Derechos Humanos

tortuga marina flotando sobre arrecifes de coral
Arrecifes de coral, Océanos, Cambio Climático

Tres grandes oportunidades para salvar el océano y el clima

La pandemia por el nuevo coronavirus ha traído un cambio de perspectiva sobre la importancia de muchos temas, entre ellos el acceso a la salud y a la tecnología, así como la desigualdad presente en muchos aspectos de nuestras vidas. Pero también ha renovado la discusión acerca de la necesidad de actuar frente a la mayor amenaza que la humanidad enfrenta: la crisis climática. Mi intención no es causar alarma o pánico, sino enfatizar que aún hay mucho por hacer. La vida en el planeta surgió en el océano y tras millones de años se adaptó para ser posible en tierra, dando paso a la existencia humana. Aunque no vivamos en el océano, este ecosistema es clave para sostener la vida. Es el principal regulador climático del planeta. Las corrientes marinas marcan la pauta respecto a las estaciones y es la interacción entre corrientes de aire y corrientes marinas el origen de las tormentas tropicales, huracanes y tifones. De otro lado, los manglares —que sirven de unión entre el océano y la tierra— y los arrecifes de coral son barreras naturales contra tormentas tropicales. Por tanto, un océano saludable significa un clima saludable y debemos procurar su conservación lo antes posible. Lamentablemente, la evidencia científica da cuenta que el océano sufre de sobrecalentamiento, acidificación y de pérdida de oxígeno. Ante esa dura realidad, existen tres grandes oportunidades para la adopción de medidas de protección del océano con un enfoque climático. Pese a que fueron postergados debido a la pandemia, existen tres procesos de negociación a nivel internacional que aún representan importantes ventanas de oportunidad para salvar el océano y, al mismo tiempo, el clima y nuestro futuro. 1. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático El primer escenario es el de las negociaciones climáticas, en las cuales los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se reúnen para revisar sus compromisos, los avances en el cumplimiento de estos y los desafíos pendientes en la lucha global contra la emergencia climática. Durante la 25ª Conferencia de las partes (COP25), realizada en 2019, se abrió la posibilidad de iniciar un diálogo sobre la importancia del océano en la acción climática. Se les solicitó a los países parte, organizaciones observadoras y otras instituciones enviar sus aportes sobre el tema para ser analizadas durante la próxima reunión del Órgano Asesor Técnico Científico. La idea es integrar de forma más activa los ecosistemas marinos en los planes de adaptación y mitigación al cambio climático, así como destacar su rol en la creación de resiliencia climática planetaria.   No hay una fecha definida para la próxima reunión del Órgano Científico y deberemos esperar a noviembre de 2021 para la siguiente cumbre climática de la ONU. 2. Tratado de Alta Mar Otro aspecto clave en la protección del océano y sus beneficios es la conservación y manejo sostenible de los recursos marinos. A ello apunta justamente la negociación de un Tratado de Alta Mar en el marco de Naciones Unidas. Las áreas marinas fuera de la jurisdicción nacional o alta mar, que representan aproximadamente la mitad de la superficie del planeta, están bajo poca o ninguna regulación. Lo que se busca con el tratado es crear un marco jurídico integrado que regule las actividades productivas en alta mar mediante evaluaciones de impacto ambiental, herramientas de manejo espacial que incluyen áreas marinas protegidas, gestión de recursos genéticos marinos, la creación de capacidades tecnológicas, así como la transferencia de tecnología. Los ecosistemas en alta mar son altamente productivos y capaces de capturar carbono y regular el clima. Son además esenciales para la seguridad alimentaria presente y futura. La última Conferencia Intergubernamental para la negociación del Tratado de Alta Mar estaba programada para marzo del 2020, pero fue pospuesta para marzo dl próximo año. 3. Convenio de Diversidad Biológica Finalmente, tenemos la negociación de las metas de gestión de la biodiversidad para la próxima década bajo el Convenio de Diversidad Biológica. Estas metas son amplias y abarcan a diversos ecosistemas. En cuanto al océano, lo que se impulsa es la protección del 30% del océano para 2030. Esta meta requiere crear áreas marinas protegidas biológicamente significativas, basadas en la ciencia y gestionadas adecuadamente. Sin el Tratado de Alta Mar, esta meta es imposible de lograr. Las negociaciones del Convenio estaban planificadas para noviembre del 2020, pero fueron postergadas para el segundo trimestre de 2021. La relación entre estas tres negociaciones es innegable y necesaria. Sin áreas marinas protegidas creadas bajo un enfoque científico y sin un océano cuyos recursos sean gestionados de manera sostenible, no tendremos una acción climática efectiva. Esta pausa en las negociaciones nos da tiempo para informarnos y aprender más de la importancia del océano. Es un momento para reflexionar sobre por qué es necesario proteger al menos el 30% del océano, incluyendo alta mar. En juego están la resiliencia climática, la seguridad alimentaria y nuestro futuro. Es el tiempo perfecto de pensar en las sabias palabras de Sylvia Earle: “Sin océano, no hay vida, no hay verde sin azul”.  

