Derechos Humanos

Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

El aumento del uso de combustibles fósiles en la generación eléctrica eleva el riesgo social, ambiental y en derechos humanos: ONG

El consumo de combustóleo y carbón daña la salud de la gente, agrava la pobreza energética y agrava significativamente la crisis climática. El calentamiento global incrementará fenómenos como la reciente y atípica tormenta de nieve en el sur de Estados Unidos y el norte de México, con severas consecuencias sociales e impactos en derechos humanos.   Los apagones ocurridos en días pasados en el país, causados por un frente frío atípico que congeló infraestructura de las plantas productoras de gas en Texas (desde donde se importa el gas a México), es un claro ejemplo de dos problemáticas que resultan muy graves en nuestro país. Por un lado, muestran la fragilidad del sistema eléctrico y la gravedad de depender de combustibles fósiles para satisfacer nuestra demanda eléctrica. Por el otro, evidencian nuevamente que el cambio climático es real, que nos afecta fuertemente y que amenaza una amplia gama de derechos, entre ellos el derecho a la vida, vivienda, salud y al ambiente sano, y que México es un país altamente vulnerable a sus efectos.   Estos dos problemas están conectados y resultan relevantes porque la quema de combustibles fósiles para uso energético (como el carbón, el combustible y el gas) son los principales responsables de las emisiones de gases efecto invernadero y de contaminantes climáticos de vida corta, causantes del cambio climático.    La respuesta que ha dado el gobierno federal no resuelve la necesidad de contar con un suministro confiable y sustentable de energía. La Comisión Federal de Electricidad (CFE), que paradójicamente anunció nuevas plantas de gas con ciclo combinado, busca suplir la falta de gas con el uso de carbón y combustóleo, fuentes fósiles que contribuyen al problema que ocasionó el congelamiento de la infraestructura en primer lugar. Con estas decisiones, alimenta el círculo vicioso que da origen al cambio climático y que dejó a millones de personas sin electricidad y a miles más expuestas a los contaminantes de las termoeléctricas, además de contribuir a las muy graves afectaciones que el calentamiento global implica en términos de salud, pérdidas y daños sociales y deterioro ambiental.   Nuestra propuesta como sociedad civil incluye la diversificación de la matriz energética, para incrementar la penetración de las energías renovables en distintas escalas, dándole prioridad a la generación distribuida, que ayuda a la democratización de la energía, al alivio de la pobreza energética, además de abonar a la seguridad en el abastecimiento de electricidad de la población de una manera respetuosa con los derechos de las comunidades. Ha quedado demostrado que las fuentes fósiles no garantizan el despacho de energía eléctrica ni la seguridad energética y que al ser importadas, como en el caso del gas, no contribuyen a fortalecer la soberanía energética que el gobierno busca, además de ser altamente contaminantes y muy costosas. Al contrario, está demostrado que la introducción de fuentes renovables en distintas escalas en la matriz energética y con procesos participativos y de inclusión social fortalece la seguridad energética porque no requiere de importación de combustibles y no compromete la salud de las personas y el ambiente, ayuda a enfrentar la crisis climática y puede ayudar a combatir la pobreza energética que aqueja a más del 43% de los hogares del país (1).   Asimismo, es indispensable el fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional para que sea resiliente ante los embates del cambio climático pues actualmente es sumamente frágil, como lo ha dejado ver el apagón. Basta recordar que la estrategia nacional de cambio climático 2013 indica que más del 40% de la infraestructura petrolera estratégica y alrededor de 30% de las redes de transmisión eléctricas del país son altamente vulnerables al cambio climático (2) así como a las fallas derivadas de la cadena de producción de electricidad. Esto requiere la diversificación de la matriz, la modernización de las redes e inversiones estratégicas.   Proponemos, por tanto, impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovable con respeto a los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, para reducir la importación de combustibles fósiles, mitigar las emisiones contaminantes del sector y como parte fundamental para una transición energética justa. Es conveniente mantener las medidas de ahorro energético y es apremiante detener cuanto antes el aumento de los combustibles fósiles que dañan la salud, el ambiente y que comprometen el bienestar social de México. (1) Beatriz Olivera Villa. (2020). El camino de México hacia la justicia energética. México: Greenpeace México. Disponible en: https://www.greenpeace.org/static/planet4-mexico-stateless/2021/02/d252044e-el-camino-de-mexico-hacia-la-justicia-energetica.pdf (2) Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. (2013). Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40. México: INECC. Disponible en: https://www.gob.mx/inecc/documentos/estrategia-nacional-de-cambio-climatico-vision-10-20-40 Integrantes del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Bicitekas, Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), El Poder del Consumidor A.C., FOTCA, Fundación Tláloc, Greenpeace México A.C., International Council on Clean Transportation (ICCT), Iniciativa Climática de México (ICM), Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP México), Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Redspira, Transita Seguro, Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA). CONTACTOS DE PRENSA Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107 Ricardo Ruiz Esparza Ortega, CEMDA, [email protected], 5559644162  

