Derechos Humanos

Minería, Cambio Climático, Derechos Humanos

Ecuador apuesta por un auge minero a costa de la naturaleza

En el sur de la región oriental de Ecuador, en plena Amazonía, se alza imponente un macizo montañoso de más de 160 kilómetros de longitud: la Cordillera del Cóndor, que permaneció desconocida por años y que hoy conserva un extenso territorio intacto y sin explorar. En esa zona, de importancia clave para la vida, la ciencia y la conservación, comenzó a operar en julio el proyecto Mirador, una mina a cielo abierto para la extracción de cobre por un periodo previsto de 30 años. La puesta en marcha del proyecto marca también el inicio de la minería a gran escala en Ecuador, con la cual el gobierno pretende sostener la economía y dejar atrás su dependencia del petróleo. Se trata de una triste novedad porque la minería a gran escala implica riesgos de enormes daños ambientales, los cuales son más graves en un ecosistema de gran biodiversidad y próximo a fuentes de agua como la Cordillera del Cóndor, donde además viven comunidades indígenas y campesinas. Este impulso a la actividad extractiva contradice el avance de 2008, cuando Ecuador fue el primer país del mundo en reconocer los derechos de la naturaleza en su Constitución. Cuando la Amazonía arde en llamas y con ella nuestro futuro, Ecuador debe cambiar el rumbo y ser un ejemplo de protección efectiva de ese ecosistema y de quienes dependen de él para los otros países de la Cuenca Amazónica y para el mundo. Los recursos que necesitamos conservar “Al país le hacen falta recursos”. Con esas palabras justifican el proyecto Mirador los voceros de la empresa china Ecuacorriente —a cargo la concesión minera— y también los representantes del gobierno, que ha intensificado sin precedentes la industria minera en el país. Pero ¿qué pasará con la biodiversidad y con los servicios ambientales de la Cordillera del Cóndor, cuyo valor es incalculable? Esa cordillera amazónica protege bosques de neblina y páramos (humedales de alta montaña), ambos sumideros naturales de carbono. Alberga más de 2.000 especies de flora, entre ellas una de las pocas plantas carnívoras de Ecuador, y tiene 613 especies de aves. Según estudios, en este entorno único hay otras 2.000 especies de plantas por descubrir. Es ahí donde se realizarán excavaciones de 300 a 500 metros de profundidad para acceder a los minerales del subsuelo, y donde se construirán riesgosas presas para depositar toneladas de desechos. Los daños ya están ocurriendo. La empresa confirmó que se han talado 1.422 hectáreas de bosque para el proyecto. Y organizaciones locales han denunciado graves violaciones legales y constitucionales en torno al mismo. El discurso de las grandes ganancias para el país por la explotación y venta de los recursos del subsuelo ha cobrado fuerza en los últimos meses en el gobierno. Datos oficiales dan cuenta que actualmente el 7,5% del territorio está concesionado para la exploración de minerales, pero el gobierno analiza entregar nuevas concesiones. Para ello tiene previsto contar en 2020 con un mapa de las nuevas áreas donde estará permitido hacer minería. Estos planes ignoran los impactos perpetuos de la minería a gran escala. Entre ellos están la afectación del paisaje y los daños a la calidad del agua. En el caso de Mirador, el proyecto ya ha causado el desvío del río Tundayme, solo por nombrar uno de sus impactos, reconocidos como irreversibles por la misma empresa. “Sean coherentes, dejando de utilizar celulares y bicicletas y más objetos que provienen de materiales extraídos de las minas”, dijo el vicepresidente Otto Sonnenholzner, uno de los grandes promotores de la minería en el gobierno, retando a quienes se oponen a los proyectos mineros. “Le propongo otro reto: usted deje de utilizar agua y alimentos”, le respondió Yaku Pérez, defensor del agua y prefecto de la provincia de Azuay. La anterior es la metáfora más clara de lo que está en juego con el avance ciego de la minería a cielo abierto en Ecuador. La crisis climática exige una nueva visión de desarrollo El paso acelerado hacia la minería a gran escala en Ecuador significa actuar de forma negligente frente a la crisis climática global, la cual nos obliga a cambiar de modelo de desarrollo en esta misma década para lograr las metas de mitigación y adaptación. La comunidad científica internacional advirtió en 2018 que solo tenemos una docena de años para que el calentamiento global se mantenga a un máximo de 1.5 ° C (respecto de la era preindustrial) y que pasar ese límite haría peores los riesgos de sequías, inundaciones y calor extremo. Ello nos exige transiciones sin precedentes en sectores como la energía y los sistemas industriales. Impulsar la minería a gran escala es ir en reversa y profundizar el modelo de desarrollo que ha causado la emergencia climática. Significa arrasar con los sumideros naturales de carbono como los que alberga la Cordillera del Cóndor y el conjunto de la Amazonía. Ecuador puede y debe dar un nuevo paso al frente. Debe, al igual que hizo en 2008 con el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, encontrar un modelo de desarrollo que efectivamente respete sus obligaciones con el clima y con los derechos humanos. No puede seguir hipotecando el presente y futuro de comunidades y ecosistemas enteros bajo el pretexto de las ganancias inmediatas y efímeras de la minería. Nuevos caminos son posibles y, sobre todo, urgentes.  

