Derechos Humanos


Cumbre Climática de la ONU, sin Derechos Humanos

Columna publicada originalmente en La Silla Rota   La Cumbre de Acción Climática de Naciones Unidas del pasado 23 de septiembre fue un paso interesante hacia el futuro. Se anunciaron algunos compromisos ante la crisis climática. Pero hubo un aspecto clave ausente: la inclusión expresa, transversal y contundente de los derechos humanos. El encuentro global tenía como metas evitar el desarrollo de nuevos proyectos de carbón, alcanzar cero emisiones netas a 2050, acabar con los subsidios a los combustibles fósiles y hacer que quienes contaminen, paguen. Para ello, 19 Estados —apoyados por diversas organizaciones— trabajaron en coaliciones buscando alcanzar objetivos sobre mitigación, impulsores sociales y políticos, movilización juvenil y pública, transición energética, transición industrial, soluciones basadas en la naturaleza, adaptación y resiliencia, financiamiento climático y precio al carbón; e infraestructura, ciudades y acción local. Aunque hubo algunas reuniones previas con pueblos indígenas y algunas coaliciones reconocen que las soluciones no deben aumentar la desigualdad, sino ser justas e incluir la perspectiva de género, necesitábamos una referencia expresa a los derechos humanos. Ésta brilló por su ausencia. No es una necesidad menor. Basta con ver a quienes sufren primero y de peor manera los impactos de la emergencia climática: familias de Centroamérica que tras perder sus cultivos lo dejan todo para migrar a Estados Unidos, residentes de Bahamas, arrasada por el huracán Dorian, o quienes habitan la Amazonía, en parte destruida por las llamas. La crisis climática ya está afectando los derechos humanos y es su mayor amenaza, como incluso señaló Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Algunas medidas para abordar la urgencia climática la agravan, desconociendo además los derechos humanos. Es el caso de proyectos eólicos y grandes hidroeléctricas en Brasil, México, Colombia y Honduras, implementados sin consultar a comunidades locales, algunas indígenas. Por ello era fundamental que las y los líderes del mundo aprovecharan la Cumbre para incluir expresamente en sus compromisos el respeto a los derechos humanos, un reconocimiento que ya está en el Acuerdo de París. Eso no ocurrió. Pese a todo, la esperanza se alimenta con una toma de conciencia cada vez mayor, lo que incrementa la presión sobre gobiernos, empresas y otros sectores que pueden aportar más. Millones de estudiantes en todo el mundo están en huelga y dejando de ir al colegio los viernes. Las movilizaciones se han multiplicado al igual que quienes las apoyan. Una verdadera ambición hacia la justicia climática implica poner los derechos humanos en el centro de las soluciones, entre otras cosas porque los pueblos y comunidades tienen conocimientos tradicionales esenciales para preservar el planeta.   

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Organizaciones alertan ante la CIDH de impactos de la crisis climática en derechos humanos