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Contaminación Tóxica, Derechos Humanos, Fortalecimiento de Capacidades

Ciencia ciudadana, derechos humanos y calidad del aire: Demandando justicia

En este seminario, el segundo de una serie de tres, se expusieron los retos que implica probar ante los tribunales la violación de derechos humanos a causa de la contaminación atmosférica.En ese sentido, expertos y expertas en el tema discutieron la relación entre datos de calidad del aire, pruebas judiciales y protección de los derechos humanos. Además, a partir de casos específicos que han llegado a demandas judiciales en países de América Latina, se habló de lecciones aprendidas en la búsqueda de justicia ambiental ante la contaminación del aire. PanelistasValeria Berros, Universidad Nacional del Litoral (Argentina).Mario Peña, Universidad de Costa Rica.Gisselle García, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).Laura Santacoloma, Dejusticia (Colombia).Moderó: Mauricio Madrigal, Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública (MASP), Universidad de los Andes (Colombia). Grabación 

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Arrecifes de coral, Cambio Climático, Derechos Humanos

Trascendental para defensa del ambiente que la Suprema Corte revise amparo contra ampliación del Puerto de Veracruz

El caso data de 2016, cuando se negó a habitantes de Veracruz el interés legítimo para demandar por violaciones a su derecho a un medio ambiente sano. Las obras de ampliación del Puerto de Veracruz destruirán de forma irreversible parte de los arrecifes que se encuentran en el Golfo de México.   El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Greenpeace México, A.C. y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) se congratulan por la decisión anunciada el pasado 4 de febrero, por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de aceptar la revisión de un amparo presentado en 2016 contra la Autorización de Impacto Ambiental otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para las obras de ampliación del Puerto de Veracruz.   La SCJN informó a través de un comunicado que el estudio de dicho amparo “permitirá fijar criterios para casos futuros en los que se examine el interés legítimo colectivo y el derecho humano de acceso a un medio ambiente sano, particularmente cuando se controvierten obras que, a primera vista, también pueden traer consigo beneficios para la sociedad o para la economía nacional, como el caso de la ampliación de un recinto portuario”.   Cabe recordar que el caso inició hace casi 5 años, cuando habitantes de Veracruz presentaron una demanda de amparo contra la autorización otorgada por la Semarnat a la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver) para llevar a cabo obras de ampliación del puerto. El argumento central de la demanda fue que, con ello, se violenta el derecho humano a un medio ambiente sano, entre otras cosas, debido a que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se presentó fragmentada en al menos 14 partes, evaluadas y autorizadas por la Semarnat sin considerar todos los impactos acumulativos. Adicionalmente, se omitió la existencia de un arrecife de coral no emergido muy grande e importante, localizado a 500 metros de distancia de la entrada del nuevo puerto. De igual forma, se alegó en su momento el incumplimiento de las autoridades en aplicar los principios de progresividad, prevención y precaución en materia ambiental.   La trascendencia del caso radica en su potencial para establecer un precedente fundamental respecto de que los proyectos de desarrollo deben ser evaluados de forma completa para analizar integralmente sus impactos sinérgicos y acumulativos, al tiempo de garantizar que las manifestaciones de impacto ambiental sean elaboradas con la mejor información científica disponible.   El 13 de noviembre de 2019, el Juzgado Quinto de Distrito en el Séptimo Circuito dictó sentencia, mediante la cual sobreseyó el juicio de amparo bajo el argumento de que no se acreditó la existencia del interés legítimo de las quejosas.   