Derechos Humanos

Abril 11 2022 Fuentes de Agua Dulce, Contaminación Tóxica, Cambio Climático

La oportunidad de un alto tribunal en Perú para combatir los derrames de petróleo en la Amazonía

En 2014, debido a una fuga en el Oleoducto Norperuano, 2.500 barriles de petróleo fueron vertidos a la Quebrada de Cuninico, provincia de Loreto, en el corazón de la Amazonía. Las consecuencias del derrame persisten hasta hoy, afectando la vida e integridad de las comunidades nativas de San Francisco, Nueva Esperanza, Cuninico y Santa Rosa, cuyos habitantes sufren para encontrar agua limpia y desarrollar sus cultivos. Tras el derrame que cambió drásticamente sus vidas, los pueblos indígenas afectados claman a las autoridades que el desastre no vuelva a ocurrir. Acompañados por el Instituto de Defensa Legal, presentaron en junio de 2018 una demanda de amparo para pedir el mantenimiento del Oleoducto Norperuano y evitar más derrames. Ahora mismo, la demanda está siendo conocida por el Tribunal Constitucional de Perú, que tiene en sus manos una oportunidad magnífica: ordenar a la empresa estatal Petroperú realizar el mantenimiento del oleoducto, una tarea fundamental para frenar los derrames de petróleo en la Amazonía peruana y con ellos la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas que allí habitan. Desde AIDA, en el marco del programa Todos los ojos en la Amazonía, nos sumamos a su lucha con la presentación ante el tribunal de un escrito legal (Amicus Curiae) que recoge argumentos del derecho internacional de los derechos humanos sobre la obligación del Estado peruano de garantizar la adopción de las medidas necesarias —administrativas, jurídicas, políticas y culturales— para proteger los derechos a una vida digna y a un medio ambiente sano. Un problema sistemático con la infraestructura petrolera Lo ocurrido en Cuninico, tristemente, no es un hecho anecdótico, sino más bien sistemático. Los derrames de petróleo en la región amazónica de Perú están causando graves afectaciones socioambientales que ponen en riesgo a familias y comunidades enteras, comprometiendo su seguridad alimentaria, contaminando ecosistemas y afectando las cosmovisiones y formas de vida de los pueblos amazónicos. De acuerdo con La sombra del petróleo, informe de OXFAM publicado en 2020, de los 474 derrames ocurridos en lotes petroleros amazónicos y en el Oleoducto Norperuano entre 2000 y 2019 —que afectaron el territorio de 41 pueblos indígenas— el 65% se debió a corrosión de los ductos y a fallas operativas, mientras que el 28% fue causado por terceros. Ello prueba que la responsabilidad de la gran mayoría de los derrames recae sobre las empresas operadoras. Datos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería —ambas entidades públicas— confirman que, en su mayoría, los derrames petroleros no son atentados puntuales de terceros, sino que se derivan principalmente de la falta de supervisión y vigilancia del Estado y de la ausencia de debida diligencia de las empresas. Ello ha generado un escenario estructural de amenazas y violaciones a los derechos humanos y ambientales de estas poblaciones ancestrales. La dependencia de la extracción de los combustibles fósiles, la falta de mantenimiento de las instalaciones, la debilidad institucional y los vacíos respecto a la responsabilidad empresarial son otras de las causas de los continuos derrames petroleros en Perú. Litigio estratégico: un camino a seguir Los tribunales de la región han sido, en muchas ocasiones, actores muy valiosos para la protección del derecho a un ambiente sano y de los derechos humanos en general. En Colombia, han evitado el avance de algunos proyectos que se implementaron sin consulta previa, afectado los derechos de los pueblos indígenas. En México, han reconocido los derechos de comunidades indígenas a participar en la utilización y administración de los minerales que están en el subsuelo de su territorio. Y en Ecuador, la Corte Constitucional (el más alto tribunal del país) ordenó al Ministerio del Ambiente remediar los daños causados por las plantaciones de palma aceitera y tomar medidas para controlar y mitigar daños futuros y potenciales. Ahora, es turno del Tribunal Constitucional de Perú proteger la Amazonía de nuevos derrames de petróleo. Sin duda, la decisión puede ser un precedente regional histórico para la protección de un ecosistema indispensable. La Amazonía es un territorio majestuoso: en sus cerca de 7,4 km2 es el bosque tropical más grande del planeta y alberga por lo menos el 10% de la biodiversidad conocida, mucha de ella endémica. También es la casa de más de 470 pueblos indígenas, quilombolos y campesinos desde tiempos ancestrales; entre sus árboles y ríos se escuchan más de 86 lenguas y 650 dialectos diversos. Además, es un ecosistema vital en tiempos de crisis climática: funciona como un gran sumidero de carbono que almacena entre 90 y 140 mil millones de toneladas métricas de dióxido de carbono (CO2), uno de los gases de efecto invernadero más importantes que, de ser liberado, aceleraría aún más el cambio climático. Lo ocurrido en Perú resalta la importancia del litigio estratégico para preservar la Amazonía como ecosistema clave frente a la crisis climática, y para defender a los pueblos que la llaman hogar.

