Derechos Humanos

Arrecifes de coral, Océanos, Derechos Humanos

Suprema Corte de Justicia ordena proteger los arrecifes y humedales veracruzanos

En su sentencia, determina de manera unánime que las autoridades violaron el derecho al medio ambiente sano de los veracruzanos al autorizar la ampliación del Puerto de Veracruz.Las autoridades ambientales no utilizaron la mejor información científica; tampoco analizaron la expansión portuaria de manera integral ni mucho menos consideraron todos sus impactos.El fallo implica que las autorizaciones para el proyecto quedan infundadas y que sus impactos deben evaluarse nuevamente, esta vez de manera integral, para determinar la viabilidad de la obra.   Este miércoles 9 de febrero, residentes veracruzanos lograron una victoria ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en una acción de amparo interpuesta para defender el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) y sus servicios ambientales frente al proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz. Por unanimidad, las y los ministros que integran la Primera Sala de la Suprema Corte votaron a favor del proyecto de sentencia que protege los arrecifes veracruzanos y que transforma la manera como opera el  procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Está decisión apuntala la protección al derecho al medio ambiente sano que viene haciendo la Suprema Corte y, sobre todo, cambiará la manera en que las autoridades ambientales realizan la Evaluación de Impacto Ambiental. La Corte sostuvo que “la protección de los humedales es una prioridad nacional e internacional que ha llevado a nuestro país a emitir una estricta regulación de este ecosistema y, en términos de la normativa citada, cualquier análisis que se haga con relación a los humedales debe guiarse por un criterio de máxima precaución y prevención”. En este sentido, señaló que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), violó el derecho al medio ambiente sano de las personas al autorizar el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz, toda vez que  “no atendió a la mejor información científica disponible; no analizó ni evaluó de manera completa cada uno de los diferentes impactos ambientales que el proyecto y su modificación podrían ocasionar, además de que el proyecto y las obras vinculadas al mismo se analizaron de manera fragmentada”. Como resultado, la SCJN ordenó dejar insubsistentes las autorizaciones para tal ampliación y volver a evaluar de manera completa, para así  poder pronunciarse sobre los impactos ambientales de manera plena y determinar la consecuente viabilidad o no de la obra.  “CEMDA presentó este amparo, junto con la comunidad, para proteger y contribuir a la conservación del Sistema Arrecifal Veracruzano, así como a los arrecifes y los servicios que brindan, toda vez que son clave para el bienestar de las personas que viven en la conurbación de Veracruz-Boca del río-Medellín”, explicó Xavier Martínez Esponda, Director Operativo de CEMDA. Para el CEMDA este caso es un precedente que transformará la manera en la que la Semarnat y las autoridades estatales realizan la Evaluación de Impacto Ambiental en el país. Martínez Esponda señaló que, “con esta decisión, los principios de prevención y precaución deberán arraigarse mucho más en los procesos de toma de decisiones. Asimismo,  las autoridades e inversionistas deberán aprender la lección de que resulta más caro, en todos los sentidos, no presentar sus proyectos de manera completa, que cumplir en tiempo y forma con la Evaluación de Impacto Ambiental”. El Sistema Arrecifal Veracruzano es un Parque Nacional y un humedal de importancia internacional, según la Convención Ramsar. Tiene un gran valor ambiental siendo el sistema de arrecife de mayor tamaño de la región centro del Golfo de México. Este sistema de arrecifes alberga la mayor biodiversidad de especies del oeste del Golfo de México y es, además, el hogar de varias especies protegidas, tales como la tortuga carey, la cual está en peligro crítico. El SAV contribuye también a mitigar el impacto de las olas producidas por tormentas y huracanes, fenómenos que se han incrementado en frecuencia e intensidad como consecuencia del cambio climático.  El proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz se fraguó a finales de los noventa y su ejecución incluyó planes para nuevas obras de rompeolas, canales de acceso y navegación, accesos terrestres, terminales e instalaciones portuarias. Estas obras vulnerarán arrecifes y pastos marinos en el área, pues serían impactados por el aumento de sedimentación ocasionado por las obras de construcción. Por la importancia del caso, organizaciones internacionales de protección ambiental acompañaron el proceso. Al respecto, Alejandra Serrano Pavón, abogada de la organización internacional Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), se interesó en el caso por la oportunidad de animar a la Corte a interpretar de manera amplia el derecho al acceso a la justicia en defensa del ambiente. ELAW presentó un escrito legal (Amicus Curiae) que apoya el amparo, a través del cual brindó ejemplos de diversos países alrededor del mundo que reconocen una amplia interpretación de este derecho, el cual permite a “cualquier organización de la sociedad civil o, al menos residentes de un lugar, entablar una acción judicial para proteger al medio ambiente”.  Las organizaciones internacionales Earthjustice y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) también entregaron de manera conjunta a la Suprema Corte un escrito legal de apoyo al amparo. Guillermo Zuñiga, abogado colaborador de Earthjustice, enfatizó que sus vínculos con estos arrecifes son importantes y personales: “Yo crecí en Veracruz.  Soy xalapeño. Esa zona me vio nacer”. Recordó “estar en ríos y playas veracruzanas, disfrutando, creciendo junto con mi familia. Yo quiero que los niños de Veracruz tengan la oportunidad de disfrutar la riqueza de biodiversidad como yo lo hice”. Por su parte, Sandra Moguel, abogada de AIDA, enfatizó que “no es la proximidad de un proyecto lo que determina quiénes son las personas afectadas y quiénes deberían tener acceso a la justicia  para defender su derecho a un medio ambiente sano”. En el escrito, AIDA explica que el derecho internacional obliga al gobierno mexicano a permitir que toda persona, cuyos derechos fundamentales sean amenazados por el daño ambiental, acceda a recursos judiciales, incluso si su conexión con el ecosistema amenazado es indirecta o remota.  Por las razones anteriormente expuestas, celebramos ampliamente esta decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte y hacemos votos para que en el proceso de ejecución de la sentencia, la Semarnat cumpla con lo que se le ha mandado bajo el estándar más alto de protección consagrado en el  Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. Suscriben: AIDA Earthjustice ELAW CEMDA Contactos de prensa: Ricardo Ruiz, CEMDA, [email protected], 5559644162 Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107  

