Si buscas reducir los niveles de polución del aire en tu ciudad o tratas de impedir el avance de un proyecto que implica riesgos para el ambiente y para las personas de tu comunidad, eres un defensor o una defensora ambiental, aunque probablemente no lo hayas visto de esa manera.

Las personas defensoras están en la primera línea de batalla en la protección del ambiente y los derechos humanos, desafiando intereses públicos y privados. Sin embargo, muchas de ellas enfrentan grandes dificultades para hacerlo, sufriendo violaciones graves a sus derechos, como persecuciones, amenazas, uso de la fuerza pública, sanciones legales e incluso asesinatos.

Según el informe más reciente de la organización Global Witness, en el año 2019 se registraron 212 asesinatos de personas defensoras del ambiente y el territorio. La región más afectada fue América Latina, siendo Colombia el país que lidera la lista con 64 asesinatos.

Pese a que los Estados tienen la obligación de proteger, respetar y garantizar los derechos de quienes defienden el ambiente, la violencia en su contra se agudiza.

El pasado 22 de abril —en el Día de la Tierra— entró en vigor el Acuerdo de Escazú: el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que pone en valor el trabajo de las personas defensoras del ambiente y obliga a los Estados a protegerlas y a castigar las acciones que vulneren sus derechos.

En una entrevista con Marcella Ribeiro, abogada brasileña del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA, hablamos sobre la realidad que viven quienes defienden el ambiente en América Latina y el rol preponderante que los Estados deben tener para su protección.

¿Cuál es la situación actual de las personas defensoras ambientales a nivel mundial y particularmente en América Latina?

Estamos pasando por un momento de vulnerabilidad extra. Al iniciar la pandemia —y principalmente en los países que albergan a la Amazonía— los medios de comunicación se enfocaron solo en cubrir noticias relacionadas a la COVID-19. En ese contexto, las personas defensoras fueron cada vez más amenazadas y algunas incluso asesinadas sin que hubiera repercusión pública.

¿En qué sentido exacerbó la pandemia su vulnerabilidad?

Voy a hablar desde la perspectiva de Brasil, donde estoy. Las y los defensores de derechos humanos ambientales —con quienes trabajamos en AIDA— tienen que defenderse tanto del Estado como de las empresas, que buscan entrar a sus territorios e implementar una visión de desarrollo que no está en consonancia con la de las comunidades.

¿Por qué es importante proteger a las personas que defienden el ambiente?

Porque son la primera fuerza que hay para la defensa del territorio, de la naturaleza y de los derechos humanos, no desde una perspectiva individual, sino colectiva. Lo que hacen es protegernos a todos y a todas, nuestros derechos, nuestro aire y nuestra agua, incluso nuestra seguridad alimentaria. Las personas defensoras evitan que entremos en situaciones de no retorno: una vez que la selva esté demasiado deforestada o una vez que el río esté contaminado, no habrá forma de recuperar esos ecosistemas.

Con la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, ¿cómo cambia la situación de estas personas y cómo pueden tener garantizado el acceso a la justicia?  

El Acuerdo de Escazú es el primer marco jurídico internacional centrado completamente en las personas defensoras y busca que la justicia garantice sus derechos, pero no todos los países de América Latina lo han ratificado. Este acuerdo complementa y apoya, pero para que sea efectivo necesitamos que los países integren realmente esas responsabilidades dentro de sus sistemas internos para que las y los defensores puedan usarlo a su favor.

La voluntad política es vital para proteger a quienes defienden el ambiente, ¿cómo evalúas los avances en ese sentido?

Es cada vez más evidente que las personas defensoras de América Latina son las que han sido más amenazadas, incluso asesinadas. Los informes sobre este tema han ganado visibilidad y creo que ahí vemos un cambio y una preocupación de los Estados, aunque no sea totalmente genuina. Es difícil creer en la voluntad política, autónoma y altruista de los países latinoamericanos, pero creo que la visibilidad que han logrado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Naciones Unidas y las ONG que trabajan en documentar y vincular las lógicas específicas detrás de estos asesinatos, nos da cada vez más fuerza.

Los megaproyectos deben ser pensados bajo un enfoque de desarrollo basado en los derechos humanos, pero ¿qué ocurre cuando un Estado se opone a la voluntad de rechazo de personas o comunidades?

Desafortunadamente, en América Latina los Estados llegan con la decisión de que un proyecto va a ser implementado sin importar la resistencia ni los riesgos en relación al ambiente. Y eso no está conectado con el desarrollo, sino con la corrupción. Insistir con proyectos que sabes que van a poner en riesgo miles de vidas tiene una conexión directa con acuerdos de corrupción. Necesitamos que quienes trabajan con personas defensoras y en temas de derechos humanos y ambiente estén muy conectados con quienes investigan la corrupción para intentar quebrar esas lógicas antes de que sean implementadas.

Teniendo en cuenta que su labor es fundamental para el cuidado del bien común de toda la humanidad y la violencia creciente que enfrentan, en AIDA elaboramos una guía que recopila y explica las obligaciones de los Estados relativas a la protección de las personas defensoras del ambiente.

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