Marzo 30 2022 Fuentes de Agua Dulce, Cambio Climático, Derechos Humanos

O que se deve saber sobre o alerta trinacional para salvar o Pantanal dos incêndios

Os incêndios dos últimos anos danificaram seriamente o Pantanal: a maior área úmida de água doce do mundo, que se estende pela Bolívia, Brasil e Paraguai. Diante da urgência da situação, organizações da sociedade civil alertaram a Secretaria da Convenção de Ramsar, tratado intergovernamental para a proteção de áreas úmidas, sobre os danos ao Pantanal e solicitaram seu apoio na busca de soluções. No atual contexto de crise climática, a proteção de ecossistemas chave, como as zonas húmidas, e a contenção das grandes emissões de dióxido de carbono causadas pelos incêndios florestais são tarefas urgentes. Segue aqui o que você precisa saber sobre a crise enfrentada pelas áreas úmidas do Pantanal e os esforços recentes para restaurá-las por meio da cooperação transfronteiriça. UM EPICENTRO DE BIODIVERSIDADE EM RISCO Em seus quase 20 milhões de hectares, o Pantanal abriga pelo menos 3.500 espécies de plantas, cerca de 600 aves, 150 mamíferos, 175 répteis, 40 anfíbios e 300 peixes de água doce. Alguns deles também estão em perigo de extinção em outras regiões. O Pantanal ainda abriga a maior concentração de onças e jacarés. A FORÇA DESTRUTIVA DO FOGO Em 2019 e 2020, o Pantanal queimou a uma taxa sem precedentes. Em 2020, os incêndios devastaram 4,3 milhões de hectares da região, o maior número registrado desde 1998. Nesse mesmo ano, 100% do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense no Brasil foi queimado. O fogo tornou-se em um problema transfronteiriço. AUMENTANDO A CRISE CLIMÁTICA GLOBAL Além da perda de florestas, da morte de animais e do impacto direto na saúde e no estilo de vida das comunidades locais, as queimadas no Pantanal agravam a crise climática, um problema global. Um estudo publicado pela Academia Brasileira de Ciências estima que os incêndios de 2020 na região do Pantanal brasileiro lançaram cerca de 115 milhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera, o que representa mais de 20% das emissões geradas na Colômbia durante o mesmo ano. ALERTA INTERNACIONAL PARA MEDIDAS URGENTES No último dia 2 de fevereiro, no Dia Mundial das Zonas Úmidas, a AIDA —em conjunto com o Centro de Diversidade Biológica e Ecologia e Ação (ECOA)— solicitou ao Secretariado da Convenção de Ramsar o envio de uma missão consultiva às seis zonas úmidas do Pantanal localizadas na Bolívia, Brasil e Paraguai. As organizações também pediram que os locais - considerados de importância internacional pelo tratado - sejam inscritos no Registro de Montreux, a lista mundial de zonas úmidas em sério risco. E incentivaram os três governos a implementar medidas para preservar o bioma como um ecossistema transfronteiriço. APOIO ESPECIALIZADO A RESGATE “A missão consultiva consiste em uma visita de especialistas internacionais que podem dar recomendações especializadas ao Brasil, Bolívia e Paraguai para superar as condições que colocam em risco a conservação e o uso racional do bioma, bem como desenvolver medidas inovadoras de gestão e proteção”, explica Claudia Velarde, advogada da AIDA. A inscrição dos locais no Registro de Montreux permite obter auxílio econômico, além de apoio e assessoria técnica para a recuperação da região nos três países. Em julho de 2021, somente no estado de Mato Grosso, a área queimada do Pantanal foi cinco vezes maior que a de São Paulo. Com ações adequadas e oportunas será possível evitar que a degradação do ecossistema se repita nos meses de junho e julho deste ano, quando geralmente começam os incêndios florestais. O alerta enviado pela sociedade civil representa uma importante oportunidade para que os países que compartilham o Pantanal gerenciem sua riqueza ecológica de forma colaborativa e sustentável, unindo esforços para sua preservação. Versão em espanhol

