Derechos Humanos

Septiembre 05 2022 Cambio Climático, Derechos Humanos

Resumen de la 33ª Reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima

Septiembre de 2022Del 17 al 20 de julio de 2022, la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima (FVC) celebró su 33a reunión (B33) en Incheon, República de Corea. Fue la segunda reunión presencial desde que comenzó la pandemia y la primera con una apertura real a las partes interesadas, incluyendo observadores/as, autoridades nacionales designadas (AND) y entidades acreditadas (EA).La Junta consideró y aprobó cuatro propuestas de financiamiento (comprometiendo USD 380,7 millones en financiamiento del FVC). El bajo número de propuestas que se han evaluado este año responde a la baja autoridad de compromiso, que se refiere a la falta de recursos disponibles del FVC. Se espera una mejoría y que se consideren más proyectos en las próximas reuniones de la Junta.En esta ocasión, no se consideró la acreditación de nuevas entidades, pero cuatro entidades fueron reacreditadas.La agenda de la reunión se centró en la discusión de políticas —incluyendo la actualización de la guía del enfoque y del alcance para brindar apoyo a las actividades de adaptación— y de medidas para mejorar la justificación climática de las actividades apoyadas por el FVC. También se lanzó oficialmente la Segunda Reposición del FVC.Consulta y descarga el resumenResumen en portugués