15 organizaciones nacionales y regionales, de más de nueve países de América, comparecieron en una audiencia sobre los impactos que el cambio climático y las medidas para afrontarlo tienen en grupos en situación de vulnerabilidad. Washington D. C. En su 173º período de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escucharon los argumentos de representantes de organizaciones nacionales y regionales sobre los impactos que el cambio climático tiene en los derechos humanos en grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo pueblos indígenas, mujeres, niños y comunidades rurales. Las organizaciones destacaron que los impactos a los derechos humanos se producen en varias fases del ciclo del cambio climático: durante la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, en los efectos negativos de los eventos climáticos y en las soluciones que se plantean para paliar la crisis. Sostuvieron además que las desigualdades estructurales de América Latina y el Caribe pueden exacerbar los impactos en los grupos vulnerables que menos han contribuido a la crisis climática. En la audiencia, un líder indígena de la Amazonía peruana presentó casos que ejemplifican los impactos del cambio climático en diferentes países. Abordó temas como el acceso al agua, la participación de las empresas, así como los daños de la contaminación, el fracking, el extractivismo, la minería en ecosistemas sensibles y la deforestación. El panel de la audiencia fue presidido por cuatro comisionadas mujeres: la Presidenta Esmeralda Arosemena de Troitiño, Antonia Urrejola, Margarette May Macaulay y Soledad García-Muñoz. Un punto resaltado tanto por las organizaciones como por las comisionadas fue la importancia de exigir el cumplimiento de derechos humanos a empresas, en particular a las corporaciones internacionales, teniendo en cuenta el importante rol que juegan frente a la crisis climática. En ese sentido, se enfatizó el rol crucial del Sistema Interamericano en generar sus propios estándares en materia de empresas y derechos humanos, los cuales garanticen el acceso a información ambiental para evitar conflictos de interés en procesos de toma de decisiones públicas. Las comisionadas acogieron la solicitud de audiencia y reconocieron la necesidad de asumir la crisis climática con la urgencia y relevancia que las circunstancias lo ameritan. Manifestaron su voluntad de seguir, junto con la sociedad civil, desarrollando y profundizando los aspectos de la lucha contra la crisis climática. La solicitud de audiencia fue presentada por Fundación Pachamama (Ecuador), Dejusticia (Colombia), EarthRights International (regional), AIDA (regional), FUNDEPS (Argentina), FIMA (Chile), DPLF (regional), IDL (Peru), CELS (Argentina), Engajamundo (Brazil), AHCC (Honduras), Conectas (Brazil), FARN (Argentina), CEMDA (México), y La Ruta del Clima (Costa Rica). En el marco de la audiencia, las organizaciones pidieron que la Comisión inste a los Estados de la región a: Tomar acciones concretas y efectivas que pongan fin a las actividades que agravan la crisis climática y amenacen el disfrute efectivo de los derechos humanos, tales como la explotación de hidrocarburos, carbón, operación de plantas generadoras de energía a combustión, construcción de megaproyectos, como hidroeléctricas y carreteras. Promover modelos de transición energética que garanticen derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, especialmente de los pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes, mujeres y comunidades rurales, asegurando su participación efectiva para que no se repitan los patrones de violencia generados por la política extractivista actual. Tomar medidas específicas para garantizar el acceso a la información relacionada con los impactos del cambio climático y de sus medidas de respuesta; asegurar la participación pública en la toma de decisiones en el contexto del combate al cambio climático; y proveer mecanismos accesibles y efectivos a la justicia en materia climática. Implementar la igualdad de género en el derecho a la información, participación política, el acceso a la justicia y toma de decisiones en los temas de adaptación y mitigación del cambio climático. Y a la Comisión le solicitaron: Incorporar en su mandato la crisis climática como un asunto prioritario que amenaza todos los derechos humanos y los ecosistemas, especialmente a través del litigio de casos, elaboración de informes temáticos, visitas in loco, y demás acciones de litigio, monitoreo y promoción de derechos humanos. Que impulse las peticiones y medidas cautelares relacionados con el cambio climático y sus medidas de respuesta, de manera que se asegure la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de grupos vulnerables, teniendo en cuenta los estándares desarrollados por la Corte IDH en la OC 23. Que exija a los estados la protección y garantía de los derechos de defensores y defensoras ambientales y del territorio. Que exhorte a los estados a diseñar e implementar acciones climáticas más ambiciosas a través de las CDN de 2020, en armonía con sus obligaciones de derechos humanos. Para tal fin, la CIDH podría dar seguimiento al avance de dichas políticas y observar su concordancia con las obligaciones en materia de derechos humanos asumidas por los estados. Que enfatice la responsabilidad de las empresas y las instituciones financieras en respetar los derechos humanos en el contexto del cambio climático, utilizando los estándares más garantistas en materia de empresas y derechos humanos.   El video de la audiencia está disponible aquí. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), [email protected], +5215570522107  

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Seminario web "Minería metálica en Centroamérica: Actualidad y perspectivas en cuatro países"

En este primer seminario virtual sobre Centroamérica, nuestros panelistas presentaron su visión sobre la situación actual, impactos y proyecciones a futuro de la minería metálica en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.   Además, socializaron los resultados del reciente informe Estrategias para la defensa del medio ambiente y derechos humanos ante los impactos del extractivismo minero en Centroamérica.     PANELISTAS Andrés Ángel, geólogo y asesor científico de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Bienvenida e introducción. Pedro Cabezas, Coordinador regional del Programa de Minería y Derechos Humanos de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES); y Angélica Alfaro Alemán, investigadora ambiental y asesora en políticas públicas: Actualidad y perspectivas de la minería metálica en Centroamérica   GRABACIÓN   Presentaciones 1. Presentación introductoria:   2. Presentación de Angélica Alfaro Alemán, investigadora ambiental y asesora en políticas públicas:  

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200 líderes y lideresas ambientales y de derechos humanos se comprometen a abordar juntos la emergencia climática