Marzo 30 2022 Cambio Climático, Derechos Humanos, Fortalecimiento de Capacidades

Taller "Pérdidas y daños asociadas al cambio climático: Promoviendo reflexiones y rutas de incidencia desde las comunidades afectadas"

El objetivo de este taller fue generar un espacio de reflexión entre comunidades afectadas por el cambio climático, facilitar herramientas para la comprensión del concepto de pérdidas y daños, así como promover el fortalecimiento de las estrategias de incidencia política regional sobre el tema.Esperamos que el diálogo entre diferentes grupos interesados en el tema permita la construcción y fortalecimiento de estrategias de incidencia en torno a pérdidas y daños, potencializando el trabajo de las comunidades y organizaciones que les acompañan. Grabación Presentaciones1. Presentación de Liliana Ávila, AIDA:

Marzo 30 2022 Fuentes de Agua Dulce, Cambio Climático, Derechos Humanos

Lo que debes saber de la alerta trinacional para salvar al Pantanal de los incendios

Los incendios de los últimos años han dañado y puesto en riesgo grave al Pantanal, el humedal de agua dulce más grande del mundo, que se extiende por Bolivia, Brasil y Paraguay. Ante la urgencia de la situación, organizaciones de la sociedad civil alertaron al Secretariado de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, acerca de los daños al Pantanal y solicitaron su apoyo en la búsqueda de soluciones. En un contexto de crisis climática como el actual, la protección de ecosistemas clave como los humedales y el freno a las grandes emisiones de dióxido de carbono provocadas por los incendios forestales es una tarea apremiante. A continuación, lo que debes saber de la crisis que los humedales del Pantanal enfrentan y de los esfuerzos recientes para lograr su recuperación mediante cooperación transfronteriza. Un epicentro de biodiversidad en riesgo En sus casi 20 millones de hectáreas, el Pantanal es hogar de al menos 3.500 especies de plantas, cerca de 600 de aves, 150 de mamíferos, 175 de reptiles, 40 de anfibios y 300 de peces de agua dulce. Algunas de ellas están en peligro de extinción en otras regiones. En el Pantanal está la mayor concentración de jaguares y caimanes. La fuerza destructora del fuego En 2019 y 2020, el Pantanal ardió a un ritmo sin precedentes. En 2020, los incendios devastaron 4 millones 300 mil hectáreas de la región del Pantanal, la mayor cifra registrada desde 1998. Ese mismo año, se quemó el 100 por ciento del Parque Nacional Pantanal Matogrossense, en Brasil. El fuego se ha convertido en un problema transfronterizo. Agravando la crisis climática mundial Además de la pérdida de bosques, la muerte de animales y la afectación directa a la salud y modos de vida de comunidades locales, los incendios en el Pantanal agravan la crisis climática, una problemática mundial. Un estudio publicado por la Academia Brasileña de Ciencias estima que los incendios de 2020 en la región del Pantanal de ese país liberaron a la atmósfera alrededor de 115 millones de toneladas de dióxido de carbono, más de 20% de las emisiones de dióxido de carbono generadas en Colombia durante ese mismo año. Alerta internacional por medidas urgentes El pasado 2 de febrero, en el Día Mundial de los Humedales, AIDA —junto al Centro para la Diversidad Biológica y a Ecologia e Ação (ECOA)— solicitó al Secretariado de la Convención Ramsar el envío de una misión de asesoramiento a seis humedales del Pantanal ubicados en Bolivia, Brasil y Paraguay. Las organizaciones pidieron además que los sitios, considerados de importancia internacional bajo el tratado, sean inscritos en el Registro de Montreux, la lista mundial de humedales en riesgo grave. Exhortaron a los tres gobiernos a implementar medidas para preservar el Pantanal como ecosistema transfronterizo. Apoyo especializado para el rescate “La misión de asesoramiento consiste en una visita de expertos internacionales que darían recomendaciones altamente especializadas a Brasil, Bolivia y Paraguay para superar las condiciones que generan riesgo para la conservación y el uso racional del Pantanal, así como para desarrollar medidas innovadoras de manejo y protección”, explica Claudia Velarde, abogada de AIDA. La inscripción de los sitios en el Registro de Montreux implica ayuda económica, así como apoyo y asesoramiento técnico para la recuperación del Pantanal en los tres países. En julio de 2021, solo en el estado brasileño de Mato Grosso, la superficie del Pantanal incendiada fue cinco veces mayor que la de São Paulo. Con acciones adecuadas y oportunas será posible evitar que la degradación del ecosistema se repita en los meses de junio y julio de este año, cuando los incendios forestales suelen comenzar. La alerta enviada por la sociedad civil representa una oportunidad importante para que los países que comparten el Pantanal gestionen su riqueza ecológica de forma colaborativa y sostenible, sumando esfuerzos para su preservación. VERSIÓN EN PORTUGUÉS

