En un escrito legal, AIDA y Earthjustice evidenciaron cómo la Secretaría de Medio Ambiente no reevaluó adecuadamente el impacto ambiental del proyecto en los arrecifes, declarados Patrimonio de la Humanidad, de acuerdo con los términos dispuestos por la Suprema Corte.

Ciudad de México, México. Las organizaciones internacionales AIDA (Asociación Interamerican para la Defensa del Ambiente) y Earthjustice presentaron hoy un escrito legal ante el Juzgado Quinto de Distrito de Veracruz con el fin de garantizar la protección del Sistema Arrecifal Veracruzano frente al proyecto de ampliación del puerto de Veracruz. Al autorizar nuevamente el proyecto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no solo incumplió un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que también desconoció obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de protección del ambiente y los derechos humanos, incluido el derecho humano a un medio ambiente sano, garantizado en la Constitución mexicana.

Así lo evidenciaron ambas organizaciones en el escrito legal (Amicus Curiae o "Amigo del Tribunal"). En él solicitan que el juzgado —que está a cargo de determinar si la sentencia de la SCJN se cumplió o no— establezca el desacato y obligue a la Semarnat a examinar de nuevo el proyecto con base en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental requerido por el alto tribunal.

"Las autoridades deben cumplir con la orden de la Suprema Corte y proteger este tesoro natural de México.  El derecho humano a un medio ambiente sano no puede ser ignorado", dijo Guillermo Zúñiga, originario de Veracruz y abogado de Earthjustice. "El arrecife no sólo alberga la mayor biodiversidad de especies en la región central del Golfo de México, sino que también ayuda a mitigar el impacto de marejadas y huracanes. Las personas que crecimos aquí y las que ahora tienen aquí su hogar conocemos el valor de este santuario donde la tierra y el mar armonizan en unidad".

El 9 de febrero de 2022, residentes de Veracruz lograron una victoria ante la Suprema Corte en una acción de amparo interpuesta para defender el Sistema Arrecifal Veracruzano —el arrecife más grande del Golfo de México— y sus servicios ambientales frente al proyecto de ampliación del puerto de Veracruz. La Suprema Corte ordenó la revocación de los permisos para las obras al determinar que la Semarnat, al avalar el proyecto, violó el derecho al medio ambiente sano de las y los veracruzanos.

Pese a la importancia ecológica, cultural y económica del Sistema Arrecifal Veracruzano, la autoridad ambiental había autorizado la ampliación portuaria de forma fragmentada, dividendo el proyecto en 15 fragmentos y diluyendo su verdadero impacto. Además, excluyó por completo de su análisis un arrecife no emergente ("La Loma") ubicado en el área del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.

En su fallo, la Suprema Corte ordenó a la autoridad ambiental reevaluar el proyecto de manera integral, holística y completa. Además, dispuso que la nueva evaluación se hiciera conforme los elementos que componen el derecho a un ambiente sano, así como los principios de prevención y precaución, consagrados en el derecho internacional. Y pidió también solicitar el apoyo del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas y del Comité Internacional de Humedales de la Convención Ramsar para diseñar un esquema de protección para el Sistema Arrecifal Veracruzano.

"En este momento, el juzgado tiene la oportunidad de confirmar el efecto transformador del fallo de la Suprema Corte y sentar un precedente valioso para la protección real, no solo en papel, de los arrecifes veracruzanos y del derecho universal a un ambiente sano", señaló Sandra Moguel, abogada del Programa de Ecosistemas de AIDA. "Incluir a las autoridades internacionales de la Convención Ramsar implicaría fortalecer con conocimiento técnico y transparencia la evaluación de impacto ambiental del proyecto".

Como se demuestra en el escrito, al otorgar un segundo permiso al proyecto —el 30 de diciembre de 2022— la Semarnat incumplió la sentencia de la Corte y las obligaciones del Estado mexicano porque:

• No requirió un nuevo estudio de impacto ambiental —obligatorio para proyectos de esta envergadura según el derecho internacional y la legislación nacional— para analizar los impactos acumulativos de todos los segmentos del proyecto original. Al contrario, la autoridad ambiental basó su evaluación en las manifestaciones originales deficientes. Aun así, dejó fuera de su análisis tres de los segmentos originales.
• No sometió su nueva evaluación a una consulta pública ni publicó información nueva sobre los impactos del proyecto antes de autorizarlo otra vez. De esta manera, desconoció los derechos de las personas de Veracruz a la participación pública y al acceso a información en la toma de decisiones en asuntos ambientales.
• Todavía no ha solicitado el apoyo del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas ni del Comité Internacional de Humedales. La participación de dicho comité es de particular importancia debido a su experiencia y conocimiento técnico en la protección de áreas protegidas y humedales.

El Sistema Arrecifal Veracruzano es Área Natural Protegida designada por legislación nacional, humedal de importancia internacional bajo la Convención Ramsar y Patrimonio de la Humanidad bajo la UNESCO.

AIDA es una organización internacional sin fines de lucro que lleva 25 años protegiendo el derecho humano a un ambiente sano en el continente americano.

Earthjustice es la principal organización de derecho ambiental de interés público sin fines de lucro de Estados Unidos de América.  Su objetivo social como persona jurídica se enfoca en utilizar el poder de la ley y la fuerza de la asociación para proteger la salud de las personas, preservar sitios magníficos y la vida silvestre, promover la energía limpia y combatir el cambio climático.

Contactos de prensa

Sandra Moguel, AIDA, [email protected], (español e inglés)

Guillermo Zúñiga, Earthjustice, [email protected] (español)

Kathryn McGrath, Earthjustice, [email protected] (inglés)