Prensa
Organizaciones, coaliciones, academia y especialistas respaldan demanda de víctimas de contaminación tóxica de La Oroya
Presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 15 escritos legales que apoyan el argumento central del caso: que el Estado peruano es responsable de violar los derechos humanos de residentes de La Oroya por la falta de acciones urgentes y eficaces para abordar la contaminación de un complejo metalúrgico, así como sus graves daños. San José, Costa Rica. Organizaciones, coaliciones, academia y especialistas presentaron 15 escritos legales (Amicus curiae) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para respaldar la demanda de residentes de La Oroya contra el Estado de Perú por la grave violación de derechos humanos derivada de la contaminación tóxica proveniente de una metalúrgica que ha operado en la ciudad andina por casi 90 años. Los escritos contienen evidencias sólidas que apoyan el argumento central del caso: que el Estado peruano —al no realizar acciones urgentes y eficaces para abordar la contaminación y sus impactos— es responsable de violar los derechos a la vida, la salud, la integridad personal, la niñez y a un ambiente sano de habitantes de La Oroya. Dicho argumento fue expuesto en audiencia pública el 12 y 13 de octubre, ocasión en la que el tribunal internacional escuchó a testigos, peritos, víctimas y a representantes del Estado. Los escritos —enviados a la Corte entre el 11 y el 28 de octubre por actores de diferentes sectores y niveles— demuestran que la importancia del caso supera el contexto peruano y representa una oportunidad histórica para establecer un precedente clave en América Latina y en el mundo para fortalecer la protección del derecho a un ambiente sano y la adecuada supervisión de las actividades empresariales por parte de los Estados. Uno de los escritos fue presentado en conjunto por la Red Universitaria para los Derechos Humanos y por un grupo importante de personas expertas: cinco exautoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Tracy Robinson, James Cavallaro, Paulo de Tarso Vannuchi, Flávia Piovesan y Paulo Abrão) y tres ex Relatores Especiales de la ONU (John Knox, James Anaya y Juan Méndez). Presentaron escritos organizaciones de Perú —las agrupadas en la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana, y en la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos—; de otros países de la región —el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (México), Defensoría Ambiental (Chile), Justicia para la Naturaleza (Costa Rica)—; así como organizaciones internacionales: Earthjustice y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. También desde el ámbito internacional, presentaron escritos el Grupo de Trabajo sobre Litigio Estratégico de la Red-DESC y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. De parte del sector académico, el respaldo llegó de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa (Canadá), de la Clínica de Derechos Humanos del Programa de Postgrado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Paraná (Brasil) y de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes (Colombia). Lo otros escritos fueron presentados por personas expertas en los asuntos que el caso aborda: David R. Boyd, Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente; la antropóloga médica Susana Ramírez; las abogadas Carla Luzuriaga-Salinas, Macarena Martinic Cristensen y el abogado Ezio Costa Cordella. Tras la audiencia, queda la presentación por escrito de los alegatos finales y una potencial visita de las y los magistrados de la corte a La Oroya. Se prevé que la sentencia, de carácter inapelable, sea dictada en el lapso de seis meses. Contacto de prensa Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +525570522107
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Declaración del Sur Global sobre financiamiento climático frente a la COP27
La COP 27 debe alcanzar acuerdos para que el financiamiento sea equitativo, suficiente, sostenible y asegure una transición justa. La vigésimo sexta Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) celebrada en Glasgow, Escocia, fue una de las conferencias más importantes para la agenda de financiamiento climático. Aspectos asociados al acceso, el balance y la visión de largo plazo fueron los temas centrales en la agenda de financiamiento. Las ya complejas discusiones se vieron exacerbadas en el contexto de la pandemia del COVID-19, que generó una creciente necesidad de financiamiento en los países en desarrollo, particularmente los más vulnerables. En este sentido, la COP27 debe retomar y acordar discusiones pendientes, para avanzar con pasos firmes hacia la implementación del Acuerdo de París, que ordena "hacer consistentes los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero". Los aspectos más importantes que los países deben acordar en la COP27, en Sharm el-Sheikh, Egipto, son: 1. Financiamiento para la transición justa, con enfoque de justicia climática y género: El Pacto de Glasgow integra por primera vez el concepto de justicia climática, pero no lo asocia con el tema de financiamiento. Por ello es fundamental que en el marco de la COP27 se reconozca que el financiamiento es un medio de implementación fundamental para alcanzar la transición justa y que debe asignarse con un enfoque de justicia climática y de género para alcanzar una distribución de financiamiento adecuada que no incremente brechas de género y que sea equitativo regional y temáticamente. 2. Cumplimiento de la meta de los $100 mil millones: En la COP26, los países desarrollados presentaron un reporte sobre el avance en la entrega de los 100 mil millones de dólares, que muestra que aún no se cumple con lo prometido. La COP27 debe servir como espacio, no solo para presentar los avances, sino para acordar un plan de entrega que permita conocer los tiempos e instrumentos mediante los cuales se transferirá el financiamiento, que no debiera ser menor a 500 mil millones para el periodo 2020-2024. 3. Balance global y financiamiento: Las conversaciones que se tengan en la COP27 sobre el balance global, deben llevar a mejorar la conexión entre necesidades y flujos de financiamiento, así como los esquemas de acceso al financiamiento, y atender todos los obstáculos que no han permitido una movilización adecuada en los países en desarrollo. 