Derechos Humanos


Ciénaga Grande de Santa Marta in Colombia

Sesión 1 de la Serie Internacional de Seminarios Web del GCF Watch 2024

Operando los mecanismos financieros de la CMNUCC y el Acuerdo de París: Lecciones aprendidas de la experiencia con el Fondo Verde del Clima para fortalecer el involucramiento de la sociedad civil  Por cuarto año consecutivo, invitamos a todos quienes integran la sociedad civil que hace seguimiento al Fondo Verde del Clima (GCF por sus siglas en inglés) y a otros fondos bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) a participar en dos sesiones dinámicas el 9 de octubre y el 4 de diciembre. Este año, nos complace introducir un formato más interactivo, con presentaciones y entrevistas en directo entre un/a moderador/a y representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC). En esta primera sesión, representantes de OSC dialogaron acerca de la arquitectura de los mecanismos financieros de la CMNUCC, teniendo al Fondo Verde del Clima en el centro, explorando sus similitudes y diferencias, así como las oportunidades de participación de la sociedad civil en cada uno. PanelistasErika Lennon, Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL): El GCF como centro de la arquitectura de los mecanismos financieros bajo la CMNUCC y su relación con otros fondos. Ira Guerrero, Institute for Climate and Sustainable Cities (ICSC): El GCF Watch y sus recursos. EntrevistadosKairos Dela Cruz: ICSC.Faizal Parish: Global Environment Centre; Chair 2024-2030, GEF CSO Network.Julia Grimm: Germanwatch.Liane Schalatek: Fundación Heinrich Böll. Moderó: Camila Bartelega, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación (en inglés) 

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¿Qué representa el fallo histórico de la Corte Interamericana para el futuro de La Oroya?

La sentencia en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado peruano por la violación de derechos de residentes de la ciudad de La Oroya y ordenó medidas de reparación integral es un hito jurídico internacional y un precedente para la defensa del ambiente sano en América Latina, así como para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.A seis meses del fallo histórico, en este seminario web dialogaremos acerca de las nuevas oportunidades de vida que se esperan para la población de La Oroya con el cumplimiento efectivo de la sentencia. De estos nuevos rumbos —en ámbitos diversos como la salud, la familia o los proyectos de vida — hablaremos con residentes de La Oroya y con personas expertas en estos temas. PanelistasAna María Fabian, víctima y beneficiaria de las medidas de reparación.Fernando Serrano, profesor adjunto en la Washington University (St. Louis, Missouri), perito del caso y experto en salud ambiental.Einer Rivera, víctima y beneficiario de las medidas de reparación.Bia Cortez, Coordinadora de la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana.Moderó: Rosa Peña, abogada sénior en la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación 

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Textiles tradicionales en un mercado de Chichicastenango, Guatemala.

Organizaciones exigen justicia ante criminalización de Rigoberto Juárez, autoridad ancestral y defensor del ambiente y los DD. HH. en Guatemala

Organizaciones dedicadas a la protección de personas defensoras de derechos humanos y organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la promoción y protección de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas manifestamos nuestra preocupación por el proceso de criminalización en contra de Rigoberto Juárez, autoridad ancestral, defensor de los derechos humanos y del ambiente y coordinador general del Gobierno Ancestral Plurinacional de las Naciones Originarias Mayas Akateka, Chuj, Q’anjob’al y Popti’.  El proceso judicial contra Rigoberto se originó en 2015 como consecuencia de su ejercicio de mediación como autoridad ancestral en el marco de un conflicto territorial generado en territorio Q'anjob'al, específicamente en la microrregión de Ixquisis, a raíz de actos de resistencia de la comunidad indígena maya local frente a la implementación inconsulta y deficiente de dos proyectos hidroeléctricos de la empresa Energía y Renovación S.A., financiados por el BID Invest.  El proceso judicial ha carecido de una perspectiva intercultural y diferencial; además, las decisiones adoptadas en segunda instancia y en sede de casación han obviado los argumentos de hecho y de derecho presentados por la defensa en torno al papel de Rigoberto Juárez como autoridad ancestral en el marco de los hechos del caso, que le implicaron, a solicitud de la comunidad, asumir un rol de mediador de la situación de alta conflictividad.  Desde la perspectiva de las organizaciones firmantes, este proceso ha sido utilizado como un mecanismo de represalia en contra de la legítima labor de defensa de derechos humanos de Rigoberto, dado su importante rol en la visibilización y denuncia del caso de Ixquisis en una queja presentada ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo. Indicios de esto se encuentran en los cruces temporales de este proceso con momentos cruciales de la queja presentada ante el MICI.  Ante esta preocupante situación, solicitamos a las autoridades judiciales valorar los argumentos presentados por la defensa de Rigoberto en la acción de amparo presentada el 22 de agosto y proceder a fallar en derecho, teniendo en cuenta las garantías particulares de Rigoberto al ser autoridad ancestral y defensor de los derechos humanos y del ambiente. De igual forma, solicitamos a los organismos internacionales de derechos humanos, exhortar al Estado guatemalteco a resolver el caso de Rigoberto acorde a sus obligaciones internacionales, así como a prevenir y atender este grave fenómeno de criminalización en contra de autoridades indígenas en ejercicio de sus derechos y competencias.    Firman: Plataforma Internacional contra la Impunidad  Protection International Mesoamérica  Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Franciscans International  Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG)  Bank Information Center  International Service for Human Rights  Front Line Defenders  NISGUA (Network in Solidarity with the People of Guatemala)  ASERJUS  P. Marco Tulio Recinos Torres. CPPS.  Center for International Environmental Law (CIEL)  María Eugenia Solís García  Alba Cecilia del Rosario Mérida Piedrasanta  Contacto de prensa: Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107  

