Derechos Humanos


Pronunciamiento de AIDA ante la crisis en la Amazonía

AIDA manifiesta su profunda preocupación por la grave situación de la Amazonía, que está siendo arrasada por una gran cantidad de incendios en Brasil y en otros países amazónicos.  Las consecuencias son devastadoras para la biodiversidad de la zona y para las comunidades que la habitan. También lo son para el planeta, que enfrenta una crisis climática que requiere de acciones cada vez más urgentes y efectivas. La Amazonía guarda el 20% del agua dulce no congelada de la Tierra y alberga una cuarta parte de las especies del mundo. Además, la selva amazónica libera cerca del 20% del oxígeno que respiramos y almacena de 90 mil a 140 mil millones de toneladas de dióxido de carbono, regulando el clima global. La comunidad científica internacional ha señalado enfáticamente que la destrucción de selvas tropicales causa el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, el ecosistema amazónico es vital para la mitigación de la crisis climática. Los incendios que lo azotan demuestran que la Amazonía es más vulnerable que antes debido a una combinación de factores, entre ellos el aumento de las sequías, la deforestación, los usos no sostenibles del suelo y del subsuelo y el aumento de la temperatura global. El número récord de fuegos en la selva amazónica agrava la crisis climática y con ella la amenaza de desastres naturales cada vez más nefastos. Ese mismo resultado tienen las políticas, retórica y acciones del gobierno de Jair Bolsonaro, que desmantelan activamente la debida protección del Amazonas y de sus pueblos indígenas, al tiempo que promueven de manera irresponsable la expansión de la frontera agrícola, ganadera y extractiva en la Amazonía, la cual conlleva un incremento de la deforestación y las consecuencias que hoy estamos presenciando. Esta preocupante tendencia se repite en el resto de los países llamados a proteger la cuenca amazónica como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, cuyos gobiernos tampoco han hecho lo suficiente para preservar la Amazonía. Ante este panorama, AIDA exige a los gobiernos de la cuenca Amazónica adoptar medidas urgentes para detener los incendios. Además, exhorta a la comunidad internacional y a la ciudadanía a ejercer presión sobre los gobiernos de Brasil y del resto de países de la región para que reviertan el curso de sus acciones y protejan efectivamente la Amazonía, su biodiversidad y a las personas que dependen de ella. Exigimos acciones concretas de estos gobiernos: Fortalecer la institucionalidad y las normas ambientales; Suspender inmediatamente la retórica que alienta la deforestación y la destrucción de la Amazonía; Detener la expansión indiscriminada de la frontera agrícola, ganadera y extractiva en la zona; Adoptar una planificación y uso adecuado de suelos; Garantizar la existencia y restauración de los ciclos vitales del ecosistema; y Controlar la deforestación y conservar la Amazonía con el apoyo financiero y técnico de la cooperación internacional multilateral.   Conoce aquí más de nuestro trabajo por el Amazonas. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), [email protected], +5215570522107  

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Diversidad de especies de aves en Yum Balam, aréa natural protegida en México