Agosto 30 2022 Derechos Humanos

Aprendizajes para la protección del derecho a un ambiente sano

Un ambiente sano implica —entre otras cosas— respirar aire limpio, acceder a fuentes de agua potable, disponer de alimentos de calidad y tener un lugar digno donde vivir. Hasta hace poco, el derecho humano a un ambiente sano era reconocido solo en el ámbito nacional, en la mayoría de los países del continente. El pasado 28 de julio —en una resolución histórica—, la ONU reconoció al ambiente sano como derecho humano universal. La decisión es un paso significativo en el largo y complejo proceso para garantizar este derecho en la práctica, el cual ha formado parte de la historia de AIDA desde sus inicios. "Desde hace casi 25 años, hemos invocado el derecho a un ambiente para defender a personas en América Latina de los impactos al ambiente que atentan contra su vida y su dignidad", dice Gladys Martínez de Lemos, directora ejecutiva. AIDA ha trabajado siempre por evidenciar el vínculo entre el ambiente sano y derechos humanos fundamentales como la integridad, la vida y la salud. "En el derecho internacional, asumir esa relación, que para la organización ha sido siempre innegable, ha tomado tiempo", explica Liliana Ávila, abogada sénior. "Nuestra aproximación al derecho internacional ha sido desde la gente y, a partir de esa cercanía, nos hemos enfocado en las personas afectadas en sus derechos por la degradación ambiental". ¿Qué hemos aprendido? Como parte esencial de nuestros esfuerzos y con el paso de los años, hemos aprendido que: El derecho a un ambiente sano es incluido cada vez más en Constituciones, leyes y sistemas de justicia regionales. Ello ha empoderado a personas y comunidades para exigir su defensa, así como motivado a jueces y a juezas para integrarlo en sus decisiones. El litigio estratégico —una combinación de herramientas jurídicas, de comunicaciones, movilización social e incidencia política— es especialmente importante para promover la protección de derechos humanos fundamentales. La crisis climática ha exacerbado los impactos de la degradación ambiental en el disfrute de los derechos humanos y los casos se han triplicado. Ello ha traído consigo la necesidad de apostar más por estrategias globales y menos por aquellas de caso por caso. Pese a los avances importantes, aún hay grandes deudas de cumplimiento para que el derecho al ambiente sano se materialice en la práctica. El reto principal es la falta de implementación de los fallos judiciales. Al mismo tiempo, el vínculo entre ambiente sano y derechos humanos ha servido al logro de objetivos muy variados, entre ellos los siguientes: Evidenciar que el derecho a un ambiente sano y otros derechos esenciales para la vida son indivisibles. Exigir que los Estados cumplan sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en especial la aplicación de los principios de prevención y de precaución. Promover la garantía de los derechos de acceso en asuntos ambientales como el derecho a la información y a la participación. Casos emblemáticos Si bien la defensa de un ambiente sano está en todo lo que hacemos, existen casos emblemáticos en los que AIDA contribuyó a establecer precedentes claves para garantizar este derecho. Restablecimiento de derechos para habitantes de La Oroya, Perú Nuestra labor como organización ambiental internacional inició en 1998 con este caso. Desde entonces, hemos trabajado para evidenciar cómo la afectación del derecho a un ambiente sano —por la contaminación del aire con metales pesados provenientes de una fundición— ha vulnerado los derechos a la vida y la salud, entre otros, de residentes de la ciudad de La Oroya. Hemos mostrado cómo los impactos han sido diferenciados para mujeres, niños, niñas y personas adultas mayores. Y hemos exigido al Estado peruano tomar medidas urgentes para garantizar los derechos de la población afectada. En 2005, llevamos el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que en septiembre de 2021 lo presentó ante la Corte Interamericana tras establecer la responsabilidad internacional del Estado. Será de los primeros casos en abordar de forma central la relación indivisible entre el ambiente sano y otros derechos humanos. El ambiente sano como derecho fundamental para la existencia humana En noviembre de 2017, en respuesta a una consulta hecha por Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el ambiente sano es un derecho autónomo, “fundamental para la existencia de la humanidad”. Reconoció además el impacto del cambio climático en el goce efectivo de los derechos humanos, en especial de las poblaciones más vulnerables como los pueblos indígenas, los niños, las niñas y las personas viviendo en pobreza extrema. En el marco de la consulta, AIDA presentó sus observaciones y participó en la audiencia ante la Corte. Evidenciamos que la implementación de grandes proyectos de infraestructura podría afectar el ambiente a tal punto que pondría en riesgo la vida e integridad personal, entre otros derechos humanos. Nuestro aporte dejó claro el vínculo entre derechos humanos y ambiente. El acceso a justicia para personas afectadas por daños ambientales Cuando residentes de Veracruz defendieron en los tribunales al Arrecife Veracruzano de los daños de una ampliación portuaria, AIDA presentó evidencia técnica y jurídica para el reconocimiento de los derechos al ambiente sano y al acceso a la justicia, los cuales obligan al gobierno a permitir que toda persona, cuyos derechos fundamentales sean amenazados por la degradación ambiental, tenga la posibilidad de lograr justicia sin importar que su conexión con el ecosistema amenazado sea indirecta o remota. Aportamos así al fallo emitido por la Suprema Corte de México en febrero de 2022, en el cual determinó que las autoridades violaron el derecho al ambiente sano de las personas de Veracruz al autorizar el proyecto portuario. “El reconocimiento del ambiente sano como derecho humano universal en la ONU es sin duda un impulso para la construcción de nuevos precedentes clave para su protección”, afirma Daniela García, abogada de AIDA. Es también un impulso para que los Estados fortalezcan sus políticas y legislaciones enfocadas en la protección del ambiente, así como para que consagren este derecho en sus marcos jurídicos. Y es una herramienta para que personas y organizaciones que defienden el ambiente y los derechos humanos fortalezcan su labor. En AIDA lo tenemos claro y reafirmamos a diario el compromiso con nuestra misión de fortalecer la capacidad de las personas para garantizar el derecho individual y colectivo a un ambiente sano.

Agosto 18 2022 Cambio Climático, Derechos Humanos

Tribunal de Brasil reafirma el poder del litigio para fortalecer la acción climática