Frente a lo anterior, resulta fundamental que la autoridad judicial reconozca que cualquier persona, al considerar que una obra o megaproyecto pueda afectar los servicios ambientales [1] que le presta un ecosistema –en este caso el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV)–, tiene el interés legítimo de solicitar la protección de la justicia frente al desarrollo de dichos proyectos.   Ese interés legítimo trasciende al derecho internacional e interés público global debido a que México tiene obligaciones internacionales para proteger sus entornos naturales y a las personas que dependen de ellos. Entre ellas están las establecidas en tratados firmados por el Estado mexicano como la Convención de la Diversidad Biológica, la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional, la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros [2].   Con la decisión de conocer del caso, anunciada hace unos días por la Suprema Corte, el máximo tribunal considera que podría “continuar con la construcción de una línea jurisprudencial en torno a la figura del interés legítimo de personas físicas que acuden al juicio de amparo, alegando la vulneración del derecho humano a un medio ambiente sano”.   El SAV está ubicado frente a las costas de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado, en el estado de Veracruz. Es el sistema arrecifal de mayor tamaño de la región centro del Golfo de México, alberga la mayor biodiversidad de especies arrecifales del oeste del Golfo y es además hogar de varias especies protegidas, muchas de ellas únicas en el mundo. Está integrado por un conjunto de 28 formaciones arrecifales, cayos e islas.   Además de su altísimo valor ambiental, es la base ecológica en la que se cimientan las actividades pesqueras, de buceo deportivo y de turismo de playa a lo largo de la costa de Veracruz. Se estima que el valor económico de los servicios ambientales que presta el SAV asciende a los 290 mil 500 millones de dólares.[3]   Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 1992, el gobierno de México declaró al sitio Área Natural Protegida (ANP). En el 2000, fue recategorizado como Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) y en 2004, designado como “Humedal de Importancia Internacional” bajo la Convención Ramsar.   Desafortunadamente, en 2012, el PNSAV sufrió una modificación en su polígono, al incluirse dentro del ANP una porción del arrecife Punta Gorda, pero excluyendo el área que comprende la Bahía de Vergara. Cuando la Apiver planteó las obras de ampliación del puerto, optó por hacerlas justamente hacia la Bahía de Vergara, con el consecuente riesgo de destruir de forma irreversible parte de los arrecifes que se encuentran en el SAV y actuando de forma regresiva. La Suprema Corte de Justicia tiene la tarea de asegurar un mecanismo que garantice la protección y gobernanza del interés legítimo colectivo de sus nacionales y del interés público global.   [1] Algunos de los servicios ambientales que presentan los ecosistemas son la captación y filtración de agua, generación de oxígeno, mitigación de impactos por cambio climático, protección de biodiversidad, provisión de alimento y belleza escénica, entre otros. [2] El Amicus Curiae (Amigo de la Corte) presentado por AIDA en febrero de 2018 ante el Juzgado Quinto respaldó la demanda de amparo de pobladores de Veracruz con información detallada sobre los tratados y estándares internacionales en materia de ambiente y derechos humanos que el gobierno mexicano pasó por alto al autorizar el proyecto. [3] Los datos son estimados específicamente para la zona, para el año 2009 (Arceo et al., 2010) citados por la Opinión del 27 de septiembre de 2011 de académicos, presentada ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en relación con la modificación del Decreto de creación del PNSAV. Contactos de prensa: Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107 Ricardo Ruiz Esparza Ortega, CEMDA, [email protected], 5559644162  

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Cambio Climático, Derechos Humanos

México: Iniciativa del gobierno federal en materia de electricidad conlleva graves impactos a la salud y al ambiente

