Derechos Humanos


Organización de Estados Americanos solicitó suspender inmediatamente el proyecto de represa de Belo Monte

Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que los pueblos indígenas deben ser consultados ANTES del inicio de las obras. Altamira, Brasil / Washington, D.C., USA. El 1 de abril pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) oficialmente solicitó al gobierno de Brasil suspender inmediatamente el licenciamiento y construcción de la gran represa de Belo Monte, en el estado de Pará, Brasil, argumentando que el proyecto podría perjudicar los derechos humanos de las comunidades tradicionales de la cuenca del río Xingú. La CIDH determinó que el gobierno debe realizar procesos de consulta "previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuados", con las comunidades indígenas involucradas antes de la construcción de la hidroeléctrica. El gobierno brasileño recibió un plazo de quince días para informar a la CIDH sobre el cumplimiento de la resolución. La decisión de la CIDH responde a una denuncia presentada en noviembre de 2010 por el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre (MXVPS), la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), la Prelazia del Xingú, el Consejo Indígena Misionero (CIMI), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Sociedad Paranaense de Derechos Humanos y Justicia Global, en nombre de varias comunidades tradicionales de la cuenca del Xingú. De acuerdo con la denuncia, entre otros, estas comunidades no fueron consultadas de forma adecuada sobre el proyecto que, si se lleva a cabo, causará daños socio-ambientales irreversibles, desplazamientos forzados de miles de personas y amenazará una de las regiones de mayor valor para la conservación de la biodiversidad en el Amazonas. "Al reconocer los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa e informada, la CIDH solicita que el gobierno brasileño paralice la construcción de Belo Monte y garantice el derecho de decidir de los indígenas", dijo Roberta Amanajás, abogada de SDDH. "De esta forma, seguir con las obras sin realizar las consultas indígenas violaría el derecho internacional y el gobierno sería responsable internacionalmente por los impactos negativos causados por el proyecto". La CIDH también resolvió que Brasil debe adoptar medidas urgentes para proteger la vida e integridad personal de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en la cuenca del Xingú, además de medidas para prevenir la diseminación de enfermedades y epidemias entre las comunidades tradicionales afectadas por la obra. "La decisión de la CIDH envía un mensaje claro que las decisiones unilaterales del gobierno y la justicia brasileños, en busca del crecimiento económico a cualquier costo, constituyen una afronta a las leyes del país y a los derechos de las poblaciones tradicionales locales", dijo Antonia Melo del MXVPS. "Nuestros gobernantes no pueden continuar excusándose en el crecimiento económico para violar los derechos humanos e impulsar proyectos que promueven la destrucción de nuestros recursos naturales y la muerte de los pueblos del Xingú y del Amazonas". La represa no sólo ha sido criticada por comunidades y organizaciones de la sociedad civil, sino también por científicos, investigadores y expertos de las agencias federales brasileñas. Sólo el Ministerio Público Federal ha presentado diez demandas que están pendientes de resolverse. ”Esta decisión marca un hito para Brasil y para la región, pues evidencia que el desarrollo económico debe cumplir con las normas y respetar los derechos humanos” afirmó Astrid Puentes, co-directora de AIDA. “Grandes represas como Belo Monte han evidenciado que no son energía limpia ni sostenible, por los graves impactos que causan, incluso para el cambio climático, por lo cual es esencial que los Estados examinen integralmente los impactos y alternativas que estos proyectos tienen, pues existen muchas” concluyó. "Estoy muy conmovida con esta noticia", dijo Sheyla Juruna, líder de la comunidad indígena Juruna del km 17, afectada por el proyecto. "Hoy, más que nunca, tengo la certeza de que estamos en lo correcto en denunciar al gobierno ante la justicia por las violaciones contra los derechos de los pueblos indígenas del Xingú y de todos los que están juntos en esta lucha en defensa de la vida y del medio ambiente. Continuaremos firmes y resistentes en esta lucha contra la implementación del Complejo de Belo Monte". La decisión de la CIDH ordenando la suspensión inmediata del proceso de licenciamiento y construcción de Belo Monte se fundamenta en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de la ONU de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la Convención de Biodiversidad, en la Convención Americana y en la propia Constitución de Brasil.