El mes pasado, el Supremo Tribunal Federal de Brasil —la corte más alta del país— determinó que el gobierno tiene el deber constitucional de asignar los recursos económicos necesarios para el funcionamiento del Fondo del Clima, creado para apoyar el combate de la crisis climática y que ha estado paralizado en los últimos años. Con esa decisión, el tribunal resolvió el primer litigio climático de su historia y sentó un precedente importante para Brasil y para el mundo. En su fallo, la corte equiparó el Acuerdo de París —que busca fortalecer la respuesta mundial a la emergencia climática— con un tratado de derechos humanos, otorgándole un estatus superior al de las leyes ordinarias y al de otras normas inferiores como los decretos del Poder Ejecutivo. Ello puede dar paso a que tribunales y jueces de otros países de América Latina hagan el mismo reconocimiento. “El Supremo Tribunal Federal creó un marco de protección privilegiado para la mitigación y la adaptación al cambio climático, uno que asegura uno de los pilares fundamentales de la acción climática: el financiamiento”, explica Marcella Ribeiro, abogada de AIDA. “Además, dejó claro que el Poder Ejecutivo —al restringir los recursos que por ley están destinados a la acción climática— va en contra de los acuerdos y convenciones internacionales en materia de derechos humanos de los que Brasil hace parte”. El litigio por la omisión del gobierno brasileño de otorgar recursos al Fondo del Clima fue interpuesto en 2020 por el Partido Socialista Brasileño, el Partido Socialismo y Libertad, el Partido de los Trabajadores y el Partido Rede Sustentabilidade, con apoyo del Observatorio del Clima y el Instituto Alana. El litigio como herramienta estratégica El caso del Fondo del Clima en Brasil demuestra que el litigio climático estratégico es una forma efectiva y necesaria para contribuir a que gobiernos y empresas del continente cumplan con sus compromisos climáticos. El mismo Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en su informe más reciente, destacó que los litigios relacionados con el clima están en aumento y, en algunos casos, han influido en los resultados y ambición de la gobernanza climática, entendida como la manera en la que los diferentes actores —Estado, sociedad civil, academia y sector privado— definen, implementan y supervisan acciones orientadas a hacerse cargo de las causas y consecuencias del cambio climático. “En el sur global, Brasil es uno de los países donde el litigio climático se desarrolla con más fuerza”, resalta Javier Dávalos, abogado sénior de AIDA. “El país se caracteriza por un creciente ecosistema de litigantes y organizaciones que están llevando la lucha climática a los tribunales”. El impulso de Brasil al litigio climático en la región es fundamental debido a que ese país alberga el 65% de la Amazonía, un ecosistema clave para la regulación del clima a nivel mundial y que está en riesgo grave. En América Latina, Brasil es el país que más emite dióxido de carbono y la deforestación es la mayor fuente de esas emisiones. En ese sentido, es fundamental que uno de los jueces que atendió el caso del Fondo del Clima señalara explícitamente el gran incremento de la deforestación de la Amazonía en 2021: más de 22% —la mayor en 15 años— y una superficie total de 13.235km². Es clave entonces exigir ante los tribunales que el Estado brasileño cumpla sus obligaciones de protección de la Amazonía y del clima mundial. La importancia de financiar las soluciones Transitar a una economía de carbono cero y evitar los peores impactos físicos del cambio climático requiere invertir unos 125 mil millones de dólares para 2050, según el estudio Net Zero Financing Roadmaps, encargado por los Campeones de Alto Nivel de las Naciones Unidas. Estos recursos deben provenir de dos fuentes complementarias, la privada y la pública. Respecto de la segunda, el financiamiento de la acción climática por parte de gobiernos representa una política pública relevante, por lo que debe ajustarse a las normas de un país. En su sentencia, el Supremo Tribunal Federal de Brasil reconoció que el Fondo del Clima es el principal instrumento federal destinado a financiar la acción climática y a cumplir los objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En ese sentido, observó que el gobierno mantuvo paralizado el fondo por dos años. Al considerar que los recursos destinados a la lucha contra la crisis climática buscan materializar derechos humanos fundamentales, el tribunal concluyó que el gobierno no puede restringirlos. “Garantizar la asignación de recursos para las acciones climáticas representa establecer un límite claro del cual no podemos retroceder”, afirma Marcella. “Pese a la clara violación de los deberes del Estado brasileño respecto al derecho al ambiente sano, reflejada en el desmantelamiento de las normas e instituciones ambientales, el fallo del Supremo Tribunal de Brasil puso un freno a la erosión de la protección jurídica del ambiente y del clima en el país”. VERSIÓN EN PORTUGUÉS Conoce de este y otros casos en la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe.

Agosto 18 2022 Cambio Climático, Derechos Humanos

Tribunal brasileiro reafirma o poder da litigância para fortalecer a ação climática

