Por Eugenia D’Angelo, expasante de AIDA, @DangeloEugenia
El fracking o fractura hidráulica —el proceso de perforar bajo tierra e inyectar a muy alta presión una mezcla de agua, químicos y arena para fracturar rocas y liberar de ellas gas y petróleo— se abre paso en todo el mundo, provocando daños en el ambiente y la salud humana. Pese a ello, movimientos sociales han mostrado ser efectivos para ponerle freno a los empresarios y gobiernos interesados en promover operaciones de fracking.
Francia es el mejor ejemplo de lo que digo. Fue el primer país en prohibir la fractura hidráulica y lo hizo gracias a la presión que ejerció la ciudadanía. Viví cuatro años en Francia y pude sentir la fuerza e importancia de los movimientos sociales organizados en este proceso.
La “Ley Jacob”[1] (nombrada así por el diputado Christian Jacob, quien presentó el proyecto de ley), aprobada a mediados del 2011, durante la presidencia de Nicolas Sarkozy, prohíbe el uso del fracking para la exploración y explotación del gas de esquisto (un tipo de roca que contiene el hidrocarburo) en Francia.
Posteriormente y aprovechando que el Partido Socialista estaba dividido, las empresas petroleras consiguieron el apoyo necesario para presentar un Recurso de Inconstitucionalidad contra la prohibición del fracking.
Sin embargo, el 11 de octubre de 2011, el Consejo Constitucional, instancia ante la cual se presentó el recurso, reafirmó la validez de la “Ley Jacob” manifestando que la misma respeta todos los principios constitucionales. Así llegó a su fin el debate político entre los partidarios y opositores de la fractura hidráulica y Francia se convirtió en el primer país del mundo en darle la espalda al fracking.
Al pensar en la diferencia entre Francia y otros países donde el fracking es permitido, podemos asegurar que el papel jugado por la sociedad civil y los partidos políticos “verdes” fue primordial.
Antes de la promulgación de la “Ley Jacob”, la sociedad y las organizaciones ambientales se manifestaron abiertamente para exigir un cambio en las políticas energéticas francesas: más del 80%[2] de la sociedad le dijo ¡No! al fracking[3] (ese porcentaje es mayor al 47% registrado en Estados Unidos según la encuesta más reciente del Pew Research Center)[4].
En Francia, los movimientos ciudadanos están agrupados en colectivos sociales que reúnen a la población de los diferentes departamentos franceses. Estos grupos se organizaron para estar presentes en cada zona del país donde empresas energéticas contaban con permisos para la exploración o explotación del gas o aceite de esquisto. Permanecieron allí durante toda la contienda jurídico-política, hasta que finalmente la prohibición del fracking fue una realidad.
Por ejemplo y como parte de la protesta, la Asociación “No Fracking France”:
A diferencia de Francia, varios países de América Latina están abriendo sus puertas al fracking. Como respuesta a esta tendencia, AIDA está ayudando a facilitar y coordinar el trabajo de un grupo regional formado por organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, y creado para generar información, promover el debate y unir fuerzas para prevenir y detener los impactos negativos del fracking en la región.
Desde AIDA consideramos necesario que gobiernos y sociedad civil apliquen el principio de precaución. En el marco de ese principio y sus obligaciones constitucionales, los Estados de la región deben adoptar medidas efectivas para prevenir los daños graves al ambiente y la salud de las personas que el fracking puede ocasionar. Mientras no se garantice que los impactos del fracking pueden prevenirse y ser mitigados adecuadamente, este tipo de actividad no debe ser permitida.
Generar conciencia en la ciudadanía y en los movimientos sociales es clave. Y los gobiernos de la región están obligados a generar información pública, veraz, e imparcial sobre las características, procesos, y componentes del fracking; y sobre sus impactos a largo plazo. Nuestras autoridades deben generar espacios plurales y adecuados para la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre el futuro del fracking en nuestros territorios. Si no lo hacen, los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de comprometernos y movilizarnos para que nos oigan, aún quienes se resisten a hacerlo.
[1] Fue una ceñida votación en la Cámara de Senadores de 176 votos a favor y 151 en contra. “Gaz de schiste: le Parlement interdit l’utilisation de la fracturation hydraulique”, Le Monde, 30/06/2011. Disponible en: http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/06/30/gaz-de-schiste-le-parlement-interdit-l-utilisation-de-la-fracturation-hydraulique_1543252_3244.html
[2] Este porcentaje representa un número aún mayor al porcentaje representativo de la sociedad contra la energía nuclear (principal fuente energética en Francia) conforme: Chu, Henry. “Pressure builds against France’s ban on fracking », LA Times, 22/06/2014. Disponible en: http://www.latimes.com/world/europe/la-fg-france-fracking-20140622-story.html#page=1
[3] GG En este sentido, el Colectivo 07 “Stop au Gaz de schiste” decía: « …debemos enorgullecernos de la eficacia de la movilización ciudadana que, si bien no ha ganado la guerra, ha claramente ganado una batalla. El compromiso de millones de ciudadanos, en nuestro departamento y en toda Francia, que cada día se manifestaron, resistieron, informaron, se organizaron, se movilizaron… a veces con la participación de los intendentes… ha dado sus frutos. Es una prueba que da esperanzas en relación a las luchas por venir…” . Ver: “Gaz de schiste: la mobilisation citoyenne a gagné une victoire, mais pas la guerre ». Bourg Socialisme avenir. Disponible en: http://www.bsavenir.fr/2011/10/01/gaz-de-schiste-la-mobilisation-citoyenne-a-gagne-une-victoire-mais-pas-la-guerre/
Fundada en 1998, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) es una organización internacional no gubernamental de derecho ambiental que trabaja atravesando fronteras para defender a los ecosistemas amenazados y a las comunidades que dependen de ellos.