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La Organización de Estados Americanos cuestiona el proyecto de la represa Belo Monte

La CIDH, órgano de derechos humanos de la OEA solicita investigaciones oficiales mientras que las comunidades realizan manifestaciones importantes. Altamira, Brazil. La Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó oficialmente al gobierno de Brasil, clarificar la información sobre el proceso de licenciamiento de la represa Belo Monte, que continúa sin haber asegurado una apropiada consulta con los grupos locales indígenas. Esta solicitud se realizó en medio de una intensa controversia local e internacional alrededor de los planes para construir el complejo de la represa en el Río Xingú en la Amazonia brasileña. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, solicitó la investigación en respuesta de una queja presentada por varias organizaciones incluyendo: el Movimiento Xingú Vivo para Siempre (MXVPS), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Sociedad de Pará en Defensa de los Derechos Humanos (SDDH) apoyadas por otras 40 instituciones de defensa de los derechos indígenas y comunidades tradicionales de la cuenca del Río Xingú. La queja demanda que el gobierno brasileño suspenda inmediatamente el proceso de licenciamiento para la represa de Belo Monte, que pare la construcción del proyecto y que garantice los derechos humanos de las comunidades y personas afectadas. La CIDH dio al gobierno diez días para aclarar las medidas adoptadas que garanticen las consultas previas, libres e informadas con las comunidades locales y la legalidad de la "licencia parcial", entre otros temas. La solicitud es el primer paso de un largo procedimiento en el cual las comunidades locales están alegando violaciones a los derechos humanos derivadas de la represa propuesta. "Cuando el gobierno de Brasil firma un tratado, está obligado a cumplir con sus resoluciones" dijo Roberta Amanajás, abogada de la Sociedad de Pará para la Defensa de Derechos Humanos (SDDH). "Como firmante de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, Brasil debe reconocer su legitimidad para examinar casos como el de Belo Monte". "Con grandes proyectos de desarrollo como el complejo de la represa Belo Monte, todos los gobiernos deben ser responsables de la protección de los derechos humanos y el medio ambiente de las comunidades locales" dijo Jacob Kopas, abogado de AIDA. "La Comisión Interamericana ha ya reconocido esto en otros casos y ha pedido la suspensión de un proyecto de una gran represa en Panamá y de una gran mina de oro en Guatemala". Mientras tanto, cientos de pescadores realizaron una protesta el viernes en la ciudad de Altamira, para manifestar su oposición a un proyecto que podría destruir sus medios de subsistencia al aniquilar especies de peces migratorias de la región. El evento, bendecido por Dom Erwin Kräutler, obispo de Xingú y oponente histórico a la planta hidroeléctrica, se caracterizó por docenas de barcos de pesca que se establecieron en el río Xingú para simbolizar la importancia de defender el río y la preservación de su modo de vida. "Los pescadores de Xingú están comprometidos con la organización en defensa del río" dijo Kräutler. "Del río es que ellos obtienen el sustento para ellos mismos y sus familias, mientras que su arduo trabajo provee a todas las ciudades a lo largo de Xingú, fue muy reconfortante verlos en grandes números dispuestos a pescar la semana pasada. Su regreso el día de hoy ha mostrado que el río está vivo y que ellos quieren verlo permanecer vivo para siempre". Hoy, docenas de barcos pesqueros alrededor de las comunidades circundantes afectadas por la represa se han unido a los manifestantes en demostración de su solidaridad. Ellos darán lo bienvenida a los pescadores en su regreso y compartirán la pesca con motivo del Día Internacional de la Acción por los Ríos.