Em julho, o Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil - a mais alta Corte brasileira - decidiu que o Governo tem o dever constitucional de alocar os recursos econômicos necessários para apoiar o funcionamento do Fundo Verde do Clima, criado para apoiar o combate da crise climática e que estava paralisado nos últimos anos. Com esta decisão, o Supremo julgou o primeiro litígio climático de sua história e estabeleceu um importante precedente para o Brasil e o mundo. No julgado, a Corte brasileira equipara o Acordo de Paris - que busca fortalecer a resposta global à emergência climática - a um tratado de direitos humanos, concedendo-lhe um status mais elevado do que as leis ordinárias e outras normas inferiores, como os decretos do Poder Executivo. Isto pode estimular que tribunais e juízes de outros países latino-americanos façam o mesmo reconhecimento. "O Supremo Tribunal Federal criou um marco de proteção privilegiado para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, o qual garante um dos pilares fundamentais da ação climática: o financiamento", explica Marcella Ribeiro, advogada da AIDA. "Além disso, deixou claro que o Poder Executivo, ao restringir recursos que por lei são destinados à ação climática, está deixando de cumprir os acordos e convenções internacionais sobre direitos humanos dos quais o Brasil é parte". O Partido Socialista Brasileiro, o Partido Socialismo e Liberdade, o Partido dos Trabalhadores e o Partido da Rede de Sustentabilidade apresentaram em 2020, com o apoio do Observatório do Clima e do Instituto Alana, uma ação judicial sobre a omissão do governo brasileiro em outorgar recursos ao Fundo Climático. A LITIGÂNCIA COMO UMA FERRAMENTA ESTRATÉGICA O caso do Fundo Verde do Clima no Brasil demonstra que a litigância climática estratégica é uma forma eficaz e necessária para impulsionar que os governos e empresas do continente cumpram seus compromissos climáticos. Em seu relatório mais recente, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, da sigla em inglês) destacou que a litigância relacionada ao clima está em ascensão e, em alguns casos, tem influenciado os resultados e a pretensão da governança climática, entendida como a forma pela qual diferentes atores - Estado, sociedade civil, academia e setor privado - definem, implementam e monitoram ações destinadas a enfrentar as causas e consequências das mudanças climáticas. "No sul global, o Brasil é um dos países onde a litigância climática está se desenvolvendo mais fortemente", destaca Javier Dávalos, advogado sênior da AIDA. "O país é caracterizado por um crescente ecossistema de litigantes e organizações que estão levando a luta climática aos tribunais". O impulso do Brasil para a litigância climática na região é essencial, uma vez que o país abriga 65% da Amazônia, um ecossistema chave para a regulação climática global e que está em sério risco. O Brasil é o maior emissor de dióxido de carbono da América Latina, com o desmatamento representando a maior fonte dessas emissões. Neste sentido, foi de grande relevância o pronunciamento de um dos juízes responsáveis pelo caso do Fundo do Clima, que apontou explicitamente o grande aumento – mais de 22% – do desmatamento na Amazônia em 2021: o maior em 15 anos – em uma área total de 13.235 km². Portanto, é imprescindível exigir perante os tribunais que o Estado brasileiro cumpra suas obrigações de proteger a Amazônia e o clima global. A IMPORTÂNCIA DAS SOLUÇÕES DE FINANCIAMENTO A transição para uma economia de carbono zero de modo a evitar os piores impactos físicos da mudança climática requer investimentos de quase US$ 125 bilhões até 2050, de acordo com o estudo "Net Zero Financing Roadmaps" encomendado pelos Campeões de Alto Nível das Nações Unidas. Estes recursos devem vir de duas fontes complementares, financiamento privado e público. O financiamento governamental da ação climática representa uma política pública relevante e, portanto, deve estar de acordo com as leis de um país. Em sua decisão, o Supremo Tribunal Federal brasileiro reconheceu o Fundo Verde do Clima como o principal instrumento federal para financiar a ação climática e cumprir as metas nacionais de redução das emissões de gases de efeito estufa. Também assinalou que o Governo manteve o fundo paralisado por dois anos. A esse respeito, considerando que os recursos destinados a combater a crise climática buscam materializar os direitos humanos fundamentais, o Tribunal concluiu que o Governo não poderia restringi-los. "Garantir a alocação de recursos para as ações climáticas significa estabelecer um limite claro do qual não podemos retroceder", afirma Marcella Ribeiro. "Apesar da clara violação dos deveres do Estado brasileiro com relação ao direito a um meio ambiente saudável, refletida no desmantelamento das normas e instituições ambientais, a decisão do STF brasileiro freou a erosão da proteção legal do meio ambiente e do clima no país". VERSÃO EM ESPANHOL Conheça este e outros casos na Plataforma de Litigância Climática para América Latina e o Caribe.