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Manaos, Brasil

Declaración de Manaos sobre los Derechos Humanos en la Emergencia Climática

Los pueblos indígenas, comunidades  locales, afrodescendientes,  tribales y rurales, niños, niñas y adolescentes, las mujeres, las personas LGBTIQ+, las organizaciones  no gubernamentales, las plataformas, las instituciones y los individuos firmantes hacemos un llamado urgente a la  adopción de estándares mínimos de protección de derechos humanos en el contexto de la emergencia climática, recogidos durante el periodo de audiencias públicas de  la Opinión Consultiva, particularmente la celebrada en Manaos (Brasil), donde comunidades, pueblos y sociedad civil de la región se reunieron en un escenario judicial sin precedentes.Advertimos que el balance general, tras más de 30 años de discusiones internacionales frente a la emergencia climática, es lamentable, por cuanto no se evidencia un compromiso efectivo de los Estados para  evitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), reparar a quienes han sufrido daños climáticos y concretar que los cambios en su política interna y de regulación económica sean compatibles con el límite de temperatura global promedio fijado en el Acuerdo de París.Destacamos que varias cortes internacionales, entre ellas la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene la oportunidad histórica de clarificar formalmente las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos en el contexto de la emergencia climática a través de su función consultiva, y en ese sentido, fijar estándares robustos de protección de los derechos con base en las normas internacionales vigentes para salvaguardar a aquellos grupos poblacionales excluidos y discriminados históricamente y significativamente más vulnerables ante la emergencia climática.   Leer y descargar la declaración 

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Audiência Pública da Corte Interamericana em Manaus, Brasil

Comunidades e sociedade civil entregam à Corte Interamericana a “Declaração de Manaus” pedindo esclarecer as obrigações dos Estados na emergência climática

São José, Costa Rica. Esta semana, mais de 400 comunidades, povos e representantes da sociedade civil entregaram à Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) a "Declaração de Manaus sobre Direitos Humanos na Emergência Climática".Baseada nas apresentações dos mais de 150 participantes que contribuíram durante as audiências públicas no processo de Parecer Consultivo, o documento insta o Tribunal a articular os padrões mínimos para respeitar e proteger os direitos humanos no contexto da crise climática.As audiências, em Barbados (22 a 25 de abril) e no Brasil (24 a 29 de maio), ofereceram um espaço para ouvir testemunhos impressionantes de pessoas e comunidades afetadas pela emergência climática. Em Manaus, no coração da Amazônia, foi destacada a esperança de que o Tribunal adote um parecer consultivo robusto para proteger as pessoas e o planeta.A declaração pede ao Tribunal detalhar as obrigações dos Estados em questões de direitos humanos e a reforçar a responsabilidade das empresas e atores financeiros no contexto da crise climática."O papel desempenhado pelo Parecer Consultivo da Corte Interamericana é estratégico, num momento histórico para a justiça climática em todo o mundo. A decisão do Tribunal poderá reforçar e ampliar o que já foi estabelecido pelo Tribunal Internacional do Direito do Mar sobre as obrigações de proteger os oceanos das alterações climáticas, e influenciará, sem dúvida, a interpretação posterior que o Tribunal Internacional de Justiça fará dos deveres dos Estados de proteger as comunidades e o planeta face à crise climática”, afirma Marcella Ribeiro, advogada sênior do Programa de Direitos Humanos da Associação Interamericana de Defesa do Ambiente (AIDA).Entre os pedidos, os mais de 400 signatários da Declaração solicitam ao Tribunal:  Reconhecer que, no contexto da emergência climática, a proteção de todos os direitos humanos, incluindo o direito a um ambiente saudável, é uma exigência a todos os Estados e é uma obrigação que deve ser interpretada sob o princípio das Responsabilidades Comuns mas Diferenciadas e em consonância com o limite de temperatura média global estabelecido pelo Acordo de Paris e informado pela melhor ciência disponível.Especificar que os Estados devem avançar para economias livres de combustíveis fósseis sem sacrifícios das comunidades locais e evitando impactos ambientais incompatíveis com os limites planetários.Garantir a informação e a participação do público, bem como o direito à justiça climática, que inclui condições legais e institucionais para que as populações impactadas pela crise possam ir a tribunal, bem como sensibilizar e formar o poder judicial sobre questões climáticas.Proteger e facilitar o trabalho dos defensores ambientais no contexto da emergência climática e da transição energética.Garantir medidas de adaptação aos efeitos das alterações climáticas que garantam o gozo de todos os direitos humanos, especialmente para grupos vulneráveis ​​ou historicamente discriminados.Garantir o direito à autodeterminação dos Povos e Comunidades Indígenas através da obtenção do seu consentimento contra medidas que os afetam diretamente, no contexto da crise climática e da transição energética.Garantir que as vítimas dos danos climáticos tenham uma reparação abrangente e justa e que as decisões sobre questões climáticas tenham recursos financeiros para a sua implementação. "A Declaração aborda a responsabilidade das empresas na crise e pedimos ao Tribunal reforçar a obrigação dos Estados para regulamentar os intervenientes corporativos e garantir que os responsáveis ​​pelas violações dos direitos humanos relacionadas com a crise climática enfrentem as consequências", aponta Luisa Gómez Betancur, Advogada Sênior do Centro de Direito Ambiental Internacional (CIEL).Os signatários da declaração também requerem a Corte  adotar uma abordagem progressista e robusta que responsabilize aqueles que mais contribuíram para a crise, oriente as políticas interamericanas em direção a economias ambientalmente sustentáveis ​​e forneça um quadro para a justiça climática, ambiental e social no mundo, começando pela América Latina."Esperamos que a Corte Interamericana atenda ao nosso apelo e ordene aos Estados que respeitem o nosso direito à autodeterminação e a forma como relacionar-se com nossos territórios, priorizando seu cuidado e conservação", destaca Everildys Córdoba Borja, Representante Legal do Conselho Comunitário das Comunidades Negras da Bacia do Rio Tolo e Litoral Sul (COCOMASUR), Colômbia. "Por essa razão, unimos as nossas vozes na Declaração de Manaus para lembrar ao Tribunal a oportunidade única que tem de marcar um antes e um depois na luta pela justiça climática e pela proteção dos nossos direitos", finaliza.Leia e baixe a declaração Contato com a mídiaFrancisco Pinilla, AIDA, [email protected], +55 61 984015965 