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Comunidades indígenas y ribereñas piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos suspender Belo Monte, gran represa en Brasil

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA Noviembre 11, 2010   Contactos:           Astrid Puentes Riaño, AIDA - +1 510 984 4610, (5255) 52120141 [email protected] Andressa Caldas, Justiça Global: +55 21 2544 2320 / 21 8187 0794, [email protected] Renata Pinheiro, Movimiento Xingu Vivo para Sempre: + 55 93 9172 9776, [email protected] Christian Poirier, Amazon Watch: +1 510-666-7565, [email protected]     Ahora que el Gobierno se prepara para otorgar la Licencia Previa de Instalación, las comunidades urgen a la CIDH que evite las violaciones a derechos humanos   Washington, D.C., Brasil- El día de hoy, organizaciones de derechos humanos y ambientales solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en representación de las comunidades afectadas y con carácter urgente, medidas cautelares para la suspensión de la hidroeléctrica Belo Monte en el Río Xingú, Pará, Brasil.  Argumentan graves e irreversibles amenazas a los derechos de por lo menos cuatro comunidades indígenas y ribereñas por la construcción inminente de la que sería la tercera represa más grande del mundo.    La petición fue presentada por el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre (MXVPS), el Consejo Indigenista Misionario (CIMI), Justiça Global, Prelazia do Xingu, la Sociedad Paranense de Derechos Humanos (SDDH) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), con la participación de más de veinte organizaciones y movimientos sociales que la apoyan.  “A pesar de la gravedad e irreversibilidad de los impactos de la obra para las comunidades locales, no fueron realizadas medidas adecuadas para garantizar la protección de los derechos y del ambiente” concluye la petición.   "El gobierno afirma que los Juruna no serán afectados, pero no lo creemos. No fuimos consultados y no queremos que hablen por nosotros. Estamos en contra de esta represa y estamos empeñados en la lucha con nuestros cuerpos y almas para defender nuestra vidas y la vida de nuestro río", afirmó Sheyla Juruna indígena de los Juruna do km 17.   La denuncia destaca los inminentes impactos para las comunidades Arroz Cru, Arara da Volta Grande, Juruna do Km 17 y Ramal das Penas, entre otras. También resalta problemas graves como el posible desplazamiento forzado, sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, amenazas a la seguridad alimentaria, al acceso al agua potable, a la vida, la supervivencia y al ambiente.   Uno de los principales problemas es que el gobierno no tiene certeza de los impactos a las comunidades del Río Xingú. La petición se fundamenta en informes de órganos federales como el Instituto Brasileño para el Medio Ambiente (IBAMA) y el Ministerio Público, así como en opiniones técnicas de especialistas. Estos concluyen que Belo Monte ocasionaría el aumento de enfermedades y de la pobreza en la zona, además de causar la llegada masiva y desordenada de migrantes que sobrecargarían los precarios servicios públicos de la región, entre otros.   “Nos preocupa la manera en que el gobierno de Brasil está ignorando los estándares nacionales e internacionales para acelerar este proyecto, aún a costa de los derechos humanos y del ambiente”, afirmó Astrid Puentes Riaño, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Seguir adelante sin tomar las precauciones requeridas por la normatividad internacional resultaría en la afectación de miles de personas y la destrucción irreversible de una zona muy importante para el Amazonas y el mundo”.   Por tratarse de un pedido urgente de medidas cautelares por un riesgo de violaciones inminentes a los derechos humanos, la CIDH, un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), exigiría inmediatamente esclarecer los hechos al Estado brasileño. En caso de que la solicitud sea concedida, el Gobierno Federal deberá cumplir con lo ordenado por la CIDH en su resolución.   En otros casos de grandes proyectos de infraestructura en el hemisferio, la CIDH concedió medidas cautelares requiriendo la suspensión, entre otros, de la construcción de la gran represa Chan-75 en Panamá en 2009, y también la suspensión de un proyecto minero en Guatemala en mayo pasado, debido a las amenazas para los derechos humanos.   ### Para más información acerca de la Represa Belo Monte, visite: http://xingu-vivo.blogspot.com http://www.aida-americas.org http://www.internationalrivers.org http://amazonwatch.org /    

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CEMDA y AIDA presentan escrito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores contra México