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Contaminación Tóxica, Derechos Humanos, Minería

La Oroya: Aportes a una política integral para personas afectadas por metales pesados en Perú

El 14 de agosto de 2019 se cumplen 10 años de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitiera el caso de habitantes de La Oroya afectados por la contaminación con metales pesados proveniente de una planta metalúrgica. Fue el primer caso en evidenciar la problemática generada por ese tipo de contaminación en Perú. Este seminario web sirvió como foro para exponer desde distintas perspectivas las experiencias, los aprendizajes y los desafíos del caso en esta década. El propósito central fue aportar al debate nacional sobre la necesidad de una política pública integral para las personas vulnerables y/o afectadas por metales pesados provenientes de la extracción de recursos mineros y petroleros, y de un aparato institucional que implemente efectivamente esa política en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Perú en materia de derechos humanos. PanelistasLiliana Ávila, Abogada Sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Presentación y bienvenida.Agustín Mamani, vocero de los beneficiarios de la Oroya: Una década en la defensa de la salud y el ambiente sano en la ciudad de la Oroya.Anna Cederstav, Codirectora Ejecutiva de AIDA: Antecedentes y relevancia del litigio ante la CIDH.Christian Huaylinos, Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH): Aprendizajes y desafíos de la implementación de las medidas cautelares y de la presentación del caso.Fernando Serrano, Ph.D., M.A. College for Public Health and Social Justice, Saint Louis University: Aportes a la Política Pública Nacional de afectados por metales pesados y desafíos para garantizar una atención afectiva.Yolanda Zurita, Plataforma Nacional de Afectados por Metales, Metaloides y otras Sustancias Químicas Tóxicas: El camino hacia el reconocimiento de la problemática de contaminación por metales pesados en Perú: ¿qué hemos logrado y qué falta?Abel Gilvonio, Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana: Aprendizajes y desafíos de la generación de la Política Pública Nacional de Afectados por metales pesados.Moderaron: Liliana Ávila y Rosa Peña, abogadas de AIDA. Grabación Presentaciones1. Presentación introductoria: 2. Presentación de Agustín Mamani, vocero de los beneficiarios de la Oroya: 3. Presentación de Anna Cederstav, Codirectora Ejecutiva de AIDA: 4. Presentación de Fernando Serrano, College for Public Health and Social Justice, Saint Louis University: 5. Presentación de Abel Gilvonio, Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana: 

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Cambio Climático, Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Por un aire limpio: Poniendo a raya a la contaminación