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Grandes Represas, Fuentes de Agua Dulce, Transparencia y Rendición de Cuentas

BID debe garantizar su salida responsable del proyecto Hidroituango

Continúa investigación del financiamiento del proyecto independientemente del pago anticipado del préstamo por las Empresas Públicas de Medellín (EPM).   El Grupo BID concluyó de manera anticipada el préstamo para Hidroituango ante la incertidumbre relacionada con la entrada en operación de la obra. El proceso de investigación sobre el incumplimiento de las políticas del BID en Hidroituango sigue independiente de terminación anticipada del préstamo. La construcción de la represa Hidroituango, un proyecto que ha generado una crisis humanitaria y ambiental sin precedentes en Colombia, fue financiado por el BID Invest, brazo privado del BID, el cual invirtió millones de dólares en la hidroeléctrica y facilitó la inversión de mil millones de dólares adicionales de otros bancos internacionales. La oficina de Transparency Hub del BID Invest informó al Movimiento Ríos Vivos (MRV) – el cual representa a las comunidades afectadas por Hidroituango – que el banco concluyó su involucramiento en el proyecto tras recibir el prepago de los fondos desembolsados por parte de las Empresas Públicas de Medellín (EPM). Además, señaló que el proceso de investigación sobre el cumplimiento de las políticas del BID Invest que cursa ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) continuará, independientemente de la salida del Grupo BID del proyecto. En relación con la comunicación enviada por el BID Invest al MRV, el movimiento y las organizaciones internacionales acompañantes, Center for International Environmental Law (CIEL) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), consideran lo siguiente: En primer lugar, las organizaciones firmantes consideramos que la continuación de la queja ante el MICI evidencia el respeto por la integridad e independencia del mecanismo de queja y compromiso por atender las preocupaciones de las comunidades afectadas por los proyectos financiados por el Grupo BID. Asimismo, resaltamos que el hecho de que el BID concluya su involucramiento en el proyecto, por razones de un prepago voluntario generado por la incertidumbre ante el cumplimiento de próximos hitos de la obra, no implica ni ausencia ni retiro de la inversión. Por el contrario, el prepago de EPM al Grupo BID evidencia que efectivamente el banco desembolsó fondos y financió el proyecto, y que Hidroituango es un proyecto marca BID. En consecuencia, creemos acertado que el MICI, como mecanismo de rendición de cuentas en este caso, continúe con sus funciones de investigación, y que el Directorio y la administración del Banco se mantengan comprometidos con el proceso y sus hallazgos. En segundo lugar, como lo ha formulado el MICI en informes finales que han reconocido el incumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales por parte del banco, como es el caso de los proyectos hidroeléctricos Generadora San Mateo y San Andrés ubicados en la microrregión de Yich K’isis en Guatemala, “en caso de salida de los Proyectos, el BID Invest deberá adoptar las previsiones necesarias para asegurar una salida responsable de las Operaciones”. Consideramos que el pago de la deuda de la EPM al BID abre una posibilidad histórica para que el banco concluya su involucramiento de manera responsable y construya participativamente con las comunidades un Plan de Salida que le permita restaurar los medios de vida impactados y legitimarse como institución financiera internacional. Esta posibilidad llena de esperanza a las comunidades del MRV afectadas por el proyecto Hidroituango, quienes por años han reclamado el cese de su financiamiento por parte del BID y su salida responsable. En tercer lugar, las organizaciones firmantes esperamos que el BID cumpla con su compromiso por la transparencia en sus operaciones, garantizando el principio de máximo acceso a la información del proyecto, de forma sencilla y amplia, en los términos contemplados en la misma política de acceso a la información del banco. Es conforme a estos términos que solicitaremos reuniones con el Directorio del BID en fechas próximas. Hoy el BID tiene la oportunidad de hacer efectivo su compromiso de mantener altos estándares de integridad, transparencia y rendición de cuentas con respecto de sus operaciones, no solo en Colombia sino en toda América Latina. Por ello, insistimos en la necesidad de que i) la toma de decisiones sea más transparente sobre las inversiones o préstamos remanentes que existen para financiar este proyecto desde el Grupo BID, tanto su ala pública como privada y, tal como ya se había precisado en la petición del 6 de diciembre del 2021, ii) se construya con las comunidades un plan de salida responsable, eficaz y participativo. Contactos de prensa: Milena Florez, Movimiento Ríos Vivos (MRV), [email protected], +57 319 2131656 Carla García Zendejas, CIEL, [email protected], +1 202 374 2550 Yeny Rodríguez Junco, AIDA, [email protected], +57 310 7787 601  