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Cambio Climático, Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Impactos del metano en el aire, el clima y la salud: Regulación y retrocesos en México

El objetivo de este seminario web fue abordar los impactos de las emisiones de metano en el clima, en la calidad del aire y en la salud de las personas, así como evidenciar que los cambios regresivos en la regulación de esas emisiones en México, justificadas por la emergencia sanitaria, agravarán esos daños.El evento forma parte de la serie de seminarios virtuales sobre calidad del aire en el contexto de la COVID-19, convocada desde el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA). PanelistasGraciela B. Raga, Centro de Ciencias de la Atmósfera, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): Impactos del metano en el aire y en el clima.Horacio Riojas Rodríguez, Instituto Nacional de Salud Pública (INSP): Impactos del metano en la salud de las personas y su vinculación con la pandemia.Gisselle García Maning, Experta Senior del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA): Cambios regresivos en la regulación de las emisiones de metano en México:Jacob Kopas, abogado del Programa Internacional de Earthjustice: La experiencia de EE. UU., Earthjustice vs. los retrocesos en la regulación sobre metano.Moderó: Verónica Méndez Villa, Abogada Becaria, Programa de Cambio Climático, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación Presentaciones1. Presentación introductoria: 2. Graciela B. Raga, Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM: 3. Horacio Riojas Rodríguez, Instituto Nacional de Salud Pública: 4. Gisselle Maning, CEMDA: 5. Jacob Kopas, Earthjustice: Infografías¿Qué es el metano y cómo contamina nuestro aire?¿Cómo afecta el metano nuestra salud? 

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Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Defender el ambiente es defender nuestro futuro de la crisis climática

Se estima que, desde diciembre de 2015, cuando fue adoptado el Acuerdo de París —que busca fortalecer la respuesta mundial ante la crisis climática— hasta diciembre de 2019, en promedio, cuatro personas defensoras del ambiente han sido asesinadas cada semana. A ello se suman innumerables ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte y acciones legales a manos de agentes estatales y privados. Ese es uno de los hallazgos del informe más reciente de Global Witness, Defender el Mañana: La crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del ambiente, presentado en julio. El documento evidencia el vínculo innegable entre la atención de la crisis climática y la labor de los y las defensoras. La ONG internacional contribuye a poner fin a los abusos contra los derechos humanos y ambientales impulsados por la gestión y uso de los recursos naturales, así como por la corrupción. Cada año publica un informe en el que presenta sus conclusiones sobre los conflictos socioambientales y la situación de las personas defensoras a nivel mundial. En este informe, llama la atención sobre una grave contradicción ante un problema crítico: las personas defensoras juegan un rol crucial en la lucha contra la emergencia climática, pero demasiados gobiernos, empresas e instituciones financieras han fallado en su tarea de salvaguardar su vida y su trabajo. Incumpliendo la tarea de proteger a quienes nos cuidan La crisis climática es una amenaza real y tangible a la vida misma. Podemos asegurar que es la mayor de todas y por ello requiere soluciones drásticas. La comunidad científica internacional ha alertado de las graves consecuencias de no poner un límite a las actividades humanas que aceleran el calentamiento del planeta. Necesitamos políticas públicas de adaptación y mitigación, poner un alto al uso de combustibles fósiles, proteger la naturaleza y no criminalizar su defensa. Sin embargo, los mecanismos estatales, con pocos avances en lo que importa, han sido más efectivos en promover industrias extractivas. El informe de Global Witness da cuenta que la agricultura a gran escala, la extracción de hidrocarburos y sobre todo la minería son las principales industrias impulsoras de los conflictos y de la violencia contra las personas defensoras. Y, al mismo tiempo, lideran las actividades que agravan la emergencia climática con la tala de bosques y la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Haciendo eco de investigaciones recientes, el informe señala que las comunidades indígenas y locales de todo el mundo cuidan bosques que absorben el equivalente a 33 veces nuestras actuales emisiones anuales de carbono. Es decir, su rol en la mitigación de la crisis climática es vital. Se ha demostrado también que las tierras gestionadas por indígenas tienen tasas de deforestación más bajas y mejores resultados de conservación que las zonas de protección que excluyen a esos pueblos. Pese a ello, los y las defensoras indígenas sufren un número desproporcionado de ataques. Entre 2015 y 2019, más de un tercio de los ataques fueron en su contra, pese a que solo representan el 5% de la población mundial, menciona el informe. Y tan solo el año pasado, el 40% de los y las defensoras asesinadas pertenecían a comunidades indígenas. Así, la crisis climática y las violencias ejercidas contra las personas defensoras tienen impactos diferenciados. En ambos casos, los pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades campesinas y las mujeres están en situación de riesgo desproporcionado. Las mujeres defensoras no solo enfrentan las violencias contextuales como el resto de la comunidad, sino que muchas veces también son estigmatizadas doblemente por su papel como mujeres y como defensoras. A su vez, son víctimas de violencia sexual, práctica usada históricamente para mostrar poder sobre los cuerpos y territorios. Violencia creciente Según Global Witness, el 2019 fue el año más letal del que se tiene registro para las personas defensoras con 212 asesinatos. Más de dos tercios de los crímenes se registraron en América Latina, que se ha ubicado sistemáticamente como la región más afectada desde que la organización comenzó a publicar estos datos en 2012. Solo en la Amazonía, hubo 33 muertes (el 90% de los asesinatos en Brasil ocurrieron allí). En Colombia, hubo 64 asesinatos, un incremento de 150% respecto de 2018 y la cifra más alta que Global Witness ha registrado en el país. Y Honduras, con 14 muertes, se convirtió en el país más peligroso en 2019 según el número de asesinatos por millón de habitantes. Por otro lado, Filipinas y Colombia fueron los países con más de la mitad de todos los asesinatos registrados el año pasado. El informe es muy claro al mencionar que la intimidación, el acoso y la violencia hacia las personas defensoras tienen sus causas estructurales en la vinculación entre gobiernos, empresas y gremios. Las acciones y omisiones de los Estados han resultado en estigmatización, criminalización y asesinatos. El documento incluye un mapa global con casos concretos de violencias y de acciones realizadas por las personas defensoras y por la sociedad civil. Uno de ellos es el de las mujeres de la microrregión de Ixquisis, Guatemala, que defienden su territorio de dos proyectos hidroeléctricos. Con su lucha, lograron que su queja sea abordada por el mecanismo de rendición de cuentas del Banco Interamericano de Desarrollo, uno de los financiadores de las represas. AIDA apoya esos esfuerzos. Poner primero a las personas defensoras Cada vez es más evidente que las personas defensoras del ambiente están en riesgo por oponerse a proyectos que agravan la crisis climática. Por ello urge priorizar dentro de la acción climática su protección y la erradicación de toda violencia en su contra. La situación presentada es grave y requiere soluciones comprometidas con el planeta y con las personas. Es necesario respetar y garantizar los derechos a la participación, a la asociación, al acceso a información y justicia de las personas defensoras. Los Estados deben poner fin a la violencia en el marco de sus obligaciones internacionales; otorgar protección inmediata a las personas defensoras; e implementar medidas transformadoras mediante acciones jurídicas, políticas y administrativas, conforme a estándares internacionales en materia de derechos humanos. Dichas acciones incluyen la ratificación del Acuerdo de Escazú y la adecuación normativa necesaria para garantizar los derechos fundamentales a la vida, la integridad, al ambiente sano y a defender los derechos humanos. Además, deben promover transiciones que superen la larga cadena de impactos en los derechos humanos y el ambiente de la extracción de combustibles fósiles. Ante ello y en el marco de la obligación de debida diligencia, la responsabilidad empresarial es clave para detener, prevenir e investigar los posibles conflictos o las violencias ejercidas contra las personas defensoras. Finalmente, es necesaria una transición social, política y energéticamente ecológica que respete plenamente los derechos ambientales y humanos. La transición debe garantizar que no se ampliarán las brechas de desigualdad, atender las causas estructurales de los conflictos para lograr un planeta libre de violencia, mitigar los daños ambientales y climáticos, y asegurar justicia para todas y todos.  