4. Aumento del financiamiento para la adaptación: En la COP 26 los países acordaron duplicar el financiamiento para la adaptación hacia 2025, con base en los niveles de 2019. En la COP27, los países desarrollados deben presentar un plan satisfactorio sobre la forma en que se duplicará el financiamiento para la adaptación, y establecer una meta ambiciosa para alcanzar el balance entre el financiamiento para la adaptación y para la mitigación. Esta meta debe apuntar a incrementar al menos en 10 veces el financiamiento para la adaptación y el plan debe incluir de forma clara el apoyo dirigido al Fondo de Adaptación. 5. Financiamiento para pérdidas y daños: La COP27 debe ser un hito para el financiamiento en materia de pérdidas y daños, logrando el acuerdo de mecanismos para la transferencia de recursos a los países que más lo requieren. Por un lado, es necesario acordar la creación de una facilidad que permita establecer metas de mediano y largo plazo en la materia. Por otro lado, es necesario establecer un esquema programático en el cual los países se comprometan a integrar en sus asignaciones anuales un porcentaje de financiamiento para pérdidas y daños. Este financiamiento debe ser adicional al destinado para la mitigación y la adaptación. 6. Una nueva meta colectiva cuantificada de financiamiento basada en necesidades: Las deliberaciones técnicas y de alto nivel sobre la nueva meta colectiva cuantificada de financiamiento climático deben basarse en el reconocimiento de las actuales necesidades financieras de los países en desarrollo, y acordar esquemas de apoyo para aquellos que no han cuantificado sus necesidades, para que esa información sea incorporada en los próximos 12 meses, de cara a las negociaciones de 2024. 7. Mejoras en el acceso al financiamiento climático: En la COP27 se deben establecer mandatos para que los mecanismos financieros multilaterales hagan más eficiente, fácil y rápido el acceso a recursos por parte de actores locales, creando ventanas de emergencia ante crisis, como la de la pandemia del COVID-19. Mecanismos de financiamiento, como el Fondo Verde del Clima, deben innovar en sus esquemas de acceso, particularmente para las poblaciones más vulnerables. 8. Descarbonización de las finanzas públicas: En la COP27 se debe reconocer que alcanzar la transición justa y el cumplimiento del artículo 2.1.c del Acuerdo de París, implica descarbonizar las finanzas públicas, tanto de los países desarrollados, como de los países en desarrollo. Para los países en desarrollo esto significa que se debe acelerar la reducción de su dependencia en ingresos intensivos en carbono, como los provenientes de las concesiones mineras, petroleras y la venta de gasolinas, diésel y gas natural. Un paso fundamental es acabar con los subsidios a los combustibles fósiles y diversificar los ingresos, promoviendo inversiones nacionales que apoyen una transición económica justa que genere nuevos empleos y, por tanto, nuevos ingresos para invertir en las necesidades nacionales y locales. 9. Reestructuración y canje de deuda por protección: En la COP 27 se debe reconocer la importancia de esquemas como el cambio de deuda por naturaleza y clima como una vía para movilizar más financiamiento climático. La fuerte presión de la deuda externa está impidiendo a muchos países invertir recursos nacionales para hacer frente al problema. Las instituciones financieras internacionales y los países desarrollados deben facilitar la reestructuración de las deudas, incluyendo esquemas de canje de deuda por acción climática y mecanismos de garantía que permitan a los países en desarrollo invertir dichos recursos en la reducción de emisiones y en el incremento de la resiliencia, protegiendo la biodiversidad, los ecosistemas y todos los medios de vida para beneficio mundial. 10. Hacia un financiamiento transformacional: La COP 27 debe marcar un hito en el entendimiento y movilización del financiamiento climático, partiendo por asumir que los esquemas actuales no ayudarán a cambiar las dinámicas condescendientes que han existido en el marco de la cooperación internacional. Combatir el cambio climático requiere de la transformación de los sistemas económicos, de una colaboración real y solidaria, en la que no solo importa la cantidad de financiamiento movilizado, sino también la calidad del mismo; asegurando que llegue a quien tiene que llegar sin generar más cargas adicionales a mujeres y grupos vulnerables. Es momento de transformar el paradigma de financiamiento para hacer de él uno más efectivo, justo y verdaderamente sostenible. Adhieren: AIDA Barranquilla +20 CEMDA Chile Sustentable Defensoría Ambiental Fernando Aguilera Fundación Hábitat Verde Fundación Plurales GFLAC Hub’s de Finanzas Sostenibles de GFLAC Instituto de Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable (IDEADS) Instituto Talanoa La Corporación La Caleta OLAC Plataforma CIPÓ Red Mundial de Jóvenes Políticos - Santa Cruz Bolivia
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Posible, fortalecer la política climática en México
A días de que inicie la cumbre mundial de cambio climático, es necesario alinear y fortalecer dos instrumentos de política climática fundamentales: el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) y la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC). Organizaciones de la sociedad civil presentan el resultado de una serie de mesas de trabajo donde participaron más de 60 personas de organizaciones especialistas y académicos con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la política climática en el país. A pocos días de que se lleve a cabo la Conferencia de las Partes (COP27) de cambio climático en Egipto, organizaciones de la sociedad civil presentan una serie de propuestas para fortalecer las acciones que México puede llevar a cabo para contribuir de forma más ambiciosa y decidida a combatir la emergencia climática global, las cuales están plasmadas en el marco legal vigente: la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) y la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC). Como se ha reiterado en diversas ocasiones, México es un país altamente vulnerable