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Derechos Humanos, Minería, Transparencia y Rendición de Cuentas

Responsabilidad ambiental a través de la cadena de suministro

Este informe enfatiza la importancia de una legislación vinculante para que las empresas cumplan con los aspectos ambientales, además de los derechos humanos, a lo largo de sus cadenas de suministro.El documento revisa las evaluaciones de impacto ambiental como un instrumento de debida diligencia y responsabilidad corporativa en sus cadenas de suministro. Examina el monitoreo independiente de impactos de las operaciones empresariales. Además, reflexiona sobre los derechos humanos ambientales y las garantías para los procesos legislativos de debida diligencia.   Descarga la publicación 

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Arrecifes de coral, Océanos, Derechos Humanos

Llaman a la Suprema Corte a proteger el arrecife veracruzano

Organizaciones nacionales e internacionales hacen un llamado a la Primera Sala para proteger el Sistema Arrecifal Veracruzano, amenazado por los impactos ambientales negativos e irreversibles de las obras de ampliación del Puerto de Veracruz.La decisión, que saldrá en los próximos días, será un importante precedente en materia de acceso a la justicia en lo que respecta a la defensa del medio ambiente como derecho humano.   Organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil —como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) y Earthjustice— hicieron un respetuoso llamado a los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para votar a favor de los derechos humanos de acceso pleno a la justicia y al medio ambiente sano, y de la protección del arrecife veracruzano. En los próximos días, la SCJN emitirá su decisión sobre el amparo que habitantes de la conurbación Medellín-Boca del Río interpusieron en 2016 en contra de la ampliación del Puerto de Veracruz debido a los impactos ambientales negativos e irreversibles que la obra tendría sobre los arrecifes que se encuentran en dicha zona. Entre los argumentos presentados en la demanda, está el hecho de que el proyecto ha sido presentado de forma fragmentada y sin considerar todos los arrecifes presentes en la Manifestación de Impacto Ambiental, incluyendo los arrecifes sumergidos descubiertos recientemente en la zona, los cuales tienen un altísimo valor ambiental. La decisión de la Suprema Corte será un importante precedente en materia de acceso a la justicia, pues la Primera Sala pretende determinar si ciudadanos cercanos al arrecife tendrían el derecho de exigir al poder judicial la protección del ecosistema amenazado. Resolver que esas personas sí pueden buscar protección judicial implicaría un avance importante para la defensa del medio ambiente como derecho humano. En abril del 2017, el Juzgado de Distrito negó la suspensión de las obras de ampliación del puerto al considerar que las y los demandantes no demostraron tener “una afectación real y relevante” en sus derechos. Las y los demandantes apelaron esa decisión. La SCJN decidió atraer el caso y se espera que el próximo 12 de enero se pronuncie al respecto. El proyecto de sentencia del ministro José Luis Alcántara Carrancá Gutiérrez sienta un importante precedente al concluir que (i) los habitantes del área metropolitana de Veracruz sí acreditan un interés legítimo para promover el juicio de amparo en contra del proyecto para proteger el arrecife; y que (ii) las autoridades violaron el derecho al medio ambiente sano al autorizar la ampliación del Puerto de Veracruz sin analizarla de manera integral y sin considerar todos los impactos, incluidas las afectaciones acumuladas por otros problemas que enfrenta el arrecife. En la demanda se argumenta que el interés legítimo en materia ambiental se sustenta en que las y los demandantes habitan el entorno adyacente al ecosistema que les presta servicios ambientales. Asimismo, la exposición recoge el contenido del Acuerdo de Escazú en materia de participación ciudadana en torno a la protección del medio ambiente, así como el derecho de acceso a la justicia en materia ambiental. Organizaciones internacionales de la sociedad civil hicieron llegar amicus curiae (escritos legales) a los ministros de la Corte, ofreciendo datos relevantes que considerar en la sentencia. Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) presentó un amicus curiae donde se analizan varias decisiones emitidas por cortes de distintas jurisdicciones, que reconocen el derecho de cualquier persona, organización de la sociedad civil o al menos residentes de un lugar para presentar una demanda cuestionando proyectos y decisiones que pueden afectar negativamente el medio ambiente. Esto servirá como referencia para que la Primera Sala realice una interpretación amplia sobre el interés legítimo en el juicio de amparo, en consideración también de las obligaciones que ha adquirido México al ratificar el Acuerdo de Escazú. Y el amicus presentado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice aporta elementos técnicos y jurídicos, solicitando el reconocimiento de los derechos humanos de acceso a la justicia y al medio ambiente sano consagrados en el derecho internacional. Estos derechos obligan al gobierno mexicano a permitir que toda persona, cuyos derechos fundamentales sean amenazados por el daño ambiental, tenga acceso a recursos judiciales, incluso si su conexión con el ecosistema amenazado es indirecta o remota. De esa forma, y de obtener una decisión favorable, la SCJN confirmaría el derecho que tienen las personas y pueblos de salir a defender los ecosistemas de los que dependen sus proyectos de vida. Los océanos y los arrecifes son ecosistemas muy importantes para el bienestar de las personas, particularmente de los habitantes de las zonas aledañas, pues prestan servicios ambientales de gran valor como mitigar los efectos de la crisis climática al capturar carbono y generar oxígeno. Asimismo, son fuente de alimento y fungen como barrera de protección contra tormentas y/o huracanes. La cultura veracruzana, incluidas muchas de sus tradiciones y gastronomía, sería impensable sin los arrecifes que viven en sus aguas. Por todo lo anterior, se reitera el llamado respetuoso de organizaciones nacionales e internacionales a que los integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte voten a favor del proyecto del ministro Alcántara Carrancá a fin de:  a) Garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano a través de la adopción de todas las medidas que permitan la preservación y la protección de los arrecifes veracruzanos en riesgo; y b) reconocer la importancia de revocar las autorizaciones del proyecto y de evaluarlo de manera completa, haciendo uso de la mejor información científica y considerando la totalidad de arrecifes y humedales que se encuentran en su zona de influencia. Contactos de prensa: Ricardo Ruiz (CEMDA), [email protected], 5559644162 Victor Quintanilla (AIDA), [email protected], 5570522107  