Defienden a Yum Balam, ecosistema clave para la biodiversidad y el clima

AIDA presentó un escrito legal que evidencia la importancia del área protegida, así como las obligaciones internacionales de México en materia ambiental y de derechos humanos para preservarlo frente a la intención de instalar allí 21 mil cuartos de hotel, un proyecto que implicaría daños significativos en el sitio. Cancún, México. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó ante el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Quintana Roo un escrito legal (Amicus Curiae) para defender el Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, ubicada al norte del estado. En 2018, cuando se publicó el Programa de Manejo del sitio, propietarios privados y ejidales presentaron varias demandas de amparo en contra del mismo y del decreto de creación del área protegida argumentando afectaciones a sus derechos de participación, propiedad y legalidad. Antes de la publicación del Programa de Manejo, el Consejo Asesor del área protegida recibió el informe de una consultoría que recomienda, por ser económicamente viable, la construcción dentro de Yum Balam de un megaproyecto turístico que contempla 21 mil cuartos de hotel. “Esa viabilidad está en duda porque cada cuarto de hotel generaría cambios en el uso del suelo, incremento poblacional, pérdida de flora y fauna y otros daños irrreversibles en las características ecológicas del lugar”, afirmó Camilo Thompson, abogado de AIDA. “Lo que está en juego es conservar el aporte que Yum Balam realiza al disfrute de un ambiente sano para las generaciones presentes y futuras”. El decreto de creación del área protegida, que data de 1994, pone al interés público y a la regulación de los entornos naturales que benefician a todo el país por encima de intereses privados. Y el Programa de Manejo está orientado a regular la conservación y uso sostenible de Yum Balam. Adicionalmente, el sitio es considerado Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar. “De acuerdo con un estudio, los manglares y pastos marinos de Yum Balam evitan la fuga de 38.5 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), equivalentes a la emisión de gases de efecto invernadero de 9.4 millones de mexicanos”, resaltó Pilar Diez, Directora Regional del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA-Sureste). En sus 152 mil hectáreas de superficie, el sitio posee también arrecifes y dunas costeras. Es hábitat de más del 90% de las aves endémicas de la Península de Yucatán, de tortugas marinas en estado de protección especial como la carey y la caguama, de tiburones ballena y delfines, y de especies terrestres en peligro de extinción como el jaguar. De hecho, el significado en maya de Yum Balam es Señor Jaguar. “Con el escrito buscamos documentar la importancia nacional y mundial de Yum Balam en un contexto crisis climática”, dijo Thompson. “Apostar por el desarrollo de megaproyectos turísticos es incompatible con la tarea urgente de enfrentar esa crisis y lograr justicia climática”. Tanto el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC por sus siglas en inglés) como la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) han sido muy firmes respecto a la situación actual de pérdida de ecosistemas y a las acciones urgentes que todos los países deben adoptar ante la crisis climática.  “El escrito documenta el marco legal internacional según el cual el Estado mexicano está obligado a garantizar derechos humanos fundamentales como el derecho a un ambiente sano”, explicó Thompson. “México tiene la obligación de conservar su biodiversidad: sus humedales costeros, bosques, selvas y otros ecosistemas que regulan el clima y contribuyen a la pesca y al turismo”. Por tanto, la decisión del Juzgado debe ser congruente y progresiva con ese contexto, dando continuidad a la protección de Yum Balam. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107  

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Derechos Humanos

Observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial sobre los informes 18 a 21 de México

Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) sobre los informes periódicos números 18 a 21 combinados de México, presentados en un solo documento, en sus 2745ª y 2746ª sesiones, celebradas los días 8 y 9 de agosto de 2019. El CERD es un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial por los Estados partes.   Consulta el informe completo

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Los desafíos de los pueblos indígenas frente a proyectos de desarrollo