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Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

México: El OCCA exige no retrasar la implementación de la norma ambiental que controla las emisiones de vehículos pesados

La NOM-044 es el instrumento normativo más importante para controlar las emisiones del transporte en México. El gobierno y la industria de vehículos pesados en México han retrasado el calendario de la NOM-044, lo que impide beneficios ambientales, avanzar en la mitigación de la crisis climática y evitar riesgos graves para la salud, así como muertes prematuras asociadas a las emisiones de los vehículos pesados en los años por venir. La indebida postergación de la NOM-044 por Comarnat va en contra de la evidencia reconocida de protección a la salud pública: un incremento de 1 μg/m3 de PM2.5 se asocia con un 8% de incremento en la tasa de mortalidad por COVID-19. Las organizaciones que conforman el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA)[1] consideran injustificable no reducir las emisiones contaminantes de los vehículos pesados a diésel. Consideran que ello impide mejorar la calidad del aire, reducir los riesgos a la salud, disminuir los impactos de la crisis climática y evitar las muertes prematuras asociadas a la contaminación del transporte. Es inexcusable porque el carbón negro que compone el material particulado fino (PM2.5), proveniente de la combustión incompleta del diésel, tiene graves impactos en la salud y contribuye al calentamiento global. Asimismo, las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) generadas por estos motores contribuyen a la formación del ozono asociado con la mala calidad del aire, la crisis climática y las contingencias ambientales que aquejan a varias ciudades en México. Es inaceptable porque existen las condiciones necesarias para que el calendario original de la norma se cumpla y para que, a partir de 2021, todos los vehículos nuevos integren las tecnologías que cumplen con los estándares ambientales más estrictos. Sin embargo, el gobierno y la industria de vehículos pesados en México han postergado el calendario de la NOM-044, retrasando la entrada de los vehículos certificados bajo estándares EPA 2010 / EURO VI, estándares que eliminan hasta el 99% de las partículas PM2.5 y reducen más del 90% de los óxidos de nitrógeno (NOx) de los vehículos a diésel, en comparación con los EPA 2007 / EURO V, tecnologías que la industria dejaría de comercializar a partir del 31 de diciembre 2020 de no haberse postergado indebidamente la NOM-044. El 17 de septiembre de 2020, en sesión del Comité de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales (COMARNAT), el gobierno federal y el sector privado votaron a favor de retrasar la aplicación de la norma. El argumento utilizado fue que la emergencia sanitaria por la COVID-19 afectó la fabricación e importación de los vehículos pesados y que ante esta coyuntura los fabricantes requieren un periodo para ajustarse. Este argumento no tiene sustento por diversas razones. Desde hace una década, los vehículos fabricados por la industria mexicana cumplen con los estándares EPA 2010 / EURO VI. Sin embargo, ocho de cada diez vehículos pesados producidos en México son para exportación, siendo su principal mercado los Estados Unidos, con una participación del 94%, que desde 2010 adoptó los estándares EPA 2010. Por lo tanto, el argumento de que la industria necesita más tiempo para dar cumplimiento a la Norma carece de fundamento técnico. Además, la NOM-044-SEMARNAT-2017 fue publicada en febrero de 2018, por lo que la industria contó con tres años para planear y realizar las acciones necesarias para estar listos al 1 de enero de 2021. Sin embargo, sus esfuerzos se enfocaron en argumentar y presionar desde antes de la emergencia sanitaria para no cumplir el calendario establecido. Las tecnologías EPA 2010 / EURO VI requieren necesariamente del diésel de ultra bajo azufre (DUBA), con contenido menor a 15 partes por millón (ppm) de azufre, para su correcto funcionamiento y durabilidad. La industria ha presentado este argumento en repetidas ocasiones para condicionar la implementación de una norma para vehículos nuevos a la distribución del 100% de DUBA en México. Lo anterior carece de fundamento, ya que desde 2018 más del 80 % del diésel comercializado en México es DUBA, cantidad más que suficiente para asegurar una distribución estratégica con plena cobertura para los vehículos nuevos que se vendan a partir de 2021 y que representan en promedio un 4% del total de la flota. En suma, los esfuerzos del gobierno y la industria deben enfocarse, no en postergar una norma ambiental, sino en trabajar de manera coordinada junto con la sociedad civil y academia para implementar un sistema de distribución, etiquetado e identificación adecuado del combustible, así como de los correspondientes programas de vigilancia y cumplimiento. El desarrollo e