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Minería, Contaminación Tóxica, Cambio Climático

5 logros del movimiento ambiental en 2021

En todo el mundo se observan movimientos impulsados desde la sociedad civil que son cada vez más fuertes y cuyas voces se escuchan en los espacios de toma de decisiones. Así, cada una de estas acciones que nacen en lo local se unen hacia una meta común que traspasa fronteras: la protección del ambiente y de las personas. Las exigencias llegan hasta las altas instancias donde las decisiones adoptadas no solo afectan al movimiento que las originó, sino que generan precedentes para el resto. Por eso, hacemos un recuento de cinco logros obtenidos este año en el mundo por el movimiento ambiental del que somos parte, los cuales están abriendo camino para la rendición de cuentas, la protección de los derechos humanos y la dotación de nuevas herramientas jurídicas y de otro tipo para fortalecer la lucha conjunta. 1. El Acuerdo de Escazú entra en vigor Celebramos el Día de la Tierra (22 de abril) con la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, el primer tratado sobre derechos ambientales de América Latina y el Caribe y el único en el mundo que consagra la protección de las personas defensoras ambientales. Escazú es el primer acuerdo regional que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, necesario para facilitar el trabajo y proteger la vida de las personas defensoras. Además, reconoce la necesidad de medidas de protección para comunidades en situación vulnerable. Con la ratificación de Argentina y México, se consiguieron las adhesiones necesarias para este gran avance. El acuerdo es también resultado de muchos años de trabajo desde la sociedad civil, sector que impulsó el desarrollo del Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que es clave para garantizar el derecho humano a un ambiente sano y sostenible. Ahora que ya entró en vigor, necesitamos que los países integren las responsabilidades que Escazú establece en sus sistemas internos para que las personas defensoras y las comunidades puedan usar el acuerdo a su favor y, entonces, sea realmente efectivo. 2. Corte ordena a Shell reducir sus emisiones a casi la mitad En un fallo histórico y de gran importancia en la lucha ciudadana por la justicia climática, el Tribunal del Distrito de La Haya ordenó que la empresa angloholandesa Shell reduzca sus emisiones en 45% para 2030. En el veredicto se dispone, por primera vez, que una empresa y sus subsidiarias deben alinear sus políticas con las metas globales de reducción de emisiones, como las estipuladas en el Acuerdo de París. Esta decisión es un precedente mundial al que se llegó gracias a la demanda presentada por varias organizaciones de la sociedad civil y por más de 17 mil ciudadanas y ciudadanos holandeses. El objetivo central de la demanda no era obtener una compensación financiera por los daños, sino obligar a la petrolera a reducir sus emisiones. Este caso abrió la discusión acerca de la responsabilidad de las empresas en el cambio climático y, además, fue pionero en utilizar los principios rectores de la ONU acerca de las empresas y los derechos humanos. Niels Hazekam, Asesor Principal de Políticas en Both Ends, una de las organizaciones que participó en la demanda, nos contó los detalles del litigio contra Shell en este webinar. Esta victoria representa un gran paso hacia el uso de los sistemas judiciales como herramientas para avanzar en la justicia climática, con grandes posibilidades de ser replicado en otras partes del mundo, incluyendo América Latina. 3. Tribunal internacional reafirma protección ambiental en Costa Rica Es legítimo que un país se declare libre de minería a cielo abierto como objetivo para proteger el ambiente. Así lo declaró el tribunal arbitral del CIADI, del Banco Mundial. El caso tiene su origen en el arbitraje que la minera Infinito Gold interpuso en contra de Costa Rica. La minera exigía el pago de 400 millones de dólares como indemnización por las ganancias no percibidas cuando el país anuló su concesión de explotación de minerales. AIDA advirtió al gobierno costarricense de las amenazas que el proyecto propuesto por Infinito Gold, Crucitas, tendría en el ambiente y los derechos humanos. En 2008, el gobierno emitió un decreto declarando el proyecto de interés. Y, en 2011, la Corte Suprema confirmó la decisión de declarar al proyecto Crucitas ilegal. La minera, inconforme con esa decisión, pidió el arbitraje internacional y la indemnización. Este año, el CIADI concluyó que Costa Rica no tendrá que pagar dicho monto y aclaró que el país no negó a la empresa el acceso a la justicia local. La decisión es un avance importante ante la creciente intención de las empresas por demandar a los países que deciden proteger sus ecosistemas. 4. La ONU reconoce el derecho humano a un ambiente sano El 8 de octubre, en un día histórico y crucial para el futuro del planeta, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoció que todas las personas tenemos el derecho humano a un ambiente seguro, sano, limpio y sostenible. Costa Rica, Eslovenia, Maldivas, Marruecos y Suiza lideraron los esfuerzos al interior del Consejo en la última etapa de una larga lucha, junto con miles de organizaciones, movimientos, empresas y personas defensoras que se unieron a #HealthyEnvironmentForAll. Compartiendo cartas e invitando a la sociedad civil de todo el mundo, lograron mostrar el interés legítimo por reconocer este derecho. Cabe decir que este hito en la historia del derecho ambiental internacional es resultado de casi 50 años de trabajo de miles de personas que, desde la Declaración de Estocolmo en 1972, han sentado las bases para este día. También el 8 de octubre, el Consejo estableció la creación de una nueva Relatoría Especial para promover los derechos humanos en el contexto de cambio climático. Fue la respuesta a una demanda de la sociedad civil en la que AIDA fue punto de encuentro y coordinación a nivel de América Latina para movilizar esta decisión. 5. Caso de contaminación llega a la Corte Interamericana Después de más de 15 años, el caso de violaciones a derechos humanos por contaminación ambiental en La Oroya, Perú, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la primera vez que un caso de contaminación del aire causada por actividades empresariales en un contexto urbano llega a la Corte. La Comisión Interamericana presentó el caso ante la Corte tras establecer la responsabilidad internacional del Estado y como respuesta a la petición de un grupo de personas expuestas crónicamente a metales pesados provenientes del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú, representadas por AIDA y sus aliados. Las personas afectadas recurrieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque a pesar de que el Tribunal Constitucional peruano dispuso en 2006 medidas urgentes para la protección de sus derechos, el Estado no las acató. La presentación del caso ante la Corte representa también una gran oportunidad para restablecer los derechos de las personas afectadas.   ¡Conoce más y lee sobre las principales victorias de AIDA en nuestro Informe Anual 2021!  

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Océanos, Cambio Climático, Derechos Humanos