Fomenta un modelo basado en combustibles fósiles, los cuales generan emisiones que deterioran la calidad del aire y de vida de las personas. Las modificaciones propuestas obstaculizan poder alcanzar los objetivos climáticos establecidos en la Ley General de Cambio Climático y lo comprometido por México en la Contribución Nacionalmente Determinada para cumplir con el Acuerdo de París.   La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas Disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), presentada a la Cámara de Diputados por el titular del Poder Ejecutivo el pasado 29 de enero, atenta contra la calidad de vida de generaciones presentes y futuras al fomentar un modelo eléctrico cuya implementación favorece mayores emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), cuyos impactos en la salud y en el ambiente han sido científicamente comprobados. Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación al respecto y hacemos un llamado a las y los legisladores del Congreso de la Unión para que tomen en cuenta las siguientes consideraciones dentro de la discusión de esta Iniciativa: La Iniciativa pone en riesgo el cumplimiento de los derechos humanos a la salud y al ambiente sano, pues al relegar el despacho de energía de los proyectos de energías renovables y favorecer a las hidroeléctricas y a las centrales más contaminantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que generan energía a partir de carbón o combustóleo, se favorecen proyectos que generan emisiones de gases con comprobados efectos en a) la salud, tales como enfermedades y trastornos respiratorios por efecto del material particulado derivado de dichos proyectos y b) en el ambiente, pues los GEI son la principal causa del cambio climático y algunos de ellos contribuyen también a la contaminación atmosférica. La Iniciativa profundiza la pobreza energética, pues cabe recordar que las energías renovables, lejos de poner en riesgo el sistema eléctrico nacional, pueden construir un sistema más resiliente, justo y accesible (1). En un país en el que más del 30% de los hogares sufren algún tipo de pobreza energética (2), está claro que el sistema eléctrico basado en proyectos fósiles centralizados no ha sido efectivo en lograr que más personas puedan disponer de la energía a precios más accesibles. Las energías renovables, además de coadyuvar a que México alcance sus metas climáticas, combaten la pobreza energética, generan empleos y fomentan el ahorro y eficiencia en el consumo de energía (3). La Iniciativa del Ejecutivo federal aleja a México del cumplimiento de compromisos internacionales en materia de cambio climático ya que representa un obstáculo y una amenaza a la ya insuficiente política climática y a la consecución de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas que el Estado mexicano presentó en cumplimiento al Acuerdo de París y que están estipuladas en la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética. Esto debido a que: a) relega la operación de las plantas de generación renovable; b) modifica el mecanismo de los Certificados de Energía Limpia (CEL), dejando sin incentivos a la introducción de nuevos proyectos de energía renovable; y c) de acuerdo con su Plan de Negocios 2021-2025, la CFE estableció relegar la implementación de cualquier proyecto de renovables hasta 2027 (4). La Iniciativa ignora criterios constitucionales que debe seguir el Sistema Eléctrico Nacional toda vez que, por efecto de esta reforma, los proyectos de energías renovables son relegados al amparo del supuesto cumplimiento de un criterio de “confiabilidad”  y se hace caso omiso al criterio de “sustentabilidad”, como lo mandatan la Constitución Política y la propia LIE. A fin de cumplir a cabalidad con los preceptos constitucionales, se debe atender también la sustentabilidad del desarrollo. Lo anterior es sumamente grave y preocupante en el contexto actual pues, además de los retos en materia de salud que nos ha dejado ver la pandemia de la COVID-19, existe la necesidad de reconstruir las economías de los países a partir de medidas y políticas más sostenibles que fortalezcan la resiliencia de las poblaciones en el mediano y largo plazo. Sin embargo, la multicitada Iniciativa nos lleva en sentido opuesto a dicha reconstrucción. Es, precisamente, la generación de energía a partir de fuentes renovables y limpias, una solución clave para esta recuperación. Desde ya, los gobiernos deberían estar generando las condiciones y los incentivos apropiados para que suceda esta transición energética que debe ser justa y con enfoque de derechos humanos. Sin embargo, la multicitada Iniciativa nos lleva en sentido opuesto a dicha reconstrucción.   Firmas de organizaciones: Alianza Jaguar, A.C Alianza mexicana contra el fracking Cambio de Ruta A.C. CartoCrítica. Investigación, mapas y datos para la sociedad civil CEJA CERCA Colectivo Ecologista Jalisco, A.C. Energía, género y ambiente, A.C. (ENGENERA) Legado Sustentable, A. C. Mundo Sustentable A.C. Naturalia Prodefensa del Nazas AC (Durango) Proyecto sobre Organización, Desarrollo e Investigación (PODER) Red Mexicana de Carta de la Tierra Revive México AC Ruedas del Desierto AC (Durango y Coahuila) Sostenibilidad Global The Climate Reality Project   Integrantes del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Bicitekas, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, El Poder del Consumidor, FOTCA, Fundación Tláloc, Greenpeace México, ICCT, ICM, ITDP México, REDIM, Redspira, Transita Seguro, WWF.   Firma de personas físicas: Antonio Azuela de la Cueva Erik Eduardo Saracho Aguilar Francisco Valdés Perezgasga Germán González Dávila Gonzalo Chapela José Giberth García Campoy León Gutiérrez Ferretis Luis Fueyo Mac Donald María Elena Mesta Fernández Octavio Carvajal Trillo (1) Paredes, Juan Roberto y Ramírez C, John J., Energías renovables variables y su contribución a la seguridad energética: complementariedad en Colombia, Banco Interamericano de Desarrollo, 2017, p. 16, https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Energ%C3%ADas-renovables-variables-y-su-contribuci%C3%B3n-a-la-seguridad-energ%C3%A9tica-Complementariedad-en-Colombia.pdf (2) Villarreal J. Tornel C. La Transición Energética en México: retos y oportunidades para una política ambientalmente sustentable y socialmente justa, Friedrich Ebert Stiftung (FST), México, 2017. Disponible en: https://bit.ly/3dlV82d (3) International Energy Transition (IET), Making Societies More Resilient! The role of renewables in COVID-19 recovery packages, Hamburg, 2020. (4) Comisión Federal de Electricidad (CFE), Plan de Negocios 2021 -2025, México, 2021. Disponible en: https://www.cfe.mx/finanzas/Documents/Plan%20de%20Negocios%20CFE%202021.pdf CONTACTOS DE PRENSA: Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107 Ricardo Ruiz, CEMDA, [email protected], 5559644162  