Agosto 12 2022 Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce, Cambio Climático

Envían alerta internacional sobre amenazas a reservas forestales y comunidades rurales en Colombia

La alerta fue enviada a las secretarías a cargo de tratados internacionales que se verían desconocidos por la aplicación de la Resolución 110 de 2022 del Ministerio de Ambiente. En ella se pide instar al gobierno a que revoque la norma y la reemplace con instrumentos que respondan a las obligaciones de Colombia en materia de ambiente, clima y derechos de comunidades rurales. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Red por la Justicia Ambiental en Colombia (RJAC) mandaron una alerta internacional acerca de los riesgos que una regulación expedida por el gobierno colombiano implica para las reservas forestales y humedales del país, así como para los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos que allí habitan. La regulación a la que se hace referencia es la Resolución 110 de 2022, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. "Esta regulación flexibiliza el control ambiental y los requisitos para desarrollar actividades como la exploración minera y petrolera en áreas de reserva forestal; cuya conservación es clave en la lucha contra la crisis climática y la deforestación", dijo Yeny Rodríguez, abogada de AIDA. "Pese a ello, la norma fue emitida en desconocimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada y a la participación de los pueblos que habitan estos puntos críticos de biodiversidad". La alerta fue enviada a las autoridades a cargo de tratados internacionales adoptados por el Estado colombiano: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Ramsar sobre los Humedales, la Convención de las Naciones Unidas contra la Desertificación y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En el documento se detalla la importancia ecológica y social de las reservas forestales, además de los potenciales impactos de realizar en ellas actividades extractivas. Con la Resolución 110 de 2022, el gobierno nacional modificó la regulación referida a la sustracción de territorio de una reserva forestal para la realización de actividades económicas en ella. Dicha norma "eximió a algunos sectores y actividades del trámite de sustracción de reserva forestal, permitiendo que puedan adelantarse algunas actividades contaminantes sin el control de la autoridad ambiental. Además, flexibilizó el trámite para la obtención de los permisos de sustracción de reservas forestales", se lee en la alerta. En ese sentido, en la alerta se demuestra que la norma: incentiva la extracción de hidrocarburos convencionales y no convencionales, así como la técnica del fracking; incentiva la actividad minera; desconoce los múltiples impactos ambientales que la exploración minera o petrolera pueden generar; impide la recuperación y reparación de territorios deforestados; ignora afectaciones socioambientales que pueden generarse por el traslape de las áreas de reserva forestal con pueblos étnicos y población campesina; suprime el control y seguimiento ambiental; y desconoce los fines de las reservas forestales. En la alerta, AIDA y la RJAC solicitan a las autoridades a cargo de los tratados internacionales instar al gobierno de Colombia a que: Revoque la Resolución 110 de 2022 en cumplimiento de sus obligaciones internacionales de mitigación del cambio climático, reducción de la deforestación, preservación de la diversidad biológica y protección de comunidades rurales. Garantice el cumplimiento de estándares constitucionales e internacionales respecto de la protección de las zonas de reserva forestal en Colombia. Reemplace la resolución con instrumentos que respondan a dichas obligaciones y que los mismos se construyan mediante procesos que garanticen los más altos estándares del derecho a la participación real y efectiva y a la consulta previa de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas del país. Contacto de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, vquintanilla@aida-americas.org, +525570522107