Ciudad de México. El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos indígenas, siendo un momento para reflexionar  acerca del legado que ellos han heredado de sus ancestros, sus prácticas bioculturales, su manera de relacionarse con la gente y la naturaleza. Pero no solo eso. Retienen además esquemas sociales, culturales, económicos y políticos distintos de los dominantes en la sociedad mexicana y que, lamentablemente, enfrentan grandes retos y problemáticas a la hora de proteger sus derechos individuales y colectivos como pueblos diferentes. Los pueblos originarios han buscado por años el reconocimiento y respeto de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus tierras y territorios, así como la lucha por la defensa de sus recursos naturales. Pese a ello, a lo largo de la historia sus derechos han sido violados. En la actualidad, se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas por el modelo de desarrollo promovido por años. El caso particular de las comunidades mayas radicadas en Hopelchen, Campeche, no es la excepción. El permiso 07_2012 otorgado a la empresa Monsanto en 2012 para la siembra comercial de 253,500 hectáreas de soya genéticamente modificada (GM) para 7 estados del país, incluyendo los de la Península de Yucatán vino a trastocar la economía, la convivencia y relativa paz en la región. A pesar del impacto negativo y la transformación sustancial que la siembra de soya transgénica conlleva en los modos de vida de los campesinos de la región, las comunidades indígenas afectadas no fueron informadas y mucho menos  consultadas sobre el permiso otorgado a la empresa; tampoco sobre la pertinencia de sembrar esta oleaginosa, principalmente destinada para producción de aceites y grasas, así como alimentos para animales. En 2019 las comunidades mayas viven en resistencia frente a distintas afectaciones vinculadas a dicho cultivo: su principal actividad económica, la apicultura, exportada en su mayoría a la Unión Europea, ha sufrido mermas, no solo por el abuso de agroquímicos sino por la reducción de zonas de pecoreo para las abejas debido a la tala ilegal de montes y selvas, siendo el municipio de Hopelchen de los más deforestados en todo el país. Hay que reconocer que las abejas no son las únicas víctimas de este modelo de desarrollo depredador sino también  la flora y fauna de la región, junto con los cultivos de las propias comunidades. El crecimiento acelerado de las áreas de cultivo para el establecimiento de grandes extensiones de monocultivos no solo trae como consecuencia la deforestación. Se han abierto a la agricultura zonas de selvas inundables (no aptas para el uso agrícola) en donde se han desecado aguadas y se construyen pozos de absorción de agua ilegales para evitar que los cultivos se inunden. Estos pozos de absorción actúan como desagües a través de los cuales enormes cantidades de residuos de agrotóxicos, incluyendo el potencialmente cancerígeno glifosato, contaminan el agua en los mantos freáticos, de la cual se abastecen las comunidades para consumo humano, sin que ninguna autoridad les informe sobre las afectaciones en su salud a mediano y largo plazo. Por otro lado, el descontrolado incremento de fumigaciones aéreas con agroquímicos muy cercanas a poblados como Suc Tuc, Ich-Ek, Poste y Sahcabchen, del municipio de Hopelchén, pone en evidencia el nulo control de las avionetas que pasan cerca de las comunidades,  rociándolas  con agroquímicos, omitiendo la aplicación de medidas sanitarias o fitosanitarias adecuadas, provocando no solo que los habitantes perciban el olor de los químicos sino que algunos reporten dolor de cabeza, mareos y vómito. El riesgo para la salud humana que esto implica es muy grande. Además se observan graves daños en la apicultura y las selvas de los ejidos que colindan con las áreas fumigadas. Los peligros que conlleva el actual modelo agroindustrial basado en semillas transgénicas, monocultivos y agroquímicos, ha violentado diversos derechos humanos de las comunidades mayas, como el derecho a la salud, al agua libre de sustancias químicas, al medio ambiente sano, a la alimentación, a ser informados, escuchados y consultados, entre otros. Las comunidades mayas de Hopelchén, apoyadas por investigadores, académicos y organizaciones de la sociedad civil, han venido denunciando desde hace ocho años las afectaciones y los riesgos asociados a este modelo depredador. “Estos dos modelos de desarrollo hoy confrontan a los pobladores de Hopelchén, ejerciendo presión de un grupo sobre otro que, incluso, alcanzan niveles preocupantes de descalificaciones y acusaciones falsas, como el que las comunidades mayas en resistencia “son marionetas de ambientalistas”. Estas declaraciones buscan acallar las voces de líderes indígenas y de sus familias, vulneran su integridad y se dan en un contexto de omisión por parte de las autoridades al no asumir su responsabilidad en la aplicación y cumplimiento de la ley, atentando contra el derecho a emprender la defensa de los derechos humanos ¡Esto debe parar ya¡”, señaló Carlos Escoffié, abogado del Colectivo de Comunidades de Los Chenes. “Las corporaciones deben responsabilizarse por sus impactos al ambiente y a la salud de las poblaciones, respetando sus derechos humanos; mientras que los agentes del Estado deben prevenir, investigar, sancionar y reparar, así como defender y garantizar esos  derechos humanos, actuando en favor  de los pueblos y comunidades indígenas en lugar de apoyar los intereses económicos empresariales”, explicó Maria Colin, campañista legal de Greenpeace México. “El gobierno mexicano debe cambiar las políticas agrícolas erróneas que promueven un modelo basado en monocultivos, plaguicidas y transgénicos y, en vez de ello, apoyar a los agricultores y comunidades indígenas que producen alimentos sanos mediante un buen manejo sustentable de sus recursos naturales, en armonía con la naturaleza”, señaló Colin.   Suscriben: Greenpeace México Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Cohesión Comunitaria e Innovación Social Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. Colectivo de Comunindades Mayas de los Chenes.  Contactos de prensa: Angélica Simón, Greenpeace, 5534313544 Colectivo de Comunidades de Los Chenes, [email protected]   Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], +521 5570522107      

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Nosotros también gritamos por la paz: Organizaciones internacionales de la sociedad civil acompañamos a los y las colombianas que mañana marchan por la paz