Nueva York. En una iniciativa sin precedentes, más de 200 representantes de los pueblos indígenas, la esfera laboral y el mundo académico, así como de grupos ambientalistas y de derechos humanos, aprobaron una declaración histórica [1] en la que piden a gobiernos y grandes empresas abordar con carácter de urgencia la crisis climática y así garantizar la supervivencia de la humanidad. Su reunión en la Cumbre de los Pueblos sobre el Clima, los Derechos y la Supervivencia Humana tiene como objetivo generar aún más potencia, energía y recursos que impulsen un movimiento de masas conectado, diverso y orientado hacia la acción para vencer la emergencia climática, poniendo en el centro de sus soluciones a las personas y los derechos humanos. Estos líderes y lideresas y sus grupos tratan de presionar a gobiernos y grandes empresas para que incrementen sus compromisos en materia climática. Entre otras iniciativas, quieren emprender más acciones legales conjuntas por cuestiones climáticas, reducir el financiamiento de los combustibles fósiles por parte del sector financiero, utilizar de forma más eficaz los mecanismos de rendición de cuentas en materia de derechos humanos y coordinar más campañas de movilización de masas en el ámbito nacional y regional. También tienen previsto acordar la aplicación de planes de acción conexos en los próximos meses. La Cumbre de los Pueblos está organizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Greenpeace Internacional, Amnistía Internacional, el Centro de Derecho Ambiental Internacional, el Wallace Global Fund y el Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. El evento tendrá lugar los días 18 y 19 de septiembre, en vísperas de la Cumbre sobre la Acción Climática 2019, convocada por el secretario general de las Naciones Unidas. Craig Mokhiber, director de la Oficina en Nueva York del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha declarado: “Para quienes lo sufren en primera línea, el cambio climático ya está erosionando los derechos a la alimentación, el agua y el saneamiento, la vivienda digna, la salud, la seguridad personal e incluso la vida. Muchas personas que viven en pequeños Estados insulares, comunidades costeras y zonas sometidas a la desertificación progresiva ven cómo se esfuma su derecho a la libre determinación. Los desplazamientos masivos por razones climáticas amenazan con obligar a millones de personas a emprender viajes de vulnerabilidad e incertidumbre. En definitiva, los efectos adversos del cambio climático desgarran la estructura misma de la sociedad humana. Cada país debe tomar medidas urgentes y significativas para abordar esta amenaza a los derechos humanos.  Al agrupar las muchas vertientes del movimiento en pro de la justicia climática, tratamos de movilizar ya una acción por el clima transformadora, basada en los derechos e inclusiva.” Jennifer Morgan, directora ejecutiva internacional de Greenpeace Internacional, ha declarado: “La crisis climática es una crisis de derechos humanos. Las consecuencias humanas de las catástrofes meteorológicas extremas pueden ser sobrecogedoras, como demuestra la gran devastación y la destrucción que dejó el huracán Dorian tras de sí. Esta declaración marca una nueva era en el activismo contra el cambio climático. Junto con nuestros aliados, y con la juventud a la cabeza, todos emprenderemos acciones y haremos frente a los responsables de este fenómeno. Los gobiernos débiles y el poder de las grandes empresas tóxicas tendrán que dar la cara cuando pongamos a la gente en el centro de nuestras exigencias y busquemos justicia climática para las comunidades menos responsables de esta emergencia climática, que son las más vulnerables ante ella.” Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional, ha declarado: “La lucha más urgente que libra el planeta necesita contar con el poder y la diversidad que puede darle el movimiento global de personas en favor de los derechos humanos. Aportamos a la lucha por la justicia climática energía, conocimientos y bases de apoyo fundamentales. Pero hasta ahora no hemos explotado ni mucho menos todo nuestro potencial. “Amnistía se propone contribuir en la medida que le corresponde a cambiar esta situación. Queremos que la Cumbre ayude a activar el potencial del movimiento global de derechos humanos para proteger a las generaciones presentes y futuras. Si nos unimos, podemos.” Carroll Muffett, presidente y director general del Centro de Derecho Ambiental Internacional, ha declarado: “El coste de la inacción constante ante la crisis climática se mide en términos de derechos humanos, vidas humanas y medios de vida. Como nos recuerda dolorosamente el huracán Dorian, este coste es real y cada vez mayor. La declaración de hoy refleja el compromiso común de la comunidad de derechos humanos de situar estos derechos en el centro de la crisis climática, disminuir progresivamente los combustibles fósiles que impulsan esa crisis y exigir responsabilidades a gobiernos y empresas cuando se interponen en el camino.” Ellen Dorsey, directora ejecutiva del Wallace Global Fund, ha declarado: “El sector de derechos humanos de todo el mundo está aportando al movimiento en favor del clima nuevos recursos, una poderosa base de apoyo global de simpatizantes y una singular labor de defensa de los derechos humanos, pidiendo que gobiernos y grandes empresas tomen medidas que sean proporcionales a la magnitud y la rapidez del cambio climático con el fin de garantizar la supervivencia de la humanidad. Philip Alston, del Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, ha declarado: “Se ha dicho que el cambio climático es una ‘falsa alarma’, pero es una alarma que acabará matando a muchos de nuestros hijos e hijas, y al menos a algunos de nosotros. A diario leemos noticias de muchas personas que mueren por exposición a altas temperaturas, se ahogan en inundaciones, perecen en incendios o simplemente se ven obligadas a abandonar sus hogares, pero nos engañamos pensando que eso no nos va a pasar a nosotros. Mientras la mayoría nos distraemos con las redes sociales o decidimos continuar con nuestra vida normal, los futuros desastres producto del cambio climático se van convirtiendo de posibilidades en en certezas. Los derechos humanos tal como los conocemos tendrán cada vez menos sentido si no actuamos inmediatamente.” Notas [1] Enlace a la declaración. Contactos de prensa en Nueva York: Amanda Kistler, [email protected], +1 202-742-5832 Kharunya Paramaguru, [email protected], +44 7508-394415 Lauren Stackpoole, [email protected], +1 212-998-6069 Rodrigo Estrada, [email protected], +1 202-344-9292  

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Declaração: Cúpula dos Povos pelo Clima, Direitos e Sobrevivência Humana