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Contaminación Tóxica, Derechos Humanos, Fortalecimiento de Capacidades

Serie de seminarios web "Minería de oro en la cuenca andino-amazónica"

La minería de oro en la cuenca andino-amazónica es un problema complejo y en expansión. Aunque ha habido esfuerzos muy importantes para lidiar con ella, su gravedad hace que todavía quede espacio para una mayor articulación de esfuerzos.Se necesita más trabajo colectivo, traducido en acciones internacionales coordinadas entre Estados y organizaciones de la sociedad civil.Pese a que los desafíos de la minería en esta zona parecen abrumadores, existen medidas necesarias y posibles de implementar.Hay temas que inciden profundamente en la situación actual de la minería aurífera, que no se abordan de forma suficiente y coordinada. Para atender y resolver el problema, es importante profundizar en la identificación de tendencias, brechas regulatorias y de información, lecciones aprendidas, oportunidades de incidencia y opciones de articulación.Con el fin de aportar a las soluciones, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) organizó el “Seminario taller sobre minería de oro en la cuenca andino-amazónica”. Este encuentro tuve el objetivo de fomentar la colaboración y el intercambio de información entre organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales y nacionales e instituciones de investigación que trabajan en Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú y Brasil para prevenir, mitigar y/o remediar los impactos de la minería de oro en la cuenca andino-amazónica.AgendaMartes 26 de enero: Influencia de las infraestructuras en la expansión del extractivismo en el Amazonas. Mercedes Lu, Asesora Técnica Ambiental, ELAW- Environmental Law Alliance Worldwide (Alianza Mundial de Derecho Ambiental). Jueves 28 de enero: Impactos de la minería de oro en las comunidades indígenas del Amazonas.Gregorio Mirabal, Coordinador General, COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica).Lunes 1 de febrero: Comunicación estratégica y narrativas sobre la minería de oro en el Amazonas.Miriam Jemio, comunicadora; periodista ambiental y de investigación.Bram Ebus, periodista de investigación y criminólogo.Miércoles 3 de febrero: Estrategias de judicialización de la minería criminal de oro en el Amazonas.Carlos Guillermo Castro, profesor de derecho penal, Universidad del Rosario; exintegrante de la Comisión Asesora de Política Criminal en Colombia. Grabaciones1. Influencia de las infraestructuras en la expansión del extractivismo en el Amazonas: 2. Impactos de la minería de oro en las comunidades indígenas del Amazonas: 3. Comunicación estratégica y narrativas sobre la minería de oro en el Amazonas: 4. Estrategias de judicialización de la minería criminal de oro en el Amazonas: Más información Ver los seminarios introductoriosNuestra introducción al tema incluye trés charlas sobre: Aspectos generales, impactos y perspectiva de las comunidades;  La circulación del mercurio en el ambiente; y ¿A dónde va el oro? El flujo de oro en los mercados.​  ​Ver nuestros Recursos para el estudio del extractivismoA fin de ayudar a organizaciones e individuos a obtener información acerca de la minería, AIDA ha creado una página de fuentes de información sobre el tema. Para ello, hemos reunido y sintetizado una lista de referencias y recursos que pueden ser útiles para quienes busquen conocer más acerca de la industria minera y de sus impactos ambientales, económicos y sociales. 