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Audiencia pública de la Corte IDH en Manaos, Brasil.

Pueblos y sociedad civil entregan a la Corte IDH la “Declaración de Manaos” urgiendo aclarar obligaciones de los Estados ante la emergencia climática

San José, Costa Rica. Hoy, más de 400 comunidades, pueblos y actores de la sociedad civil entregaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la “Declaración de Manaos sobre los Derechos Humanos en la Emergencia Climática”. El documento, que recibió un amplio respaldo, insta a la Corte a que articule, en su próxima Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos, los estándares mínimos para respetar y proteger los derechos humanos en el contexto de la crisis climática. Esta declaración se basa en las exposiciones de más de 150 participantes que contribuyeron durante las audiencias públicas del proceso de la opinión consultiva.Las audiencias, realizadas en Bridgetown, Barbados (22 al 25 de abril), Brasilia (24 de mayo) y Manaos (25 al 29 de mayo), en Brasil, ofrecieron un espacio para escuchar impresionantes testimonios de personas y comunidades enteras impactadas por la emergencia climática. En Manaos, en el corazón de la Amazonia, se destacó la esperanza de que la Corte adopte una opinión consultiva robusta para proteger a las personas y al planeta.La Declaración exhorta a que la Corte aclare las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos y refuerce la responsabilidad de las empresas y actores financieros por su rol en la crisis climática."En un momento histórico para la justicia climática a nivel mundial, el rol que juega la opinión consultiva de la Corte IDH es estratégico. La decisión de la Corte puede reforzar y expandir lo que ya ha sido establecido por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre las obligaciones de proteger el océano del cambio climático, y sin duda influirá en la posterior interpretación que haga la Corte Internacional de Justicia sobre los deberes de los Estados de proteger a las comunidades y al planeta ante la crisis climática", señala Marcella Ribeiro, abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "Los estándares que fije la Corte IDH sentarán nuevos paradigmas para el acceso a la justicia en el contexto de la triple crisis planetaria, influenciando en casos pendientes y futuros, así como en leyes y políticas dentro y fuera del continente. Finalmente, y no menos importante, esta decisión tiene el gran potencial de ayudar a superar el estancamiento político en las negociaciones internacionales sobre el clima".Entre otras peticiones, las y los más de 400 firmantes de la Declaración solicitan a la Corte: Reconocer que en el contexto de la emergencia climática la protección de todos los derechos humanos, incluido el derecho a un ambiente sano, es exigible a todos los Estados, y es una obligación que debe ser interpretada bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y en línea con el límite de temperatura global promedio establecido por el Acuerdo de París y sustentado en la mejor ciencia disponible.Precisar que los Estados deben transitar hacia economías libres de fósiles sin sacrificios de comunidades locales y evitar impactos ambientales incompatibles con los límites planetarios.Garantizar la información y participación pública, así como el derecho a la justicia climática, lo que incluye condiciones jurídicas e institucionales para que las poblaciones impactadas por la crisis puedan acudir a los tribunales, así como la sensibilización y capacitación del poder judicial en asuntos climáticos.Proteger y facilitar la labor de las personas defensoras del ambiente en el contexto de la emergencia climática y la transición energética.Garantizar medidas de adaptación a los efectos del cambio climático que aseguren el disfrute de todos los derechos humanos, especialmente para grupos vulnerables o históricamente discriminados.Asegurar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y tribales a través de la obtención de su consentimiento frente a las medidas que les afecten directamente, en el contexto de la crisis climática y la transición energética.Garantizar que las víctimas y sobrevivientes por daños climáticos tengan una reparación integral y justa y que las sentencias sobre asuntos climáticos dispongan de recursos financieros para su implementación. "La Declaración de Manaos también aborda la responsabilidad de las empresas en la crisis. Urgimos a la Corte a reforzar la obligación de los Estados de regular a los actores corporativos y garantizar que los responsables de las violaciones de derechos humanos relacionadas con la crisis climática asuman las consecuencias", añade Luisa Gómez Betancur, abogada sénior del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL, por sus siglas en inglés). "El que ‘contamina debe pagar’, dice el principio de derecho internacional, por lo que las empresas de combustibles fósiles y agroindustriales, que son los principales causantes e impulsores del cambio climático, deben pagar los costos de la mitigación y adaptación, así como reparar integralmente a las víctimas por los daños climáticos".Las y los firmantes de la declaración instan a la Corte IDH a que, en su rol de guardiana de los derechos humanos, adopte un enfoque progresista y robusto que responsabilice a aquellos que más han contribuido a la crisis, guíe las políticas interamericanas hacía economías ambientalmente sostenibles y proporcione un marco para la justicia climática, ambiental y social en el mundo, empezando por América Latina."Esperamos que, al escuchar los testimonios de quienes sufrimos las peores consecuencias de la emergencia climática, la Corte IDH atienda nuestro llamado y ordene a los Estados respetar nuestro derecho a la autodeterminación y la forma en que nos relacionamos con nuestros territorios, priorizando su cuidado y conservación. Por ello, unimos nuestras voces en la declaración de Manaos para recordar a la Corte la oportunidad única que tiene de marcar un antes y un después en la lucha por la justicia climática y la protección de nuestros derechos", destaca Everildys Córdoba Borja, representante legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la cuenca del río Tolo y zona costera sur (COCOMASUR), Colombia.Lee y descarga la declaración Contactos de prensaMaria Frausto, CIEL, [email protected] Arista, EarthRights International, [email protected], +51 941 242 447Karina Saravia, CANLA, [email protected], +505 84331292 

