El proyecto fue autorizado ilegalmente por el Congreso, sin consulta previa con las comunidades indígenas, comentó el juez.
Altamira, Brasil. Una corte de alto nivel suspendió el lunes la construcción del polémico proyecto de la represa de Belo Monte en el río Xingú del Amazonas, citando pruebas abrumadoras de que los indígenas no habían sido debidamente consultados antes de la aprobación del proyecto por parte del gobierno.
Un grupo de jueces del Tribunal Regional Federal de Brasil (TRF1) confirmó que la autorización del proyecto por parte del Congreso brasileño en 2005, fue ilegal. La corte concluyó que el Congreso sólo puede autorizar el uso de los recursos hídricos para proyectos hidroeléctricos después de una evaluación independiente de los impactos ambientales y las consultas previas a los pueblos indígenas afectados, tal como lo establece la Constitución brasileña y el Convenio 169 de la OIT, firmado por Brasil.
El fallo indica que el Congreso brasileño deberá corregir el error mediante la realización de consultas con los indígenas del río Xingú en especial los de las comunidades Juruna, Arara y Xikrin, sobre los posibles impactos del proyecto. Sus opiniones deberán ser tomadas en cuenta en la decisión del Congreso sobre la autorización de Belo Monte.
Paralelamente, al mismo tiempo, el consorcio del proyecto ha recibido la orden de suspender la construcción de la represa. El consorcio Norte Energía SA, liderado por la empresa paraestatal de energía Eletrobras, enfrenta una multa diaria de R$500.000 (aproximadamente 250,000 dólares) ,si no cumple con la suspensión. Se espera que el consorcio del proyecto apele la decisión ante la Corte Suprema de Brasil.
"La decisión del tribunal, pone de manifiesto la urgente necesidad de que el gobierno brasileño y el Congreso respeten la Constitución federal y los acuerdos internacionales, sobre la realización de consultas previas con los pueblos indígenas, cuando hay proyectos que pongan en riesgo sus territorios y medios de vida. Los derechos humanos y la protección del ambiente no pueden estar subordinados a los intereses empresariales” declaró el juez federal Souza Prudente, autor de la sentencia.
"La reciente decisión del tribunal reivindica lo que los pueblos indígenas, activistas de derechos humanos y el Ministerio Público de la Federación han demandado desde que se aprobó el proyecto. Esperamos que el Procurador General de la Presidenta Dilma y el juez principal del tribunal federal (TRF1) no traten de revertir esta decisión tan importante, como lo han hecho anteriormente en casos similares", expresó Brent Millikan de International Rivers, desde Brasilia.
"Esta decisión refuerza la petición formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2011, de suspender el proyecto debido a la falta de consulta con las comunidades indígenas. Esperamos que Norte Energía y el gobierno cumplan con la decisión de la corte y respeten los derechos de las comunidades indígenas", comentó Joelson Cavalcante de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), una organización que da apoyo legal a las comunidades afectadas.
El Congreso de Brasil autorizó la construcción de Belo Monte, hace siete años, sin una evaluación de impacto ambiental (EIA). Un estudio posterior – formulado y presentado por la empresa estatal de energía Eletrobras y tres de las compañías de construcción más grandes de Brasil (Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Odebrecht) - fue ampliamente criticado por subestimar los posibles impactos socio-ambientales, especialmente en los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales que viven río abajo de la enorme represa que además desviará el 80% del caudal natural del río Xingu. El EIA del proyecto fue aprobado por la Agencia Federal de Medio Ambiente de Brasil (IBAMA) en febrero de 2010, bajo una intensa presión política, a pesar de que el personal técnico de la agencia estaba en contra.
Con la construcción de la represa desde junio de 2011, se ha comprobado que muchos de los impactos sociales y ambientales previstos, eran reales. Por tal razón, los pueblos indígenas afectados han aumentado sus formas de protestas.
Durante la conferencia de las Naciones Unidas, Rio+20 en junio pasado, los líderes indígenas tomaron la zona de construcción de la represa durante 21 días para protestar por los crecientes impactos del proyecto y las promesas incumplidas por parte del consorcio del proyecto. Dos semanas más tarde, las comunidades indígenas detuvieron a tres ingenieros de Norte Energía en las tierras de la comunidad. Ambas protestas exigían la suspensión del proyecto debido a la falta de cumplimiento de los requerimientos de mitigación.
El mes pasado, la Oficina del Fiscal Público Federal presentó una demanda solicitando la suspensión de la licencia de instalación de Belo Monte, dado el incumplimiento generalizado de las condiciones de las licencias ambientales del proyecto. Desde el punto de vista de los pueblos indígenas, el largo proceso de consulta (conflictivo y complicado) con sus comunidades no tendrá resultados positivos en el veredicto sobre Belo Monte. Conflictos similares en torno a violaciones de los derechos indígenas por parte de los proyectos de represas están surgiendo en otras partes del Amazonas en Brasil.
La semana pasada, en otra decisión histórica dirigida por el juez Souza Prudente, un grupo de jueces de la TRF1 ordenó la suspensión inmediata de una de las cinco grandes represas planeadas para el río Teles Pires (un tributario importante del río Tapajós), considerando para tal decisión, la falta de consulta previa e informada con los pueblos indígenas: Kayabi, Apiakás y Munduruku, que serían afectadas por el proyecto.
De acuerdo con Souza Prudente, "la agresión contra los pueblos indígenas en el caso de la represa Teles Pires ha sido aún más violenta que la de Belo Monte. La decisión política de proceder a la construcción de cinco grandes represas en el río Teles Pires fue hecha por el Ministerio de Minas y Energía, sin un análisis efectivo de los impactos sobre los medios de vida y territorios de los pueblos indígenas. Los rápidos Sete Quedas en el río Teles Pires son considerados sagrados por los pueblos indígenas y son vitales para la reproducción de los peces, elemento básico de su dieta. Sin embargo, nada de esto se tuvo en cuenta en el inventario de cuencas, ni los estudios de impactos ambientales. Por otra parte, el gobierno y el Congreso simplemente ignoraron sus obligaciones para garantizar la consulta previa e informada con los pueblos indígenas, según lo determinado por la Constitución Federal y el Convenio 169”.
Ayer por la tarde, el Presidente de la TRF1 anunció su intención de revocar la decisión de Souza Prudente y los demás jueces federales con respecto a la represa de Teles Pires. Esto marca así una creciente crisis en el sistema judicial de Brasil relacionado con los planes de construcción de represas en el Amazonas promovidos por la Presidenta Dilma Rousseff.