implementación de los mejores estándares de emisiones y calidad de combustibles para el sector del transporte en México ha implicado más de 15 años de negociaciones, por lo que sus constantes retrasos violan el derecho humano a un ambiente sano y otros derechos conexos como la salud, la vida y la integridad personal. Seguir permitiendo el retraso de las regulaciones que obligan a la adopción de estos estándares, previamente aprobados, es una medida regresiva en detrimento de la calidad del aire y del ambiente, algo indispensable para gozar de una buena salud. Ese retraso es además contrario a las obligaciones internacionales adoptadas por el Estado mexicano en materia de reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Es una decisión opuesta a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos[2] para hacer frente a la vulnerabilidad revelada por la pandemia del COVID-19. Incluso otros países comparables con México como la India dieron un salto tecnológico de dos generaciones en plena pandemia. La postergación de la NOM-044 por COMARNAT va en contra de la evidencia referida a la protección a la salud pública: un estudio de la Universidad de Harvard estima que un incremento de 1 μg/m3 de PM2.5 se asocia con un 8% de incremento en la tasa de mortalidad por COVID-19  (95% intervalo de confianza: 2%, 15%).[3] Y tomando en cuenta la lenta renovación de la flota a diésel, dado que la vida promedio es de 18 años por unidad,[4] se necesitarán varias décadas antes de que el estándar EPA 2010 / Euro VI penetre hasta la saturación completa de la flota circulante, lo cual demuestra la apremiante necesidad de implementar a cabalidad la NOM-044. Un estudio del ICCT[5] indica que en 2015 murieron más de 3 mil personas por enfermedades respiratorias y cardiovasculares relacionadas con las emisiones de los miles de vehículos a diésel que transitan en todo el país. Sin embargo, si se cumple el calendario de la NOM-044, se calcula que se evitarían hasta 6 mil muertes prematuras al año, incluso a pesar del crecimiento previsible de la flota en las próximas décadas, lo cual se traduce en ahorros estimados de $14,300 millones de dólares (precios de 2010).[6] La NOM-044 es el instrumento normativo más importante para controlar las emisiones del transporte en México. Su retraso es una medida regresiva para el cumplimiento y garantía de los derechos humanos a un ambiente sano, a la salud, la vida y la integridad de las personas. El retraso impedirá beneficios ambientales, avanzar en la mitigación de la crisis climática y evitar los riesgos graves para la salud y las muertes prematuras asociadas a las emisiones de los vehículos pesados de aquí en adelante. [1] Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA): Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Bicitekas, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, El Poder del Consumidor, Frente de Organizaciones de Transporte Colectivo y Alternativo, Fundación Tláloc, Greenpeace México, International Council on Clean Transportation, Iniciativa Climática de México, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo capítulo México, Red por los Derechos de la Infancia en México, Redspira, Transita Seguro y World Wildlife Fund. [2] En las Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por COVID-19, se indica “bajar estándares medio ambientales, suspender requerimientos de monitoreo ambiental, reducir medidas de aplicación y restringir la participación pública] son irracionales, irresponsables y ponen en riesgo los derechos de las personas vulnerables”. Véase: http://hchr.org.mx/images/doc_pub/V1.7_Directrices_ONU-DH_Covid19-y-Derechos-Humanos_MX.pdf [3] Wu, X., Nethery, R.C., Sabath, B.M., Braun, D. and Dominici, F., 2020. Air pollution and COVID-19 mortality in the United States: strengths and limitations of an ecological regression analysis. Science Advances (in press). Updated April 24, 2020. Disponible en https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm [4] Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Estadística Básica 2018; http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/estadistica/2018/ [5] Anenberg et al. A global snapshot of the air pollution-related health impacts of transportation sector emissions in 2010 and 2015. ICCT 2019. https://theicct.org/sites/default/files/publications/Global_health_impacts_transport_emissions_2010-2015_20190226.pdf [6] Pineda et al. Air quality and health benefits of improved fuel and vehicle emissions standards in Mexico. ICCT 2018. https://theicct.org/publications/mexico-emissions-review Contactos para prensa: El Poder del Consumidor (EPC), 5512989928, [email protected] Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), 5559644162, [email protected] International Council on Clean Transportation (ICCT), 55 1016 2304, [email protected] Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), 5570522107, [email protected]  