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Cambio Climático, Derechos Humanos, Fortalecimiento de Capacidades

Estudios de impacto ambiental (EIA): Experiencias y retos en América Latina

En este seminario web, el primero de una serie de tres, se explicó en detalle qué son los estudios de impacto ambiental (EIA) y cuáles son sus principales retos en la práctica en América Latina.Expertos y expertas brindaron una visión teórica y práctica del tema en torno a experiencias específicas para reflexionar sobre la situación actual de los EIA en la región. El objetivo fue contribuir al fortalecimiento de las normas sociales y ambientales para evitar daños por la implementación de proyectos energéticos y de infraestructura. PanelistasMaría Bautista, Mujer Maya chuj y representante de la microreegión de Ixquisis, Guatemala, como defensora de los derechos humanos y el territorio.Fernando Martínez, PhD, docente e investigador, Facultad de Ciencias Humanas e Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), Universidad Nacional de Colombia.Gabriela Burdiles, Directora de Proyectos, ONG FIMA (Chile).Moderó: Andrés Ángel, Asesor Científico, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación Presentaciones1. Presentación introductoria: 2. Presentación de Fernando Martínez, PhD, docente e investigador: 3. Presentación de Gabriela Burdiles, Directora de Proyectos de la ONG FIMA: 

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Derechos Indígenas, Océanos, Minería

Siete avances de AIDA en 2020

Termina un año como ningún otro. Esta nueva realidad hace que cada victoria y logro diario, por pequeño que sea, tengan un sabor más reconfortante. Por eso, estamos orgullosos de decir que en 2020 hubo avances importantes en nuestro trabajo por un ambiente sano y justicia climática en América Latina. 1. Salvaguardando alta mar A nivel mundial, más del 99% de alta mar —aguas fuera de la jurisdicción nacional— está desprotegido. Para remediarlo, durante el último año, hemos liderado la representación de América Latina en la High Seas Alliance (Alianza de Alta Mar). Hemos colaborado con gobiernos para negociar un ambicioso tratado en el marco de Naciones Unidas para proteger estas aguas y a especies migratorias clave de tiburones, ballenas, tortugas y atunes. Alta mar es esencial para la salud del océano en el largo plazo y como sumidero de carbono que ayuda a mitigar la crisis climática. 2. Incidiendo para la desinversión en la Amazonía Por casi una década, hemos trabajado para detener la represa Belo Monte, que ha desplazado a miles de indígenas y acabado con cientos de especies únicas. Este año, nuestro testimonio contribuyó a que el Fondo Global de Pensiones de Noruega, el mayor fondo estatal del mundo, excluya de su cartera de inversiones a Eletrobras, uno de los principales financiadores de la represa, debido a las violaciones de derechos ambientales y daños ambientales causados por el proyecto. Es un paso importante en la búsqueda de justicia para las comunidades afectadas. 3. Defendiendo a los páramos de la minería Continuamos protegiendo de la minería a páramos en Colombia y Ecuador. Estos bosques y humedales biodiversos, situados a gran altitud, son sumideros de carbono clave que además abastecen de agua fresca a millones de personas y son hábitat de especies amenazadas. Nuestro equipo aportó conocimientos legales y técnicos. En el caso de Santurbán, en Colombia, ayudamos a construir capacidades entre los abogados locales que ahora lideran la demanda judicial para proteger este páramo. 4. Protegiendo a personas defensoras del ambiente América Latina es la región más peligrosa del mundo para las personas que defienden el ambiente. Este año, AIDA reunió a más de 70 prominentes defensores y defensoras ambientales de 14 países del continente para compartir información actualizada sobre riesgos y estrategias efectivas de defensa. Los y las participantes discutieron en torno a sus retos, identificaron vacíos de conocimiento y desarrollaron nuevos enfoques para protegerse y proteger sus territorios. 5. Frenando el desarrollo energético extractivo Nuestra pericia legal y técnica ha sido fundamental para detener la expansión de los combustibles fósiles. En Colombia, continuamos con el litigio para mantener la moratoria judicial al fracking y ayudamos a impedir una mayor expansión de la minería de carbón. Apoyamos a comunidades afectadas por plantas eléctricas a carbón en Chile y lideramos los esfuerzos para que instituciones financieras internacionales rindan cuentas por financiar proyectos hidroeléctricos dañinos en Colombia y Guatemala. Este trabajo es esencial para promover una transición justa hacia una energía realmente limpia. 6. Preservando la biodiversidad marina en la Patagonia La región de Magallanes, en Chile, es hogar de algunas de las ballenas y delfines más grandes, así como una de las zonas más prístinas de nuestro planeta. La mayor amenaza ambiental para esta región es la producción industrial de salmón. Con base en nuestro trabajo previo, usamos la ley para detener el cultivo de salmón y evidenciar los daños que esa industria causa. Nuestro trabajo logró cerrar una granja de salmón y sentó un precedente para el cierre de otras siete, las cuales están bajo revisión en tribunales chilenos. 7. Fortaleciendo la gestión de tierras indígenas en Colombia En coalición con cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, continuamos protegiendo sus tierras de la minería ilegal. Frente a cientos de proyectos propuestos, ayudamos a implementar estrategias legales para demandar un nuevo plan de manejo territorial que reconozca la autoridad tradicional de los indígenas. También ayudamos a fortalecer las capacidades de las comunidades mediante talleres sobre protección ambiental.  