Los avances que la COP26 deja para el océano

Hubo mucha expectativa sobre si la vigésimo sexta versión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) seguiría la línea adoptada en la COP25 de diciembre de 2019, cuando el liderazgo de Costa Rica, Fiyi, Francia y las Islas del Pacífico, entre otros países, aseguró que el océano se convirtiera en un componente clave de la acción climática dentro de las negociaciones internacionales. Aunque el océano es cada vez más reconocido por su papel en la mitigación y adaptación al cambio climático, las actividades humanas continúan amenazando su salud. Se estima que su regeneración será posible solo con una drástica reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar la temperatura media del planeta a 1.5°C. En la COP26, realizada el mes pasado en Glasgow (Reino Unido), la presencia del océano en las negociaciones fue menor a la esperada. Aun así, se lograron grandes avances gracias al empuje de algunos países, organizaciones y movimientos sociales, como el de jóvenes y el de indígenas. A continuación, se detallan los logros más relevantes que resultaron de la COP26 en materia de océano y cambio climático: Gracias a la movilización de sectores que luchan por el tema océanico y a la presión de diferentes actores sociales, se logró que el preámbulo del Pacto de Glasgow mencione “la importancia de garantizar la integridad de todos los ecosistemas, incluidos los bosques, el océano y la criosfera […]”. Asimismo, el artículo 21 del documento final reconoce el papel de los ecosistemas marinos como sumideros de carbono y enfatiza la importancia de la protección, conservación y restauración de los ecosistemas terrestres y marinos en la reducción de gases de efecto invernadero. Es un gran paso que reafirma la estrecha relación entre el océano y el clima. La COP26 hizo un llamado a que los órganos constituyentes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático consideren vías para integrar y fortalecer un enfoque sobre el océano en sus planes de trabajo. También abrió paso a la organización formal de un diálogo anual sobre océano y clima, presidido por el presidente del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico, a partir de 2022. El antecedente de este avance es el diálogo celebrado en 2020. Los presidentes de Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá acordaron el fortalecimiento del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, uno de los más grandes y diversos del mundo y que será una zona libre de pesca. La Corporación Andina de Fomento anunció un aporte de un millón de dólares como cooperación técnica al proyecto. También en la línea del financiamiento, el Reino Unido anunció una contribución de 6 millones de euros para PROBLUE, fondo administrado por el Banco Mundial que apoya proyectos relacionados con la protección del océano y la economía azul. De otro lado, se anunciaron 145 millones de dólares destinados al Fondo Mundial para los Arrecifes de Coral, mientras que se pusieron 20 millones de dólares a disposición del apoyo a soluciones basadas en la naturaleza y a comunidades costeras vulnerables. Se lanzó la declaración “Océano por el clima” —respaldada por más de 100 organizaciones de sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, academia y otros sectores—, que exhorta a los países a intensificar las medidas para limitar el aumento de la temperatura media del planeta a no más de 1.5ºC, así como a colocar al océano en el centro de sus políticas, entre ellas las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional. Asimismo, 20 países firmaron la tercera declaración “Because the Ocean”, que llama a los países a integrar el océano, el clima y la biodiversidad a sus planes para cumplir con el Acuerdo de