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 14 de septiembre de 2010 Contactos: Juan Carlos Arjona Estévez, CEMDA (México) +52-55-5286-332, [email protected], Skype: juancarlosarjonaestevez Jacob Kopas, AIDA (Bogotá) +57-1-338-1277, [email protected], Skype: jacobkopas   CEMDA y AIDA presentan escrito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores contra México   Ciudad de México, México – El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentaron un escrito en calidad de "amigo" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores contra los Estados Unidos Mexicanos el 10 de septiembre de 2010. Las dos organizaciones contribuyeron con información sobre la importancia de la labor de defensores ambientales, como son los señores Cabrera y Montiel, para la protección de los derechos humanos y el patrón de ataques contra defensores en México.   "En México, todavía es sumamente difícil proteger el derecho a un medio ambiente sano en virtud de la inexistencia, o en su caso, ineficacia de los mecanismos judiciales creados para tal efecto", enfatizó Juan Carlos Arjona Estévez, Coordinador del Programa de Derechos Humanos y Ambiente del CEMDA. "Por lo que es aún más preocupante las agresiones que sufren quienes defienden este derecho, pues afecta los derechos de todas las personas que habitan en México."   En 1998, los señores Teodoro y Rodolfo fundaron la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) con el fin de proteger los bosques en el Estado de Guerrero de la tala ilegal e inmoderada. Un año más tarde fueron víctimas de una detención arbitraria y de tortura a causa de su labor como defensores ambientales. A pesar de ser liberados en 2001, siguieron en situación de riesgo, por lo que tuvieron que salir de su comunidad. A nueve años de su liberación, acudieron a la Corte IDH para que se escucharan sus reclamos contra las autoridades mexicanas que no han hecho nada por repararles el daño que les causaron y garantizarles su seguridad.   La ineficacia de recursos judiciales para proteger al medio ambiente y hacer frente al deterioro ambiental en México, llevó a estos dos campesinos a fundar su organización. Sin embargo, las agresiones y amenazas sufridas por ellos, y posteriormente por otras personas defensoras ambientales en todo el país, sin que existiesen acciones de la autoridad para protegerlas, han causado un temor generalizado que inhibe la defensa de este derecho humano. Por esta razón, los dos limitaron su trabajo como defensores ambientales y redujeron las acciones de la OCESP.   Jacob Kopas, abogado con AIDA expresó: "Este caso es emblemático para la región, y resalta la necesidad que los Estados reconozcan el valor y la importancia de la labor de las personas defensores ambientales, asegurando una protección adecuada para sus derechos".   "Con este escrito, CEMDA y AIDA buscamos contribuir a la protección del derecho a un medio ambiente sano en México y proteger las personas que defienden a este derecho humano", dijo Samantha Namnum, directora de la oficina de CEMDA en el Distrito Federal. "Es por ello, que solicitamos a la Corte IDH que reconozca la importante labor de las personas defensoras ambientales y declare que el Estado Mexicano violó también el derecho de asociación de Rodolfo y Teodoro, derivado de la detención arbitraria y torturas que fueron víctimas, así como de la impunidad por estos hechos".

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AIDA Presenta Informe sobre Represas Ante el Bid

