Derechos Humanos

Fortalecimiento de Capacidades, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Seminario virtual "Las Mujeres Somos Agua"

Las organizaciones que integramos la Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA) en Latinoamérica nos unimos nuevamente en la campaña "Las Mujeres Somos Agua", que busca visibilizar el rol de las mujeres de la región en la defensa del agua potable, los impactos específicos que sufren por la desaparición y contaminación de sus fuentes de agua, así como apoyar su actuación en la gestión y decisiones sobre este bien común.   La campaña culminó en este seminario en línea, un espacio para el diálogo donde las personas tuvimos oportunidad de intercambiar visiones, conocimientos e ideas sobre el rol y protagonismo de las mujeres diversas en las luchas por la defensa territorial en nuestros países.     Defensoras del agua latinoamericanas compartieron sus experiencias organizativas, demandas y cómo las mujeres responden y se convierten en protagonistas de las luchas colectivas en defensa del agua.     PANELISTAS Mirna Luisa Morataya, Colectiva Feminista para el desarrollo local (El Salvador). Angelina Barrientos, Organización de Mujeres Guaraní de Macharety Laguna Negra, Departamento de Boquerón (Chaco Paraguayo). Dayana Alieth Pinilla Velásquez, Corporación Sihyta, Bogotá (Colombia). Elodia Castillo Vasquez, Alcaldesa indígena maya Ch'orti', Asociación Coordinadora de Asociaciones y Comunidades para el Desarrollo Integral de la Región Ch´orti´ - COMUNDICH (Guatemala). Bernarda Benítez Gudiño, Presidenta de la Asociación de Mujeres de la Provincia O'connor "AMPRO", Municipio de Entre Ríos (Bolivia). Cirpiana Mamani Aramayo, Presidenta de la Integración de Mujeres Organizadas del Municipio de Bermejo - INMUOR-BJO (Bolivia). Moderó: Adela Bonilla, Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador.   GRABACIÓN   Presentaciones 1. Presentación de Mirna Luisa Morataya, Colectiva Feminista para el desarrollo local (El Salvador):   2. Presentación de Angelina Barrientos, Organización de Mujeres Guaraní de Macharety (Chaco Paraguayo):   3. Presentación de Bernarda Benítez Gudiño, Presidenta de la Asociación de Mujeres de la Provincia O'connor "AMPRO" (Bolivia):    4. Presentación de Cirpiana Mamani Aramayo, Presidenta de la Integración de Mujeres Organizadas de Bermejo (Bolivia):  

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Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos

Cuidando el agua, gota a gota

El agua es poderosa. Lo es tanto que la sola idea de no contar con ella en nuestra vida diaria nos perturba. Aun así, la damos por sentado. Creemos que seguirá fluyendo indefinidamente sin que tengamos que hacer nada para garantizar su presencia. Pero la realidad nos golpea cada vez más duro y con más frecuencia para mostrar lo equivocados que estamos. En 2016, Bolivia sufrió su peor sequía en 25 años. La escasez de agua potable afectó a cinco de los nueve departamentos del país, motivando la declaratoria de emergencia nacional. En la ciudad de La Paz, sede del gobierno nacional, los cortes de agua para enfrentar la crisis fueron tan duros que algunas personas debían subsistir hasta dos días con 50 litros. Lo ocurrido en Bolivia no es un hecho aislado. Desde 2010, la zona central de Chile atraviesa por un megasequía que está lejos de terminar. Y en 2018 la sequía en Centroamérica puso en peligro la alimentación de millones de personas debido a la pérdida de cultivos. Las causas del desabastecimiento de agua La escasez de agua en Bolivia y en otros países tiene causas comunes, problemas a enfrentar con urgencia, entre ellos los siguientes: El cambio climático. América Latina es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, que intensifica el ciclo del agua: las regiones más secas del mundo se están volviendo aún más secas. La falta de políticas de largo plazo. El crecimiento poblacional no es acompañado de usos más eficientes del agua y de una mejor conservación de sus fuentes. El manejo inadecuado del agua. La gestión de los recursos hídricos no considera la creciente demanda en todos los sectores, la protección de las fuentes naturales ni el conocimiento tradicional e indígena para su conservación. Los daños de los proyectos extractivos. La creciente actividad minera en la región contamina ríos y consume grandes cantidades de ese recurso, al igual que el fracking. Las hidroeléctricas dañan irreversiblemente importantes cuencas hídricas. Poca cultura del ahorro. El crecimiento de las ciudades y el consecuente aumento en el consumo de agua no encuentra eco en una ciudadanía responsable que cuide el recurso. Buenas prácticas para cuidar el agua Se prevé que la brecha entre la demanda y el suministro de agua en las ciudades llegará al 40% para 2030, por lo que debemos trabajar rápidamente en implementar buenas prácticas de manejo de agua, incluyendo las siguientes: Reciclar aguas residuales provenientes de sistemas de alcantarillado, de la agricultura y de la industria. La reutilización de agua requiere menos energía que la desalinización (que produce más desechos tóxicos que agua), es sostenible y rentable. Adoptar soluciones que aprovechan los procesos naturales que regulan el ciclo del agua. Se pueden aplicar a escala personal (por ejemplo, un inodoro seco), a nivel de paisaje (agricultura de conservación que minimice la alteración del suelo y use rotación de cultivos) o en entornos urbanos (muros verdes o jardines en azoteas). Ampliar los sistemas de cosecha y almacenamiento de agua de lluvias para reducir el impacto de futuras sequías. Aplicar evaluaciones de impacto ambiental adecuadas para impedir la autorización de proyectos que amenacen con dañar fuentes naturales de abastecimiento de agua. Motivar un cambio de mentalidad de los actores clave —responsables de políticas públicas, el sector privado y los consumidores— para que garanticen la disponibilidad de agua y su manejo sostenible. Toda la humanidad necesita agua y es nuestra obligación contribuir para “no dejar a nadie atrás”. Ése es el lema este año del Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo, y al que nos unimos. En AIDA estamos conscientes que el agua es un derecho humano y trabajamos para cuidar a los ecosistemas que nos la proveen de forma natural, y de los que dependen comunidades enteras, de los daños de proyectos inadecuados.  