La grave contaminación atmosférica en varias ciudades de América Latina aún es el problema ambiental que más muertes cobra en la región. El desafío de resolverlo pasa no solo por la creación de estándares, normas y regulaciones sobre calidad del aire, sino también por su implementación efectiva.En una región azotada también por la crisis climática, el reto incluye controlar las emisiones de los llamados contaminantes climáticos de vida corta, aquellos como el carbono negro y el metano que dañan la salud humana y aportan significativamente al calentamiento global. Dada su corta duración en la atmósfera, su mitigación es un oportunidad de integrar políticas climáticas y de calidad del aire para mejorar la salud de las personas y afrontar la crisis climática en el corto plazo.En este seminario, el segundo de una serie de tres, abordaremos las experiencias de regulación de la calidad de aire en la región, incluyendo los esfuerzos de la sociedad civil para mejorar y/o hacer cumplir los límites a la contaminación, y los avances en el control de los contaminantes climáticos de vida corta. PanelistasFlorencia Ortúzar, Abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Introducción: Obligaciones internacionales para garantizar el derecho a respirar un aire limpio.Helena Molin Valdes, Directora de la Secretaría de la Coalición Clima y Aire limpio (CCAC): Controlando los Contaminantes Climáticos de Vida Corta en América Latina.Sebastián Tolvett Caro, Académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Departamento de Mecánica afiliado al Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 de la Universidad de Chile: Regulación e implementación (el caso de Santiago de Chile).Stephan Brodziak, Coordinador de las campañas de Calidad del Aire y Seguridad Vehicular de El Poder del Consumidor: Participación ciudadana: Mejorando y haciendo cumplir los planes y normas (el caso de la Ciudad de México).Moderó: Laura Rocha, periodista ambiental argentina y presidenta de Periodistas por el Planeta. Grabación Presentaciones1. Presentación introductoria: 2. Presentación de Florencia Ortúzar, AIDA: 3. Presentación de Helena Molin Valdes, Coalición Clima y Aire limpio (CCAC): 4. Presentación de Sebastián Tolvett Caro, Universidad Tecnológica Metropolitana: 5. Presentación de Stephan Brodziak, El Poder del Consumidor: 

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Cambio Climático, Derechos Humanos