al cambio climático, 68% de la población es vulnerable y alrededor del 71% del producto interno bruto (PIB) está expuesto a sus efectos (INECC, 2021). Al mismo tiempo, es el doceavo emisor a nivel mundial de los gases de efecto invernadero (GEI) que provocan el cambio climático (WRI, 2021). Es por esto que contar con políticas climáticas ambiciosas es más que necesario. Resultado de una serie de mesas de trabajo donde participaron más de 60 personas de organizaciones especialistas y académicos, se elaboró un documento que contiene propuestas encaminadas a fortalecer la política climática nacional en cuatro ámbitos: adaptación, mitigación, financiamiento y medios de implementación, el cual se presenta a unos días de que inicie la Conferencia de las Partes (COP27) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Como parte de los compromisos que ha adquirido ante la comunidad internacional, México tiene el mandato legal de contar con instrumentos de política pública que contribuyan a que la temperatura del planeta no se eleve por encima de los 1.5ºC. Dichos instrumentos deben respetar el principio de progresividad establecido en el Acuerdo de París, por lo que las metas climáticas deben ser más ambiciosas e incrementarse cada cinco años, pero respaldadas por acciones que puedan implementarse rápidamente para atender el llamado de urgencia. Para cerrar la brecha entre lo que México emite y su justa contribución a la reducción de emisiones global, se deben reducir las emisiones de GEI desde la fuente, priorizando en igual medida, la atención a los espacios de mejora en el desarrollo de mecanismos para hacer frente a los impactos climáticos presentes y futuros. Es a través de una política climática robusta que México puede hacer frente a la profunda inequidad e injusticia climática. Las recomendaciones destacan la necesidad de reducir las emisiones de metano del sector hidrocarburos; diseñar e implementar políticas transversales y multisectoriales, con enfoque de justicia climática y especial inclusión de los grupos históricamente excluidos como las mujeres, y pueblos y comunidades indígenas así como priorizar la transparencia en la implementación y evaluación de la política climática. Consulta el documento presentado por la sociedad civil: Del PECC a la NDC: elementos para robustecer los compromisos climáticos de México Referencias INECC, 2021. Tercer Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. WRI, 2021. Global greenhouse gas emissions 2016 excluding land-use change and forestry (LUCF) from Climate Watch. Contacto de prensa: Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], +525570522107
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México tiene la oportunidad de presentar una Contribución Nacionalmente Determinada progresiva en la COP27
Las NDC (Contribuciones Nacionalmente Determinadas, por sus siglas en inglés) son compromisos voluntarios adquiridos por los países en el Acuerdo de París para reducir sus emisiones de gases efecto invernadero (GEI). México tiene la oportunidad de actualizar su compromiso. La NDC presentada en 2020 está actualmente suspendida por ser regresiva con respecto a la NDC de 2015 en el componente de mitigación. Sin embargo, no hay impedimento legal –ni de ningún tipo– para presentar un nuevo compromiso en la COP27 (Conferencia de las Partes). México debe redoblar esfuerzos en sus acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, comenzando por presentar una Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en inglés) más ambiciosa en la próxima Conferencia de las Partes de la Organización de las Naciones Unidas sobre cambio climático (COP27), a celebrarse el próximo mes de noviembre en Egipto. Lo anterior es apremiante frente al reto de limitar el aumento de la temperatura del planeta en 1.5ºC y, con ello, prevenir afectaciones irreparables al medio ambiente y a los seres humanos a nivel global. Celebramos que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) haya realizado un esfuerzo para la recolección de propuestas de acciones climáticas en materia de adaptación y mitigación de diversos actores a nivel nacional, regional y local desde los ámbitos de la academia, la sociedad civil organizada y el gobierno. Es momento de cristalizar los insumos en una política climática justa y, por lo tanto, ambiciosa. Estos contenidos pueden dar sustento a una NDC actualizada que se presente en la COP27. La NDC actualizada en 2020 está suspendida como parte de un proceso judicial. Sin embargo, no existe un impedimento legal para que México elabore y presente una nueva NDC que incorpore un mayor nivel de ambición, así como la voz y acción climática de todas aquellas iniciativas que la enriquecen. Tal como precisó el tribunal al otorgar la suspensión, México y los otros países que han asumido compromisos en el marco del Acuerdo de París están obligados a emitir NDC sucesivas que representen una progresión, aumentando el nivel de ambición y alentando la adopción de medidas de reducción de emisiones. Esta obligación no sólo deriva expresamente del artículo 4.3 del Acuerdo de París, sino también del derecho a un medio ambiente sano establecido en el Art. 4to de la Constitución y del principio de progresividad en materia de derechos humanos que debe orientar la actuación de todas las autoridades. En ese sentido, el Estado mexicano tiene la oportunidad de presentar en la próxima COP27, una NDC con compromisos de mitigación más ambiciosos, a fin de cumplir con lo que establecen tanto el Acuerdo de París como el Pacto de Glasgow. Hacemos un llamado conjunto para que el gobierno federal lidere el esfuerzo para que la Contribución Nacionalmente Determinada que México presente en la COP27 sea un compromiso que cierre la brecha entre lo que México emite y su justa contribución a la reducción global de emisiones. Solamente a través de una política climática robusta, encabezada por una NDC justa y progresiva, es que México podrá transformar la profunda inequidad e injusticia climática, que pone al 68% de su población en condición de vulnerabilidad, en particular a quienes se encuentran en situación de mayor pobreza. Contacto de prensa: Víctor Quintanilla, AIDA, [email protected], +525570522107
