Derechos Humanos


Serie de seminarios web "Minería de oro en la cuenca andino-amazónica"

La minería de oro en la cuenca andino-amazónica es un problema complejo y en expansión. Aunque ha habido esfuerzos muy importantes para lidiar con ella, su gravedad hace que todavía quede espacio para una mayor articulación de esfuerzos. Se necesita más trabajo colectivo, traducido en acciones internacionales coordinadas entre Estados y organizaciones de la sociedad civil. Pese a que los desafíos de la minería en esta zona parecen abrumadores, existen medidas necesarias y posibles de implementar. Hay temas que inciden profundamente en la situación actual de la minería aurífera, que no se abordan de forma suficiente y coordinada. Para atender y resolver el problema, es importante profundizar en la identificación de tendencias, brechas regulatorias y de información, lecciones aprendidas, oportunidades de incidencia y opciones de articulación. Con el fin de aportar a las soluciones, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) organizó el “Seminario taller sobre minería de oro en la cuenca andino-amazónica”.  Este encuentro tuve el objetivo de fomentar la colaboración y el intercambio de información entre organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales y nacionales e instituciones de investigación que trabajan en Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú y Brasil para prevenir, mitigar y/o remediar los impactos de la minería de oro en la cuenca andino-amazónica. Agenda Martes 26 de enero: Influencia de las infraestructuras en la expansión del extractivismo en el Amazonas.  Mercedes Lu, Asesora Técnica Ambiental, ELAW- Environmental Law Alliance Worldwide (Alianza Mundial de Derecho Ambiental).  Jueves 28 de enero: Impactos de la minería de oro en las comunidades indígenas del Amazonas. Gregorio Mirabal, Coordinador General, COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica). Lunes 1 de febrero: Comunicación estratégica y narrativas sobre la minería de oro en el Amazonas. Miriam Jemio, comunicadora; periodista ambiental y de investigación. Bram Ebus, periodista de investigación y criminólogo. Miércoles 3 de febrero: Estrategias de judicialización de la minería criminal de oro en el Amazonas. Carlos Guillermo Castro, profesor de derecho penal, Universidad del Rosario; exintegrante de la Comisión Asesora de Política Criminal en Colombia.   grabaciones 1. Influencia de las infraestructuras en la expansión del extractivismo en el Amazonas:   2. Impactos de la minería de oro en las comunidades indígenas del Amazonas:   3. Comunicación estratégica y narrativas sobre la minería de oro en el Amazonas:   4. Estrategias de judicialización de la minería criminal de oro en el Amazonas:   MÁS INFORMACIÓN Y MATERIAL Ver los seminarios introductorios Nuestra introducción al tema incluye trés charlas sobre: Aspectos generales, impactos y perspectiva de las comunidades;  La circulación del mercurio en el ambiente; y ¿A dónde va el oro? El flujo de oro en los mercados.​  ​Ver nuestros Recursos para el estudio del extractivismo  A fin de ayudar a organizaciones e individuos a obtener información acerca de la minería, AIDA ha creado una página de fuentes de información sobre el tema. Para ello, hemos reunido y sintetizado una lista de referencias y recursos que pueden ser útiles para quienes busquen conocer más acerca de la industria minera y de sus impactos ambientales, económicos y sociales.  

Leer más

Seminario virtual: "Estudios de impacto ambiental (EIA): Experiencias y retos en América Latina"

En este seminario web, el primero de una serie de tres, se explicó en detalle qué son los estudios de impacto ambiental (EIA) y cuáles son sus principales retos en la práctica en América Latina. Expertos y expertas brindaron una visión teórica y práctica del tema en torno a experiencias específicas para reflexionar sobre la situación actual de los EIA en la región. El objetivo fue contribuir al fortalecimiento de las normas sociales y ambientales para evitar daños por la implementación de proyectos energéticos y de infraestructura.   Panelistas María Bautista, Mujer Maya chuj y representante de la microreegión de Ixquisis, Guatemala, como defensora de los derechos humanos y el territorio. Fernando Martínez, PhD, docente e investigador, Facultad de Ciencias Humanas e Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), Universidad Nacional de Colombia. Gabriela Burdiles, Directora de Proyectos, ONG FIMA (Chile). Moderó: Andrés Ángel, Asesor Científico, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).   grabación   PRESENTACIONES 1. Presentación introductoria:   2. Presentación de Fernando Martínez, PhD, docente e investigador:   3. Presentación de Gabriela Burdiles, Directora de Proyectos de la ONG FIMA:  