Para alcançar a justiça climática, nós, abaixo assinados, concordamos com o seguinte: Aumentaremos nossos esforços para colocar os direitos humanos no centro do ativismo climático. Faremos isso seguindo o exemplo de Povos Indígenas, jovens, mulheres, pessoas que vivem na pobreza, pessoas com deficiência, pescadores, camponeses, pastores, comunidades locais, trabalhadores e outros grupos desproporcionalmente afetados que estão liderando o chamado à justiça climática e contra as atividades que destroem o planeta. Exigiremos ações imediatas, ousadas, impulsadas pelas pessoas e consistentes em direitos humanos, em uma escala sem precedentes, para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, a fim de proteger as pessoas, os ecossistemas e a biodiversidade da degradação climática. Tais ações requerem uma mudança transformadora de nossos sistemas econômicos, sociais e políticos, para enfrentar as desigualdades em todos os aspectos da vida. Essa mudança transformadora inclui a distribuição equitativa de recursos, especialmente a redução do consumo desnecessário de recursos por grupos privilegiados. É essencial alcançar reduções drásticas e rápidas nas emissões globais e um futuro sem combustíveis fósseis, para manter o aumento da temperatura o mais baixo possível e não superior a 1,5°C graus, já que os atuais níveis de aquecimento já estão resultando em violações dos direitos humanos. Exigiremos que todas as políticas, medidas e ações governamentais sobre o clima respeitem, protejam e cumpram os direitos humanos, incluindo o direito das pessoas de serem totalmente informadas e capacitadas para participar de maneira significativa na tomada de decisões sobre o clima, e que as empresas cumpram suas responsabilidades de respeitar os direitos humanos em todas as suas cadeias de suprimentos. Nos oporemos a qualquer política ou ação tomadas para combater a mudança climática ou apoiar a adaptação que venha à custa dos direitos humanos, e àquelas que aprofundem as desigualdades e causem empobrecimento, fome, desapropriação e exclusão econômica, social e política. Aumentaremos a pressão sobre os países e as empresas mais responsáveis pelas mudanças climáticas e com mais recursos disponíveis. Exigimos que todos os países estabeleçam e apliquem urgentemente metas de redução de emissões, baseadas na ciência, que sejam compatíveis com a proteção dos direitos humanos e que cumpram esses objetivos com antecedência. Nos oporemos às tentativas de transferir o ônus e a responsabilidade pelas mudanças climáticas dos países com altas emissões para países com menos recursos e menos emissões históricas, bem como de empresas e grupos privilegiados para grupos menos privilegiados. Forçaremos aqueles que têm mais responsabilidade na crise a se apropriar de suas ações e tomar as medidas correspondentes. Pressionaremos os Estados que têm a maior responsabilidade pelos danos climáticos e mais recursos a fornecer os subsídios financeiros e tecnológicos necessários aos países do hemisfério sul, a fim de facilitar o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Desafiaremos incansavelmente a captura corporativa de políticas e instituições, e responsabilizaremos as indústrias destruidoras do clima e seus patrocinadores financeiros. Exigiremos uma transição justa, equitativa e inclusiva, de combustíveis fósseis para agricultura sustentável e energia renovável que capacite Povos Indígenas, trabalhadores, camponeses, pastores, pescadores e comunidades, em vez de privá-los do direito de voto. Buscaremos medidas para garantir que todas as pessoas, particularmente as que enfrentam discriminação, tenham acesso à educação sobre o clima e os recursos climáticos, e ao treinamento, conhecimento e empregos decentes necessários para uma transição impulsada pelas pessoas em direção a uma sociedade sem emissões. de carbono e com capacidade de recuperação. Trabalharemos pela proteção, respeito e cumprimento dos direitos dos Povos Indígenas, incluindo suas terras e territórios ancestrais. Buscaremos a proteção, o reconhecimento e a promoção de conhecimentos locais e tradicionais que tenham se mostrado eficazes e adequados para lidar com a crise climática, bem como possibilitar a transição e a resiliência tão urgentemente necessárias em nossos sistemas alimentares, sempre com o consentimento e para o benefício dos Povos Indígenas. Exigiremos acesso efetivo e adequado à justiça para indivíduos e comunidades cujos direitos são afetados pela crise climática ou falta de ação climática, incluindo aqueles que enfrentam perdas e danos causados pelo clima e aqueles cujos direitos são ameaçados devido ao deslocamento relacionado ao clima. Trabalharemos para garantir que eles sejam capazes de desfrutar de acesso à justiça e remédios eficazes e que os responsáveis pelos danos climáticos sejam responsabilizados. Usaremos de forma proativa os órgãos nacionais, regionais e internacionais de direitos humanos e instrumentos legais para garantir que os direitos humanos e as obrigações sejam efetivamente cumpridos para promover a justiça climática. Apoiaremos todos os defensores dos direitos ambientais, em particular aqueles que individual e coletivamente protegem seu território, o acesso à terra, os meios de subsistência e o meio ambiente, e aqueles que fazem campanha para defender as pessoas e o planeta de atividades destrutivas e degradação climática. Exigiremos um ambiente seguro e propício no qual todos os defensores dos direitos humanos, particularmente aqueles que enfrentam formas múltiplas e intersetoriais de discriminação e desigualdade, sejam efetivamente protegidos e capazes de defender e promover os direitos humanos sem medo de punição, represália ou intimidação.   Leia a declaração completa Leia a declaração em espanhol Leia a declaração em inglês  

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Declaración: Cumbre de los Pueblos sobre el Clima, los Derechos y la Supervivencia Humana

