud del océano”, explicó de su lado Magie Rodríguez, abogada de AIDA. “Nos quedan tres más: el tratado de alta mar, estándares más ambiciosos y rigurosos para la minería oceánica, así como el reconocimiento del rol clave que juega el océano en la crisis climática. Seguiremos trabajamos con nuestros aliados para lograrlo”. Aunque las negociaciones acerca de subsidios a la pesca comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo en la siguiente conferencia, que iba a tener lugar en diciembre de 2020, pero que fue suspendida por la pandemia. Este compromiso responde además al cumplimiento de la meta 14.6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En 2021, la Conferencia Ministerial no llegó a un acuerdo, pero sí a un borrador de texto. “El logro de este año no habría sido posible sin la unión de esfuerzos entre diferentes organizaciones, academia, gobiernos y sector privado”, destacó Martínez. Contacto de prensa Victor Quintanilla (México), [email protected], +525570522107  

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Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

Chile: Cierre de la fundición Ventanas, una decisión que busca terminar con la "zona de sacrificio" de Puchuncaví Quintero"

Valoramos y agradecemos la responsable decisión del Directorio de CODELCO y del gobierno del presidente Gabriel Boric de cerrar la Fundición de Cobre de Ventanas, dando término a lo que por décadas ha sido la principal fuente de contaminación, daño ambiental y vulneración del derecho humano de los habitantes de Puchuncaví y Quintero de vivir en un medio sano y seguro para la vida. La Fundición de Cobre de Ventanas es la principal fuente de emisiones de dióxido de azufre (62% de las emisiones totales), además de metales pesados y arsénico, que han generado la devastación de históricas actividades productivas de la zona como la agrícola, la pesca artesanal y el turismo, así como también irreparables daños en la salud de la población del territorio poniendo en riesgo a los niños y futuras generaciones. La intoxicación de los niños de La Greda en 2011 y las ocurridas este año fueron provocadas por excedencia en las emisiones de dióxido de azufre. Felicitamos y apoyamos al gobierno actual por tener la valentía y convicción de que debemos avanzar en una transición justa en lo social y  ecológico. Creemos que llegó el momento para que Chile termine con las zonas de sacrificio, repare las deudas históricas  y  avance decididamente hacia un desarrollo con justicia social y territorial. Nos sentimos tranquilas y tranquilos porque tanto CODELCO, como el gobierno, han asumido el compromiso de no dejar a los trabajadores sin su fuente laboral, como  también se han comprometido a hacerse cargo de la remediación ambiental, y al mismo tiempo continuar procesando los minerales de la pequeña minería en las fundiciones existentes en  Potrerillo y Caletones. Firman: Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia Quintero-Puchuncaví Coalición Nacional Ciudadana Chao Carbón   Se adhieren a la declaración las siguientes organizaciones: SINDICATODE PESCADORES DE HORCON CARLOS VEGA, CORE  REGION DE VALPARAISO DUNAS DE RITOQUE FUNDACION CHILE SUSTENTABLE GREENPEACE DEFENSORIA AMBIENTAL FUNDACION RELAVES MOVIMIENTO CIUDADANO CHAO PESCAO ALERTA ISLA RIESCO DESPIERTA MEJILLONES ASOCIACION INTERAMERICANA PARA LA DEFENSA DEL AMBIENTE (AIDA) MUJERES EN RESISTENCIA ARTE EDUCA ONG CEUS CHILE ONG FIMA FUNDACION TERRAM COALICION ECUMENICA PARA EL CUIDADO DE LA CREACION CORPORACION DE EDUCACION E INCIDENCIA PUBLICA OTROS CRUCES MOVIMIENTO SALVEMOS CORONEL ECOSISTEMAS NEWENKO ONG YANAPANAKU CONSEJO DE DEFENSA DE LOS QUEÑES COORDINADORA CIUDADANA NO ALTO MAIPO MOVIMIENTO SOCIAL EN DEFENSA DEL RIO ÑUBLE COLECTIVO DE INVESTIGACION ACCION ESTUARIALES ESCAZU AHORA CHILE  