Denuncia sociedad civil responsabilidad de empresas en emergencia climática

Se manifiestan frente a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para exponer que 100 compañías son responsables del 52% de las emisiones en la atmósfera desde la revolución industrial. Piden al gobierno reconocer la emergencia climática y avanzar en las políticas públicas para reducir las emisiones de CO2. Ciudad de México. Organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas en frenar la emergencia climática que enfrenta nuestro planeta, se manifestaron este lunes frente a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a fin de generar conciencia sobre la relación que existe entre el acelerado calentamiento global y el modelo de desarrollo económico prevaleciente, el cual privilegia el consumo y la quema excesiva de combustibles fósiles por encima de la protección de los ecosistemas y los derechos humanos. De acuerdo con lo señalado por expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) en el Reporte Especial de 1.5°C de calentamiento global, quedan menos de 11 años para reducir a la mitad las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) y limitar el incremento de la temperatura global en 1.5°C para finales del presente siglo. A pesar de esta emergencia, la Agencia Internacional de Energía reporta que la tendencia del sector energético continuará al alza en los próximos años. Las y los asistentes leyeron un pronunciamiento destacando que mantener el crecimiento económico y seguir midiendo el Producto Interno Bruto (PIB) sin considerar los daños a los ecosistemas y a los derechos humanos, es simplemente inaceptable. “Es  necesario un cambio de paradigma en los modelos de producción, distribución y consumo.  Apenas 100 compañías son responsables del 52% de las emisiones a la atmósfera desde la revolución industrial; 7% de la población más rica a nivel global es responsable de más de 50% de todas las emisiones acumuladas en la atmósfera, mientras que 50% de la población más pobre de este planeta no es responsable ni del 7% de las emisiones globales”. Añadieron que, del 2016 al 2018, es decir tres años a partir de la firma del Acuerdo de París, los 33 bancos más grandes del mundo reportaron una inversión de casi 2 trillones de dólares en la extracción y producción de combustibles fósiles. En 2018, el 87% del consumo primario de energía a nivel mundial seguía dependiendo de los combustibles fósiles. Ese mismo año, las emisiones globales del sector energético crecieron en un 2%. Al mismo tiempo, tan sólo en los países integrantes del G20, se invirtieron 147 mil millones de dólares en subsidios a combustibles fósiles. Con relación a lo que ocurre en México, se explicó que, de los proyectos contemplados por Petróleos Mexicanos (Pemex)  se emitirán 3,305 millones de toneladas de bióxido de carbono (CO2) incumpliendo los compromisos al 2050.  Recordaron que México se encuentra hoy en el puesto número 13 a nivel global como emisor de GEI; al mismo tiempo, cerca de 69% de la población y 71% de las actividades económicas son vulnerables a los efectos del cambio climático. Esta realidad obliga a tomar acciones urgentes para dejar atrás un modelo dependiente de los combustibles fósiles y transitar hacia las energías renovables con una visión de respeto a derechos humanos y distribución equitativa de consumo.  De igual forma, el país debe adoptar sistemas sustentables -orgánicos y regenerativos de producción de alimentos y dejar de otorgar permisos y concesiones a empresas contaminantes. Por todo lo expuesto anteriormente, los manifestantes demandan: Que el gobierno de México reconozca la existencia de una emergencia climática, integre el combate al cambio climático como una prioridad nacional, genere políticas que incidan directamente en la reducción de las emisiones y asigne presupuesto suficiente que contribuya a los esfuerzos para frenar el aumento de la temperatura en 1.5°C; Que se tomen todas las medidas necesarias para que el país reduzca el 50% de sus emisiones en 2030 y alcance las emisiones cero en 2050, como lo establece el IPCC a nivel global; Que el gobierno de México garantice acciones climáticas que respeten y protejan los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, apelando a medidas efectivas de reparación y que garanticen un futuro sostenible para la presente y futuras generaciones. Pedimos la ratificación y establecimiento del marco legal necesario para cumplir con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). Que el Estado mexicano prohíba el uso de químicos, pesticidas y productos genéticamente modificados, con el fin de rescatar las formas de producción de alimentos tradicionales y locales; y que al mismo tiempo se diseñe una política de adaptación que parta de la contribución que estos de siembra y cultivo agroecológicas tienen para el enfriamiento del planeta. Que el sector privado y las instituciones financieras internacionales reconozcan su cuota de responsabilidad en la crisis climática y se comprometan a dejar de financiar proyectos etiquetados como energía limpia, pero que agravan el problema, como es el caso de las hidroeléctricas, el gas natural o la nuclear, y que dirija el apoyo hacia energías realmente sostenibles y alternativas. Finalmente, los asistentes anunciaron que se sumarán a la semana de acción global por el futuro del 20 al 27 de septiembre para demandar acción inmediata por la emergencia climática; participando con los y las jóvenes, niñas y niños en la marcha de Fridays for Future el próximo 20 de septiembre a las 2 pm del Ángel al Zócalo.   Organizaciones convocantes: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), El Poder del Consumidor, Food & Water Watch, Greenpeace México, PODER (Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, por sus siglas en inglés), Asociación de Consumidores Orgánicos, Regeneration International, Alianza Mexicana contra el Fracking, Red por los Derechos de la Infancia en México, Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Fundación Heinrich-Böll  - México y El Caribe, Extinction Rebellion - México, Huerto Roma Verde, Fundar – Centro de Análisis e Investigación, Servicios y Asesoría para la Paz A.C.  

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Cambio Climático, Derechos Humanos