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Con el caso de La Oroya, la Corte Interamericana puede sentar un precedente clave para proteger el ambiente sano en América Latina
El 12 y 13 de octubre, el tribunal internacional escuchará en audiencia pública el caso de la comunidad de La Oroya, Perú, afectada por décadas de contaminación tóxica. Su eventual decisión es una oportunidad histórica no solo para reestablecer los derechos de las víctimas, sino también para fortalecer la protección del derecho a un ambiente sano en la región y la adecuada supervisión de las actividades empresariales por parte de los Estados. Montevideo, Uruguay. El 12 y 13 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchará en audiencia pública el caso de la comunidad de La Oroya contra el Estado de Perú por décadas de vulneración de derechos humanos debido a la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico. La audiencia se realizará en el marco del 153 Periodo de Sesiones de la corte, que tendrá lugar del 10 al 21 de octubre en Montevideo, Uruguay. En octubre del año pasado, tras 15 años de iniciada la demanda internacional contra el Estado peruano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —en su decisión de fondo— estableció la responsabilidad internacional del Estado en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya y presentó el caso ante la Corte Interamericana. En la audiencia —proceso previo a la elaboración de la sentencia— los jueces y las juezas de la corte escucharán a testigos, peritos, víctimas y a representantes del Estado. Como organización que ha representado legalmente y acompañado a un grupo de las víctimas desde el inicio del caso, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), junto con la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), llevará a la corte alegatos contundentes, afianzados en evidencia legal y científica recabada durante cerca de dos décadas, para defender los derechos de las personas afectadas. Después de un largo camino en búsqueda de justicia, el caso es importante no solamente para la comunidad de La Oroya. Lo es también para todas las personas afectadas por actividades empresariales en el continente. Además, el caso es representativo de una situación política, social y medioambiental grave que ha sido poco considerada por la política nacional, regional e internacional. Las condiciones actuales impiden a las y los ciudadanos de La Oroya tener perspectivas sanas a futuro. Existe por tanto una necesidad real de justicia y de movilización para generar un reconocimiento fuerte de alternativas económicas y medioambientales para las víctimas directas e indirectas. Liliana Ávila, abogada sénior de AIDA, explica el contexto del caso y enfatiza la importancia de una decisión favorable y de un precedente de parte de la corte: “El caso de La Oroya ante la Corte Interamericana pone fin a más de 20 años de espera en la búsqueda de justicia y reparación para personas cuya vida cambió drásticamente debido a la exposición histórica a contaminación tóxica. Es un hito para el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos porque será de los primeros casos en abordar de forma tan central la relación indivisible entre el ambiente sano y otros derechos humanos fundamentales como la vida, la salud y la integridad personal. Constituye una oportunidad única para sentar un precedente regional y mundial de protección del derecho a un ambiente sano y de cumplimiento de las obligaciones de los Estados para supervisar adecuadamente las actividades empresariales, así como para garantizar la protección especial de niños, de niñas, de mujeres, de personas adultas mayores y de otros grupos en situación de vulnerabilidad”. Gloria Cano Legua, directora ejecutiva de APRODEH, se refiere a la urgencia de una decisión que otorgue justicia y reparación a las personas de La Oroya: "Las víctimas han tenido que ver como el Estado, a través de diversos gobiernos, se ha desentendido de sus obligaciones, mientras sus problemas de salud se agudizan. La indiferencia y a veces hostilidad con las que han sido tratadas han agraviado su dignidad”. Contactos de prensa: Víctor Quintanilla (AIDA), [email protected], +525570522107 Gloria Cano Legue (APRODEH), [email protected], +51 964 809 193 Christian Huaylinos Camacuari (APRODEH), [email protected], +51 959 789 232
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Necesitamos ambición y sentido de urgencia a medida que las negociaciones del tratado de alta mar se acercan a un cierre
Nueva York, EE. UU. A una semana de que concluyan las negociaciones de un nuevo tratado para proteger dos tercios de los océanos, alta mar, la sociedad civil enciende las alarmas acerca del nivel de urgencia y ambición para un resultado sólido. Varios Estados se han comprometido públicamente a conseguir un tratado ambicioso en esta última sesión programada, pero preocupa que esto no se refleje plenamente en la sala de negociación formal. La Alianza de Alta Mar (HSA por sus siglas en inglés) espera que el Reino Unido, la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos —que han sido defensores públicos de los océanos, incluyendo la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos— muestren más ambición. Estas delegaciones apoyan algunas posiciones progresistas dentro de las negociaciones del Tratado, pero demasiadas otras parecen mantener posiciones que no darán lugar a la transformación que necesitamos para un océano sano y productivo para las generaciones actuales y futuras. Algunos Estados y grupos están presionando para obtener un resultado sólido. La CARICOM (Comunidad del Caribe), los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo del Pacífico, Nueva Zelanda, Costa Rica y Mónaco están marcando el ritmo para lograr un resultado rápido y eficaz. Esta ronda de negociaciones, conocida como IGC5, es la quinta y última reunión programada y convocada por la Asamblea General de la ONU. Su objetivo es concluir un tratado para la protección de la biodiversidad en zonas fuera de la jurisdicción nacional, que incluye alta mar, y que constituye la mitad del planeta, dos tercios del océano. Durante décadas, la comunidad internacional ha luchado por alcanzar este acuerdo, tiempo en el cual el cambio climático y la pérdida de biodiversidad