El año pasado, según Global Witness, 185 activistas ambientales fueron asesinados en todo el mundo, dos tercios de ellos en América Latina. De los 10 países más peligrosos del mundo para defensores ambientales, siete están en la región.
Perdimos a estas valientes personas que fueron asesinadas por resistirse a minas, represas y otros proyectos industriales destructivos. Ahora, más que nunca, debemos exigir rendición de cuentas. Debemos hacerlo por las consecuentes pérdidas para el ambiente, para las culturas indígenas y para los derechos humanos.
La situación empeoró recientemente. El 23 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció una crisis financiera severa que le llevó a la “suspensión de las audiencias [programadas] y al despido inminente de cerca de la mitad de su personal”.
Aunque històricamente ha tenido financiamiento reducido, la actual es la peor crisis financiera que ha vivido. La Comisión depende del financiamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), gobiernos en América y Europa, organizaciones y fundaciones. Casi todos los gobiernos han reducido o incumplido sus compromisos financieros.
La crisis financiera demuestra que nuestro trabajo, y el de colegas, comunidades y movimientos, está teniendo un impacto. La Comisión ha tomado decisiones que involucran derechos indígenas y de comunidades, protección de tierras y del ambiente y proyectos de desarrollo destructivos. Por unos años, algunos países se han quejado de que la Comisión ha excedido su mandato en casos que involucran proyectos de desarrollo. Pero, por supuesto, cuando esos proyectos violan derechos humanos, encajan claramente en el ámbito de competencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El caso de la represa Belo Monte es un claro ejemplo de que esta crisis es resultado de nuestra efectividad. El 2011, la Comisión otorgó las medidas cautelares que junto con colegas de Brasil solicitamos a nombre de las comunidades indígenas afectadas. Brasil reaccionó retirando inmediatamente a su embajador ante la OEA y reteniendo su financiamiento por el resto de ese año. Solo hasta 2015 envió un nuevo embajador y sus pagos no se han regularizado desde entonces. Además, después que las medidas cautelares fueron emitidas, Brasil comenzó un proceso agresivo de “reforma” de la Comisión que terminó debilitando su poder.
En AIDA hemos analizado cómo la crisis afecta nuestros casos ante la Comisión, los casos futuros que necesitan atención internacional, y la protección de los derechos humanos en el continente americano.
Después de cuatro años, la Comisión comenzó recién a procesar el caso Belo Monte. Es probable que la fuerte presión política de Brasil demore aún más ese proceso. Pero la Comisión y la presión política sobre Brasil pueden ayudar a que el caso avance más rápido. Al estar Belo Monte ligado al mayor escándalo de corrupción del país, es posible que la Comisión entienda la relevancia de que el caso avance. Continuaremos abogando por un procesamiento prioritario.
Para otros casos, estamos buscando otras maneras de conseguir justicia. Estamos, por ejemplo, explorando más que nunca la opción de recurrir a tribunales y autoridades nacionales. Estamos buscando además nuevas formas para que instituciones financieras se comprometan a evitar financiar proyectos que dañan el ambiente y los derechos humanos.
La crisis financiera de la Comisión —una entidad internacional para escuchar y resolver las preocupaciones del continente en materia de derechos humanos— es un asunto urgente que todos debemos entender, en el que debemos pensar y por cuya solución debemos actuar estratégicamente.
AIDA está trabajando para que eso ocurra.
Wayne Salazar ha ayudado a abogados ambientales a definir metas y objetivos de proyecto desde 2003. Antes de unirse al equipo de AIDA en 2013, fue Director de Relaciones con Fundaciones en Earthjustice por diez años. Dirigió un equipo que recaudó USD 48 millones para proyectos que mediante leyes nacionales e internacionales abordan temas de protección marina, cambio climático, biodiversidad y conservación de tierras públicas, calidad del aire y el agua, y justicia ambiental. Su experiencia en el desarrollo de donantes, la planeación estratégica, el desarrollo de proyectos y las comunicaciones incluye también trabajo con agencias de ley de la pobreza, servicio social y programas de arte. Él obtuvo una licenciatura en Bellas Artes de la School of Visual Arts y una Maestría en Bellas Artes del Hunter College.