Las Américas. Mientras que los colombianos y las colombianas marchan por la paz en su país éste 26 de julio, hacemos  eco de sus reclamos  exigiendo un final permanente a la guerra que cobró 260,000 vidas y obligó a 8 millones de personas a huir de sus hogares, la mayoría pertenecientes a comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas, y principalmente mujeres y niños. Nos sumamos a su llamado exigiendo que el gobierno colombiano proteja a los líderes y las lideresas sociales que trabajan para crear condiciones de paz en sus territorios. Centenares de personas han sido asesinadas desde el 2016 cuando se firmaron los acuerdos de paz, mientras que muchas más viven una situación de amenazas y ataques constantes. Esta tragedia debe cesar. Apoyamos  las voces  que hoy urgen al Estado de Colombia a implementar plenamente los acuerdos de paz,  firmados entre el gobierno y las FARC y a proteger la vida e integridad de los líderes.   De lo contrario, Colombia  perderá esta única oportunidad para alcanzar la paz. Por último, hacemos un llamado a los Estados Unidos y a la comunidad internacional en general para que apoyen con entusiasmo la implementación efectiva de los acuerdos. Nos solidarizamos con los millones de colombianos y colombianas que luchan para crear una paz justa, completa y duradera y que mañana dicen #26deJulioElGrito.   Firman: 350.org Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos Acción Solidaria ActionAid USA AFL-CIO ÁGORA Espacio Civil Paraguay Amazon Watch Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Center for Justice and International Law (CEJIL) Center for Reproductive Rights Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. - México Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM) Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN) Christian Peacemaker Teams Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) CIVICUS - World Alliance for Citizen Participation Colombia Grassroot Support, New Jersey Colombia Human Rights Committee, Washington DC Comisión Ecuménica de Derechos Humanos Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Convergencia por los Derechos Humanos Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú Corporación Humanas Chile CSW Defensor de derechos humanos en México Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ) Global Witness International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality) International Labor Rights Forum International Rivers InterReligious Task Force On Central America and Colombia Latin America Working Group (LAWG) Movimiento Autónomo de Mujeres, Nicaragua Mujeres Libres COLEM, A.C. Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C. NJ Peace Council Not1More Oxfam Paz y Esperanza Presbyterian Church USA Presbyterian Peace Fellowship Red Para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador (RIA) Redes por los Derechos de la Infancia (REDIM) Robert F. Kennedy Human Rights Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) United Church of Christ, Justice and Witness Ministries Washington Office on Latin America (WOLA) Witness for Peace Solidarity Collective  

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Lo que debemos hacer para preservar nuestra biodiversidad y patrimonio natural