Leer más

Siete avances de AIDA en 2020

Termina un año como ningún otro. Esta nueva realidad hace que cada victoria y logro diario, por pequeño que sea, tengan un sabor más reconfortante. Por eso, estamos orgullosos de decir que en 2020 hubo avances importantes en nuestro trabajo por un ambiente sano y justicia climática en América Latina. 1. Salvaguardando alta mar A nivel mundial, más del 99% de alta mar —aguas fuera de la jurisdicción nacional— está desprotegido. Para remediarlo, durante el último año, hemos liderado la representación de América Latina en la High Seas Alliance (Alianza de Alta Mar). Hemos colaborado con gobiernos para negociar un ambicioso tratado en el marco de Naciones Unidas para proteger estas aguas y a especies migratorias clave de tiburones, ballenas, tortugas y atunes. Alta mar es esencial para la salud del océano en el largo plazo y como sumidero de carbono que ayuda a mitigar la crisis climática. 2. Incidiendo para la desinversión en la Amazonía Por casi una década, hemos trabajado para detener la represa Belo Monte, que ha desplazado a miles de indígenas y acabado con cientos de especies únicas. Este año, nuestro testimonio contribuyó a que el Fondo Global de Pensiones de Noruega, el mayor fondo estatal del mundo, excluya de su cartera de inversiones a Eletrobras, uno de los principales financiadores de la represa, debido a las violaciones de derechos ambientales y daños ambientales causados por el proyecto. Es un paso importante en la búsqueda de justicia para las comunidades afectadas. 3. Defendiendo a los páramos de la minería Continuamos protegiendo de la minería a páramos en Colombia y Ecuador. Estos bosques y humedales biodiversos, situados a gran altitud, son sumideros de carbono clave que además abastecen de agua fresca a millones de personas y son hábitat de especies amenazadas. Nuestro equipo aportó conocimientos legales y técnicos. En el caso de Santurbán, en Colombia, ayudamos a construir capacidades entre los abogados locales que ahora lideran la demanda judicial para proteger este páramo. 4. Protegiendo a personas defensoras del ambiente América Latina es la región más peligrosa del mundo para las personas que defienden el ambiente. Este año, AIDA reunió a más de 70 prominentes defensores y defensoras ambientales de 14 países del continente para compartir información actualizada sobre riesgos y estrategias efectivas de defensa. Los y las participantes discutieron en torno a sus retos, identificaron vacíos de conocimiento y desarrollaron nuevos enfoques para protegerse y proteger sus territorios. 5. Frenando el desarrollo energético extractivo Nuestra pericia legal y técnica ha sido fundamental para detener la expansión de los combustibles fósiles. En Colombia, continuamos con el litigio para mantener la moratoria judicial al fracking y ayudamos a impedir una mayor expansión de la minería de carbón. Apoyamos a comunidades afectadas por plantas eléctricas a carbón en Chile y lideramos los esfuerzos para que instituciones financieras internacionales rindan cuentas por financiar proyectos hidroeléctricos dañinos en Colombia y Guatemala. Este trabajo es esencial para promover una transición justa hacia una energía realmente limpia. 6. Preservando la biodiversidad marina en la Patagonia La región de Magallanes, en Chile, es hogar de algunas de las ballenas y delfines más grandes, así como una de las zonas más prístinas de nuestro planeta. La mayor amenaza ambiental para esta región es la producción industrial de salmón. Con base en nuestro trabajo previo, usamos la ley para detener el cultivo de salmón y evidenciar los daños que esa industria causa. Nuestro trabajo logró cerrar una granja de salmón y sentó un precedente para el cierre de otras siete, las cuales están bajo revisión en tribunales chilenos. 7. Fortaleciendo la gestión de tierras indígenas en Colombia En coalición con cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, continuamos protegiendo sus tierras de la minería ilegal. Frente a cientos de proyectos propuestos, ayudamos a implementar estrategias legales para demandar un nuevo plan de manejo territorial que reconozca la autoridad tradicional de los indígenas. También ayudamos a fortalecer las capacidades de las comunidades mediante talleres sobre protección ambiental.  