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Resumen GCF BM_nubes

Resumen de la 39ª Reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima

Julio de 2024Del 15 al 18 de julio de 2024, la Junta del Fondo Verde del Clima (FVC) tuvo su 39ª reunión en Songdo, Corea del Sur. La agenda de la reunión se centró en una estrategia sobre alianzas y acceso, avances para mejorar la coherencia y complementariedad con otros mecanismos e instituciones de financiamiento relevantes, así como en la financiación de pagos basados en resultados para REDD+.Además, la Junta consideró la aprobación de 17 propuestas por USD 1,026.2 millones en financiamiento y la acreditación de ocho nuevas entidades.Consulta y descarga el resumenResumen en portugués 

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Pastora en la Isla del Sol, Bolivia.

Hablemos de las NDC, los compromisos de los países para enfrentar la crisis climática

Las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) son los planes que cada país elabora para hacer frente a la crisis climática en el marco del Acuerdo de París. En ellas los países se comprometen a cumplir con metas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y avanzar en la adaptación a la crisis climática, incluyendo —idealmente—, las formas en que financiarán dichas acciones. El Acuerdo de París, donde se originan las NDC, es un tratado internacional jurídicamente vinculante para combatir el cambio climático que entró en vigor el 2016, luego de ser firmado por 195 países. Así, las NDC constituyen la vía para lograr los objetivos del acuerdo, que son: Garantizar que el aumento de la temperatura media mundial se mantenga muy por debajo de los 2 °C, preferiblemente a 1,5 °C, en comparación con los niveles preindustriales. Aumentar la capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático. Adecuar el financiamiento a las necesidades de los países para alcanzar estos objetivos.   Cada país es libre de decidir y comprometer en sus NDC cuánto y cómo mitigarán sus emisiones y de qué forma buscará la adaptación, basándose en sus capacidades y circunstancias. En este sentido, las NDC refuerzan los objetivos mundiales pactados para enfrentar la crisis climática y contienen los compromisos específicos de los países para alcanzarlos. Además, constituyen planes a corto y mediano plazo —con respaldo político— en áreas cruciales no solo para estabilizar el clima, sino también para impulsar el desarrollo sostenible y afrontar otras crisis globales como la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Los países que han suscrito el Acuerdo de París deben presentar sus NDC a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y actualizarlas cada cinco años con metas cada vez más ambiciosas, en función de sus propias capacidades. Las conferencias de las partes (COP), órgano de toma de decisiones de la Convención, establecen las guías para que los países cumplan con estos compromisos. Las primeras NDC fueron presentadas en 2015, cuando se adoptó el Acuerdo de París, y su primera actualización ocurrió en 2020. El próximo año, los países deben actualizarlas nuevamente con metas a 2030 y 2035. Dada su relevancia para la acción climática mundial y la cercanía de la segunda actualización, ahondaremos en aspectos relevantes de las NDC.     El contenido de las NDC En sus NDC, los países presentan un análisis proyectado de los riesgos e impactos climáticos, además de compromisos específicos de reducción de GEI y de adaptación a los impactos. Esto se traduce en metas cuantitativas o cualitativas, plazos y acciones en sectores prioritarios como agricultura, agua, biodiversidad, bosques, energía, gestión de riesgos, industria, infraestructura, pesca, salud, transporte, turismo y zonas costeras, entre otros. La mayoría de los países incluyen presupuestos aproximados para alcanzar sus objetivos y muchos países en desarrollo hacen referencia al apoyo que requieren —financiero, de transferencia de tecnología y/o de construcción de capacidades— para implementar alguna o todas sus medidas. En una NDC, las metas que se pueden alcanzar sin ayuda externa se llaman "no condicionadas" y las que dependen de ese apoyo se denominan metas "condicionadas". Algunos ejemplos de los compromisos de las NDC pueden ser: Reducir al 2030 el 22% de sus emisiones de GEI con recursos propios (meta de mitigación no condicionada). Incrementar la reducción de GEI hasta un 36%, pero sujeto a un acuerdo global que incluya cooperación técnica y transferencia de tecnología, así como al acceso a recursos financieros de bajo costo (meta de mitigación condicionada). Incrementar al 2030 la capacidad adaptativa de la población ante el cambio climático y disminuir la alta vulnerabilidad en 160 municipios (meta de adaptación no condicionada).   