Enfrentamos como sociedad el grave riesgo de perder nuestro mundo natural, todo aquello que nos sostiene. Nuestras acciones están provocando la pérdida masiva y acelerada de entornos naturales, animales y plantas. Entre esas acciones están la creciente agricultura y ganadería, la destrucción de hábitats, la introducción de especies extrañas, la sobreexplotación directa de especies, la expansión de las áreas urbanas, la sobrepoblación y la contaminación. Así lo ha revelado el informe de la más reciente y más completa evaluación global sobre biodiversidad realizada hasta ahora. En el informe, elaborado por científicos de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés), se evidencia que la capacidad de los ecosistemas de brindar beneficios a las personas ha disminuido drásticamente desde los años 70. Ello se debe a que los diferentes entornos se han reducido en 47% en promedio, a qué un 25% de las especies de flora y fauna está en peligro de extinción, a que la cobertura de arrecifes de coral es cada vez menor a causa del aumento de la temperatura en el agua y la acidificación de los océanos, fruto de la crisis climática y, entre otras cosas, a que un 33% de los recursos pesqueros se encuentran sobreexplotados. Pese a lo alarmante de las cifras, todavía podemos sacar al planeta de la situación de grave riesgo en la que lo hemos puesto. Sin embargo, ello requiere cambios radicales en diferentes ámbitos. El diagnóstico para América Latina Históricamente, el mundo ha pasado por cinco extinciones masivas que provocaron la pérdida de más del 70% de las formas de vida. La actual parece ser la sexta. Aunque la extinción de especies ocurre naturalmente, lo hace a un ritmo de una especie en un millón por año, pero el ritmo actual supera con creces el natural, pues se extinguen en un año al menos 100 especies por cada millón, algo que va en aumento. Otra forma de visualizar esta amenaza mundial es mediante el listado con el mayor número de especies en peligro de extinción. Cinco países de América Latina figuran entre los primero diez, siendo México el que lidera la lista con 665 especies amenazadas (71 especies de aves, 96 de mamíferos, 98 de reptiles, 181 de peces y 219 de anfibios). La situación de ese país se debe en gran medida a sus altas tasas de deforestación, práctica orientada a incrementar las áreas de cultivo y a cubrir su creciente demanda de alimentos. De hecho, América Latina y el Sudeste Asiático han perdido millones de hectáreas de ecosistemas terrestres y de agua dulce a causa del incremento de la agricultura (y del uso de fertilizantes en ella) y de la ganadería. Los otros cuatro países de la región con más especies amenazadas son Colombia (540 especies), Ecuador (436), Brasil (413) y Perú (385). La extinción de especies altera e impide que los ecosistemas, formados a partir de la interacción de distintas formas de vida, cumplan con funciones vitales como la producción de alimentos, el abastecimiento de agua, la regulación del clima y otros. Grandes cambios para asegurar nuestro futuro Aunque la vida en el planeta existe hace 4 mil millones de años, la humanidad, presente hace solo 200 mil años, ha logrado romper con el balance natural del mundo. Más allá de las implicaciones negativas, ello prueba la capacidad que tenemos de transformar nuestro entorno. El informe de la IPBES menciona las Metas de Aichi como acciones transformativas para proteger la biodiversidad. Una de ellas es la creación de áreas protegidas, medida que ha reducido los riesgos de extinción de especies de mamíferos y anfibios. Sin embargo, el informe enfatiza la necesidad de cambios drásticos en los valores y objetivos de los gobiernos para que las decisiones a nivel local, nacional e internacional estén alineadas para combatir las causas detrás de la degradación del planeta. En ese sentido y teniendo en cuenta también los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, necesitamos con urgencia orientar los esfuerzos a: Expandir y coordinar la red de áreas protegidas. Invertir en infraestructura verde. Producir alimentos, materiales y energía de forma sostenible. Consumir agua de manera racional y eficiente para un mayor aprovechamiento. Apoyar a los pueblos indígenas y comunidades tradicionales, quienes resguardan muchos de los últimos reductos naturales que tiene el planeta. Abordar adecuadamente el crecimiento de la población y los niveles de consumo. Crear nuevas normas ambientales y mejorar el cumplimiento de las que ya existen. Frenar la contaminación y la sobreexplotación de recursos naturales. “La gente no debe entrar en pánico, pero debe comenzar a generar un cambio drástico. Hacer las cosas como hasta ahora, con pequeños ajustes, no será suficiente”, dijo Josef Settele, profesor del Centro Helmholtz de Investigación Ambiental de Alemania y copresidente de la IPBES. Nuestro aire, agua y alimentos dependen de la biodiversidad: la variedad de formas de vida del planeta y la interacción entre ellas. Cuidar ese patrimonio es una tarea común y más urgente que nunca.  

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Poner los derechos fundamentales de las personas en el centro de las soluciones a la emergencia climática