París. En cuanto a conservación, los estados del Océano Índico Occidental lanzaron la iniciativa de la Gran Muralla Azul, cuyo objetivo es conservar y restaurar la biodiversidad marina y costera. Por otra parte, Fiyi anunció un plan para emitir un bono azul en 2022, el cual ofrecerá oportunidades atractivas de inversión para proyectos respetuosos con el océano. Se prevé recaudar hasta 50 millones de dólares para financiar la creación de nuevas áreas marinas protegidas, pesquerías sostenibles y soluciones basadas en la naturaleza para proteger a comunidades vulnerables ante el cambio climático y sus efectos. Belice se comprometió de su lado a desarrollar un proyecto pionero para financiar el mantenimiento y creación de áreas marinas protegidas. Más países se sumaron a la iniciativa “30x30”, que pretende conservar el 30 por ciento de la superficie terrestre y marina para 2030. Los países del G7 mostraron su apoyo a esta propuesta en su reunión previa a la COP26.   Además de las propuestas específicas relacionadas con el océano, cabe destacar que muchas otras iniciativas presentadas en el marco de la COP26 tienen un impacto indirecto, entre ellas las que buscan la reducción de un 45% de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo para 2030 y la neutralidad de emisiones para 2050, de suma importancia para combatir la acidificación del océano y el blanqueamiento de los corales. Aunque muchas personas consideran que la acción climática en torno al océano debe ser mucho más contundente en las negociaciones internacionales, existe consenso en que se está avanzando en la dirección correcta: el océano no estará más ausente de las negociaciones climáticas.  

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Cambio Climático, Derechos Humanos

Después de la COP26: Reflexiones desde América Latina

En este seminario web, diferentes voces de América Latina conversaron sobre los principales resultados de las negociaciones y acerca de lo que sigue. Durante las dos primeras semanas de noviembre, se celebró la 26ª Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), instancia internacional que reúne a los países miembros para negociar la forma en que la humanidad hace frente a la crisis climática.Esta COP fue particularmente compleja pues tuvo que hacerse cargo de dos años sin negociaciones luego de que la pandemia por COVID-19 obligara a suspender la COP correspondiente al año pasado.La COP26 trajo a la mesa múltiples discusiones en torno a la delicada situación del planeta, incluyendo el financiamiento para la acción climática y el abordaje de las pérdidas y daños que muchos países ya están experimentando. Un paso importante fue que finalmente, y luego de varios intentos, se acordó el cierre del libro de reglas del Acuerdo de París, firmado por todas las partes en 2015 y que permite implementar el acuerdo en su totalidad. PanelistasEmilia Reyes, organización civil Equidad de Género: Ciudadanía, trabajo y familia (México): Reflexiones en torno a las negociaciones.Estefanía González, Greenpeace Andino: El análisis de la sociedad civil.Diana Cárdenas, Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC): El cierre del artículo 6 y el financiamiento climático.Adrián Martínez, la Ruta del Clima (Costa Rica): Lo pendiente: Pérdidas y daños.Florencia Ortúzar, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Litigio para acelerar la acción climática.Moderó: Javier Dávalos, AIDA. Grabación  Presentaciones 1. Presentación introductoria: 2. Presentación de Estefanía González, Greenpeace Andino: 3. Presentación de Florencia Ortúzar, AIDA: 

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Cambio Climático, Derechos Humanos

Reflexiones tras la COP26: Pese al lento avance, la esperanza es preferible al derrotismo