Marzo 29 2022 Derechos Indígenas, Transparencia y Rendición de Cuentas, Derechos Humanos

Comunidades indígenas en Guatemala logran desinversión y plan de salida del BID por vulneración de sus derechos

En un avance histórico, el BID dejó de financiar dos hidroeléctricas en la microrregión de Yichk´isis y diseñó un plan de salida responsable de los proyectos. Las comunidades mayas afectadas y las organizaciones que acompañan su lucha saludan la respuesta del banco a la queja que presentaron en 2018, pero resaltan que la entidad aún debe encarar varios desafíos. Washington D.C., EE. UU. El Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hizo pública su decisión de retirar su financiamiento de los proyectos hidroeléctricos San Mateo y San Andrés de la empresa Energía y Renovación S.A. en la microrregión de Yichk´isis (Ixquisis), al norte de Guatemala. Asimismo, diseñó un plan de salida responsable y de fortalecimiento institucional ante las debilidades que el caso evidenció. Esta fue la respuesta del banco a la queja que las comunidades mayas afectadas por los proyectos presentaron ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Grupo BID y al informe en el que dicha oficina de rendición de cuentas resolvió el caso, concluyendo que el BID Invest incumplió sus políticas operativas y salvaguardas en el marco del financiamiento de los proyectos, y abriendo en sus recomendaciones la posibilidad de un retiro de la inversión. La desinversión se concretó en octubre de 2021, cuando el BID Invest y Energía y Renovación S.A. firmaron acuerdos de liquidación. Cabe destacar que es la primera vez que el Grupo BID, como resultado de una queja, elabora un plan para que su salida sea responsable. "Es una oportunidad para que el banco tenga en cuenta los aprendizajes del caso: entre ellos la relevancia de comprender los contextos locales de los proyectos, las dinámicas socioculturales de las poblaciones que serán directamente afectadas y la perspectiva local de desarrollo a nivel local para determinar la viabilidad o no del financiamiento", dice Liliana Ávila, abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "Es también una oportunidad para que el banco fortalezca el seguimiento y supervisión a los proyectos que apoya con miras a prevenir incumplimientos". No obstante, existen aún desafíos y temas pendientes que la entidad financiera debe encarar en torno a su proceso de salida de los proyectos hidroeléctricos. "Es evidente la responsabilidad del banco en el proceso de inversión y en el incumplimiento de sus salvaguardas sociales y ambientales; por ello debe promover durante el proceso de salida la efectividad de las acciones de manera participativa, libre de manipulación y de forma incluyente con la comunidad para reducir los riesgos de revictimización y de vulneración de la población afectada", indica Mara Bocaletti, Directora de la Plataforma Internacional contra la Impunidad. "Esta experiencia es un primer paso para maximizar los beneficios en los territorios de modo que se permita enmendar los daños provocados." El plan de acción propuesto por la entidad establece que el BID Invest hará una ruta de transición traducida a los idiomas originarios de las comunidades afectadas, así como una evaluación de impactos diferenciados por razones de género a causa de los proyectos y una inversión para promover la inclusión financiera y el empoderamiento de las mujeres en la zona. Además, el plan contiene acciones para abordar las recomendaciones del MICI sobre cambios estructurales a nivel institucional. En ese sentido, se prevé fortalecer la unidad de salvaguardas ambientales y sociales del BID Invest en materia de pueblos indígenas, así como establecer una política de cero tolerancia a la violencia de género, la cual será incluida en las condiciones contractuales de las operaciones aprobadas por el banco. Por otro lado, se incluirá en los protocolos existentes herramientas para hacer seguimiento a los hechos de violencia asociados a los proyectos financiados por el BID Invest. En cuanto a la categorización de los proyectos, se hará una actualización orientada a que la clasificación de supervisión interna sea modificada a una superior cuando se identifiquen circunstancias que eleven los riesgos e impactos de un proyecto después de que su financiamiento fue aprobado. "Para elaborar el plan de salida responsable, el BID Invest debe llevar adelante procesos de consulta con las comunidades afectadas; los cuales van a definir en gran parte la capacidad del plan para abordar y ofrecer de manera efectiva soluciones viables a los daños reconocidos en el informe del MICI, como el aumento de la conflictividad, el desconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas y de sus derechos, las afectaciones al patrimonio cultural ancestral, los impactos diferenciados en las mujeres y la falta de prevención y consecuente degradación ambiental", resalta Carolina Juaneda, del Bank Information Center. "Si estos temas no son abordados ni incluidos en el plan de salida responsable, todo este esfuerzo no habrá valido la pena ya que, en última instancia, no llevaría a ninguna mejora ni reconstitución de condiciones de vida en las personas afectadas y en el ambiente". Las comunidades presentaron su queja al MICI en agosto de 2018 con el acompañamiento de AIDA, la Plataforma Internacional contra la Impunidad y el Gobierno Ancestral Plurinacional de las Naciones Originarias Akateko, Chuj, Q’anjob’al y Popti’. En ella solicitaron que el BID Invest retire su inversión en razón de los daños que la implementación de los proyectos ha causado en el ambiente, en los pueblos indígenas y en las mujeres de Ixquisis. En septiembre de 2021, el Directorio del Grupo BID aprobó el informe del MICI, en el cual se concluyó que el BID Invest incumplió su propias políticas operativas y salvaguardas por al menos cinco razones: 1) Validar una caracterización inadecuada de la población afectada, que negaba la existencia de pueblos indígenas; 2) no verificar la realización de una identificación de impactos diferenciados por razones de género en las mujeres; 3) No asegurarse de que el cliente hiciera una identificación y gestión adecuada de impactos ambientales; 4) no cerciorarse de que las comunidades fueran debidamente informadas y consultadas; y 5) no llevar a cabo una supervisión adecuada de los riesgos de conflicto locales que se podían generar en la zona a causa de los proyectos. "El informe del MICI confirma que el BID Invest incumplió sus políticas, generando impactos muy adversos para la vida de las comunidades. La empresa Energía y Renovación no actuó con la diligencia debida en el marco de sus operaciones y, por el contrario, ha implementado estrategias contrarias al respeto de los derechos humanos. Actualmente, varias autoridades indígenas y personas defensoras de derechos humanos se encuentran criminalizadas, haciendo innegable la persistencia de un contexto de riesgo para las comunidades", afirma Rigoberto Juárez, Coordinador General del Gobierno Ancestral Plurinacional. "Ante esta evidencia, es muy importante que el BID Invest garantice un plan de acción que incluya acciones destinadas a reparar los daños causados a las comunidades en el marco del financiamiento a estos proyectos y a un reconocimiento más contundente de su responsabilidad". Contactos de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Camila Castellanos, Plataforma Internacional contra la Impunidad, [email protected]