Leer más

A cinco años del Acuerdo de París, la justicia climática es más urgente que nunca

Columna publicada originalmente en Animal Político   El 12 de diciembre de 2015 se concertó el Acuerdo de París. A cinco años, su importancia y en especial su cumplimiento efectivo son más evidentes que nunca. Uno de los avances más importantes del acuerdo fue reiterar que los Estados deben «respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y rurales, los migrantes, los niños y las niñas, las personas en condición de discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la equidad intergeneracional». Ese aspecto es uno de los grandes pendientes, y también de las grandes oportunidades, del Acuerdo de París. En 2015, tuve el privilegio de participar en la vigésimo primera Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la cual se aprobó el acuerdo. Gracias a la transmisión en vivo, vi el último martillazo de esta histórica cumbre en mi teléfono mientras iba en tren al aeropuerto. Cambié los abrazos de celebración con docenas de colegas por llegar un día antes a celebrar con mi familia. Valió la pena. Al fin de cuentas, mi contribución había terminado unas horas antes. En los cinco años anteriores y con total intensidad durante la Cumbre, revisé borradores, hablé con misiones y colegas sobre lo esencial de incluir los derechos humanos en el acuerdo climático. Mi prioridad —compartida por colegas de organizaciones, representantes de algunos gobiernos y entidades internacionales— era asegurar un acuerdo sólido, incluyendo la obligación de considerar y respetar derechos humanos. Para algunas personas, esto era inoficioso e incluso inadecuado pues veían la crisis climática como un asunto meramente técnico. Los asuntos de derechos humanos son de otro ámbito, me dijeron algunas delegaciones.  Insistimos en el punto hasta que lo logramos, no por terquedad (aunque quizás hubo algo de eso), sino porque en esencia la crisis climática nos afecta a todos y todas, a nuestros derechos. Por ello es vital incluir la cara humana, que los derechos humanos estén en el centro de las acciones por el clima. De lo contrario, estarán incompletas. Así lo evidencia la realidad de la crisis climática, traducida por ejemplo en los daños a millones de personas y comunidades por los huracanes y tormentas que en los últimos meses arrasaron áreas costeras en Nicaragua, Guatemala, México y a lo largo del Caribe; las inundaciones en el Sur de Asia; las sequías en el norte de México; y los incendios devastadores en la Amazonía, California y Australia. Las personas y comunidades en mayor situación de vulnerabilidad y quienes menos han contribuido a la crisis, sufren desproporcionadamente los daños. Por ello es posible—y necesario— encontrar un balance a esta desproporción mediante un abordaje de derechos humanos. Es necesario de lograr que Estados, empresas e incluso algunos sectores de la población, se hagan responsables. Responsabilidad con sentido de equidad, que es uno de los principios fundamentales de los derechos humanos. De hecho, el informe de Naciones Unidas sobre la brecha en las emisiones de 2020 concluye que «la equidad es un pilar fundamental para abordar los modos de vida (pues) las emisiones del 1% más rico de la población mundial equivalen a más del doble de la suma de las emisiones del 50% más pobre». Comunidades, movimientos y pueblos alrededor del mundo han demandado —incluso judicialmente — una acción climática efectiva que respete sus derechos. Ello ha sido reiterado por Naciones Unidas. Pero la acción climática aún es considerada mayormente una cuestión de cifras, toneladas de emisiones a reducir y hectáreas a conservar. Las personas y comunidades, pese a ser quienes viven las consecuencias, permanecen en la periferia de esta acción. Asegurar una verdadera perspectiva de derechos humanos ayudaría a elevar la ambición y el nivel de obligaciones y resultados. También permitiría considerar los impactos de forma integral y, como concluyó el IPCC, tener en cuenta el conocimiento ancestral y la justicia social, elementos centrales para dar con soluciones afectivas. Allí recae la oportunidad que se está perdiendo.   La comunidad científica confirma hoy la ampliación de la brecha entre la situación actual y dónde deberíamos estar en la reducción de emisiones. Según el reciente informe sobre la brecha global de emisiones, estas se redujeron en el último año debido a la suspensión de actividades por la pandemia, mientras que en el año anterior continuaron aumentando. De hecho y pese a la pandemia, vinculada también con degradación ambiental, países de América Latina y el Caribe, como en otras regiones, continúan apostando en su mayoría a los combustibles fósiles, incluso para la recuperación económica tras la crisis sanitaria. Esa tendencia ignora lo dispuesto en el Acuerdo de París sobre la obligación de los Estados de respetar los derechos humanos, un elemento incluido allí para cumplirse; y una herramienta fundamental para que los Estados aumenten su ambición y avancen hacia las soluciones hasta hoy esquivas. El quinquenio de este acuerdo es un buen momento para recordarlo y exigir que se cumpla. De no hacerlo, las comunidades y personas en mayor situación de vulnerabilidad continuarán sufriendo aún más las consecuencias, y las desigualdades globales seguirán profundizándose. Pero también aumentarán las acciones judiciales y reclamos para alcanzar una solución que el propio acuerdo incorporó. Un elemento de liderazgo sería poner a las personas y comunidades al centro de la acción climática. A ello me refiero cuando hablo de justicia climática, una gran oportunidad que muchas personas continuaremos promoviendo.  