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Minería, Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos

Organizaciones piden a la ONU intervenir en la protección del páramo de Santurbán, en riesgo por minería

Solicitan que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos al agua potable y al saneamiento, elabore un informe sobre el caso, visite el sitio y medie para que el Estado colombiano adopten las acciones necesarias para proteger el ecosistema, fuente de agua para millones de personas, de los daños de la minería. Bucaramanga, Colombia. Organizaciones de la sociedad civil enviaron una comunicación a Léo Heller, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos al agua potable y al saneamiento en Colombia. En ella alertan que ambos derechos están en grave riesgo ante la intención de implementar proyectos mineros dañinos en o cerca del páramo, fuente de agua para más de 10 municipios y 3 ciudades principales. Solicitan que el Relator elabore un informe sobre el caso, visite el sitio, y medie para que el Estado colombiano proteja ese ecosistema. Acciones y omisiones del Estado han permitido el avance de proyectos mineros que amenazan la disponibilidad y calidad del agua que provee el páramo. La delimitación del sitio no incluyó todo el ecosistema, dejando desprotegida una parte del mismo, y no contó con participación ciudadana, por lo que la Corte Constitucional dispuso que se realice de nuevo. En el documento, se detalla el proceso de delimitación de Santurbán, la importancia de ese entorno para el disfrute del derecho al agua en Colombia, el marco legal para la protección de los páramos en el país, el desarrollo de proyectos en o cerca del sitio, así como los impactos o amenazas ambientales asociadas: disminución de la calidad y cantidad del agua, contaminación por el uso de explosivos, disminución de la calidad del aire, aumento del nivel de ruido y pérdida permanente de hábitats, entre otros. Asimismo, se da cuenta del impacto del arbitraje internacional de inversiones en las decisiones de los Estados para proteger sus fuentes de agua. Varias empresas mineras han intentado desde hace más de 15 años extraer oro del páramo de Santurbán, ecosistema frágil y estratégico que provee de agua a millones de personas en Colombia. Algunas de ellas son compañías canadienses que están acudiendo a arbitrajes contra el gobierno de Colombia, para demandar enormes sumas de dinero. Las organizaciones piden al Relator monitorear la situación del páramo de Santurbán y urgir al Estado colombiano a cumplir sus obligaciones internacionales en relación con el derecho al agua. Encuentra aquí más información sobre el caso. Contactos de prensa: Alix Mancilla, Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected], +57 311 2439273 Carlos Lozano, AIDA, [email protected], +57 300 56 40 282 Carla García, CIEL, [email protected], +1 202 374 2550 Kirsten Francescone, MiningWatch Canada, [email protected], +14373459881 Kristen Genovese, SOMO, [email protected], +31 65 277 3272  

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Minería, Fuentes de Agua Dulce, Transparencia y Rendición de Cuentas

Tribunal de arbitraje del Banco Mundial se niega a escuchar a afectados por minería en Santurbán