Para lograr justicia climática, quienes firmamos esta declaración acordamos lo siguiente:Intensificaremos nuestros esfuerzos para que los derechos humanos ocupen un lugar primordial en el activismo climático. Lo haremos siguiendo el ejemplo de pueblos indígenas, jóvenes, mujeres, personas que viven en la pobreza, personas con discapacidad, personas dedicadas a la pesca, la agricultura y la ganadería, comunidades locales, personas trabajadoras y otros grupos afectados de manera desproporcionada que lideran la lucha contra las actividades que destruyen el planeta y en favor de la justicia climática.Exigiremos una actuación inmediata, audaz, impulsada por las personas y respetuosa con los derechos humanos de magnitud sin precedentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger así a las personas, los ecosistemas y la biodiversidad frente al colapso climático. Esta actuación requiere una transformación de nuestros sistemas económicos, sociales y políticos para abordar las desigualdades existentes en todos los aspectos de la vida, que incluye la distribución equitativa de los recursos, en particular mediante la reducción del consumo innecesario por grupos privilegiados. Es fundamental que logremos una importante y rápida reducción de las emisiones globales y un futuro sin combustibles fósiles para limitar el aumento de la temperatura lo más posible, y en todo caso a 1,5 °C como máximo, pues los actuales niveles de calentamiento ya están causando violaciones de derechos humanos.Exigiremos que todas las políticas, medidas y acciones climáticas de los gobiernos respeten, protejan y hagan efectivos los derechos humanos, incluido el derecho de las personas a ser plenamente informadas y empoderadas para participar de forma significativa en la toma de decisiones relacionadas con el clima, y que las empresas cumplan con su responsabilidad de respetar los derechos humanos en sus cadenas de suministro. Nos opondremos a toda política o acción destinada a combatir el cambio climático o a facilitar la adaptación climática que sacrifique los derechos humanos, o que tenga como resultado el agravamiento de las desigualdades, el empobrecimiento, el hambre, la desposesión y la exclusión económica, social y política.Incrementaremos la presión sobre los países y empresas con mayor responsabilidad en el cambio climático y con más recursos. Exigimos que todos los países establezcan y cumplan con urgencia objetivos de reducción de las emisiones basados en datos científicos y compatibles con la protección de los derechos humanos, ajustándose a los plazos para su cumplimiento o adelantándose a ellos. Nos opondremos a los intentos de trasladar la carga y la responsabilidad que conlleva esta transformación de los países con elevadas emisiones a aquellos que tienen menos recursos y un historial de emisiones más bajo, y de empresas y grupos privilegiados a grupos menos privilegiados. Obligaremos a quienes tienen más responsabilidad en la crisis a reconocer sus propios actos y tomar medidas en consecuencia.Instaremos a los Estados con más recursos y responsabilidad en el cambio climático a proporcionar los medios económicos y tecnológicos necesarios a los países del Sur global para facilitar sus ambiciosos planes de mitigación del cambio climático y adaptación a él. Exigimos que esos Estados también proporcionen los medios adecuados —indemnizaciones incluidas— a las comunidades y particulares afectados para hacer frente a las pérdidas y los daños causados por la crisis climática, consultándolos siempre y respetando sus costumbres y derechos individuales y colectivos. Fomentaremos la transparencia y el uso adecuado de esos recursos y nos opondremos a la creación de cargas económicas y deudas adicionales como consecuencia de este apoyo.Combatiremos sin descanso el control empresarial de las políticas y las instituciones, y exigiremos rendición de cuentas a los sectores que destruyen el clima y a quienes los financian.Exigiremos una transición justa, equitativa e inclusiva en el proceso de abandonar los combustibles fósiles e ir hacia una agricultura sostenible y una energía renovable que empodere a pueblos indígenas, personas trabajadoras, personas dedicadas a la pesca, la agricultura y la ganadería y comunidades locales, en lugar de privarlos de sus derechos. Reclamaremos medidas que garanticen que todas las personas, especialmente las que sufren discriminación, tienen acceso a educación en asuntos relacionados con el clima y a los recursos, la formación, el conocimiento y los empleos dignos que son necesarios para una transición impulsada por las personas hacia una sociedad sin emisiones de carbono y resiliente.Trabajaremos para conseguir la protección, el respeto y el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, incluido el derecho a sus tierras y territorios ancestrales. Reclamaremos la protección, el reconocimiento y la promoción de los conocimientos locales y tradicionales que han demostrado ser eficaces y adecuados para abordar la crisis climática y para hacer posible la transición y la resiliencia tan necesarias en nuestros sistemas de alimentación, siempre con el consentimiento de los pueblos indígenas y en su beneficio.Exigiremos un acceso efectivo y adecuado a la justicia de aquellas personas y comunidades cuyos derechos se vean afectados por la crisis climática o la falta de acción climática, incluidas las afectadas por pérdidas y daños de origen climático y aquéllas cuyos derechos están amenazados debido a los desplazamientos relacionados con el clima. Trabajaremos para garantizar que pueden disfrutar del acceso a la justicia y a recursos efectivos y que se piden cuentas a los responsables de los daños relacionados con el cambio climático. Utilizaremos proactivamente los instrumentos jurídicos y órganos nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos para garantizar que las obligaciones en materia de derechos humanos se respetan de manera efectiva para promover la justicia climática.Apoyaremos a todos los defensores y defensoras de los derechos ambientales, en particular a quienes individual y colectivamente protegen sus territorios, su acceso  a la tierra, sus medios de vida y el ambiente, y a quienes trabajan para defender a las personas y al planeta de las actividades destructivas y del colapso climático. Exigiremos un entorno seguro y propicio, en el que todos los defensores y defensoras de los derechos humanos, en particular quienes sufren formas múltiples y entrecruzadas de discriminación y desigualdad, reciban protección efectiva y puedan defender y promover los derechos humanos sin temor a castigos, represalias o actos de intimidación. Lee la declaración completaLee la declaración en portuguésLee la declaración en inglés 