El avance de las NDC Según el World Resource Institute, los compromisos actuales de reducción de emisiones de las NDC presentadas por los países están lejos de la ambición necesaria para lograr los objetivos del Acuerdo de París pues, aún si se cumplieran a cabalidad, nos llevarían a un aumento de temperatura de entre 2,5 y 2,9 °C. Más optimistas, los datos de la iniciativa Climate Promise del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que apoya al 85 % de los países en la elaboración de sus NDC, dan cuenta que los países más vulnerables están logrando avances tangibles de ambición. Por ejemplo, los países africanos muestran un compromiso más firme que el de la media mundial en sus metas relativas a resiliencia climática, en el aumento de sus esfuerzos de transparencia y en la inclusión de la transición justa; mientras que las NDC de los países de América Latina y el Caribe registraron niveles elevados de inclusividad y responsabilidad entre las partes interesadas, en comparación con la media mundial. Aunque la mayoría de los países de América Latina tienen en sus NDC planes de reducción de emisiones de GEI, de adaptación y de fomento a la energía renovable, continúan dependiendo de la explotación de petróleo, gas y carbón, por lo que sus compromisos climáticos actuales son insuficientes.   Derechos humanos y enfoque de género en las NDC Si bien la crisis global es una amenaza para toda la humanidad, sus impactos afectan de manera desproporcionada a los sectores de la población en situación de vulnerabilidad, que tienen menos capacidad para afrontarlos. Es el caso de pueblos indígenas y afrodescendientes, así como de poblaciones campesinas y rurales. Además, según el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, "las mujeres están especialmente expuestas a los riesgos relacionados con el cambio climático, debido a la discriminación de género, las desigualdades y los roles de género que las inhiben". Uno de los principales impactos negativos de la crisis climática en las mujeres es que exacerba la carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, profundizando así desigualdades estructurales existentes. Por lo dicho antes, es imprescindible que los Estados incorporen el marco de derechos humanos y la perspectiva de género en la formulación de sus políticas climáticas, una necesidad reconocida por diversos instrumentos y tratados internacionales. Esto implica que los Estados —en la elaboración, implementación y seguimiento de las NDC— sean coherentes con sus obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos sin discriminación alguna y con un enfoque de género e interseccional, potenciando así la capacidad de acción efectiva de las personas y comunidades frente a la crisis climática, en especial aquellas que históricamente han sido marginadas. Asimismo, las NDC deben garantizar los derechos de las futuras generaciones y la integridad a largo plazo de los ecosistemas.   Lo que viene La ronda de NDC del próximo año debe estar orientada a concretar el compromiso alcanzado en la vigésimo octava Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP28) de eliminar progresivamente los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, fijar metas específicas de reducción de emisiones de metano, triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética. Dado que esta nueva ronda abarcará metas hasta 2035 —marcando el punto medio entre 2020, cuando los países empezaron a implementar sus NDC y 2050, el año acordado para alcanzar el objetivo global de cero emisiones netas—, los compromisos que se presenten son cruciales para alinear las acciones a corto plazo con los objetivos a largo plazo. Ante impactos climáticos que ocurren aceleradamente y con consecuencias cada vez más graves, es urgente tener NDC con la ambición suficiente para aportar a la reducción drástica de emisiones, a una mayor adaptación, a la atención adecuada de las pérdidas y daños ya ocasionados, así como a un incremento significativo del financiamiento climático.   Más información Para saber más del avance de los compromisos climáticos de cada país, puedes: Consultar la base de datos de la CMNUCC, que cuenta con la lista de países que han presentado sus NDC y la fecha en que lo hicieron. Consultar la información generada por Climate Action Tracker, que hace seguimiento a la acción climática de los gobiernos, comparándola con los objetivos del Acuerdo de París. Conocer NDC LAC, una herramienta digital que proporciona información del avance en la implementación y actualización de las NDC en América latina y el Caribe.   Fuentes - Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, "Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC). El Acuerdo de París y las contribuciones determinadas a nivel nacional". - Naciones Unidas, "Todo sobre las CDN". -World Resources Institute, "Next Generation NDCs. Accelerating climate action under the Paris Agreement". - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, "¿Qué son las NDC y cómo impulsan la acción climática?". - Verónica Méndez Villa y Daniela García Aguirre, "Derechos humanos y perspectiva de género en las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC) en América Latina", Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). - Inter Press Service, "América Latina llega a la COP28 con ambiciones para sus metas insuficientes".  

