En Chile, 40% de la energía que se produce y consume proviene de la quema de carbón. Esa enorme cantidad de energía la generan apenas 28 plantas termoeléctricas, concentradas en cinco localidades a lo largo del país.
Son las llamadas Zonas de Sacrificio, cuyos habitantes han sido sometidos a vivir inmersos en medio de la contaminación, con su salud dañada, niños con problemas de aprendizaje y mares envenenados.
El grave perjuicio que implica habitar una de estas zonas ha sido documentado ampliamente. Uno de los esfuerzos más recientes en ese sentido es un informe que la ONG Chile Sustentable encargó a la Universidad Católica de Chile, el cual evidencia que vivir en una Zona de Sacrificio se traduce en mayores riesgos de enfermar y de morir prematuramente.
El estallido social que el país vive actualmente representa una oportunidad histórica de transformación.
Empujado por la voz de su gente y teniendo a su cargo la Presidencia de las negociaciones climáticas internacionales, Chile puede liderar un cambio estructural de redistribución de cargas y beneficios, tanto sociales como ambientales, que lo lleve a ser un país más limpio y más justo.
En junio y tras un año de discusiones con la industria y otros actores interesados, el Presidente Sebastián Piñera anunció un esperado cronograma de descarbonización. Fruto de un acuerdo, la industria se comprometió a cerrar todas sus plantas a carbón antes del 2040.
Por positiva que parezca, al analizar a fondo la propuesta, es posible concluir que no es suficiente para lograr la justicia que tanto merecen las personas afectadas por la quema de carbón.
El cronograma establece fechas específicas para el cierre de las ocho plantas más antiguas al 2024, pero no da fechas ni detalles sobre el cierre efectivo de las 20 plantas restantes, dejándolo a la merced de la buena voluntad de las próximas administraciones. En esos términos, no hay forma de garantizar que el plan vaya a ejecutarse realmente.
Además, esperar 20 años tampoco parece un trato aceptable para quienes ya han cargado demasiado y por demasiado tiempo, ni para el equilibrio climático del planeta, que no esperará tanto antes de colapsar.
Otra crítica que recibió la propuesta del gobierno es que poco después de ser anunciada, la empresa Engie inauguró una nueva central eléctrica de carbón en Mejillones, Zona de Sacrifico ubicada al norte del país. La nueva planta tiene más del doble de la capacidad operativa de las dos termoeléctricas de Tocopilla que la misma empresa habría cerrado tras la firma del plan de descarbonización.
Pero no todo son malas noticias. Un mes antes de que estallaran las protestas sociales en Chile, el gobierno dio señales de una meta de descarbonización más ambiciosa. En septiembre, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que solicita al Presidente adelantar en diez años, al 2030, el cierre de las termoeléctricas a carbón.
La solicitud se basa en un estudio encargado por la ONG Chile Sustentable a la consultora Kas Ingenieros. La investigación evidencia la factibilidad técnica y económica de alcanzar la meta de descarbonización al 2030. La crisis social en el país estalló en plena búsqueda de un acuerdo vinculante para concretar ese avance.
Chile vive hoy un momento histórico. El descontento social —generado por las injusticias, la desigualdad y la falta de equidad que los segmentos más vulnerables de la población han soportado por años— desencadenó múltiples protestas que aún no amainan en intensidad.
Lo que pasa en Chile es un espejo de lo podría ocurrir en muchos países del mundo, sobre todo en América Latina. El pasto en muchos lugares está seco y cualquier chispa podría encender la movilización social, destapando ollas que por años han acumulado descontento y presión.
Las cifras muestran que el país ha crecido y que hay menos pobreza, pero ni los beneficios ni las cargas se han repartido equitativamente. Las autoridades han fallado. La confianza se está acabando y la desilusión aumenta.
Las Zonas de Sacrificio son un ejemplo muy claro del problema estructural que aqueja a la sociedad: ciertas comunidades cargan con los costos y no disfrutan de los beneficios, situación que es inaceptable en estos tiempos.
Los incendios, las inundaciones y otros eventos extremos que provocan daños cuantiosos en la vida de las personas muestran que la naturaleza no dejará de protestar hasta que la respetemos.
La sociedad también está pidiendo lo suyo, y con una urgencia que ha ganado la atención de los tomadores de decisión. Cambios que parecían imposibles ciertamente ya no lo son.
No es que las demandas sociales sean más importantes que las ambientales o viceversa. Las demandas ambientales son también demandas sociales. Aunque la crisis climática y la contaminación nos afectan a todos, el daño es mucho mayor para las personas más vulnerables.
Los cambios en favor de nuestro planeta pueden y deben hacerse con un enfoque de justicia social y en armonía con la naturaleza.
En el caso de Chile, la descarbonización —y con ella el fin de las Zonas de Sacrificio— es el cambio que nos llevará a ser un mejor país. Porque una de las más grandes injusticias es tener que vivir en un ambiente que no está sano.
Florencia Ortúzar es la directora interina del Programa de Clima de AIDA, trabajando desde Santiago de Chile. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con una Maestría en Políticas de Medio Ambiente y Regulación por el London School of Economics de Inglaterra. Florencia se unió al equipo de AIDA en mayo de 2012 y colabora con los programas de Clima y de Ecosistemas. Florencia disfruta pasar tiempo con sus mascotas, cocinar, acampar y realizar senderismo (trekking).