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Derechos Humanos

Sociedad civil llama al Consejo de Derechos Humanos a reconocer el derecho universal a un ambiente sano

Más de 850 organizaciones de la sociedad civil, grupos de pueblos indígenas, movimientos sociales y comunidades locales hacen un llamado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que reconozca el derecho universal a un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible. Lo hacen en una carta abierta, enviada el 10 de septiembre y todavía abierta para firmas en línea. El llamado se adelanta a la reunión del Consejo de Derechos Humanos a celebrarse en Ginebra del 14 de septiembre al 6 de octubre. En la carta se sostiene que las personas deben ser protegidas de los impactos mortales de la degradación ambiental y el cambio climático, como el aumento en la propagación de enfermedades como la COVID-19. "El reconocimiento global de este derecho es un asunto de máxima urgencia antela crisis ambiental global que actualmente viola y amenaza los derechos humanos de miles de millones de personas en nuestro planeta", se afirma en la carta. "Como todos y todas sabemos, en un planeta muerto no existen derechos humanos". El derecho a un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible ya está contemplado en las constituciones y leyes de una mayoría considerable de países de todo el mundo, así como en los sistemas regionales. Existe también un sistema jurídico cada vez más amplio para implementar y aplicar este derecho. Ahora, personas defensoras de los derechos humanos, los pueblos indígenas, la acción climática y la justicia social instan al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a que formalice este reconocimiento y lo haga universal. Al hacerlo, el Consejo de Derechos Humanos alentaría a los países a fortalecer políticas y legislaciones para cuidar mejor de la naturaleza y la biodiversidad, se lee en la carta. Esto conduciría a un aire más limpio, a un mayor acceso al agua potable y a una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. También proporcionaría justicia ambiental a las comunidades que están expuestas a entornos degradados y peligrosos, con aire tóxico o enfermedades. La deforestación y la degradación ambiental aumentan la exposición de los seres humanos a los virus zoonóticos, como la COVID-19, y a las enfermedades transmitidas por vectores, como el paludismo y el dengue. Los científicos advierten que el riesgo de propagación de enfermedades aumentará a medida que los ecosistemas naturales continúen descomponiéndose. Las nuevas investigaciones también sugieren que los efectos de la contaminación atmosférica en los pulmones, los corazones y la salud en general hacen que las personas sean más susceptibles a los peores impactos de la COVID-19. Para proteger a las personas de todo el mundo de futuras crisis y para crear una mayor resistencia a catástrofes como esta pandemia, la carta insta a los Estados a que "reconozcan, respeten, protejan y cumplan el derecho humano de todos y todas a disfrutar de un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible". #HealthyEnvironment4All contacto de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107  

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Derechos Indígenas, Derechos Humanos