Julio 28 2022 Derechos Humanos

AIDA aplaude reconocimiento del ambiente sano como derecho humano universal

La decisión adoptada por la Asamblea General de la ONU es un llamado para que los Estados reconozcan que la defensa del ambiente es esencial para la existencia humana en el planeta. La resolución fortalece los esfuerzos históricos para garantizar este derecho en la práctica. Nueva York, EE. UU. En una resolución histórica, la Asamblea General de la ONU reconoció como derecho humano universal el ambiente seguro, sano, limpio y sostenible. Dado que este derecho no se incluyó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la decisión marca un hito para el derecho internacional de los derechos humanos. La resolución respalda un texto similar adoptado en octubre de 2021 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El reconocimiento universal del derecho a un ambiente sano fue planteado en un proyecto de resolución que Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza presentaron en junio ante los 193 miembros de la Asamblea General, el cual fue finalmente aprobado de manera unánime. Liliana Ávila, abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente, expresa: “El reconocimiento hecho por la ONU es una llamado muy importante para que los Estados reconozcan que al ambiente involucra elementos esenciales sin los cuales no sería posible nuestra existencia en el planeta. La mayoría de las Constituciones en el continente ya reconocen al ambiente sano como un derecho y la ciudadanía lo revindica día a día a través de diferentes mecanicismos. El paso dado hoy por la ONU sin duda fortalece estos esfuerzos y avanza hacia la construcción de sociedades donde este derecho sea una realidad”. Gladys Martínez de Lemos, directora ejecutiva, dice: “Es un momento histórico para la posibilidad de las personas de exigir a tomadores de decisión la creación de medidas para garantizar un derecho que ahora es universalmente reconocido. En AIDA celebramos esta herramienta y reafirmamos nuestro compromiso de hace 25 años de proteger este derecho fundamental. El reconocimiento es una esperanza de justicia para quienes sufren la degradación del ambiente en todo el mundo; como las y los residentes de La Oroya, Perú, que han respirado por años aire contaminado; familias enteras en Centroamérica, forzadas a migrar por los impactos de la crisis climática; comunidades costeras del Caribe mexicano y dominicano, que pierden sus hogares por la destrucciín manglares y arrecifes, barreras naturales contra tormentas y huracanes; o las miles de personas defensoras del ambiente, que arriesgan su vida para cuidar sus territorios”. Desde AIDA queremos resaltar que un país latinoamericano, Costa Rica, haya liderado la propuesta de reconocimiento ante la Asamblea General. Su rol fue clave en el resultado que hoy celebramos. Destacamos también el trabajo arduo de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, comunidades locales y pueblos indígenas para impulsar el reconocimiento. El ambiente sano —reconocido como derecho por más de 150 Estados— es un requisito previo para la realización de los otros derechos humanos. Su reconocimiento como derecho humano universal puede dar lugar a leyes y políticas más eficaces, además de empoderar a comunidades locales. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), vquintanilla@aida-americas.org, +525570522107

Julio 08 2022 Fracking, Fuentes de Agua Dulce, Contaminación Tóxica

Consejo de Estado avala reglamentación del fracking en un fallo regresivo que desconoce principios y compromisos ambientales y de derechos humanos

Bogotá, Colombia. Al resolver la demanda de nulidad interpuesta por la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad del Norte —coadyuvada por la Corporación Podion, AIDA y las clínicas jurídicas de la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes—, el Consejo de Estado ratificó la legalidad de la reglamentación —contenida en el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014— para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos mediante fracking o fracturación hidráulica. En el marco del litigo, existía una moratoria judicial al fracking en Colombia desde 2018, cuando el alto tribunal suspendió preventivamente la reglamentación con base en el principio de precaución y por la falta de certeza sobre los riesgos de daños irreversibles que la técnica implica para el ambiente, el clima y las personas. La sentencia del Consejo de Estado deja viva la reglamentación del gobierno y levanta la moratoria, pero no exonera a las autoridades nacionales y locales de proteger el ambiente y respetar los derechos fundamentales de la población a tiempo de consolidar la política minero energética. “El Consejo de Estado ha emitido una decisión contraria a los hechos probados en el litigio; desconociendo el peritaje realizado por la Universidad Nacional de Colombia, el informe de la comisión de expertos, el concepto de la Procuraduría General de la Nación y el resto de pruebas documentales y textos científicos que evidenciaron la necesidad de prohibir esta técnica en virtud del principio de precaución”, señaló Juan Pablo Sarmiento, abogado demandante del caso. “Además del principio de precaución, el fallo desconoce los compromisos climáticos internacionales de Colombia y el principio de solidaridad intergeneracional pues ignora los derechos fundamentales de las generaciones futuras”. El fracking ha sido valorado por académicos y científicos nacionales e internacionales como una técnica experimental que amenaza el aire, el agua, la salud humana, la participación democrática, el tejido social y la cultura, los sistemas de conocimiento tradicionales, la biodiversidad y, en el largo plazo, la estabilidad económica, sismica y climática. Además, es una técnica que genera contaminación atmosférica debido a emisiones de metano (CH4); un gas potente cuyo potencial de calentamiento es entre 84 y 87 veces mayor que el dioxido de carbono (CO2) en una escala de 20 años. “En América Latina y en el mundo, muchos países han prohibido el fracking por sus impactos en el ambiente y para precautelar los derechos humanos”, afirmó Yeny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), parte del equipo litigante. “La sentencia del Consejo de Estado en Colombia es regresiva y va en contra los avances internacionales en materia ambiental, climática y de derechos humanos”. Lizeth Gómez, abogada de la Corporación Podion, consideró que el levantamiento de la moratoria judicial al fracking “deja abierta la posibilidad de avanzar con este tipo de proyectos”, cuyos contratos estaban suspendidos. “Es necesario que el fracking cuente con licencia social porque varias regiones del país han sido consideradas como potencial para la implementación de esta técnica”. De su lado, Juan Felipe García, abogado de la Clínica en Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana dijo que el Consejo de Estado “perdió una gran oportunidad para robustecer, por la vía judicial, una regulación que múltiples expertos consideraron débil para proteger el ambiente y la salud pública”. Añadió que “está en manos del gobierno nacional y del Legislativo garantizar a la sociedad la protección del principio de precaución y la participación democrática en materia ambiental”. Silvia Quintero, asesora jurídica de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de Los Andes, aclaró que la decisión del máximo tribunal administrativo del país “no es una carta abierta para realizar fracking en Colombia. “El gobierno debe garantizar integralmente el derecho a la participación y a la vocería de las comunidades en la toma de decisiones acerca de los proyectos que puedan generar impactos ambientales en sus territorios, así como la seguridad y protección de las y los líderes ambientales que defienden sus territorios”. Contactos de prensa: Juan Pablo Sarmiento, juan.sarmiento3@unisabana.edu.co, +573005514583 Yeny Rodríguez, AIDA, yrodriguez@aida-americas.org, +573107787601 Juan Felipe García, Clínica en Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana, jgarciaa@javeriana.edu.co, +573125588889 Lizeth Gómez, PODION, lizeth.gomez@podion.org, +573176430036