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Organizaciones y jóvenes de huelga climática suman esfuerzos

Diversas organizaciones de la sociedad civil anuncian su participación en la semana de acción global por el futuro del 20 al 27 de septiembre. Demandan que México declare Emergencia Climática y tome acción inmediata correspondiente. Ciudad de México. Por este medio, queremos informarles que 39 organizaciones de la sociedad civil trabajando temas diversos nos sumamos a la iniciativa de jóvenes de Fridays For Future Ciudad de México para llamar la atención sobre la grave crisis climática global y la urgente necesidad de tomar acciones sin precedentes para evitar peores escenarios en el futuro. Las consecuencias sociales, ambientales y económicas de mantener los modelos de producción y de consumo actuales serán sufridas en mayor medida por las personas jóvenes, niños, niñas y por quienes aún no nacen. Debido a lo anterior, la legítima demanda de acción y justicia climática de jóvenes alrededor del mundo cada vez suma más voces.   Hoy, México ocupa el puesto número 13 de países con mayores emisiones de contaminantes a la atmósfera, esto quiere decir que somos corresponsables de todas las consecuencias, impactos y cambios que vemos actualmente en el planeta. Nuestro país tiene la oportunidad de tomar acciones inmediatas y efectivas para reducir sus emisiones, eliminar el uso de combustibles fósiles y adoptar un modelo basado en energías renovables y asegurar la distribución equitativa de recursos, así como buscar sistemas sustentables de producción de alimentos. No podemos seguir otorgando permisos, tiempo y concesiones a las empresas para que continúen con sus prácticas contaminantes.   En México, el 69% de la población y 71% de las actividades económicas son vulnerables a los efectos del cambio climático, lo cual contribuye a exacerbar las crisis y desigualdades sociales. El incremento de la temperatura tendrá una consecuencia directa en la pérdida de especies, contaminación local, mala calidad del aire, agua y suelo, así como en la ya reducida disponibilidad de agua dulce. Será también un factor que agravará las tendencias migratorias, acelerando y generando conflictos geopolíticos en la región, atentando directamente contra los derechos humanos, especialmente de los grupos más vulnerables.   Por todo lo expuesto anteriormente, nuestras demandas son las siguientes:   Declaración de emergencia climática nacional. Que el Gobierno de México reconozca la crisis ambiental que vivimos y emita una declaratoria de “Emergencia climática” que establezca como prioridad nacional la integración de políticas y esfuerzos climáticos con mecanismos claros y verificables, así como presupuesto suficiente y metas anuales para cumplir con las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional que limiten el aumento de la temperatura global a 1.5°C. Compromiso nacional e internacional con un plan detallado. Que el gobierno de México presente ante la Cumbre sobre la Acción Climática de Naciones Unidas (que se llevará a cabo en Nueva York el próximo 23 de septiembre) un plan detallado en donde se comprometa a incrementar sustancialmente sus acciones actuales para poner el país en la trayectoria identificada por el IPCC. Reducción de las emisiones de GEI al 50% en 2030 y alcanzar cero emisiones en 2050. Que se tomen todas las medidas necesarias incluyendo el abandono gradual pero acelerado del uso de combustibles fósiles impulsando una transición energética justa hacia energías renovables. Enfoque de derechos humanos en las acciones por el clima. Que el gobierno de México garantice acciones climáticas que respeten y protejan los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, apelando a medidas efectivas de reparación y que garanticen un futuro sostenible para la presente y futuras generaciones. Empezando por la ratificación y establecimiento del marco legal necesario para cumplir con el Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales. Agricultura sostenible. Que se prohíba el uso de químicos, pesticidas y productos genéticamente modificados, con el fin de rescatar las formas de producción de alimentos tradicionales y locales; y que al mismo tiempo se diseñe una política de adaptación que parta de la contribución que la siembra y cultivo agroecológicos tienen para el enfriamiento del planeta. De igual manera, establecer políticas que disminuyan el enorme impacto negativo que tienen las técnicas de agricultura predominantes.   Como organizaciones preocupadas por la emergencia climática a nivel global, nos sumaremos a la semana de acción global por el futuro del 20 al 27 de septiembre para demandar acción inmediata por la crisis climática organizando, difundiendo y participando en las actividades cuyo calendario se anexa.     Organizaciones convocantes:   Fridays For Future CDMX   Alianza Internacional de Habitantes Alianza Mexicana contra el Fracking Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán Asociación de Consumidores Orgánicos Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, A.C. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Bicitekas Bike Recycling México CCL (Ciudadn@s por un Clima Vivible) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA) Centro para la Diversidad Biológica Colectivo E3 Contaminantes Anónimus Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia - CONUR Coordinadora Socialista Revolucionaria - CSR El Poder del Consumidor Extinction Rebellion - México Food & Water Watch Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala Fundar – Centro de Análisis e Investigación Greenpeace México Grupo de Estudios Ambientales GEA Huerto Roma Verde La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (La Vida) Llamado Mundial para Frenar el Cambio Climático Misión Planeta A.C. Pobladores A.C. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Raké (Sociedad de alumnos de Relaciones Internacionales de la Ibero) Reacción por el Planeta Red por los Derechos de la Infancia en México Regeneration International Ruta Cívica Servicios y Asesoría para la Paz A.C. Taller13   Contacto de prensa: [email protected]  