Declaração da AIDA sobre a crise na Amazônia

A AIDA está profundamente preocupada com a grave situação na Amazônia, que está sendo devastada por um grande número de incêndios no Brasil e em outros países amazônicos. As consequências destes incêndios são devastadoras para a biodiversidade da zona e para as comunidades que a habitam, mas também para o planeta, que enfrenta uma crise climática que exige acções cada vez mais urgentes e eficazes. A Amazônia abriga 20% da água doce não congelada da Terra e um quarto das espécies do mundo. Além disso, a selva amazônica libera cerca de 20% do oxigênio que respiramos e armazena de 90 a 140 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, regulando o clima global. A comunidade científica internacional destacou enfaticamente que a destruição das florestas tropicais causa 20% das emissões de gases de efeito estufa. Por esta razão, o ecossistema amazônico é vital para mitigar a crise climática. O atual surto de incêndios deixa à mostra a vulnerabilidade da Amazônia, que se deve a uma combinação de fatores, incluindo aumento das secas, desmatamento, usos insustentáveis do solo e do subsolo e aumento da temperatura global. O número recorde de incêndios na floresta amazônica agrava a crise climática e, com ela, a ameaça de desastres naturais cada vez mais devastadores. O aumento do desmatamento e a multiplicação de incêndios é o resultado das políticas, da retórica e das ações do governo de Jair Bolsonaro, que vêm ativamente desmantelando o arcabouço institucional que garante a devida proteção da Amazônia e de seus povos, ao mesmo tempo em que promove, de forma irresponsável, a expansão da fronteira agrícola, pecuária e extrativista na Amazônia. Esta tendência preocupante se repete no resto dos países chamados a proteger a bacia amazônica, como Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela, cujos governos também não estão fazendo os esforços necessários para preservar a Amazônia. Neste contexto, a AIDA exige que os Estados com jurisdição sobre a Floresta Amazônica tomem medidas urgentes para deter os incêndios. Insta também a comunidade internacional e os cidadãos a exercer pressão sobre os governos do Brasil e de outros países da região para que revertam o curso de suas ações e protejam efetivamente a Amazônia, sua biodiversidade e as pessoas que dela dependem. Nesse sentido, exigimos a todos os países com jurisdição sobre a Floresta Amazônica: Fortalecer instituições e normas ambientais; Suspender imediatamente a retórica que incentiva o desmatamento e a destruição da Amazônia; Impedir a expansão indiscriminada da fronteira agrícola, pecuária e extrativista na região; Adotar uma política de planejamento e utilização adequada dos solos; Assegurar a existência e restauração dos ciclos de vida dos ecossistemas; e Controlar o desmatamento e preservar a Amazônia com o apoio financeiro e técnico da cooperação internacional multilateral.   Saiba mais sobre nosso trabalho na Amazônia. Contato de comunicação: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107  

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Cambio Climático, Derechos Humanos

Pronunciamiento de AIDA ante la crisis en la Amazonía

AIDA manifiesta su profunda preocupación por la grave situación de la Amazonía, que está siendo arrasada por una gran cantidad de incendios en Brasil y en otros países amazónicos.  Las consecuencias son devastadoras para la biodiversidad de la zona y para las comunidades que la habitan. También lo son para el planeta, que enfrenta una crisis climática que requiere de acciones cada vez más urgentes y efectivas. La Amazonía guarda el 20% del agua dulce no congelada de la Tierra y alberga una cuarta parte de las especies del mundo. Además, la selva amazónica libera cerca del 20% del oxígeno que respiramos y almacena de 90 mil a 140 mil millones de toneladas de dióxido de carbono, regulando el clima global. La comunidad científica internacional ha señalado enfáticamente que la destrucción de selvas tropicales causa el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, el ecosistema amazónico es vital para la mitigación de la crisis climática. Los incendios que lo azotan demuestran que la Amazonía es más vulnerable que antes debido a una combinación de factores, entre ellos el aumento de las sequías, la deforestación, los usos no sostenibles del suelo y del subsuelo y el aumento de la temperatura global. El número récord de fuegos en la selva amazónica agrava la crisis climática y con ella la amenaza de desastres naturales cada vez más nefastos. Ese mismo resultado tienen las políticas, retórica y acciones del gobierno de Jair Bolsonaro, que desmantelan activamente la debida protección del Amazonas y de sus pueblos indígenas, al tiempo que promueven de manera irresponsable la expansión de la frontera agrícola, ganadera y extractiva en la Amazonía, la cual conlleva un incremento de la deforestación y las consecuencias que hoy estamos presenciando. Esta preocupante tendencia se repite en el resto de los países llamados a proteger la cuenca amazónica como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, cuyos gobiernos tampoco han hecho lo suficiente para preservar la Amazonía. Ante este panorama, AIDA exige a los gobiernos de la cuenca Amazónica adoptar medidas urgentes para detener los incendios. Además, exhorta a la comunidad internacional y a la ciudadanía a ejercer presión sobre los gobiernos de Brasil y del resto de países de la región para que reviertan el curso de sus acciones y protejan efectivamente la Amazonía, su biodiversidad y a las personas que dependen de ella. Exigimos acciones concretas de estos gobiernos: Fortalecer la institucionalidad y las normas ambientales; Suspender inmediatamente la retórica que alienta la deforestación y la destrucción de la Amazonía; Detener la expansión indiscriminada de la frontera agrícola, ganadera y extractiva en la zona; Adoptar una planificación y uso adecuado de suelos; Garantizar la existencia y restauración de los ciclos vitales del ecosistema; y Controlar la deforestación y conservar la Amazonía con el apoyo financiero y técnico de la cooperación internacional multilateral.   Conoce aquí más de nuestro trabajo por el Amazonas. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), [email protected], +5215570522107  