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), parte del Banco Mundial, declinó aceptar un escrito legal (Amicus Curiae) que iba a ser presentado por el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán y organizaciones internacionales aliadas. Bucaramanga, Bogotá, Washington, Ottawa, Ámsterdam. Organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil rechazaron la respuesta negativa del Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a aceptar un escrito legal (Amicus Curiae) dentro del proceso del arbitraje internacional de Eco Oro Minerals Corp. contra Colombia. En esa instancia cursa una demanda de arbitraje internacional contra la nación andina por parte de la empresa canadiense en mención, que pretende ejecutar el proyecto de minería aurífera Angostura en el páramo de Santurbán, ubicado al nororiente del país. La demanda cuestiona las decisiones adoptadas por el Estado colombiano para proteger sus páramos, humedales de alta montaña que son fuente natural de agua para el 70% de sus habitantes. El arbitraje fue iniciado ante el CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial que está a cargo de la resolución de controversias entre inversionistas y Estados. Colombia  podría ser condenada a pagar $746 millones de dólares, una sanción sin precedentes para el país. “En el momento en que los Estados de Latinoamérica acogen los principios de democracia ambiental con la adopción del Acuerdo de Escazú, el CIADI va en dirección contraria. Es lamentable que ante el movimiento regional por transparencia y participación el CIADI se constriña aún más, solo generando más ira y desconfianza, no solo ante este mecanismo, sino frente al sistema de arbitraje de inversores contra Estados a nivel mundial”, declaró Carla García Zendejas, abogada del Center for International Environmental Law (CIEL). “Las comunidades afectadas por la minería en Santurbán deben ser escuchadas y pueden aportar elementos cruciales para el caso”, sostuvo Carlos Lozano, abogado sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Las organizaciones consideran que el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán tiene un interés significativo en el resultado del proceso, y que la experticia que habrían podido proveer al Tribunal habría sido de ayuda para una mejor decisión del caso. Del mismo modo, urgen al CIADI a ampliar la participación ciudadana y transparentar sus procedimientos para la toma de decisiones, trascendentales para el interés público de los países cuyos Estados son sometidos a su jurisdicción. Encuentre aquí más información. Contactos de prensa: Alix Mancilla, Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected], +57 311 2439273 Carla García Zendejas, CIEL, [email protected], +1 202 374 2550 Carlos Lozano Acosta, AIDA, [email protected], +57 300 56 40 282 Kirsten Francescone, MiningWatch Canada, [email protected], +14373459881 Kristen Genovese, SOMO, [email protected], +31 65 277 3272, Manuel Perez Rocha, Institute for Policy Studies, [email protected] +1 240 838 6623  

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Fortalecimiento de Capacidades, Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Defendiendo los derechos de las mujeres para lograr justicia ambiental

Pese a que las mujeres lideran gran parte de las luchas por la defensa y conservación de la naturaleza en todo el mundo, con frecuencia son excluidas de las decisiones sobre el uso de la tierra, el agua y otros recursos naturales. Además, son las principales afectadas cuando proyectos inadecuadamente implementados contaminan el aire y el agua, y causan desplazamientos forzados y otros daños. El cambio climático les afecta también de manera diferente y, muchas veces, más grave. En esos casos, las mujeres —particularmente indígenas— son altamente vulnerables a perder sus modos de vida, sus ingresos y sus hogares. En AIDA trabajamos en la defensa legal del ambiente y de los derechos humanos desde una perspectiva de género, reconociendo que combatir las desigualdades y los daños diferenciados que afectan a las mujeres es fundamental para conseguir justicia ambiental en América Latina. “El enfoque de género permite defender los derechos de las mujeres de forma integral, comprendiendo que los riesgos y daños, así como las políticas para enfrentarlos, son diferentes para hombres y mujeres”, explica Liliana Ávila, abogada sénior. “Hacer visible esto ayuda a romper con escenarios de discriminación y garantizar el derecho a la igualdad de manera efectiva”. Elevando la voz de las mujeres Trabajando bajo el enfoque de género en Guatemala, dice Liliana, ha sido una experiencia profesional fascinante que le permitió entender cómo el daño ambiental tiene impactos diferentes en hombres y mujeres, que las mujeres entienden de otras formas el territorio y lo que pasa en él. En ese país, en la microrregión de Ixquisis, la construcción de las represas Pojom II y San Andrés ha dañado las fuentes de agua, provocando enfermedades y perjudicando la pesca y la agricultura, actividades de subsistencia para los habitantes de la zona, en su mayoría mujeres indígenas de ascendencia maya.  “Por ello es necesario promover metodologías y espacios que hagan visibles las voces de las mujeres, posibiliten y fortalezcan su participación, evidencien las afectaciones diferenciadas que sufren y promuevan trasformaciones para garantizar sus derechos”, afirma. AIDA apoya legalmente la defensa de los ríos y la oposición de las mujeres de Ixquisis a las represas, ante tribunales nacionales y ante el Banco Interamericano de Desarrollo, que financia ambos proyectos incumpliendo sus propias políticas operativas. Nuestro trabajo en Guatemala es posible gracias a la Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA), que apoya la colaboración entre movimientos y organizaciones de base para reforzar su papel en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres y de la justicia ambiental. Desde 2016, la alianza proporciona fondos a movimientos de mujeres y organizaciones ambientales a nivel nacional, regional y mundial en más de 30 países de América Latina, África, Asia y Europa. El rol de las mujeres en la defensa ambiental Al trabajar de la mano de comunidades en toda la región, las y los abogados de AIDA conocen de cerca el rol fundamental que las mujeres cumplen en la protección del ambiente y contribuyen a generar igualdad para ellas. “En el caso de la defensa del río San Pedro Mezquital, en Nayarit, he identificado el papel clave de las mujeres de comunidades indígenas en el cuidado del agua”, cuenta Camilo Thompson, abogado de AIDA en México. “Y en la región del Golfo de California, he conocido a mujeres que lideran los esfuerzos hacia un manejo pesquero adecuado”. Claudia Velarde, abogada de AIDA en Bolivia, dice que en su país se ha reconocido ya que las mujeres campesinas producen mayor cantidad de alimentos, por lo que sus experiencias, visiones y conocimientos deben ser incorporados en las políticas públicas alimentarias. “Personalmente ha sido muy enriquecedor trabajar con mujeres y desde la perspectiva de la mujer. Tuve la oportunidad de conocer a grandes mujeres que luchan por la defensa de sus territorios en contra de actividades extractivas como el fracking, lo cual me ayudó a entender que los impactos de una misma actividad son vividos de forma distinta según los roles sociales asignados”.  