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Ecuador apuesta por un auge minero a costa de la naturaleza

En el sur de la región oriental de Ecuador, en plena Amazonía, se alza imponente un macizo montañoso de más de 160 kilómetros de longitud: la Cordillera del Cóndor, que permaneció desconocida por años y que hoy conserva un extenso territorio intacto y sin explorar. En esa zona, de importancia clave para la vida, la ciencia y la conservación, comenzó a operar en julio el proyecto Mirador, una mina a cielo abierto para la extracción de cobre por un periodo previsto de 30 años. La puesta en marcha del proyecto marca también el inicio de la minería a gran escala en Ecuador, con la cual el gobierno pretende sostener la economía y dejar atrás su dependencia del petróleo. Se trata de una triste novedad porque la minería a gran escala implica riesgos de enormes daños ambientales, los cuales son más graves en un ecosistema de gran biodiversidad y próximo a fuentes de agua como la Cordillera del Cóndor, donde además viven comunidades indígenas y campesinas. Este impulso a la actividad extractiva contradice el avance de 2008, cuando Ecuador fue el primer país del mundo en reconocer los derechos de la naturaleza en su Constitución. Cuando la Amazonía arde en llamas y con ella nuestro futuro, Ecuador debe cambiar el rumbo y ser un ejemplo de protección efectiva de ese ecosistema y de quienes dependen de él para los otros países de la Cuenca Amazónica y para el mundo. Los recursos que necesitamos conservar “Al país le hacen falta recursos”. Con esas palabras justifican el proyecto Mirador los voceros de la empresa china Ecuacorriente —a cargo la concesión minera— y también los representantes del gobierno, que ha intensificado sin precedentes la industria minera en el país. Pero ¿qué pasará con la biodiversidad y con los servicios ambientales de la Cordillera del Cóndor, cuyo valor es incalculable? Esa cordillera amazónica protege bosques de neblina y páramos (humedales de alta montaña), ambos sumideros naturales de carbono. Alberga más de 2.000 especies de flora, entre ellas una de las pocas plantas carnívoras de Ecuador, y tiene 613 especies de aves. Según estudios, en este entorno único hay otras 2.000 especies de plantas por descubrir. Es ahí donde se realizarán excavaciones de 300 a 500 metros de profundidad para acceder a los minerales del subsuelo, y donde se construirán riesgosas presas para depositar toneladas de desechos. Los daños ya están ocurriendo. La empresa confirmó que se han talado 1.422 hectáreas de bosque para el proyecto. Y organizaciones locales han denunciado graves violaciones legales y constitucionales en torno al mismo. El discurso de las grandes ganancias para el país por la explotación y venta de los recursos del subsuelo ha cobrado fuerza en los últimos meses en el gobierno. Datos oficiales dan cuenta que actualmente el 7,5% del territorio está concesionado para la exploración de minerales, pero el gobierno analiza entregar nuevas concesiones. Para ello tiene previsto contar en 2020 con un mapa de las nuevas áreas donde estará permitido hacer minería. Estos planes ignoran los impactos perpetuos de la minería a gran escala. Entre ellos están la afectación del paisaje y los daños a la calidad del agua. En el caso de Mirador, el proyecto ya ha causado el desvío del río Tundayme, solo por nombrar uno de sus impactos, reconocidos como irreversibles por la misma empresa. “Sean coherentes, dejando de utilizar celulares y bicicletas y más objetos que provienen de materiales extraídos de las minas”, dijo el vicepresidente Otto Sonnenholzner, uno de los grandes promotores de la minería en el gobierno, retando a quienes se oponen a los proyectos mineros. “Le propongo otro reto: usted deje de utilizar agua y alimentos”, le respondió Yaku Pérez, defensor del agua y prefecto de la provincia de Azuay. La anterior es la metáfora más clara de lo que está en juego con el avance ciego de la minería a cielo abierto en Ecuador. La crisis climática exige una nueva visión de desarrollo El paso acelerado hacia la minería a gran escala en Ecuador significa actuar de forma negligente frente a la crisis climática global, la cual nos obliga a cambiar de modelo de desarrollo en esta misma década para lograr las metas de mitigación y adaptación. La comunidad científica internacional advirtió en 2018 que solo tenemos una docena de años para que el calentamiento global se mantenga a un máximo de 1.5 ° C (respecto de la era preindustrial) y que pasar ese límite haría peores los riesgos de sequías, inundaciones y calor extremo. Ello nos exige transiciones sin precedentes en sectores como la energía y los sistemas industriales. Impulsar la minería a gran escala es ir en reversa y profundizar el modelo de desarrollo que ha causado la emergencia climática. Significa arrasar con los sumideros naturales de carbono como los que alberga la Cordillera del Cóndor y el conjunto de la Amazonía. Ecuador puede y debe dar un nuevo paso al frente. Debe, al igual que hizo en 2008 con el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, encontrar un modelo de desarrollo que efectivamente respete sus obligaciones con el clima y con los derechos humanos. No puede seguir hipotecando el presente y futuro de comunidades y ecosistemas enteros bajo el pretexto de las ganancias inmediatas y efímeras de la minería. Nuevos caminos son posibles y, sobre todo, urgentes.  