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Cambio Climático, Derechos Humanos

A cinco años del Acuerdo de París, la justicia climática es más urgente que nunca

Columna publicada originalmente en Animal Político   El 12 de diciembre de 2015 se concertó el Acuerdo de París. A cinco años, su importancia y en especial su cumplimiento efectivo son más evidentes que nunca. Uno de los avances más importantes del acuerdo fue reiterar que los Estados deben «respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y rurales, los migrantes, los niños y las niñas, las personas en condición de discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la equidad intergeneracional». Ese aspecto es uno de los grandes pendientes, y también de las grandes oportunidades, del Acuerdo de París. En 2015, tuve el privilegio de participar en la vigésimo primera Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la cual se aprobó el acuerdo. Gracias a la transmisión en vivo, vi el último martillazo de esta histórica cumbre en mi teléfono mientras iba en tren al aeropuerto. Cambié los abrazos de celebración con docenas de colegas por llegar un día antes a celebrar con mi familia. Valió la pena. Al fin de cuentas, mi contribución había terminado unas horas antes. En los cinco años anteriores y con total intensidad durante la Cumbre, revisé borradores, hablé con misiones y colegas sobre lo esencial de incluir los derechos humanos en el acuerdo climático. Mi prioridad —compartida por colegas de organizaciones, representantes de algunos gobiernos y entidades internacionales— era asegurar un acuerdo sólido, incluyendo la obligación de considerar y respetar derechos humanos. Para algunas personas, esto era inoficioso e incluso inadecuado pues veían la crisis climática como un asunto meramente técnico. Los asuntos de derechos humanos son de otro ámbito, me dijeron algunas delegaciones.  Insistimos en el punto hasta que lo logramos, no por terquedad (aunque quizás hubo algo de eso), sino porque en esencia la crisis climática nos afecta a todos y todas, a nuestros derechos. Por ello es vital incluir la cara humana, que los derechos humanos estén en el centro de las acciones por el clima. De lo contrario, estarán incompletas. Así lo evidencia la realidad de la crisis climática, traducida por ejemplo en los daños a millones de personas y comunidades por los huracanes y tormentas que en los últimos meses arrasaron áreas costeras en Nicaragua, Guatemala, México y a lo largo del Caribe; las inundaciones en el Sur de Asia; las sequías en el norte de México; y los incendios devastadores en la Amazonía, California y Australia. Las personas y comunidades en mayor situación de vulnerabilidad y quienes menos han contribuido a la crisis, sufren desproporcionadamente los daños. Por ello es posible—y necesario— encontrar un balance a esta desproporción mediante un abordaje de derechos humanos. Es necesario de lograr que Estados, empresas e incluso algunos sectores de la población, se hagan responsables. Responsabilidad con sentido de equidad, que es uno de los principios fundamentales de los derechos humanos. De hecho, el informe de Naciones Unidas sobre la brecha en las emisiones de 2020 concluye que «la equidad es un pilar fundamental para abordar los modos de vida (pues) las emisiones del 1% más rico de la población mundial equivalen a más del doble de la suma de las emisiones del 50% más pobre». Comunidades, movimientos y pueblos alrededor del mundo han demandado —incluso judicialmente — una acción climática efectiva que respete sus derechos. Ello ha sido reiterado por Naciones Unidas. Pero la acción climática aún es considerada mayormente una cuestión de cifras, toneladas de emisiones a reducir y hectáreas a conservar. Las personas y comunidades, pese a ser quienes viven las consecuencias, permanecen en la periferia de esta acción. Asegurar una verdadera perspectiva de derechos humanos ayudaría a elevar la ambición y el nivel de obligaciones y resultados. También permitiría considerar los impactos de forma integral y, como concluyó el IPCC, tener en cuenta el conocimiento ancestral y la justicia social, elementos centrales para dar con soluciones afectivas. Allí recae la oportunidad que se está perdiendo.   La comunidad científica confirma hoy la ampliación de la brecha entre la situación actual y dónde deberíamos estar en la reducción de emisiones. Según el reciente informe sobre la brecha global de emisiones, estas se redujeron en el último año debido a la suspensión de actividades por la pandemia, mientras que en el año anterior continuaron aumentando. De hecho y pese a la pandemia, vinculada también con degradación ambiental, países de América Latina y el Caribe, como en otras regiones, continúan apostando en su mayoría a los combustibles fósiles, incluso para la recuperación económica tras la crisis sanitaria. Esa tendencia ignora lo dispuesto en el Acuerdo de París sobre la obligación de los Estados de respetar los derechos humanos, un elemento incluido allí para cumplirse; y una herramienta fundamental para que los Estados aumenten su ambición y avancen hacia las soluciones hasta hoy esquivas. El quinquenio de este acuerdo es un buen momento para recordarlo y exigir que se cumpla. De no hacerlo, las comunidades y personas en mayor situación de vulnerabilidad continuarán sufriendo aún más las consecuencias, y las desigualdades globales seguirán profundizándose. Pero también aumentarán las acciones judiciales y reclamos para alcanzar una solución que el propio acuerdo incorporó. Un elemento de liderazgo sería poner a las personas y comunidades al centro de la acción climática. A ello me refiero cuando hablo de justicia climática, una gran oportunidad que muchas personas continuaremos promoviendo.  