O racismo ambiental e os impactos diferenciais da pandemia

Por Tayná Lemos e Marcella Ribeiro No Brasil, apesar da letalidade da COVID-19 - 3,08% e com mais de 124 mil mortes até 3 de setembro - as grandes cidades estão avançando com seus planos de reabertura, com o Rio de Janeiro enchendo os bares e São Paulo, os restaurantes. A reabertura de bares e restaurantes durante o ápice da pandemia encontra uma explicação no fato de que a pandemia afeta pessoas de diferentes níveis socioeconômicos e raças de maneira diferente. Um estudo do Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde (NOIS), uma iniciativa envolvendo várias universidades do país, constatou que uma pessoa negra sem escolaridade tem quatro vezes mais probabilidade de morrer do novo coronavírus no Brasil do que uma pessoa branca com educação superior. Com base em informações de casos até maio, o estudo também mostra que a taxa de mortalidade entre a população branca é de cerca de 38%, enquanto entre os negros é de quase 55%. "A taxa de mortalidade no Brasil é influenciada pelas desigualdades no acesso ao tratamento", disse o coordenador do NOIS e um dos autores do estudo, Silvio Hamacher, à EFE. Dolorosamente, esta tendência se repete em outros países, como os Estados Unidos e o Reino Unido. Isto destaca que um dos fatores por trás da alta taxa de mortalidade da COVID-19 é o racismo ambiental, um fenômeno no qual as consequências negativas das atividades econômicas são distribuídas de forma desigual. Distribuição desigual dos danos O termo racismo ambiental foi cunhado nos Estados Unidos pelo pesquisador Benjamin Chavis depois de observar que a poluição química das indústrias era despejada somente em bairros negros. "O racismo ambiental é discriminação racial nas políticas ambientais. É discriminação racial na escolha deliberada das comunidades negras para despejar lixo tóxico e instalar indústrias poluidoras", disse Chavis. Enquanto que toda atividade gera algum um impacto ambiental, os espaços territoriais escolhidos para implementá-las são sempre regiões à margem da cidade, em territórios ocupados por comunidades tradicionais ou periféricas, ou seja, comunidades não-brancas. No Brasil, o racismo ambiental afeta tanto as comunidades urbanas periféricas quanto as comunidades rurais tradicionais. E, como nos Estados Unidos, uma de suas facetas é a poluição desproporcional sofrida por essas minorias, em comparação com a classe média branca. Isso significa a poluição do ar e da água com agentes tóxicos, metais pesados, pesticidas, produtos químicos, plásticos, etc. No seu relatório de 2019, o então Relator Especial da ONU para os Direitos Humanos sobre as Implicações da Gestão Ambiental e a Eliminação de Resíduos e Substâncias Tóxicas, Baskut Tuncak, alertou que existe uma pandemia silenciosa de doenças e deficiências resultantes do acúmulo de substâncias tóxicas em nosso organismo. Em 2020, após sua visita ao país, ele disse que há uma conexão entre a poluição ambiental e a mortalidade do novo coronavírus, e que menos pessoas morreriam no Brasil se houvesse políticas ambientais e de saúde pública mais rígidas. "Existem sinergias entre a exposição à poluição e a exposição à COVID-19. As substâncias tóxicas no meio ambiente contribuem para a alta taxa de mortalidade no Brasil", disse Tuncak. As condições de saúde subjacentes que agravam a pandemia não são "má sorte", mas em grande parte "os impactos das substâncias tóxicas sobre o ar que respiramos, a água que bebemos, os alimentos que comemos, os brinquedos que damos a nossos filhos e os lugares onde trabalhamos". Um aumento na vulnerabilidade Assim, Tuncak afirmou que as pessoas mais vulneráveis à pandemia são os pobres urbanos e as comunidades tradicionais e indígenas porque são também as mais afetadas por problemas ambientais e de saúde pública. Isto leva à hiper-vulnerabilidade. Um exemplo desta situação é a dos 17 quilombos (assentamentos de origem africana) no município de Salvaterra, no estado do Pará, onde vivem cerca de 7.000 pessoas. Há vinte anos, um lixão aberto foi instalado ali sem consultar as famílias. Crianças, adultos e idosos foram forçados a viver com o lixo doméstico, lixo tóxico e hospitalar, entre outras coisas. Sua vulnerabilidade aumentou com a pandemia. Apesar do tamanho do país, não existem lacunas territoriais no Brasil. Quando uma indústria, um aterro sanitário, uma monocultura, uma usina hidrelétrica, uma mina ou uma usina nuclear é instalada, uma comunidade historicamente esquecida é impactada. Os danos invisíveis da poluição causada por essas atividades são difíceis de provar, mas afetam profundamente a saúde e a qualidade de vida de pessoas que já são extremamente vulneráveis. Outro exemplo é o da comunidade indígena de Tey Jusu, que em abril de 2015 recebeu uma chuva de agrotóxicos derramada por um avião que pulverizava uma monocultura de milho. A pulverização intoxicou pessoas na comunidade, prejudicando sua saúde. Infelizmente, a ingestão direta de pesticidas por membros de comunidades que vivem perto de plantações de monoculturas é uma realidade recorrente. Pior ainda é que o governo atual autorizou 118 novos agrotóxicos durante a pandemia, somando aos 474 aprovados em 2019 e outros 32 lançados nos primeiros meses de 2020. Estes pesticidas causam várias doenças, mas ainda não é possível determinar as conseqüências exatas sobre o corpo humano, muito menos sua interação com outras substâncias tóxicas ou com outras doenças, como a COVID-19. Segundo uma análise da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira e do Instituto de Pesquisa Amazônica, a taxa de mortalidade causada pela pandemia entre os povos indígenas na Amazônia legal é 150% maior do que a média nacional. Por outro lado, a taxa de contaminados pela COVID-19 entre essa população é 84% maior do que a média do Brasil. Isto se deve a vários fatores históricos, como a falta de postos de saúde, a distância dos hospitais, a ausência de qualquer tipo de assistência do governo federal, a invasão de terras e a degradação ambiental. Na verdade, uma das maiores ameaças às comunidades indígenas no Brasil ainda é a invasão de suas terras por mineradores ilegais, que causa, entre outras violações de direitos humanos, a contaminação da água por mercúrio. No ano passado, um estudo da Fundação Oswaldo Cruz constatou que 56% dos índios Yanomami tinham concentrações de mercúrio acima do limite estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, o que implica em sérios danos à saúde. Neste sentido, racismo ambiental é um termo que expõe uma separação histórica entre aqueles que colhem os frutos do crescimento econômico e aqueles que adoecem e morrem devido às conseqüências ambientais desse mesmo crescimento econômico. A variedade de danos sistêmicos à saúde dessas comunidades vulneráveis as torna especialmente suscetíveis aos piores efeitos da COVID-19. Portanto, ao discutir e abordar a pandemia é essencial saber que ela não atinge todas as pessoas da mesma maneira, que coloca as comunidades tradicionais em risco de extinção e que as questões ambientais são uma preocupação de saúde pública. Para superar a crise de saúde global, precisamos trazer o racismo para o centro do debate.  