  COMUNICADO DE PRENSA Para Publicación Inmediata 19 de Marzo de 2010 Contactos: Astrid Puentes Riaño - AIDA, +(52-1-55) 23016639, [email protected]   Informe: Grandes Represas en América ¿Peor el remedio que la enfermedad? AIDA PRESENTA DOCUMENTO ANTE EL BID   El objetivo del documento es el de promover un mejor entendimiento de la situación, evidenciar la vinculación entre los graves impactos ambientales y la violación a los derechos humanos que las grandes represas pueden causar. Cancún, México. – La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, presentará el informe: “Grandes Represas en América, ¿Peor el remedio que la enfermedad?” ante el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. La presentación se hará en el marco de la Reunión Anual de Gobernadores del BID que se celebra en Cancún, hasta el 23 de marzo. En esta reunión, entre otros, el BID decidirá acerca de la recapitalización del Banco para promover mayores inversiones en el hemisferio. “Esperamos que las futuras inversiones financiadas por el BID y otras Instituciones Financieras Internacionales tengan en cuenta este informe, así como los estándares internacionales para estos proyectos, incluyendo las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas” declaró Astrid Puentes, co-directora de AIDA. “Esto podría Así podrían evitar graves impactos ambientales y a los derechos humanos, y promover verdaderos proyectos de energía limpia”. El objetivo del Informe es evidenciar la vinculación entre los graves impactos ambientales y la violación a los derechos humanos que las grandes represas pueden causar y motivar la implementación de proyectos de energía adecuados. Para ello, se analizan cinco estudios de caso de distintas regiones de América Latina: La Parota (México), Chan 75 (Centroamérica), Baba (región Andina), Río Madeira (Brasil) y Yacyretá (Cono Sur). El informe preparado por AIDA en coordinación con International Rivers y con la cooperación de múltiples organizaciones no gubernamentales y de comunidades afectadas por las grandes represas en el hemisferio, se presentó también en noviembre pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington. La CIDH celebró esta audiencia dada la importancia del tema para la adecuada protección de los derechos humanos en la región. Entre los impactos más graves generados por las grandes represas, abordados en el Informe, se incluyen: el empeoramiento de la calidad y salubridad de las aguas tanto río arriba como río abajo por la modificación artificial de las cuencas hidrográficas; la degradación de ecosistemas acuáticos; los impactos a la biodiversidad; los impactos en el cambio climático por el aumento en la emisión de gases efecto invernadero dada la descomposición de materia orgánica inundada; el posible aumento de actividad sísmica; la destrucción de ecosistemas estratégicos; el desplazamiento forzado de comunidades típicamente en situación de vulnerabilidad, como las indígenas, campesinas y afrodescendientes, así como las mujeres y los niños y las niñas; la pérdida de fuentes de alimentación y de sustento; la falta de participación pública y acceso a la información; la falta de consulta y la obtención del consentimiento libre, previo e informado de comunidades afectadas; y criminalización de la protesta social hacia personas o comunidades que defienden sus derechos. “Buscamos evitar estas consecuencias negativas y promover alternativas efectivas a las necesidades energéticas, para lograr un verdadero desarrollo sostenible”, puntualizó Jacob Kopas, abogado de AIDA y coautor del Informe. Versión completa del informe y Resumen Ejecutivo: http://www.aida-americas.org/node/1536 Para mayor información acerca de la situación de las grandes represas en América Latina visite: www.aida-americas.org, www.internationalrivers.org, www.redlar.org/

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Derechos Humanos

Nova versão em português! Guia de Defesa Ambiental diante do Sistema Interamericano de Direitos Humanos de AIDA

O continente americano foi a primeira região do mundo a reconhecer o direito humano a um meio ambiente sadio. Várias constituições da região também reconhecem esse direito. Tal reconhecimento trouxe muitas esperanças, dada a evidente relação do ambiente com a proteção dos direitos humanos e a possibilidade de garantia que esta consagração implica para milhões de pessoas de melhorar as condições ambientais, e por consequência, sua qualidade de vida. Não obstante, quase duas décadas depois, a situação na região é bem distante de ser a ideal. Os exemplos são, desafortunadamente, muito diversos e extensos. Diminuir a diferença entre o reconhecimento das normas e a realidade é vital. Por tal razão, a Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA) decidiu publicar esse guia. Para promover o conhecimento do sistema regional de proteção dos direitos humanos, abordando elementos jurídicos e estratégicos que possam ser implementados em situações de violações dos direitos humanos derivados da degradação ambiental. Esperamos que esta publicação seja consultada e utilizada pelas comunidades, organizações, advogados e autoridades, que de diferentes perspectivas abordem estes casos, contribuindo com a implementação de suas iniciativas. Nesse sentido, as discussões e comentários que surjam no decorrer da leitura são bem-vindas e ajudarão a consolidar o esforço para lograr uma proteção universal e efetiva dos direitos humanos.

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Derechos Humanos

Guía de Defensa Ambiental

Esta guía tiene como objetivo promover el conocimiento del sistema regional de protección de los derechos humanos. En ella se abordan elementos jurídicos y estratégicos que pueden implementarse en situaciones de violaciones de los derechos humanos derivados de la degradación del ambiente. Esperamos que esta publicación sea consultada y utilizada por las comunidades, organizaciones, abogados, abogadas y autoridades que desde diferentes perspectivas abordan estos casos. Confiamos además en que contribuya a impulsar la efectiva presentación de casos ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y, por tanto, a mejorar la protección de los derechos humanos de todos los habitantes del continente. Lee y descarga la guía  

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Comisión Interamericana de Derechos Humanos Celebrará Audiencia de Grandes Represas