Leer más

Montaña nevada

Resumen de la 27a Reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima

Noviembre de 2020Del 9 al 13 de noviembre de 2020, la Junta del Fondo Verde del Clima (FVC) tuvo su 27a reunión, realizada de manera virtual por segunda vez.Aprobó 16 propuestas de financiamiento por un total de 1.011,7 millones dólares, siete de las cuales se implementarán en Latinoamérica. Además, se acreditó a cuatro nuevas entidades, ninguna para la región, y se aprobó el plan estratégico actualizado del FVC para el periodo 2020-2023. Finalmente, se tomó una decisión sobre la Copresidencia para 2021, que recayó en México en el caso de los países en desarrollo.Consulta y descarga el resumen 

Leer más

Seminario virtual "Ciencia ciudadana, derechos humanos y calidad del aire: La importancia de los datos"

Este seminario web, el primero de una serie de tres, buscó promover una discusión sobre los datos de calidad del aire con los que cuentan la ciudadanía, las autoridades y la comunidad científica. Desde las perspectivas ciudadana, académica e institucional, las y los panelistas abordaron la importancia de los datos en la toma de decisiones (en momentos de emergencia ambiental y en el día a día) y reflexionaron sobre qué datos cuentan en qué momentos, por qué y qué implica eso para la ciudadanía interesada en promover acciones para una mejor calidad del aire.   PANELISTAS Luis Álvaro Hernández, Red Distrital de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB). Daniel Bernal, activista ambiental. Jenny Rocío Ríos Martínez, Universidad Nacional de Colombia. Miryam Gómez, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Moderó: Pilar Saenz, Fundación Karisma.   GRABACIÓN   Presentaciones 1. Presentación de Luis Álvaro Hernández, Red Distrital de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá:   2. Presentación de Daniel Bernal, activista ambiental:   3. Presentación de Miryam Gómez, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid:  

Leer más

Premio Goldman, resultado del trabajo colectivo comunitario en defensa del territorio y el ambiente sano en la región de los Chenes, Campeche