Marzo 25 2022 Cambio Climático, Derechos Humanos

Creando una red de apoyo para fortalecer el litigio climático

El litigio climático se ha convertido, poco a poco, en una herramienta crucial para complementar y acelerar los resultados del trabajo por la defensa del ambiente, el territorio y los derechos de pueblos y comunidades. Sin embargo, litigar en el Sur Global y en América Latina tiene desafíos particulares y es diferente a litigar en el Norte Global. Ante estos desafíos y el contexto de la defensa ambiental en la región, se creó la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe, lanzada el mes pasado. AIDA lideró el esfuerzo en estrecha colaboración e intercambio con organizaciones regionales y litigantes que están detrás de algunos de los principales casos en la región. El sitio web ofrece, de forma amigable e intuitiva, información en español sobre los casos judiciales de la región que utilizan argumentos climáticos. Debido a que la plataforma es un trabajo colaborativo y está en permanente construcción, ¡necesitamos tu apoyo para mantenerla actualizada! A fin de lograr ese propósito, se creará una red de relatores/as en la región que estarán a cargo de informar sobre nuevos casos y actualizaciones a los casos ya identificados, trabajando de manera virtual. Para ser parte de esta red, puedes postular llenando el formulario disponible aquí. Ser relator o relatora de la plataforma implica además entrar en contacto con personas interesadas en el litigio climático y que trabajan por la justicia climática en toda la región, así como aprender de esta herramienta novedosa orientada a promover más y mejores casos. Quien forme parte de la red, tendrá también la oportunidad de participar en espacios de encuentro en los que se resolverán dudas en torno al trabajo colaborativo, se afianzarán relaciones y se gestarán iniciativas conjuntas en favor de la justicia climática en el continente. ¿Te gustaría ser relator/a? ¡Postula! La plataforma es una herramienta que facilita a las personas que están usando o que quieren usar el litigio compartir estrategias, experiencias y argumentos sobre litigio climático; ayudando a crear y fortalecer alianzas; así como a facilitar el contacto entre quienes trabajan a favor del ambiente y el clima. Los casos incluidos, cerca de 50 al momento, se escogieron a partir de una perspectiva amplia del concepto de litigio climático. Son casos en los que se emplean argumentos relativos al cambio climático o que, si bien no se refieren directamente a este, contribuyen a lograr justicia climática. El litigio climático va en ascenso en la región, en línea con la urgencia de acciones efectivas y prontas para combatir los impactos del cambio climático. ¡Tú puedes aportar a este movimiento y apoyar la defensa del ambiente, el territorio y los derechos de pueblos y comunidades! Ver la grabación del lanzamiento de la plataforma

Marzo 17 2022 Océanos, Derechos Humanos

Un avance para la participación de comunidades indígenas en decisiones que afectan sus territorios

Desde 2018, AIDA trabaja en alianza estratégica con Greenpeace Chile y ONG FIMA para excluir el cultivo industrial de salmón de las áreas protegidas de la Región de Magallanes, en plena Patagonia chilena, y para defender los derechos de las comunidades Kawésqar, habitantes ancestrales de los canales y fiordos de la zona. Estas comunidades lograron recientemente un triunfo legal importante que reconoce su derecho a participar en la evaluación ambiental de proyectos que afectan sus territorios y sus modos de vida. La empresa Nova Austral pretendía relocalizar nueve centros de cultivo de salmones (que ya están en operación) desde el Parque Nacional Alberto de Agostini hasta la Reserva Nacional Kawésqar. El Servicio de Evaluación Ambiental del gobierno chileno autorizó el