se han intensificado. La HSA reconoce que los elementos del "paquete" que se está negociando están intrínsecamente relacionados y que son fundamentales para que las negociaciones concluyan con éxito. "La mayor oportunidad de nuestra generación para demostrar que nos tomamos en serio la protección del océano mundial es ahora. Un tratado de alta mar fuerte está al alcance de la mano, pero se necesita más ambición. Los gobiernos deben cumplir su compromiso de elaborar un tratado verdaderamente ambicioso esta semana y finalmente tomar medidas que permitan al océano recuperarse y prosperar; para la biodiversidad marina, el clima de la Tierra y el bienestar de las generaciones venideras. No hay más tiempo que perder" - Sofia Tsenikli, Asesora Estratégica Sénior de la HSA. CITAS DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS CANADÁ Susanna Fuller, VP Operations and Projects, Oceans North: "Con el litoral más largo del mundo y como campeón autodeclarado del océano, Canadá desempeña un papel vital en la consecución de un tratado fuerte. Esperamos que las ambiciones de Canadá respondan a la urgente necesidad de protección de la biodiversidad y de gestión responsable del 50% del planeta. Con la aceleración de los impactos del cambio climático y el aumento de la pérdida de biodiversidad, la finalización y aplicación de este Tratado no puede producirse lo suficientemente rápido". AMÉRICA LATINA Gladys Martínez de Lemos, Directora Ejecutiva, AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente): "La mayoría de los países latinoamericanos han declarado públicamente su compromiso de aumentar las áreas marinas protegidas en un 30% para 2030. Esto no puede lograrse sin un tratado de alta mar ambicioso. Además, el 70% de las áreas que no serían protegidas necesita un proceso de evaluación de impacto ambiental con un alto nivel de capacidad e implementación. Durante todas las negociaciones, Costa Rica ha mostrado su compromiso con un tratado sólido y ambicioso. Agradecemos su liderazgo ejemplar a lo largo de estos años". COREA DEL SUR Jihyun Lee, Embajadora de la Juventud de la Alianza de Alta Mar y estudiante de la Universidad de Yonsei, Corea del Sur: "Las y los jóvenes y las generaciones futuras exigen un tratado de alta mar fuerte y significativo que proteja eficazmente el océano. Pedimos un apoyo unificado para que los gobiernos del mundo tomen por fin medidas audaces en favor de nuestro océano". EE. UU. Lisa Speer, NRDC: "Aplaudimos el planteamiento más progresista de Estados Unidos, que ha sido un firme defensor de la conclusión de las negociaciones de manera oportuna y del fortalecimiento de la evaluación ambiental. Sin embargo, necesitamos que Estados Unidos muestre más liderazgo para garantizar que el nuevo tratado dé lugar a la creación de una red de áreas totalmente protegidas, con base científica, en todas las zonas de alta mar, algo que para las y los científicos es esencial para invertir el declive del océano". EE. UU. + REINO UNIDO Laura Meller, Protect the Oceans campaign, Greenpeace: "Es muy preocupante que la Unión Europea y el Reino Unido sigan insistiendo en mantener un statu quo roto en lo que respecta a la creación de santuarios oceánicos en alta mar en esta ronda de negociaciones. El bloque y el Reino Unido deben aumentar su ambición en los últimos días de las negociaciones si realmente quieren ser campeones mundiales del océano, y garantizar que esta semana se finalice un tratado fuerte que tenga el poder de crear santuarios oceánicos debidamente protegidos en alta mar. Si no lo hacen, sus bellas palabras en el período previo a estas negociaciones serán poco más que retórica vacía. El océano está en crisis. Necesitamos una acción ambiciosa y urgente antes de que sea demasiado tarde". PSID + CARICOM Travis Aten, Oficial de Programas, HSA: "Seguimos aplaudiendo el liderazgo continuado de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo del Pacífico (PSIDS) y de la Comunidad del Caribe (CARICOM) durante este proceso de negociación, especialmente a través de su apoyo a posiciones de conservación sólidas y ambiciosas. Como islas que están rodeadas por el océano, tienen claro que este tratado debe ir más allá del statu quo actual e implementar un cambio real sobre cómo gestionamos la biodiversidad de alta mar". Fabienne McLellan, Managing Director, OceanCare: "Es alentador ver que hay un mayor espíritu de urgencia en la sala. Muchos negociadores se están arremangando, conscientes de que el mundo está observando para juzgar si la retórica acerca de los compromisos con el océano que se han hecho en la preparación de esta conferencia se están traduciendo en el texto del tratado. Aunque desgraciadamente algunos elementos del texto del tratado se están diluyendo, aún no es demasiado tarde para dar un giro. No basta con mantener el statu quo y el mínimo común denominador. Necesitamos un tratado ambicioso y aplicable. El estado de emergencia del océano no exige menos". NOTAS Alta mar, que cubre casi la mitad de la superficie del planeta, es un verdadero bien común mundial y solo está protegido por un mosaico de normas mal aplicadas que no son adecuadas para hacer frente a la creciente presión sobre la columna de agua y el lecho marino, como el cambio climático, la contaminación, la pesca y actividades emergentes como la minería de aguas profundas y la bioprospección. Las negociaciones se iniciaron en 2018 y desde entonces se han beneficiado de una mayor conciencia científica y política acerca de la vida y los hábitats marinos de alta mar, así como de los peligros a los que se enfrentan debido a las actividades humanas. Por ejemplo, hasta hace relativamente poco tiempo, se consideraba que los "Altos Mares" estaban en gran medida desprovistos de vida o eran demasiado remotos como para enfrentarse a graves amenazas de sobreexplotación. Hoy en día, las y los científicos han demostrado que sustentan sistemas marinos que son vitales para el suministro mundial de alimentos, la ecología terrestre y la estabilidad del sistema climático. VOCERAS América Latina Mariamalia Chavez (español e inglés), [email protected] Gladys Martínez de Lemos (español e inglés), AIDA, [email protected]
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Envían alerta internacional sobre amenazas a reservas forestales y comunidades rurales en Colombia