La reciente entrega a Leydy Aracely Pech Martín del premio Goldman, el galardón ambiental más importante del mundo, otorgado anualmente por la Fundación Goldman, es un reconocimiento al trabajo colectivo de defensa del ambiente y del territorio de las comunidades mayas de la zona de Hopelchén, en Campeche. Durante los últimos años, estas comunidades han realizado una importante labor de defensa frente a diversos megaproyectos que afectan el patrimonio biocultural de esta región de gran biodiversidad que es colindante con la biósfera de Calakmul, la mayor reserva mexicana de bosque tropical y uno de los últimos pulmones del país. Organizadas en Muuch Kambal y el Colectivo Apícola de los Chenes, hoy Colectivo de comunidades Mayas de los Chenes, adquirieron notoriedad a partir de su oposición pública y legal a los permisos otorgados en junio de 2012 por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa, hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) a la empresa transnacional Monsanto. Dichos permisos incluían la siembra, en fase comercial, de 235,500 hectáreas de soya genéticamente modificada, la cual constituye graves afectaciones al territorio maya. Los representantes de estas comunidades mayas presentaron diversos juicios de amparo ante juzgados federales para denunciar que los permisos otorgados a Monsanto vulneraron sus  derechos como pueblos indígenas, tales como: el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado; al territorio; a la libre-determinación; y a un ambiente sano. Dichos juicios llegaron en última instancia ante el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en noviembre de 2015 ratificó la decisión tomada por los Juzgados de Distrito; y reconocieron la violación al derecho que las comunidades indígenas tienen a la consulta y suspendieron los permisos otorgados a Monsanto hasta que se haga la respectiva consulta. Una base importante del trabajo organizativo del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes ha sido la defensa de la apicultura como práctica histórica y tradicional del pueblo maya y medio de subsistencia sustentable. En particular, destacan sus esfuerzos por la conservación de las abejas nativas, para lo cual han denunciado y documentado los efectos nocivos que la deforestación, por el impulso de monocultivos y el uso indiscriminado de plaguicidas y agrotóxicos (como el glifosato), causan no sólo a la apicultura, sino también a la salud, el suelo, el agua y el ambiente de las comunidades mayas de Hopelchén. Las denuncias presentadas por la siembra ilegal de soya genéticamente modificada, evidenciaron la ausencia de medidas adecuadas de bioseguridad para salvaguardar el medio ambiente de la región y abrieron el camino para que el 18 de agosto de 2020 la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa revocara el permiso otorgado a Monsanto para la liberación de soya genéticamente modificada. En todos estos procesos de organización y denuncia, ha sido fundamental la participación, la palabra y la vocería de las mujeres mayas de los Chenes y de otras partes de la Península de Yucatán. El premio Goldman otorgado a Leydy Pech, una de las voceras del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, es el resultado de más de 25 años de trabajo organizativo y comunitario, de la búsqueda de medios de producción compatibles con el ambiente y el desarrollo sustentable, y de la defensa colectiva del territorio frente a políticas públicas y megaproyectos que ponen en riesgo la integridad cultural, la salud, los medios de subsistencia y la vida de las comunidades mayas de la región. Es un reconocimiento a las luchas de las mujeres mayas por la defensa de la vida y el territorio, que han generado cambios sustanciales dentro y fuera de sus comunidades. Esto, a su vez, visibiliza los procesos de lucha de las comunidades mayas de la Península de Yucatán en defensa de las semillas nativas, el agua, las abejas, el medio ambiente sano y la libre determinación. Por esta razón, las organizaciones firmantes reiteramos el respeto y ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo maya, para generar condiciones equitativas en la construcción de políticas públicas que sean respetuosas con la naturaleza y con la visión de desarrollo de esos pueblos indígenas de México y América Latina. Actualmente, esta región de México enfrenta graves problemas de deforestación, pérdida de biodiversidad, así como contaminación de suelo y sus fuentes de agua debido a los cambios de uso de suelo que de forma irregular se han llevado a cabo para introducir prácticas agropecuarias industriales. Actualmente el Estado de Campeche es el más deforestado de la Península de Yucatán, tan solo en 2019, perdió 53 mil ha de bosque natural, lo que equivale a 12.5 Mt de CO₂ de emisiones. CONTACTOS DE PRENSA: Everardo Chablé (México), +521 996 107 5098 Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107  

Leer más

Comunidades mayas, en riesgo por eventos climáticos agravados por proyectos hidroeléctricos