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Bosque y nevado
Cambio Climático, Derechos Humanos

Resumen de la 32ª Reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima

Junio de 2022Del 16 al 19 de mayo de 2022, la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC) celebró su 32a reunión (B.32) en la ciudad de Saint John's, Antigua y Barbuda. Por primera vez, desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el encuentro fue presencial.A pesar de esto último, el FVC recomendó que la participación de la sociedad civil, que hace seguimiento a las reuniones de la Junta, siguiera siendo virtual, lo que causó la indignación de esta, que respondió con una carta al respecto a la Junta y a la Secretaría del FVC.La reunión se centró en consultas políticas, como la actualización del Proceso de Aprobación Simplificado (SAP por sus siglas en inglés), la revisión de las modalidades iniciales del Mecanismo del Sector Privado (PSF por sus siglas en inglés) y de la estrategia de dicho sector, y la orientación del enfoque y alcance de la prestación de apoyo para actividades de adaptación.Además, la Junta consideró la aprobación de cuatro propuestas de financiamiento (solicitando 301,5 millones de dólares del FVC) y la reacreditación de dos entidades: Conservación Internacional y el Banco Coreano de Desarrollo.Consulta y descarga el resumenResumen en portugués 

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Océanos, Derechos Humanos

El Acuerdo de Escazú y el acceso a la Información sobre Subsidios Pesqueros

El Acuerdo de Escazú reconoce el derecho del público de acceder a la información ambiental, definida como “cualquier información escrita, visual, sonora, electrónica o registrada en cualquier otro formato, relativa al medio ambiente y sus elementos y a los recursos naturales, incluyendo aquella que esté relacionada con los riesgos ambientales y los posibles impactos adversos asociados que afecten o puedan afectar el medio ambiente y la salud, así como la relacionada con la protección y la gestión ambientales”. Los datos sobre los subsidios que se otorgan a la pesca califican como información ambiental y deben ser públicos. Ello se debe a que las pesquerías marinas son un recurso natural y a que los subsidios pesqueros son parte de la gestión ambiental, entendida como el conjunto de actividades humanas que tienen el objetivo de ordenar el ambiente mediante instrumentos legales, administrativos y económicos. Los subsidios pesqueros son contribuciones financieras, del Estado al sector pesquero, que proporcionan algún tipo de beneficio con el objetivo de aumentar las ganancias. Son subsidios perjudiciales o negativos cuando disminuyen artificialmente los costos de operación, generando sobrecapacidad y sobrepesca. Entre ellos están los subsidios a la gasolina, aquellos dirigidos a la modernización de la flota y las ayudas para el pago de planillas y otros costos de operación.       Descarga la hoja informativa  

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Derechos Indígenas, Participación Ciudadana, Cambio Climático

¿Qué es la transición energética justa?