La alerta fue enviada a las secretarías a cargo de tratados internacionales que se verían desconocidos por la aplicación de la Resolución 110 de 2022 del Ministerio de Ambiente. En ella se pide instar al gobierno a que revoque la norma y la reemplace con instrumentos que respondan a las obligaciones de Colombia en materia de ambiente, clima y derechos de comunidades rurales. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Red por la Justicia Ambiental en Colombia (RJAC) mandaron una alerta internacional acerca de los riesgos que una regulación expedida por el gobierno colombiano implica para las reservas forestales y humedales del país, así como para los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos que allí habitan. La regulación a la que se hace referencia es la Resolución 110 de 2022, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. "Esta regulación flexibiliza el control ambiental y los requisitos para desarrollar actividades como la exploración minera y petrolera en áreas de reserva forestal; cuya conservación es clave en la lucha contra la crisis climática y la deforestación", dijo Yeny Rodríguez, abogada de AIDA. "Pese a ello, la norma fue emitida en desconocimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada y a la participación de los pueblos que habitan estos puntos críticos de biodiversidad". La alerta fue enviada a las autoridades a cargo de tratados internacionales adoptados por el Estado colombiano: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Ramsar sobre los Humedales, la Convención de las Naciones Unidas contra la Desertificación y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En el documento se detalla la importancia ecológica y social de las reservas forestales, además de los potenciales impactos de realizar en ellas actividades extractivas. Con la Resolución 110 de 2022, el gobierno nacional modificó la regulación referida a la sustracción de territorio de una reserva forestal para la realización de actividades económicas en ella. Dicha norma "eximió a algunos sectores y actividades del trámite de sustracción de reserva forestal, permitiendo que puedan adelantarse algunas actividades contaminantes sin el control de la autoridad ambiental. Además, flexibilizó el trámite para la obtención de los permisos de sustracción de reservas forestales", se lee en la alerta. En ese sentido, en la alerta se demuestra que la norma: incentiva la extracción de hidrocarburos convencionales y no convencionales, así como la técnica del fracking; incentiva la actividad minera; desconoce los múltiples impactos ambientales que la exploración minera o petrolera pueden generar; impide la recuperación y reparación de territorios deforestados; ignora afectaciones socioambientales que pueden generarse por el traslape de las áreas de reserva forestal con pueblos étnicos y población campesina; suprime el control y seguimiento ambiental; y desconoce los fines de las reservas forestales. En la alerta, AIDA y la RJAC solicitan a las autoridades a cargo de los tratados internacionales instar al gobierno de Colombia a que: Revoque la Resolución 110 de 2022 en cumplimiento de sus obligaciones internacionales de mitigación del cambio climático, reducción de la deforestación, preservación de la diversidad biológica y protección de comunidades rurales. Garantice el cumplimiento de estándares constitucionales e internacionales respecto de la protección de las zonas de reserva forestal en Colombia. Reemplace la resolución con instrumentos que respondan a dichas obligaciones y que los mismos se construyan mediante procesos que garanticen los más altos estándares del derecho a la participación real y efectiva y a la consulta previa de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas del país. Contacto de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +525570522107
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AIDA aplaude reconocimiento del ambiente sano como derecho humano universal
La decisión adoptada por la Asamblea General de la ONU es un llamado para que los Estados reconozcan que la defensa del ambiente es esencial para la existencia humana en el planeta. La resolución fortalece los esfuerzos históricos para garantizar este derecho en la práctica. Nueva York, EE. UU. En una resolución histórica, la Asamblea General de la ONU reconoció como derecho humano universal el ambiente seguro, sano, limpio y sostenible. Dado que este derecho no se incluyó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la decisión marca un hito para el derecho internacional de los derechos humanos. La resolución respalda un texto similar adoptado en octubre de 2021 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El reconocimiento universal del derecho a un ambiente sano fue planteado en un proyecto de resolución que Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza presentaron en junio ante los 193 miembros de la Asamblea General, el cual fue finalmente aprobado de manera unánime. Liliana Ávila, abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente, expresa: “El reconocimiento hecho por la ONU es una llamado muy importante para que los Estados reconozcan que al ambiente involucra elementos esenciales sin los cuales no sería posible nuestra existencia en el planeta. La mayoría de las Constituciones en el continente ya reconocen al ambiente sano como un derecho y la ciudadanía lo revindica día a día a través de diferentes mecanicismos. El paso dado hoy por la ONU sin duda fortalece estos esfuerzos y avanza hacia la construcción de sociedades donde este derecho sea una realidad”. Gladys Martínez de Lemos, directora ejecutiva, dice: “Es un momento histórico para la posibilidad de las personas de exigir a tomadores de decisión la creación de medidas para garantizar un derecho que ahora es universalmente reconocido. En AIDA celebramos esta herramienta y reafirmamos nuestro compromiso de hace 25 años de proteger este derecho fundamental. El reconocimiento es una esperanza de justicia para quienes sufren la degradación del ambiente en todo el mundo; como las y los residentes de La Oroya, Perú, que han respirado por años aire contaminado; familias enteras en Centroamérica, forzadas