Julio 07 2022 Cambio Climático, Derechos Humanos, Fortalecimiento de Capacidades

Sesión 2 de la Serie Internacional de Seminarios Web del GCF Watch 2022

Como organizaciones de la sociedad civil (OSC) que hacemos seguimiento al Fondo Verde del Clima (FVC), hemos puesto mucha atención a la revisión de las propuestas de financiamiento presentadas a la Junta Directiva del Fondo. En esta sesión, profundizamos en los aspectos básicos de la implementación de los proyectos y programas aprobados por la Junta. PanelistasBertha Argueta, Germanwatch: El rol de diferentes actores en la implementación de proyectos aprobados por el FVC.Peter Carlson, Communications Associate, IRM: El rol del Mecanismo Independiente de Reparación (IRM).Said Chakri, Association of Teachers of Life Sciences and Earth of Morocco (AESVT): Monitoreando la implementación de proyectos en África.Titi Soentoro, Aksi! for Gender, Social and Ecological Justice: Monitoreando la implementación de proyectos en Asia.Tara Daniel, Women's Environment and Development Organization (WEDO): La implementación de planes de acción de género.Moderó: Claire Miranda, Asian Peoples' Movement on Debt and Development (APMDD). Grabación (en inglés) Presentaciones1. Bertha Argueta, Germanwatch: 2. Peter Carlson, Mecanismo Independiente de Reparación (IRM): 3. Titi Soentoro, Aksi! for Gender, Social and Ecological Justice: 4. Tara Daniel, Women's Environment and Development Organization (WEDO):