Graves impactos por eventos climáticos en la Microrregión de Yichk’isis (Ixquisis), al norte de Guatemala, profundizados por la construcción de los proyectos hidroeléctricos San Mateo y San Andrés financiados por el BID Invest, amenazan derechos de la población indígena local. Desde el sábado 21 de noviembre, en las comunidades mayas de la microrregión de Yichk’isis (Ixquisis), al norte de Guatemala han notado con preocupación el aumento del caudal del rio Grande de Ixquisis, que ha provocado el desborde de las aguas hacia las zonas de obras de los proyectos hidroeléctricos San Mateo y San Andrés, abandonadas por la empresa Energía y Renovación S.A.; así como y la inundación del túnel construido, en desarrollo de las obras, en el Cerro San Francisco. El principal temor de las autoridades locales y de las comunidades es que la presión del agua afecte la integridad estructural del túnel, lo cual podría causar problemas geotécnicos alrededor y fenómenos de remoción en masa, afectando así a las comunidades del El Platanar, Bella Linda, Caserío San Francisco, Las Flores, Primavera y otros caseríos. Las autoridades ancestrales locales convocaron el domingo 22 de noviembre a una reunión con el Ejército Nacional ubicado en la microrregión y a la Policía Nacional Civil (PNC), únicas entidades del Estado con presencia en el territorio, con el fin de expresar sus principales preocupaciones sobre la situación de riesgo en la que se encuentran las comunidades. Las comunidades exigieron que se pidiera a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y a la empresa Energía y Renovación S.A. el inicio de obras para sellar el túnel en el Cerro San Francisco y el cierre todas las demás obras que están abandonadas y sin ningún tipo de manejo, por los trágicos efectos que los fenómenos climáticos de alta intensidad puedan tener sobre ellas, sobre el territorio y sobre la vida de la población indígena local. Para las comunidades, es clara la relación que existe entre el aumento de la vulnerabilidad y el riesgo ante eventos climáticos extremos y la construcción de los proyectos hidroeléctricos San Mateo y San Andrés, dado que según la experiencia de las comunidades que han habitado ancestralmente este territorio y conocen los cauces de los ríos y sus cambios en temporada de lluvias, fueron las obras de los proyectos hidroeléctricos las que afectaron los caudales de los ríos de la región, en especial del río Pojom y del río Negro. Estos proyectos hidroeléctricos han sido financiados por el BID invest y desde su construcción, las comunidades de la Microrregión y organizaciones nacionales e internacionales han alertado sobre sus impactos sociales, ambientales y climáticos. La falta de Planes de  Manejo Ambiental ante posibles desastres por parte de la empresa Energía y Renovación S.A.  ha sido documentada en el proceso que en la actualidad se adelanta ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Grupo BID, dado que la empresa no identificó dentro de su EIA el riesgo de inundaciones. Los riesgos de desastre derivados de la falta de Planes de Manejo Ambiental para mitigación y de contingencia para responder a emergencias, y la falta de consideración de los impactos climáticos, se constituyen en una clara amenaza para los derechos humanos de la población indígena de los pueblos Maya Chuj, Maya Q’anjob’al y Maya Akateko, ubicados en la microrregión de Yichk’isis, la cual está habitada mayoritariamente por mujeres. Hacemos un llamado a las entidades competentes del Estado de Guatemala, en específico a la CONRED, a que den cabal cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas en condiciones de igualdad y no discriminación; además de al BID Invest, a que dé cumplimiento a sus políticas operativas sobre Gestión del Riesgo de Desastres y de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas. De igual forma, pedimos a la empresa Energía y Renovación S.A. que actúe en el marco de la debida diligencia y de su obligación de respetar los derechos humanos. Por último, instamos a los organismos de derechos humanos de Guatemala y demás actores que acompañan a verificar que se tomen las medidas necesarias para gestionar la situación actual de manera concertada con la población local, con el fin de prevenir y mitigar los riesgos y evitar así que situaciones como están vuelvan a ocurrir poniendo en riesgo los derechos humanos de la población indígena que ha habitado ancestralmente este territorio. Contacto de prensa Victor Quintanilla, [email protected], +525570522107  