Comisión Interamericana de Derechos Humanos Celebrará Audiencia de Grandes Represas Washington, D.C. - El 2 de noviembre de 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrará en Washington, D.C. una audiencia pública para abordar el impacto que las grandes represas en América Latina tienen en los derechos humanos y en el ambiente. En la audiencia, solicitada por más de cuarenta organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales y de comunidades afectadas, se presentarán las conclusiones del informe “Grandes Represas en América, ¿Peor el remedio que la enfermedad?” preparado por AIDA en coordinación con varias organizaciones. Así se informará a la Comisión de la situación, para que la investigue y recomiende la observancia de los estándares internacionales, y así evitar mayores daños ambientales y a los derechos humanos. La información será presentada por Gabriel Espinoza, representante de las comunidades afectadas por la represa El Zapotillo, en México, Rafael González y Astrid Puentes, de AIDA, y Shannon Lawrence de International Rivers. ”Más de un millón de personas ya han sido afectadas por grandes represas en América Latina, muchas de ellas indígenas y campesinas” dijo Rafael González, vicepresidente de la Junta de AIDA. “Hay más de trescientas grandes represas propuestas en la región que podrían afectar negativamente las formas de vida de cientos de miles de personas y destruir ecosistemas estratégicos, pues no cumplen con los estándares internacionales, como las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas y las normas de derechos humanos”. Dentro de los graves impactos se incluyen: destrucción de ecosistemas; contaminación de agua dulce; impactos en cambio climático por emisiones de GEI; disminución de la biodiversidad, incluyendo especies de peces migratorios; y el aumento de riesgos sísmicos. Estos daños se derivan, entre otros, de la falta de estudios de impacto ambiental integrales; la ignorancia de los estándares internacionales aplicables; y la falta de análisis comprehensivo de alternativas. Adicionalmente, de manera sistemática las comunidades afectadas, en su mayoría pueblos indígenas, tribales y campesinos, denuncian la falta de consentimiento previo, libre e informado, ser objeto de presiones y hostigamientos cuando se oponen a los proyectos, y no contar con información clara e integral de éstos, ni de medidas de prevención o compensación por los daños. “La convocatoria de la audiencia es una demostración muy positiva de la CIDH de reconocer que el desarrollo de grandes represas podría estar afectando los derechos humanos”, afirmó Astrid Puentes, co-Directora de AIDA. “Esperamos que la Comisión dé seguimiento e investigue la situación y formule recomendaciones a los Estados, para que se adecuen a los estándares internacionales, atiendan las obligaciones de derechos humanos y eviten graves impactos ambientales”. “Aceptamos que las necesidades de energía y agua y se deben solucionar como un derecho fundamental de las personas” dijo Pbto. Gabriel Espinoza, vocero de las comunidades afectadas de El Zapotillo, que se pretende construir en la región de Los Altos de Jalisco, México, “Pero no aceptamos la forma en que las autoridades lo quieren hacer porque atentan contra nuestra libertad, contra la vida, la historia, la cultura, la economía, el arraigo”, añadió. “Generalmente hay mejores alternativas, más baratas y menos destructivas que la construcción de grandes represas, tanto para atender la demanda de agua como de energía, y para reducir los impactos de inundaciones” dijo Monti Aguirre de International Rivers. “Cuando se discuten proyectos de grandes represas, soluciones como el abastecimiento de agua descentralizado y en pequeña escala, nuevas opciones renovables, y opciones de eficiencia y conservación a gran escala muchas veces son ignoradas o no tenidos en cuenta. Como lo recomendó la Comisión Mundial de Represas, debería priorizarse el uso de procesos integrales y participativos para evaluar de antemano las necesidades de agua y energía, seguidos por procesos participativos similares para evaluar la gama de opciones para atender esas necesidades”. La audiencia está abierta al público y tendrá lugar el 2 de noviembre entre 5:30p.m. y 6:15 p.m., Salón Rubén Darío, 8o Piso del Edificio de la Secretaría General de la OEA, 1889 F Street NW, Washington, D.C. Lineamientos para cubrimiento de prensa en: http://www.cidh.org/Prensa/pautascoberturaaudienciasSPAN.htm .    Para mayor información acerca de la situación de las grandes represas en América Latina visite: International Rivers, Redlar.

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