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Seminario virtual "La Oroya: Aportes a una política integral para personas afectadas por metales pesados en Perú"

El 14 de agosto de 2019 se cumplen 10 años de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitiera el caso de habitantes de La Oroya afectados por la contaminación con metales pesados proveniente de una planta metalúrgica. Fue el primer caso en evidenciar la problemática generada por ese tipo de contaminación en Perú.   Este seminario web sirvió como foro para exponer desde distintas perspectivas las experiencias, los aprendizajes y los desafíos del caso en esta década. El propósito central fue aportar al debate nacional sobre la necesidad de una política pública integral para las personas vulnerables y/o afectadas por metales pesados provenientes de la extracción de recursos mineros y petroleros, y de un aparato institucional que implemente efectivamente esa política en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Perú en materia de derechos humanos.   Panelistas Liliana Ávila, Abogada Sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Presentación y bienvenida. Agustín Mamani, vocero de los beneficiarios de la Oroya: Una década en la defensa de la salud y el ambiente sano en la ciudad de la Oroya. Anna Cederstav, Codirectora Ejecutiva de AIDA: Antecedentes y relevancia del litigio ante la CIDH. Christian Huaylinos, Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH): Aprendizajes y desafíos de la implementación de las medidas cautelares y de la presentación del caso. Fernando Serrano, Ph.D., M.A. College for Public Health and Social Justice, Saint Louis University: Aportes a la Política Pública Nacional de afectados por metales pesados y desafíos para garantizar una atención afectiva. Yolanda Zurita, Plataforma Nacional de Afectados por Metales, Metaloides y otras Sustancias Químicas Tóxicas: El camino hacia el reconocimiento de la problemática de contaminación por metales pesados en Perú: ¿qué hemos logrado y qué falta? Abel Gilvonio, Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana: Aprendizajes y desafíos de la generación de la Política Pública Nacional de Afectados por metales pesados. Moderaron: Liliana Ávila y Rosa Peña, abogadas de AIDA.   GRABACIÓN   Presentaciones 1. Presentación introductoria:   2. Presentación de Agustín Mamani, vocero de los beneficiarios de la Oroya:   3. Presentación de Anna Cederstav, Codirectora Ejecutiva de AIDA:   4. Presentación de Fernando Serrano, College for Public Health and Social Justice, Saint Louis University:   5. Presentación de Abel Gilvonio, Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana:  

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Seminario virtual "Por un aire limpio: Poniendo a raya a la contaminación"

La grave contaminación atmosférica en varias ciudades de América Latina aún es el problema ambiental que más muertes cobra en la región. El desafío de resolverlo pasa no solo por la creación de estándares, normas y regulaciones sobre calidad del aire, sino también por su implementación efectiva. En una región azotada también por la crisis climática, el reto incluye controlar las emisiones de los llamados contaminantes climáticos de vida corta, aquellos como el carbono negro y el metano que dañan la salud humana y aportan significativamente al calentamiento global. Dada su corta duración en la atmósfera, su mitigación es un oportunidad de integrar políticas climáticas y de calidad del aire para mejorar la salud de las personas y afrontar la crisis climática en el corto plazo. En este seminario, el segundo de una serie de tres, abordaremos las experiencias de regulación de la calidad de aire en la región, incluyendo los esfuerzos de la sociedad civil para mejorar y/o hacer cumplir los límites a la contaminación, y los avances en el control de los contaminantes climáticos de vida corta.   PANELISTAS Florencia Ortúzar, Abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Introducción: Obligaciones internacionales para garantizar el derecho a respirar un aire limpio. Helena Molin Valdes, Directora de la Secretaría de la Coalición Clima y Aire limpio (CCAC): Controlando los Contaminantes Climáticos de Vida Corta en América Latina. Sebastián Tolvett Caro, Académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Departamento de Mecánica afiliado al Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 de la Universidad de Chile: Regulación e implementación (el caso de Santiago de Chile). Stephan Brodziak, Coordinador de las campañas de Calidad del Aire y Seguridad Vehicular de El Poder del Consumidor: Participación ciudadana: Mejorando y haciendo cumplir los planes y normas (el caso de la Ciudad de México). Moderó: Laura Rocha, periodista ambiental argentina y presidenta de Periodistas por el Planeta.   GRABACIÓN   PRESENTACIONES 1. Presententación introductoria:   2. Presentación de Florencia Ortúzar, AIDA:   3. Presentación de Helena Molin Valdes, Coalición Clima y Aire limpio (CCAC):   4. Presentación de Sebastián Tolvett Caro, Universidad Tecnológica Metropolitana:   5. Presentación de Stephan Brodziak, El Poder del Consumidor:  

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