traslado de cuatro de los nueve centros de cultivo sin implementar mecanismos de consulta a las comunidades Kawésqar y rechazando luego sus solicitudes de participación ciudadana. Lo hizo bajo el argumento de que no había efectos ambientales nocivos que las afecten. La autoridad ambiental ignoró las implicaciones de ese tipo que las granjas de salmón han tenido en la región de Los Lagos (extremo norte de la Patagonia) y que representan uno de los riesgos más graves de la expansión de la industria hacia el extremo sur de la Patagonia, una zona prístina. Esos efectos incluyen la contaminación biológica por la introducción de especies exóticas, el uso indiscriminado de antibióticos, las frecuentes fugas masivas de salmones, así como los alimentos y fecas que se depositan en el fondo marino generando pérdida total o parcial de oxígeno y mareas rojas. Asimismo, el órgano ambiental pasó por alto que la salmonicultura es incompatible con los objetivos de protección de la Reserva Nacional Kawésqar. Uno de ellos es “dar cumplimiento a las demandas fundamentales del pueblo Kawésqar”. De hecho, para la creación de la reserva, en 2018, se realizó un proceso de consulta indígena, en el cual se acordó excluir la acuicultura industrial de especies exóticas, considerando la fragilidad de los ecosistemas del área y el legado cultural indígena, estrechamente ligado al mar. Ante el atropello gubernamental, las comunidades Kawésqar —con apoyo de la coalición formada por AIDA, Greenpeace Chile y FIMA— llevaron el caso a la Corte Suprema de Justicia con la presentación de un recurso de protección de garantías constitucionales. El 31 de enero, la Corte hizo justicia y ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental iniciar procesos de participación ciudadana como paso previo a la autorización del traslado de los cuatro centros de cultivo de Nova Austral al interior de la Reserva Nacional Kawésqar. La sentencia adquiere trascendencia al tener en cuenta que el Estado chileno ha sido permanentemente cuestionado por los bajos estándares de cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, el instrumento internacional más importante para garantizar los derechos indígenas, entre ellos el derecho a la consulta previa. Una de las principales críticas es que la regulación de los mecanismos para incorporar la consulta indígena a la evaluación ambiental incentiva que esta no se realice. Esta crítica cobra más relevancia en los proyectos evaluados por Declaración de Impacto Ambiental, para los cuales se aplica un mecanismo consultivo de menor incidencia que la consulta y que además está sujeto a una gran discrecionalidad de parte de la autoridad para que se lleve a cabo. Además, justamente en esos casos, entre los que está la relocalización de granjas de salmón, la participación ciudadana no es obligatoria, como si lo es para proyectos evaluados por estudios de impacto ambiental. Esto disminuye más aún la posibilidad de las comunidades de hacerse escuchar en este tipo de procedimientos. Desde AIDA consideramos que el fallo de la Corte es un aporte a la profundización de la participación ciudadana como herramienta para mejorar la toma de decisiones ambientales. La decisión pone de relieve la voz de las comunidades indígenas en los asuntos que afectan su territorio ancestral. Además, amplía el ámbito geográfico de la participación ciudadana al reconocer que estas comunidades ejercen un interés legítimo en la conservación ambiental, rompiendo así con la idea de que la afectación directa depende solo de su proximidad al lugar de residencia de las personas. Finalmente, esperamos que este sea el primer paso para rechazar del todo la instalación de granjas de salmón en la Reserva Nacional Kawésqar, en cualquier área protegida y, en general, en los mares de la Patagonia chilena.