Anunciando la Primera Cumbre Global en la Historia sobre Derechos Humanos y Cambio Climático La Cumbre de los Pueblos sobre el Clima, los Derechos y la Supervivencia Humana, primera en su tipo en la historia, será organizada por grupos líderes de la sociedad civil y la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos del 18 a 19 de septiembre en Nueva York. La Cumbre de los Pueblos tiene como objetivo motivar a la comunidad de derechos humanos a incrementar la ambición de sus esfuerzos en materia de justicia climática, con el propósito de crear el movimiento más diverso jamás reunido para atender la crisis climática. La Cumbre de los Pueblos fue anunciada en una carta abierta que se comparte a continuación y que fue publicada en inglés por la Thomson Reuters Foundation. La comunidad de derechos humanos y la comunidad ambientalista deben actuar conjuntamente en la búsqueda de soluciones. Es hora de avanzar unidas para enfrentarnos a la crisis climática. Nuestras organizaciones aspiran a un mundo en el que las personas prosperen en un ambiente seguro y sano, y donde los derechos humanos se antepongan a los beneficios de las empresas. Para conseguirlo, tenemos que enfrentarnos a la crisis climática unidas en el movimiento más potente y diverso jamás formado. Sólo juntas podremos hacer que los líderes y las lideresas mundiales se tomen en serio esta emergencia. Las personas y sus derechos fundamentales deben ocupar un lugar fundamental en las soluciones reales al deterioro climático. Ésta es una invitación para que todas las personas que valoran la dignidad y el bienestar humanos apoyen con todas sus fuerzas el llamamiento en favor de una justicia climática global. Y para que quienes trabajan para proteger nuestro planeta centren sus esfuerzos en las comunidades, en especial en aquéllas donde habitan las personas más afectadas por la crisis climática y menos responsables de ella. La comunidad de derechos humanos puede aportar energía, conocimientos y bases de apoyo clave a la lucha por la justicia climática. La fuerza de un movimiento colectivo para resolver la crisis climática debe estar a la altura de la gravedad del problema. Nuestras organizaciones se están agrupando para que sea así, y estamos pidiendo a la comunidad ambientalista y a la de los derechos humanos que se unan a nosotras. Para superar este reto, las personas deberemos tener más conexión y estar más comprometidas que nunca con nuestro planeta. Es una cuestión de supervivencia. El crecimiento sin control de las emisiones de dióxido de carbono ha desencadenado peligrosos cambios desestabilizadores sin precedentes en nuestro clima. La dejadez de empresas y gobiernos ya ha expuesto a millones de personas a catástrofes meteorológicas cada vez más extremas. Debemos dar marcha atrás ya: se está acabando el tiempo para poder hacerlo. No nos engañemos. Los efectos del cambio climático ya menoscaban nuestros derechos a la salud, la alimentación, el agua, la vivienda, el trabajo e incluso a la propia vida. Y son aún más graves para las personas que ya están en situaciones vulnerables en lugares golpeados por la dureza del clima, la pobreza o la opresión. Nuestras sociedades no pueden seguir así. Las personas necesitan tener acceso a la justicia, los gobiernos deben trabajar para ellas y las empresas deben rendir cuentas de sus actos. Es hora de actuar. Por todas partes hay señales de una voluntad común de hacerlo. Las calles se llenan de estudiantes que piden un futuro seguro. Los pueblos indígenas alzan la voz en defensa de la tierra, el agua y los derechos de sus comunidades. Los trabajadores y trabajadoras exigen puestos de trabajo seguros y bien pagados en industrias mejores y más limpias. Quienes luchan en favor de los derechos de las mujeres aportan muchas soluciones feministas. Líderes religiosos nos piden que protejamos las comunidades y la naturaleza. La comunidad científica se reúne y comparte hallazgos para sacarnos de la crisis. Sabemos cuál es el reto, y las respuestas están ahí. Ya existen soluciones, como utilizar fuentes de energía renovables, respetar los derechos fundamentales y la sabiduría tradicional, y centrarnos realmente en las necesidades de las personas por encima de la avaricia de las empresas. Todas nuestras organizaciones se ocupan ya del cambio climático, algunas más explícitamente que otras. Pero es el momento de vincular nuestras causas y unir fuerzas. Se nos viene encima una situación de emergencia climática y debemos actuar ya. Defensores y defensoras de los derechos ambientales, pueblos indígenas y activistas locales llevan desde hace tiempo jugándoselo todo para combatir la degradación ambiental. A su lucha se unen ahora movimientos de masas cada vez más grandes, como las huelgas de estudiantes por el clima, el movimiento Rebelión contra la Extinción y activistas que piden un Nuevo Pacto Verde. En esta nueva era de activismo climático, la comunidad de derechos humanos no puede mantenerse al margen. Es más urgente que nunca que demos un paso adelante trabajando en colaboración para proteger a las comunidades y los individuos que están en la primera línea de la lucha contra el cambio climático. Por ese motivo, 150 activistas, líderes y lideresas no gubernamentales de diferentes comunidades se reunirán el 18 y el 19 de septiembre en la Cumbre de los Pueblos sobre el Clima, los Derechos y la Supervivencia Humana. Nuestras organizaciones estarán allí junto con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para apoyar a las personas que exigen a sus gobiernos que emprendan de inmediato una ambiciosa acción climática para proteger a las comunidades. Creemos en aprovechar todo el potencial de un movimiento diverso para salvaguardar a las generaciones actuales y futuras. Un movimiento unido para exigir justicia climática. Firmantes: Astrid Puentes, Codirectora Ejecutiva, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Bridget Burns, Directora, Women’s Environment and Development Organization Carroll Muffett, Presidente y Director General, Center for International Environmental Law Chris Grove, Director Ejecutivo, ESCR-Net Ellen Dorsey, Directora Ejecutiva, Wallace Global Fund Gillian Caldwell, Directora Ejecutiva, Global Witness Iago Hairon Souza, Coordinador, Engajamundo Jennifer Morgan, Directora Ejecutiva Internacional, Greenpeace International Kumi Naidoo, Secretario General, Amnistía Internacional May Boeve, Directora Ejecutiva, 350.org Phil Bloomer, Director Ejecutivo, Business & Human Rights Resource Centre Philip Alston, Presidente del Center for Human Rights and Global Justice, New York University Sharan Burrow, Secretaria General, Confederación Sindical Internacional Sofia Monsalve, Secretaria General, FIAN International Steve Trent, Director Ejecutivo, Environmental Justice Foundation Thalita Silva e Silva, Coordinadora, Engajamundo  