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Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Pronunciamiento ante situación de riesgo de las comunidades de la Microrregión de Ixquisis, Guatemala

Las organizaciones, colectivos y personas firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de riesgo que enfrentan las comunidades y personas defensoras de derechos humanos de la Microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, Guatemala. Las personas defensoras del territorio y del medio ambiente de la Microrregión de Ixquisis enfrentan desde el año 2009 violaciones de derechos humanos en el marco de su oposición a los proyectos hidroeléctricos San Andrés, Pojom I, Pojom II. Los tres proyectos son promovidos por la empresa Energía y Renovación S.A. (antes PDH S.A.), que es propiedad actualmente de las familias Mata Monteros y Mata Castillo, vinculadas al grupo empresarial corporativo The Central America Bottling Corporation (CABCORP), y cuentan con financiamiento del brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de Cordiant Cap, un intermediario financiero canadiense que dispone entre otros de fondos del banco alemán KfW. Desde mayo del presente año, la Resistencia Pacífica de Ixquisis ha realizado una serie de acciones públicas, manifestaciones y plantones para expresar y reiterar su oposición a los proyectos hidroeléctricos en su territorio. Actualmente, tres acciones de amparo en contra de las licencias de operación de la hidroeléctrica Pojom II se encuentran a la espera de resolución en las cortes nacionales. En junio, las comunidades de Ixquisis recibieron el premio Front Line Defenders en reconocimiento a su esfuerzo colectivo y su lucha pacífica. En agosto, las comunidades afectadas presentaron una queja formal ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID, solicitando la investigación y el retiro de su inversión debido al incumplimiento de las propias políticas operativas del banco. En este contexto, organizaciones de derechos humanos que acompañan el caso han observado un aumento significativo de las difamaciones y agresiones en contra de la población que participa en la Resistencia Pacífica y de la población de la microrregión, que culminaron en el asesinato de dos pobladores de la comunidad de Ixquisis, los hermanos Neri Esteban Pedro y Domingo Esteban Pedro, el pasado 16 de diciembre. Sus cuerpos fueron encontrados a la orilla del Río Yal Witz, cerca de la hidroeléctrica San Andrés en la carretera de la Franja Transversal del Norte con impactos de bala en la cabeza. Este hecho hace recordar el asesinato del defensor Sebastián Alonso Juan, quien falleció a causa de disparos en el marco de una manifestación pacífica en enero del 2017, asesinato que sigue sin esclarecerse. Además de este doble asesinato, se destacan los siguientes hechos acaecidos en 2018: Julio y octubre: Violación del derecho de manifestación y del derecho de libre locomoción por parte de la PNC; y uso desmedido de la fuerza en contra de manifestantes, resultando en seis (6) personas heridas, tres de ellas con necesidad de ser hospitalizadas. 12 de octubre: En el transcurso del día, dos integrantes de la Resistencia Pacífica sufrieron ataques armados; Alfonso Miguel Francisco Pedro, de la aldea Pojom tuvo que ser hospitalizado durante siete (7) días. 20 de octubre y 7 de noviembre: Hostigamiento y uso de gas lacrimógeno en contra de comunitarios, provocando intoxicación en niños y en una mujer embarazada. 9 de diciembre: Agresión física en contra de Lucas Jorge García, presidente del Consejo de Desarrollo de Segundo Nivel de la Microrregión de Ixquisis y dos mujeres de su familia, una de ellas en estado de embarazo. Dos hombres atacaron al defensor en su casa, golpeándolo en la cabeza con piedras y palos. Al querer defenderlo, su hija María Jorge Gómez y su nuera Ana Gómez Domingo también fueron golpeadas.  