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Derechos Indígenas, Derechos Humanos

El racismo ambiental y los daños diferenciados de la pandemia

Por Tayná Lemos y Marcella Ribeiro En Brasil, pese a la letalidad de la COVID-19 —del 3,08% y con más de 124 mil muertes hasta el 3 de septiembre—, las grandes ciudades avanzan en sus planes de reapertura con Río de Janeiro llenando los bares y São Paulo, los restaurantes. La reapertura de bares y restaurantes durante el auge de la pandemia encuentra explicación en el hecho de que la pandemia afecta de forma diferente a personas de distintos niveles socioeconómicos y razas. Un estudio del Núcleo de Operaciones e Inteligencia en Salud (NOIS), iniciativa de la que participan varias universidades del país, dio cuenta que una persona de raza negra y sin escolaridad tiene cuatro veces más posibilidades de morir por el nuevo coronavirus en Brasil que una persona de raza blanca con enseñanza superior. Con base en información de casos hasta mayo, el estudio muestra además que la tasa de mortalidad entre la población de raza blanca es de alrededor del 38 %, mientras que, entre las personas de raza negra, es de casi el 55 %. “La tasa de mortalidad en Brasil es influenciada por las desigualdades en el acceso al tratamiento”, afirmó a la agencia EFE el coordinador del NOIS y uno de los autores del estudio, Silvio Hamacher. Dolorosamente, esta tendencia se repite en otros países como Estados Unidos y el Reino Unido. Ello resalta que uno de los factores detrás de la alta tasa de mortalidad de la COVID-19 es el racismo ambiental, fenómeno en el que las consecuencias negativas y no previstas de actividades económicas se distribuyen de manera desigual. Distribución desigual de daños El término racismo ambiental fue acuñado en Estados Unidos por el investigador Benjamin Chavis luego de observar que la contaminación química de las industrias era vertida sólo en los barrios negros. “El racismo ambiental es la discriminación racial en las políticas ambientales. Es la discriminación racial en la elección deliberada de las comunidades negras para depositar residuos tóxicos e instalar industrias contaminantes”, dijo Chavis. Si bien toda actividad genera algún impacto ambiental, los territorios elegidos para llevarlas a cabo son usualmente regiones ubicadas en las afueras de la ciudad, habitadas por comunidades tradicionales o periféricas. En Brasil, el racismo ambiental afecta tanto a comunidades urbanas periféricas como a  comunidades rurales tradicionales. Y, al igual que en Estados Unidos, una de sus facetas es la contaminación desproporcionada que sufren esas minorías, en comparación con la clase media blanca. Se trata de la contaminación del aire y del agua con agentes tóxicos, metales pesados, pesticidas, químicos, plásticos, etc. En su informe de 2019, el entonces Relator Especial de la ONU sobre las consecuencias para los derechos humanos de la gestión ambientalmente racional y la eliminación de desechos y sustancias tóxicas, Baskut Tuncak, advirtió que existe una pandemia silenciosa de enfermedades e incapacidades resultantes de la acumulación de sustancias tóxicas en nuestros cuerpos. En 2020, después de su visita al país, dijo que existe una conexión entre la contaminación ambiental y la mortalidad del nuevo coronavirus, y que menos personas morirían en Brasil si hubiera políticas ambientales y de salud pública más estrictas. “Hay sinergias entre la exposición a la contaminación y la exposición a la COVID-19. Las sustancias tóxicas en el ambiente contribuyen a la elevada tasa de mortalidad en Brasil”, afirmó Tuncak. Las condiciones de salud subyacentes que agravan la pandemia no son “mala suerte”, sino en gran parte “los impactos de las sustancias tóxicas en el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos, los juguetes que damos a nuestros hijos y los lugares donde trabajamos”. Un aumento de la vulnerabilidad Así, Tuncak confirmó que las personas más vulnerables ante la pandemia son las poblaciones urbanas pobres y las comunidades tradicionales e indígenas porque también son las más afectadas por los problemas ambientales y de salud pública. Esto da lugar a la hipervulnerabilidad. Un ejemplo de esa situación es la de los 17 quilombos (asentamientos afrodescendientes) del municipio de Salvaterra, en el estado de Pará, donde viven alrededor de 7.000 personas. Hace 20 años, allí se instaló un vertedero abierto sin haber consultado con las familias. Niños, niñas, personas adultas y adultos