Los cuestionamientos señalan que el financiamiento ignora las violaciones a derechos humanos y salvaguardas ambientales, afectando así la reputación del banco.
Brasilia, Brasil. El lunes 26 de noviembre, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) anunció la aprobación de un préstamo sin precedentes de 22,5 billones de reales (aproximadamente US$10.8 billones) para la construcción de la controversial represa hidroeléctrica Belo Monte en el río Xingú, un gran afluente del Amazonas. Es el crédito más grande en los 60 años de historia del banco. El BNDES otorgará 13.5 billones de reales a través de financiamiento directo; mientras que la Caja Económica Federal (CEF), un banco público, transferirá siete billones de reales y el banco de inversión privada BTG, otros dos billones.
En respuesta al anuncio del BNDES, nueve organizaciones de la sociedad civil brasileña presentaron ayer una petición al Ministerio Público Federal solicitando una investigación por la presunta violación de requisitos legalmente vinculantes relativos a los impactos sociales y ambientales del proyecto, sus riesgos y su viabilidad económica. La petición hace un llamado a que los Procuradores tomen medidas urgentes para evitar que el BNDES transfiera el préstamo al desarrollador de la represa (Norte Energía, S.A.) antes de que se investigue el caso.
El controversial proyecto ha sido paralizado al menos en seis oportunidades por las comunidades indígenas y de pescadores afectadas, quienes han protestado ante la incapacidad de Norte Energía y las agencias gubernamentales de cumplir con los requerimientos ambientales y sociales.
Recientemente, ocho mil trabajadores del proyecto cerraron el complejo, incendiaron los campos de construcción y la maquinaria y bloquearon carreteras en reclamo por la violación de la legislación laboral por parte de la empresa. “Mientras Norte Energía y el Gobierno brasileño, incluyendo el BNDES, continúen ignorando las demandas de los afectados, habrá resistencia y aumentará la conflictividad. Al aprobar este préstamo mientras existe un grado alto de conflictividad en la zona se demuestra la falta de compromiso del BNDES para garantizar derechos y salvaguardas ambientales. El banco debería reconsiderar la aprobación del préstamo para evitar más conflicto”, señaló Maíra Irigaray, Asesora de Financiamiento Internacional de Amazon Watch.
Jueces federales suspendieron las obras de Belo Monte en dos ocasiones durante 2012 con base en la ausencia de consulta previa a las comunidades indígenas afectadas, tal como lo estipula la Constitución de Brasil y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. La Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han determinado que el proyecto pone en riesgo los derechos de las comunidades indígenas afectadas. Asimismo, análisis expertos e independientes han evidenciado que la represa es económica, social y ambientalmente inviable.
Norte Energía y el Gobierno Federal responden por 15 acciones civiles en la justicia brasileña promovidas por el Ministerio Público, la defensoría pública e instituciones de la sociedad civil, así como por acciones a nivel internacional que cuestionan las numerosas ilegalidades e irregularidades cometidas desde el inicio de las obras.
A pesar de los grandes riesgos legales, financieros y de reputación que rodean Belo Monte, el BNDES ha decidido financiar el proyecto, aparentemente bajo la intensa presión del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Con la aprobación de este crédito, el BNDES se convierte en el mayor financiador de un proyecto que adolece de graves violaciones a los derechos humanos y la legislación ambiental, incluida la integridad cultural de los pueblos indígenas y las comunidades ribereñas. Entre sus impactos ambientales, Belo Monte causaría importantes emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo de metano, un gas 25 veces más fuerte que el dióxido de carbono.
“Las violaciones de derechos humanos causadas por la construcción de la represa Belo Monte han sido denunciadas ante instancias internacionales, por lo cual el Estado de Brasil y por ende ahora también BNDES, podrían ser responsables”, afirmó Astrid Puentes, co-directora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), una organización que brinda apoyo legal a las comunidades afectadas. En 2011, la CIDH, parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), otorgó medidas cautelares para proteger la vida y la integridad personal y cultural de las comunidades indígenas contactadas y no contactadas de la cuenca del río Xingú, afectadas con la construcción de la represa. Las medidas están vigentes pese a que el Estado ignoró las solicitudes de la Comisión.
“El BNDES no aplicó ninguna salvaguarda social y ambiental seria para la aprobación de un préstamo que utiliza el dinero de los impuestos de los brasileños”, sostuvo Antonia Melo, coordinadora del Movimiento Xingú Vivo para Siempre. “El banco dice que parte de los recursos deberá ser utilizado en la mitigación de los problemas. Eso es discurso, nadie garantiza que ese dinero va a minimizar el sufrimiento de los afectados ya que hasta ahora prácticamente todas las promesas que Norte Energía le hizo a los indígenas, ribereños y pescadores no han sido cumplidas. El BNDES ya transfirió más de tres billones de reales para Belo Monte sin ningún análisis de riesgo y hay que ver la situación desastrosa de la población de la región, la deforestación y la falta de infraestructura en Altamira”.
El préstamo sin precedentes para Belo Monte, la que sería la tercera represa más grande del mundo, es el más cuantioso en los 60 años de historia del banco. Los críticos del proyecto argumentan que éste es económicamente inviable debido a factores como los crecientes costos de construcción, que pasaron de 4.5 billones de reales en 2005 a un estimado actual de 28.9 billones. Se prevé que el proyecto utilice sólo el 39% de su capacidad instalada: 11,233 MW. De acuerdo con Brent Millikan, Director del Programa de Amazonía en International Rivers, “si los costos sociales y ambientales, junto con los riesgos financieros, legales y de reputación de Belo Monte hubiesen sido seriamente tomados en consideración, el BNDES nunca se hubiese acercado al proyecto”.