La constante campaña de difamación y desprestigio emprendida en contra de la Resistencia Pacífica desde hace más de un año nuevamente ha aumentado de intensidad, impactando además a organizaciones aliadas como el Gobierno Ancestral Maya Plurinacional de las naciones Akateko Chuj, Popti’, Q’anjob’al y pueblo mestizo, y en particular en uno de sus coordinadores, Rigoberto Juárez. A principios de noviembre de 2018, fue anunciado en los diferentes medios de comunicación la firma de un “Acuerdo para la Paz y el Desarrollo” en el municipio de San Mateo Ixtatán, acuerdo que concluye como el principal resultado de una mesa de diálogo en la que participaron únicamente actores que están a favor de las hidroeléctricas y con vínculos directos con la empresa Energía y Renovación, S.A. La legitimidad de este acuerdo y representatividad de las personas que en nombre de la Microrregión de Ixquisis firmaron dicho acuerdo, ha sido cuestionada en repetidas ocasiones por la Resistencia Pacífica de esta Microrregión, que desde el inicio de este proceso de diálogo han registrado un aumento de ataques en su contra. Ante esta grave situación de riesgo las organizaciones, colectivos y personas abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con las personas defensoras de la Microrregión de Ixquisis, y solicitamos:  Al Ministerio Público que investigue y procese a los responsables materiales e intelectuales de todos los ataques cometidos en contra de la Resistencia Pacífica de Ixquisis, incluyendo las agresiones físicas en contra de Lucas Jorge García, Presidente del Consejo de Desarrollo de Segundo Nivel de la Microrregión de Ixquisis, así como los asesinatos de los hermanos Nery y Domingo Pedro Esteban y Sebastián Alonso Juan. Al Estado de Guatemala que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de los miembros de las comunidades de Ixquisis y el derecho de manifestación y de defender derechos. Al Estado de Guatemala que tome todas las medidas para garantizar que las mujeres tengan una vida libre de violencia y que tome medidas de protección específicas para las mujeres y lideresas de las comunidades de la Microrregión de Ixquisis.  Al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Gobernación que se cumpla con el retiro de las fuerzas de seguridad estatales, Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala, de las instalaciones privadas donde funciona la empresa Energía y Renovación, propietaria de los proyectos hidroeléctricos que se construyen en esta Microrregión, para garantizar la independencia de las fuerzas públicas en la Microrregión de Ixquisis. A la comunidad internacional presente en Guatemala, que observe de cerca la situación de las personas defensoras de derechos humanos, realizando visitas el territorio referido. A las instituciones financieras internacionales involucradas en el financiamiento de estos proyectos hidroeléctricos, que adopten medidas para que sus inversiones se den bajo condiciones de pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Descarga el pronunciamiento completo para ver las organizaciones firmantes   

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Fortalecimiento de Capacidades, Cambio Climático, Derechos Humanos

Seminario virtual "Respuesta global al cambio climático: Reflexiones tras la COP24"

En este seminario, expertos de la sociedad civil conversaron sobre los resultados de la vigésima cuarta versión de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, la COP24, particularmente sobre lo que implican para América Latina.   Panelistas Enrique Maurtua Konstantinidis, Centro Regional de Cambio Climatico y Toma de Decisiones: Avances en el diseño del Libro de Reglas para la puesta en marcha del Acuerdo de París. Sandra Guzmán, Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC): Inclusión del informe del IPCC y las decisiones sobre financiamiento climático. Astrid Puentes Riaño, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): El rol de los derechos humanos en las negociaciones. Karla Maass Wolfenson, Climate Action Network International (CAN): Reflexión sobre lo que viene con miras a 2020. Moderó: Karla Maass, CAN.   Grabación  

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Arrecifes de coral, Fracking, Derechos Indígenas