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Tribunal internacional apoya la lucha indígena para proteger la Amazonía

“La selva más hermosa del mundo”. Así describió Alcides D’orbigny, biólogo francés, el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) tras explorar Bolivia entre 1830 y 1833. Ubicada entre los departamenos de Beni y Cochabamba, el Tipnis es un área natural protegida que abarca unos 12.363 kilómetros cuadrados en la Amazonía boliviana. Es uno de los sitios con mayor biodiversidad del mundo y hogar de diferentes pueblos indígenas, entre ellos los Mojeños Trinitarios, los Tsiman y los Yuracaré. Pese a su condición de Parque Nacional y Territorio Indígena, desde hace décadas que se busca construir en el sitio una carretera, dividiéndolo en dos y causando graves daños ambientales y sociales, algunos de los cuales ya han ocurrido pues dos de los tres tramos de la vía ya fueron construidos.  Sin embargo, la lucha de los pueblos indígenas del Tipnis por defender su territorio y modos de vida no ha cesado. Y recientemente obtuvieron una victoria que constituye un precedente legal internacional para la protección del ambiente y los derechos humanos. El mes pasado, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) dictaminó que el Estado boliviano “violó” los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas que habitan el Tipnis por alentar la construcción de la carretera.  El Tribunal, integrado por personas comprometidas con el ambiente, fue creado en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, en abril de 2010, cuando se firmó además la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Su función es establecer e investigar cualquier violación de derechos estipulados en la Declaración y en las normas internas de cada país. Determina si hubo o no violación y quién es responsable. Realiza recomendaciones, opiniones consultivas y puede determinar medidas provisionales. la defensa indígena de la Amazonía boliviana La resistencia de pueblos indígenas a la construcción de una carretera en medio del Tipnis lleva años y ha traído mucho sufrimiento. El episodio más doloroso ocurrió en 2011 cuando más de 100 indígenas que marchaban a La Paz, sede del gobierno boliviano, fueron brutalmente reprimidos por policías. Pese a ello, esa movilización logró la promulgación de una ley que otorgó al parque nacional la condición de “zona intangible” o reserva absoluta.  Lamentablemente, seis años después, esa ley quedó sin efecto cuando se promulgó una nueva ley mediante un proceso más que expedito. Representantes de los pueblos indígenas del Tipnis denunciaron éste y otros hechos ante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, organismo que aceptó considerar el caso en enero de 2018 y que decidió enviar una comisión internacional de observadores que visitó la zona para entrevistarse con todos los actores involucrados.  Los representantes indígenas denunciaron ante el Tribunal que pese a tratarse de un solo tramo, el proyecto fue presentado por separado, con tres fases o tramos, de los cuales solo falta construir el central.  Otras irregularidades incluyen la adjudicación del proyecto a una empresa brasileña sin contar con la evaluación de impacto ambiental; y la falta de una consulta adecuada a las comunidades indígenas afectadas.  En la sentencia emitida el 15 de mayo, el Tribunal, además de encontrar responsable al Estado boliviano de la violación de derechos, solicitó medidas de cumplimiento inmediato, entre ellas: La paralización definitiva de cualquier avance en la construcción de la carretera; Reconocer las facultades de los pueblos indígenas, como su autonomía territorial y su derecho a la consulta previa, para garantizar su control dentro del Tipnis;   Anular la ley que le quito la cualidad de zona intangible al Tipnis; Detener el avance de la colonización hacia la zona central del parque nacional; Anular los planes de expansión petrolera en el sitio; Aplicar efectivamente las normas que garanticen la protección de los derechos de la Madre Tierra; y Garantizar a los pobladores indígenas el cumplimiento de su papel fundamental como defensores de la Madre Tierra. Lo que viene para el Tipnis Aunque la sentencia del Tribunal no es de cumplimiento obligatorio, es un precedente establecido por un tribunal ético y reconocido. Por ello la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Amazonas, una organización indígena internacional, anunció que usará el fallo como instrumento de prueba para llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  La situación es compleja.  La construcción del tramo que falta fue suspendida tras perderse el crédito para su ejecución, pero algunos sectores defienden la vía como obra fundamental para conectar el centro y el norte del país, facilitando además el acceso a servicios básicos y a otras oportunidades de desarrollo para las comunidades del Tipnis. Por otro lado está la degradación ambiental de una zona rica en biodiversidad pues la carretera sería solo el origen de otras actividades dentro del área protegida.  Creo que nadie tiene respuestas absolutas y no se trata de hacer un juicio de valor, si no de cumplir las leyes, cuya existencia reside en la razón y en lo que es o debería ser justo. Aunque parte de la carretera ya fue construida, queda mucho por lo cual seguir resistiendo.  La decisión del Tribunal puede y debe utilizarse como nuevo impuslo. Al final, todo esfuerzo valdrá la pena sabiendo que la destrucción de entornos tan valiosos son un punto sin retorno.   