Leer más

5 cosas que deberías saber sobre el metano

Texto publicado originalmente por el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA)   Aunque su presencia en la atmósfera es menor a la del dióxido de carbono (CO2) —el más abundante y conocido de los gases de efecto invernadero—, el metano, debido a su composición química, es mucho más efectivo para retener el calor. Ello implica que al añadir menos metano a la atmósfera se tienen efectos en el calentamiento del planeta equivalentes a grandes cantidades de CO2. De hecho, desde 2006, el metano en la atmósfera ha aumentado considerablemente, cerca de 25 millones de toneladas por año. Y existen estudios que asocian su incremento con la fuga y quema de metano en la extracción de hidrocarburos no convencionales mediante fracking o fracturación hidráulica. Aunque la producción de gas extraído mediante fracking es vendida como una alternativa “más limpia” que otros combustibles fósiles, se trata de un argumento falaz que es necesario combatir. En general, todas las actividades responsables de las emisiones de metano son una pésima idea ante la crisis climática y ante la necesidad cada vez más urgente de combatir la contaminación del aire. El entendimiento común que se tiene del metano es inexacto. Por ello es necesario generar mayor consciencia sobre qué es y cuáles son sus impactos reales. A continuación, cinco datos básicos sobre el metano: 1. Es un gas de efecto invernadero y un contaminante climático de vida corta El metano es un gas de efecto invernadero (GEI). La atmósfera, compuesta por diferentes gases, captura algunos de los rayos del sol y los mantiene dentro para lograr una temperatura media en el planeta. A ese fenómeno natural se le conoce como efecto invernadero. Pero cuando se emiten en exceso otros gases como el metano, la atmósfera retiene más calor del necesario, dando lugar al calentamiento global. El metano tiene 67 veces más poder que el CO2 para calentar el planeta en un periodo de 20 años. Sus emisiones son responsables de casi el 25% del calentamiento global. Debido a que permanece menos tiempo en la atmósfera, 12 años en promedio (el CO2 permanece siglos), es uno de los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC), que causan entre el 40 y 45% del calentamiento global y dañan la calidad del aire. 2. Proviene mayormente de fuentes humanas Cerca del 60 por ciento del metano en la atmósfera proviene de fuentes que la ciencia considera son causadas por actividades humanas, mientras que el restante 40 por ciento se origina en fuentes naturales. Entre las fuentes naturales están los humedales, las termitas, los volcanes y el permafrost. Las fuentes humanas incluyen la ganadería, los sitios de explotación de gas y petróleo, los arrozales, las minas (particularmente de carbón) y los vertederos. Cabe resaltar que, según evidencia científica, los embalses de las represas son también una fuente importante de metano. Generan 1.3 por ciento de los gases de efecto invernadero de toda la humanidad en un año (más que todas las emisiones contaminantes de Canadá) y el 80% de esa contaminación es metano. 3. Degrada la calidad del aire de manera directa e indirecta En la explotación, procesamiento y transporte de gas y petróleo se filtran o liberan intencionalmente grandes cantidades de metano. Únicamente en Estados Unidos, esas emisiones directas llegan a 13 millones de toneladas cada año. Y al ser liberado a la atmósfera, el metano es acompañado por otros contaminantes tóxicos (como benceno, formaldehído y etilbenceno). De otro lado, al interactuar con la radiación solar, el metano favorece la formación del ozono a nivel del suelo (O3), otro contaminante climático de vida corta (CCVC) y el principal componente de la niebla tóxica o esmog. Asimismo, la quema de gas metano produce carbono negro y compuestos orgánicos volátiles (COV), que también son CCVC. 4. Causa daños graves a la salud humana Como dijimos, las emisiones de metano favorecen la formación del ozono que se encuentra en las capas más bajas de la atmósfera, el cual tiene impactos serios en la salud de las personas: Irrita las vías respiratorias, genera sensación de ardor y falta de aire, complica cuadros de asma, causa disfunciones pulmonares e incluso muertes prematuras, y altera la respuesta del sistema inmunológico, mermando su capacidad para responder a enfermedades como la COVID-19, la cual afecta principalmente las vías respiratorias. Y dado que la quema de metano genera carbono negro, es relevante decir que el mismo es un componente clave del material particulado (PM 2.5), que son partículas contaminantes 35 veces más pequeñas que un grano de arena, por lo que no pueden ser filtradas o retenidas de forma natural en la nariz, pudiendo entrar incluso hasta los pulmones. El material particulado es el contaminante atmosférico más frecuentemente asociado con enfermedades cardiovasculares, respiratorias y pulmonares, incluyendo cáncer de pulmón. 5. Es urgente regular y frenar sus emisiones Dado que el metano, además de agravar la crisis climática, deteriora la calidad del aire y con ello la salud humana, es urgente actuar para frenar sus emisiones. Desde la sociedad civil organizada y también desde la ciudadanía, debemos exigir a los gobiernos normas que regulen de manera eficiente las emisiones de metano provenientes de la industria de los hidrocarburos y de otros sectores como la minería de carbón y la ganadería industrial. Además, debemos exigir el monitoreo de emisiones, así como la producción y difusión de información oportuna a la población sobre los daños del metano en la calidad del aire.  