Seamos realistas. Nunca ha habido demasiadas expectativas alrededor de las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (más conocidas como COP), y la vigésimo sexta versión (COP26) no era la excepción. Impacta la gran cantidad de greenwashing expuesta a viva luz: espaciosos pabellones decorados con todo tipo de plantas exuberantes promocionando a países que no aportan. Llaman a la ambición urgente, pero siguen subsidiando combustibles fósiles o buscando explotarlos en lugares prístinos. Pese a todo, es importante permanecer positivos y construir sobre lo que sí funciona porque el fatalismo es un veneno mucho más peligroso que el negacionismo. Además, aunque disten mucho de ser suficientes, es posible apreciar algunos avances de la COP26 en Glasgow, Escocia. El solo hecho de que tantos países con intereses y poder de negociación tan abismalmente dispares se pongan de acuerdo es un logro. En las negociaciones, cada país puede vetar lo acordado por los demás pues todo se adopta por consenso. Por otro lado, está la sociedad civil y los movimientos indígenas, populares y de jóvenes, que constantemente sortean obstáculos para estar presentes y alzar sus voces. Finalmente, no conviene pensar en las decisiones y en los resultados de la COP como si fueran la última palabra. Las negociaciones se reabren cada año y con eso las posibilidades de avanzar desde donde dejamos las cosas. Es un camino largo y empinado. Estamos atrasados, pero cada paso cuenta. Resultados positivos (con algunos aspectos negativos) de la COP26 Por primera vez, el texto final de las negociaciones (“el Pacto de Glasgow”) menciona a los combustibles fósiles y al carbón. Este hecho, impensado incluso en la COP anterior, demuestra que lo que la gente pide está permeando en las decisiones. El mensaje de fondo es claro: los combustibles fósiles y el carbón tienen sus días contados. El texto originalmente hablaba de “eliminar el uso del carbón”, pero algunos países lograron a último minuto cambiar el verbo por “reducir”. En la misma línea, se propuso la necesidad de “retirar los subsidios a los combustibles fósiles”, pero el texto terminó apuntando únicamente a los “subsidios ineficientes”, lo que sea que eso signifique. La meta de no superar los 1.5 °C de temperatura media del planeta sigue viva. El Pacto de Glasgow reafirma dicho objetivo, reconoce su urgencia y el trabajo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) como base para las acciones. Más importante aún, el texto solicita a las partes fortalecer las metas contenidas en sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs por sus siglas en inglés) para fines de 2022, en lugar de a mediados de la década, como estaba estipulado. Los espacios para el negacionismo y para desestimar las conclusiones de la ciencia ya están cerrados. Los países se pusieron de acuerdo sobre el artículo 6, con lo que se cierra el libro de reglas que permitirá implementar el Acuerdo de París. El debatido artículo se refiere, entre otras cosas, a los mecanismos de mercado de carbón, que permitirían a los países transar bonos para cumplir metas climáticas. En dichos mercados radica parte importante del futuro de la economía mundial, por lo que la falta de acuerdo era preferible a un mal acuerdo. En el lado positivo, el texto final de la sección reconoció la importancia de respetar los derechos humanos, a poblaciones locales, jóvenes y mujeres, así como la integridad ambiental. Lo malo es que no se reconocieron algunas normas internacionales básicas de derechos humanos, como el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado. Quedaron también muchos vacíos sobre los que habrá trabajar para evitar que estos mecanismos generen más daños que beneficios. El artículo 6 es un asunto delicado sobre el que hay que seguir trabajando. Finalmente, lo decidido en torno al complejo ítem de pérdidas y daños difícilmente puede considerarse un logro. Pero no está demás reconocer que el asunto, que no había sido considerado oficialmente en las pasadas COP, llegó a las discusiones para quedarse. El Pacto de Glasgow llamó a iniciar un diálogo sobre la problemática, pero no hubo acuerdos sobre la creación de un fondo para pagar por las pérdidas y daños, que era lo que demandaban los países más afectados (y menos responsables) por la crisis. Como sea, gracias a las demandas de los movimientos sociales del sur global y a la presión de varios países, los debates sobre el tema seguirán alimentando las discusiones y tarde o temprano tendrá que generarse un mecanismo financiero que lo atienda con la urgencia que corresponde. Herramientas adicionales Durante la COP26, surgieron algunos pactos que, sin ser parte de las negociaciones, ofrecen alternativas para avanzar. Considerando que los compromisos de reducción de emisiones contenidos en las NDC son insuficientes, estas herramientas pueden ser cruciales. Vale la pena mencionar el pacto para terminar con la deforestación, donde más de 100 líderes mundiales prometieron poner fin y revertir la deforestación para 2030. Los países signatarios abarcan alrededor del 85% de los bosques del mundo. El pacto incluye fondos y refuerza el papel de los pueblos indígenas en la protección de los bosques. En el lado negativo, el objetivo a nueve años es decepcionante y desalentador, además de que debemos reconocer que este tipo de acuerdos no han tenido éxito en el pasado. Otro compromiso congregó a más de 100 países bajo la intención de reducir las emisiones de metano en un 30% para 2030 desde los niveles de 2020. El compromiso incluye a países que representan casi la mitad de las emisiones mundiales de metano. El metano, uno de los contaminantes climáticos de vida corta, es el principal gas de efecto invernadero después del dióxido de carbono, pero con una potencial de calentamiento mayor. El hecho de que tenga una corta duración en la atmósfera significa que la reducción de sus emisiones puede tener un impacto rápido en la desaceleración del cambio climático. Finalmente, cabe mencionar que China y los EEUU lanzaron su propio acuerdo, comprometiéndose a cooperar en la acción climática. Aunque la declaración no ofrece mucho en términos de acción concreta, el hecho de que los dos principales emisores de gases de efecto invernadero se unan en reconocer el desafío planetario que tenemos por delante, es un paso importante en la dirección correcta.   Todavía queda un largo camino por recorrer. Estamos frente a inmensos peligros, sufrimiento e injusticia. Las industrias de los fósiles siguen incidiendo fuertemente en las negociaciones y no cesan en su búsqueda de lucro asociado con acciones contaminantes. No está demás patalear, explotar de ira y llorar de miedo. Pero estas emociones no deben llevarnos al fatalismo que nos paraliza. Es importante apreciar el hecho de que estamos llegando a acuerdos, dentro y fuera de las COP, y que las conferencias generan cada vez más respuestas en todo el mundo. Todo lo avanzado es un paso más y no el final de esta historia.  