Es posible plantear soluciones reales a los problemas actuales. Las diversas crisis por las que atraviesa la humanidad —climática, energética, alimentaria, ambiental, sanitaria—, así como las enormes desigualdades que las originan y que al mismo tiempo son profundizadas por ellas, pueden superarse si logramos repensar los sistemas en los que vivimos y plantear transiciones con un horizonte claro. En 2021, el sector energético contribuyó con el 73,2% del total de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. El sistema energético actual, basado en fuentes fósiles, es desigual e inequitativo. Está concentrado en grandes empresas privadas o estatales, es especialmente conflictivo en cuanto al acceso a los recursos y poco abierto a la participación social en la toma de decisiones. Por ello, avanzar en la transición energética es urgente. No hay una mirada única de la transición energética, es un concepto en disputa. ¿Para qué? ¿Para quienes? ¿Cómo? Son las preguntas que definen las diferentes concepciones y brindan los elementos para el análisis. Las miradas conservadoras centran la transición en un proceso de sustitución tecnológica para un cambio de matriz energética con fuentes renovables y la búsqueda de la eficiencia energética. Por otra parte, las propuestas más completas advierten que un cambio de matriz energética es necesario, pero no es suficiente. Y plantean la transición como un proceso de transformación integral, territorialmente situado y plural, que supone la creación de nuevas condiciones sociopolíticas que reestructuren la organización, propiedad y distribución de los sistemas de producción y consumo vigentes para lograr la construcción del derecho a la energía. Si planteamos la transición como un cambio de sistema, es imprescindible construir otro tipo de relaciones entre seres humanos, naturaleza y relaciones de producción. Pautas para pensar la transición energética en Latinoamérica Con base en los argumentos de Pablo Bertinat, especialista en el tema, transitar ese camino en la región requiere: Construir el derecho a la energía como derecho colectivo, en congruencia con los derechos de la naturaleza. Se debe tomar en cuenta los daños generados por el desarrollo energético a territorios y comunidades; erradicar las Zonas de Sacrificio, reconociendo su vulnerabilidad; y garantizar el respeto a derechos humanos durante la transición. Resolver problemas de pobreza energética con energía limpia, accesible, confiable y asequible. Los proyectos de energía deben beneficiar al territorio en el cual se instalan en cuanto a generación, abastecimiento y trabajo para lograr la redistribución de la riqueza producto de la transición energética. Avanzar en un proceso de disminución de energía ante un escenario de restricción en el cual los recursos no permiten cubrir la demanda energética. Esto implica una transición integral. Se debe pensar en un nuevo modelo productivo construido con base en la disponibilidad de energía, así como replantear sistemas de transporte, de agricultura, de infraestructura, etc. Profundizar el cambio de matriz energética desde procesos de resignificación de tecnologías por aquellas que sean adecuadas, es decir, que permitan la inclusión social, que sean construidas desde las comunidades, que estén orientadas a resolver los problemas de estas y que tomen en cuenta los procesos de aceptación de nuevos emprendimientos energéticos. Impulsar procesos de democratización de la energía mediante la participación de diversos actores, especialmente sectores excluidos, en la toma de decisiones respecto a la transición y elaboración e implementación de políticas, garantizando los derechos de acceso a información oportuna y completa, participación de calidad y acceso a la justicia ambiental, que logren asegurar la autonomía energética a nivel local.   En conclusión, hablar de transición energética justa implica recuperar la energía como una herramienta para satisfacer necesidades humanas en un contexto de recursos finitos e inequidades. No debemos empezar de cero. Comunidades locales, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales y gobiernos han dado ya pasos importantes hacia una transición energética justa, democrática y popular en la región. Con ese impulso, la transición no solo es deseable, sino posible.  

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Minería, Contaminación Tóxica, Cambio Climático