Leer más

La ciencia como derecho humano y herramienta de justicia ambiental

Por María Fernanda Ordoñez y Andrés Ángel Según la Enciclopedia Británica, la ciencia es todo sistema de conocimientos que estudia el mundo físico y sus fenómenos, implicando observaciones imparciales y experimentación sistemática. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) define ciencia como la herramienta creada por el ser humano para comprender el mundo que le rodea, siendo el acceso a ella fundamental para la toma de decisiones personales, profesionales y políticas. Si es una herramienta tan importante, ¿por qué no está al alcance de todos y todas? Queda mucho camino por recorrer en el reconocimiento mundial del derecho humano a la ciencia. Además, los avances alcanzados al momento no son del todo conocidos. El denominado derecho a la ciencia tiene sus antecedentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuyo artículo 27 establece “toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. También está contemplado en la Carta de la OEA (artículo 38) y en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Además, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —que entró en vigor en 1976— reconoce en su artículo 15 el derecho de toda persona a “gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones”. Justamente para generar mayor conciencia en la opinión pública sobre el uso responsable de la ciencia para el beneficio de las sociedades es que cada 10 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Grandes brechas Si bien el derecho a la ciencia es promovido por diversas organizaciones científicas de talla mundial como la American Association for the Advancement of Science (AAAS), su aplicación aún es relativamente discreta. Esto puede deberse en parte al desconocimiento y a las dificultades económicas en algunos países. En América Latina y el Caribe, las brechas socioeconómicas, raciales y de género son los grandes obstáculos para la universalización del derecho a la ciencia, íntimamente ligado a otros derechos, como el derecho a la educación. Según el informe de seguimiento de la educación en el mundo 2017-2018 de la Unesco, el 52% y el 36% de niños, niñas y adolescentes en la región no alcanzan niveles mínimos de matemáticas y lectura, respectivamente. Además, la tasa de jóvenes fuera de la escuela en edad escolar de secundaria llegó a 15,3% en 2015. Un indicador más diciente es el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a educación pública, el cual se ubica en promedio en 5,0%. En cuanto al porcentaje del PIB destinado a investigación y desarrollo, datos del Banco Mundial dan cuenta que los países que destinaron más recursos a este propósito en 2017 fueron Brasil (1,26%) y Argentina (0,54%), seguidos por Cuba (0,43%) y Costa Rica (0,42%). Y las cifras más bajas se registraron en Guatemala (0,03%), Honduras (0,04%) y Perú (0,12%). Estas cifras demuestran que existen retos profundos que enfrentar para crear las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo del derecho a la ciencia. La ciencia al servicio de la justicia ambiental Los avances científicos permiten encontrar soluciones a los nuevos desafíos económicos, sociales y ambientales que enfrentamos en nuestro camino hacia un futuro más justo y sostenible. En temas ambientales, la mayoría de las comunidades de la región no tiene acceso a herramientas básicas ni cuentan con entrenamiento para desarrollar programas de monitoreo independiente de parámetros ambientales, como la calidad del aire o del agua. Así, ante propuestas de grandes proyectos mineros, petroleros, agroindustriales o de otro tipo, se produce una asimetría muy pronunciada que pone a las comunidades en grave desventaja en el contexto de los conflictos socioecológicos que se puedan generar. Sin embargo, es alentador saber de comunidades empoderadas que han decidido implementar programas de monitoreo comunitario de calidad de agua, iniciativas de epidemiología popular y muchas otras que vale la pena destacar y promocionar. Existe esperanza además porque los datos de la Unesco reflejan también un avance significativo de la tasa bruta de matriculación en la educación superior entre 2000 y 2015, que pasó de 22% a 46%. Asimismo, muchas organizaciones de la sociedad civil están apoyando el reconocimiento del derecho a la ciencia en la región. En AIDA, el conocimiento científico es empleado para fortalecer nuestras estrategias legales para proteger a las personas y entornos de la región. En octubre de 2019, participamos en la Conferencia sobre Ciencia, Tecnología y Derechos Humanos organizada por la AAAS. Allí explicamos el nexo entre ciencia y defensa de los derechos humanos y cómo lo aplicamos en nuestro trabajo. Dos meses antes, en agosto, la UNESCO organizó un taller en Argentina, el primero desarrollado por ese organismo en América Latina, para discutir el desarrollo e implicaciones del derecho a la ciencia, definiéndolo como uno de los ejes principales de su trabajo en la región. Aunque lentamente, estamos avanzando en el reconocimiento y promoción de tan importante derecho, lo que nos llena de esperanza. Evidentemente, queda mucho por hacer. Fortalecer el derecho a la ciencia en América Latina es vital para promover sociedades más justas y sostenibles, donde las brechas socioeconómicas, raciales y de género no sean impedimento para acceder a la información como bien común. Es indispensable involucrar a personas capacitadas y comprometidas con la investigación y con la sociedad en proyectos, organizaciones y entidades que promueven la justicia social y ambiental. Además, el apoyo de los y las profesionales científicos es fundamental en los procesos de transferencia de conocimiento entre países y regiones y es indispensable para la elaboración de políticas públicas efectivas y eficientes. Finalmente, cabe señalar que la ciencia no sólo debe contribuir a superar las asimetrías de información entre actores de la sociedad, sino que debe practicarse y desarrollarse en un marco de respeto a los derechos de la naturaleza y a los derechos humanos. Desde AIDA continuaremos promoviendo el derecho a la ciencia, construyendo capacidades nuevas y fortaleciendo las existentes, tanto de nuestros socios como de las comunidades que apoyamos.  

Leer más