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XI Foro Social Panamazónico en Rurrenabaque y San Buenaventura, Bolivia

Amazonía: Las complejidades y desafíos de su protección

Por Vania Albarracín y José David Castilla* La protección de la Amazonía es uno de los principales desafíos en la región. Hacerle frente implica coordinación y cooperación entre Estados, pueblos y organizaciones. En ese contexto, el Foro Social Panamazónico (FOSPA) nace de la necesidad de pensar a la Panamazonía —región conformada por los países que tienen jurisdicción o territorio en la cuenca del río Amazonas, y/o tienen cobertura de selva y/o pertenecen al Tratado de Cooperación Amazónica (TCA)— desde todas sus complejidades. El FOSPA es un espacio regional de articulación, reflexión e intercambio entre pueblos indígenas, movimientos sociales y sociedad civil de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Venezuela y Surinam. La unión de tantos actores alrededor de la Amazonía se debe a que se trata de un ecosistema megadiverso y estabilizador climático global que contiene más del 13% de todas las especies vegetales y animales conocidas y que descarga anualmente 6.600 km³ de agua dulce al océano Atlántico, equivalentes a entre el 16 y 20% de la escorrentía mundial. Por ello, es esencial considerar la interconexión e interdependencia entre la Amazonía y otros ecosistemas de la región. Los ecosistemas marino-costeros, los humedales andinos, las sierras y los bosques están conectados a lo largo del continente y deben ser reconocidos como parte de una estrategia integral de protección. El territorio amazónico enfrenta problemas graves de deforestación y degradación ecosistémica, lo que ha generado una alerta sobre la llegada del denominado punto de no retorno. Esto se refiere a la pérdida del equilibrio ecológico y las funciones climáticas de la Amazonía, lo que traería repercusiones globales negativas incalculables. El FOSPA realiza encuentros bianuales en distintas ciudades y subregiones de la Amazonía para dialogar acerca de la vulneración de derechos humanos, ambientales, territoriales y de la naturaleza que aquejan a la región, así como para plantear alternativas que surjan desde las comunidades locales y los pueblos indígenas que la habitan La onceava versión del FOSPA tuvo lugar del 12 al 15 de junio de 2024 en las ciudades de Rurrenabaque y San Buenaventura, en la región amazónica de Bolivia. Del encuentro surgió una declaración conjunta en defensa de la vida, los pueblos y la naturaleza. AIDA participó en el encuentro y compartimos a continuación nuestro balance del mismo respecto de los principales acuerdos, los vacíos para su implementación y lo que falta para garantizar la protección de la Amazonía.   Los acuerdos 1. Las amenazas de la minería Las amenazas de la minería para la región amazónica se traducen en dos problemas centrales: la promoción e impactos de nuevos extractivismos (como la minería de cobre) y la contaminación de mercurio de la minería de oro. En el encuentro se evidenció la necesidad de prohibir el comercio mundial de mercurio y de crear estrategias multinacionales para combatir su uso en la minería de oro, en cumplimiento del Convenio de Minamata. Además, se abogó por un enfoque biocultural en la evaluación de los impactos de la minería, reconociendo la interrelación entre biodiversidad y culturas indígenas, el papel fundamental de las mujeres en la conservación y reproducción de la vida, así como la participación de la sociedad civil en espacios de decisión, garantizando su transparencia y su plena divulgación.   2. Una Amazonía libre de extractivismos Una de las principales preocupaciones de las comunidades, pueblos y organizaciones que participaron en el encuentro es la presencia de distintos tipos de extractivismo en la región amazónica. Identificaron que sus derechos son vulnerados y amenazados por proyectos de extracción y transporte de hidrocarburos, por la explotación de minerales de transición como el oro y el cobre, así como por la implementación de políticas públicas relacionadas con la transición energética. Una de las propuestas más relevantes al respecto fue generar una declaratoria multifactorial y plurinacional de la Amazonía como zona libre de combustibles fósiles y de minería, no solo como una consigna, sino como un horizonte político, social y ambiental para la protección de la vida en todas sus formas. Esta propuesta debe ser evaluada en el contexto de las distintas tensiones y realidades sociales de la región.   3. Garantías para una transición energética justa y popular La transición energética justa y popular fue otro de los puntos relevantes del encuentro. Las comunidades originarias y los pueblos indígenas plantearon la necesidad de descolonizar el concepto de transición energética y plantear un proceso que surja de ellas, que históricamente han sufrido los impactos del extractivismo. El llamado fue a implementar una transición energética donde se reparen estos impactos y se restauren los ecosistemas afectados  Para lograr este objetivo son necesarios procesos de cierre y salida responsable de proyectos, además de procesos de transición que incorporen los más altos estándares de derechos humanos y la perspectiva de las comunidades afectadas.    Los vacíos prácticos 1. Compromiso insuficiente de cooperación regional En la onceava versión del FOSPA se evidenció el escaso compromiso político de los gobiernos miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), reflejado en la falta de acuerdos firmes y de mecanismos de participación efectiva. Esto favorece las políticas extractivistas y debilita la protección de los derechos de los pueblos indígenas y los de la naturaleza. Es esencial que la OTCA revise y fortalezca sus estructuras para asegurar que los compromisos internacionales se implementen y que las comunidades panamazónicas tengan un rol activo y decisivo en la formulación de políticas.   2. Exclusión de los pueblos y comunidades originarias de las decisiones La exclusión de los pueblos indígenas y comunidades originarias amazónicas en los procesos de toma de decisiones es evidente. Esto conduce a políticas y acuerdos que no satisfacen sus necesidades y realidades. Un claro ejemplo de esto son las Conferencias de las Partes (COP) sobre cambio climático y biodiversidad, donde la representación indígena no es genuina o sustantiva, lo que resulta en que no se valore su conocimiento ancestral y su rol fundamental en la protección de la biodiversidad y del clima.   3. Ausencia de un mecanismo vinculante La implementación de acuerdos alcanzados en espacios como el FOSPA ha sido insuficiente y, en muchos casos, inexistente. Este fue uno de los principales reclamos de los pueblos indígenas y las comunidades originarias. Al no tener un carácter vinculante, y al no ser tan relevante para la perspectiva estatal, muchas de las solicitudes quedan enfrascadas en el terreno de lo declarativo. Aunque el FOSPA es esencial para la integración panamazónica y la construcción de alternativas desde los territorios, se requiere un esfuerzo conjunto para fortalecer su vínculo con las y los tomadores de decisiones, promover la participación activa de las comunidades y hacer del foro una plataforma de movilización y acción.   El camino a recorrer El próximo encuentro del FOSPA será en dos años, pero la protección efectiva de la región panamazónica no puede esperar.   En el corto plazo, es necesario realizar acciones concretas para mitigar los impactos en el ecosistema y adoptar medidas de cooperación regional para garantizar su protección integral y transfronteriza. Entre otras cosas, es necesario y urgente: Lograr un consenso regional y diseñar un plan para garantizar la declaratoria de la Amazonía como zona libre de combustibles fósiles y de toda forma de extractivismo. Coordinar una articulación andino-amazónica y costera para la defensa integral de los territorios, demandando acciones concretas contra la minería con un enfoque biocultural. Exigir marcos normativos de debida diligencia en materia ambiental y de derechos humanos en los Estados amazónicos y en los países de origen  de las empresas para obligar a estas a cumplir con estándares internacionales en estas dos áreas. Instar a los Estados a que apliquen los principios de prevención y de precaución y que eleven su estándar en los proyectos que puedan tener impactos en la Amazonía. Diseñar un mecanismo de cierre y salida de los proyectos asociados a la extracción de combustibles fósiles en la región amazónica. Garantizar la participación activa, representativa y vinculante de las comunidades y pueblos panamazónicos en los foros internacionales donde se decide acerca de la naturaleza, por ejemplo en próxima Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad (COP16 en Colombia) y las próximas Conferencias de la ONU sobre el Cambio Climático (COP29 en Azerbaiyán y COP30 en Brasil).   *Vania Albarracín Silva es abogada del Programa de Ecosistemas de AIDA y José David Castilla Parra es abogado del Programa de Derechos Humanos y Ambiente.  