a migrar por los impactos de la crisis climática; comunidades costeras del Caribe mexicano y dominicano, que pierden sus hogares por la destrucciín manglares y arrecifes, barreras naturales contra tormentas y huracanes; o las miles de personas defensoras del ambiente, que arriesgan su vida para cuidar sus territorios”. Desde AIDA queremos resaltar que un país latinoamericano, Costa Rica, haya liderado la propuesta de reconocimiento ante la Asamblea General. Su rol fue clave en el resultado que hoy celebramos. Destacamos también el trabajo arduo de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, comunidades locales y pueblos indígenas para impulsar el reconocimiento. El ambiente sano —reconocido como derecho por más de 150 Estados— es un requisito previo para la realización de los otros derechos humanos. Su reconocimiento como derecho humano universal puede dar lugar a leyes y políticas más eficaces, además de empoderar a comunidades locales. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), [email protected], +525570522107
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Empresa irlandesa compradora de carbón colombiano será investigada por falta de debida diligencia en derechos humanos
La OCDE aceptó una queja interpuesta por la sociedad civil contra la estatal irlandesa ESB por faltar a una conducta empresarial responsable en la compra de carbón a Cerrejón. El Punto Nacional de Contacto (PNC) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Irlanda, aceptó evaluar la queja interpuesta contra la empresa estatal irlandesa The Electricity Supply Board (ESB) —compradora del carbón de la empresa Carbones del Cerrejón, operadora de la mina de carbón a cielo abierto más grande de Latinoamérica— por su falta de debida diligencia en materia de derechos humanos. La queja fue presentada en enero de 2021 por una coalición de organizaciones nacionales e internacionales —compuesta por el CAJAR, CINEP, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), GLAN, ABColombia, Ask y Christian Aid—, con el respaldo de varios liderazgos de comunidades indígenas Wayuu y afrocampesinas que han sido afectadas históricamente por este megaproyecto extractivo de explotación de carbón. Por años, ESB —considerada la empresa de energía más importante de Irlanda— ha comprado carbón de la mina de Cerrejón, ubicada en La Guajira, Colombia, para utilizarlo en su central eléctrica de Moneypoint en el Condado de Clare. El reclamo denuncia el incumplimiento por parte de la empresa, en su calidad de compradora, de los estándares de debida diligencia y conducta empresarial responsable en materia ambiental y de derechos humanos que la OCDE dicta. Además, en la queja se alega que ESB no ha tomado las acciones necesarias para incidir en la debida diligencia de Carbones de Cerrejón en cuanto a identificar, mitigar y prevenir los abusos a los derechos humanos vinculados a la mina, a pesar de la evidencia bien documentada de graves violaciones a comunidades indígenas Wayuu y afrocolombianas que incluyen afectaciones ambientales y amenazas a personas defensoras. Luego de una etapa de evaluación inicial de la queja, el pasado lunes 18 de julio, el PNC del gobierno irlandés hizo pública una declaración inicial en la que se señala que se encontraron motivos suficientes para que las cuestiones planteadas tengan un examen más profundo. Para las organizaciones denunciantes, la compra del carbón colombiano por parte de ESB se ha realizado pese a que la compañía ha tenido conocimiento de que dicho carbón proviene de una mina con múltiples evidencias de graves violaciones a derechos humanos y afectaciones ambientales en el territorio de comunidades indígenas Wayuu y afrodescendientes. La misma empresa, en su página oficial, declaró: “ESB es muy consciente de la difícil historia de Colombia que ha tenido graves impactos en su población durante muchos años. También estamos al tanto de los temas reportados en los medios de comunicación en relación con la mina Cerrejón, muchos de los cuales están relacionados con la historia de Colombia. Estamos comprometidos a permanecer atentos a todos estos problemas y continuaremos colaborando con Bettercoal para ejercer influencia e impulsar mejoras. Traemos estos problemas a Bettercoal para su evaluación como algo habitual”. Aunque la empresa ESB había señalado que dejó de comprar carbón de Cerrejón en 2018 por las violaciones a derechos humanos, recientemente anunció que a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania reanudaba la compra de este carbón para los próximos meses: “hace seis años, Irlanda dejó de comprar carbón colombiano, aduciendo preocupaciones de derechos humanos, y recurrió a Rusia para obtener el combustible fósil. Ahora, la nación europea reanudó las compras a Colombia”. En su reciente visita a La Guajira, en abril de este año, el parlamentario irlandés Gary Gannon criticó a ESB por reiniciar las importaciones de carbón de Cerrejón. “Gary Gannon, quien viajó a Colombia en abril como parte de la delegación parlamentaria, dijo que había visto con sus propios ojos el devastador impacto ambiental de la mina y el dolor de las comunidades indígenas desplazadas de sus tierras para su expansión. “Hay un doble rasero preocupante en este regreso a Cerrejón”, dijo. “Con razón le decimos no al carbón ruso luego de la invasión de Ucrania, reconociendo el impacto que nuestras decisiones comerciales pueden tener en los derechos humanos. Pero ese estándar debe aplicarse en todas partes, incluso en Colombia”. En palabras de la lideresa Wayuu Jakeline Romero Epiayu: “Los países europeos, con total hipocresía, nos envían mensajes de descarbonización, de abandonar el uso de materiales fósiles, pero repentinamente vuelven a poner a Colombia y a La Guajira en su foco para comprar este carbón que siguen necesitando, este carbón que hemos dicho incansablemente va manchado de sangre, manchado de la vida de hombres, mujeres, niños y niñas Wayuu”. En la queja se solicitó entre otras recomendaciones que ESB ponga fin a su relación comercial con la compra del carbón colombiano; que emita una declaración pública reconociendo la necesidad de este cese; que pida a las empresas matrices de la mina que inicien el cierre progresivo de la misma y remedien sus impactos; que