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Montaña nevada
Cambio Climático, Derechos Humanos

Resumen de la 27a Reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima

Noviembre de 2020Del 9 al 13 de noviembre de 2020, la Junta del Fondo Verde del Clima (FVC) tuvo su 27a reunión, realizada de manera virtual por segunda vez.Aprobó 16 propuestas de financiamiento por un total de 1.011,7 millones dólares, siete de las cuales se implementarán en Latinoamérica. Además, se acreditó a cuatro nuevas entidades, ninguna para la región, y se aprobó el plan estratégico actualizado del FVC para el periodo 2020-2023. Finalmente, se tomó una decisión sobre la Copresidencia para 2021, que recayó en México en el caso de los países en desarrollo.Consulta y descarga el resumen 

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Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Ciencia ciudadana, derechos humanos y calidad del aire: La importancia de los datos

Este seminario web, el primero de una serie de tres, buscó promover una discusión sobre los datos de calidad del aire con los que cuentan la ciudadanía, las autoridades y la comunidad científica.Desde las perspectivas ciudadana, académica e institucional, las y los panelistas abordaron la importancia de los datos en la toma de decisiones (en momentos de emergencia ambiental y en el día a día) y reflexionaron sobre qué datos cuentan en qué momentos, por qué y qué implica eso para la ciudadanía interesada en promover acciones para una mejor calidad del aire. PanelistasLuis Álvaro Hernández, Red Distrital de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB).Daniel Bernal, activista ambiental.Jenny Rocío Ríos Martínez, Universidad Nacional de Colombia.Miryam Gómez, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.Moderó: Pilar Saenz, Fundación Karisma. Grabación Presentaciones1. Luis Álvaro Hernández, Red Distrital de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá: 2. Daniel Bernal, activista ambiental: 3. Miryam Gómez, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid: 

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