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Comunidades llevan su voz acerca de la crisis climática ante la Corte Interamericana

Por Liliana Ávila y Marcella Ribeiro* La cita fue del 25 al 29 de mayo en Manaos, la ciudad amazónica más grande de Brasil, donde el caudaloso río Amazonas nace cuando las aguas oscuras del río Negro confluyen con las de tonalidades más claras del Solimões. Allí llegó una delegación de siete comunidades y de una red de personas trans y no binarias, proveniente de diferentes rincones del continente, para decirle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de dónde son, cuál es el territorio y el espacio vital que ocupan; cómo la crisis climática y la injusticia ambiental están afectando sus modos de vida; y lo que proponen para que el tribunal internacional contribuya a garantizar sus derechos ante la crisis global y ante las acciones para combatirla. Como sucedió en Bridgetown, Barbados —un mes antes—, Manaos fue la sede de las audiencias públicas de la Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos, un dictamen en el que la Corte aclarará las obligaciones que tienen los Estados del hemisferio para proteger a las personas, especialmente a quienes están en situación de vulnerabilidad, ante los impactos de la crisis climática.   Las voces de los territorios Las audiencias orales son parte del proceso a través del cual el tribunal emite sus opiniones consultivas. En ellas, las y los jueces de la Corte escuchan a los Estados y a otros actores en intervenciones que no deben sobrepasar los 10 minutos. La historia de los pueblos y de sus luchas no caben en 10 minutos. Pese a ello, los testimonios de cada miembro de la delegación estuvieron llenos de sabiduría, de dignidad y de esperanza. Francis Cruz, representante de la Alianza Hondureña ante el Cambio Climático y residente del municipio de Marcovia, contó cómo el mar acabó con su casa y con su restaurante, todo lo que tenía. La erosión costera se llevó más de 12 metros de territorio en su comunidad, que dependía de la pesca y del turismo. De hecho, el municipio y otras localidades de la zona sur del país viven con la amenaza constante de fenómenos meteorológicos cuya intensidad y frecuencia se asocia con el clima cambiante y con la degradación ambiental que este provoca. La Corte supo también que la extracción de hidrocarburos mediante fracking en la provincia de Mendoza, Argentina, limita las capacidades de resiliencia de las comunidades mapuches frente a la crisis climática y profundiza la grave situación de escasez hídrica en la zona. Así lo explicó Gabriel Jofré, vocero de la Organización Identidad Territorial Malalweche, quien puso en valor los conocimientos tradicionales del pueblo mapuche como fuente de respuestas a su situación de vulnerabilidad climática. En su testimonio, Katta Alonso, vocera del movimiento territorial MUZOSARE (Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia), retrató cómo es vivir en Quintero y Puchuncaví, Chile, un lugar altamente contaminado que se transformó para siempre en un complejo industrial con termoeléctricas, petroleras y plantas químicas, donde los proyectos de transición energéticas están agravando el problema. "El cambio climático nos afecta como a todos, pero más aún porque ya estamos en una situación de vulnerabilidad ambiental. También nos afectan las políticas y medidas que el gobierno adopta en sus intentos de hacer frente a la crisis climática porque nos vuelven a sacrificar a nosotros. Vuelven a ofrecer nuestros territorios para poner las industrias dañinas que supuestamente resolverán el problema. No hay información, no hay participación, no hay posibilidad de defensa", dijo. A nombre de la organización Mujeres Unidas en Defensa del Agua: Lago Titicaca Perú-Bolivia, María Eugenia Millares, habló de la contaminación del lago y de cómo los cambios de temperatura impactan la siembra, los ciclos de producción de alimentos y su conservación. Enfatizó el rol de las mujeres: "Nuestra capacidad de adaptación es cada vez más baja en la medida en que perdemos nuestros medios de subsistencia en razón de la crisis climática y la omisión estatal. Pero sabemos que podemos cambiar esta situación. Nosotras, las mujeres, que somos las más impactadas porque usamos el agua para el hogar y otras actividades, debemos ser escuchadas y reconocidas en nuestro rol en rescatar el lago y su vida". También intervino en la audiencia Angelica Ortiz, en representación de las comunidades La Gran Parada y El Rocío —ubicadas