recopile y publique una política eficaz de derechos humanos y que emita una disculpa formal a las comunidades afectadas. Tras la emisión de esta evaluación inicial, el PNC irlandés preguntará formalmente a las partes si están dispuestas a participar en una mediación con el objetivo de alcanzar una resolución respecto de las cuestiones planteadas en el reclamo. La oferta de buenos oficios es voluntaria para ambas partes. Si no es posible una solución mediada, el PNC de Irlanda realizará un examen del reclamo y reflejará el resultado en una Declaración Final que puede incluir recomendaciones sobre la implementación de las directrices de la OCDE. El PNC de Irlanda señaló también que aún está tramitando otra de las quejas contra CMC Coal Marketing Company, empresa domiciliada en Dublín responsable de la comercialización y venta del carbón de la mina del Cerrejón. En el contexto actual de una demanda creciente de compradores del carbón de Cerrejón a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, esta queja lanza un mensaje importante de cuestionamiento de las obligaciones de respeto de los derechos humanos y deberes de debida diligencia empresarial a los países y compañías que compran y consumen este carbón. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo Centro de Investigación y Educación Popular Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA) Contacto de prensa: Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +525570522107
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Consejo de Estado avala reglamentación del fracking en un fallo regresivo que desconoce principios y compromisos ambientales y de derechos humanos
Bogotá, Colombia. Al resolver la demanda de nulidad interpuesta por la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad del Norte —coadyuvada por la Corporación Podion, AIDA y las clínicas jurídicas de la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes—, el Consejo de Estado ratificó la legalidad de la reglamentación —contenida en el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014— para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos mediante fracking o fracturación hidráulica. En el marco del litigo, existía una moratoria judicial al fracking en Colombia desde 2018, cuando el alto tribunal suspendió preventivamente la reglamentación con base en el principio de precaución y por la falta de certeza sobre los riesgos de daños irreversibles que la técnica implica para el ambiente, el clima y las personas. La sentencia del Consejo de Estado deja viva la reglamentación del gobierno y levanta la moratoria, pero no exonera a las autoridades nacionales y locales de proteger el ambiente y respetar los derechos fundamentales de la población a tiempo de consolidar la política minero energética. “El Consejo de Estado ha emitido una decisión contraria a los hechos probados en el litigio; desconociendo el peritaje realizado por la Universidad Nacional de Colombia, el informe de la comisión de expertos, el concepto de la Procuraduría General de la Nación y el resto de pruebas documentales y textos científicos que evidenciaron la necesidad de prohibir esta técnica en virtud del principio de precaución”, señaló Juan Pablo Sarmiento, abogado demandante del caso. “Además del principio de precaución, el fallo desconoce los compromisos climáticos internacionales de Colombia y el principio de solidaridad intergeneracional pues ignora los derechos fundamentales de las generaciones futuras”. El fracking ha sido valorado por académicos y científicos nacionales e internacionales como una técnica experimental que amenaza el aire, el agua, la salud humana, la participación democrática, el tejido social y la cultura, los sistemas de conocimiento tradicionales, la biodiversidad y, en el largo plazo, la estabilidad económica, sismica y climática. Además, es una técnica que genera contaminación atmosférica debido a emisiones de metano (CH4); un gas potente cuyo potencial de calentamiento es entre 84 y 87 veces mayor que el dioxido de carbono (CO2) en una escala de 20 años. “En América Latina y en el mundo, muchos países han prohibido el fracking por sus impactos en el ambiente y para precautelar los derechos humanos”, afirmó Yeny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), parte del equipo litigante. “La sentencia del Consejo de Estado en Colombia es regresiva y va en contra los avances internacionales en materia ambiental, climática y de derechos humanos”. Lizeth Gómez, abogada de la Corporación Podion, consideró que el levantamiento de la moratoria judicial al fracking “deja abierta la posibilidad de avanzar con este tipo de proyectos”, cuyos contratos estaban suspendidos. “Es necesario que el fracking cuente con licencia social porque varias regiones del país han sido consideradas como potencial para la implementación de esta técnica”. De su lado, Juan Felipe García, abogado de la Clínica en Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana dijo que el Consejo de Estado “perdió una gran oportunidad para robustecer, por la vía judicial, una regulación que múltiples expertos consideraron débil para proteger el ambiente y la salud pública”. Añadió que “está en manos del gobierno nacional y del Legislativo garantizar a la sociedad la protección del principio de precaución y la participación democrática en materia ambiental”. Silvia Quintero, asesora jurídica de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de Los Andes, aclaró que la decisión del máximo tribunal administrativo del país “no es una carta abierta para realizar fracking en Colombia. “El gobierno debe garantizar integralmente el derecho a la participación y a la vocería de las comunidades en la toma de decisiones acerca de los proyectos que puedan generar impactos ambientales en sus territorios, así como la seguridad y protección de las y los líderes ambientales que defienden sus territorios”. Contactos de prensa: Juan Pablo Sarmiento, [email protected], +573005514583 Yeny Rodríguez, AIDA, [email protected], +573107787601 Juan Felipe García, Clínica en Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana, [email protected], +573125588889 Lizeth Gómez, PODION, [email protected], +573176430036
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