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Diversidad de especies de aves en Yum Balam, aréa natural protegida en México
Arrecifes de coral, Océanos, Cambio Climático

Defienden a Yum Balam, ecosistema clave para la biodiversidad y el clima

AIDA presentó un escrito legal que evidencia la importancia del área protegida, así como las obligaciones internacionales de México en materia ambiental y de derechos humanos para preservarlo frente a la intención de instalar allí 21 mil cuartos de hotel, un proyecto que implicaría daños significativos en el sitio. Cancún, México. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó ante el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Quintana Roo un escrito legal (Amicus Curiae) para defender el Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, ubicada al norte del estado. En 2018, cuando se publicó el Programa de Manejo del sitio, propietarios privados y ejidales presentaron varias demandas de amparo en contra del mismo y del decreto de creación del área protegida argumentando afectaciones a sus derechos de participación, propiedad y legalidad. Antes de la publicación del Programa de Manejo, el Consejo Asesor del área protegida recibió el informe de una consultoría que recomienda, por ser económicamente viable, la construcción dentro de Yum Balam de un megaproyecto turístico que contempla 21 mil cuartos de hotel. “Esa viabilidad está en duda porque cada cuarto de hotel generaría cambios en el uso del suelo, incremento poblacional, pérdida de flora y fauna y otros daños irrreversibles en las características ecológicas del lugar”, afirmó Camilo Thompson, abogado de AIDA. “Lo que está en juego es conservar el aporte que Yum Balam realiza al disfrute de un ambiente sano para las generaciones presentes y futuras”. El decreto de creación del área protegida, que data de 1994, pone al interés público y a la regulación de los entornos naturales que benefician a todo el país por encima de intereses privados. Y el Programa de Manejo está orientado a regular la conservación y uso sostenible de Yum Balam. Adicionalmente, el sitio es considerado Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar. “De acuerdo con un estudio, los manglares y pastos marinos de Yum Balam evitan la fuga de 38.5 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), equivalentes a la emisión de gases de efecto invernadero de 9.4 millones de mexicanos”, resaltó Pilar Diez, Directora Regional del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA-Sureste). En sus 152 mil hectáreas de superficie, el sitio posee también arrecifes y dunas costeras. Es hábitat de más del 90% de las aves endémicas de la Península de Yucatán, de tortugas marinas en estado de protección especial como la carey y la caguama, de tiburones ballena y delfines, y de especies terrestres en peligro de extinción como el jaguar. De hecho, el significado en maya de Yum Balam es Señor Jaguar. “Con el escrito buscamos documentar la importancia nacional y mundial de Yum Balam en un contexto crisis climática”, dijo Thompson. “Apostar por el desarrollo de megaproyectos turísticos es incompatible con la tarea urgente de enfrentar esa crisis y lograr justicia climática”. Tanto el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC por sus siglas en inglés) como la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) han sido muy firmes respecto a la situación actual de pérdida de ecosistemas y a las acciones urgentes que todos los países deben adoptar ante la crisis climática.  “El escrito documenta el marco legal internacional según el cual el Estado mexicano está obligado a garantizar derechos humanos fundamentales como el derecho a un ambiente sano”, explicó Thompson. “México tiene la obligación de conservar su biodiversidad: sus humedales costeros, bosques, selvas y otros ecosistemas que regulan el clima y contribuyen a la pesca y al turismo”. Por tanto, la decisión del Juzgado debe ser congruente y progresiva con ese contexto, dando continuidad a la protección de Yum Balam. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107  

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Derechos Humanos

Observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial sobre los informes 18 a 21 de México

Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) sobre los informes periódicos números 18 a 21 combinados de México, presentados en un solo documento, en sus 2745ª y 2746ª sesiones, celebradas los días 8 y 9 de agosto de 2019. El CERD es un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial por los Estados partes.   Consulta el informe completo

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Derechos Indígenas, Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Los desafíos de los pueblos indígenas frente a proyectos de desarrollo