Junio 29 2022 Fracking, Derechos Indígenas, Minería

Ojo con los obstáculos a la transición energética en América Latina

La crisis climática y las afectaciones a derechos humanos que trae consigo exigen que los Estados de América Latina —la región más amenazada por el calentamiento del planeta— diseñen e implementen leyes, políticas públicas, proyectos y otras medidas orientadas a proteger la vida e integridad de las personas y comunidades a través de la mitigación, la adaptación y la atención de las pérdidas y daños ya ocasionados. Dado que el sistema energético actual —basado en combustibles fósiles— es la causa principal de la crisis climática, así como de las desigualdades que están estrechamente vinculadas con ella, el marco general de las acciones climáticas en el continente debe ser el de una transición energética justa. La transición energética es una oportunidad para que el continente abandone viejos modelos de producción de energía caracterizados por generar grandes impactos sociales y ambientales, y para que avance hacia formas que sean ambiental y climáticamente sostenibles, al tiempo que respeten los derechos humanos de las comunidades y sectores involucrados. Sin embargo, varios países de la región están olvidando esta perspectiva. El caso de Colombia ejemplifica actualmente una tendencia riesgosa para todo el continente: el desarrollo de acciones que, aunque son promovidas como útiles a la transición energética, son en realidad obstáculos a esta porque agravan la dependencia de los combustibles fósiles y con ella la crisis climática y sus impactos. Entre esas medidas regresivas está la ampliación de minas de carbón en operación o la apertura de nuevas minas bajo el argumento de que la exportación del mineral financiará la transición, así como el favorecimiento de la explotación de gas —a través de beneficios tributarios y flexibilización de procesos de entrega de permisos ambientales— bajo la falsa premisa de que es una fuente de energía limpia. Encendiendo las alarmas Ante lo preocupante del panorama descrito, AIDA decidió generar y difundir alertas urgentes que hagan visibles proyectos específicos, políticas públicas y normas que obstaculizan una verdadera transición justa al profundizar la extracción y uso de combustibles que agravan la crisis climática e implican riesgos sociales y ambientales en los territorios. Son alertas colectivas, apoyadas por otras organizaciones internacionales que, como AIDA, buscan justicia climática y trabajan en la defensa ambiental y de los derechos humanos. Cada alerta será enviada a las autoridades nacionales a cargo de la medida cuestionada. Con el propósito de promover reflexiones sobre cómo se debe avanzar en la transición energética justa, su contenido incluye recomendaciones de política pública y normativa basadas en las obligaciones y compromisos internacionales del Estado en material climática, ambiental y de derechos humanos. En ese sentido, el mensaje es claro: De seguir adelante con la promoción, extracción y uso de gas y de carbón, el Estado estaría incumpliendo esas obligaciones. Una de las alertas llama la atención acerca del posible desvío definitivo del arroyo Bruno, en el departamento de La Guajira, para ampliar la producción y ventas de El Cerrejón, la mayor mina de carbón a cielo abierto de Latinoamérica y una de las diez más grandes a nivel mundial. El proyecto no solo implica un incremento de emisiones de gases de efecto invernadero —el carbón es responsable del 44% de las emisiones globales de CO2 derivada de los combustibles fósiles—, sino que es también una amenaza para los derechos al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud de las comunidades indígenas Wayuu que dependen del arroyo. Alcance regional Las medidas adoptadas por el Estado colombiano bien pueden reflejar la situación en otros países de la región o replicarse en ellos. En ese sentido, algunas alertas se refieren a la explotación de hidrocarburos a través de la técnica del fracking, que avanza a ciegas —desconociendo los riesgos de daños graves que implica para el ambiente sano y la salud humana— en Colombia y en otros países de América Latina. Otro riesgo regional del que advierten las alertas es el relacionado con el uso de hidrógeno, promovido como alternativa energética viable y limpia. En Colombia ya existe una ruta de política pública para avanzar con su implementación y dos proyectos piloto en camino. La producción de hidrógeno resulta de quemar carbón o gas a temperaturas elevadas. Estudios recientes advierten que ello requiere capturar y almacenar dióxido de carbono por lo que la alternativa depende de que sea posible almacenar carbono de forma indefinida y evitar fugas a la atmósfera. Además, la producción de hidrógeno consume mucha energía e implica la emisión de gases durante el proceso de calentamiento y presurización, así como el uso de gas natural como combustible. Como región, no podemos darnos el lujo de retrasar la transición energética y el logro de justicia climática, metas tan urgentes y necesarias, con opciones que solo nos atarán cada vez más a los combustibles fósiles y a un sistema energético que solo intensifica las desigualdades sociales y el deterioro ambiental.

Junio 28 2022 Cambio Climático, Derechos Humanos

Resumo da 32ª Reunião do Conselho do Fundo Verde para o Clima

Maio de 2022De 16 a 19 de maio de 2022, o Conselho Diretor do Fundo Verde para o Clima (GCF, da sigla em inglês) realizou sua 32a reunião (B.32) em Saint John's City, Antigua e Barbuda. Pela primeira vez desde o início da pandemia da COVID-19, a reunião foi presencial. Apesar disso, o FVC recomendou que a participação da sociedade civil, que monitora as reuniões do Conselho, permanecesse virtual, o que causou indignação deles, que responderam com uma carta ao Conselho e à Secretaria do FVC.A reunião concentrou-se em consultas políticas, tais como a atualização do Processo de Aprovação Simplificada (SAP, da sigla em inglês), a revisão das modalidades iniciais e da estratégia do Mecanismo do Setor Privado (PSF, da sigla em inglês), e a orientação do enfoque e alcance na prestação de apoio às atividades de adaptação.Além disso, o Conselho considerou a aprovação de quatro propostas de financiamento (solicitando US$ 301,5 milhões ao FVC) e a re-acreditação de duas entidades: Conservation International e o Banco Coreano de Desenvolvimento.Ver e baixar o resumo