5 razones para ponerle fin a la extracción y uso de carbón

El uso de carbón para generar energía comenzó hace 2.000 años. Sin embargo, actualmente, su rol como combustible ha llegado a su fin: los impactos negativos de su explotación y uso son mucho mayores que los beneficios. Además, la solución a la crisis climática pasa en gran parte por terminar con la dependencia del carbón. Aunque actualmente estamos viendo un crecimiento en los proyectos de carbón, para reducir significativamente las emisiones causantes del calentamiento del planeta es necesario que, en un contexto pos-COVID-19, los países se comprometan a una recuperación económica alejada del carbón como fuente energética. Frente a gobiernos y empresas que siguen promoviendo la industria del carbón en el contexto económico y político actual —ignorando sus costos reales—, existen al menos cinco razones por las cuales continuar extrayéndolo y quemándolo es una mala decisión desde las perspectivas económica, política, ambiental, climática y de derechos humanos.   1. El carbón es económicamente inviable por los altos costos de sus impactos Al momento, la cadena del carbón no contempla los costos externos derivados de los daños e impactos climáticos, ambientales y sociales que provoca, los cuales podrían duplicar o incluso triplicar el precio de la electricidad generada. Por ejemplo, la exportación de una tonelada de carbón de Colombia a Europa, Estados Unidos o Asia conlleva costos externos estimados de entre 144,64 y 210,95 dólares por tonelada, tres veces el precio de mercado del carbón (de 47,8 dólares la tonelada en agosto de 2019) (1). De ese modo, la explotación y uso del carbón resultan económicamente inviables porque el precio de mercado no alcanza para cubrir la reparación de los daños causados. Lo más grave es que ya que las empresas de la industria no los asumen, estos costos quedan en manos de Estados, comunidades y ecosistemas. 2. Los proyectos de carbón generan desempleo Los argumentos según los cuales la explotación de carbón genera desarrollo allá donde se realiza son un mito. La contaminación generada por la minería de carbón impacta la salud de las personas expuestas a ella, afectando su efectividad laboral y poniéndolas en desventaja para acceder a otras opciones de trabajo. Esto resulta en altos índices de desempleo en poblaciones aledañas a minas de carbón con tasas de hasta el 40%. Además, la industria de las energías renovables no convencionales emplea al momento a muchas más personas que la del carbón. Según la International Renewable Energy Agency, esa industria generó 11 millones de empleos a nivel mundial en 2018, mientras que los 10 países con más fuentes laborales dependientes del carbón solo generan 225.000 empleos aproximadamente. Asimismo, según estimaciones de la ONU, transitar a energías renovables podría generar hasta 35 millones de puestos de trabajo adicionales entre 2020 y 2050. 3. Invertir en carbón es cada vez más riesgoso Tanto bancos como aseguradoras están dejando de invertir en el sector carbonífero por sus elevados costos, altos riesgos y baja rentabilidad. Hoy, 26 de los 35 mayores bancos del mundo tienen políticas que restringen el financiamiento de proyectos relacionados con la minería de carbón o con la generación eléctrica a partir del carbón. Incluso, un grupo de países de la OCDE, anunció recientemente que pondrá fin a las ayudas financieras a centrales eléctricas de carbón. Del mismo modo, al menos 18 de las grandes compañías aseguradoras a nivel mundial han decidido restringir actividades vinculadas con la industria carbonífera. Esto muestra que,  gracias a la presión ciudadana, estamos frente a un proceso de desfinanciación de esa industria, cuyo mercado ya no es asegurable. 4. El uso de carbón agrava la crisis climática mundial La extracción y quema del carbón agrava la crisis climática, al igual que todas las violaciones a derechos humanos derivadas de ella: inundaciones que desplazan personas, incendios que destruyen pueblos y ecosistemas enteros, sequías que acaban con los cultivos, entre otras. De acuerdo con el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el carbón está detrás del 44% de las emisiones de CO2 provenientes de combustibles fósiles. Pero solo nueve países son responsables del 85% de las emisiones globales provenientes de la combustión de este mineral. La minería de carbón emite también metano, un gas con 67 veces más poder que el CO2 para calentar el planeta en un periodo de 20 años y cuyas emisiones son responsables de alrededor del 25% del calentamiento global. Construir nuevas centrales eléctricas de carbón implica un cambio climático catastrófico. Por ello la ONU planteó como medida urgente acelerar la descarbonización de todos los aspectos de la economía. Para mantenernos en el camino de los 1.5°C, al 2050, el 90% del carbón debe permanecer bajo tierra. 5. La minería y el uso de carbón vulneran derechos humanos esenciales, como la salud Todo el ciclo del carbón —desde su extracción, transporte y exportación, hasta su quema o combustión— causa daños irreversibles en las personas. Uno de los principales impactos de la minería de carbón es la degradación de la calidad del aire, que a su vez viola el derecho a la salud, a la vida y a un ambiente sano, generando altas tasas de morbilidad y mortalidad. Los daños de la extracción de carbón incluyen la neumoconiosis (pulmón negro), conocida como “la enfermedad del minero”, que reduce considerablemente las expectativas de vida de quienes trabajan en minas y de las comunidades aledañas, donde la población infantil es la principal afectada. Asimismo, las emisiones contaminantes de las centrales de carbón son las principales responsables de formar partículas microscópicas (PM10 y PM2,5) capaces de penetrar en el sistema respiratorio y sanguíneo, aumentando las tasas de enfermedades graves como el cáncer de pulmón e incluso de muertes prematuras.   Estas cinco razones son al mismo tiempo argumentos para la descarbonización de la matriz energética de América Latina. La región puede y debe dirigir sus esfuerzos hacia un sistema energético basado en energías renovables no convencionales, amable con el ambiente, respetuoso de las personas y sostenible en el tiempo. Para más información, consulta nuestro informe Carbón, un combustible condenado al entierro. El final de una era y la promesa de una transición justa. (1) Precios actualizados a 2019 tomados de Cardoso A. Behind the life cycle of coal: Socio-environmental liabilities of coalmining in Cesar, Colombia. Ecological Economics 120 (2015) 71- 82, y Cardoso A., Santamaria R,. Peñalver L. (2019). Thetrue cost of coal in Colombia.  