Ciudad de México. El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos indígenas, siendo un momento para reflexionar  acerca del legado que ellos han heredado de sus ancestros, sus prácticas bioculturales, su manera de relacionarse con la gente y la naturaleza. Pero no solo eso. Retienen además esquemas sociales, culturales, económicos y políticos distintos de los dominantes en la sociedad mexicana y que, lamentablemente, enfrentan grandes retos y problemáticas a la hora de proteger sus derechos individuales y colectivos como pueblos diferentes. Los pueblos originarios han buscado por años el reconocimiento y respeto de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus tierras y territorios, así como la lucha por la defensa de sus recursos naturales. Pese a ello, a lo largo de la historia sus derechos han sido violados. En la actualidad, se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas por el modelo de desarrollo promovido por años. El caso particular de las comunidades mayas radicadas en Hopelchen, Campeche, no es la excepción. El permiso 07_2012 otorgado a la empresa Monsanto en 2012 para la siembra comercial de 253,500 hectáreas de soya genéticamente modificada (GM) para 7 estados del país, incluyendo los de la Península de Yucatán vino a trastocar la economía, la convivencia y relativa paz en la región. A pesar del impacto negativo y la transformación sustancial que la siembra de soya transgénica conlleva en los modos de vida de los campesinos de la región, las comunidades indígenas afectadas no fueron informadas y mucho menos  consultadas sobre el permiso otorgado a la empresa; tampoco sobre la pertinencia de sembrar esta oleaginosa, principalmente destinada para producción de aceites y grasas, así como alimentos para animales. En 2019 las comunidades mayas viven en resistencia frente a distintas afectaciones vinculadas a dicho cultivo: su principal actividad económica, la apicultura, exportada en su mayoría a la Unión Europea, ha sufrido mermas, no solo por el abuso de agroquímicos sino por la reducción de zonas de pecoreo para las abejas debido a la tala ilegal de montes y selvas, siendo el municipio de Hopelchen de los más deforestados en todo el país. Hay que reconocer que las abejas no son las únicas víctimas de este modelo de desarrollo depredador sino también  la flora y fauna de la región, junto con los cultivos de las propias comunidades. El crecimiento acelerado de las áreas de cultivo para el establecimiento de grandes extensiones de monocultivos no solo trae como consecuencia la deforestación. Se han abierto a la agricultura zonas de selvas inundables (no aptas para el uso agrícola) en donde se han desecado aguadas y se construyen pozos de absorción de agua ilegales para evitar que los cultivos se inunden. Estos pozos de absorción actúan como desagües a través de los cuales enormes cantidades de residuos de agrotóxicos, incluyendo el potencialmente cancerígeno glifosato, contaminan el agua en los mantos freáticos, de la cual se abastecen las comunidades para consumo humano, sin que ninguna autoridad les informe sobre las afectaciones en su salud a mediano y largo plazo. Por otro lado, el descontrolado incremento de fumigaciones aéreas con agroquímicos muy cercanas a poblados como Suc Tuc, Ich-Ek, Poste y Sahcabchen, del municipio de Hopelchén, pone en evidencia el nulo control de las avionetas que pasan cerca de las comunidades,  rociándolas  con agroquímicos, omitiendo la aplicación de medidas sanitarias o fitosanitarias adecuadas, provocando no solo que los habitantes perciban el olor de los químicos sino que algunos reporten dolor de cabeza, mareos y vómito. El riesgo para la salud humana que esto implica es muy grande. Además se observan graves daños en la apicultura y las selvas de los ejidos que colindan con las áreas fumigadas. Los peligros que conlleva el actual modelo agroindustrial basado en semillas transgénicas, monocultivos y agroquímicos, ha violentado diversos derechos humanos de las comunidades mayas, como el derecho a la salud, al agua libre de sustancias químicas, al medio ambiente sano, a la alimentación, a ser informados, escuchados y consultados, entre otros. Las comunidades mayas de Hopelchén, apoyadas por investigadores, académicos y organizaciones de la sociedad civil, han venido denunciando desde hace ocho años las afectaciones y los riesgos asociados a este modelo depredador. “Estos dos modelos de desarrollo hoy confrontan a los pobladores de Hopelchén, ejerciendo presión de un grupo sobre otro que, incluso, alcanzan niveles preocupantes de descalificaciones y acusaciones falsas, como el que las comunidades mayas en resistencia “son marionetas de ambientalistas”. Estas declaraciones buscan acallar las voces de líderes indígenas y de sus familias, vulneran su integridad y se dan en un contexto de omisión por parte de las autoridades al no asumir su responsabilidad en la aplicación y cumplimiento de la ley, atentando contra el derecho a emprender la defensa de los derechos humanos ¡Esto debe parar ya¡”, señaló Carlos Escoffié, abogado del Colectivo de Comunidades de Los Chenes. “Las corporaciones deben responsabilizarse por sus impactos al ambiente y a la salud de las poblaciones, respetando sus derechos humanos; mientras que los agentes del Estado deben prevenir, investigar, sancionar y reparar, así como defender y garantizar esos  derechos humanos, actuando en favor  de los pueblos y comunidades indígenas en lugar de apoyar los intereses económicos empresariales”, explicó Maria Colin, campañista legal de Greenpeace México. “El gobierno mexicano debe cambiar las políticas agrícolas erróneas que promueven un modelo basado en monocultivos, plaguicidas y transgénicos y, en vez de ello, apoyar a los agricultores y comunidades indígenas que producen alimentos sanos mediante un buen manejo sustentable de sus recursos naturales, en armonía con la naturaleza”, señaló Colin.   Suscriben: Greenpeace México Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Cohesión Comunitaria e Innovación Social Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. Colectivo de Comunindades Mayas de los Chenes.  Contactos de prensa: Angélica Simón, Greenpeace, 5534313544 Colectivo de Comunidades de Los Chenes, [email protected]   Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], +521 5570522107      