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I Seminario Internacional sobre Estado Pluricultural, Derechos Humanos y Patrimonio Biocultural

El objetivo general de la videoconferencia, la primera de una serie, fue propiciar el diálogo y reflexión en torno a la consolidación del Estado pluricultural de la mano de representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil de México, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Brasil.Los objetivos particulares fueron:Evaluar críticamente cómo se define cada Estado con respecto al tema de la diversidad cultural que lo constituye.Analizar qué ha funcionado y qué no en la construcción o consolidación de cada Estado multi/pluri-cultural/nacional.Analizar las principales amenazas actuales a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables.Proponer acciones y estrategias que busquen fortalecer el Estado multi/pluri-cultural/nacional y los derechos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables. PanelistasFrancisco Xavier Martínez Esponda: Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), México.Mauricio Guetta: Instituto Socioambiental (ISA), Brasil.Liliana Ávila: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).Carmen Aliaga: Colectivo de Coordinación de Acciones Socioambientales (Colectivo CASA), Bolivia.Diego Saavedra: Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Perú.Mariana Yumbay: Instituto para las Ciencias Indígenas Pacari, Ecuador.Marisol Anglés: Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), UNAM, México. Grabación1. Apertura, contextualización y presentación de Francisco Xavier Martínez Esponda: 2. Presentación de Mauricio Guetta: 3. Presentación de Liliana Ávila: 4. Presentación de Carmen Aliaga: 5. Presentación de Diego Saavedra: 6. Presentación de Mariana Yumbay: 7. Cierre del evento a cargo de Marisol Anglés: 

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Encuentro "¿Es posible aumentar el compromiso de Chile con políticas integradas para el clima y un aire limpio?"

De cara a la COP25, y ante la actualización de los compromisos de Chile frente al Acuerdo de París, se presenta la oportunidad de alcanzar beneficios simultáneos de mitigar el cambio climático en el corto plazo y de resolver la grave situación de contaminación atmosférica que afecta a tantas ciudades. En el encuentro se expuso esta oportunidad, que se hace posible mediante la inclusión de una meta de mitigación de carbono negro en las NDC de Chile.El evento fue organizado por el Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC), la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA), el Centro de Desarrollo Urbano Sostenible (CEDEUS) de la Universidad Católica y el Ministerio de Medio Ambiente. PanelistasFlorencia Ortúzar Greene: Abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).Pilar Moraga: (CR)2 y Subdirectora del Centro de Derecho Ambiental, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.Luis Cifuentes: Profesor de Ingeniería Industrial y miembro del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica.May Ricardez: Asesora Regional sobre Contaminantes Climáticos de Vida Corta, Programa de Medio Ambiente de la ONU-CCAC.Conversatorio "¿A dónde queremos llegar y cómo llegamos? Más compromiso en la NDC mediante una meta de carbono negro:Jenny Mayer: Oficina de Cambio Climático, Ministerio de Medio AmbienteHéctor Jorquera: Académico PUC, CEDEUS.Mauricio Osses: Académico UTFSM, investigador (CR)2.Claudio Seebach: Presidente Ejecutivo de Generadoras de Chile.Lydia Tellerías: Presidenta del Comité de Salud Ambiental, Sociedad Chilena de Pediatría; académica de la Universidad de Chile.Moderación: May Ricardez, ONU Medio Ambiente-CCAC  Presentaciones1. Presentación de Florencia Ortúzar: 2. Presentación de Pilar Moraga: 3. Presentación de Luis Cifuentes: 4. Presentación de May Ricardez: Conversatorio1. Presentación de Jenny Mager: 2. Presentación de Héctor Jorquera: 3. Presentación de Mauricio Osses: 4. Presentación de Claudio Seebach: 5.  Presentación de Lydia Tellerías: 

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