10 buenas noticias ambientales para América Latina en 2018

Este año se caracterizó por triunfos en la creación de protecciones legales y en el establecimiento de políticas favorables al ambiente y los derechos humanos en la región. Pocas veces existen, en un solo año, tantos avances institucionales que sientan precedentes.   Aquí te presentamos diez ejemplos:   1. Por primera vez, la Corte Interamericana reconoció el ambiente sano como derecho “fundamental” La Corte concluyó que el ambiente sano es un derecho autónomo, “fundamental para la existencia de la humanidad”, y se pronunció por primera vez respecto del contenido del mismo. La relación entre ambiente y derechos humanos puede sonar obvia, pero hasta febrero de este año, cuando la decisión de la Corte se dio a conocer públicamente, no había precedentes de esta magnitud en el reconocimiento de ese vínculo. La decisión es una opinión que responde a una consulta hecha por Colombia. En ella, la Corte reconoció además que el cambio climático impacta en el goce de los derechos humanos, en especial en las poblaciones más vulnerables. La OC-23, como se le conoce, estableció un precedente histórico para la protección de los derechos humanos en el continente y será una herramienta importante para lograr justicia ambiental en la región. CONOCE MÁS 2. Se aprueba el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región   Hasta finales de este año, 16 países han firmado el Acuerdo de Escazú, único en su tipo. No sólo es el primer tratado sobre asuntos ambientales de América Latina y el Caribe, es también el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Su objetivo principal es garantizar los derechos al acceso a la información ambiental, a la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales y a la justicia en asuntos ambientales. CONOCE MÁS 3. Peces loro reciben protección especial en México Los peculiares y coloridos peces loro se alimentan de las macroalgas que crecen sobre los corales quitándoles luz y oxígeno. Debido a la sobrepesca y otros factores, las poblaciones de peces loro han disminuido y, por lo tanto, los corales están en mayor riesgo. Por ello, diez especies de este pez están en proceso de ser incluidas por el gobierno en la lista mexicana de fauna protegida. CONOCE MÁS 4. Pueblos indígenas reconocidos en el financiamiento climático Tras años de trabajo por parte de organizaciones indígenas alrededor del mundo, el Fondo Verde del Clima aprobó una Política de Pueblos Indígenas con el objetivo de proteger, reconocer, respetar y promover sus derechos dentro del financiamiento de proyectos climáticos. La decisión fue recibida con esperanza en un mundo que requiere acciones inmediatas de mitigación y adaptación al cambio climático. Políticas como ésta contribuyen a evitar que el financiamiento climático vulnere los derechos de las personas más afectadas. CONOCE MÁS 5. Un plan regional para proteger a los jaguares Catorce países y organizaciones conservacionistas lanzaron el Plan Jaguar 2030, con la intención de proteger los corredores o rutas naturales de vinculación de las poblaciones de esta especie, el carnívoro más grande de América Latina sin depredadores naturales. Las poblaciones del jaguar se extienden por 18 países, pero disminuyen aceleradamente por la caza furtiva, la fragmentación de su hábitat y los conflictos con actividades humanas. En El Salvador y Uruguay, se ha declarado extinto. El el plan es una esperanza para su protección a nivel internacional y entre fronteras. CONOCE MÁS 6. Colombia le dice no a pruebas piloto de fracking La Autoridad de Licencias Ambientales de Colombia (ANLA) negó el permiso para que la empresa ConocoPhillips realizara las primeras pruebas piloto de fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos en San Martin y Aguachica, Cesar. La ANLA argumentó que la información presentada por la empresa era “insuficiente” para conocer el manejo y disposición del agua, también cuestionó su evaluación ambiental y su plan de contingencia. Por lo pronto, la iniciativa está archivada. Continuar apostando por los combustibles fósiles nos aleja de las metas climáticas, es importante apostar por una transición energética. CONOCE MÁS 7. Una lucha regional ante el fracking llega a la CIDH Organizaciones y comunidades de toda la región unieron esfuerzos para llevar por primera vez ante la Comisión Interamericana casos de violaciones de derechos humanos y amenazas al ambiente provocados por la extracción de hidrocarburos mediante fracturación hidráulica. Después de varias luchas locales, éste fue el primer momento en que se evidenció ante un organismo regional los daños documentados en varios países, desde Estados Unidos hasta Argentina. La información presentada llamó el interés de la Comisión. ¡La unión hace la fuerza! A propósito de este tema, el nuevo presidente de México dijo que no se hará más fracking. CONOCE MÁS 8. Un tratado para proteger dos terceras partes de los océanos Tras una década de debates, este año inició la negociación en la ONU de un tratado jurídicamente vinculante para proteger la biodiversidad en alta mar, como se conoce a las áreas marinas que están fuera de jurisdicciones nacionales. Las negociaciones se llevarán a cabo hasta 2020. Pese a que alta mar representa el 64% de la superficie total de los océanos y a que los mares absorban el 90% del calor provocado por el calentamiento global, no existe un tratado que proteja este ecosistema, solo regulaciones fragmentadas. CONOCE MÁS 9. Chile clausura definitivamente la mina Pascua Lama En octubre de este año, autoridades chilenas confirmaron la clausura definitiva de Pascua Lama, un proyecto minero de explotación de oro en la frontera entre Chile y Argentina. Barrick Gold, la empresa a cargo del proyecto, fue multada por 33 violaciones a la normativa ambiental chilena. Pascua Lama generó daños a fauna y flora nativa. Pueblos indígenas de la región, que documentaron la contaminación de un río y afectaciones a los glaciares, fuente importante de agua, celebraron la decisión. Ahora se busca detener el proyecto en el lado argentino. CONOCE MÁS 10. Argentina rompe récord de creación de parques nacionales Antes de terminar el año, Argentina anunció la creación de dos áreas marinas protegidas: Estricta y Namuncurá-Banco Burdwood II, importantes para la cría y desove de peces con alto valor comercial. Con este par, el país suma seis áreas naturales declaradas como parques nacionales solo en 2018, algo histórico. Los otros parques son: Traslasierra, Aconquija, Ciervo de los pantanos e Iguerá. Argentina se ha propuesto lograr para 2020 la protección del 10% de sus mares. CONOCE MÁS  