mayores fueron obligados a convivir con la basura doméstica, residuos tóxicos y hospitalarios, entre otros desperdicios. Su vulnerabilidad aumentó con la pandemia. A pesar del tamaño del país, no existen vacíos territoriales en Brasil. Cuando se instala una industria, un vertedero, un monocultivo, una hidroeléctrica, una mina o una central nuclear, una comunidad históricamente olvidada se ve impactada. Los daños invisibles de la contaminación causada por esas actividades son difíciles de probar, pero afectan profundamente la salud y la calidad de vida de personas que ya son extremadamente vulnerables. Otro ejemplo es el de la comunidad indígena Tey Jusu, que en abril de 2015 recibió una lluvia de agrotóxicos vertidos por un avión sobre un monocultivo de maíz. La fumigación intoxicó a personas de la comunidad, dañando su salud. Lamentablemente, la ingestión directa de plaguicidas por miembros de comunidades que viven cerca de plantaciones de monocultivos es una realidad recurrente. Aún peor es que el gobierno actual autorizara 118 nuevos agroquímicos durante la pandemia, que se suman a los 474 aprobados en 2019 y a otros 32 lanzados en los primeros meses de 2020. Estos plaguicidas causan varias enfermedades, pero todavía no es posible determinar las consecuencias exactas en el organismo humano y mucho menos las de su interacción con otras sustancias tóxicas o con otras enfermedades como la COVID-19. Según un análisis del Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña y del Instituto de Investigación Amazónica, la tasa de mortalidad por la pandemia entre los indígenas de la Amazonía legal es 150% superior a la media nacional. Por otra parte, la tasa de infección por COVID-19 entre esa población es un 84% más alta que el promedio en Brasil. Esto se debe a varios factores históricos como la falta de puestos de salud, la distancia de los hospitales, la ausencia de cualquier tipo de ayuda del gobierno federal, la invasión de tierras y la degradación ambiental. De hecho, una de las mayores amenazas para las comunidades indígenas de Brasil es la invasión de sus tierras por mineros ilegales, lo que provoca, entre otras violaciones de derechos humanos, la contaminación del agua por mercurio. El año pasado, un estudio de la Fundación Oswaldo Cruz determinó que el 56% de los indígenas Yanomami tenían concentraciones de mercurio superiores al límite establecido por la Organización Mundial de la Salud, lo que implica graves daños a la salud. En este sentido, el racismo ambiental es un término que expone una separación histórica entre los que cosechan los frutos del crecimiento económico y los que enferman y mueren debido a las consecuencias ambientales de ese mismo crecimiento económico. El conjunto de daños sistemáticos a la salud de estas comunidades vulnerables las hace especialmente susceptibles a los peores efectos de la COVID-19. Por tanto, al hablar de la pandemia y hacerle frente es esencial saber que no llega a todas las personas de la misma manera, que pone a las comunidades tradicionales en peligro de exterminio y que las cuestiones ambientales son una cuestión de salud pública. Para superar la crisis sanitaria global, necesitamos llevar el racismo al centro del debate.  

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Montaña nevada
Cambio Climático, Derechos Humanos

Resumen de la 26ª Reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima

Agosto de 2020La 26ª reunión de la Junta del Fondo Verde del Clima (FVC), se realizó del 18 al 21 de agosto de 2020 por primera vez en formato virtual. La reunión comenzó con un homenaje a Leonardo Paat, miembro del Secretariado del Fondo, quien falleció hace poco tras contraer COVID-19 durante la reunión anterior de la Junta. Paat lideraba el departamento de Salvaguardas, Género y Pueblos Indígenas y era muy querido por la sociedad civil.Durante la reunión, se aprobaron dos propuestas de financiamiento para la región: un proyecto de pago por resultados REDD + para Colombia y un proyecto de adaptación para Antigua y Barbuda.Durante la aprobación de la agenda para la reunión, la representación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) se refirió a los desafíos de las reuniones virtuales y expuso algunos problemas de transparencia y divulgación de información que afectaron al sector, incluyendo el hecho de que los observadores activos de las OSC fueron excluidos de la planificación de la reunión.Consulta y descarga el resumen 

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