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Minería, Contaminación Tóxica, Cambio Climático

Carbón, un combustible condenado al entierro. El final de una era y la promesa de una transición justa

El informe expone cinco razones por las cuales se debe terminar con la extracción y quema de carbón desde la perspectivas económica, política, ambiental, climática y de derechos humanos. Además, presenta argumentos en favor de la descarbonización de la matriz energética de América Latina mediante un proceso enmarcado en la justicia climática que respete los derechos humanos y la equidad de género. Latinoamérica puede y debe dirigir sus esfuerzos hacia un sistema energético basado en energías renovables no convencionales, amable con el ambiente, respetuoso de las personas y sostenible en el tiempo. Esta publicación se realiza con base en un análisis de tendencias, no de coyunturas específicas, de la trayectoria del carbón hacia escenarios de descarbonización y de transición energética. Está dedicada a todas esas personas que han resistido incansablemente la intromisión del carbón en sus territorios y que han trabajado por evidenciar sus impactos y buscar soluciones.       Descarga el informe  

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Cambio Climático, Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Carbón, un combustible condenado al entierro

Este seminario web tuvo como objetivo presentar el informe “Carbón, un combustible condenado al entierro: El final de una era y la promesa de una transición justa”, así como favorecer un espacio de discusión regional en torno al tema.En ese sentido, las panelistas compartieron sus experiencias sobre litigios estratégicos y acciones de incidencia para frenar la expansión del carbón en países del continente. PanelistasRosa Peña: abogada, Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).Daniela García Aguirre: abogada e ingeniera ambiental, becaria de la Iniciativa de Aire Limpio de AIDA.Andrea Cardoso (Colombia): Doctora en Ciencia y Tecnología Ambientales con enfoque en economía ecológica; profesora en la Universidad del Magdalena.Cristina Auerbach (México): Organización Familia Pasta de Conchos.Alejandra Donoso (Chile): Abogada, directora de la Defensoría Ambiental.Moderó: Daniela García Aguirre, (AIDA). Grabación Más informaciónConsulta el informe Carbón, un combustible condenado al entierro. El final de una era y la promesa de una transición justa.​