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Cambio Climático, Derechos Humanos

¿Por qué trabajamos para lograr justicia climática en América Latina?

“Los problemas del mundo son muchísimos, pero ninguno parece tan transversal y peligroso como el cambio climático”, dice Florencia Ortúzar, abogada de AIDA. “Es realmente el gran desafío de nuestra generación”. En AIDA estamos conscientes de la magnitud del problema. Por ello incorporamos y promovemos la justicia climática como concepto clave en todas nuestras líneas de trabajo. Esto nos lleva a evitar la implementación de actividades que agravan el cambio climático y, al mismo tiempo, promover alternativas sostenibles que respeten el ambiente y los derechos de las comunidades en desventaja. “Lo que me mueve a contribuir a la lucha contra el cambio climático es la conciencia de que tenemos un problema enorme sobre nuestras espaldas, y la determinación de que no podemos rendirnos”, dice Florencia. Su motivación es la de todo el equipo de AIDA: abogados/as, científicos/as y profesionales en comunicación, administración y recaudación de fondos. Cuando era niña, Florencia recibió de su papá un regalo muy especial: una insignia que decía “world saver” (salvadora del mundo). Ese día, en una playa de su natal Chile, Florencia enganchó la insignia a su ropa y comenzó a recoger basura, limpiando la playa. El regalo fue el encargo de una misión. Florencia estudió Derecho para trabajar por la protección de bosques, ríos, animales y de todo  aquello que conforma la naturaleza. “La suerte me acompañaba cuando me encontré con AIDA, la organización en la que me he formado y a través de la cual he podido hacer mi aporte”. Florencia integra el equipo legal del Programa de Cambio Climático de AIDA, cuyo objetivo es contribuir a que América Latina, una de las regiones más vulnerables a la crisis climática, lidere los cambios requeridos a nivel mundial para evitar mayores catástrofes. En alianza con organizaciones aliadas y de la mano de comunidades, trabajamos para frenar el avance ciego del fracking y de las grandes represas, cuya implementación implica importantes emisiones de metano, un gas de efecto invernadero 34 veces más potente que el dióxido de carbono. Trabajamos además para crear conciencia y educar a los responsables de políticas públicas sobre la importancia de controlar las emisiones de los contaminantes climáticos de vida corta. Buscamos también proteger ecosistemas terrestres y marinos que capturan emisiones de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático, como los arrecifes de coral, manglares, humedales y páramos. Hacemos seguimiento a las negociaciones climáticas internacionales e incidimos para que los países de la región cuenten con los recursos económicos necesarios para afrontar el cambio climático y para que el financiamiento climático respete los derechos humanos. “Aunque muchos de los efectos del cambio climático ya están ocurriendo y son inevitables, los esfuerzos que sigamos haciendo por detener el problema y adaptarnos a él serán bien agradecidos por las generaciones futuras, que nada tuvieron que ver con el daño causado”, dice Florencia, quien transmite el mensaje allá donde va, animando a otras personas a sumarse a la lucha. “Me niego a que seamos la última generación en disfrutar de las maravillas naturales de nuestro planeta”.  