Marzo 15 2022 Cambio Climático, Derechos Humanos

Perspectiva de cambio climático en los Estudios de Impacto Ambiental

Todos los proyectos sujetos a estudio de impacto ambiental (EIA) pueden contribuir a la cuantificación y reducción de gases de efecto invernadero (GEI) para mitigar el cambio climático. Además, tienen la oportunidad de reducir su vulnerabilidad al cambio y la variabilidad climática. Esta publicación está orientada a brindar herramientas y elementos para incluir la perspectiva de cambio climático en los EIA de proyectos en América Latina, considerando su posible contribución y vulnerabilidad a los impactos del cambio en el clima. Descarga la publicación

Febrero 24 2022 Arrecifes de coral, Océanos, Derechos Humanos

Reafirmando la protección legítima del derecho a un ambiente sano

En diciembre de 2016, dos mujeres de Veracruz decidieron defender en los tribunales al Sistema Arrecifal Veracruzano frente a los impactos graves e irreversibles que la ampliación del puerto de Veracruz implica para el ecosistema de coral más grande del Golfo de México y para los beneficios que brinda a la biodiversidad y a la población local. Representadas por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, las residentes de la zona metropolitana de Veracruz presentaron una demanda de amparo contra el proyecto debido a que su permiso ambiental resultó de una evaluación de impactos fragmentada que no consideró la totalidad de los riesgos para los arrecifes. En AIDA apoyamos estos esfuerzos desde el comienzo y presentamos un primer escrito legal (Amicus Curiae) para respaldar la demanda con información detallada sobre la importancia de los servicios que los arrecifes prestan: captura de carbono, generación de oxígeno, provisión de alimentos, protección contra tormentas y huracanes, entre otros. En abril de 2017, el juzgado que atendió el caso rechazó el amparo —y con ello la solicitud de las demandantes de suspender las obras del proyecto— argumentando que no demostraron tener “una afectación real y relevante” en sus derechos; es más, que no tenían un “interés legítimo” en la causa. Hablar de interés legítimo —conocido también como legitimación activa— es referirnos a la capacidad de una persona para reclamar por un daño ante una corte, en cualquier ámbito. En un accidente de tránsito, por ejemplo, sólo tú tienes el interés legítimo para reclamar la reparación del daño que tu vehículo pudo sufrir, que debe ser individual y cuantificable. Sin embargo, en temas de daño ambiental, la situación es más compleja. La degradación de un ecosistema afecta a más de una persona e incluso trasciende generaciones. Las residentes de Veracruz apelaron el revés judicial a su demanda y el caso pasó a revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país. Ante las limitaciones del juzgado para reconocer en su fallo el derecho de todas las personas de acceder por igual a justicia en temas ambientales, AIDA —en alianza con Earthjustice— presentó ante la Suprema Corte un segundo escrito legal, solicitando la ampliación de los requerimientos para el interés legítimo. Aportamos evidencia técnica y jurídica para el reconocimiento de los derechos humanos al ambiente sano y al acceso a la justicia, consagrados en el derecho internacional. Estos derechos obligan al gobierno mexicano a permitir que toda persona, cuyos derechos fundamentales sean amenazados por la degradación ambiental, tenga la posibilidad de lograr justicia sin importar que su conexión con el ecosistema amenazado sea indirecta o remota. La Environmental Law Alliance Worldwide se unió a la lucha con un escrito que analiza decisiones judiciales de distintas jurisdicciones que reconocen el derecho de cualquier persona, organización