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Derechos Humanos, Minería

Minería y derechos de la naturaleza: Un enfoque interamericano

En el marco de la Constitución ecuatoriana y mediante un diálogo de saberes, el objetivo de este seminario web fue ampliar el conocimiento que se tiene sobre la protección constitucional de los derechos de la naturaleza, particularmente de los ecosistemas frágiles y especies amenazadas, así como de las comunidades que dependen de ellos, frente a actividades antrópicas de alto impacto como la minería.Hablamos de la concepción constitucional para abordar actividades como la minería y su impacto en los derechos de la naturaleza, así como de las dificultades para garantizar estos derechos en los procedimientos técnico legales (como los Estudios de Impacto Ambiental) que los afectan potencialmente.El evento analizó el tema con un enfoque interamericano, que incluye la Opinión Consultiva de la Corte IDH sobre medio ambiente y derechos humanos. PanelistasHugo Echeverría, Center for Democratic and Environmental Rights (CDER): Introducción al reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Estatus constitucional de los ecosistemas frágiles y las especies amenazadas.Paola Ortiz Jaramillo, Yasunidos: Derechos de la naturaleza, emergencia climática y escasez hídrica.Carla Luzuriaga Salinas, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Enfoque interamericano de protección a la naturaleza.Moderó: Javier Dávalos, AIDA. Grabación Presentaciones1. Presentación introductoria: 2. Presentación de Hugo Echeverría, CDER: 3. Presentación de Carla Luzuriaga Salinas, AIDA: 

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Derechos Indígenas, Cambio Climático, Derechos Humanos

“Retratos de una transición energética feminista”

La transición a energía es indispensable y está en marcha, pero ¿cuáles son los riesgos y oportunidades que representa la revolución de energía verde para la realización de los derechos de las mujeres?, ¿Cómo podemos evitar que se repliquen prácticas extractivas comúnmente asociadas a las industrias fósiles?, ¿Cómo podemos promover modelos de energía renovable que impulsen la participación de las mujeres y la erradicación de la pobreza energética? La serie “Retratos de una transición energética feminista” busca visibilizar las historias de las activistas y defensoras de derechos humanos que luchan por una transición energética justa que proteja el medio ambiente, impulse la igualdad de género y brinde acceso seguro, asequible y sostenible a los recursos energéticos. Pese a que las mujeres tienen un papel fundamental en el manejo y uso de los recursos energéticos en los hogares y sus comunidades, enfrentan retos comunes ligados a la discriminación sistemática, la pobreza energética y la falta de representación en el desarrollo del nuevo sector de energía renovable. No podemos acelerar el rumbo hacia sistemas de energía sostenibles sin poner al centro las voces de las mujeres y las comunidades que históricamente han estado rezagadas de los espacios de toma de decisión. En el contexto de la Conferencia de la Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) y cuando se discute una transición energética que supone un cambio técnico y tecnológico sin precedente para pasar de una fuente de energía a otra y contrarrestar los efectos del cambio climático, las organizaciones de la sociedad civil, Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR) y la Asociación Interamericana por la Defensa del Ambiente (AIDA), con el apoyo de FES-Ginebra, lanzan el primer video de la serie que cuenta la historia de María, una mujer indígena de la etnia Maya Chuj que vive en la micro-región de Yich K’isis en Guatemala. Es a través de las historias y experiencias de las mujeres que podemos reducir los riesgos de la transición energética y catalizar el potencial transformador de la energía renovable para impulsar la igualdad de género y construir un futuro sostenible y bajo en carbono. ¡Escucha la historia de María!  

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