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Participación Ciudadana, Derechos Humanos

Nosotros también gritamos por la paz: Organizaciones internacionales de la sociedad civil acompañamos a los y las colombianas que mañana marchan por la paz

Las Américas. Mientras que los colombianos y las colombianas marchan por la paz en su país éste 26 de julio, hacemos  eco de sus reclamos  exigiendo un final permanente a la guerra que cobró 260,000 vidas y obligó a 8 millones de personas a huir de sus hogares, la mayoría pertenecientes a comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas, y principalmente mujeres y niños. Nos sumamos a su llamado exigiendo que el gobierno colombiano proteja a los líderes y las lideresas sociales que trabajan para crear condiciones de paz en sus territorios. Centenares de personas han sido asesinadas desde el 2016 cuando se firmaron los acuerdos de paz, mientras que muchas más viven una situación de amenazas y ataques constantes. Esta tragedia debe cesar. Apoyamos  las voces  que hoy urgen al Estado de Colombia a implementar plenamente los acuerdos de paz,  firmados entre el gobierno y las FARC y a proteger la vida e integridad de los líderes.   De lo contrario, Colombia  perderá esta única oportunidad para alcanzar la paz. Por último, hacemos un llamado a los Estados Unidos y a la comunidad internacional en general para que apoyen con entusiasmo la implementación efectiva de los acuerdos. Nos solidarizamos con los millones de colombianos y colombianas que luchan para crear una paz justa, completa y duradera y que mañana dicen #26deJulioElGrito.   Firman: 350.org Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos Acción Solidaria ActionAid USA AFL-CIO ÁGORA Espacio Civil Paraguay Amazon Watch Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Center for Justice and International Law (CEJIL) Center for Reproductive Rights Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. - México Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM) Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN) Christian Peacemaker Teams Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) CIVICUS - World Alliance for Citizen Participation Colombia Grassroot Support, New Jersey Colombia Human Rights Committee, Washington DC Comisión Ecuménica de Derechos Humanos Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Convergencia por los Derechos Humanos Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú Corporación Humanas Chile CSW Defensor de derechos humanos en México Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ) Global Witness International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality) International Labor Rights Forum International Rivers InterReligious Task Force On Central America and Colombia Latin America Working Group (LAWG) Movimiento Autónomo de Mujeres, Nicaragua Mujeres Libres COLEM, A.C. Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C. NJ Peace Council Not1More Oxfam Paz y Esperanza Presbyterian Church USA Presbyterian Peace Fellowship Red Para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador (RIA) Redes por los Derechos de la Infancia (REDIM) Robert F. Kennedy Human Rights Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) United Church of Christ, Justice and Witness Ministries Washington Office on Latin America (WOLA) Witness for Peace Solidarity Collective  

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