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Derechos Indígenas, Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Leydy Pech, la guardiana de las abejas

“Son parte de mi ser”, dice Leydy Araceli Pech Martin de sus abejas. Las alimenta con dulce de calabaza y se identifica con ellas. Verlas cómo se organizan y trabajan en la colmena para producir miel, reafirma su confianza en la acción colectiva. En su pueblo natal, Ich Eq —nombre que en maya significa “Ojo de Estrella”—, municipio de Hopelchén, en el estado mexicano de Campeche, las familias viven de esa forma: unidas y apoyándose entre sí. De todos los objetivos que Leydy comparte con su comunidad, quizás el más vital sea la defensa de su territorio y sus modos de vida tradicionales, amenazados por la creciente deforestación y por la contaminación tóxica proveniente de la agricultura industrial. La expansión del cultivo de soya en Hopelchén está terminando con grandes extensiones de selva tropical y esparciendo de manera indiscriminada pesticidas nocivos para la salud humana y para el ambiente, en especial para aquellos ecosistemas de los que dependen las abejas, así como las y los apicultores de la zona. Derribando obstáculos De mirada dulce y voz suave, Leydy es una mujer muy ágil. Puede hacer muchas cosas al día. Distribuye su tiempo entre cuidar a sus abejas, realizar labores domésticas, atender a su mamá y a su tío, y estar pendiente de su hijo, Diego Alberto, de 17 años. También atiende el pequeño negocio de Koolel-Kab (“mujeres que trabajan con abejas”), una organización que ella y otras mujeres de Hopelchén fundaron en 1995. Con ellas comparte la crianza y preservación de la abeja melipona beecheii, una especie silvestre sin aguijón que ha sido domesticada por los pueblos mayas de México desde hace cientos de años. De esta abeja se obtienen varios productos —miel, jabones y cremas— que se venden en la tienda de la organización. Pero dedicarse a la apicultura, actividad que su abuelo le enseñó y que en la zona es realizada mayormente por hombres, no le ha sido fácil. Al comienzo, Leydy y sus compañeras fueron subestimadas. “Nos decían que no íbamos a lograr nada, poco a poco fuimos demostrando nuestras capacidades; los señores vieron resultados y reconocieron públicamente que la organización era un ejemplo de lucha”, cuenta. Las mujeres de Koolel-Kab trabajan también por el reconocimiento y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas de la zona. Leydy recuerda que esa lucha comenzó cuando se dio cuenta que otras personas estaban decidiendo sobre el territorio y los recursos naturales de su pueblo, sobre las oportunidades de trabajo y de una mejor calidad de vida para los más jóvenes.  Menonitas y empresarios agroindustriales están cultivando soya genéticamente modificada en Hopelchén, deforestando selva y poniendo en riesgo la salud de las personas. El gobierno mexicano autorizó el cultivo sin consultar a las comunidades afectadas. Y, aunque la justicia reconoció esta vulneración de derechos humanos, la siembra ilegal de ese tipo de soya no ha cesado y la siembra de soya tradicional se ha expandido. Un problema relacionado es la fumigación aérea de los cultivos con una mezcla de químicos que no se queda en los campos, sino que llega a casas, fuentes de agua y flores. “No me puedo quedar de brazos cruzados cuando sé lo que está pasando, se ha vuelto una responsabilidad, no hacer nada sería como traicionar mi propia identidad”, dice Leydy con la firmeza que la caracteriza. La búsqueda de justicia es lo que la mueve. Pero también en esa lucha ha tenido que derribar barreras. “Vivimos en un mundo donde solo los hombres pueden hablar, tomar decisiones. Yo he roto con eso y me han cuestionado”. La organización de mujeres mayas forma parte del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, que ha presentado acciones legales nacionales e internacionales para frenar los daños de la agroindustria. AIDA, junto con organizaciones aliadas, apoya esos esfuerzos y ha llevado el caso, en representación de las comunidades, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La fuerza de la unión La fortaleza del Colectivo está en su unidad. De eso Leydy está convencida. Quienes lo conforman trabajan por las necesidades de sus propias comunidades, pero también están en proceso de verse como uno solo, algo que no solo aplica a los pueblos de Campeche sino a los de los estados cercanos de Yucatán y Quintana Roo. “Los mayas somos muchos, cada cosa que hemos logrado no es para una sola persona, es para todos”. Leydy contagia su liderazgo y su capacidad de trabajar en equipo. Su hijo, Diego Alberto, es parte de ese esfuerzo conjunto. “Él se siente contento, sabe mucho de abejas y tiene sus propias iniciativas”. Como Diego Alberto, otros miembros jóvenes de la familia de Leydy se dedican ahora a la apicultura. “Eso me dice que estoy haciendo bien las cosas”, dice orgullosa.  

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