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Océanos, Derechos Humanos

La pesca latinoamericana está en riesgo

Por Magie Rodríguez, AIDA,  y Ernesto Fernández Monge, The Pew Charitable Trusts Texto publicado originalmente en Delfino.   La pesca es fundamental para la economía latinoamericana y, para muchas de las personas que allí viven, una forma de vida. No obstante, esta industria centenaria también está en riesgo. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la región produce 21,5 millones de toneladas métricas de pescado cada año, la cuarta parte de la producción anual mundial. Y, en Latinoamérica, alrededor de 2,3 millones de personas participan en la pesca. Sin embargo, la industria está perdiendo frente a las agresivas flotas extranjeras, provenientes en su mayoría de Europa y Asia, que pescan dentro de las zonas económicas exclusivas (ZEE) de Latinoamérica y en las áreas que están fuera de ellas. A diferencia de los buques nacionales, estas flotas suelen beneficiarse de una financiación sustancial de sus gobiernos de origen, la cual les permite pescar fuera de las aguas de sus propios países. Estas subvenciones a la pesca —destinadas a incrementar la capacidad— son dañinas y pagan el combustible y otros gastos, reducen artificialmente el costo de la pesca y permiten a las flotas pescar en áreas donde, de otro modo, no resultaría rentable hacerlo. Después de más de dos décadas de conversaciones, los 164 gobiernos miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) están más cerca que nunca de acordar un nuevo tratado vinculante a nivel mundial que podría frenar las subvenciones dañinas que permiten a las flotas pescar tanto en aguas de otros países como en altamar. La pesca en altamar, en la periferia de las aguas de otra nación, puede perjudicar a las pesquerías de un país en parte porque permite a los buques extranjeros capturar especies migratorias, como atunes o marlines, antes de que ingresen a la ZEE. Mientras las y los ministros de comercio se preparan para reunirse en Ginebra en una conferencia ministerial de la OMC —del 12 al 15 de junio—, los líderes y lideresas de Latinoamérica deberían presionar por un acuerdo de subvenciones a la pesca que ayude a quienes se dedican a la pesca en sus países a competir mejor con las flotas extranjeras. Para ello, es preciso insistir en que el acuerdo elimine todas las subvenciones de aumento de la capacidad que apuntalan la llamada pesca en aguas distantes y permiten más pesca de la que el mercado sostendría en otras circunstancias. Cada año, los gobiernos de todo el mundo distribuyen 22.000 millones de dólares en subvenciones dañinas a la pesca y, de esa suma, casi dos tercios provienen de solo seis países y de la Unión Europea. El objetivo de aproximadamente un tercio de ese monto, 7.200 millones de dólares, es ayudar a países a pescar en las ZEE de otras naciones y en altamar, en el límite de esas aguas territoriales, según una nueva herramienta basada en investigaciones desarrollada por científicos de la Universidad de California, Santa Bárbara, con fondos de The Pew Charitable Trusts. El aumento de la pesca en aguas distantes se ve impulsado por una triste realidad: tras haber agotado las poblaciones de peces en sus propias aguas, las grandes naciones pesqueras buscan otros lugares para llenar sus redes. Las islas Galápagos de Ecuador llegaron a los titulares el año pasado cuando investigaciones revelaron que en solo un mes, 300 embarcaciones chinas pasaron 73.000 horas pescando en las afueras de la ZEE que rodea las Galápagos. Además, la herramienta muestra por ejemplo que 180 barcos de solo cuatro países (China, Corea del Sur, Taipei Chino y España) pasaron un total de 84.000 horas de pesca en la ZEE de Argentina en 2018. Eso es el equivalente a 9,6 años en el agua. Y ese cometido fue posible gracias a cerca de 92 millones de dólares en subvenciones dañinas. Resulta alentador que líderes y lideresas de la región hayan apoyado durante mucho tiempo la reducción de las subvenciones en aguas distantes: Argentina, Chile y Uruguay copatrocinaron una propuesta de la OMC en 2019 para prohibir tales subvenciones y, en julio de 2021, el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay declaró que tal prohibición tendría “el enorme potencial de tener un impacto significativo en el estado de los océanos y en el sustento de las comunidades pesqueras”. Sin embargo, las grandes naciones pesqueras buscan atenuar el texto del posible acuerdo de la OMC para poder seguir pescando en aguas de otros países. Es por eso que las y los ministros de comercio de Latinoamérica deben seguir presionando para que se eliminen las subvenciones en aguas distantes, ayudando así a garantizar que los peces de sus aguas lleguen principalmente a sus buques, a restituir la ventaja competitiva a las y los pescadores de la región, así como a sostener una industria vital —y una forma de vida— en todo el continente.  

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