en el departamento de La Guajira, Colombia— y de la Organización Fuerzas de Mujeres Wayuu. Evidenció la realidad del pueblo indígena Wayuu, cuyas posibilidades de adaptación a la emergencia climática se han reducido en medio de una situación de vulnerabilidad económica, crisis hídrica, décadas de explotación de carbón y, recientemente, de proyectos de energía eólica que se desarrollan en sus territorios sin haberles consultado. "No sabemos cuándo llueve, por eso tampoco sabemos cuándo sembrar". La Corte escuchó además el caso de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, ecosistema que ha perdido más del 90 % de sus glaciares por el calentamiento global. "Nuestra Madre está enferma, la crisis climática es la enfermedad que hemos causado a la madre y que hoy nos manda el mensaje", dijo Jaime Luis Arias, Cabildo Gobernador del Pueblo Kankuamo. Entre otras cosas, la crisis climática amenaza el sistema de conocimientos ancestrales de estos pueblos, sus prácticas tradicionales y su vida espiritual. Finalmente, Yoko Ruiz, coordinadora territorial de la Liga de Salud Trans, habló de los impactos diferenciados de la crisis climática en las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+. Exhortó a que el dictamen de la Corte para esclarecer las obligaciones estatales de protección de los derechos humanos ante la emergencia climática sea coherente con las realidades de discriminación y violencia estructural que enfrentan estas poblaciones.   Aportes desde las vivencias y los saberes Las y los integrantes de la delegación viajaron a Manaos no solo para contar las problemáticas que les aquejan. Como agentes de cambio, también llevaron propuestas concretas de cómo afrontar la crisis climática con urgencia, a partir de sus saberes y experiencias, y respetando los derechos humanos. Sus propuestas son un grito de esperanza que confían sea escuchado por la Corte. Son un llamado a replantear las causas estructurales del desequilibrio natural y espiritual; así como a detener las afectaciones a la Madre Tierra, a sus elementos sagrados, órganos y sistemas vitales. Entre muchas otras cosas, propusieron: Establecer la declaratoria de protección integral de los territorios étnicos y campesinos, así como ecosistemas, con alto grado de vulnerabilidad a causa de la crisis climática. Fortalecer las capacidades de adaptación de las poblaciones a través del conocimiento ancestral, el monitoreo comunitario y otros mecanismos que aseguren a sus habitantes resiliencia climática. Reconocer la validez del conocimiento ancestral y ordenar a los Estados fortalecer las capacidades de la población para vigilar y cuidar los ecosistemas como una forma de promover la adaptación climática.  Que los planes de prevención, preparación, respuesta, recuperación y adaptación ante desastres climáticos cuenten con perspectiva de género y garanticen servicios e insumos relacionados con la salud en general, y sobre todo sexual y reproductiva, de mujeres, niñas y personas LGBTQ+.   El encuentro de los pueblos del continente americano en el proceso de elaboración de la opinión consultiva de la Corte Interamericana es más que un trámite y una presentación de 10 minutos. Es ante todo una apuesta por la esperanza, una reafirmación de que la lucha contra la crisis climática será con y para los pueblos o no será. En AIDA apoyamos a que diferentes comunidades de la región lleven su voz al proceso con su participación en las audiencias de Bridgetown y Manaos, además de con la presentación de escritos legales a la Corte resaltando las diversas las afectaciones socioambientales de la emergencia climática y propuestas valiosas para su abordaje. Esta experiencia refleja nuestra apuesta por la construcción de procesos éticos, colectivos y horizontales junto a comunidades de América Latina para potencializar el alcance de sus voces y promover la renovación del derecho internacional desde sus conocimientos. Para el equipo de AIDA es fundamental ser puente entre personas defensoras que luchan diariamente por la vida. Buscamos cambiar las lógicas tradicionalmente excluyentes de los espacios internacionales de decisión, promoviendo el intercambio de conocimientos diversos y trabajando para que las decisiones acerca de la naturaleza incorporen la voz de quienes realmente la resguardan y viven en armonía con ella.   *Liliana Ávila es directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA; Marcella Ribeiro es abogada sénior del programa.  

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