de la sociedad civil o residentes de un lugar para presentar demandas contra proyectos y decisiones que pueden afectar negativamente el ambiente. El 9 de febrero pasado, más de cinco años después de interpuesta la demanda, las residentes de Veracruz y los arrecifes de la zona obtuvieron una importante victoria. En una decisión unánime —que como tal genera un precedente obligatorio para todos los tribunales del país— la Suprema Corte determinó que las autoridades violaron el derecho al ambiente sano de las personas de Veracruz al autorizar la ampliación portuaria. Se trata de un fallo histórico, valioso para México y para la región por varias razones: Ratifica que la proximidad a un proyecto no define quiénes son las personas afectadas ni quiénes pueden reclamar la protección de su derecho al ambiente sano ante las cortes. Reafirma que no necesariamente se debe probar un daño cuantificable e individualizable para acceder a la justicia ambiental; basta con demostrar que un proyecto o actividad, al degradar un ecosistema, daña o amenaza con causar daños (económicos, sociales, culturales, sanitarios, etc.) a una comunidad. Reconoce un interés legítimo ampliado, así como el carácter colectivo del derecho a un ambiente sano y de la participación pública en los procesos de evaluación ambiental. Sienta un precedente con capacidad para transformar la manera en la que se realiza la evaluación de impacto ambiental en el país, resaltando la incorporación de los principios de prevención y de precaución. Señala las obligaciones internacionales de México; entre ellas las adquiridas bajo el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). En AIDA, como organización y como personas, celebramos este gran paso en el fortalecimiento de la defensa del derecho al ambiente sano en la región. Estamos felices de haber contribuido a su logro y esperamos que la implementación de la sentencia ocurra siguiendo los más altos estándares.

Febrero 16 2022 Cambio Climático, Derechos Humanos, Fortalecimiento de Capacidades

Lanzamiento de la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe

AIDA, con el apoyo de varias personas y organizaciones que trabajan por la justicia climática en la región y en el planeta, presentó la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe.Este sitio web, dirigido a todas las personas interesadas en contribuir al avance de la justicia climática en la región, está en constante actualización y brinda información sobre los principales litigios climáticos del continente de forma sencilla y accesible. Visita la plataforma PanelistasGladys Martínez de Lemos, directora ejecutiva, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Bienvenida institucional.Panel de lanzamientoMaria Antonia Tigre, Global Climate Litigation Fellow, Sabin Center for Climate Change Law, Columbia University: Litigio climático en el Sur Global.Juan Auz, abogado ecuatoriano y doctorando, Centro de Derechos Fundamentales, Hertie School (Berlín): Argumentos y patrones del litigio climático en América Latina y el Caribe.Javier Dávalos, coordinador, Programa de Clima, AIDA; y Verónica Méndez, abogada, AIDA: Presentación de la plataforma (funcionalidad y proceso de construcción).ComentariosSantiago Cané, Coordinador de Legales, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); representante del Comité Asesor de la Plataforma: Reflexiones sobre la construcción de la plataforma.Astrid Puentes Riaño, abogada experta en cambio climático y derechos humanos: Importancia del litigio climático en la región.Moderó: Florencia Ortúzar, abogada, AIDA. Grabación Presentaciones1. Presentación de Maria Antonia Tigre, Sabin Center for Climate Change Law: 2. Presentación de Verónica Méndez, AIDA: